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El señor GIRARDI.-
Señor Presidente , el problema de votar proyectos como el que analizamos -lo hemos reiterado en sesiones anteriores- es que uno no sabe qué interés está sirviendo. Porque, lamentablemente, no existe una estrategia de país, no hay una política de Estado, no está representado el interés público. Y lo que se halla detrás es una política que, por la vía de los hechos, representa solo los intereses de las empresas, dado que ellas toman todas las decisiones en función de cuál será la matriz, qué tipo de energía se desarrollará, dónde se va a producir. No hay ninguna política de Estado, ni siquiera para sugerir qué tecnología se utilizará, en qué lugar y en función de qué necesidades va a operar.
Por lo tanto, acá tenemos una política que tiende a la concentración del sector; que ha estado focalizada en producir la energía con los combustibles más contaminantes, con un aumento progresivo de la huella de carbono per cápita, la que luego se hallará entre las más altas de Latinoamérica y, finalmente, con precios altísimos, a pesar de que se usan las materias primas más baratas. Es decir, el nivel de rentabilidad que la industria eléctrica alcanza en Chile no se obtiene, seguramente, en ningún lugar del planeta.
Las tarifas más elevadas, la rentabilidad más alta, evidentemente constituyen un subsidio ambiental de parte de la sociedad chilena. En efecto, por cada megawatt producido hay un subsidio al carbón de cerca de 40 dólares. Eso hacemos: que la sociedad chilena le pague tal cantidad a la industria del carbón. Y así resulta imposible comparar una energía con otra, porque las energías limpias no contaminan y las otras no tienen internalizados los costos y las externalidades de la contaminación y del daño ambiental que se produce.
Ahora estamos analizando un proyecto de concesiones que, como no existe una política al respecto, no se halla confeccionado en función de un interés de país, sino que va a servir los mismos intereses económicos que hoy día han generado la concentración monopólica, los precios más altos de la energía y el poco desarrollo de las energías renovables.
Chile está considerado a nivel mundial como una de las naciones que tienen las principales reservas, capacidades y cualidades en materia de energías renovables.
Yo señalé la vez pasada que el estudio de Carlo Rubbia , que dirige el Instituto para el Avance de Estudios de Sostenibilidad de Potsdam , de investigación sobre energías renovables, dice que en un pedazo de nuestro desierto de 210 por 210 kilómetros se recibe la radiación de 15 terawatts, que es el equivalente al consumo planetario de energía en un año.
Pues bien, nosotros no tenemos ningún proyecto de desarrollo. ¿Por qué? Porque a las grandes empresas, a los monopolios no les interesa la competencia; no les interesa la incorporación de otros actores. Y finalmente lo que estamos haciendo en estas iniciativas es profundizar eso. Pero con la agravante de que se utiliza como subterfugio de que aquí habría una legislación ambiental que protegería el desarrollo de tales proyectos y de que no sería necesario establecer otro tipo de resguardo, por ejemplo, en materia de pueblos originarios, de Convenio 169, de áreas silvestres protegidas.
Lo que quiero decir es que la legislación ambiental en Chile se usa para cometer fraudes sistemáticos. Es una normativa hecha para que existan los fraudes; está hecha para que impere la decisión política sobre la resolución técnica; para blanquear proyectos que no se aprobarían en ninguna parte del planeta; para que los lobbys tengan expresión y los más poderosos puedan ganar. Y prueba de lo anterior es que los tribunales de justicia, reparando estos fraudes, han echado por tierra al menos tres proyectos en el último tiempo: uno, Pascua Lama ; dos, Punta Alcalde ; tres, Castilla , y todavía no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo.
Eso, en definitiva, no es bueno para el país ni para los empresarios, porque la institucionalidad ambiental está tan desprestigiada, tan cuestionada que no genera credibilidad. Y cada vez que ella aprueba algo, termina judicializado.
Los propios jueces están reparando los fraudes que se cometen al interior de la institucionalidad ambiental. Ocurrió en este Gobierno y en gobiernos anteriores. Yo, por lo menos, lo planteé en esta Administración y en las que la precedieron.
Por lo tanto, supeditar a esa norma el ser garante del buen desarrollo lo único que hace es perseverar y profundizar el fraude ambiental en este país, lleno de conflictos de intereses de sus autoridades, por la forma en que se hacen las cosas.
El que se acepte, por ejemplo, que la persona que ha provocado un daño ambiental deje una fianza, la cual le permite no detener el proyecto y seguir destruyendo el medio ambiente, me parece absolutamente vergonzoso.
El que se dé un mal uso al Convenio 169, que finalmente no tiene ningún sentido; o el que se precarice la protección de las áreas silvestres protegidas y los parques nacionales, sin una discusión de fondo, sin una política de desafectación por vía legal, a lo único que tiende es a dejar este tipo de materias en el territorio de la "ley de la selva", donde es el más fuerte el que gana y se impone.
Por lo tanto, evidentemente, este proyecto va a pasar a la historia como uno de los que poseen las mayores precariedades, ya que hizo absoluto abandono de los temas fundamentales por los que hemos venido luchando durante muchos años: la protección ambiental, la protección de las áreas silvestres protegidas, la protección de las comunidades.
¿Qué posibilidad tiene una comunidad pequeña de enfrentarse a los superpoderosos con esta normativa, que además es asimétrica, hecha como un traje a la medida para ellos? Los pequeños no van a poder defenderse. Las grandes empresas, los grandes actores disponen de recursos y de legiones de abogados. Para ellos no es un problema. Esta iniciativa lo que hace es menoscabar y aumentar la minusvalidez de aquellos que no tienen cómo defenderse.
Por eso, señor Presidente , voy a mantener mi posición de cuestionar este proyecto, porque creo que no está hecho a partir de un interés de país. Aquí nada nos indica que este conjunto de iniciativas vaya en función de desarrollar las energías renovables; de poner por delante el bien común; de que haya una política de Estado; de que dejen de primar los intereses de las empresas; de que finalmente no se defina en las oficinas de estas, sobre la base de sus intereses de corto plazo -que pueden ser legítimos para ellas, pero que no lo son para el país-, el tema más importante que tiene una sociedad. Las sociedades son sociedades energéticas y no al revés. No son las sociedades las que definen los modelos energéticos, son los modelos energéticos los que definen las sociedades.
Y esto se da con la agravante de que petróleo queda para muy pocos años más. Estamos terminando un ciclo de desarrollo, civilizatorio: el ciclo de la civilización del petróleo, de los hidrocarburos, de los fósiles. Y viene otra civilización en el siglo XXI, a la cual nosotros nos negamos con una ceguera profunda: la civilización de las energías limpias, democráticas, que son las que van a originar el mismo cisma que generó Internet respecto al teléfono. Las energías renovables van a provocar el mismo quiebre de transformación cultural y civilizatoria en sus opciones de generación distribuida, de Internet eléctrico, de todos estos procesos que vienen por delante pero que nosotros no ponemos como prioridad.
Es una paradoja que, encontrándose Chile en la frontera avanzada en muchos ámbitos de ciencia y tecnología, contando con los mayores recursos del planeta, esto no sea una prioridad. Y nosotros estamos siendo cómplices de ello. Este país tiene la mayor reserva del mundo en geotermia y, sin embargo, no cuenta ni siquiera con un piloto geotérmico. Un proyecto como DESERTEC, en el desierto del Sahara, que recibe 20 por ciento menos irradiación que el nuestro, va a instalar 2 mil megas para venderles energía a los europeos, y nosotros no somos capaces de hacer algo semejante, teniendo la demanda más intensa de energía con las mineras, que están pagando precios exorbitantes y que carecen de toda posibilidad de proyectar un precio estable hacia el futuro, ya que seguimos asociados al carbón, al petróleo y a los fósiles, más aún si se considera que la desalinización del agua que necesitan se va a lograr por energía.
A mí me parece un total contrasentido. Y yo reclamo que cuando discutamos instrumentos de política como estos, lo hagamos en función de una política de país. Hoy día no la hay. Y nadie me puede asegurar que esta normativa no se utilizará sino en función de garantizar los privilegios y las rentabilidades de los mismos de siempre.
Yo sé que el Ministro Bunster , aquí presente, ha hecho un esfuerzo, pero creo que él, en este Gobierno, es Toribio el Náufrago: tiene cero apoyo, no hay voluntad alguna de avanzar en una política de país acerca de un asunto que reviste mucha relevancia.
El tema más importante de Chile para el futuro es su desafío energético. Es el problema que nos va a afectar en materia de competitividad, de mejor democracia, de un desarrollo más horizontal y menos vertical, que va a cambiar la estructura productiva del país, y nosotros todavía no lo entendemos y seguimos aprobando proyectos que son ciegos y que son meros parches.
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