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El señor LETELIER.-
Señora Presidenta, estimados colegas, deseo valorar el esfuerzo de uno de los Senadores que intervinieron con anterioridad en orden a promover la transparencia y las normas conducentes a este fin. Me parece que sin duda se ha registrado un avance al respecto en el país.
Sin embargo, debo consignar que si quisiera acortar la discusión, pediría votar de inmediato, con el objeto de que la iniciativa se cayese, porque se trata de una reforma constitucional y no hay quórum para aprobarla.
Pero mi reflexión más de fondo es que, en términos formales, no se trata de una materia de rango constitucional. Quiero partir por exponerlo. Por ello, solicito que sus autores, en primer término, reconsideren la iniciativa, para que este tipo de normas tenga el nivel que corresponde.
En segundo lugar, no sé si la intención de los colegas logrará ser eficaz. Más de alguno de nosotros ha visto cómo la obligación de cuenta pública de los alcaldes termina hoy día siendo una mera formalidad y no necesariamente contribuye a la transparencia. Algunos jefes comunales y concejos municipales la asumen de cierta forma; otros, como un trámite burocrático más y respecto del cual no existe ninguna sanción si no se lleva a cabo en los plazos establecidos, en términos reales, ni con relación a la sustancia de la actividad. En consecuencia, si el objetivo son la transparencia y el acercamiento de la política a la gente, no sé si este es el instrumento más adecuado.
Por mi parte, he entregado cuentas públicas durante muchos períodos, pero no encuentro que reglamentar el punto en una norma legal sea el camino adecuado.
Represento a una Región con 107 kilómetros de costa, 33 comunas y tres provincias, y puedo asegurar que sus ciudadanos no tienen ningún interés en que el Senador que habla dé aquí una cuenta pública de su actividad en el Congreso Nacional. Y si ella se rindiera en Cachapoal, a los habitantes de Cardenal Caro tampoco les importaría mucho. Y los de Colchagua no irían.
En otras palabras, esto es como esas típicas ideas de arquitectos que resultan ser muy nobles, pero mal realizadas. Porque en muchas de nuestras regiones no existen canales ni medios de comunicación que las cubran por entero para los efectos de una obligación de rango constitucional que se quiere imponer.
Siendo de aquellos que estiman útil rendir cuenta de lo que hacen, no sé si el instrumento sugerido por mis colegas sea -repito- el más adecuado.
¿Sobre qué se rinde cuenta? ¿Exclusivamente de la actividad legislativa? ¿Acerca de la gestión que puede hacer una señora Senadora, en función de una comunidad, para que el Estado invierta en algo?
De repente, la cuenta pública legalmente obligatoria -algunos están sugiriendo establecerla con rango constitucional- puede prestarse para ciertas "rivalidades" entre dos parlamentarios representantes de cierto territorio.
Creo que es discutible su eficacia como instrumento de transparencia.
A mi juicio, es muy distinto de lo propuesto en esta ocasión el hecho de que el Ejecutivo , que recibe un mandato en la Ley de Presupuestos de cada año respecto de sus programas de gobierno y que se tienen que evaluar, dé cuenta al Congreso Nacional, que aprueba los recursos, sobre la marcha de la nación y la ejecución de los primeros, lo que se transmite a todo el país. Incluso resulta muy diferente de lo que hacen los municipios, que disponen de un presupuesto.
Sé que correspondería llamar a votar, señora Presidenta . Y quizás es lo que debemos hacer de una vez para que no se reúna el quórum suficiente. Pero parece que eso no sería muy gentil para los autores de la iniciativa. Por lo mismo, les solicito reconsiderar el debate, a fin de que no sea necesario que alguno de nosotros pida segunda discusión o un segundo informe. Me gustaría poner la cuestión en manos de ellos, en la medida en que son los que deberían encabezar la presente discusión y preocuparse de su desarrollo, a fin de ver si resulta o no oportuno seguir adelante en lo que estamos haciendo.
He dicho.
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