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El señor GUILLIER .-
Señor Presidente , es ya universalmente conocido que Chile es uno de los países con peor distribución de la riqueza que genera, según estadísticas actualizadas. Y aún más, esto se mantiene inalterable después del pago de impuestos.
La consecuencia de lo anterior es la desigualdad. Es decir, no hay relación entre el nivel de crecimiento del país y la calidad de vida de la población. La economía va por un lado; la sociedad, por otro.
Por lo tanto, aplaudo el propósito del Gobierno, y de la Presidenta Bachelet, en cuanto a enfrentar esta desigualdad en lo referido a lo social con una moderada reforma tributaria para financiar una nueva educación que haga realidad la promesa del derecho a la educación integradora y de calidad.
Creo que al abordar un tema tributario se toca la médula del poder en una sociedad. Y eso se ha afrontado con las dificultades propias, con cierto nivel de incertidumbre, pero con buenos esfuerzos.
Desde luego, valoro el esfuerzo de la Cámara de Diputados y del Senado por darle una forma política y técnica a esta reforma.
Sin embargo, en el camino surgió un Protocolo de Acuerdo, que no puedo dejar de mencionar porque se forjó fuera del Congreso y con la intervención de actores a quienes, en una democracia, no les corresponde regular las reformas tributarias y el manejo de una economía.
Los grupos de interés son parte del sistema. Entiendo que tienen todo el derecho a dar su opinión en todas las materias, más aún en las sustantivas, pero no con el beneficio de definir los márgenes de lo posible para el Congreso Nacional, el cual, finalmente, representa a la ciudadanía.
Cuando las plutocracias ejercen el poder, las democracias se resienten.
No obstante, también debo reconocer que este Acuerdo ha tenido el efecto de permitir sumar a sectores políticos naturalmente reacios a toda distribución de riqueza, pues piensan que el crecimiento por sí solo genera progreso (hemos escuchado a varios decirlo).
Con todo, igualmente reconozco que en la Cámara y en el Senado se ha trabajado en forma técnica, en un esfuerzo sincero de mis colegas por cerrar muchos de los forados tributarios elusivos existentes.
Se avanzó menos de lo que algunos esperábamos, pero hay mejoras sustanciales y, por ende, el balance es positivo. Sobre todo, porque representa un acuerdo, que no es gratuito, sino que obedece a la convicción ética y moral de que en Chile la elusión es la norma, y de que si en un país, después del pago de los tributos, sigue existiendo la misma distribución, hay gente que burla la ley.
Por otro lado, tengo que mencionar que existen avances concretos en las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos; la modificación de la fórmula entre renta atribuida y semiintegrada, que va a permitir a las empresas que paguen más -no creo que sea el monto que se dice, pero sí pagarán más-, y la debida protección a las pymes. En este último punto solicitamos, sobre todo, resguardo a la pequeña minería de la zona norte.
Sin embargo, debo ser claro: la injusticia social es una parte de los males de Chile; existe también una injusticia territorial.
Hay zonas de castigo en nuestro país, especialmente en las regiones extremas. El costo de la vida, la contaminación, el aislamiento, la falta de servicios básicos en salud, educación y vivienda que en esos lugares se sufre constituirían conceptos inaceptables en la zona central.
Nosotros, un conjunto de Senadores de esta Corporación, hicimos demandas y propuestas en ese sentido, las que no fueron oídas. Se argumentó que tal materia se vería a futuro. Bueno, no es primera vez que se responde así.
La verdad es que suele ser irritante ver cómo se distribuyen los recursos y, sobre todo, cómo se toman las decisiones en nuestro país. ¡Privilegios del centro!
Asimismo, los acotados espacios políticos obedecen a un centralismo creciente que asfixia a las regiones. Esto, por lo demás, no le hace ningún favor a las grandes ciudades, que colapsan.
Por eso, resulta imperativo repensar las estructuras tributarias en función de las realidades del país (de su geografía, de sus actividades económicas, de su población, de sus pertenencias culturales, etcétera), tarea que quedó pendiente.
No obstante, hay otras necesidades que considero incluso más urgentes.
El Senador Montes -con él he conversado en reiteradas oportunidades, lo que me ha permitido seguir de cerca el debate tributario-, a propósito de un diálogo que sostuvimos ayer sobre Calama -aunque lo mismo se aplica para Taltal, Tocopilla o cualquier otra localidad del norte de Chile-, hace un rato dijo: "Nadie entiende por qué en esa ciudad, rodeada de desierto, no se construyen viviendas sociales". Lo cierto es que el costo del terreno supera por mucho el de los subsidios.
Sin duda, la especulación con los suelos y las trabas irracionales que imponen las concesiones mineras -entregadas a destajo sin exigencia alguna- alimentan una actitud especulativa sin límites, lo cual hace inviable cualquier proyecto habitacional de tipo social e, incluso, las inversiones productivas valiosas. Como se ve, esto también afecta al sector empresarial.
Tales prácticas se repiten en todo el país. La especulación con los suelos otorga gigantescas utilidades y está siempre libre de impuestos.
El debate sobre este asunto no se resolvió en esta iniciativa.
Por otro lado, debemos transparentar lo relativo al tratamiento de las salidas de capital del país y discutir acerca de ello. Se ha hecho un esfuerzo en este sentido, pero creo que es insuficiente.
Todavía no entiendo, teóricamente, por qué debemos subsidiar las inversiones de grupos económicos chilenos en el extranjero. En mi opinión, toda salida de capital debería pagar los impuestos correspondientes si el objetivo es aventurarse en otros mercados. Sin embargo, se exige a todos los chilenos compartir el riesgo de esas empresas.
Al respecto, recordemos que muchos de los recursos que salen del país terminan en paraísos fiscales. Y se ha pretendido dar una explicación diciendo que eso es "bueno para el país".
Asimismo, debemos establecer fechas y topes para el pago de los impuestos diferidos por ganancias no distribuidas. Este es un privilegio con el que no cuenta la clase media. Ningún funcionario y ningún profesional lo tienen. El actual FUT permite hacerlo sin límite de tiempo, lo que ha generado una elusión tributaria, según estimaciones off the record, que llega a 50 mil millones de dólares.
Es verdad que en este ámbito el proyecto plantea ciertos tapones, una contención parcial. Por ejemplo, el global complementario permitirá recuperar no el 100 por ciento del impuesto de primera categoría, sino el 65 por ciento. Y sobre eso se puede hacer alguna "gimnasia". En suma, algo se puede rescatar al respecto.
Por otra parte, no creo que sea satisfactoria la explicación que le estamos dando al país acerca de qué va a pasar con el FUT histórico.
Muchos de los capitales que se invirtieron en negocios en el exterior -a varios les perdimos el rastro en los circuitos financieros, incluidos los paraísos fiscales- jamás pagaron los tributos correspondientes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos pasar como precio de esta moderada reforma para salvar los consensos y los acuerdos? ¿Bastará realmente con proponer incentivos parciales, a tasas menores, para recuperar algo de esas inversiones?
No hemos visto todavía resultados en esa línea.
Finalmente, señor Presidente , me parece que debemos aprender la lección si queremos en el futuro abordar una reforma más abierta. La democracia será madura cuando las cosas se puedan discutir en el Congreso sin que haya actores invisibles involucrados. Porque transparentar el poder es la esencia básica de una democracia.
Eso demuestra que todavía nos falta un poco.
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