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Señora Presidenta , al igual que quienes me antecedieron en el uso de la palabra, quisiera agradecer al personal del Senado, pero especialmente al de la Comisión de Hacienda, por el trabajo realizado al objeto de traer hoy este proyecto a la Sala para su discusión y votación en particular.
Asimismo, agradezco la participación de los parlamentarios. Con la colaboración de todos pudimos trabajar sobre una cantidad de indicaciones bastante mayor que la prevista.
Ahora, deseo destacar lo siguiente en relación con esta materia, por la discusión que se ha registrado.
Primero, creo que en el llamado "Protocolo de Acuerdo" se logró -valga la redundancia- un buen acuerdo, que ha potenciado realmente el proyecto de ley que ahora discutimos en su segundo informe aquí, en la Sala de la Cámara Alta.
En seguida, quiero resaltar que hemos cumplido el referido Protocolo de buena fe, con la participación de todas las partes que concurrieron a suscribirlo. Y las indicaciones que hoy traemos a este Hemiciclo reflejan exactamente lo que acordamos.
Por otro lado, para evitar la discusión, que también se realizó, sobre el papel que le correspondió a la Cámara de Diputados, deseo señalar lo siguiente.
En mi concepto, la Cámara Baja cumplió su tarea: dar una señal política sobre la definición necesaria para llevar adelante esta reforma.
Además -hay que decirlo con claridad-, muchas de las materias que abordamos en el Protocolo de Acuerdo se discutieron en la otra rama del Parlamento. Y se tomó conciencia de que las tareas que quedaban pendientes las revisaríamos aquí, en el Senado, al objeto de cumplirlas.
Todo lo relacionado con la renta presunta, con los que he llamado "impuestos acompañantes", con los impuestos correctivos, con las ganancias de capital, con el IVA, en fin, se trató también en la Cámara de Diputados.
Quiero, pues, dejar constancia de ese hecho, porque me parece que no podemos disminuir o desvalorizar el trabajo realizado en su momento por esa rama del Congreso Nacional.
Ahora bien, ¿por qué estimo que el Protocolo de Acuerdo refleja realmente la voluntad de Chile?
Creo que hay que destacar ese hecho. Porque en pocos países se puede lograr la unanimidad de las fuerzas políticas, Gobierno y Oposición, para efectuar una reforma tributaria que aumente los impuestos en forma significativa.
Nadie puede negar aquello: recaudar 8 mil 200 millones de dólares, o sea 3 puntos y fracción del PIB, es una exigencia fuerte para cualquier nación. Y pienso que la circunstancia de que existiera la convicción de que había que hacer la reforma tributaria ayudó a lo que estamos realizando esta mañana.
Por otra parte -quiero ser bien franco-, pienso que la reforma tributaria que estamos aprobando en materia de Ley sobre Impuesto a la Renta traerá como consecuencia un sistema tributario bastante complejo.
Chile se caracteriza por tener un mecanismo tributario complejo.
Si me hubiesen preguntado en teoría qué prefería en materia de impuesto a la renta para nuestro país -lo dije en muchas oportunidades y voy a repetirlo de nuevo-, habría respondido que no era posible tener un sistema desintegrado entre empresa y persona. Y otros miembros de la Comisión manifestamos lo mismo en privado.
En 1983 se estableció el sistema integrado, que ha regido hasta ahora. Y también era algo único. En muchas partes del mundo no conocían un mecanismo como ese.
Hoy estamos aprobando un sistema que requerirá -el Ministro lo sabe, y así lo ha reconocido; y nosotros debemos hacerlo presente- que Impuestos Internos, Tesorería y Aduanas reestructuren la forma de realizar su trabajo. Todos deberán capacitar a su personal para aplicar el sistema mixto de tributación: de renta atribuida y parcialmente integrado.
Son cometidos que el Servicio de Impuestos Internos y el Gobierno deberán asumir en el próximo tiempo.
Por supuesto, dicho sistema tributario entrará a aplicarse en tres años más. Por lo tanto, habrá un proceso de marcha blanca y adecuación. Pero hay que tenerlo presente.
Ahora bien, ¿por qué digo que el Protocolo de Acuerdo cumple los objetivos y planteamientos hechos por el Ejecutivo?
En primer lugar, por su rendimiento.
Mucho se dudó. Se ha dicho -y no creo que se deje de señalar- que esta reforma no recaudará 8 mil 200 millones de dólares (3,02 puntos del PIB).
Se expresó que el rendimiento es menor. Algunos economistas así lo manifestaron.
Sin embargo, el Ministro de Hacienda , en forma muy responsable a mi juicio, con los estudios pertinentes, con todos los antecedentes del caso -el Servicio de Impuestos Internos entregó esa cifra-, nos proporcionó un informe financiero -los Senadores lo tienen a su disposición- donde se detalla cómo se producen, entre impuesto e impuesto aplicado, los 8 mil 267 millones de dólares.
O sea, se cumple el objetivo del programa de Gobierno que decía que necesitábamos 3 puntos del producto interno bruto para afrontar las reformas esenciales que debemos realizar en nuestro país en educación y en otros sectores de la sociedad.
En seguida, se sostuvo que queríamos que aquello fuera pagado por quien tuviera más y que le diéramos equidad al sistema tributario chileno, que es brutalmente inequitativo.
Creo que eso se logra. ¿Por qué? Porque se sube el impuesto a la renta, no al 25 por ciento como se planteó en el Programa de Gobierno, sino al 27 por ciento cuando la empresa o el contribuyente se acoja al llamado "sistema parcialmente integrado de tributación". Además, solo podrá deducir como crédito para el impuesto global complementario el 65 por ciento de la tasa vigente del impuesto de primera categoría. Con ello llegará a pagar el 44,45 por ciento de impuesto, tasa que está sobre el promedio de los países de la OCDE, con los que nos queremos comparar.
Es decir, estamos cumpliendo: pagan más quienes tienen más; no pagan aquellos que no tienen, y pagan menos los que tienen menos.
Otro asunto que planteamos fue que parte de los 3 puntos del PIB la íbamos a recuperar por la vía de combatir la elusión y la evasión.
El Presidente de la Comisión de Hacienda dio cuenta detallada de las propuestas que hicimos -vienen en las indicaciones pertinentes-, mediante las cuales introdujimos una serie de normas para evitar la elusión y la evasión, que siempre van a existir: en el mundo tributario, son un problema recurrente.
Pero aquí se toman todas las medidas del caso, que se recogieron tanto de la intervención -según recuerdo- del Senador Carlos Montes como de lo que planteamos otros parlamentarios. Se trae, pues, una buena batería de disposiciones tendientes a evitar la elusión y la evasión, que, según se señala, en el caso del IVA llegan a casi 26 por ciento, y en el del impuesto a la renta, a cerca de 40 por ciento, sin contar lo que ha significado la postergación de impuestos que permite el actual sistema, en que los porcentajes alcanzan a mucho más.
Además, se realizó algo muy importante -ello también fue planteado acá- en relación con facultades del Servicio de Impuestos Internos que venían desde antes.
Desde hacía mucho tiempo los contribuyentes reclamaban que Impuestos Internos era juez y parte.
Logramos cierto avance al crear los tribunales tributarios y aduaneros, a fin de sacar del referido Servicio la facultad jurisdiccional y entregársela a aquellos.
Sin embargo, tomamos conocimiento de que los tribunales tributarios y aduaneros -hay que reconocerlo- no tenían facultad de imperio. O sea, debíamos fortalecerlos en ese aspecto.
Ahora, ¿qué se hace? Radicar en los referidos tribunales las decisiones jurisdiccionales en caso de contribuyentes que deban ser demandados o recurridos por no cumplir sus obligaciones tributarias o por haber intentado realizar elusión o evasión.
Impuestos Internos tendrá atribuciones. Existe una cláusula general antielusión que le permitirá actuar. Pero quienes resolverán jurisdiccionalmente serán los tribunales tributarios.
Eso también era muy requerido por los contribuyentes.
Luego dijimos -es un hecho real, y la Comisión tomó nota de ello, sobre todo durante las audiencias que realizamos- que el proyecto tenía debilidades en materia de inversión y ahorro. El propio Ministro de Hacienda lo reconoció, y expresó que había que mejorar al respecto.
Conforme al sistema aprobado, en el caso de las más grandes empresas hay incentivo al ahorro y la inversión por el diferencial existente entre las utilidades distribuidas y las utilidades devengadas.
Además, señalamos que queríamos darles mayor impulso a la pequeña y a la mediana empresas.
Yo les he escuchado a los propios dirigentes de los micro, pequeños y medianos empresarios decir que por primera vez han obtenido un tratamiento como el que requerían.
No voy a entrar en detalles, porque el Presidente de la Comisión lo señaló aquí al rendir su informe y porque el Senador García también se refirió a ello durante su intervención. Pero se le dan muchos beneficios a ese sector, lo cual le permitirá potenciarse en el próximo tiempo.
Dichos empresarios tendrán la posibilidad de postergar el IVA; no pagarán el impuesto a la renta de primera categoría, sino solo el global complementario; pagarán menos del cuarto de los PPM; les será factible invertir hasta 4 mil unidades de fomento sin pagar impuesto, y podrán acceder a una serie de otros beneficios, como la amortización instantánea por las compras que hagan.
Hemos logrado, pues, un punto de equidad a favor del referido sector.
Pero no solo hicimos aquello: también establecimos un tratamiento positivo en materia de renta presunta.
Si bien disminuimos el umbral para acogerse a dicho sistema en los sectores transporte, minería y agricultura, logramos límites necesarios para incentivar a las pequeñas y medianas empresas y evitar la evasión.
De otro lado, se señaló que se iba a afectar a la clase media. Fue un argumento recurrente en la discusión.
Sin embargo, vemos que no es así.
Primero, la tributación de la renta no recae en ella, sino en los sectores de mayores ingresos.
Segundo, se modificaron aspectos -viene consignado en las indicaciones- que podrían haber afectado duramente a este sector.
El impuesto por las ganancias de capital, que se aplicaba a la compraventa de inmuebles de personas, como venía planteado -en la Cámara de Diputados se observó también-, solo se aplicaba a la primera vivienda y daba un margen de 8 mil UF de ganancia de capital libre.
Ahora ello puede aplicarse a otras propiedades y no solo a la primera. En el fondo, se abre una especie de cuenta corriente en la que todo contribuyente tiene hasta 8 mil UF de ganancia de capital por la diferencia que pudiera haber entre el costo de las propiedades y el precio de venta. Además, se le permite pagar un impuesto único de 10 por ciento por el diferencial.
Se dijo asimismo que se iba a afectar a la clase media con el impuesto verde a los vehículos.
Viene totalmente aclarado en las indicaciones respectivas que dicho impuesto no afectará a la clase media en sí misma, sino, seguramente, a los vehículos que contaminan. Se establece una disposición bastante justa en cuanto al diésel y a las bencinas.
Pero -reitero- no se afecta a la clase media en tal sentido.
Tampoco en cuanto a la compra de propiedades de hasta 2 mil UF.
Se elimina el IVA para viviendas con subsidio social.
Es decir, le damos a la clase media un tratamiento que no la afecte en su forma de vida.
En materia de impuestos específicos a los alcoholes -ello también viene de la Cámara de Diputados-, se plantea un incremento discrecional con relación al pisco, el vino y la cerveza.
Hemos aplicado un impuesto parejo, una tasa común, para vinos y cervezas: 20,5 por ciento.
El pisco tendrá un impuesto de 31,5 por ciento, al igual que los licores en general. Con ello se evita la existencia de una interpretación respaldada por la Organización Mundial de Comercio, como sucedió la vez anterior, conforme a la cual la norma pertinente, por ser discriminatoria, se eliminó.
En el caso de los vinos hubo un acuerdo en el sentido de aplicar un impuesto plano de 20.5, en vez del 22.5, que incluso figuraba en el Protocolo. O sea, logramos una rebaja.
Tratándose de las bebidas analcohólicas, existe una rebaja en cuanto a las que usan azúcar y un alza para las que contienen este producto en exceso.
Con relación al tabaco, se efectúa una enmienda sobre la cual veníamos hablando en el Parlamento desde hacía mucho tiempo: la de ir más al impuesto específico. Ello permite una diferencial de precio entre los cigarrillos dependiendo de su categoría.
En materia de energía hicimos modificaciones conducentes a no afectar el consumo en determinado tipo de actividades.
Por todas esas razones, el Senado tiene hoy en su mano la sanción de un proyecto de ley sobre cuya votación en la Comisión de Hacienda quiero llamar la atención: todo se aprobó por unanimidad, salvo dos indicaciones en que se abstuvo un Senador y una proposición que fue objeto de un voto en contra.
Por lo tanto, esta Alta Corporación está en condiciones de pronunciarse acerca de esta materia sobre la base de un trabajo muy serio realizado en dicho órgano técnico.
Tenemos una reforma al sistema tributario chileno -por cierto, no se trata de comparar los textos ni de determinar si el del Senado es mejor que el de la Cámara de Diputados- profunda y que permitirá cumplir los objetivos planteados en el Programa de Gobierno que nos presentó durante su campaña la ahora Presidenta de la República .
He dicho.
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