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El señor HORVATH.-
Señora Presidenta , quiero partir por lo último que ha señalado mi antecesor en el uso de la palabra: por valorar el acuerdo alcanzado.
Ya se han entregado todos los argumentos, sobre todo en un área sensible como la económica, en la cual las reglas deben permanecer en el tiempo y no estar sometidas a cambios frecuentes, para que las inversiones a cualquier nivel (chico, mediano y grande, como plantea el proyecto) generen un círculo virtuoso en el país.
Pese a ello, presentamos una cantidad importante de indicaciones, y no solo en determinada línea. Unas eran para liberar o facilitar ciertas actividades convenientes, como las vinculadas a las energías renovables no convencionales; otras buscaban permitir que el Estado recaude más fondos sin afectar la actividad productiva.
En este último caso se encuentra una moción que pretende gravar los juegos en línea, que hoy no pagan ningún tributo. Por esta vía, se podría obtener un ingreso del orden de los 300 millones de dólares para el erario nacional. Tal asunto será mejor tratado como una iniciativa aparte.
Del mismo modo, quedó en evidencia que los impuestos relativos a las actividades vinculadas a los recursos naturales no son equitativos. Pongo un caso: con mucha dificultad nos tocó incorporar en la ley la licitación en un área como la pesquera. El 1 por ciento de determinadas pesquerías correspondientes a pequeñas y medianas industrias es capturado por los artesanales para consumo humano. Estuvieron dispuestos a pagar una cantidad muy superior a lo que actualmente cancela el resto de la industria por la pesquería en Chile.
Ahora, lo anterior se orienta en dos objetivos: hacer equitativo entre los distintos actores el pago de tributos respecto a los recursos naturales y apuntar en la dirección correcta de aumentar el consumo humano, lo cual agrega valor al producto. Con ello, al final todos ganan.
En cuanto a los impuestos verdes, es factible incrementar la recaudación. Hay un universo en este ámbito que no está incluido en la presente reforma tributaria. Sin embargo, igual valoro que el Gobierno se haya atrevido a innovar incorporando tales impuestos en nuestro país. Además, se planteó con la fineza de no afectar al consumidor. Hoy en día determinados sistemas eléctricos cobran por costo marginal; pues bien, la variación en dicho concepto ya no podrá ser aplicada al usuario final. Por tanto, en esta materia se ha trabajado en la línea correcta.
Un punto muy relevante de nuestras indicaciones es la norma que propone empoderar a las regiones y a las localidades.
En tal sentido, entendemos el mensaje equilibrador del acuerdo, pero también el hecho de que quedan dos etapas posteriores -porque no se puede efectuar todo simultáneamente-: por un lado, revisar lo relativo a las rentas municipales, donde se registran tremendas inequidades evidentes entre los municipios de Chile, como hemos sostenido antes, y por otro, esperar el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.
En esta instancia de jerarquía se está levantando la información pertinente a través del diálogo ciudadano. De esa manera, se busca que parte importante de los objetivos que persigue la reforma tributaria (ingresar en régimen 8.300 millones de dólares al año, de los cuales dos tercios van a educación; alrededor de 20 por ciento, a salud, y el resto, a programas sociales) se aplique desde la realidad de las regiones.
Vamos a entrar al análisis de algunos detalles, porque lo que interesa, simultáneamente con las señales que establece el acuerdo, es que se reactive la economía.
Y aquí hay necesidades claras.
Una de ellas se refiere a algo que hoy ya se plantea casi como una actividad profesional: la "permisología", esto es, la preponderancia de la burocracia con respecto a la realidad. Etimológicamente, "burocracia" significa que prima la oficina por sobre la realidad. Si vemos lo que sucede en el país, nos daremos cuenta de que la situación es verdaderamente asfixiante para las actividades, no solo económicas, sino también ciudadanas, culturales y ambientales.
Por ejemplo, se acaba de inaugurar Caserones , un proyecto minero con inversión japonesa en la región de mi vecino de banco Baldo Prokurica , y resulta que la empresa debió sortear 701 trámites distintos para que la iniciativa pudiese prosperar. La cantidad de años, esfuerzos e inversión que existe detrás prácticamente inhibe cualquier proyecto futuro.
En las direcciones de obras municipales, para aprobación, puede llegar a más de 100 trámites.
En el caso del cabotaje: 64 trámites con servicios distintos.
Una evaluación de impacto ambiental -producto de una razón que ya señalaré- puede llegar a recibir 2 mil a 3 mil observaciones, lo que genera un largo período de espera para un proyecto antes de que se le dé luz verde, amarilla o roja. En realidad, suele estar en un área gris permanente.
¡Para qué hablar de los proyectos hidroeléctricos pequeños! Uno de 10 o 40 megawatts que califique por una progresión lineal como energía renovable no convencional tiene las mismas exigencias que un megaproyecto. Por tanto, nosotros mismos nos estamos haciendo trampas en el Solitario por una herencia en la que la forma prima por sobre el fondo.
Cabe consignar también en esta materia, por ejemplo, los trámites en el Ministerio de Bienes Nacionales: para conseguir la concesión de un terreno fiscal, que claramente carece de otra opción, con el fin de instalar una central eólica o una solar, pueden pasar cinco o seis años.
Evidentemente, en el área en que uno se mueva, esta situación va frenando la actividad económica.
¡Pero tiene solución!
La fórmula es la participación de las comunidades con antelación y oportunidad, a través de mecanismos conocidos, como el ordenamiento territorial, la zonificación del borde costero y el manejo integrado de cuencas. Finalmente, gracias a esta estrategia, se obtienen reglas claras, con lo cual la "permisología" se reduce al mínimo posible.
Dos puntos más.
En verdad, la reactivación económica, como plantearon numerosos colegas, también puede ser hecha de forma contracíclica por el propio Estado. Para eso no hay que inhibirse. Este cuenta con capacidad para diseñar, emprender obras de construcción, hacer mantenciones, desarrollar laboratorios y realizar investigación.
Ese equilibrio lo tienen otros países. Nosotros hemos ido de un extremo a otro: se ha privatizado casi hasta el aire. En ese sentido, es factible efectuar iniciativas importantes, modificando los reglamentos, acelerando obras públicas, viviendas y todo lo que implique aplicación de los propios municipios.
No podemos estar sometidos a esta dicotomía entre lo privado y lo público. Y es posible armonizar eso a través de reglas del juego claras.
Además, en tales sectores hay todo un mundo que no queda representado: las organizaciones sociales, los voluntariados, las cooperativas, las juntas de vecinos. En Chile existen tantas agrupaciones sociales casi como habitantes. Ellos están realmente en un área gris y no son partícipes de la activación económica en plenas posibilidades, que es lo que nos motiva en esta discusión.
Por otra parte, presentamos indicaciones con relación a la región austral -esto también fue planteado-, y esperamos que el señor Ministro se manifieste al respecto en el marco del proyecto de reforma tributaria.
Me refiero a la realidad de las zonas extremas y, en particular, al caso de la Zona Franca de la Región de Aysén. Requerimos que se incluya lo relativo a los servicios y a los combustibles. De hecho, ese es un compromiso de Estado, adquirido en este Congreso Nacional. Nosotros aprobamos la iniciativa de ley en ese entendido, con el fin de que la medida opere a la brevedad y en justicia, de manera que la gente pueda descontar el IVA de su compra de combustible.
En cuanto a la provincia de Palena y a la Región de Aysén, queremos que se establezcan en cada comuna, de acuerdo a la actividad económica actual y potencial, zonas francas industriales para generar círculos virtuosos.
Termino haciendo un reconocimiento al trabajo que ha hecho la Comisión de Hacienda del Senado en forma transversal -en especial, con relación al Protocolo de Acuerdo-, el equipo del Ministro de Hacienda y el Gobierno, en general, para sacar adelante una reforma que dará estabilidad, lo cual permitirá retomar las confianzas para generar la actividad económica que nuestro país requiere.
Desde luego, votaré a favor.
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