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El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, voy a empezar por referirme a la última parte planteada por la diputada Claudia Nogueira, porque considero que es un buen punto. Pero, considerémoslo en general. Al menos, significa que si ha señalado que el artículo 19 no debiera estar presente, entonces no lo podemos aprobar.
Se nos cae el artículo 19. Ojo, ella asiente con su expresión. Ahí se considera la posibilidad de que otros interesados se adjudiquen la vivienda y no el Servicio. Por eso, dice que el artículo 19 no calza y no debiera estar. Incluso, hace referencia a un artículo anterior que lo cita. Pero es producto de las tradicionales redacciones jurídicas de textos, que implican necesariamente conciliación de distintas normas.
Me quedo con el hecho de que tenemos un problema con el artículo 19.
Pido, señor Presidente , que la Secretaría certifique si hay alguna indicación al artículo 19, porque, si la hay, habría que pedir votación separada.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Señor diputado , efectivamente se ha pedido votación separada para ese artículo.
El señor RINCÓN.-
Entonces, voy a presentar una indicación para suprimir ambos incisos del artículo 19.
Creo, también -haciéndome cargo de las palabras de la colega que me antecedió-, que hay buena intención en el objetivo del proyecto.
Es realidad que existen muchas viviendas abandonadas; también que existe una realidad distinta a las de las viviendas abandonadas. Hay viviendas ocupadas por personas que tienen más de una. Pero, lo más preocupante, son las abandonadas, en términos de que están vacías. Y se conocen. Como hay gente que nos puede estar viendo a través del Canal de Televisión de la Cámara , quiero decirles que en sus barrios o entorno hay viviendas vacías. Y no que no haya nadie desde hace una semana. ¡No! Tienen hasta una categoría las que llevan años en esa situación. Son viviendas fantasmas. Nadie entiende que pueda haber una vivienda para ni siquiera arrendarla; ni siquiera para lucrar con ella; ni siquiera para lograr un beneficio. Y, se permite, además, que se deteriore. Porque una vivienda sin uso, se deteriora y mucho. Es una situación bastante compleja.
Por eso, hay una buena intención. Hay un interés positivo del gobierno, del Ejecutivo , del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por abordar este tema. Un amigo mío dice: “Del pero para adelante está lo más importante”. El punto es si esta es la forma de corregir el problema. ¿Y por qué planteamos este punto en la Sala? Porque aquí se establece, entre otras cosas, que los cinco años de la prohibición es desde la tradición, y la tradición obviamente es la inscripción del título en el Conservador de Bienes Raíces. Porque así se hace la tradición de los inmuebles en Chile. Pero, los subsidios se otorgan antes. El subsidio se otorga antes. Mire el punto que estamos tratando. Además, ¡ojo! -de esto me alertó el diputado Gabriel Silber -, porque no quiero arrogarme autoría en este punto. Mi autoría está solo en el desarrollo de la idea. Pero, repito, esto me lo alertó Gabriel Silber , colega abogado y de bancada. Si usted los cinco años los cuenta desde la tradición -me refiero para los efectos de las prohibiciones y que tiene lógica-, a lo menos tiene que preguntarse: Bueno, ¿pero si los subsidios los otorgó antes? Y lo que está pasando en Chile hace mucho tiempo -para no hacerle el cargo a este Gobierno; por cierto, en lo que le toca se lo hacemos, pero viene desde antes- es que el Serviu otorga subsidios, papeles. Muchas veces esos papeles ni siquiera se pueden aplicar y cuando se aplican y se construyen viviendas, no se hace la tradición. El dueño no es el dueño. Mire, lo que estoy diciendo: El dueño no es el dueño. Espero que alguien de Rengo me pueda ver. Es muy conocida la situación de la población San Benito , en la comuna de Rengo. Llevan más de doce años sin títulos de dominio.
Y la gente creyó, por mucho tiempo, que era dueña de su casa. Y ha costado un mundo regularizar la situación porque, incluso, hay que reconstituir organizaciones, personas jurídicas, para los efectos de reconstruir un título que pueda inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces.
Nuestra impresión es que independientemente de las irregularidades que por cierto existen, nadie las niega, ya sea por viviendas abandonadas que hemos catalogado de fantasmas porque nadie mora en ellas por años; ya sea por una familia que tenga más de una vivienda en un procedimiento que es irregular, o aquélla que, teniéndola en el procedimiento regular, la arrienda para lucrar, y no para solucionar el problema habitacional de su familia. Nadie quiere negar o desconocer aquello; ni menos la buena intención al presentar el proyecto. Ello, para que quede claro. Por eso, lo decimos públicamente.
Pero aquí hay un tema mucho más de fondo, y que impacta directamente, porque tenemos una cantidad de moradores que creen ser dueños y no lo son. Esto, derechamente es un problema, porque no tienen título de dominio inscrito. Señalé el ejemplo de Rengo. Podría dar varios ejemplos que han sucedido en mi distrito. No conozco un ejemplo de otros distritos, pero mis colegas dicen que existen también.
Ojo, no solo durante este Gobierno; tampoco en los anteriores -es una crítica objetiva, no sesgada políticamente- el Serviu nunca ha hecho una regularización de esos títulos. Nunca se ha hecho cargo de la obligación del Estado, a través del Serviu, de entregar un subsidio, y que además no expiró. Eso significó que hubo construcción de inmuebles, entrega de llaves e ingreso de familias. Ocuparon inmuebles con sus hijos, con su señora. Pero, nunca hasta la fecha, han podido ser dueños.
Entonces, cuando veo el informe -no integré esa Comisión y no estuve en esa discusión- y lo leo en detalle, me doy cuenta que incluso en los intentos de recuperación que ha hecho el Serviu en sedes judiciales, los casos son poco más de 300. Eso es muy poco. Y los resultados respecto de un tipo de acción judicial hablan de tres resultados, de tres acciones positivas. O sea, no le ha ido bien y, además, han intentado muy pocas acciones judiciales, porque parece que los instrumentos que tienen son febles. ¡Créanme que lo son, señor Presidente !
El gran drama que tenemos es que algunas familias no son dueñas de sus viviendas. Cuando una familia no tiene vivienda, obviamente se encuentra ante un problema. Por lo tanto, eso puede tener solución en la medida que el Estado, que ha dispuesto subsidios y ayudas para que las familias puedan tener sus casas, garantice ese derecho, como todos lo hemos entendido.
Es una buena definición transversal de la política de vivienda chilena, lo que significa que los políticos también se ponen de acuerdo en cosas importantes para todo el país. Hay una definición transversal de que el Estado debe garantizar el derecho a que las familias tengan una vivienda, lo cual es fundamental para su dignidad, su posibilidad de desarrollo, etcétera.
En consecuencia, si una familia no tiene casa, puede recurrir a los mecanismos que el Estado le proporciona para que pueda obtenerla. Entonces, el problema va teniendo una solución. Pero, cuando esta se concreta, pero el título de dominio nunca llega o la escritura respectiva no se inscribe en el conservador de bienes raíces, estamos ante personas que no son dueñas o que, creyendo serlo, derechamente no lo son.
En el intertanto, pueden pasar muchas cosas, como, por ejemplo, que las familias se separen, surjan nuevas uniones matrimoniales o nuevos grupos familiares de la familia original y, además, nuevas posibilidades habitacionales, algunas de las cuales pueden tener una solución completa.
Entonces, creo sinceramente que el proyecto tiene una buena intención y está concebido sobre un hecho real.
No obstante, el problema de fondo es, lamentablemente, que en el Servicio de Vivienda Urbanismo existe un desorden como consecuencia de una excesiva carga de trabajo. De hecho, los funcionarios del Serviu han tratado de hacer lo mejor posible no solo con los recursos humanos, sino que también con los medios informáticos, de infraestructura y el espacio que el Estado les ha proporcionado. Eso ha impedido dar una solución continua y total al tema de la vivienda, a tal punto de que, incluso, hoy tenemos casas que son el fruto de una buena solución habitacional, pero de las cuales la gente no es dueña; es decir, estamos en el peor de los escenarios. Más aún, dicho Servicio no se hace cargo de aquello, porque, entre otras cosas, carece de recursos humanos, informáticos y jurídicos.
Además, hasta hoy no conozco -y eso no significa que así sea en la práctica- convenios institucionales con, por ejemplo, todos los conservadores de bienes raíces para tener información debidamente en línea. Eso no solo es responsabilidad del Serviu, porque hay conservadores que no se han puesto en la tónica de la informática moderna que permite hacer esas interconexiones, pero algunos van muy rápidamente hacia allá. Entonces, es un trabajo conjunto. Pero donde claramente se debe realizar un esfuerzo jurídico, informático y de interrelación entre servicios -y sumo al Ministerio de Bienes Nacionales, porque éste administra y controla buena parte de los terrenos fiscales- es en esa tarea conjunta.
Entonces, dado que todos reconocemos que hay una buena intención, creo que el proyecto debe ser enviado nuevamente a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano para que el tema sea analizado en profundidad, como también los otros que hemos planteado, e incluso que pueda haber una legislatura complementaria respecto de la posibilidad de cobro cuando haya un subsidio asociado. Sin embargo, creo que debe ser desarrollada en mejor forma, porque, lamentablemente, el proyecto no lo hace.
He dicho.
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