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El señor LETELIER.-
En fecha reciente se efectuó una denuncia en los medios de comunicación -lo planteo, por su intermedio, señor Presidente , a la señora Ministra de Justicia , y como hay varias Secretarias de Estado presentes, quizás puedan hacer esta reflexión-, donde se señaló que en instituciones colaboradoras del SENAME hay niñas violadas que se prostituyen y terminan siendo víctimas de una sociedad permisiva.
Digo "sociedad permisiva", porque esto ha ido acompañado de un fenómeno en los últimos años: a las entidades colaboradoras del SENAME se les han quitado fondos. De esta forma, se ha restringido la protección a estos niños, que son los más vulnerables de los vulnerables de nuestro país: los niños abandonados.
Esta mañana la organización existente en Chile contra el abuso de menores ha estado protestando en el Ministerio de Justicia. Fueron a presentar una demanda al SENAME. Efectuaron un reclamo muy grande precisamente por este tipo de problemas sobre los cuales estamos legislando. Se trata por regla general de mamás y papás de niños violados o abusados sexualmente por gente cercana. Entiendo que todos conocemos la estadística. El 70 por ciento de los delitos sexuales en nuestro país se comete contra menores. Y el 70 por ciento de esos ilícitos los realizan personas conocidas, cercanas o parientes de las víctimas.
En esta coyuntura -donde se requiere reaccionar-, sin duda el proyecto de ley en análisis resulta oportuno.
Hace tiempo, varios Senadores presentamos la propuesta de agravar la pena cuando los autores de los delitos sean personas que tienen una relación de autoridad. Costó fijar este criterio. Esto tiene que ver también con las denuncias que ha habido en la Iglesia católica. Y la iniciativa se basa particularmente en eso y se extiende a otras situaciones de poder.
Creo que este proyecto constituye un avance.
Pero, para ser consistentes con la aprobación de la iniciativa -en particular lo digo para los parlamentarios que desde hace años venimos promoviendo legislar y defender a los niños y a las niñas-, necesitamos que tal esfuerzo legislativo sea coherente con las políticas públicas.
Para que quede claro y en actas, quiero decir que las políticas públicas para defender a los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país dejan mucho que desear en los últimos años.
El problema principal de los niños y las niñas que se encuentran al cuidado del Estado a través del SENAME radica en que se ha desatendido el financiamiento de las instituciones colaboradoras. Se trata de cientos de menores que se han visto abandonados, desprotegidos.
Si no fuera por las iglesias y las congregaciones, que poseen un compromiso especial, la situación sería desastrosa.
Conozco de cerca la realidad de mi Región, donde una congregación ha encabezado en la comuna de Quinta de Tilcoco el esfuerzo de cuidar y proteger a niños y niñas abandonados. Hace un año, nos correspondió casi ir a rogar e implorar al Ministerio de Justicia que no siguiera recortando los fondos.
Por ende, si normas legales como las que vamos a aprobar ahora no van acompañadas de políticas públicas para defender a los más vulnerables de los vulnerables, estaremos borrando con el codo lo que estamos aprobando hoy.
Necesitamos, no solo despachar este proyecto, sino hacernos cargo de aquellos niños y niñas que se encuentran en una de las condiciones más vulnerables hoy en día. Ellos no pertenecen a partidos políticos, están en una situación de tremendo abandono, de dramas familiares. Por lo tanto, pido que seamos consistentes y que el Estado les brinde la protección que les debe entregar, con el financiamiento que corresponde.
Voto que sí.
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