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El señor LAGOS.-
Señor Presidente, he escuchado las intervenciones y advierto algunas notas diferentes.
Con todo, observo que existe voluntad para aprobar el proyecto de reforma tributaria.
Cabe señalar que esta materia se encuentra en la agenda pública desde hace un tiempo, no surgió a raíz del proyecto que el Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó en abril, ni a consecuencia de la campaña presidencial, donde este fue un elemento fundamental. Incluso, me atrevería a decir que tampoco corresponde al esfuerzo que, en octubre de 2011, hizo la Oposición de entonces, trabajo que culminó en abril de 2012 con una propuesta de reforma tributaria que suscribieron las fuerzas políticas desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pasando casi por todos los partidos.
En el fondo, esto parte de un diagnóstico compartido -así lo confirman estudios de opinión-: los chilenos tienen la percepción de que el país es profundamente desigual, como señaló recién el Senador Guillier .
¡Es un país desigual por donde se lo mire!
Se señala que, con la nueva estructura tributaria, nuestra tasa de impuestos va a quedar sobre el promedio de las naciones que integran la OCDE. Sin embargo, no se indica que, así y todo, somos el último país de ese organismo en materia de igualdad. ¡Los más desiguales!
Lo mismo pasa en América Latina, en nuestra "América morena", como se dice. ¡Somos de los más desiguales en cuanto a distribución del ingreso!
Esa es nuestra realidad. Y esta reforma tributaria viene a hacerse cargo de ese sentimiento.
Hay una cita -no sé si es feliz, pero me cuesta reprimirme de utilizarla como ejemplo- en el friso, en el frontis de la oficina central del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, que reza: "Los impuestos son lo que uno paga para tener una sociedad civilizada".
En consecuencia, no solo la carga tributaria, sino también el cómo esta se distribuye reflejan el tipo de sociedad que somos.
Sin embargo, la ley chilena hasta ahora contiene una mirada ideológica. Así, los gravámenes se dividen en dos tipos: los indirectos, que los soportan todos, particularmente los más vulnerables -son tributos que afectan sobremanera sus ingresos-, y los impuestos a la renta, que tienen un sesgo al ahorro y a la supuesta inversión.
¡Con eso hemos convivido desde 1984, más de treinta años!
Aquello es profundamente desigual y es lo que busca subsanar el proyecto de ley de la Presidenta Michelle Bachelet .
En concreto, primero, persigue aumentar la carga tributaria en tres puntos del producto, lo que sí nos llevará al promedio de la OCDE (hoy estamos por debajo de él).
Y, en segundo lugar, pretende sacarnos del último nivel del ranking de esa organización en materia de desigualdad. Precisamos contar con un sistema tributario más justo que les permita a los contribuyentes que les va mejor -no a los más ricos, no a los más poderosos- contribuir de mejor manera al financiamiento de bienes públicos.
¿Y por qué estos chilenos no lo hacen hoy día? Porque la ley se los permite. Aquí no se trata de si son buenos o malos ciudadanos. Si la legislación vigente no obliga a pagar impuestos, nadie los cancela.
Pues bien, esta reforma tributaria se hace cargo de ello.
Se llevaron a cabo 91 audiencias en la Comisión de Hacienda. A medida que exponían los representantes de instituciones de distinto origen, se hacía clara la opinión de muchos expertos tributaristas: "En Chile no hay que cambiar el sistema, pero existe mucho abuso".
Yo diría que ese fue un común denominador: en nuestro país el sistema se presta para abusos. Y -repito- lo que hemos realizado en este proyecto es hacernos cargo de esa realidad.
Mencioné algunos de los objetivos cuando rendí el informe.
Se limita el famoso carry back. Las pérdidas que se producen en el futuro no podrán ser imputadas a las utilidades generadas en el pasado.
También se dispone el término de los retiros para invertir dentro de veinte días. Hoy en Chile, si alguien retira utilidades, debe pagar impuesto; si las deja en la empresa, se entienden reinvertidas. Pero se estableció una ventana de veinte días para que se sacara la plata y fuera llevada a otro lado. Esa sola medida implicó una elusión de mil millones de dólares.
Además, se pone fin a los retiros en exceso, como ya señalé, y se contemplan reglas mayores de control.
Ahora bien, para ser justos en el tratamiento del proyecto, cabe consignar que se expresaron algunas inquietudes respecto a la implementación del sistema. De hecho, algunos acusaron una eventual inconstitucionalidad de este.
Del mismo modo, fuimos cayendo en cuenta -el Senador García estuvo conmigo en esto; lo menciono para no citar únicamente a parlamentarios de este lado- de que la modalidad actual contenía un fuerte componente pro ahorro e inversión y de que, en consecuencia, pasar a un régimen de renta atribuida era ir de un extremo a otro sin mayor transición. Esa es la verdad. Y tal cambio podía generar un impacto en materia de ahorro e inversión.
Por eso el Gobierno plantea un sistema alternativo: el parcialmente integrado, que tiene la gracia de aumentar la carga tributaria de las empresas del 20 al 27 por ciento. Pero lo más importante es que el crédito que podrá deducirse contra el impuesto global complementario del dueño de la empresa no se aplicará hasta el 100 por ciento, como sucede en el sistema actual o en el de renta atribuida que se va a establecer, sino hasta un 65 por ciento.
Ello agrega un elemento adicional, que también se ha destacado acá: un primer paso para reconocer que las empresas como tales deben ser sujetos de tributo y no solamente sus propietarios o los dueños del capital.
En consecuencia, ahora 9,5 por ciento de los impuestos que corresponden a las empresas van a ser efectivamente de su cargo y no podrán ser deducidos como crédito contra el global complementario.
¡Ese es un tremendo cambio estructural!
Asimismo, como nota al pie de página, hago presente que la referida alza del 20 al 25 o del 20 al 27, según sea el caso, fue posible, entre otras cosas, porque hace tres años aprobamos en el Congreso la iniciativa de reforma tributaria del Presidente Piñera .
Yo concurrí con mi voto favorable a esa propuesta, a pesar de que tenía muchos bemoles. Entonces dijimos en esta Sala -debe estar en la Versión Oficial- que respaldaríamos la reforma del Presidente Piñera , aunque era modesta. Tal vez servía para los fines que se buscaban en ese minuto. ¿Y qué planteaba ese proyecto con relación al impuesto de primera categoría? Aumentarlo del 17 al 20 por ciento.
En mi opinión, si no hubiéramos apoyado esa enmienda, difícilmente hoy podríamos haber incrementado dicho tributo del 17 al 25 por ciento y, mucho menos, del 17 al 27.
¿Qué otra materia fundamental contiene esta propuesta de reforma tributaria?
La mantención de un sistema de ahorro, inversión y fomento a las mipymes. Se hace un tremendo esfuerzo para incentivar el ahorro, pero, al mismo tiempo, se focaliza su uso. Por ejemplo, se plantea reducir los umbrales en que se puede utilizar, tratándose de la renta presunta.
Además, señora Presidenta, se dispone un enfoque distinto para el Servicio de Impuestos Internos.
Quienes han estudiado leyes o son expertos en materia tributaria entenderán más fácilmente el problema.
Hoy día dicho Servicio puede realizar solo lo que señala exactamente la letra de la ley, casi como en el Derecho Penal. ¿Qué le dice al magistrado la legislación de tipo penal? "Usted, señor juez, no puede ir más allá en su acción, porque hay una presunción de inocencia". O sea, no es posible juzgar a nadie por delitos que no se han cometido, y estos deben estar claramente tipificados.
Sin embargo, en el mundo desarrollado, en las sociedades más sofisticadas, se entiende que el Derecho Tributario no es similar al Derecho Penal, porque lo que está en juego en el primero es el financiamiento de bienes públicos. De hecho, se considera que los tributos son bienes públicos.
En consecuencia, hay una interpretación distinta al respecto.
Sí, aquí se respetan la buena fe del contribuyente, lo estipulado en los contratos y las formas en que se reparten las utilidades. Pero ello debe estar en consonancia con el propósito de generar inversión y actividad económica.
A partir de esta futura ley, habrá un espacio para que el Servicio de Impuestos Internos pueda interpretar y declarar -hoy no puede hacerlo- que ciertas operaciones son elusivas.
En la actualidad, no existen herramientas para evitar que un empresario constituya una sociedad de papel; inscriba a su mujer y a sus tres cabros chicos; le meta plata, y después de un tiempo retire utilidades. ¡Claro! No las saca él, sino su mujer y los hijos. ¿Y cuánto retiran? ¡Justo el tope permitido para no pagar el impuesto global complementario!
En la letra, esa es una sociedad de inversión, que opera impecablemente. Pero ¿hay inversión ahí? ¡Nada! Es una forma de retirar las utilidades obtenidas: como esa persona tiene derecho a reinvertirlas, no debe pagar el impuesto pertinente.
Entonces, los cambios propuestos son tremendamente profundos.
Sin embargo, para que estos se implementen, el Gobierno ha de hacer carne lo que comprometió: fortalecer al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio de Aduanas; crear un sistema de información adecuado para los contribuyentes.
Al respecto, van a surgir muchas interrogantes.
No me cabe duda de que, terminado este trámite, durante el debate en la Cámara Baja y, después, cuando entre gradualmente en vigencia la ley, van a brotar inquietudes acerca de la forma en que va a operar el nuevo sistema. Pero hay tiempo para afinarlo.
En cuanto a los acuerdos, no tengo problema en buscarlos. Mucho se ha hablado de ellos. Lo que no me gusta son los acuerdos que no me llevan al puerto que persigo. Si cuento con la mayoría y voy a lograr mi objetivo, ¿por qué no invitar a otros a sumarse a ese propósito?
El tema tributario era muy debatido hace menos de un año. Me refiero no a las primarias, sino a la campaña presidencial. Era el punto número uno, después del cambio a la Constitución y de la reforma educacional.
Entonces había dos sectores: en uno se decía que era necesario abordar tal proyecto, que estaba en sintonía con lo que pensaban los chilenos, y en el otro, que no era bueno ni sano legislar sobre el particular, que una reforma tributaria generaría desempleo, que la economía se iba a frenar, que no era lo que requería la ciudadanía y que no constituía una prioridad.
¿Qué veo hoy día? Que la gran mayoría, invitada de manera inteligente a sumarse a este acuerdo, ha decidido que se debe aumentar la carga tributaria en tres puntos del producto y que ello debe hacerse mediante un sistema tributario más justo.
Eso es lo que se propone introducir.
Sé que a algunos sectores les resulta difícil aceptar este proyecto. Pero, en definitiva, representa una tremenda ganancia.
Habrá una herramienta y un diagnóstico compartido, aunque tal vez no en el cien por ciento. Sin embargo, si se está materializando la propuesta, es porque todos empiezan a leer que Chile se mueve en cierta dirección.
Por otro lado, señora Presidenta , por su intermedio, quiero referirme a las afirmaciones que escuché de un Senador que me antecedió en el uso de la palabra -no del que acaba de intervenir, el colega Guillier , sino de otro-, en el sentido de que nadie aquí se hacía cargo de sus aseveraciones y que, después de aprobar esta iniciativa, tampoco nadie se encargará de lo que va a ocurrir.
A ese mismo Senador le quiero recordar que los que han mantenido campañas del terror desde el año 88 a la fecha nunca se han hecho cargo de lo que en ellas se manifestó: que este país no iba a progresar -¡progresó!-; que no íbamos a reducir la pobreza -¡la redujimos!; que no lograríamos convivir en paz -¡hemos convivido en paz!.
Pese a que hemos generado un tremendo avance, nunca nadie se hizo cargo de esas afirmaciones al voleo.
Yo me responsabilizaré de lo que he sostenido, porque firmé el acuerdo. Lo suscribí contento. Creo que es un buen acuerdo para Chile. Así lo siento. Me habría gustado incluir más cosas. Ciertamente faltan algunas.
No se puede hacer todo de una vez, pero sí es factible cambiar una realidad estructuralmente. Propiciar una transformación de ese tipo en materia tributaria en Chile es motivo para sentirnos orgullosos.
Quiero terminar agradeciendo nuevamente al Senado, a la Secretaría de la Comisión de Hacienda , a los colegas y a los representantes de los 91 distintos sectores que acudieron a dicho órgano técnico a dar su testimonio, lo que permitió perfeccionar el proyecto.
Por último, debo agradecer a la Presidenta Bachelet por haber tenido el coraje de honrar un compromiso de campaña a veinte días de haber asumido el Gobierno. Al final del día esas acciones son lo que prestigia la política, en lugar de estar debatiendo durante seis meses sobre cómo nos imaginábamos una iniciativa de reforma tributaria.
Ahora contamos con algo concreto desde donde avanzar, algo concreto para financiar un sinnúmero de bienes públicos, que es lo que requiere nuestro país.
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