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    • rdf:value = " RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA OBLIGATORIA POR AUTORIDADES DEL PARLAMENTO La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Conforme al acuerdo unánime de la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de reforma de la Carta Fundamental, iniciado en moción de los Senadores señores Hernán Larraín, Escalona, Novoa y Andrés Zaldívar, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. --Los antecedentes sobre el proyecto (8624-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Larraín Fernández, Escalona, Novoa y Zaldívar, don Andrés): En primer trámite, sesión 55ª, en 16 de octubre de 2013. Informe de Comisión: Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 60ª, en 8 de octubre de 2013. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LABBÉ ( Secretario General ).- El objetivo de este proyecto es establecer que el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados deberán dar ante el país, el 4 de julio de cada año, una cuenta pública del estado de avance y desarrollo de las actividades realizadas por las Corporaciones que presiden. Asimismo, cada parlamentario estará obligado a rendir, ante sus electores, cuenta de las labores legislativas y representativas efectuadas en el desempeño de su cargo. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió esta iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadora señora Alvear y Senadores señores Espina, Kuschel, Hernán Larraín y Patricio Walker. El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas pertinentes del primer informe. Cabe tener presente que para la aprobación de este proyecto de reforma constitucional se requieren tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 22 votos favorables. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- En discusión general. Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta , esta reforma constitucional se orienta en el camino en que se halla nuestro país: aumentar la relación entre las autoridades y la ciudadanía. Y una manera de lograrlo es precisamente a través de lo que se llama "accountability", o sea, la cuenta que rinde el mandatario a sus mandantes, que son los ciudadanos. Así como el Presidente de la República entrega su cuenta una vez al año, parece factible que tanto el Presidente de la Cámara de Diputados cuanto el del Senado -es lo que dispone la primera parte de la modificación constitucional- rindan cuenta de la gestión de cada Corporación. Y se fija como fecha el 4 de julio, que corresponde precisamente al aniversario de la fundación de nuestro Parlamento. En la segunda parte de la reforma se agrega que la misma rendición de cuenta deberán efectuar cada Diputado y cada Senador con relación a su distrito o circunscripción, respectivamente. De esa manera se genera una obligación de comunicación entre la autoridad y la ciudadanía. Se trata de una idea que se inserta dentro de la Ciencia Política actual, para ir abriendo ese tipo de canales de comunicación. No es otro el objetivo de los autores de la moción, quienes, por lo demás, conformamos un abanico muy transversal. Y creemos que nuestra proposición va en beneficio de las nuevas relaciones que deben existir entre el Congreso Nacional y los ciudadanos que eligen a sus miembros. Tal es la razón -insisto- por la que presentamos esta reforma constitucional, que, por supuesto, puede enriquecerse, modificarse o adecuarse, para que alcance la mayor eficacia. He dicho. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín. El señor LARRAÍN .- Señora Presidenta , como ha señalado quien me antecedió en el uso de la palabra, desde hace ya algún tiempo Chile se encamina hacia una muy profunda modernización del Estado en el área de la transparencia y la probidad para incorporar una nueva cultura en la manera como nuestras autoridades públicas ejercen sus tareas en todos los ámbitos de la Administración. Ello se orienta a poner fin a la cultura del secretismo, que formó parte de los hábitos con que se condujo nuestro país -y no solo Chile, sino también las restantes naciones del mundo- durante muchas décadas, lo que tal vez -lo discutíamos a propósito del proyecto anterior- corresponda a otros momentos en la historia de la Humanidad. Pero el desarrollo de la educación, del conocimiento, de las redes de información, y, además, la necesidad de profundizar cómo se construye la democracia, cómo se ejercitan las tareas públicas, cómo se logran compromisos éticos, cómo se asegura el control ciudadano de la gestión de las autoridades han ido incorporando los conceptos de transparencia y probidad, que ya están incluidos en nuestro ordenamiento jurídico. Efectivamente, mediante la última gran reforma constitucional, la del año 2005, se introdujeron aquellos conceptos en el artículo 8° de la Carta Fundamental. Y la ley sobre transparencia y acceso a la información pública, que empezó a regir el año 2009, tras publicarse en agosto de 2008, no solo logró establecer con mayor fuerza las bases en que se asentaban ambos principios, sino que asimismo, en lo principal, creó un Consejo para la Transparencia, ente que puede promover activamente el desarrollo de una y otro. La situación en nuestro país ha cambiado de modo bastante positivo. Y si bien todavía hay mucho por recorrer, ya iniciamos un camino muy valioso y muy positivo, que no es susceptible de vuelta atrás. A mi juicio, la labor del Parlamento en esa materia ha sido señera. De hecho, tanto los cambios constitucionales cuanto la ley sobre transparencia y acceso a la información pública emanaron de mociones. De modo que, en tal sentido, el rol que hemos tenido en el Congreso Nacional ha sido muy definitorio. En esa línea, nos parece que debemos seguir dando pasos. Y, de hecho, diversas iniciativas de ley en trámite caminan en la dirección de profundizar los principios en comento. El proyecto sobre probidad en la función pública, iniciado en mensaje del Ejecutivo , y el que modifica la Ley de Transparencia, originado en moción de Honorables Diputadas y Diputados -se encuentra en el Senado, y esperamos que pueda despacharse cuanto antes-, son pasos en la dirección descrita. Sin embargo, hemos advertido un vacío en parte de ese desarrollo. Y es lo que deseamos corregir mediante el proyecto en debate. Lo presentamos hace algún tiempo con el apoyo muy entusiasta de dos Senadores que nos acaban de dejar, los señores Jovino Novoa y Camilo Escalona , y del Honorable señor Andrés Zaldívar . Y la Comisión de Constitución lo aprobó por unanimidad. Se trata del concepto de rendición de cuenta, que está asociado precisamente al acceso a la información pública. Las autoridades no solo deben ser transparentes y permitir el acceso cada vez que los ciudadanos así lo requieren, sino que además tienen que ser proactivas en esta actividad. Y una manera de serlo es la rendición de cuenta. Accountability -así se llama en el mundo anglosajón- es una palabra que, quizás por la falta de hábito en la materia, no tiene traducción directa en castellano. Pero se trata de eso: de rendir cuenta, de hacerse responsable de la gestión desarrollada y de posibilitar que los ciudadanos ejerzan control sobre lo que están realizando sus autoridades. En Chile ya se encuentra establecido, desde la tradición republicana, que el Presidente de la República rinda cuenta al país cada 21 de mayo. Y es una materia regulada por la Constitución. El Presidente de la Corte Suprema , a su vez, también desde tiempos antiguos, debe dar a conocer el 1° de marzo de cada año, según lo dispone el Código Orgánico de Tribunales, las inquietudes y observaciones que surgen desde la judicatura y que pueden conducir a enmiendas legales o a políticas públicas destinadas a perfeccionar su funcionamiento; y al mismo tiempo, tiene que dar cuenta de la obra realizada por las Cortes en el período anterior. La última modificación de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado estableció en el artículo 72 el deber de los órganos de la Administración del Estado de rendir cuenta pública anual. Y, a su turno, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispuso la obligación de los alcaldes de hacer lo propio. Se trata, por lo tanto, de una cuestión que se ha ido incorporando en nuestros hábitos institucionales. Sin embargo, no ha logrado el objetivo pleno de la información, pues varias de las cuentas en comento son más bien relatos autocomplacientes de la gestión que realiza la autoridad, o muchas veces, simples datos estadísticos cuantitativos que no permiten reflejar la calidad de lo que se está llevando a cabo. De otra parte, como Sus Señorías saben, el Poder Legislativo no tiene obligación de rendir cuenta. Por lo tanto, la democracia que se ejerce en nuestro país es formal y cada cuatro u ocho años se expresa en el control que los ciudadanos ejercen para ratificar o no a las autoridades que van a la reelección. Pero los parlamentarios no tenemos obligación de dar a conocer lo que estamos realizando. El propósito de la moción que presentamos es precisamente llenar ese vacío, para obligar a transparentar la labor que efectúan el Senado y la Cámara de Diputados y cada uno de los parlamentarios que integran el Congreso Nacional. Por un lado, se plantea que el 4 de julio de cada año -fecha de fundación del Congreso Nacional, que además tiene la ventaja de ser posterior a aquella en que entrega su cuenta el Presidente de la República ; por lo tanto, inicia cierta secuencia- debe rendirse (imagino que en sesión solemne del Parlamento) una cuenta pública, cuantitativa y cualitativa, que describa el trabajo efectuado por ambas Corporaciones, tanto en sus aspectos positivos cuanto en los negativos, y que permita esclarecer los aciertos y los errores: lo que se realizó, por qué se hizo de determinada manera, qué gestión se desarrolló y qué beneficios pueden apreciarse de la labor concreta que se lleva a cabo en el ámbito legislativo. De otra parte, se busca que cada parlamentario, a continuación de la cuenta institucional, y deseablemente en el mismo mes de julio, rinda cuenta en el respectivo distrito o circunscripción, según corresponda, de su gestión legislativa y de la efectuada en el ámbito local y dé a conocer los antecedentes económicos (ingresos y gastos, en líneas generales), para permitirles a los ciudadanos conocer lo que se ha hecho y formarse un juicio de mérito sobre los resultados alcanzados. Creemos que una iniciativa de tal naturaleza posibilitaría transparentar efectivamente la labor del Poder Legislativo ; permitiría facilitar el control que los ciudadanos deben tener sobre la gestión de Diputados y Senadores y, en particular, del Congreso Nacional; y haría factible enfatizar la responsabilidad que nos cabe a los parlamentarios frente al país, a nuestros electores y a la ciudadanía en general, de manera que se fuera conociendo más concretamente el trabajo que se lleva a cabo. El proyecto, además, resulta muy propicio en el minuto en que vivimos. La clase política o el Poder Legislativo son mirados en forma muy crítica; son rechazados. Se cree que mucho de lo que hacemos tiene que ver más con intereses personales o políticos, o de poder, que con un efectivo servicio a la comunidad o al país. Por lo tanto, existe una opinión muy negativa. Considero, por lo que conozco de la labor parlamentaria en forma transversal, que su imagen en la ciudadanía y el juicio que a esta le merece no corresponden a la realidad de lo que se realiza, infinitamente superior. Ella no es perfecta y a menudo dista de serlo, pero la regla o la línea general sobrepasa mucho ese parecer de que somos objeto. En consecuencia, por numerosas razones, una norma de esta naturaleza que pudiera incorporarse en nuestro Estado de Derecho democrático sería absolutamente esencial para lograr los objetivos que se buscan a través de la transparencia y del acceso a la información pública. Pienso, además, que damos un ejemplo, como parlamentarios, al promover la iniciativa y materializarla, con lo cual manifestamos nuestra voluntad de avanzar en sintonizar con la realidad ciudadana, en ponernos cada vez más a disposición de los ciudadanos. Los cambios que proponemos van en línea con lo que estamos desarrollando desde la Comisión Bicameral pro Transparencia -de ella ya tendremos oportunidad de hablar en otra sesión- para transmitir que el Congreso chileno quiere ser de los más avanzados al respecto en el mundo, con la mayor transparencia y disposición para dar cuenta de su gestión y recibir el juicio ciudadano. Por todas las razones expresadas, auspiciamos el apoyo en general a la iniciativa por parte de esta Corporación. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta , Honorable Senado, la ciudadanía efectivamente está pidiendo mayores niveles de transparencia en la gestión pública. De hecho, en el año en curso me tocó iniciar un proceso de cuenta pública, habiendo verificado por cadena local de radio la primera que rinde un parlamentario en la Región. Este es un aspecto del cual tenemos que preocuparnos para los efectos de informar a la ciudadanía acerca de nuestra actividad, y también para poder involucrarla, en la medida en que ella está cada vez más empoderada y se interesa en saber lo que hacen o dejan de hacer sus representantes. En el mismo sentido, he estado tratando de ubicar el boletín que contiene un proyecto de ley de idéntica naturaleza que nosotros presentamos y que debería estar radicado en la Comisión de Constitución, porque quiero pedirle a la Sala que se vea la posibilidad de fusionar ambas iniciativas. Claramente, creemos que es necesario avanzar en términos de dotar de mayor transparencia a la gestión pública y que la accountability finalmente debe instalarse como una cultura de las autoridades públicas. No hago referencia solo a los parlamentarios, sino también a todos quienes ejercen una labor de representación de la ciudadanía. En ese contexto, quiero señalar que el texto en debate va en la dirección correcta. Una serie de normas legales han tendido a perfeccionar nuestro sistema político, como la relativa a la inscripción automática y el voto voluntario, así como también la atinente a la posibilidad de facilitar los plebiscitos comunales. A ello se suma un proyecto que presentamos en el Congreso para crear la iniciativa popular de ley, materia respecto de la cual la Presidenta Bachelet , en su oportunidad, prometió calificar la urgencia, lo que finalmente no ocurrió. Esperamos que estos puntos vinculados al perfeccionamiento del sistema político se terminen por imponer y que cambie la percepción de la ciudadanía respecto de la actividad que ejercemos. A nuestro juicio, es preciso aprobar el texto en examen, que busca crear una cultura de la accountability. Y pensamos que no solo le va a hacer bien a la ciudadanía, que va a encontrarse cada vez más empoderada, sino que también permitirá oxigenar el sistema político, lo que es absolutamente necesario. Por tanto, pido votar a favor y que la Comisión de Constitución revise los proyectos de ley en la materia que se tramiten en ella, para que pueda tener lugar la fusión que mencioné. He dicho. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra al Honorable señor Letelier. El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, deseo valorar el esfuerzo de uno de los Senadores que intervinieron con anterioridad en orden a promover la transparencia y las normas conducentes a este fin. Me parece que sin duda se ha registrado un avance al respecto en el país. Sin embargo, debo consignar que si quisiera acortar la discusión, pediría votar de inmediato, con el objeto de que la iniciativa se cayese, porque se trata de una reforma constitucional y no hay quórum para aprobarla. Pero mi reflexión más de fondo es que, en términos formales, no se trata de una materia de rango constitucional. Quiero partir por exponerlo. Por ello, solicito que sus autores, en primer término, reconsideren la iniciativa, para que este tipo de normas tenga el nivel que corresponde. En segundo lugar, no sé si la intención de los colegas logrará ser eficaz. Más de alguno de nosotros ha visto cómo la obligación de cuenta pública de los alcaldes termina hoy día siendo una mera formalidad y no necesariamente contribuye a la transparencia. Algunos jefes comunales y concejos municipales la asumen de cierta forma; otros, como un trámite burocrático más y respecto del cual no existe ninguna sanción si no se lleva a cabo en los plazos establecidos, en términos reales, ni con relación a la sustancia de la actividad. En consecuencia, si el objetivo son la transparencia y el acercamiento de la política a la gente, no sé si este es el instrumento más adecuado. Por mi parte, he entregado cuentas públicas durante muchos períodos, pero no encuentro que reglamentar el punto en una norma legal sea el camino adecuado. Represento a una Región con 107 kilómetros de costa, 33 comunas y tres provincias, y puedo asegurar que sus ciudadanos no tienen ningún interés en que el Senador que habla dé aquí una cuenta pública de su actividad en el Congreso Nacional. Y si ella se rindiera en Cachapoal, a los habitantes de Cardenal Caro tampoco les importaría mucho. Y los de Colchagua no irían. En otras palabras, esto es como esas típicas ideas de arquitectos que resultan ser muy nobles, pero mal realizadas. Porque en muchas de nuestras regiones no existen canales ni medios de comunicación que las cubran por entero para los efectos de una obligación de rango constitucional que se quiere imponer. Siendo de aquellos que estiman útil rendir cuenta de lo que hacen, no sé si el instrumento sugerido por mis colegas sea -repito- el más adecuado. ¿Sobre qué se rinde cuenta? ¿Exclusivamente de la actividad legislativa? ¿Acerca de la gestión que puede hacer una señora Senadora, en función de una comunidad, para que el Estado invierta en algo? De repente, la cuenta pública legalmente obligatoria -algunos están sugiriendo establecerla con rango constitucional- puede prestarse para ciertas "rivalidades" entre dos parlamentarios representantes de cierto territorio. Creo que es discutible su eficacia como instrumento de transparencia. A mi juicio, es muy distinto de lo propuesto en esta ocasión el hecho de que el Ejecutivo , que recibe un mandato en la Ley de Presupuestos de cada año respecto de sus programas de gobierno y que se tienen que evaluar, dé cuenta al Congreso Nacional, que aprueba los recursos, sobre la marcha de la nación y la ejecución de los primeros, lo que se transmite a todo el país. Incluso resulta muy diferente de lo que hacen los municipios, que disponen de un presupuesto. Sé que correspondería llamar a votar, señora Presidenta . Y quizás es lo que debemos hacer de una vez para que no se reúna el quórum suficiente. Pero parece que eso no sería muy gentil para los autores de la iniciativa. Por lo mismo, les solicito reconsiderar el debate, a fin de que no sea necesario que alguno de nosotros pida segunda discusión o un segundo informe. Me gustaría poner la cuestión en manos de ellos, en la medida en que son los que deberían encabezar la presente discusión y preocuparse de su desarrollo, a fin de ver si resulta o no oportuno seguir adelante en lo que estamos haciendo. He dicho. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Cabe recordar que en la reunión de Comités se acordó tratar tres proyectos que estimamos -sobre todo, los dos primeros- de más fácil despacho. Con relación al que nos ocupa previmos que comenzaba la discusión. El señor ESPINA.- Pido la palabra. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- La tiene, Su Señoría. El señor ESPINA.- ¿Hoy día no vamos a votarlo? La señora ALLENDE ( Presidenta ).- No. El señor ESPINA.- Eso es lo que quería saber. La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a iniciar el debate y quedará pendiente el pronunciamiento. El señor ESPINA.- Resulta claro como el agua. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Puede intervenir el Honorable señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señora Presidenta , el requerimiento de una mayor transparencia en el quehacer del Congreso es algo que revelan las estadísticas. En la evaluación nacional, los parlamentarios nos encontramos al final de la tabla, con un 9 a 11 por ciento, junto con los empresarios. Somos los peor calificados por la ciudadanía. Hemos intentado descubrir la razón, porque, al final, realizamos una pega que la ciudadanía estima la más desprestigiada. Consignamos hace varios años que algunos niños preferían no decir en sus colegios que su papá era Diputado o Senador , porque se generaba un rechazo. Uno de los elementos que hemos planteado es la necesidad de ennoblecer la política, de recuperar la potestad del Congreso. Y diría que, en materia de transparencia, de prestigio, un aspecto que resulta esencial no tiene que ver con la existencia o inexistencia de la cuenta pública, sino con la monarquía presidencial, con el presidencialismo extremo contemplado en la Constitución nauseabunda vigente, que es preciso cambiar, la cual margina a los ciudadanos de la posibilidad de decidir. ¡Es una Constitución que eliminó al 70 por ciento de los partidos tras las elecciones de noviembre recién pasado! Si tuviéramos noticias de cualquier país en el mundo que declarase ilegal a ese porcentaje de colectividades políticas al día siguiente de los comicios, diríamos que no se trata de una democracia, sino de una dictadura. Y en Chile, luego de las elecciones del 17 de noviembre de 2013, el 70 por ciento de los partidos -repito- dejaron de ser legales: ¡son ilegales! Cabe preguntarse cuáles son los elementos que hay que fortalecer en beneficio de la transparencia. Uno de ellos es el fin de las donaciones secretas en las campañas políticas. Junto con el actual Ministro de Justicia , señor José Antonio Gómez , presentamos una iniciativa tendiente a clarificar dicho aspecto y ponerles término. Si las hay, bueno, pero que sepamos quiénes son los donantes. Porque en algunas de las campañas se recibieron ¡cientos y cientos y cientos de millones de pesos de parte de donantes anónimos y secretos! El proyecto en discusión se encuentra bien orientado. Una cuenta pública del Congreso -Cámara de Diputados y Senado- y otra de los parlamentarios van en un sentido correcto. Pero tal vez la gente nos pregunte: "¿Por qué, en lugar de dar una cuenta pública de lo que están haciendo, no dicen quién les financió las campañas? ¿Por qué no dan una cuenta pública de dónde sacaron las platas para ser elegidos? Dan una cuenta pública, pero mantienen en secreto el financiamiento de sus campañas.". No sé si la aprobación de la iniciativa va a contribuir realmente a mejorar la imagen ante la ciudadanía, porque parece que quisiéramos discutir proyectos con apariencia de transparencia, en circunstancias de que en definitiva no la tienen. Una ley orgánica determinará cómo se dará la cuenta. Eso me parece correcto, porque esta última puede ser múltiple. La que proporcionan los alcaldes se transforma a veces en una maratón, de 42 kilómetros, o en una carrera de 100 metros planos. Eso depende del jefe comunal: algunos entregan una cuenta de media hora, y otros, de dos; algunos enumeran todos los actos de Gobierno, todas las obras, y otros, de verdad, ponen gestión. Pero nadie facilita documentos que puedan ratificar que lo dicho es cierto. Es posible realizar la diligencia, pero si después no se permite el acceso a los códigos basales, ¿qué cuenta pública es la que se lleva a cabo? ¡Se puede mentir en ella! Por lo tanto, creo que el proyecto -reitero- está bien orientado. Pero, al igual que en el anterior. uno dice: "Si vamos a hacer un conjunto de modificaciones que buscan mejorar el prestigio, la imagen pública, el quehacer del Congreso Nacional, lo único que logra el debate parcelado -o sea, un mosaico, una reforma a cuadritos- es distraernos del objetivo central". ¿Y cuál es el objetivo central? Que la gente sienta que el Congreso la representa. Aquí en la Sala, cuando discutíamos si aumentar o no el quórum para establecer plebiscitos o consultas municipales, algún Senador manifestó: "¡Pero estamos cediendo soberanía!". Es al revés: la ciudadanía nos entregó esta última para representarla. Y juzgo que recoger todos los proyectos que dicen relación con el mejoramiento de la transparencia, de la percepción del quehacer del Congreso Nacional, es tal vez más importante. Eso significa, entonces, dar cuenta de una reforma profunda. Entiendo que el Senador señor Larraín es bienintencionado: demos una cuenta pública. Pero ¿qué vamos a responder cuando se levante la primera mano para plantear: "Señor Senador, señor Diputado , lo hemos escuchado atentamente, durante dos horas, en la cuenta de su circunscripción o de su distrito, mas lo único que no ha dicho es cómo financió su campaña, de modo que dónde puedo acceder a todo lo que usted sostiene para poder conocer su declaración de bienes, su asistencia al Congreso o cómo ejerce su tarea y cómo me lo puede comprobar"? Entonces, bien, efectuemos una cuenta pública. A mí no me gusta la fecha que se establece al efecto: el 4 de julio de cada año. Coincide con el de la independencia de los Estados Unidos. Sería bueno que los autores del proyecto explicaran por qué la eligieron. Cabe proponer fines de noviembre, cuando estamos en primavera y hay mejor ambiente, mejores vibras. Julio es un mes de invierno, más sombrío. Además, ¿por qué fijar el mismo día de la independencia de los Estados Unidos? Me señalan que corresponde a la inauguración del Congreso Nacional. En 2011 se celebró su aniversario número 200. No sé si una fecha en mitad del año resulta la más adecuada, en un mes en el cual lo más probable es que llueva muy fuerte cuando se quiere que la gente concurra a escuchar una cuenta pública. Tal vez noviembre es más amigable para la presencia y participación ciudadana. En mi opinión, se tendría que reflejar un elemento distinto. ¡Ya tenemos suficiente con el 11 de septiembre en Chile y en los Estados Unidos! Yo preferiría que la cuenta pública del Parlamento tuviera una fecha distinta al 4 de julio. Por tanto, sin perjuicio de tratar esta reforma constitucional, pido una vez más a mis colegas Senadores -por su intermedio, señora Presidenta - que cuando discutamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto de ley que elimina las donaciones secretas tengamos la misma facilidad que estamos teniendo ahora para traerlo a la Sala, debatirlo, establecer una mayoría y comenzar el proceso. Yo voy a votar a favor en este caso, pero me voy a empeñar en que esa otra iniciativa venga también al Hemiciclo, porque creo que no va a ser bien visto ni va a tener total transparencia el dar cuenta pública de todo lo que hacemos si continuamos ocultando el financiamiento de nuestras campañas, que sigue siendo secreto. Eso no es posible, e inhabilita una buena medida, como es una cuenta pública del Congreso Nacional, de los Presidentes de ambas Cámaras, de Senadores y Diputados, en fecha que será necesario establecer. Estamos ante una buena idea, señora Presidenta , pero esta tiene que ir adosada de otros elementos de cuenta pública o de acceso a la información como el que he señalado. ¡Fin a las donaciones secretas en las campañas! Anuncio mi voto favorable. ¡Patagonia sin represas! ¡Nueva Constitución, ahora! ¡No más AFP! La señora ALLENDE (Presidenta).- El Senador señor Lagos no está. Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta , voy a hacerme cargo de algunas observaciones que se han formulado aquí. Creo que el sentido del proyecto no puede ser objetado. Que el Parlamento, el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados rindan cuenta pública, una vez al año, sobre cuál ha sido el trabajo que han realizado ambas Corporaciones, es equivalente a lo que hacen el Presidente de la Corte Suprema el primer lunes de marzo de cada año y el Presidente de la República , en virtud de una disposición constitucional, cada 21 de mayo. Puede ser norma constitucional o ley ordinaria. Depende de qué rango le queramos atribuir. ¿Le queremos dar realmente la importancia que le corresponde a este Poder del Estado , equivalente a lo que hace el Poder Ejecutivo , o preferimos otorgarle un rango de ley normal, no constitucional? Por supuesto, se puede tomar la decisión. El objeto es uno: que el Parlamento rinda cuenta pública una vez al año. Ahora, ¿en qué fecha? Mi amigo el Senador Navarro decía que el 4 de julio coincidía con la independencia de Estados Unidos. ¡Bueno, a lo mejor podemos eliminar del calendario esa fecha, porque siempre nos va a molestar cuando coincida con cualquier tipo de actividad que queramos tener...! Precisamente, el aniversario del Parlamento se celebra el 4 de julio, siempre. Ese día hacemos aquí una recepción, compartimos con todo el personal, normalmente efectuamos un acto solemne en el Salón de Honor del Congreso. ¡Como digo, podríamos eliminar el 4 de julio y ponerlo en blanco, para no tener problemas! O sea, esa objeción yo no la recojo, pues no le encuentro mucho sentido. Muestra animadversión hacia los Estados Unidos. A mí no me gustaría mezclar una cosa con otra. Se propone el 4 de julio porque tiene la simbología que he expresado. Corresponde a una fecha propia, no a una fecha ajena. Luego está el tema de la cuenta de los parlamentarios. Personalmente, creo que aquí hay que distinguir dos cosas. La primera es la transparencia de la actividad parlamentaria, que ya está reglamentada. Cualquier persona puede entrar en el sitio web del Congreso a ver todo lo relacionado con nuestra propia actividad: los ingresos que recibimos, cuál es nuestro personal, cuál es nuestra asistencia. A lo mejor eso podría publicarse o entregarse por los parlamentarios en su momento. Eso lo podemos determinar más adelante, cuando discutamos la ley orgánica, por cuanto en la reforma que estamos estudiando precisamente se señala que la cuenta de los parlamentarios tendrá lugar de acuerdo con la normativa que se dicte al efecto y se incluya en aquella. Ahí veremos. Incluso, estoy de acuerdo con el Senador Navarro en que a lo mejor cuando haya habido una elección la cuenta que el parlamentario dé al Servicio Electoral sobre la forma como efectuó sus gastos sea pública y se ponga en el sitio web del Parlamento o donde se quiera. Todo lo que sea transparencia es bueno y necesario. Pero creo que no podemos objetar lo que se persigue en virtud de este proyecto. ¿Qué rango queremos darle? Personalmente, prefiero que la cuenta del jefe del Parlamento chileno, de la Presidenta del Senado o del Presidente de la Cámara de Diputados, se halle establecida en la normativa constitucional y no en una ley ordinaria, pues creo que le da más rango, más fuerza. Y esa es la razón del proyecto. Por cierto, este puede ser perfeccionado, y mucho; recoger todas las ideas que tengamos. Pero, si alguien quiere votar en contra, que diga que se opone a que el Parlamento dé cuenta, tal como ya lo hacen el Presidente de la República y el Presidente de la Corte Suprema. Y sigamos como estamos. Por mi parte, me parece preferible que el Congreso se ponga en el mismo rango de obligaciones que esas dos altas autoridades. Y estimo importante y conveniente que los parlamentarios también asumamos tal responsabilidad, con todos los problemas que se han planteado y que tendremos que ver cómo solucionar: cómo darle publicidad al acto, cómo materializar la cuenta en la circunscripción o en el distrito respectivo, según corresponda. Eso lo veremos en la ley orgánica. Pero hagámoslo. E incluyamos no solo nuestra actividad legislativa, sino también nuestras acciones en relación con las fuerzas sociales, cuál ha sido nuestro planteamiento en determinadas materias que le interesan a la circunscripción o al distrito, o cuáles son nuestras inquietudes desde una perspectiva de visión nacional del país. Eso es importantísimo. Por tanto, creo y sostengo, a pesar de que pueda ser algo sin mayor trascendencia para algunos, que esta normativa constitucional es positiva. Ahora, si se quiere hacer en base a una ley ordinaria, que se haga así. Si se quiere establecer más transparencia en la ley orgánica, incluyamos en ella toda la que sea necesaria. Lo fundamental es que el Parlamento se ponga a tono con lo que pasa hoy día en el mundo. La ciudadanía exige cada vez más transparencia. Estamos más cerca de la gente. Se requiere más participación. Ya no se trata solo de la democracia electoral en la cual aún seguimos viviendo. Gracias, señora Presidenta. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Ahora sí, le ofrezco la palabra al Senador señor Lagos. El señor LAGOS.- Señora Presidenta , pienso que este proyecto, tal como está presentado, requiere ser enriquecido, por decirlo de una manera suave. Las solas intervenciones que se han producido acá nos advierten sobre la conveniencia de darle un tratamiento más adecuado. Me hago eco de lo que señalaban los Senadores Letelier y Navarro en algunos aspectos, pero lo medular es que requerimos un sistema que nos ponga en el mismo tono en que están los otros dos Poderes del Estado. Podemos discutir si la cuenta deben hacerla ambas Cámaras separadamente o la Corporación en su conjunto; si es una obligación que, como expresa el artículo 56 bis, ha de recaer en el Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados, o si además, como establece el artículo 62 bis, tiene que ser ejercida individualmente por cada Diputado y Senador. Eso requiere un tratamiento bien especial. No es evidente cómo se hará. No sé si el resto de mis colegas parlamentarios hará lo mismo, pero yo trato de rendir una cuenta pública. Claro, uno efectivamente la hace en función de lo que inteligentemente cree que hizo las cosas, de los aportes que realizó, de cómo estima que benefició a la comunidad. Pero entre eso y considerar que se está en presencia de una propaganda personal hay un solo paso. Entonces, cabe preguntar: ¿habrá alguien que interpelará? ¿Habrá alguien que tendrá la posibilidad de comentar la cuenta que se rinda? ¿Se hará públicamente, con notificaciones para que la gente, la sociedad civil, las juntas de vecinos, aquellos que uno recibe a diario y que le envían cartas para impulsar proyectos de ley o solucionar problemas puntuales puedan participar de aquello? Todo eso requiere una regulación; todo eso requiere tal vez un tiempo, y hasta es posible que requiera recursos. Por tanto, hay que discutirlo. Pero, para ser bien franco, esas dudas, para mí, no son óbice, al final del día, para aprobar esta iniciativa tal como está. Y quiero hacer otro alcance, señora Presidenta . Algunos Senadores -no los voy a mencionar- han hablado de la necesidad de tener mayor transparencia, de disponer de accountability (fue la expresión que usó un colega, en un buen spanglish; no tengo nada que decir al respecto). Pues bien, quiero recordarle a ese señor Senador, que es de la vereda de enfrente, que hace 48 horas su Gobierno autorizó, poco antes de irse, la eliminación de todos los e-mails de los funcionarios salientes. Entonces, yo pediría un mínimo de coherencia y de consistencia. Si vamos a exigir cuentas públicas a los Diputados y Senadores, por lo menos pidámosles a nuestros gobiernos que no anden borrando los mensajes electrónicos a menos de 24 horas de dejar el poder. Doy el dato no más, para mantenerlo vivo en el debate, señora Presidenta. Si se vota ahora el proyecto, encantado me pronunciaré a favor. Si la votación se pospone para otra oportunidad o se pide segunda discusión, quedaré del todo disponible mientras mantengamos la capacidad de contar con los votos necesarios para su aprobación. Gracias. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN.- Preferiría intervenir después del Senador Montes para poder contestar algunas interrogantes. La señora ALLENDE (Presidenta).- En ese caso, tiene la palabra el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- Señora Presidenta , me sumo también a quienes valoran su llegada a la presidencia del Senado y desean que le vaya muy bien. Creo que los actos de ayer y de hoy son bastante potentes para todos, para el espíritu, para las ganas de hacer mejor las cosas. ¡La felicito! Sobre la iniciativa, esto de las cuentas públicas fue discutido al menos en tres modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. En esas ocasiones dijimos: una autoridad unipersonal como el alcalde tiene que darle cuenta de su gestión a la comunidad. Incluso una de esas normativas contempla los aspectos que debe contener dicha cuenta, de forma tal que no se eludan los temas fundamentales. De lo que conozco de las cuentas municipales, su efecto real en cuanto a transparencia, motivación, es muy desigual entre unas comunas y otras y generan cierta frustración en la comunidad, que no puede opinar. O sea, a pesar de tratarse de una cuenta institucional de la gestión municipal, de cómo se mueve el municipio, no existe ninguna posibilidad de diálogo, ni de cuestionamiento. No se puede cuestionar, incluso, aspectos relativos a la convivencia institucional. Si a alguien se le ocurre pedir la palabra en una cuenta pública municipal es duramente criticado. Es como atentar contra el orden. A mí me parece que en esta materia no basta con las ganas, con el espíritu, con el objetivo, que considero muy importante. Se debe buscar la manera de que la cuenta sea efectiva y constituya un momento de debate, de transparencia, de intercambio. De lo contrario, al final terminará siendo frustrante para los propios ciudadanos que asistan a su entrega. Y si la finalidad es que los ciudadanos sientan más cercana a la autoridad y eso no se da, la situación será bastante complicada. En el ámbito municipal, la cuenta no la conocen antes ni siquiera los concejales. O sea, se trata de una acción que no surte efecto. El año pasado me tocó ver el caso de un alcalde que no quería dar cuenta de su gestión, pero, como la ley lo obligaba, dio una cuenta de exactamente un minuto y medio de duración. El señor LAGOS.- ¡Pero fue completa! El señor DE URRRESTI .- ¿En un municipio chico? El señor MONTES.- Yo creo que no cumplió la ley en todo caso, y fue algo irritante para quienes pensaban distinto de él y para los ciudadanos que asistieron al evento. Estimo que estas cosas hay que pensarlas más; considerar más la experiencia municipal, y tratar de perfeccionarla. Estoy de acuerdo en lo que he oído acá en cuanto a la importancia que tendría una cuenta de ambas Cámaras, una cuenta institucional, anual o bianual. De hecho, en la Cámara de Diputados se estableció el principio de entregar una cada cuatro años, que es bastante completa. Se publica un libro con todos los detalles. No se discute nunca su contenido, pero existe. En mi opinión, es bastante institucional, y sirve a quienes van a seguir dirigiendo la entidad, por lo menos como una base de antecedentes para lo que se deba hacer. No sé si el Senado hace lo mismo. No tengo dudas de que eso es bueno. Y tiene que ver con lo señalado por el Senador Zaldívar en el sentido de que es conveniente estar al mismo nivel de la Presidencia de la república y de las distintas instancias centrales que realizan dicho acto. Respecto de las cuentas individuales de los parlamentarios, salvo que encontremos un procedimiento adecuado, una forma de llevarla a cabo y un contenido para ellas, pueden constituir más una frustración que un aporte al debate y la transparencia. A lo mejor debería ser institucional: que la efectuaran los dos parlamentarios de cada distrito, organizados incluso por la propia institución, en presencia de cierta cantidad de invitados, que se dialogara un rato sobre lo expuesto, que se entregara por escrito. En el caso de la cuenta municipal, lo peor es que no ocurre esto último, o a veces el documento se da a conocer tres meses después, con lo cual ya queda extemporáneo. Yo tendría mucho cuidado de legislar sobre esta materia sin tomar en cuenta la experiencia municipal y sin buscar un dispositivo, una forma de presentación bastante más precisa, más completa, que asegure que daremos un paso adelante y no generaremos frustración. En un sistema no binominal probablemente la cuenta institucional sería mucho más potente, pues la rendirían los cinco parlamentarios de la zona. Eso podría generar un momento de diálogo político sustantivo, o bien constituir, si no está bien pensado, un gran problema. No sé si en el caso del Senado se dan cuentas individuales. Me imagino que debería realizarse en todas las comunas, en todos los distritos, o si tal vez tendría que ser una sola, de carácter general. Desconozco cómo lo hace el Senador Lagos Weber, que da unas cuentas bastante precisas, como él ha dicho. El señor LAGOS.- ¡En la Isla de Pascua, señor Senador ! ¡Dos veces al año! El señor MONTES.- ¿Sí? El señor LAGOS.- Está en mi circunscripción. El señor MONTES.- ¡Pero no se lo ha visto por allá! En fin. Concluyo, señora Presidenta , manifestando que me parece bien el objetivo general, la intención, la idea. Por ahora, mantendría la cuenta a nivel institucional en ambas ramas del Congreso. Para entrar en una actividad más individual de los parlamentarios habría que perfeccionar la norma y generar un modo de realizarla que permitiera lograr el objetivo, para que no termine siendo contradictoria con este. Es todo, señora Presidenta. Gracias. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN .- Señora Presidenta , en verdad, mi interés era escuchar la mayor cantidad de opiniones sobre este proyecto para poder hacerme cargo de ellas o para esclarecer algunas inquietudes que hayan surgido. En lo sustantivo, me quedo con lo expresado por el Senador Lagos Weber. No escuché todas las intervenciones, pero la suya la alcancé a oír entera. En lo esencial, se trata de un compromiso que, a estas alturas de nuestro desarrollo cultural en materia de transparencia y probidad, considero ineludible: la rendición de una cuenta. Tienen que efectuarla el Congreso y los parlamentarios: el Senado y la Cámara de Diputados, ante el país, y nosotros, en el ámbito donde fuimos elegidos. Me parece que algunos la realizan en forma sistemática; otros la hemos llevado a cabo de manera esporádica o del modo que hemos estimado mejor. Pero no hay un hábito republicano de ponernos a disposición de la comunidad diciendo: "Esto es lo que estamos haciendo; así es como estamos cumpliendo nuestras responsabilidades". En lo esencial, se trata de eso. Y creo que tiene que ver con la responsabilidad de una democracia que no se agota en los actos electorales. Hoy, la democracia es crecientemente participativa. Pero, para eso, para que los ciudadanos puedan participar, deben contar con elementos de juicio. Sin información no hay participación. Y por muy insuficiente o defectuosa que sea una cuenta, considero esencial que la puedan rendir los parlamentarios y ambas ramas del Congreso a fin de garantizar que tal actividad realmente cumpla el objetivo de permitir un control ciudadano de la gestión y establecer una mayor responsabilidad en el ejercicio de las funciones. Porque, claro, uno no va a ir a inventar un cuento, ya que en la actualidad es posible rastrear los antecedentes y verificar si son veraces. Aunque haya o no diálogo en ese minuto, los medios de comunicación locales, las universidades, la sociedad civil podrán comprobar si las cuentas que se entreguen son verdaderas o no. De manera que esta iniciativa exige transparencia, responsabilidad, madurez cívica y posibilita que nos esmeremos en desarrollar mejor nuestras funciones, nos acerquemos a la ciudadanía y busquemos recuperar la confianza y credibilidad que hemos perdido, por diferentes razones. Probablemente muchas no son de nuestra responsabilidad, pero varias otras sí lo son. Por tanto, en lo sustantivo, me parece que debemos avanzar en esta materia. ¿Cómo? Entiendo que la forma está sujeta a debate. Lo importante es que no se trate de un cuento y que no sea un acto de propaganda, sino de responsabilidad. Por eso, la cuenta tiene que ser rendida no solo con autoelogio, sino también con descripción de aciertos y errores, de avances y retrocesos, con materias pendientes, con la realidad. Porque al final, como dicen por ahí, "antes se pilla a un mentiroso que a un ladrón". Y si hoy día alguien miente y engaña a la ciudadanía, su versión no dura 24 horas. ¡Si la presión social no es un actor por casualidad! Lo es porque, en la actualidad, la gente obtiene información y reclama o protesta tan pronto algunos antecedentes le parecen mal. Y ya sabemos las consecuencias políticas que aquello genera, en todo ámbito de cosas. ¿Cómo rendir la cuenta? Considero correcto lo que he escuchado en cuanto a que esta materia es susceptible de perfeccionamiento. Sí estimo importante que la rindan no solo los presidentes de ambas Cámaras, sino también los parlamentarios. De manera que aquí podría haber una diferencia con algunos. Pienso que nosotros igualmente debemos responder ante nuestra gente, en forma periódica. Y será preciso buscar la manera de que nuestra cuenta sea efectivamente pública, accesible y le llegue a la gente y de que institucionalmente tengamos el soporte para cumplir con ese deber. En seguida, habrá que reglamentarla. Y tal vez se pueda aligerar un poco esta obligación e incluso incorporarla al Reglamento del Senado y al de la Cámara de Diputados; que ambas Corporaciones, en conjunto, acuerden la forma como deben rendir cuenta tanto el Presidente de cada una de ellas como los respectivos parlamentarios, en los lugares que representan -lo que sea más simple-, y dejar establecido en la Constitución el principio esencial con la misión fundamental. Tal planteamiento lo puede trabajar, en el segundo informe, la Comisión de Constitución, si hubiera voluntad para aprobar en general el proyecto. Eso se puede hacer, pero resulta primordial que quede incluido en la Carta. Porque, como bien decía el Senador Andrés Zaldívar, carece de sentido y de justificación que el Presidente de la República tenga la responsabilidad de dar cuenta al país del estado administrativo y político de la nación, consagrada en la Constitución, y no así el Congreso Nacional. Repito: podemos sentar el principio, la obligación y el carácter de tal obligación, y dejarla entregada a nuestra Ley Orgánica Constitucional o al Reglamento de las dos ramas del Parlamento. Lo que estimemos más adecuado. En todo caso, ello está abierto al debate. ¿Y por qué se fija como fecha para rendir esa cuenta pública el 4 de julio? Bueno, Senador Navarro -se lo señalo por su intermedio, señora Presidenta -, ¡no se me había pasado por la mente que esa fecha coincidiera con la del aniversario de la Independencia de Estados Unidos! ¡El día 4 de julio se fundó nuestro Congreso Nacional y me parece que debemos conmemorar ciertas tradiciones republicanas! ¡Este es uno de los Parlamentos más antiguos que existen! Por tanto, el no reconocer esa identidad implica perder una oportunidad. A lo mejor no se nos va a olvidar que también es el Día de la Independencia del pueblo estadounidense. Pero va a ser tan fuerte el acontecimiento propiciado por el proyecto que contribuirá a forjar una cultura más nacionalista en ese sentido, si en realidad es a ello a lo que apunta. Reitero que la fecha no tiene nada que ver con la Independencia de Estados Unidos. Y sería razonable que, así como se estableció la tradición de que el Presidente de la República diera cuenta al país el 21 de mayo de cada año, ¡por qué no crear también como tradición lo propuesto en la iniciativa que nos ocupa! La cuenta presidencial del 21 de mayo es una tradición que no estaba contemplada en la Constitución de 1925 ni en ninguna otra anterior. Sin embargo, las normas consuetudinarias a veces tienen más fuerza que las escritas, y finalmente ella se recogió en el Texto Constitucional. Es prudente que la rendición de cuenta pública anual por las autoridades del Parlamento, que se propone en este caso, se consagre en el ámbito de nuestra Carta Política. Si hubiera acuerdo en lo fundamental, creo que podríamos avanzar, salvo que -como se ha dicho aquí- alguien no quiera que se rinda dicha cuenta, cualesquiera que sean las consideraciones que aduzca. Está bien. Pero podemos mejorar el texto, perfeccionarlo. De eso se trata el trabajo legislativo: de que en la discusión en particular se formulen las indicaciones pertinentes y realicemos nuestro trabajo; que la Comisión lo recoja y traiga nuevamente el proyecto a la Sala, para su debate. Constituiría una señal de mucho valor el que en este momento de fuerte cuestionamiento a la labor parlamentaria, tomáramos la iniciativa y dijéramos: "Sí, estamos dispuestos a rendir cuenta pública de nuestra actividad y trataremos de hacerlo lo mejor posible". ¿Y qué significa "lo mejor posible"? Este punto lo analizaremos en la discusión en particular. Negarse a eso constituiría realmente una pésima señal -¡una pésima señal!-, que justificaría, una vez más, el rechazo ciudadano, porque daría la impresión de que queremos alimentar el secreto o la reserva de nuestras actuaciones. Se ha avanzado bastante a través de las páginas web; pero esto todavía no genera la dinámica de una interacción verdaderamente ciudadana y masiva. Debemos buscar que así sea a nivel de cada una de las responsabilidades que tenemos en nuestros distritos o circunscripciones. Y, de lograr que el acto de rendición de cuenta de los Presidentes de ambas Corporaciones sea transmitido -como se hace con la cuenta del Presidente de la República - en forma directa por televisión a nivel nacional, por cadenas de radio, en fin, estaremos contribuyendo fuertemente a acercarnos a los ciudadanos contándoles lo que hacemos. ¡Si el juicio de rechazo al Parlamento es un prejuicio, pues existe muy poca información! Porque más valen los escándalos que publica la prensa que la realidad de la labor que efectuamos cotidianamente. Merece la pena que se rinda la cuenta pública anual en comento. Es un riesgo. Sin embargo, necesitamos asumirlo, por el bien de nuestra actividad legislativa, que requiere mayor compromiso y cercanía con la gente. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra al Senador señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señora Presidenta , el debate sobre esta materia ha sido muy bueno, pero muy irregular, porque algunos colegas postulan un preciosismo absolutamente imposible de cumplir. Como planteó un Senador, estamos tratando una reforma constitucional y la discusión debe circunscribirse a ella. Por consiguiente, no corresponde discutir aquí los detalles sobre la manera en que se rendirá la cuenta pública, ni la fecha, ni si se transmitirá por radio o por televisión. Todos sabemos que hay parlamentarios que tienen una mayor y mejor exposición pública y que efectúan permanentemente una especie de "rindo cuenta". No obstante, si consideramos que la legislación vigente contempla la obligación de que rindan cuenta los fiscales; los alcaldes; los defensores públicos; el Presidente de la República , cada 21 de mayo, y distintas otras autoridades, no está mal que los parlamentarios hagamos también una cuenta pública. ¡No está mal! Los detalles y otros elementos orientados a implementar esa cuenta, bueno, los incorporaremos en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. No corresponde que estén en la Constitución. Ahora, el debate que hemos de hacer respecto de esta reforma constitucional debe centrarse en si es positivo o no que los parlamentarios rindamos una cuenta pública cada cuatro años, una vez al año o al término de nuestro mandato. En lo personal, cuando finalizo un período elaboro un documento llamado "Rindo cuenta" y lo reparto. A mi juicio, es sano que los legisladores demos cuenta de nuestra actividad de alguna manera, porque se nos paga con recursos fiscales y, además, porque los ciudadanos necesitan tener alguna fórmula para decidir si van a reelegir a un Diputado o Senador , o si van a apoyar su trabajo en algún minuto. Y si no acuden a escuchar esa cuenta pública o no la leen, eso será de su responsabilidad. Señora Presidenta , comparto lo sostenido por algunos Senadores que han intervenido en cuanto a que parte del desprestigio del Parlamento obedece al desconocimiento total de lo que aquí se hace. Y seguramente muchas personas se preguntan: "¿Qué hace por mí este Diputado (o este Senador)?". O bien: "Estos tipos cobran su sueldo y no hacen nada", en circunstancias de que -como muy bien señaló un colega- hoy día es enormemente fácil saber si un Senador o un Diputado asiste a las sesiones; si interviene o no; qué opina sobre alguna materia; cómo votó un asunto. Para ello basta con meterse a la página web respectiva. Sin embargo, no es lo mismo -lo he comprobado a propósito de lo observado al final del Gobierno del Presidente Piñera- informar lo que sucede día a día y lo que uno pone en un documento o entrega en una ocasión, que dar la cuenta que por ley deben rendir los Ministros, los fiscales u otras autoridades. A mí me da la impresión de que la reforma constitucional en debate es positiva; de que la rendición de una cuenta pública anual obligatoria va a ayudar a la transparencia. Y la transparencia siempre es buena. El conocimiento por la gente del trabajo de sus autoridades o de los parlamentarios, a quienes se les paga con recursos del Estado, y en especial de quienes somos elegidos mediante el voto popular, es bueno, y va a ayudar a aumentar el prestigio tan escaso que hoy día tiene el Congreso Nacional. Soy partidario de votar favorablemente la iniciativa. Insisto: no corresponde entrar en el detalle de esta reforma constitucional -entiendo que hoy no se va a votar-; hay que hacer esa discusión en el momento oportuno. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Antes de ofrecer la palabra al Senador De Urresti, quiero señalar a Sus Señorías que la presente sesión debiera concluir a las 20, que es la hora de término habitual. Dado que restan cuatro oradores -los Honorables señores De Urresti , Guillier , Horvath y Pizarro -, ojalá pudiésemos terminar a las 8. De no ser así, como el proyecto no se votará esta tarde y el debate continuará en la próxima sesión, los señores Senadores podrán intervenir entonces en el mismo orden de inscripción. Esa es la propuesta de la Mesa. Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta , al tenor del debate, resulta difícil negarse a la aprobación de este proyecto, porque rendir cuenta pública es hoy día una costumbre, una práctica que en buena hora sigue extendiéndose. Un par de observaciones al proyecto propiamente tal. A mi juicio, nosotros debemos consagrar en la Constitución la obligación de que ambas Mesas del Congreso Nacional y, particularmente los Senadores y los Diputados, rindan cuenta pública. Pero la forma establecida en el artículo 62 bis, inciso final: "Una ley orgánica regulará la forma de cumplir esta obligación", podría hacer diferir su aplicación y entregarle a dicha ley orgánica una materia que perfectamente podemos regular por la vía reglamentaria. Con la capacidad institucional que posee cada una de las Cámaras del Parlamento perfectamente podemos estandarizar la rendición de esa cuenta, porque esta corresponde a lo que nosotros hacemos. Habrá que consagrar la obligación de que los equipos parlamentarios de cada circunscripción entreguen información, especialmente sobre la labor de representación que realizamos en terreno, porque la ciudadanía, o mejor dicho la prensa, muchas veces no comprende que cuando no estamos presentes en la Corporación, nos hallamos ejerciendo una función propia de la representación parlamentaria. Eso deberá ser un aporte desde el punto de vista particular de los equipos parlamentarios. Pero aquí, en el Senado, se encuentran los antecedentes objetivos y transparentes de la labor que realizamos: nuestras intervenciones, nuestras votaciones, nuestras asistencias. ¡Vaya que es complicado, señora Presidenta , cuando la ciudadanía centra su atención simplemente en si un parlamentario estuvo o no en una sesión, pero no pone el acento en cómo vota! Lo importante es que los ciudadanos que nos eligen a través del sufragio popular puedan saber cómo uno los representa en el Parlamento; cómo nos pronunciamos; cómo protegemos sus intereses; si hay coherencia entre lo propuesto en el programa y lo que se vota en definitiva, y, también, que conozcan qué intereses se defienden. En cuanto a lo último, en el debate de diversos proyectos de ley en los cuales claramente están en juego intereses el parlamentario fija una posición. Es esencial que el ciudadano lo sepa. No se trata de un juicio de valor, sino de uno político. Somos una Cámara que establece una posición política. Y creo que es vital transparentarlo. Como concepto, resulta primordial estandarizar la rendición de las cuentas públicas. Por eso, es relevante que el Parlamento y el propio Senado colaboren en la redacción de esa memoria, de esa cuenta, para que se establezcan parámetros objetivos: obviamente, la obligación de transmitirla y comunicarla a la ciudadanía; que se coloque en todos nuestros soportes electrónicos -canal de televisión del Senado, página web-, a fin de que la gente pueda saber qué hizo y cómo votó su parlamentario; que se informe acerca del financiamiento de las campañas electorales; que exista transparencia acerca de las reuniones en que participa y su presencia en el territorio nacional. En definitiva, se debe saber cómo ejercen los parlamentarios su trabajo en el Congreso Nacional. Estoy de acuerdo con el proyecto y valoro la iniciativa de sus autores, porque me parece bien que se consagre esa obligación en la ley. Sin embargo, también considero importante que este tipo de discusiones se desarrolle en el marco del debate de una nueva Constitución. Es ahí donde tenemos que generar ese espacio de análisis. Por otra parte, deseo señalar al Senador Hernán Larraín -con quien voy a integrar la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento- que dispone de mi respaldo para incorporar este tipo de proyectos, pero también para que discutamos una nueva Carta, que sea democrática, participativa, en donde los planteamientos serios y responsables de usted y los valores y principios que representa y pregona su sector estén legítimamente presentes, así como los nuestros y los de todos los ciudadanos. Esperamos que esa Constitución sea producto de una Asamblea Constituyente o de la participación masiva de la ciudadanía. Claramente, ello no ocurrió en la Constitución de 1980. Ese debate no se efectuó ni en las comisiones constitucionales ni menos en el plebiscito pertinente. Como yo era menor de edad, no pude ir a votar. Pero recuerdo que no había registros electorales y se marcaba el carné de identidad. El Senador Navarro me acota que se le cortaba un pedazo en una esquina. ¡Su Señoría debe haber ido a votar entonces...! Por eso, pretendo que en la discusión de la nueva Constitución podamos incorporar esos valores y principios, propios de una sociedad democrática, que corresponden a elementos fundamentales para que la ciudadanía tenga mayor presencia, mayor vinculación, mayor control, a fin de que sepa cómo actúa su parlamentario. Estoy absolutamente de acuerdo en eso: nada de ocultismo, nada de secretismo. Asimismo, en la actualidad hay control cruzado. Porque lo que se publica o la información que se entrega perfectamente puede ser contrastado. Por eso estimo importante efectuar una cuenta. Le comentaba al Senador Larraín , señora Presidenta , lo relevante que es estandarizar ciertos conceptos de la cuenta. En esto será de gran ayuda el conjunto de funcionarios, profesionales y técnicos del Senado, quienes serán su base, además del aporte particular, obviamente, que cada uno tiene en su circunscripción. Entonces, valoro el proyecto y los principios que se han establecido. Tal vez se pueda avanzar en que vayan por una vía reglamentaria y no a través de una ley orgánica, porque esto significaría diferir su ejecución. Invito a que esta materia, junto a muchas otras, las incorporemos en el debate de la iniciativa para una nueva Constitución democrática, representativa, que esperamos sea enviada al Parlamento por la Presidenta Bachelet lo antes posible. He dicho. La señora ALLENDE ( Presidenta ).- Tiene la palabra el Honorable señor Guillier. El señor GUILLIER.- Señora Presidenta , antes de intervenir sobre este proyecto, quiero decir que para mí es muy satisfactorio que mi primer voto en el Senado haya sido para elegir a una mujer como Presidenta de la Corporación , particularmente por el simbolismo que usted representa. Respecto al tema en debate, yo sugiero que se recuerde que, en cuanto al principio de la información, se corre el riesgo de que la sobreinformación o la falta de aquella sean una forma de manipulación. Es decir, en el descrédito puede operar una abundante información, pero carente de estructura. Y eso -reitero- es un riesgo. Me parece que desde los tiempos de la Mesa integrada por el entonces Senador Gazmuri y por el Senador Hernán Larraín , acá presente, se trabajó bastante en transparentar la gestión parlamentaria. Sin embargo, las páginas web necesitan contar con un criterio de selección para determinar qué es relevante. Porque la cuenta pública de las autoridades no puede durar horas de horas, sino que tiene que ser breve, acotada y, por ende, especificar aspectos destacados de la labor del Congreso Nacional. En tal sentido, creo que sería bueno conversar con los propios medios de comunicación, con el objeto de determinar qué es de interés público y seleccionarlo de los informes de las páginas web de cada parlamentario y de la Corporación. Entiendo que algunos lo hacen, pero durante la campaña electoral entré a sus sitios web, y créanme que había páginas y páginas de información, pero con muy poca sustancia. En consecuencia, pido que al menos los informes que rindan los Presidentes de ambas Corporaciones se rijan por algunos criterios de relevancia, tales como número de proyectos de ley tramitados; grado de participación en su debate, y quiénes fueron invitados y escuchados, sobre todo para controlar un segundo fenómeno: el lobby. Por otro lado, concuerdo con quienes proponen definir criterios generales con el fin de que la cuenta no sea muy larga, pues nadie la leería y no tendría la eficacia que buscamos. Acá no se trata de cumplir con un aspecto burocrático, sino de realizar una función que mejore la imagen corporativa. En resumen, estoy de acuerdo en legislar, pero considero excesivo que una ley orgánica constitucional regule la forma de operar; para ello basta con un simple reglamento. Eso sí, insisto en la necesidad de abrirse un poco más a la ciudadanía. Cada parlamentario debería tener la obligación de informar qué mociones presentó, cuál es su estado de avance y cómo votó los distintos proyectos de ley. Por lo menos esa debería ser la base. Además, tendría que comunicar en qué reuniones participó; con quiénes se juntó; qué temas debatió, y si adquirió algún compromiso al respecto. Ello tendría la finalidad de controlar el lobby, y vendría a complementar la legislación vigente. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath. El señor HORVATH.- Señora Presidenta , en primer lugar, esta es una materia que se ha ido planteando con cierta regularidad en el Congreso Nacional. Y existen varias iniciativas que apuntan en la misma línea. Es decir, a que la ciudadanía tenga información fidedigna sobre qué hace y, por descarte, qué no hace una persona o una institución en el Congreso Nacional. De hecho, lo más fácil es llevar una suerte de hoja de vida parlamentaria, que permita saber la asistencia de un diputado o senador a las sesiones. Pero hablo de una asistencia efectiva, porque uno puede entrar por una puerta y salir por otra y quedar presente, igual que quienes permanecen en la Sala durante toda la sesión y participan en los debates. Actualmente, no existe un filtro que permita conocer qué se hace en el Parlamento, aparte del registro que informa si se está o no presente en el Hemiciclo. En una moción que presentamos en su minuto, planteamos que la cuenta pública la hicieran los ministros de fe del Congreso Nacional, no que cada uno dijera qué labor realizó. Esto último es habitual para nosotros, que informamos de ello en nuestras regiones y en los ámbitos en que nos movemos. Corresponde que los ministros de fe, que están en las Comisiones tanto del Senado como de la Cámara Baja, entreguen el detalle de la actividad parlamentaria. ¿Por qué planteamos eso? Porque normalmente se hace la siguiente crítica: "Determinada ley duerme en el Parlamento". Es habitual escuchar eso en distintos medios de comunicación. Pero no se indaga más allá. Recuerdo el caso del proyecto de ley sobre bosque nativo, que estuvo 14 años en el Congreso Nacional. En verdad, la tramitación de tal propuesta no prosperaba por tratarse de una mala iniciativa: permitía que se sustituyeran las especies nativas por especies exóticas; no contaba con financiamiento para bonificaciones sobre buenas prácticas; no se cumplía con un compromiso de mejoramiento al personal de la CONAF, a fin de transformar dicha entidad en una institución pública. Sin embargo, paralelo a la situación en que se encontraba ese proyecto, se debatió sobre el particular; se hicieron trabajos con las ONG, con las distintas organizaciones; se realizaron talleres, seminarios, en cada una de las regiones. Por lo tanto, ese "dormir" de la iniciativa permitió que finalmente saliera una ley que soluciona todos los problemas que he señalado. Ahora, la actividad parlamentaria es poco conocida. Normalmente, la gente pide al diputado o senador cosas que están dentro de las funciones propias del Ejecutivo o de los alcaldes. Y si el parlamentario o su grupo de trabajo no proporciona alguna respuesta a ese tipo de requerimientos, ¡es objeto de escarnio público! Por lo tanto, uno debe adicionar una serie de actividades que no corresponden a la función legislativa o parlamentaria. A nosotros nos compete la presentación de mociones, de indicaciones, de enmiendas a proyectos; la búsqueda de acuerdos con el Ejecutivo ; todo lo relativo a la participación en talleres y seminarios; el trabajo en Comisiones, que realizan una labor muy fructífera y profunda, las cuales han funcionado también fuera de esta sede, en las distintas regiones de Chile. Creo que toda esa información, hasta el mínimo detalle, con las referencias pertinentes para que las personas puedan acceder a ella, puede enriquecer nuestra función, ¡y mucho! Por lo tanto, concordamos tanto con el espíritu como con el objetivo de esta reforma. Asimismo, solicitamos que en su análisis particular en la Comisión se aborden todas las otras iniciativas sobre la materia, para poderlas aunar. Así, será factible definir con mucha precisión cómo efectuar dicha cuenta pública, porque de ello dependerá que cumpla la función que se espera. De lo contrario, dará motivo para que se desvíe la verdadera información que requiere la gente. De paso, vuelvo a insistir en la necesidad de impulsar un proyecto que posibilite la presentación de iniciativas legales por parte de la ciudadanía. Creo que esa reforma es muy importante. La participación ciudadana hasta la fecha ha sido meramente formal. Por más que las personas traten de lograr una definición vinculante en las decisiones del país, eso no ocurre. Y ello genera frustración en la gente. Por lo tanto, estimo relevante que el Congreso pueda compartir con la ciudadanía la función de presentar proyectos, a través de las denominadas "iniciativas populares de ley". He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señora Presidenta , quiero manifestar mi opinión positiva respecto a la necesidad de entregar una cuenta institucional por parte del Senado y de la Cámara de Diputados. Considero esencial que la Corporación sea la que entregue una cuenta pública. Esa es la única forma de garantizar una información más objetiva, tal como han planteado algunos colegas, en cuanto a todo el trabajo legislativo y a las actividades de extensión. Nosotros contamos con un centro de extensión, que nos colabora; que hace seminarios; que promueve encuentros con la ciudadanía; que participa en regiones, y que desarrolla una serie de proyectos. Lo mismo sucede con la Biblioteca del Congreso, que forma parte del Poder Legislativo . En ella hay esfuerzo, trabajo, y entrega un servicio no solo al Senado, sino a la comunidad nacional. Tampoco es muy conocido ni aprovechado por todo el mundo; sin embargo, ha impulsado campañas con gran éxito. Valoro la objetividad de la información institucional, pero, francamente, me entran muchas dudas respecto de la llamada "cuenta individual", tal como se propone en el proyecto. ¿De qué debería dar cuenta un parlamentario? En estricto rigor, los antecedentes proporcionados por cada uno tendrían que ser iguales a los entregados por la institución. ¿Cómo da cuenta uno de su participación en un proyecto de ley: por la cantidad de veces que opinó en la Sala; por el número de indicaciones presentadas en la Comisión; por la forma en que votó? Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo propuesto. Entonces, ¿qué se evalúa? ¿Se evalúa si el trabajo realizado por determinado parlamentario fue arduo para aprobar o para echar abajo una iniciativa? Las dos cosas son parte de nuestra función. Entonces, se les puede decir a los electores con cierta objetividad: "Miren, este parlamentario hizo una buena tarea y será bien evaluado, porque, desde su punto de vista, votó todos los proyectos en contra, si así ocurriera". La subjetividad empezaría a generar un problema en términos de la veracidad de la información que se entrega. Aquí algunos colegas han manifestado que realizan una cuenta pública. Es cierto; yo también la hago. La del período anterior me sirvió, además, de material de campaña. Pero fue más una cuestión comunicacional, informativa, de propaganda o publicidad que de cuenta. Y uno la presenta como tal. Así lo reconoció recién el propio Senador Prokurica . Porque, a lo mejor, eso es lo que a la gente le interesa. Entonces, ¿qué pone uno en la cuenta? Coloca algunos proyectos en los que tuvo una participación positiva que pueden ser interesante para la opinión pública de la región respectiva; coloca muchas fotos con organizaciones de diferentes ámbitos (de la minería, del turismo, de la pesca, de la agricultura, de lo que sea); coloca eventos o hitos de tipo político nacional o internacional en los cuales participó o le cupo alguna función. Pero una cuenta que realmente se precie de tal debe enfrentarse con la solemnidad que exige una reforma constitucional. Porque se trata de dejar establecida en la Carta Fundamental dicha obligación. En consecuencia, me parece que lo fundamental aquí es, primero, lo relativo a la cuenta institucional. Eso es lo que nosotros deberíamos fortalecer. Respecto de la rendición de la cuenta pública, en el artículo 56 bis propuesto se establece que en ella se deberá informar "del uso de los recursos públicos utilizados durante el período y de toda apreciación, juicio u opinión que contribuya al mejor desempeño institucional". La segunda parte de la cita es subjetividad total y absoluta. Somos 38 Senadores. Puede haber igual o mayor cantidad de opiniones completamente distintas, lo que nada tiene que ver con la cuenta institucional, ni menos con la individual. En cuanto a los recursos públicos, señora Presidenta , hemos avanzado en otorgar transparencia a fin de informar en qué se utilizan los fondos que recibe el Congreso Nacional para cumplir su función institucional y la de cada parlamentario. Además, hemos establecido un sistema objetivo, a cargo de un Consejo, que determina el monto de las asignaciones parlamentarias y define cómo se usan, cómo se gastan, cómo se transparentan, de qué manera se rinden, con qué objetivos se entregan, etcétera. Entonces, el asunto del uso de los recursos públicos está resuelto. ¿Qué cuenta voy a dar yo al respecto? La misma que entrega el Consejo, con sus auditorías internas, incluidos los gastos. A lo mejor, lo que se está pidiendo es informar los nombres de las personas en las que uno invierte esas platas para hacer asesorías. Pero esos antecedentes también se encuentran disponibles, y están respaldados por la institución, no por uno. ¿Qué otros recursos públicos usamos nosotros? Ninguno. ¡Ninguno! Solo las asignaciones, que están bajo un régimen claramente establecido, y que no decidimos nosotros, sino el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que es un ente autónomo para todos los efectos. ¡Absolutamente autónomo! Sus decisiones ni siquiera son discutidas por nosotros: se aplican tal como este organismo dispone. Tampoco recibimos recursos públicos de los municipios, de los gobiernos regionales, de los ministerios. ¡No tenemos nada de eso! Entonces, es complicado efectuar una cuenta por parlamentario. Y hay otro elemento. ¿Vamos a dar cuenta de nuestras gestiones? Pero si, desde el punto de vista constitucional, no podemos cumplir roles de representación de intereses o de grupos; no podemos ni debemos participar en negociaciones de organismos gremiales o laborales, y tampoco podemos hacer un lobby al revés, a pesar de que somos objeto de él. Sin embargo, una buena parte de la gestión de un senador o de un diputado en la región o en el distrito con sus electores o con los distintos grupos de interés tiene que ver con estas cosas. ¿Vamos a colocar en nuestras cuentas públicas las actividades de tipo social o gremial que hacemos en las regiones? Al final, uno en todo momento es parlamentario. No dejamos de serlo los viernes a las 5 de la tarde, por ejemplo, porque cumplimos el horario. ¡No! Porque en realidad no tenemos horario. Entonces, a mí me complican la subjetividad y la amplitud de la cuenta individual que se ha planteado. Se dice que una ley orgánica podrá regular esta materia. Pues bien, yo no creo que ese tipo de cosas puedan resolverse por esa vía. Al revés, estaríamos haciendo un daño mayor. Institucionalmente, es posible llevar a cabo varias medidas: entregar información; mejorarla; buscar mecanismos de relación con la comunidad; impulsar mayor transparencia; hacer participar más a la gente en el proceso legislativo. Tenemos muchas posibilidades de fomentar la educación cívica -es lo que más se requiere, tal como han sostenido acá varios señores Senadores-, toda vez que la gente desconoce en qué consiste la función legislativa. ¿Vamos a medir la calidad de nuestro funcionamiento por la cantidad de mociones que presentamos, cuando todos sabemos que muchas de ellas, sin patrocinio del Ejecutivo, no pueden tramitarse por ser inconstitucionales; o por el número de proyectos de acuerdos formulados; o por las veces que intervenimos en la hora de Incidentes? ¿Cómo se mide el trabajo y la eficiencia legislativa: viendo quién presenta más mociones, a sabiendas de que nunca se aprobará ninguna? También hay mociones que buscan levantar monumentos, lo cual no guarda relación con lo que le importa a la mayoría de la gente, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, con el proyecto que otorga el "bono marzo", enviado hoy día por la Presidenta Bachelet -lo conoceremos la próxima semana-, que sí beneficia directamente a millones de familias. ¡Ahí nuestra labor es fundamental! Como carecemos de iniciativa en esa materia, lo más probable es que solo nos quedará aprobar dicha propuesta. Y ese será nuestro aporte y nuestra contribución. En consecuencia, me parece que la subjetividad es el problema mayor para dar una cuenta individual. Con ello se podría caer en el abuso de la información o en la desinformación, que lleva a la propaganda, al panfleto o al hecho comunicacional sin una real consistencia. Esto, a la larga, hará perder credibilidad y confiabilidad al Senado y al Congreso, en general, que ya están bastante a maltraer en ese sentido. Gracias, señora Presidenta. La señora ALLENDE (Presidenta).- Finalmente, tiene la palabra el Senador señor Bianchi. El señor BIANCHI.- Señora Presidenta , en primer lugar, deseo que su gestión y la Mesa que usted encabeza, que nos honra a todos, sean tremendamente exitosas. En el fondo, eso también asegurará el éxito de las labores que tenemos por delante en los próximos años. Me estaba guardando para intervenir la próxima semana sobre este proyecto, pero cambié de opinión. La verdad es que, entendiendo el espíritu de los autores de la moción (Senadores señores Hernán Larraín , Zaldívar , Escalona y Novoa), comparto absolutamente el deseo de buscar mecanismos que nos permitan acercarnos a una ciudadanía que cada día nos ve más distantes. Por tanto, me parece que la idea esbozada en esta iniciativa no produce ningún perjuicio. Todo lo contrario. Sí recojo gran parte del discurso del colega que me antecedió en el uso de la palabra, Senador Pizarro, en el cual deja ver que, probablemente, habrá criterios que adolecen de mucha ambigüedad. Y eso es complejo. Me motivé a intervenir ahora para dar a conocer la posición que tomé en este ámbito frente al trabajo que me toca realizar en la región que represento. Creamos un espacio público en mi circunscripción que nos permite dar una cuenta pública mensual -lo denominamos "Es mi deber informar"- acerca de todo lo que ha sido nuestro accionar durante el mes de trabajo. El drama está en cómo hacer una cuenta pública que convoque a la mayoría de la región que uno representa. No es fácil. Tanto es así que yo me veo en la obligación de contratar los servicios de canales regionales -obviamente, ello implican un costo no menor- para buscar una manera de masificar dicha cuenta. Otra alternativa sería elaborar un díptico, un tríptico o un documento que se les parezca. Pero cuesta captar el interés de la ciudadanía en la función que nosotros pretendemos llevar adelante. Ahora, cuando se dice que el Senado y la Cámara de Diputados deben hacer una cuenta pública una vez al año, debo recordar que nuestra Corporación ha transparentado todo su accionar. ¡Todo su accionar! De hecho, fuimos los primeros en dar transparencia -bien lo indicó el Senador Pizarro- al uso de los recursos y a toda nuestra actividad senatorial. Cualquier persona que desee ver nuestros ingresos y gastos o saber qué personas trabajan con cada uno de nosotros, etcétera, tiene a su disposición esa información. Entonces, me parece que este proyecto de ley apunta a otra cosa: a permitir que la gente aprecie que ambas ramas del Parlamento, al contrario de lo que algunas personas piensan, llevan adelante una labor muy importante. Son muchas las iniciativas que debemos revisar; son muchas las intervenciones que realizamos. No tengo en mi poder la cifra exacta, pero el ejercicio del año pasado muestra que este Senado despachó ciento y tantos proyectos de ley. ¡Y cuesta que ese dato llegue a la gente! ¡No se conoce! ¡Pero es así: más de cien proyectos de ley fueron tramitados por este Senado! Comparado con la realidad de otras cámaras de diversos lugares del mundo, nuestra Corporación queda en un muy buen pie. Entonces, entregar una cuenta pública anual de la gestión que lleva a cabo, en nuestro caso, el Senado a mí me parece razonable. En alguna medida, ello nos permitirá hacer ver el trabajo que efectuamos, el cual muchas veces no corresponde a lo que se dice y que, en definitiva, reviste una productividad importante, en aras de sacar adelante las iniciativas legales que el país espera. La situación, sí, es un poco más dificultosa cuando se plantea que cada Senadora o Senador deberá rendir una cuenta pública, toda vez que ella debe ser masiva para que obviamente cumpla su objetivo. Y eso conlleva costos adicionales, tal como se los graficaba con mi experiencia personal. Ahora, mi reflexión final -no quiero quitar más minutos, señora Presidenta - es que este ejercicio termina siendo tremendamente sano, tremendamente productivo. El respeto a la labor que realizo como Senador, por lo menos en mi caso, en gran parte me lo he ganado haciendo una cuenta pública resumida todos los meses, a través de las instancias que señalé. Y eso hace que la gente conozca de primera fuente las funciones que uno cumple. Ahora bien, aquí se juntan lo social, las atenciones que uno realiza, las reuniones que sostiene con los personeros de los Ministerios, las mociones que ha presentado, los proyectos de ley y de acuerdo que, de una forma u otra, ha votado, etcétera. Entonces, hay mucho que informar. En tal sentido, respaldo la presente iniciativa. Es más, felicito que exista por parte de los señores Senadores que mencioné el interés de transparentar lo que más se pueda la función que llevamos adelante. Y, en esa línea, mi voto es favorable. Sí entiendo que las cuentas públicas individuales de las Senadoras y los Senadores se dificultan bastante. Y no deja de ser un tema adicional que, en definitiva, la gente posee el conocimiento. El Canal del Senado también permite transparentar nuestra participación. Por lo tanto, algo más que posibilite informar sobre nuestro accionar me parece positivo y termina haciendo que exista una mayor noción de la labor que llevamos adelante. He dicho. La señora ALLENDE (Presidenta).- Queda pendiente la discusión general del proyecto, la que continuará en las siguientes sesiones. "
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