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- rdf:value = " BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL (Primer trámite constitucional. Boletín N° 9118-05)
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga a los funcionarios del Poder Judicial que indica una bonificación por retiro voluntario y otros beneficios que señala.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor José Miguel Ortiz.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 76ª de la presente legislatura, en 1 de octubre de 2013. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Certificado de la Comisión de Hacienda, sesión 84ª de la presente legislatura, en 16 de octubre. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda -la cual, a pesar de que las cinco subcomisiones Mixtas de Presupuesto también están sesionando, no ha dejado de funcionar con la finalidad de no retrasarse en la tramitación de las iniciativas que le competen-, paso a informar sobre el proyecto de ley que otorga a los funcionarios del Poder Judicial que indica una bonificación por retiro voluntario y otros beneficios, con el propósito de mejorar las condiciones de egreso de aquellos que, a la fecha, tienen la edad para acogerse a retiro, así como posibilitar el egreso de los trabajadores que no se acogieron a la ley N° 20.286, aun cuando cumplían con las condiciones de dicha norma legal.
Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, quiero dejar constancia de que en la sesión celebrada por la Comisión de Hacienda el 15 de octubre, expusieron el subsecretario de Justicia , señor Juan Ignacio Piña ; el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, señor Hermann von Gersdorff , y el presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial , señor Raúl Araya , quien asistió acompañado por los dirigentes de esa organización señores Benjamín Ahumada , primer vicepresidente nacional; Guillermo Quiroz , segundo vicepresidente, y por la señora Elizabeth Ortega , secretaria ejecutiva del departamento de Comunicaciones.
Es bueno recordar que en junio de 2013 se firmó un protocolo de acuerdo, suscrito por el ministro de Hacienda y por la ministra de Justicia , en representación del Gobierno, con todos los miembros del Poder Judicial , encabezados por el presidente de la Corte Suprema , señor Rubén Ballesteros , y los directivos de las asociaciones nacionales de magistrados, de empleados, de consejeros técnicos y de profesionales de la administración del Poder Judicial . Lo menciono porque es bueno que se sepa que el proyecto que estamos discutiendo representa un anhelo largamente esperado.
En el debate de la Comisión, el subsecretario de Justicia , señor Juan Ignacio Piña , entregó todos los fundamentos de la iniciativa, las principales características de los beneficios que se otorgan y el procedimiento especial que comprende la facultad del presidente de la Corte Suprema para solicitar la renuncia a los funcionarios que no se acogieron a la ley N° 20.286.
Por su parte, el señor Raúl Araya manifestó el apoyo al proyecto en informe de las cuatro asociaciones del Poder Judicial que firmaron el protocolo de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
Durante la discusión, los diputados señores Auth , Jaramillo , Lorenzini , Ortiz, Santana y Von Mühlenbrock presentamos una indicación para reemplazar en los artículos 1°, 3°, 6°, 7° y 8°, la frase “30 de junio” por “1 de julio”, con el propósito de extender los beneficios de que trata el proyecto a quienes cumplan con la edad para jubilar, así como la facultad que se confiere al Presidente de la Corte Suprema para declarar vacantes determinados cargos, hasta la fecha sustitutiva que se propone.
Al respecto, en mi calidad de Presidente accidental de la Comisión de Hacienda, declaré admisible la indicación, porque no irroga costo para el erario, la cual fue aprobada.
Debido a la demora que hubo en la suscripción del protocolo de acuerdo, que tardó más de un año y medio, quien habla planteó la necesidad de estudiar la presentación de una indicación para agregar un artículo transitorio, con el objeto de que el beneficio tenga efecto retroactivo.
Aun más, como los funcionarios de las cuatro asociaciones del Poder Judicial que se han acogido a retiro voluntario, contados tres años hacia atrás, son muy pocos, muchos de los cuales están con serios problemas de salud, el Ejecutivo , a través del subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, mostró su mejor disposición en el sentido de que, luego de afinar los montos respectivos, sobre esa materia se podría presentar una indicación al proyecto en el segundo trámite constitucional, es decir, en el Senado de la República, aspecto que quiero dejar establecido con absoluta claridad para la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
Por otra parte, el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 13 de agosto de 2013, describe el contenido del proyecto en los términos siguientes:
a) Bonificación por retiro voluntario (artículos 1° al 4° y 6°).
Beneficio: un mes de remuneración imponible, con tope máximo de 90 unidades de fomento, por cada año de servicio, con un máximo de once meses.
Beneficiarios: funcionarios de planta o a contrata de los escalafones Primario, de empleados, de la Tercera y Sexta Serie del escalafón Secundario, y, en el caso del personal a contrata, ser asimilado a los escalafones del personal superior de los Consejos Técnicos y de Empleados, y el personal de planta y contrata de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Requisitos: haber cumplido o cumplir 60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65 años de edad, en el de los hombres, entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2014 -frase que, tal como señalé, se cambió mediante indicación, de manera que se reemplaza “30 de junio” por “1 de julio- y tener, a lo menos, 10 años de servicio en alguna de las entidades beneficiadas por esta ley.
Plazos: 90 días después de publicada la ley para presentar la renuncia voluntaria y hasta el 31 de marzo de 2015 para hacer efectivo el retiro.
Cabe señalar que este beneficio se otorgará a un máximo de 450 personas, distribuidas entre 2013 y 2015.
El total de los 450 beneficiarios que podrán acceder a la bonificación serán distribuidos en 50 cupos para los retiros que se materialicen durante 2013, 150 cupos para aquellos que se retiren efectivamente durante 2014 y 250 cupos para los que se retiren hasta el 31 de marzo de 2015. Es importante señalar que los cupos que no hubieren sido utilizados en los períodos 2013 y 2014 podrán traspasarse al año siguiente.
Además, de haber un mayor número de postulantes que cupos disponibles, el total de cupos del período deberá distribuirse entre hombres y mujeres, según la proporción de postulantes por género. La selección en cada grupo privilegiará a aquellos y aquellas de mayor edad al 1 enero de cada año. De persistir la igualdad, se elaborará un listado de los empatados hombres y otro de mujeres, ordenados alfabéticamente según sus apellidos, y la selección para acceder a la bonificación por retiro se hará partiendo, simultáneamente, con los funcionarios y con las funcionarias que aparezcan en el primer y en el último lugar de cada lista, hasta completar los cupos disponibles, manteniendo la proporcionalidad.
b) Bonificación adicional para afiliados al sistema de AFP (artículos 5° y 6°).
Beneficio: 395 unidades de fomento.
Beneficiarios: funcionarios y funcionarias que perciban el beneficio indicado, que estén afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980.
c) Procedimiento especial con otorgamiento de facultades especiales al Presidente de la Corte Suprema (artículo 7°).
Los beneficios son los mismos señalados en las letras a) y b).
Los beneficiarios serán los funcionarios que no se acogieron a las disposiciones del artículo 2° transitorio de la ley N° 20.286, vencido el 31 de diciembre de 2008, aun cuando cumplían los requisitos requeridos.
Procedimiento: se faculta al Presidente de la Corte Suprema para solicitarles la renuncia, considerando un listado que se elaborará previamente y se preparará con consulta a las asociaciones de funcionarios. Es decir, se debe contar con el consentimiento de los o las funcionarias.
Cabe señalar que esta facultad se podrá aplicar como máximo a 100 personas.
d) Beneficios al escalafón primario (artículo 8°).
Los beneficios son los mismos señalados en las letras a) y b).
Los beneficiarios son el personal del escalafón primario que antes del 1 de enero de 2009 hubieren cumplido hasta 60 años de edad si son mujeres y 65 años si son hombres.
Plazo: podrán presentar la renuncia voluntaria hasta el 30 de junio de 2014.
El proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal total de 13.107 millones de pesos. Durante el presente año se financiará con cargo al presupuesto vigente del Poder Judicial . No obstante, el Ministerio de Hacienda podrá suplementar dicho presupuesto, en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público.
La secuencia temporal que seguiría el flujo de gastos asociados a este proyecto de ley es la siguiente:
Año 1: 2.397 millones de pesos. Año 2: 4.728 millones de pesos. Año 3: 5.982 millones de pesos. Ello da un total de gasto de 13.107 millones de pesos.
Puesto en votación general el proyecto, fue aprobada la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señores Pepe Auth , Enrique Jaramillo , Pablo Lorenzini , Alejandro Santana , Marcelo Schilling -en reemplazo del diputado señor Carlos Montes -, Gastón von Mühlenbrock y José Miguel Ortiz, quien ofició como Presidente accidental.
Durante la discusión particular del articulado, el diputado señor Enrique Jaramillo presentó una indicación, que fue aprobada por unanimidad.
Asimismo, los siete diputados presentes acordaron por unanimidad modificar el artículo 9º del proyecto, en orden a agregar, a continuación del vocablo “año”, la palabra “presupuestario”.
Puesto en votación todo el articulado del proyecto, con la indicación y la enmienda precedentes, fue aprobado por asentimiento unánime.
Para terminar, quiero comunicar a los miembros de las cuatro asociaciones de funcionarios del Poder Judicial , muchos de quienes están viendo esta sesión a través del Canal de Televisión de la Cámara de Diputados, que los beneficios indicados no serán imponibles ni constituirán renta para ningún efecto legal. En consecuencia, no estarán afectos a descuento alguno.
Por las consideraciones expuestas, en nombre de la Comisión de Hacienda, solicito a la Sala que apruebe este justo proyecto en beneficio de los funcionarios del Poder Judicial.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Salaberry.
El señor SALABERRY.-
Señor Presidente, si bien este proyecto de ley que otorga beneficios a trabajadores y trabajadoras de un sector del país no fue visto por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que presido, valoro el hecho concreto y cierto -más allá de los méritos técnicos de la iniciativa, de los que muy bien nos ilustró el diputado informante señor Ortiz - de que esos trabajadores y trabajadoras de las distintas asociaciones pudieron lograr, mediante el diálogo, el acuerdo, el consenso, llegar a buen puerto. Como dijo el diputado Ortiz , se trató de una lucha funcionaria de mucho tiempo, que contó con el eco favorable de nuestro Gobierno y de su ministro de Hacienda , lo cual se tradujo en la elaboración de un proyecto que obviamente es de justicia y que permitirá a aquellos funcionarios retirarse con ingresos más dignos que los que tenían hasta hoy.
Fue así que en la instancia de diálogo convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, la llamada “Mesa del sector público”, se establecieron incentivos para que funcionarios de este sector y de otros que han cumplido una exitosa, larga y fructífera carrera funcionaria puedan dar paso a nuevas generaciones.
En junio de 2013, el ministro de Hacienda y la ministra de Justicia firmaron el protocolo de acuerdo con los miembros del Poder Judicial , que permitirá que aquellos funcionarios de la carrera judicial que han cumplido un número determinado de años tengan los incentivos correctos para su posterior pensión y jubilación.
Conversé con algunos dirigentes de los funcionarios del Poder Judicial , tanto de la Región Metropolitana, como de las zonas norte y sur del país -de Iquique, Arica y Punta Arenas-, quienes reclamaban la urgente necesidad de resolver esta situación de manera pronta, a fin de que los beneficios se vean expresados inmediatamente una vez publicada la ley.
Por eso, en nombre de la bancada de la UDI, manifiesto nuestro voto favorable a esta iniciativa y felicito el logro, el acuerdo, el consenso, el diálogo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y los trabajadores.
He dicho.
El señor GODOY (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, debo decir que no en todas las oportunidades en que se informa un proyecto este queda muy claro para sus beneficiarios. En este caso, los funcionarios del Poder Judicial -algunos estarán viendo esta sesión a través del Canal de Televisión de la Cámara de Diputados- seguramente han entendido los alcances del proyecto -podríamos decir que es habitual porque entrega incentivos para el retiro-, gracias a la claridad con que rindió su informe el diputado José Miguel Ortiz . Por lo menos, así lo entiendo yo.
En otras ocasiones, he señalado que cada vez es más frecuente la discusión de este tipo de proyectos -seguramente seguiremos discutiéndolos- destinados a incentivar el retiro de los funcionarios de las distintas instituciones de la Administración Pública, incluidos los del Congreso Nacional. Esto refleja fielmente los malos resultados que está teniendo el actual sistema previsional de las administradoras de fondos de pensiones, que no ofrecen pensiones dignas a quienes jubilan. Por eso, las personas optan por seguir trabajando porque si jubilan en este momento, recibirán pensiones miserables. Ojalá en las próximas elecciones la decisión del país apunte hacia quienes piensan llevar a cabo una verdadera revolución en el actual sistema previsional, que todos rechazamos.
En el caso de los funcionarios públicos, el Estado debe ofrecerles incentivos para que puedan retirarse con una pensión un poco mayor a la que tenían presupuestada. En este caso, se entrega un bono por retiro voluntario, que están recibiendo prácticamente todas las empresas del Estado, porque las AFP no cumplen con su obligación de entregar pensiones acordes con lo que demanda el Siglo XXI.
Se dice que nuestro país está en desarrollo. ¿De qué desarrollo nos hablan, cuando las pensiones no alcanzan para vivir? Esto hay que decirlo para que las personas lo sepan, aunque lo están viviendo en sus hogares a diario.
(Aplausos en las tribunas)
El proyecto no es diferente a otros que hemos tratado: concede incentivos al retiro voluntario consistentes en un mes de remuneración por cada año de servicio, con un tope de once meses, y un “bonito” que se piensa que solucionará todos los problemas, que asciende a 395 UF.
Quiero poner énfasis en una indicación sugerida por el diputado que habla, porque los funcionarios judiciales de la Región de Los Ríos me solicitaron que se modificara la fecha tope para jubilar, petición que fue apoyada por todos los diputados presentes en la Comisión de Hacienda.
La indicación se refiere a la fecha tope para acogerse al beneficio; la original era el 30 de junio, y en la Comisión aprobamos que se cambiara al 1 de julio porque, de lo contrario, muchos funcionarios no podrían acceder a los beneficios que entrega el proyecto. Por un día de diferencia, no alcanzaban a cumplir uno de los requisitos establecidos en el proyecto. Felizmente, la indicación fue aprobada, lo que beneficiará, en particular a los funcionarios de la Región de Los Ríos.
Sin tener más que agregar y con las observaciones que he formulado, en lugar de sentirme contento porque el proyecto concede un bono a los funcionarios que están en vías de retirarse, solo puedo decir, ¿hasta cuándo vamos a seguir ofreciéndoles un bono mínimo que muchas veces ni siquiera les alcanza para solventar necesidades básicas?
Esperemos que, por el bien del país, muy pronto se modifique el sistema de las administradoras de fondos de pensiones.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Cristián Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, nosotros vamos a concurrir en forma muy entusiasta a la aprobación de este proyecto, por las razones que voy a dar.
En primer lugar, la iniciativa beneficia a los funcionarios del Poder Judicial que durante muchos años han soportado una carga de trabajo muy grande. El proyecto que modifica el Código de Procedimiento Civil que se está estudiando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia modifica y moderniza un sistema que recarga el trabajo de los tribunales, en particular de los civiles. Por lo tanto, creemos que esta es una justa recompensa para el trabajo arduo, largo y, sobre todo, muy tedioso que realizan estos funcionarios que, además, deben tener mucha paciencia.
Considero muy oportuno y justo que el proyecto beneficie a los funcionarios de los escalafones Primario, del artículo 267 del Código Orgánico de Tribunales; de Empleados y de la Tercera y Sexta Serie del escalafón Secundario.
En caso de que no se haya entendido, a pesar de que el diputado José Miguel Ortiz fue muy claro, quiero reiterar que habrá 450 cupos para los funcionarios que se acojan por primera vez a este proyecto, y 100 para quienes que no hayan hecho uso del derecho que les otorga el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.286. Es decir, habrá un total de 550 cupos: 450 para quienes hacen uso por primera vez del beneficio, y 100 para los que no ejercieron el derecho establecido en el artículo segundo transitorio de la ley mencionada, que venció el 31 de diciembre de 2008.
La posibilidad de retiro que hace posible este proyecto de ley beneficiará a un grupo de trabajadores y funcionarios judiciales que lo tienen muy merecido. Creemos que la inamovilidad laboral de que gozan, en particular los funcionarios que desempeñan cargos del escalafón Primario, sin duda, permitirá que se acojan a un beneficio muy merecido y que haya “tiraje a la chimenea”; es decir, que las nuevas generaciones vayan asumiendo mayores responsabilidades dentro del Poder Judicial y en algo que es muy importante para el país: la administración de justicia.
De manera que estamos muy contentos de que el Gobierno haya acordado con las asociaciones de trabajadores del Poder Judicial que este mecanismo especial que beneficiará a los cien funcionarios judiciales que no se acogieron al beneficio establecido en el artículo segundo transitorio de la ley N° 20.286 se realice en conjunto con ellas. Esto hará que sea un sistema transparente, lo que beneficiará especialmente a quienes tienen una gran carga de trabajo, como ocurre con los funcionarios judiciales.
Por lo tanto, reitero que vamos a dar nuestro voto favorable con mucho entusiasmo a este proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado Ricardo Rincón.
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, por cierto, también vamos a concurrir con nuestros votos favorables a la aprobación del proyecto.
Pero, aunque sea reiterativo, no puedo avalar ciento por ciento las palabras del colega Jaramillo. Esto está ocurriendo en Chile porque el sistema de las AFP, creadas por el decreto ley N° 3.500, sencillamente no funciona.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Así dice el refrán, y los refranes por algo existen.
Este es un problema de Estado y, por ello, es un problema de todos los gobiernos, del actual y de los anteriores. Por tanto, esperamos que algún gobierno se haga cargo de él en alguna oportunidad.
Los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia previsional, situación que a la gente le cuesta creer. Nos preguntan en qué materias tenemos iniciativa. Lamentablemente, hay una serie de materias en que no la tenemos.
Esta situación que estamos discutiendo a raíz de este proyecto ocurre en Chile porque el sistema de las AFP no funciona, no permite que la gente de esfuerzo, de trabajo, aquella que se quiebra el lomo trabajando durante 30 o 40 años para sacar adelante a su familia con dignidad y respeto, inculcándole valores, formándolos y educándolos, cuando envejece -todos terminaremos siendo viejos- obtenga una pensión digna.
La pensión no les da ni para los remedios. En esa materia no tenemos iniciativa los parlamentarios Por eso, cualquier reforma o proyecto que presentemos es declarado inconstitucional y va directo al tacho de la basura.
Entonces, cuando se presenta este tipo de proyectos, obviamente, concurrimos con nuestros votos para apoyarlos ¡Qué parlamentario no lo hace! Todos y del sector que sea.
Sabemos que en Chile las pensiones no son dignas y por eso nuestros pobres viejos, deben seguir trabajando, pues no les queda otra alternativa. A pesar de que educaron a sus hijos y, a lo mejor, están colaborando en la educación de sus nietos, no se pueden pensionar porque la sociedad chilena y el Estado de Chile les dice que los viejos en Chile no se pueden pensionar. Y si alguien se llega a pensionar, que se aguante con una pobre pensión Y si la pensión solo da para los remedio, para los remedios dará no más Eso es lo que les dice la sociedad chilena y el Estado de Chile a nuestros queridos viejos.
Ahora, si más encima la persona se enferma, tendrá que hacerse un bingo o una lotería para juntar dinero para pagar los costos de la enfermedad. Ello ocurre porque el sistema de salud público no los atiende bien y esa persona se puede morir. Entonces, hay que buscar una forma para juntar la plata para tener un buen tratamiento médico.
Ese es el mensaje político, porque nosotros -en el buen sentido de la palabra- venimos a hacer política a la Cámara de Diputados.
He señalado que se trata de un problema del Estado de Chile. Al respecto, quiero mencionar los problemas que ha tenido el Presidente de Estados Unidos para aumentar el techo de la deuda. Todos los informes financieros indican que el Estado de Chile es acreedor de Estados Unidos en 29 mil millones de dólares. Esta cifra corresponde al último informe financiero de Estados Unidos, en el que aparecen todos los países acreedores. El ranking lo encabeza Brasil .
Reitero, Chile tiene casi 30 mil millones de dólares de acreencia con Estados Unidos.
Mi colega Carlos Montes , que por años ha trabajado con abnegación y entrega en la Comisión de Hacienda, al igual que los diputados José Miguel Ortiz , Enrique Jaramillo y Joaquín Godoy , me corrige y me dice que la cantidad de dinero debe ser mucho más, lo que sería peor. El diputado Montes sabe mucho sobre este tema y lo reconozco públicamente.
Probablemente sea mucho más, pero esa es la cifra que aparece en el informe financiero del que, como muchos chilenos, nos enteramos en las últimas 48 horas, pues se ha entregado a todos los medios de comunicación, tanto nacionales, como internacionales. En todo caso, sobre la acreencia del Estado de Chile seguramente hay más datos sobre el particular.
En mi calidad de miembro titular de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, debo mencionar que hay 3 mil millones de dólares empozados en la Ley Reservada del Cobre. Hay quienes pretenden crear un fondo de contingencia para la compra de armas en ventas de oportunidad, en lo que sería un verdadero “sale” de las armas. Esos temas se debaten en el Parlamento y son responsabilidad de todos los parlamentarios. El sale de las armas podría terminar hipotecando buena parte de los ingresos acumulados por la Ley Reservada del Cobre, estimados ya en 3 mil millones de dólares.
Lo concreto es que estos proyectos de ley llegan al Congreso Nacional como un paliativo a un sistema previsional que no funciona, cuyas tasas de reemplazo no son las que se proyectaron, sus lagunas previsionales asfixian a los trabajadores, y las declaraciones y no pago de las cotizaciones previsionales se reiteran.
Con mucho respeto por todos aquellos empleadores que sí pagan y cumplen con las cotizaciones previsionales, debo decir que hay muchos empleadores que deben miles de millones de pesos y todo les sale gratis.
En Chile, un niño se puede robar una manzana y cae preso; un empresario -y hay muy buenos empresarios y muy buenos empleadores que cumplen- puede declarar las cotizaciones previsionales y no pagarlas. Ese dinero es parte del sueldo del trabajador, y al empleador no le pasa nada por declararlo y no pagarlo.
Una colega diputada me acota que no existen niños presos por robar una manzana. El aforismo del absurdo es un elemento que sirve para señalar las aberraciones que se cometen en un país. Hay niños que han sacado manzanas o peras de un campo y han sido detenidos, aunque obviamente no terminan presos; pero con ello pretendo realizar una crítica a lo que, ocurre en Chile con un sistema previsional que no da para más. ¡Ese es el tema de fondo que estoy planteando!
Hay empresarios y empleadores muy buenos en Chile, pero hay otros que declaran y no pagan las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, lo que unido a las lagunas previsionales, a las tasas de reemplazo que no se han cumplido en la proyección indicada y a muchos ejemplos más que los parlamentarios manejamos, tienen desfondado el sistema previsional.
Los parlamentarios, de cualquier sector político, no tenemos ninguna posibilidad de incidir en esta materia, en términos reales y concretos a través de mociones. Por eso, se presenta este tipo de proyectos de ley y se seguirá haciendo cada vez más en esta Corporación, como ha dicho el colega Jaramillo .
Se trata de un tema que angustia y preocupa a la sociedad chilena y también nos presiona a todos los parlamentarios de los distintos sectores políticos, porque así lo percibimos en nuestras oficinas. Algunos, por suerte, tenemos otras posibilidades; pero nuestra situación no es la del país real. Nosotros tenemos que representar los intereses del país real, y el problema de la indignidad de las pensiones en Chile es un tema real que angustia, genera congoja, humilla y quita dignidad a nuestros adultos mayores, a nuestros viejos. Eso es una realidad. Lo que estamos diciendo hoy debemos tener la capacidad para decirlo también mañana, sea el gobierno que sea, porque este es un tema preocupante y lacerante de nuestra sociedad.
Vamos a concurrir con nuestros votos favorables a aprobar este proyecto y esperamos que así también suceda en el Senado.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GODOY ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, quiero referirme al proyecto.
No voy a hablar enojado, porque no es ese el sentimiento que debemos tener en esta ocasión. Por el contrario, estamos frente a un proyecto que nos debe hacer sentir orgullosos.
Con respecto a las AFP, con todas las críticas y los perfeccionamientos que se le pueden hacer al sistema, solo quiero recordar que gracias a ello el país tiene una economía sólida. Se trata de 140 mil millones de dólares que han permitido que Chile hoy esté de pie y enfrente una de las peores crisis que afecta al mundo. Sin duda, los perfeccionamientos son necesarios; pero hay que hacerlos y no solo hablarlos.
Según lo que manifestó el diputado informante , nos estamos remitiendo a un proyecto con urgencia calificada de “suma”. Me parece bien que tenga urgencia calificada de “suma” un proyecto que, busca entregar, por una sola vez, una bonificación adicional a quienes han cumplido los requisitos para jubilar para que ejerzan ese derecho.
La opción de la jubilación es un derecho. Por tanto, no es necesario el cumplimiento de un determinado tiempo de servicio, sino de la edad, en este caso, 65 años los hombres y 60 las mujeres.
En este ámbito, al igual como lo hizo el diputado informante, hay que destacar a las asociaciones del Poder Judicial, las que han trabajado este proyecto. Con seguridad, los representantes de las asociaciones regionales y nacional hablaron con todos nosotros para pedirnos que este incentivo sea realidad lo más rápido posible.
Siento que, una vez más, el Presidente Piñera , atiende los requerimientos, en este caso, de un grupo importante de trabajadores chilenos, como son los del Poder Judicial . Hay que reconocer que ellos han sido postergados por mucho tiempo, durante varios períodos gubernamentales. Y hoy el Presidente de la República ha resuelto escuchar sus peticiones y entregar los recursos necesarios a través de una bonificación adicional, equivalente a 395 unidades de fomento.
El reconocimiento a estos trabajadores que realizan un esfuerzo tremendo para que la justicia llegue a todos, por cierto con imperfecciones; pero, desde luego, su afán se ve a lo largo del tiempo.
En esta ocasión, quiero agradecer el trabajo que llevan a cabo los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial para que la justicia sea una realidad.
Solo me queda reiterar los agradecimientos a estos funcionarios que, con justicia, les será otorgada esta bonificación. También agradezco al Gobierno del Presidente Piñera por acceder a un requerimiento que venían pidiendo estos trabajadores hace larguísimos años y que no se les había entregado.
Por eso, con mucha fuerza anuncio nuestro voto favorable al proyecto, porque se lo merecen sobradamente.
He dicho.
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Señores diputados, está por concluir el tiempo destinado al Orden del Día y hay tres diputados inscritos en el siguiente orden: los señores Carlos Montes, Tucapel Jiménez y Fuad Chahín .
¿Habría acuerdo para conceder la palabra hasta por cuatro minutos a cada uno?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, voy a votar a favor del proyecto, porque los funcionarios lo pidieron.
Comparto las reflexiones de los diputados Jaramillo, Rincón y otros, porque esta iniciativa solo viene a parchar un problema.
Deberíamos abrir un debate que permita realizar una transformación al sistema de previsión, porque no está funcionando. ¡Es una fábrica de pobres! Cuando uno ve que el promedio de jubilación es de 173 mil pesos y la jubilación de los profesores es de 150 mil pesos, se da cuenta de que algo no está funcionando. Si, además, agregamos a todos los que no pueden entrar al sistema, que ni siquiera imponen, veríamos que junto con estos parches, que ya llevamos como diez, hay que ver qué hacemos en el fondo y hay que abrirlo.
Este debate se abrió claramente después del movimiento de los estudiantes del 2011, oportunidad en que se abrieron las compuertas de las críticas culturales y más globales.
Valoro que haya movimientos como ese, los que en determinadas situaciones de la historia de las sociedades ponen en cuestión la forma de organizarse. Nuestro modelo previsional no funciona. Hay que debatir al respecto y buscar una buena solución.
Aquí algunos hacen una caricatura y dicen que quieren volver al sistema de reparto. No hay otro país en el mundo que tenga un sistema exclusivamente de capitalización individual. Todos tienen algún nivel de mixtura. Con el pilar solidario, la Presidenta Bachelet incorporó algún nivel de mixtura, pero muy parcial.
Necesitamos realizar un cambio y evolucionar hacia un sistema con componentes solidarios sólidos, porque hay solidaridad entre las generaciones. Las imposiciones de los más jóvenes sirven a los más viejos y entre los que ganan menos y los que ganan más. Se requiere un sistema que conlleve un desarrollo distinto.
A estas alturas, nadie piensa en un sistema de reparto puro. Debe haber un sistema mixto, en el que la base sea de reparto y solidaria, y por encima de eso un sistema de capitalización individual.
Alguien afirmó que carecemos de iniciativa. En verdad, no tenemos iniciativa para legislar, pero sí para debatir. El Parlamento es para discutir políticamente.
No podemos seguir pensando en que este sistema funciona. ¡Hay que dejar en claro que no funciona!
Al respecto, se está haciendo el programa del próximo gobierno y hay que discutir qué cosas irán. Cuando se dice AFP estatal, es una manera de sostener que una parte de los recursos debe tener una lógica distinta a la actual.
(Hablan varios señores diputados a la vez)
Señores diputados, en el mundo los recursos previsionales han pasado hartas veces de manos de los privados al sistema público y de este a los privados.
Todo lo nuestro pasó a los privados. Muchos hicieron negocios con esto. Algunos sirvieron para el crecimiento del país, pero muchos otros capitalizaron en forma individual.
Hay que abrir este debate; es responsabilidad de esta Cámara y debemos ver cómo, en el corto plazo, subimos la Pensión Básica Solidaria, que hoy es de 80 mil pesos; subimos el Aporte Previsional Solidario y nos preocupamos de los sectores medios que han sido especialmente afectados con el sistema previsional.
Esta discusión está agotada. Esperamos que el próximo gobierno no siga con estos parches, sino que entremos al fondo, porque se deben poner 395 UF para que la gente se decida a jubilar, debido a que la pensión no les permite vivir.
¡Asumamos el problema de fondo! Esa es la responsabilidad de esta Cámara. ¡El sistema de AFP fracasó!
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, en la misma línea de lo que expresó mi colega, porque uno no puede dejar pasar esta discusión sin decir algo. Me alegro de que se ponga en el tapete.
Como dijo el diputado Ulloa , nadie puede enojarse, porque estamos entregando un bono a los funcionarios del Poder Judicial. Me imagino que lo van a recibir con mucha satisfacción, pero tampoco va a arreglar su problema. Es un bono que en algo los ayudará, pero no solucionará su problema de fondo, que son sus miserables pensiones.
Hay que preguntarse por qué llamamos a esto retiro voluntario, en circunstancias de que en todos los países del mundo la gente trabaja hasta cumplir la edad para jubilar y se va. La pregunta que debemos hacernos es por qué acá siguen trabajando y, más encima, hay que entregarles un bono. No sé si existe otro país en el mundo que deba entregar bonos para que la gente jubile. No sé; me parece muy llamativo.
Como lo expresó el diputado Montes , acá debemos llevar a cabo una discusión de fondo sobre qué pasa con las jubilaciones de nuestras personas mayores.
Las AFP prometieron una tasa de retorno del 70 o 75 por ciento, y eso ha sido un fracaso por donde se le mire. Hoy, la gente se está jubilando con un 30 o 35 por ciento. ¡Eso es realmente vergonzoso para nuestro país!
Con el diputado Osvaldo Andrade presentamos un proyecto de ley que crea una AFP estatal. Sabemos que no basta solo con una AFP estatal y que además se requiere un sistema solidario y de reparto, pero nos interesaba poner el tema en discusión.
Yo no quiero eliminar las AFP. Si algunos chilenos quieren seguir en ese sistema, que lo hagan, pero los que prefieran pertenecer a uno en que el Estado garantice una pensión digna también deben tener esa opción.
Estamos hablando de personas que han entregado el esfuerzo de toda una vida, no solo a la familia, sino al país. La palabra jubilar viene de júbilo. Se supone que al terminar su vida laboral, después de muchos años, las personas debieran empezar a disfrutar la vida, como ocurre en los países desarrollados, donde los pensionados viajan, tienen acceso más barato al teatro, al Metro y a muchos otros lugares. Acá, en cambio, empieza el sufrimiento, porque no solo comienzan a ganar el 30 o 35 por ciento de lo que recibían, sino que además les suben los gastos, fundamentalmente en remedios, a causa de las enfermedades. Así comienza un sufrimiento que se prolonga por muchos años, tiempo durante el cual el Estado debe entregarles bonos para paliar la situación.
No quiero cuestionar a este gobierno por esa situación, porque esto viene produciéndose desde hace años. Lo cierto es que no hemos sido capaces de cambiar el sistema que nos dejó José Piñera. ¡Esa es la verdad! El problema es que el sistema no ha funcionado. Como dijo Carlos Montes , es nefasto lo que ocurre en nuestra sociedad. Somos el único país donde las personas se deben encargar solas de ahorrar para su jubilación, cuando también debieran aportar el empleador y el Estado, para que las pensiones sean dignas. Hay gente que debe sobrevivir con jubilaciones miserables. Esto nos debería producir vergüenza.
Espero que el próximo gobierno enfrente este problema y podamos poner sobre la mesa el famoso sistema de las AFP, para modificarlo, por lo menos para las personas que quieran cambiarse al sistema antiguo, el que administraba el INP, donde incluso había fondos disponibles. Mucha gente dice que el antiguo sistema fracasó, pero eso es mentira, porque quedaban recursos disponibles. Es un sistema que funciona, como han demostrado otros países. Establezcamos esa posibilidad, pero sin tocar a las AFP, porque para algunos es beneficioso seguir en este sistema.
La responsabilidad que tenemos es con las personas mayores que han trabajado toda una vida, para, al menos, entregarles una pensión digna, como merecen nuestros compatriotas que han dedicado toda su vida a sus familias y al país.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra el diputado Fuad Chahín.
El señor CHAHÍN.-
Señor Presidente, este es uno de esos proyectos de ley que uno preferiría no tener que discutir, porque quienes han trabajado toda una vida, y en un servicio público tan importante como el Poder Judicial , no debieran necesitar una ley especial de incentivo al retiro para poder jubilarse en condiciones dignas. Eso debiera ser una garantía de nuestro sistema previsional.
Sin embargo, ello no ocurre, lo que demuestra, una vez más, que estamos frente a un síntoma de una enfermedad mayor, síntoma que hemos tratado de ir paliando con distintos analgésicos, con distintas medidas que lo que buscan es tratar de morigerar un poco los efectos negativos del sistema.
Pero esto tiene un límite, porque la inmensa mayoría de los chilenos tiene plena conciencia de que cada día estamos viviendo más, de que las expectativas de vida aumentan, pero también de que la calidad de vida después de concluida la actividad laboral será mala, simplemente porque el sistema de AFP se ha transformado en una verdadera máquina de adultos mayores pobres, que no serán capaces de contar con lo mínimo para poder vivir dignamente.
Las AFP han sido un tremendo negocio para las grandes empresas, como los bancos y el retail, que han encontrado en ellas una fuente de financiamiento barata, a través de la emisión de bonos que compran las administradoras de fondos de pensiones. También han sido un tremendo negocio para los administradores de esos recursos de los trabajadores, que cobran cuando los fondos suben, pero también cuando bajan.
¿Quiénes son los grandes perjudicados cuando son mal invertidos esos recursos? Lo vimos en el caso La Polar y lo estamos viendo ahora en el caso “Cascadas”. Son los trabajadores, quienes durante toda una vida ahorran y luego ven cómo sus ahorros mal administrados caen de un momento a otro, en porcentajes importantes.
Estamos, entonces, ante un sistema que ha fracasado en su objetivo. El objetivo de las AFP no es generar inversión o fuentes de financiamiento barato para quienes quieren desarrollar proyectos; el objetivo principal de las AFP es asegurar pensiones de calidad, dignas, y simplemente este no se está cumpliendo.
Hay muchísimos proyectos de ley vinculados con incentivos al retiro que hemos aprobado, otros que estamos discutiendo y otros que están por presentarse. ¿Y qué pasa con quienes trabajan en el sector privado, que no tienen la posibilidad de que se presente un proyecto de ley como el que estamos debatiendo, con inyección de recursos del Estado? Ellos están en la total indefensión, absolutamente desamparados.
Creo que este es el momento de, junto con aprobar estos proyectos, exigir que hagamos, de una vez por todas, el debate de fondo, para introducir los cambios sustantivos en el sistema previsional, para corregir el sistema de AFP, que hasta ahora ha demostrado ser un fracaso para asegurar pensiones decentes a las chilenas y los chilenos. Y que ese debate lo hagamos acá, en el Congreso Nacional, con sentido de urgencia, porque no creo que sea el camino correcto seguir legislando con medidas parche y dejar al margen de la solución a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas.
He dicho.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Con esta intervención ponemos fin a la discusión de la iniciativa.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ELUCHANS ( Presidente ).-
Corresponde votar en general el proyecto de ley que otorga a los funcionarios del Poder Judicial una bonificación por retiro voluntario y otros beneficios.
Hago presente a la Sala que la totalidad de las normas de este proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
AccorsiOpazo Enrique; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolú Rasera Nino; Browne Urrejola Pedro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor ELUCHANS (Presidente).-
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular.
Despachado el proyecto.
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