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Nuestro país está atravesando un escenario de transición demográfica avanzada hacia el envejecimiento de su población. Según el informe "Chile envejece: impactos políticos y sociales de este fenómeno", de la investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios Gerontológicos de la Universidad de Chile, María Eugenia Morales, nuestro país actualmente tiene a una tasa de crecimiento demográfico inferior al 1% al año, dato que se obtiene como resultado de combinar las tasas actuales de natalidad y mortalidad. Como consecuencia de lo anterior, se ha producido un aumento sostenido de la población a nivel nacional de adultos mayores, lo cual supone un aumento del 45% de la población adulta mayor para el 2020. Sin ir más lejos, 13 de cada 100 chilenos son mayores de 60 años.
Como consecuencia de estos cambios demográficos, muchos países han creado estatutos especiales para este grupo etario, tendencia que se extiende ya por casi dos décadas en Europa, cuyos países ya han superado la etapa donde solo se asegura la satisfacción de las necesidades básicas, para pasar en las últimas décadas a la creación y materialización de políticas públicas concretas para este importante grupo de la población.
Nuestro país aún no ha emprendido suficientes medidas que atiendan a las necesidades de los adultos mayores desde una perspectiva integral. Al respecto, uno de los principales desafíos al que debe hacer frente nuestro país es la generación de políticas públicas de protección al adulto mayor, como respuesta al sinnúmero de situaciones en que ellos son actualmente discriminados. Su mayor fragilidad, la precariedad económica que muchas veces sufren y el abandono social y familiar, han hecho del adulto mayor un sujeto susceptible de ser discriminado en razón de su vejez, lo que lo ha situado en un especial estado de vulnerabilidad frente a situaciones de maltrato.
A nivel nacional, existen estudios que indican que uno de cada tres adultos mayores sufriría algún tipo de maltrato. Así, en el año 2005 se dieron a conocer tres estudios efectuados, en épocas distintas, en Renca, Valdivia, Concepción y Temuco, los que arrojaron que más del 30% de los adultos mayores encuestados habían sufrido algún tipo de maltrato (en su gran mayoría de carácter psicológico); cifras que, según los expertos, coincidirían con otras investigaciones llevadas a cabo en Argentina y Brasil. Asimismo, estos estudios revelaron que sobre el 60% de los adultos mayores no denuncia porque no puede o no sabe hacerlo, el maltrato no sería exclusivo de los adultos mayores dependientes; cruzaría todos los estratos socioeconómicos y sobre el 35% de los agresores serían mayoritariamente mujeres.
Estas preocupantes cifras han dado origen a la implementación de Oficinas de Protección de Derechos del Adulto Mayor (OPDAM), el cual consiste en un programa que busca promover los derechos de las personas mayores y desarrollar estrategias de prevención contra el maltrato a nivel comunal a través de una serie de acciones con enfoque comunitario y participativo, en pos de la promoción, difusión y protección de los derechos de las personas mayores articulando redes locales, con un enfoque integral y psicojurídico.
Hasta el momento, este programa se ha definido como un plan piloto que se ha implementado en solo dos comunas de nuestro país (San Antonio y Puente Alto), siendo necesario que se extienda en todo el territorio nacional, creando a lo menos una OPDAM en cada una de las regiones de nuestro país, con especial énfasis en aquellos territorios con mayor porcentaje de población adulto mayor y que tengan altos índices de denuncias de maltrato.
Aquello permitiría extender las estrategias de protección al adulto mayor que actualmente realiza el Programa de Buen Trato al Adulto Mayor del SENAMA y paliar las carencias con que cuenta actualmente dicho programa, el cual cuenta con sólo un profesional por cada región para atender los numerosos casos de maltrato de los que toman conocimiento constantemente.
Cabe hacer presente que esta iniciativa ha sido promovida por la Unión Comunal del Adulto Mayor de la comuna de Punta Arenas cuyo presidente, don Eleodoro Andrade, ha manifestado la necesidad de desarrollar espacios comunitarios de atención ambulatoria e integral destinados a contribuir en la generación de condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos de las personas mayores.
En consideración a lo precedentemente señalado y a que la propuesta requiere de recursos que deben estar asignados en la Ley de Presupuestos del próximo año, la cual es materia de iniciativa exclusiva de S.E. la Presidenta de la República, venimos en presentar el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que en la Ley de Presupuestos del próximo año considere los recursos necesarios para la creación de Oficinas de Protección de Derechos del Adulto Mayor (OPDAM) en cada una de las regiones de nuestro país, con especial énfasis en aquellos territorios con mayor porcentaje de población adulto mayor y que tengan altos índices de denuncias de maltrato.
(Fdo.): Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Manuel Antonio Matta Aragay, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.
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