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El señor GUILLIER.-
Señora Presidenta , la reforma tributaria en discusión tiene gran profundidad. Ello, fundamentalmente porque Chile cambió, y la clase media, que ha sido mencionada en reiteradas ocasiones en esta jornada, fue la gran víctima del estilo de desarrollo asumido por el país en la década de los noventa, basado en que el crecimiento de las grandes empresas traería, por sí solo, el chorreo y la redistribución de la riqueza.
Eso no pasó. Y la clase media, que hoy todos defienden, se fue sintiendo agobiada por las deudas y por el pago de todo tipo de servicios de mala calidad: educación, salud, vivienda, infraestructura.
En el caso de la zona norte, la Región de Antofagasta es el prototipo de lo que el país no debe hacer. Esta llegó a alcanzar, en los mejores momentos del precio del cobre, más de 40 mil dólares PIB por habitante, pero no logró el desarrollo: siendo la región más rica de todas, registra la peor crisis hospitalaria del país; es la segunda con más bajo rendimiento en materia de educación y en todos los indicadores, y aquella en que menos viviendas sociales se construyen en función de su número de habitantes.
No necesito abundar, por consiguiente, en que el solo crecimiento ha llevado al país a agudizar sus conflictos y desequilibrios territoriales y sociales.
Por consiguiente, es imperativo realizar una reforma.
No conozco ningún país que no haya dado prioridad a la educación para superar la falta de productividad laboral y de justicia social.
Tampoco existen en Chile sindicatos organizados con capacidad negociadora efectiva y políticas tributarias que permitan que cuando se paguen impuestos mejore la distribución de la riqueza.
Debo reconocer que se está efectuando un esfuerzo y valoro el trabajo de los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado. Pero tengo que manifestar mi solidaridad con los Honorables Diputados, por la incómoda situación en que quedaron luego del giro que tomó la discusión del proyecto original.
Aquellas versiones aparecidas en los medios de comunicación y las jactancias de quienes dicen ser "padres de la criatura" dañan a la clase política, a los partidos y al régimen democrático.
No es festivo reconocer que hay sectores de la opinión pública que ya no confían en nosotros o que tienen dudas porque estiman que aquí se suscribió un acuerdo espurio.
Asumamos ese hecho y no repitamos los errores.
Pasemos al análisis de la iniciativa.
Si estamos actuando todos de buena fe -no entiendo que pueda ser de otra manera-, al final de este proceso y cuando esté en régimen la ley en proyecto que comenzaremos a discutir -porque ahora tenemos solamente un Protocolo de Acuerdo-, el país deberá haber mejorado la distribución de la riqueza y tendrán que estar recolectados 8.200 millones de dólares.
Si eso no ocurre, el descrédito de la clase política y de todos los aquí presentes no tendrá perdón de Dios.
Siguiendo los objetivos de la iniciativa, debemos asegurar que se recauden esos 8.200 millones de dólares. Ello hará necesario disponer de informes financieros precisos sobre el impacto tributario de cada una de las indicaciones que vayamos aprobando, para ir alcanzando en forma visible la meta.
Además, ha de cumplirse el compromiso de que paguen más los que ganan más. La reforma no debe afectar negativamente a la ya exigida clase media y a las pymes. Recordemos que fueron las clases medias las que salieron a las calles a protestar contra un modelo económico asfixiante.
También deben incluirse mecanismos efectivos para promover el ahorro y la inversión. Pero los sectores que por su naturaleza más débil requieren estos estímulos son sobre todo los vinculados a la pequeña y mediana empresa.
La gran industria, que juega en las grandes ligas, sabe que si no invierte no tiene destino. Por consiguiente, los verdaderos estímulos han de ser para la pyme y no para aquella. Esta no necesita sistemas de tributación complejos que generen incentivos para invertir.
Por lo tanto, creo sinceramente que en el proyecto definitivo deberemos precisar la naturaleza del tipo y de la base de la tributación que tendrán que pagar las empresas y las personas.
Con reglas claras, debemos terminar con el FUT sin subterfugios, por ser una fuente de elusión sin precedentes en la historia de Chile.
Conversé con expertos tributarios, no precisamente de la Nueva Mayoría, quienes estimaban que, en cuanto a los recursos del FUT, que serían superiores a los 300 mil millones de dólares, de haberse pagado los impuestos a las actuales tasas, como lo hacen los países desarrollados que imitamos, ellos habrían reportado no menos de 50 mil millones de dólares.
¿Dónde están esos millones?
¿Qué pasará con ese FUT histórico?
¿Vamos a hacer un perdonazo?
¿Intentaremos recobrarlos?
¿Y sabe alguien dónde se encuentran?
Eso simplemente nos demuestra que esta reforma estructural debe hacerse sin ninguna ambigüedad. Debemos asumir la crítica de lo ocurrido en estos años: una gigantesca elusión y evasión.
Asimismo, las personas de más altos ingresos han recibido beneficios en forma progresiva. En 1990 quienes percibían ingresos equivalentes a seis millones de pesos mensuales pagaban tasas efectivas, en teoría, del orden del 50 por ciento de ese monto. Hoy se promete bajar ese porcentaje a 35.
Tengo algunos reparos al respecto.
Y, finalmente -insisto-, las indicaciones que hemos de elaborar tendrán que apuntar a conseguir los recursos y a cerrar las vías de evasión y elusión tributarias.
Eso no será fácil.
Tengo confianza, además, en que podremos avanzar a lo menos en el debate sobre una reforma tributaria que no solo traiga justicia social y equidad en la ya desigual y abusiva estructura de la sociedad chilena.
Porque la desigualdad no es solo social, sino también territorial. El crecimiento y sus frutos no llegan a todos en Chile. Hay regiones que, como señalaba un colega acá, en el propio Congreso Nacional, son verdaderas zonas de sacrificio y rezago. Su suerte es absorbida por mercados internacionales o por el centro político y administrativo de nuestro país.
Confío en que la Comisión Presidencial para la Descentralización y la Regionalización del País efectuará un trabajo coherente con esta reforma y con las recaídas en materia política que vendrán luego.
Nosotros sabemos que necesitamos una descentralización administrativa y política, pero también tributaria. No puede existir reforma ni descentralización sin leyes de rentas regionales que les den autonomía a las regiones.
Creo que llegó la hora de cambiar el principio estructurante del sistema tributario en Chile. Los impuestos, más que ir a un fondo o patrimonio nacional, deben fortalecer la vinculación entre la riqueza y la localidad donde se genera, con el uso y el beneficio que ella produce. Esto es un cambio cualitativo. Lo regional no es una variable más, sino un principio estructurante de la justicia social.
En tal sentido, valoro que en este mismo debate y como consecuencia de esta apreciación tengamos hoy una bancada regionalista dispuesta a legislar transversalmente en favor de las regiones y a introducir indicaciones en cada una de las reformas que se discuten y que se discutirán en el país en lo tributario, en lo electoral, en lo laboral y en la nueva Constitución. Todas tienen componentes esenciales de naturaleza regional y territorial.
Atendida la voluntad expresada por la Presidenta Bachelet acerca de la importancia de las regiones y la justicia de sus demandas y respecto de la necesidad de hacer una estructuración completa del país desde sus regiones, doy mi voto en general a favor de esta reforma. Pero estaré atento a que no se desnaturalice el mandato popular que nos obliga.
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