PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ELÉCTRICAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA El señor PIZARRO ( Presidente ).- Conforme a lo acordado por los Comités, corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, con urgencia de "discusión inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (8270-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013. En trámite de Comisión Mixta, sesión 41ª, en 17 de julio de 2013. Informes de Comisión: Minería y Energía: sesión 10ª, en 9 de abril de 2013. Minería y Energía (segundo): sesión 31ª, en 17 de junio de 2013. Mixta: sesión 47ª, en 13 de agosto de 2013. Discusión: Sesiones 18ª, en 30 de abril de 2013 (se aprueba en general); 34ª y 36ª, en 19 de junio y 2 de julio de 2013, respectivamente (queda pendiente la discusión particular); 38ª, en 3 de julio de 2013 (se aprueba en particular). El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LABBÉ ( Secretario General ).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo de la otra rama legislativa, en el tercer trámite constitucional, de las enmiendas recaídas en las siguientes normas del artículo único: letra b) del numeral 5); numeral 12); numerales 12 bis) y 12 ter), nuevos, y numeral 21). En lo fundamental, tales disposiciones versan sobre la oportunidad en que se hace la consulta a los pueblos originarios; la forma en que se salvaguardan las áreas protegidas; las personas que pueden formular observaciones u oposiciones, y el mecanismo de notificación y de entrega de posesión material del predio que soporta la servidumbre. La Comisión Mixta, como modo de resolver las discrepancias entre ambas Cámaras, propone aprobar los textos propuestos por el Senado para los numerales 5), letra b); 12); 12 bis); 12 ter), y 21) del artículo único, con una enmienda en el caso del número 12 ter). El órgano técnico adoptó este acuerdo con las siguientes mayorías: Respecto de los numerales 5), letra b), y 12 bis), con los votos afirmativos de los Senadores señores Frei, Orpis y Prokurica y de los Diputados señores Bertolino, Rojas y Vilches, y los votos en contra de los Senadores señores Gómez y Horvath y de los Diputados señores Núñez y Vallespín. En lo relativo al número 12), con los votos afirmativos de los Senadores señores Frei, Orpis y Prokurica y de los Diputados señores Bertolino, Rojas y Vilches; los votos en contra de los Senadores señores Gómez y Horvath y del Diputado señor Vallespín, y la abstención del Diputado señor Núñez. En lo referente a los números 12 ter) y 21), con los votos afirmativos de los Senadores señores Frei, Orpis y Prokurica y de los Diputados señores Bertolino, Núñez, Rojas, Vallespín y Vilches, y los votos en contra de los Senadores señores Gómez y Horvath. Cabe hacer presente que los artículos 31° bis y 34° bis -introducidos por los numerales 12) y 12 ter), respectivamente, al artículo único del proyecto-, que se contienen en la propuesta que formula la Comisión Mixta, revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 21 votos favorables. Finalmente, es dable informar que la Cámara de Diputados, en sesión de 13 agosto de 2013, aprobó la proposición del órgano técnico. En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran la propuesta de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse lo que plantea. El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión el informe de la Comisión Mixta. Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. El señor PROKURICA.- Señor Presidente, solo deseo informar de la forma más breve posible los resultados del trabajo de la Comisión Mixta, que estuvo integrada por los Diputados señores Bertolino, Núñez, Rojas, Vallespín y Vilches, y por los Senadores de la Comisión de Minería y Energía de nuestra Corporación. Los temas acerca de los que versaron las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados recaen en el artículo 22°, sobre áreas silvestres protegidas; en el inciso segundo del artículo 34°, referente al cumplimiento del Convenio N° 169 de la OIT, sobre pueblos originarios; en el artículo 34° bis), concerniente al alzamiento de medidas precautorias; y en el artículo 67°, tocante a la entrega de la posesión material del predio y al uso de la fuerza pública. En verdad, tales discrepancias se resolvieron a favor de lo que había aprobado el Senado en el segundo trámite, según se consagra en un acuerdo político alcanzado por diversos sectores, que acogió los cuatro puntos que expuse anteriormente. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente , Honorable Senado, tal como lo señaló el Senador Prokurica, la Comisión Mixta -posteriormente fue ratificado por la Cámara de Diputados- resolvió en forma mayoritaria a favor de la propuesta del Senado. La única disposición que se alejó del texto de la Cámara Alta dice relación con el numeral 12) ter, que agrega el artículo 34o bis, referido al alzamiento de las medidas precautorias. En su oportunidad, el Senado resolvió proceder al alzamiento de las medidas precautorias respecto de toda clase de juicios. En cambio, la Comisión Mixta acota su alzamiento únicamente a los juicios posesorios. En cuanto al artículo 31o bis, atinente al arbitraje, originalmente no se aprobó en la Cámara de Diputados solo por falta de quórum, no por diferencias en materia de contenido. Ahora se alcanzaron los votos, y se mantuvo estrictamente el mismo texto. Respecto de las notificaciones, se conserva íntegramente lo despachado por el Senado. Ahora bien, en lo relativo a los otros dos temas pendientes, hay diferencias. De hecho, creo que existe un acuerdo -el señor Ministro podrá dejarlo consignado- en orden a presentar un veto supresivo, concretamente acerca de las áreas silvestres protegidas y de la consulta indígena. ¿Cuáles son las divergencias con lo que propone la Comisión Mixta, que fue aprobado por mayoría? Tanto el texto de la Cámara Baja como el del Senado establecían que debían respetarse las normas en materia medioambiental, especialmente en lo referido a áreas silvestres protegidas. Pero la diferencia radicaba en que un grupo de señores parlamentarios sostenía que respecto de las áreas silvestres protegidas siempre debían buscarse trazados alternativos. Ahora, la mayoría de la Comisión Mixta establece que han de respetarse íntegramente todas las disposiciones regulatorias en materia medioambiental. El segundo tema hace referencia a la consulta indígena. Tal como lo señalé en la Comisión Mixta, la propuesta de la Cámara de Diputados estaba mal concebida. Porque establecía que la consulta indígena debía efectuarse en la concesión provisoria, en circunstancias de que esta última no es obligatoria, y de exigirse la consulta en esa etapa, que es de estudio, muy provisoria, todos se la iban a saltar. Nos parece que lo más recomendable es realizar la consulta cuando se cuente con todos los elementos necesarios para llevarla a cabo. Por eso estoy a favor de la propuesta del Senado -recuerdo una intervención del Senador Zaldívar en esta misma línea-, en el sentido de que la consulta debe efectuarse en el momento en que se dispone de todo lo requerido. ¿Y cuándo se da ello? En general, cuando está otorgada la concesión o se encuentra en el proceso del sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque para implementar un proyecto eléctrico se necesita una concesión, que da origen a una servidumbre, y poseer los permisos ambientales. Y lo lógico es realizar la consulta cuando se cuenta con todo eso, pues se tiene el trazado, se conocen las características del proyecto. De ahí que fuera pertinente la propuesta del Senado en orden a incorporar la materia en el artículo 34o, que consagra que antes de iniciarse la construcción debe efectuarse la consulta indígena. Por las razones expuestas, me parece acertada la proposición de la Comisión Mixta, porque el único cambio dice relación con acotar el alzamiento de las medidas precautorias a los juicios posesorios, que es la denominada "denuncia de obra nueva". En consecuencia, creo que el Senado debería pronunciarse a favor de lo propuesto, pues corresponde a lo que se aprobó por inmensa mayoría cuando se discutió el proyecto en el seno de esta Corporación. He dicho. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente , en materia de concesiones eléctricas, no cabe duda de que hay que asegurar que se definan en forma transparente menores plazos para las obras que resulten necesarias. Así, este proyecto, a diferencia de otras iniciativas, busca darle cierta preponderancia a las concesiones eléctricas para la transmisión de energía. Sin embargo, en las discusiones en las Salas del Senado y de la Cámara de Diputados, y en el seno de las Comisiones especializadas y de la Mixta, hubo temas en los cuales no se llegó a consenso, que se dirimieron por un acuerdo que finalmente fue respetado por las partes pero que no representa a la totalidad ni de esta rama legislativa ni de la otra. Se ha hecho mención a dos puntos en cuestión. Uno de ellos se refiere a la pertinencia de la consulta a los pueblos originarios, desde luego, a los afectados o potencialmente afectados por las líneas y las franjas de transmisión. Se votó favorablemente por mayoría de votos el texto del Senado, que a diferencia del de la Cámara de Diputados establecía que se haría la consulta indígena antes de comenzar la construcción, otorgada la concesión definitiva. Nosotros planteamos -está bien lo que se dice acerca de la manera, y así lo reconocieron los Diputados- que se pidiese realizar la consulta indígena antes de empezar los proyectos. Porque, ¿cuál es el objeto de ella? Poder influir en un trazado que no afecte tanto a los pueblos originarios o que definitivamente no los afecte. Pero del modo en que se redactó la disposición en la otra rama legislativa la consulta se establecía solo para la concesión provisoria y no la definitiva. Por lo tanto, era un tema que estaba en controversia y que debía ser resuelto. Se zanjó en la Comisión Mixta. Pero no se reunieron los votos suficientes en la Cámara de Diputados. Por ello, finalmente se optó, en un acuerdo con el Gobierno, por un veto supresivo. Es decir, en lo que a la consulta indígena se refiere, rige la norma general: es previa, de buena fe y se puede hacer como corresponde. Eso es lo que pretendemos. Y tampoco queda sujeta solo a un reglamento, porque ello no fue concordado. El segundo tema en controversia fue el de las áreas silvestres protegidas. La Cámara de Diputados planteó -así llegó el proyecto al Senado- que se tenían que considerar siempre, donde fuese posible, alternativas de trazado respecto a las áreas silvestres protegidas. ¿Cuál es el objeto de esto? Una vez más, encontrar con anticipación fórmulas para evitar pasar por ellas. Por ejemplo, podría darse el caso de un proyecto geotérmico en el centro de un volcán que cruzara por algunas de estas áreas. Por eso la redacción más feliz es "donde sea posible y previo acuerdo de las partes". No se alcanzó a un consenso que sustentara aquello en votos, porque la fórmula que propuso por mayoría el Senado establecía que se debían respetar las leyes, las normas y los tratados internacionales en materia ambiental. ¡Eso es obvio! Si se trata de leyes, de normas y de tratados, no hay que volverlos a declarar en una ley específica. Esta tiene que avanzar más allá. Por eso nos pareció bien la fórmula de la Cámara Baja. Sin embargo, no hubo acuerdo en tal sentido. Se pretendió dejarlo de manera genérica. Y tampoco hubo votos suficientes ahora en la Cámara de Diputados. En definitiva, también se optó por el veto supresivo. Es decir, no se avanza respecto a la posibilidad de que siempre deban estudiarse alternativas de trazado, lo cual nos parece inconveniente. Hay otras cuestiones pendientes. Una de ellas es la referida a la caución. Aquí ha sido mencionado el artículo 34o bis. Este dispone que "se suspenderán los efectos de dicha orden de paralización o suspensión de obras si el concesionario consigna en la cuenta corriente del tribunal caución suficiente para responder de la demolición de la obra o de la indemnización". Eso opera cuando es factible. Pero si alguien altera un área silvestre o un proyecto turístico, no se puede cautelar por la vía monetaria que se repongan las condiciones originales. Ese es el asunto de fondo. Y por eso no concordamos con tal fórmula. También ha quedado pendiente la situación de cómo los interesados, los afectados por las concesiones eléctricas y las franjas correspondientes pueden plantear observaciones u oposiciones. Esta ley en proyecto solo les da esa posibilidad a los propietarios de las franjas. Y habla de "otros interesados", pero se entiende que cumplen los requisitos que establecen los artículos de la normativa a que hace referencia. Por consiguiente, la iniciativa es tremendamente restrictiva, y eso no nos parece bien. De hecho, afecta varios derechos constitucionales de otros proyectos. Y he dicho a manera de ejemplo que, si una persona, o un grupo de personas, o una empresa, o una región llevan adelante determinado proyecto de carácter turístico, desde luego no da lo mismo que por el terreno vecino pase una línea de transmisión, ya que los turistas verán a través de las ventanas instalaciones eléctricas en vez del paisaje. Sin duda, ahí hay gente afectada. La presente iniciativa no resguarda aquello como corresponde. Por otra parte, la fórmula de notificación -se desprende de su sola lectura- establece algo que es impresentable: "Sin perjuicio de la existencia de cualquier reclamación pendiente, sea del concesionario o del dueño del predio, la exhibición del comprobante de pago" otorga la posibilidad de que el juez respectivo ordene la posesión material de los terrenos. Y en ciertos casos se permite hacer la notificación dejando el papel en el predio, y se puede pedir descerrajamiento y uso de la fuerza pública. A nuestro juicio, eso no corresponde. En esta materia se debe aplicar la norma general. Por las razones expuestas, y como los informes de las Comisiones Mixtas no se pueden votar por separado, voto en contra y manifiesto, desde luego, que en lo relativo a garantías constitucionales haré los requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Frei. El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, me voy a referir solamente a los dos puntos centrales de la controversia. En el caso de la consulta indígena previa a la entrega de la concesión, el establecimiento de esa obligación va a desnaturalizar el Convenio N° 169 de la OIT, que es ley en Chile y obliga al Estado a consultar las medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas interesados. La jurisprudencia de nuestros tribunales ha señalado que los procedimientos concesionales no producen afectación directa, ya que la sola concesión no permite la ejecución de obras, las cuales, en definitiva, sí ocasionan aquella. La medida administrativa habilitante para desarrollar las obras es la resolución de calificación ambiental y por eso las cortes exigen que, previo a su otorgamiento, la administración realice la debida consulta. Afirmar que la consulta indígena es necesaria antes de la concesión evidencia confusión conceptual. Eso es lo que cabe decir en cuanto a este tema. Luego voy a explicar por qué creo que se ha cometido un gran error al llegar a este acuerdo para aprobar el informe de la Comisión Mixta en la Cámara de Diputados. Acerca de la obligación de buscar trazados alternativos en las áreas protegidas, la legislación vigente, incluyendo la Convención de Washington, impide desarrollar proyectos, obligando eventualmente a buscar trazados alternativos cuando las obras son incompatibles con los objetivos y el uso racional de los recursos naturales de parques nacionales y otras áreas protegidas, por lo que carece de sentido establecer una obligación como la propuesta. ¿Qué quiero decir con lo anterior, señor Presidente? El proyecto enviado por el Gobierno sobre concesiones eléctricas no incluía el tratamiento que se le dio al Convenio de la OIT en la iniciativa y en el acuerdo político: que la consulta indígena se haga una vez otorgada la concesión, cuando se sepa la ubicación de la obra y sus características. Y en ese momento se podrán cambiar los trazados. Ahora me referiré a las áreas protegidas. ¿Qué va a suceder, en definitiva? En la discusión que sostuvimos acá y en la negociación con el Gobierno procuramos que dichas materias quedaran incorporadas en la iniciativa. Era primera vez que en una legislación sectorial se incluía el Convenio de la OIT. ¿Qué se ha logrado con esto? El Gobierno aprueba en la Cámara Baja el informe de la Comisión Mixta y promete un veto supresivo. Como lógicamente no vamos a alcanzar en alguna de las dos ramas legislativas los dos tercios, el veto se va a aprobar. Por lo tanto, los dos artículos van a quedar fuera de la normativa. O sea, consiguieron el objetivo. Lo que habíamos logrado en un acuerdo político con el Gobierno: que por primera vez se incluyera el Convenio 169 y un artículo distinto para las áreas protegidas, lo borran con el sistema del veto. Y yo le pido al Ministro , lógicamente que no lo hará, que suscribamos un acuerdo aquí, en el sentido de que no queremos el veto. Eso sería lo lógico. Así como la Cámara lo pretende; nosotros, no. Porque deseamos que estos ítems queden incluidos en el proyecto. Gracias a esta maniobra quedarán afuera. ¿Y qué va a hacer el Gobierno -y lo ha dicho el Ministro -?: acoger el proyecto original y no el acuerdo político alcanzado. Es decir, vamos a retroceder al punto inicial, a cuando la iniciativa llegó aquí, al Congreso, antes del acuerdo que firmamos con el Ejecutivo para incluir tales materias, como nunca se había hecho. Se consiguió el objetivo. Eso es lo que lograron. En definitiva, tenemos un proyecto más malo para los pueblos originarios y para las áreas silvestres protegidas. Al final, eso es lo que se ha logrado: un retroceso con respecto al acuerdo político a que habíamos llegado para sacar una muy buena normativa. Y lo reitero de nuevo: por primera vez se iba a incluir el Convenio de la OIT en una ley sectorial. Ahora, con este sistema, quedó afuera. Y en el caso de las áreas silvestres, se aplica la ley general. Por lo tanto, ello representa un retroceso claro con respecto al objetivo que habíamos alcanzado. Yo lo siento, porque habíamos logrado un buen acuerdo político y un proyecto mucho mejor. Con esto volvemos a la iniciativa original del Gobierno. Y ello significa que no hemos avanzado nada en la materia. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi. El señor GIRARDI.- Señor Presidente , el problema de votar proyectos como el que analizamos -lo hemos reiterado en sesiones anteriores- es que uno no sabe qué interés está sirviendo. Porque, lamentablemente, no existe una estrategia de país, no hay una política de Estado, no está representado el interés público. Y lo que se halla detrás es una política que, por la vía de los hechos, representa solo los intereses de las empresas, dado que ellas toman todas las decisiones en función de cuál será la matriz, qué tipo de energía se desarrollará, dónde se va a producir. No hay ninguna política de Estado, ni siquiera para sugerir qué tecnología se utilizará, en qué lugar y en función de qué necesidades va a operar. Por lo tanto, acá tenemos una política que tiende a la concentración del sector; que ha estado focalizada en producir la energía con los combustibles más contaminantes, con un aumento progresivo de la huella de carbono per cápita, la que luego se hallará entre las más altas de Latinoamérica y, finalmente, con precios altísimos, a pesar de que se usan las materias primas más baratas. Es decir, el nivel de rentabilidad que la industria eléctrica alcanza en Chile no se obtiene, seguramente, en ningún lugar del planeta. Las tarifas más elevadas, la rentabilidad más alta, evidentemente constituyen un subsidio ambiental de parte de la sociedad chilena. En efecto, por cada megawatt producido hay un subsidio al carbón de cerca de 40 dólares. Eso hacemos: que la sociedad chilena le pague tal cantidad a la industria del carbón. Y así resulta imposible comparar una energía con otra, porque las energías limpias no contaminan y las otras no tienen internalizados los costos y las externalidades de la contaminación y del daño ambiental que se produce. Ahora estamos analizando un proyecto de concesiones que, como no existe una política al respecto, no se halla confeccionado en función de un interés de país, sino que va a servir los mismos intereses económicos que hoy día han generado la concentración monopólica, los precios más altos de la energía y el poco desarrollo de las energías renovables. Chile está considerado a nivel mundial como una de las naciones que tienen las principales reservas, capacidades y cualidades en materia de energías renovables. Yo señalé la vez pasada que el estudio de Carlo Rubbia , que dirige el Instituto para el Avance de Estudios de Sostenibilidad de Potsdam , de investigación sobre energías renovables, dice que en un pedazo de nuestro desierto de 210 por 210 kilómetros se recibe la radiación de 15 terawatts, que es el equivalente al consumo planetario de energía en un año. Pues bien, nosotros no tenemos ningún proyecto de desarrollo. ¿Por qué? Porque a las grandes empresas, a los monopolios no les interesa la competencia; no les interesa la incorporación de otros actores. Y finalmente lo que estamos haciendo en estas iniciativas es profundizar eso. Pero con la agravante de que se utiliza como subterfugio de que aquí habría una legislación ambiental que protegería el desarrollo de tales proyectos y de que no sería necesario establecer otro tipo de resguardo, por ejemplo, en materia de pueblos originarios, de Convenio 169, de áreas silvestres protegidas. Lo que quiero decir es que la legislación ambiental en Chile se usa para cometer fraudes sistemáticos. Es una normativa hecha para que existan los fraudes; está hecha para que impere la decisión política sobre la resolución técnica; para blanquear proyectos que no se aprobarían en ninguna parte del planeta; para que los lobbys tengan expresión y los más poderosos puedan ganar. Y prueba de lo anterior es que los tribunales de justicia, reparando estos fraudes, han echado por tierra al menos tres proyectos en el último tiempo: uno, Pascua Lama ; dos, Punta Alcalde ; tres, Castilla , y todavía no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Eso, en definitiva, no es bueno para el país ni para los empresarios, porque la institucionalidad ambiental está tan desprestigiada, tan cuestionada que no genera credibilidad. Y cada vez que ella aprueba algo, termina judicializado. Los propios jueces están reparando los fraudes que se cometen al interior de la institucionalidad ambiental. Ocurrió en este Gobierno y en gobiernos anteriores. Yo, por lo menos, lo planteé en esta Administración y en las que la precedieron. Por lo tanto, supeditar a esa norma el ser garante del buen desarrollo lo único que hace es perseverar y profundizar el fraude ambiental en este país, lleno de conflictos de intereses de sus autoridades, por la forma en que se hacen las cosas. El que se acepte, por ejemplo, que la persona que ha provocado un daño ambiental deje una fianza, la cual le permite no detener el proyecto y seguir destruyendo el medio ambiente, me parece absolutamente vergonzoso. El que se dé un mal uso al Convenio 169, que finalmente no tiene ningún sentido; o el que se precarice la protección de las áreas silvestres protegidas y los parques nacionales, sin una discusión de fondo, sin una política de desafectación por vía legal, a lo único que tiende es a dejar este tipo de materias en el territorio de la "ley de la selva", donde es el más fuerte el que gana y se impone. Por lo tanto, evidentemente, este proyecto va a pasar a la historia como uno de los que poseen las mayores precariedades, ya que hizo absoluto abandono de los temas fundamentales por los que hemos venido luchando durante muchos años: la protección ambiental, la protección de las áreas silvestres protegidas, la protección de las comunidades. ¿Qué posibilidad tiene una comunidad pequeña de enfrentarse a los superpoderosos con esta normativa, que además es asimétrica, hecha como un traje a la medida para ellos? Los pequeños no van a poder defenderse. Las grandes empresas, los grandes actores disponen de recursos y de legiones de abogados. Para ellos no es un problema. Esta iniciativa lo que hace es menoscabar y aumentar la minusvalidez de aquellos que no tienen cómo defenderse. Por eso, señor Presidente , voy a mantener mi posición de cuestionar este proyecto, porque creo que no está hecho a partir de un interés de país. Aquí nada nos indica que este conjunto de iniciativas vaya en función de desarrollar las energías renovables; de poner por delante el bien común; de que haya una política de Estado; de que dejen de primar los intereses de las empresas; de que finalmente no se defina en las oficinas de estas, sobre la base de sus intereses de corto plazo -que pueden ser legítimos para ellas, pero que no lo son para el país-, el tema más importante que tiene una sociedad. Las sociedades son sociedades energéticas y no al revés. No son las sociedades las que definen los modelos energéticos, son los modelos energéticos los que definen las sociedades. Y esto se da con la agravante de que petróleo queda para muy pocos años más. Estamos terminando un ciclo de desarrollo, civilizatorio: el ciclo de la civilización del petróleo, de los hidrocarburos, de los fósiles. Y viene otra civilización en el siglo XXI, a la cual nosotros nos negamos con una ceguera profunda: la civilización de las energías limpias, democráticas, que son las que van a originar el mismo cisma que generó Internet respecto al teléfono. Las energías renovables van a provocar el mismo quiebre de transformación cultural y civilizatoria en sus opciones de generación distribuida, de Internet eléctrico, de todos estos procesos que vienen por delante pero que nosotros no ponemos como prioridad. Es una paradoja que, encontrándose Chile en la frontera avanzada en muchos ámbitos de ciencia y tecnología, contando con los mayores recursos del planeta, esto no sea una prioridad. Y nosotros estamos siendo cómplices de ello. Este país tiene la mayor reserva del mundo en geotermia y, sin embargo, no cuenta ni siquiera con un piloto geotérmico. Un proyecto como DESERTEC, en el desierto del Sahara, que recibe 20 por ciento menos irradiación que el nuestro, va a instalar 2 mil megas para venderles energía a los europeos, y nosotros no somos capaces de hacer algo semejante, teniendo la demanda más intensa de energía con las mineras, que están pagando precios exorbitantes y que carecen de toda posibilidad de proyectar un precio estable hacia el futuro, ya que seguimos asociados al carbón, al petróleo y a los fósiles, más aún si se considera que la desalinización del agua que necesitan se va a lograr por energía. A mí me parece un total contrasentido. Y yo reclamo que cuando discutamos instrumentos de política como estos, lo hagamos en función de una política de país. Hoy día no la hay. Y nadie me puede asegurar que esta normativa no se utilizará sino en función de garantizar los privilegios y las rentabilidades de los mismos de siempre. Yo sé que el Ministro Bunster , aquí presente, ha hecho un esfuerzo, pero creo que él, en este Gobierno, es Toribio el Náufrago: tiene cero apoyo, no hay voluntad alguna de avanzar en una política de país acerca de un asunto que reviste mucha relevancia. El tema más importante de Chile para el futuro es su desafío energético. Es el problema que nos va a afectar en materia de competitividad, de mejor democracia, de un desarrollo más horizontal y menos vertical, que va a cambiar la estructura productiva del país, y nosotros todavía no lo entendemos y seguimos aprobando proyectos que son ciegos y que son meros parches. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , más que nada intervengo para manifestar mi acuerdo con lo que ha señalado el Senador Eduardo Frei acerca del proyecto en debate. Creo que el veto supresivo que se le ha solicitado al Ejecutivo respecto de las dos disposiciones mencionadas es un retroceso. El texto legal que despachamos en el Senado era de adecuado contenido y buena calidad. En las conversaciones con el Ejecutivo habíamos logrado dos avances: Uno, precisar lo relativo a las áreas silvestres protegidas del Estado, que estaban contempladas en el artículo 19° de la ley vigente, estableciéndolo expresamente. Vamos a tener que volver a la norma genérica que había antes, que solo se refería a las disposiciones relativas al medio ambiente. Y dos, en cuanto al Convenio 169, habíamos logrado por primera vez en la legislación establecer los mecanismos para poder hacer aplicable ese instrumento internacional. Con defectos o sin ellos, era la primera vez. Entonces, si a mí me preguntara el Ministro sobre la posibilidad de liberarlo del compromiso que tiene con la Cámara de Diputados, yo le diría que estoy disponible para firmar un acuerdo con él a fin de que no mande el famoso veto supresivo, porque, en vez de mejorar la iniciativa que hemos aprobado, la va deteriorar. Por esas razones, voy a votar a favor, pero haciendo mención expresa de que, en mi opinión, el acuerdo a que se llegó en la Cámara de Diputados no mejora las disposiciones legales en el sentido que habíamos pedido, esto es, tanto respecto de la protección de las áreas silvestres protegidas del Estado como del Convenio 169. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor BUNSTER ( Ministro de Energía ).- Muchas gracias, señor Presidente . Me gustaría hacerme cargo de los planteamientos que se han formulado con relación al acuerdo que se tomó en la Cámara respecto del informe de la Comisión Mixta. La Comisión Mixta analizó cinco artículos. En tres de ellos se produjo un consenso bastante amplio y en dos, una diferencia. Y cuando llegamos a la votación en la Sala nos encontramos con la probabilidad muy alta de que se rechazara el informe, en circunstancias de que en tres artículos había un buen acuerdo. No fue posible votar por separado y, por lo tanto, enfrentados a la realidad de tener que votar en bloque, empezamos a estudiar mecanismos para poder salvar los artículos en los que habíamos llegado a un consenso positivo. En esas circunstancias, se llegó a este acuerdo con las bancadas de la Democracia Cristiana, del PPD, de los Socialistas, en fin, accediendo a una petición de ellas. Ahora, el acuerdo político que habíamos suscrito en el Senado continúa estando vigente y sigue siendo perfectamente aceptable para el Gobierno. Como Gobierno, coincido en que lo que se había acordado aquí constituía un paso importante para dejar establecida en una ley sectorial una mención a esos temas sensibles en la sociedad actual. Lo que hicimos fue idear un mecanismo para lograr avanzar en la tramitación de un proyecto que ha tomado mucho tiempo y que es importante que el país resuelva a la brevedad, para despejar, de esa manera, las inversiones eléctricas que son tan necesarias. Eso es todo, señor Presidente. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente , por su intermedio, le pido disculpas al Ministro , pues no escuché la parte inicial de su intervención. Mi pregunta, bastante específica, se refiere a si el titular de Energía dio su anuencia al arreglo a que se llegó en la Cámara Baja. Es lo único que me interesa saber, porque la respuesta va a determinar la forma en que votaré. Porque aquí hubo un acuerdo. Entonces, como el Gobierno es uno -dicen-, quiero que entienda que mi única inclinación hoy es rechazar el informe de la Comisión Mixta por cuanto no se consideró lo que hemos pedido muchos: compatibilizar dos bienes. Todos deseamos el desarrollo energético, que el trámite sea menos burocrático, que se realicen las inversiones. Entiendo que parte de la duda que existe en torno a esta normativa dice relación a la confusión que existe entre ella y el proyecto de la carretera eléctrica y su impacto sobre HidroAysén. Ese es otro debate. Y sé que esta iniciativa no tiene que ver con eso. Sin embargo, está el problema de qué hacer con ciertos territorios que deberían recibir un tratamiento particular: las zonas indígenas y las áreas silvestres protegidas. Teníamos un principio de entendimiento. Una tercera cuestión, que se planteó desde el inicio, se vincula con quiénes pueden interesarse en formular reclamos. Entendemos que ese asunto quedó relativamente bien zanjado. Y pensábamos que en la solución de los otros dos temas también se avanzaba de manera correcta. En el trámite anterior algunos votamos negativamente por nuestra desconfianza. Nos pronunciamos en contra -quiero decirlo, y que me disculpe el Ministro , por su intermedio, señor Presidente - porque no le creíamos al Gobierno. Lo dijimos sin ningún ánimo de ofensa personal en lo más mínimo: teníamos desconfianza en cómo se iba a abordar este debate. Solo pretendo saber si este es un problema de que el Ministro Larroulet llegó a un acuerdo en la Cámara o qué. Pero algunos nos sentimos tremendamente sorprendidos por lo que ha ocurrido. Hubo un acuerdo inicial en el Senado. Sin embargo, no pasaron más de dos semanas y se borró con el codo lo que se había planteado. De ahí la duda, señor Presidente. He dicho. El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, les sugiero que abramos la votación y se fundamente el voto. Con ello, en realidad, van a ganar minutos,¿ El señor GÓMEZ.- Pero con el mismo tiempo, señor Presidente . El señor PIZARRO (Presidente).-¿ porque estábamos dando tres y en el fundamento de voto corresponden cinco. Acordado. En votación el informe de la Comisión Mixta. --(Durante la votación). El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra para fundar el voto el Senador señor Orpis. )-------------( El señor PIZARRO ( Presidente ).- Antes de que inicie su intervención Su Señoría, solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Zaldívar asuma como Presidente accidental . Así se acuerda. --Pasa a presidir la sesión el Senador señor Zaldívar, en calidad de Presidente accidental. )----------( El señor ORPIS.- Señor Presidente , Honorable Senado, en mi primer discurso me referí, básicamente, al contenido de los artículos, a las diferencias surgidas con la Cámara Baja y a cómo las había resuelto la Comisión Mixta. Ahora voy a formular apreciaciones de carácter más bien político. Esta iniciativa resulta fundamental para el desarrollo energético nacional. El país tiene un serio problema en materia de energía; los proyectos se han atrasado; estamos pagando un tremendo costo en el aspecto energético. Y, por lo tanto, el proyecto de ley de concesiones es fundamental para desentrampar una serie de iniciativas que se están desarrollando en nuestro territorio. Durante el debate anterior en la Sala, yo mostré cómo proyectos que deberían demorarse 200 o 300 días tardaban más de mil en llevarse a cabo. Demostré cómo el mayor retardo, de alrededor de 257 días, se daba en la toma de posesión material del bien. Por consiguiente, este proyecto parecía indispensable. Y por eso se llegó a un acuerdo político, que fue respetado íntegramente en el Senado. En esta Corporación se incorporaron dos normas relevantes, a mi juicio, que no se hallaban en nuestra legislación sectorial: una referida a la consulta indígena y la otra al carácter ambiental. Y su aprobación registró una amplia mayoría. Al final, me cuesta entender que se diga que hemos hecho algo desequilibrado, en circunstancias de que todos los Senadores, particularmente quienes suscribimos el acuerdo, condicionamos el proyecto de ley de concesiones a la aprobación del relativo a energías renovables no convencionales, que pretende contar con un 20 por ciento de energías de ese tipo al año 2025. Entonces, quienes sostienen que nuestra mirada al problema energético resulta del todo desequilibrada están profundamente equivocados, porque aquí se alcanzó de manera transversal un acuerdo por completo armónico. A continuación voy a tratar de despejar dos o tres asuntos planteados en el curso del debate. Primero se manifestó que solo los propietarios pueden oponerse. ¡Falso! No es así. Pueden hacerlo. Y basta leer el texto del proyecto, que habla de "los propietarios u otros interesados". ¿Cuál es el problema que planteó la Comisión y el Senado? Que no estaba definido quiénes eran los "otros interesados". ¿Qué se hizo en esta Corporación? Aclarar, diciendo que "se entenderá por interesados a aquellos señalados en el numeral 2 del artículo 21 de la ley N° 19.880", ley de procedimiento de carácter administrativo. De lo contrario, sería cualquiera. De tal manera que no solo los propietarios pueden oponerse a una concesión definitiva. Después se hizo referencia al alzamiento de las medidas precautorias, en caso de paralización o suspensión, mediante la consignación de determinada cantidad. En tal hipótesis, el propietario se puede oponer, puede objetar el monto de la indemnización. Existe todo un procedimiento establecido en las normas generales. Si un juez decreta una suspensión o paralización y fija un monto para indemnizar, las partes perfectamente pueden oponerse mediante el procedimiento que señala la ley. De modo que no estamos haciendo nada distinto a lo dispuesto en las normas generales del Derecho en materia indemnizatoria. En cuanto a la toma de posesión material del bien, ya ha terminado todo el proceso concesional y en muchos casos ya se le ha pagado a la persona a la cual se le va a imponer la servidumbre, quien igualmente puede oponerse. Pero, si lo hace en el extremo, cuando se va a desarrollar la obra, que tiene servidumbre, que se ha pagado, simplemente por oponerse, aquella no podrá ejecutarse. Y si no hay ningún ocupante, ¿qué se puede hacer con el desarrollo de la obra? Pues bien, en tales circunstancias se actuará, en general, usando los procedimientos normales del ámbito judicial. En casos extremos se le pedirá al juez el auxilio de la fuerza pública. Pero se trata de un procedimiento completamente normal cuando ocurren situaciones en que se impone determinado derecho. En consecuencia, señor Presidente , considero que este proyecto constituye un avance extraordinario en materia energética, que hemos condicionado, para que sea equilibrado, al tema de las energías renovables no convencionales, y que por primera vez en nuestra legislación incorpora la consulta indígena y el problema medioambiental. Por eso, este gran acuerdo, suscrito transversalmente en esta Corporación, resulta del todo equilibrado y va a significar un avance muy importante en el campo energético. Por lo tanto, llamo a respetar dicho acuerdo político, porque el texto propuesto por la Comisión Mixta es prácticamente el mismo que el despachado por la Cámara Alta, con una pequeña modificación. He dicho. El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez. El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , las diversas intervenciones que se han efectuado llevarán a la opinión pública, que escucha estos debates, a confundirse. Hemos planteado varias diferencias con este articulado. La primera de ellas tiene que ver con la consulta indígena. Aquí se dijo que era un gran avance establecer en este proyecto de ley la obligatoriedad de que ella se realice. Al respecto, quiero aclarar que no es posible saltarse ese procedimiento porque está incorporado en nuestro ordenamiento constitucional, pues forma parte de un convenio que fue aprobado por nuestro país. Por lo tanto, no se trata de un acto dadivoso, ya que hacer la consulta es una obligación que le compete al Estado de Chile. La diferencia radica -y aquí es donde nosotros pusimos el acento- en que dicha consulta estaba planteada para un momento determinado, lo que nos parecía que vulneraba ciertos derechos, por cuanto se hacía cuando ya se había entregado la concesión. Esto significaba que, una vez otorgada esta última, habiéndose cumplido con todos los trámites, la consulta recién se llevaba a cabo, vale decir, en la etapa previa al inicio de la construcción. ¿Cuál fue nuestra opinión, que seguimos manteniendo? Que lo razonable y relevante -como el Convenio 169 establece la obligación de efectuar la consulta, sin que su resultado sea vinculante y, por consiguiente, rige el principio de la buena fe- era que ella se realizara con anterioridad a la entrega de la concesión. Y ahí se centró el punto. Nosotros insistimos en que el otro criterio implicaba una mala decisión. Además, se disponía en el correspondiente artículo que la consulta se iba a practicar por una sola vez. ¿Por qué debatimos esto? Porque es posible que durante el proceso de discusión cambien las circunstancias. Y el convenio no puede quedar limitado por una ley que diga: "Mire, la consulta la vamos a hacer de tal o cual modo". De ahí que la forma en que se dejó establecida nos pareció equivocada, y por eso rechazamos el precepto pertinente. Y creemos que la solución de la Comisión Mixta es aún peor. El segundo aspecto decía relación con las áreas silvestres protegidas. Y este punto sí que era importante porque se señalaba que cuando se cruzara o se pretendiera llegar a un área silvestre protegida debía buscarse un camino alternativo. ¿Y qué señala el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental acerca del concepto de área protegida? Que se entenderá por tal "cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental". ¿Qué mejores condiciones hay para que tal definición y esas ideas queden protegidas en esta ley? Ahora bien, como consecuencia de esa definición, para que un área protegida pueda ser considerada como tal debe cumplir con los siguientes tres requisitos fundamentales: a) El área debe haber sido creada mediante un acto formal por parte de una autoridad que posea facultades legales para tal efecto. b) El objetivo de la creación del área tiene que obedecer a razones ambientales, y c) El área debe comprender un territorio geográficamente delimitado. Por eso que el tema de las áreas protegidas era tan relevante, para que se protegiera de verdad algo que correspondía a un acto de la autoridad destinado a resguardar el medio ambiente. ¿Y cuáles son estas categorías, tan "terribles" y tan "tremendas", que la propia autoridad ha definido como tales y que nosotros queríamos proteger muy fuertemente en este proyecto de ley? Son reservas nacionales, parques nacionales, reservas de regiones vírgenes, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, reservas forestales, monumentos históricos, zonas típicas, zonas de conservación histórica, humedales, acuíferos, áreas marinas y costeras protegidas. Alguien dijo que eran poco menos que el 90 por ciento del territorio. El señor NOVOA .- Probablemente. El señor GÓMEZ.- La verdad es que si la autoridad había definido que dichas áreas debían estar protegidas, nosotros entendíamos que eso debía quedar claramente establecido en una ley que pretendía saltárselas. Por eso que, en esa línea, decidimos votar en contra, puesto que la norma respectiva, tal como estaba redactada, no protegía las áreas como nosotros esperábamos. Y el tercer punto, también relevante para nosotros, se refería a quién podía presentar reclamos y el uso de la fuerza pública. ¡Pero miren como está redactado el artículo 67! Y lo voy a leer porque aquí se afirma que no es así. Dice: "Sin perjuicio de la existencia de cualquier reclamación pendiente, sea del concesionario o del dueño del predio, la exhibición del comprobante de pago o de la consignación del valor fijado por la comisión tasadora servirá al concesionario para obtener del Juez de Letras respectivo que lo ponga, sin más trámite, en posesión material de los terrenos". ¡Por favor! Los derechos que acá se ha dicho que están plenamente garantizados y defendidos para quien presente un reclamo se hallan establecidos de esa manera. Además, se consagra una forma de notificación para ciertos lugares. El artículo 44, relativo a esta notificación, establece una serie de condiciones. Y aquí se están consagrando condiciones especiales de notificación. Por eso, creemos que, en el fondo, la normativa no cumple con los objetivos que al menos con el Senador Horvath nos propusimos en la discusión. Y por eso hemos sostenido que, en lo concerniente a esas áreas, no se protege debidamente a los pueblos originarios, ni a las áreas silvestres, y que tampoco existe plena garantía para la defensa de los pequeños propietarios, quienes tendrán dificultades al enfrentarse con grandes empresas. Por todo lo anterior, señor Presidente, somos contrarios a las disposiciones aludidas. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente , yo voté en contra de la idea de legislar de este proyecto de concesiones porque no se daba cumplimiento previo al Convenio 169 de la OIT, sobre consulta indígena. Se dijo: "Se va a consultar a los pueblos indígenas una vez otorgada la concesión", argumentándose que en ese momento todavía no existe ninguna construcción. Pero, en mi opinión, una vez otorgada la concesión no hay vuelta atrás, por lo que la consulta resulta prácticamente innecesaria, o bien el acuerdo que se busca a través de ella parte de un punto distinto del que partiría si la negociación se efectuara antes del otorgamiento de la concesión. El proyecto se fue así a la Cámara de Diputados, disponiéndose que se consultaría a los indígenas en el momento de la construcción, después de la concesión. Y en la Comisión Mixta se llegó al acuerdo de que se suprimirían los temas relacionados con la consulta, que se aprobaría todo lo que a ellos les gustaba, y que, respecto de lo que resultara complejo desde el punto de vista de satisfacer las demandas indígenas, se enviaría un veto supresivo, para que se aplicara la norma general. ¡Así quedamos en el peor de los mundos! Primero, nos opusimos a la aprobación de la concesión sin previa consulta. Y se dijo "No, la consulta viene en la etapa de la construcción". Ahora, en la Cámara de Diputados, con el acuerdo del Gobierno, se resolvió que la consulta ni siquiera se realizará al momento de la construcción. ¡Sencillamente, no habrá consulta! ¡Se aplicará la norma general! ¿Y cuál es la norma general? Que no hay consulta. Por lo tanto, señor Presidente , así como voté en contra de este proyecto en su primer trámite en el Senado, en esta oportunidad también me voy a pronunciar en igual forma, pues opino que aquí no quedan considerados los intereses de los pueblos originarios. He dicho. El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei para fundamentar el voto. El señor FREI (don Eduardo).- ¡Espero que me conceda los mismos diez minutitos que le dio a mi colega, señor Presidente ¿! Yo escuché muy atentamente al Senador Mariano Ruiz-Esquide cuando agradeció el habernos preocupado por su salud y pidió buen clima entre nosotros. Sin embargo, un colega nos ha tratado de cómplices, de ciegos, de que estamos trabajando para la concentración, para las grandes empresas; es decir, una cantidad de calificativos que me parecen algo realmente ridículo. Perdonen mis colegas que lo diga. Creo que se pueden exponer argumentos, pero ese tipo de recursos constituyen un despropósito. Desgraciadamente, el señor Senador no se encuentra presente. Lo que cabe consignar, ante todo lo que se mencionó, es que estamos trabajando en cuatro iniciativas distintas: la de energías renovables, que seguramente se va a aprobar; la de concesiones, que va a salir sin nada, como dice el Honorable señor Tuma , producto de la lesera que se hizo; la de interconexión, que se encuentra en tabla, y la de carretera eléctrica, que será preciso abordar después, porque el país no puede seguir en la situación actual. Al final, ¿qué es lo que ha pasado? Todas las obras se paralizan. En la última década hemos aprobado más de 40 proyectos térmicos, y estamos quemando, como lo señalé el otro día, 3 mil millones de dólares anuales en petróleo. Ese es el resultado, en parte, de no contar con una política energética, y en parte, de que no se materialicen todos los proyectos hidráulicos. Hace pocos días ha aparecido "Angostura", que es el primero que se va a inaugurar después de 10 años. En este período -repito- hemos aprobado 40 proyectos térmicos. ¡Y nadie se opone a eso, curiosamente! Hoy día, este caballero, que también es parte de lo anterior, se ve en el comando de una candidata -no sé con quién estaba en la última elección- y es el que hace estos proyectitos. El señor CHAHUÁN.- ¡Esa es una pasada de cuenta! El señor FREI (don Eduardo).- ¡Se menciona la geotermia! Existen veinticinco volcanes en estado latente. ¡Vaya usted a perforar uno para saber cuánto es lo que hay dentro! Llevamos 60 años haciendo referencia a ese tipo de energía y nunca se ha concretado nada. Al final, ¿cuál es la conclusión? Seguimos quemando petróleo y carbón y aumentando la tasa de CO2. ¡Quiero ver lo que haría el próximo Gobierno ante un apagón en 2016! ¡Pero ello no sucederá, porque se seguirá quemando petróleo y vamos a pagar 300 y 400 dólares el mega! ¿Y quiénes van a capotar? Las pequeñas y las medianas empresas, no las grandes. Pero ese sí será el caso de Codelco, porque, como lo vimos en la Comisión de Minería, el 30 por ciento de sus costos ya corresponden a energía. Por eso, las empresas están instalando hoy día sus propias plantas térmicas. Ese es el resultado. ¡Y porque estamos tratando de sacar cuatro iniciativas que alivien la situación, que permitan desarrollar fuentes de energía en los próximos años, somos poco menos que delincuentes y un Senador nos califica de "cómplices"¿! ¿De qué se trata, señor Presidente ? Es necesario tener un poquito más de respeto si se cuenta con argumentos. Escuché atentamente a mi colega Gómez . El estudio de impacto ambiental se hará igual, pero antes del trazado definitivo, y ya no habrá ningún cambio cuando se adjudique la concesión. ¿Qué es lo que nosotros pretendíamos? Que la consulta tuviera lugar en el momento de definirse la concesión y con el trazado adjudicado, no en teoría, esto es, cuando se supiese por dónde va a pasar. Ahí realmente se protege a los pueblos originarios y a toda la gente a la que le va a tocar ceder un pedazo de terreno, como se hace en las construcciones de líneas de alta tensión en todas partes del mundo. Aquí se consultará en teoría, cuando no esté el trazado definitivo, y después no se va a escuchar a nadie. Eso es lo que pasará. Por eso incluíamos estas peticiones. Seguimos recurriendo a caricaturas y a insultos, y no debatimos los temas de fondo. ¿Quiénes son los perjudicados? Todos los chilenos; todas las empresas, incluidas Codelco y otras más. Y continuamos quemando petróleo y carbón. ¡Reitero que cuarenta plantas se han inaugurado en los últimos años! ¿Y quién ha dicho algo? Nadie. ¡Insistimos en mencionar la geotermia! ¡No se ha perforado en ninguna parte de Chile! Podríamos proseguir. ¡Por eso avanzamos en el proyecto sobre energías renovables! ¡Por eso adelantamos en las concesiones! Hoy día, el problema radica en que las energías de menor envergadura no se pueden conectar con las líneas de alta tensión, y la iniciativa citada en primer término determina que las pequeñas minihidro tienen que aceptar las energías renovables y conectarlas al sistema, porque en la actualidad eso no ocurre. Ese es el punto. Podría dar muchos argumentos más, pero lo que me molesta es la profunda descalificación y los insultos de un colega que nos trata poco menos que de delincuentes. Reitero que lo que pidió el Honorable señor Ruiz-Esquide es exponer razones y no descalificarnos. Hay un resultado a la vista: permanecemos con la energía más cara del mundo, superados solo por Ghana. --(Aplausos en la Sala). El señor LABBÉ ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor PIZARRO ( Presidente ).- Terminada la votación. --Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (23 votos contra 6), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido. Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, Frei (don Eduardo), García, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés) Votaron por la negativa los señores Girardi, Gómez, Horvath, Letelier, Quintana y Tuma El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Rossi deja constancia de su intención de voto en contra.
PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ELÉCTRICAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA