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El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne.
El señor BROWNE.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar la presente iniciativa. Creo que es sumamente importante poder avanzar en ella, toda vez que tenemos una realidad bien concreta en nuestro país: hoy solo el 82 por ciento de las viviendas que se entregaron entre los años 2007 y 2010 a través del Fondo Solidario de Vivienda se hallan ocupadas por la persona a la que le fue asignada el subsidio.
Casi el 10 por ciento de las viviendas a nivel nacional, llegando en la Región de O´Higgins a casi el 20 por ciento, se encuentran ocupadas de manera irregular o deshabitadas, lo cual es completamente inaceptable dada la cantidad de personas en el país que aspira legítimamente a poder acceder a una vivienda.
En la actualidad tenemos un déficit habitacional importante, y dificultades en cuanto a terrenos, lo que también aumenta esa problemática. Y el hecho de que personas inescrupulosas hoy día estén haciendo uso de un subsidio para obtener una segunda vivienda o para hacer negocio nos parece una situación a la que hay que ponerle coto lo antes posible.
La fórmula empleada para determinar si las viviendas nuevas se están utilizando de buena manera es bastante sencilla y aplicable: son tres visitas al domicilio respectivo en menos de dos meses, con cinco días de separación. Ello permitirá establecer claramente si una vivienda tiene uso o no. Si durante dos meses no hay ningún tipo de movimiento ni de personas ni de los registros de los consumos básicos en la casa, es evidente que no está siendo utilizada adecuadamente por la persona a la que se le asignó el subsidio.
El método que se está utilizando para liquidar esas viviendas me parece adecuado. Lo que pasa es que hoy tenemos un problema concreto: el Ministerio y el Serviu no son acreedores hipotecarios de los beneficiarios, como sí lo son los bancos que pudieran otorgarles a estos un crédito complementario para la adquisición de las viviendas. Por lo tanto, lo que ocurre es que una vez que se determina un incumplimiento por parte del asignatario no hay cómo hacerse de esa vivienda. De ahí surge la necesidad de legislar en términos de establecer que el subsidio, en caso de incumplimiento del beneficiario, sea considerado como un crédito, vinculando, además, dicha infracción a un procedimiento judicial que contemple las acciones adecuadas y entregue los mecanismos para poder recuperar esa vivienda.
Que se vaya a generar un negocio inmobiliario con las viviendas sociales lo encuentro poco posible, puesto que no habrá un interés generalizado para poder hacerse cargo de un grupo importante de viviendas usadas. No es el foco, no lo ha sido nunca, de quienes se dedican al negocio inmobiliario, sino más bien aquí será el Serviu el que, como primer acreedor, se va a hacer de esas viviendas y las reasignará a las personas que las necesiten, que cumplan con los requisitos y puedan optar al subsidio.
Así, es importante que avancemos en esto. Ojalá podamos aprobar el proyecto hoy, tal como lo hizo la Comisión de Vivienda, y tener lo antes posible como ley de la república una iniciativa que trae justicia a todas aquellas familias que hoy esperan por una vivienda y que han visto truncados sus sueños producto de la acción de algunas personas inescrupulosas.
He dicho.
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