REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 360ªSesión 129ª, en jueves 17 de enero de 2013(Ordinaria, de 10.15 a 13.00 horas)Presidencia del señor Marinovic Solo de Zaldívar, don Miodrag.Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.Secretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián.Prosecretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	PROYECTOS DE ACUERDO	VII.-	INCIDENTES	VIII.-	ANEXO DE SESIÓN	IX.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	X.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA	XI.-	PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A 	DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL 	DEL CONGRESO NACIONAL.ÍNDICE GENERALPág.	I.	Asistencia		11	II.	Apertura de la sesión		15	III.	Actas		15	IV.	Cuenta		15	-	Envío de proyectos a Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos		15	-	Tratamiento de proyecto de acuerdo con preferencia		16	V.	Orden del Día. 	-	Informe de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”. (Continuación) 		17	-	Implementación de Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros. Primer trámite constitucional	30	-	Proyecto aprobatorio de la enmienda al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma del Directorio Ejecutivo. Primer trámite constitucional		35	VI.	Proyectos de acuerdo. 	-	Fijación de plazo para pavimentación de Carretera Austral. (Preferencia) 		38	-	Eliminación de facultad discrecional contenida en artículo 48 del decreto ley Nº 1.094, de 1975. (Votación) 		40	-	Implementación de políticas públicas sobre prevención de drogas		41	-	Envío de iniciativa legal para modificar ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias		43	VII.	Incidentes. 	-	Nombramiento de delegado presidencial en Región de Coquimbo declarada zona de catástrofe por sequía. Oficio		46	-	Información sobre elaboración de decreto supremo para condonación de deudas de pequeños agricultores con institucionalidad financiera pública. Oficio		46	-	Adopción de medidas para solucionar problemas de estética en tendido de televisión por cable en Región de Los Ríos. Oficio		47	-	Alcances sobre situación y desempeño de funcionario de la Cámara de Diputados. Oficios		47	-	Información sobre estudios para pavimentar accesos a localidades de la comuna de Ovalle. Oficios		49	-	Explicación por no aviso oportuno de accidente en División El Teniente de Codelco-Chile. Oficio		49Pág.	-	Agradecimiento a presidente de Anarcich por declaraciones vertidas en relación con desalojo de radio comunitaria de Graneros. Oficio		49	-	Instrucciones para adecuado desempeño de dotación de carabineros de comuna de Graneros. Oficio		50	-	Apoyo financiero a presidenta de Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo. Oficio		50	-	Adopción de medidas por derrumbe de cerro en sector Las Canteras, comuna de Valdivia. Oficios		51	VIII.	Anexo de sesión. 		Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes		53	-	Estado de postulación de proyectos e información sobre categorización de comités de pavimentación participativa de localidad de Selva Oscura, comuna de Victoria. Oficio		53	-	Información sobre estado de avance de proyecto de abastecimiento de agua potable en comunidad José Llancao, comuna de Vilcún. Incorporación de dicha comunidad en programa de desarrollo territorial indígena o en programa de desarrollo de acción local. Oficios		53	-	Información sobre ejecución de proyecto de abastecimiento de agua potable en comunidad de Quinquén, comuna de Lonquimay. Oficios		54	-	Información sobre ejecución de programa de abastecimiento de agua en comunidad Nilpe, comuna de Galvarino. Oficios		54	-	Información sobre inclusión de estudio de participación ciudadana en proyectos de mejoramiento de conectividad entre localidades de Cajón y Vilcún, provincia de Cautín. Oficio		54	-	Información sobre régimen de contratación de funcionario del Ministerio de Salud y de las políticas de esa cartera en relación con el Servicio de Salud Metropolitano Central. Oficios		55	IX.	Documentos de la Cuenta. 	1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “suma”, para el despacho de los siguientes proyectos:	a)	sobre “Procedimiento para otorgar concesiones eléctricas.”. (boletín N° 8270-08). (453-360); 	b)	que “Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción.”. (boletín N° 8493-14). (453-360); 	c)	que “Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil.”. (boletín N° 7550-06). (453-360);	d)	sobre “Tenencia responsable de mascotas y animales de compañía.”. (boletín N° 6499-11) (S). (453-360); 	e)	que “Modifica Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de sociedad conyugal.”. (boletín N° 7567-07). (453-360); 	Pág.	f)	que “Modifica el Código Sanitario en materia de regulación a las farmacias.”. (boletín N° 6523-11) (S). (453-360); 	g)	que “Crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.”. (boletín N° 8034-15). (453-360); 	h)	que “Suprime el actual Servicio Nacional del Menores, creando dos nuevos Servicios de atención a la infancia y adolescencia.”. (boletín N° 8487-07). (453-360); 	i)	que “Establece normas sobre la actividad de lobby.”. (boletín N° 6189-06) (S). (453-360); 	j)	que “Modifica Ley de Fomento a la Marina Mercante, (Decreto Ley N° 3.059 de 1979) y ley sobre Impuesto a la Renta (Decreto Ley N°824 de 1974), permitiendo que naves mercantes chilenas y extranjeras, puedan realizar cabotaje.”. (boletín N° 8330-15). (453-360); 	k)	sobre “Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y deroga los cuerpos legales que indica.”. (boletín N° 7966-05). (453-360); 	l)	que “Crea el Sistema Elige Vivir Sano.”. (boletín N° 8749-11). (453-360); 	m)	que “Crea subvención para los establecimientos educacionales, especial, para la clase media.”. (boletín N° 8655-04). (453-360); 	n)	sobre “Fomento Forestal que modifica y extiende el DL N° 701.”. (boletín N° 8603-01). (453-360), y 	o)	sobre “Interés máximo convencional.”. (boletín N° 7786-03) (S). (453-360)			2.	Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual hace presente la urgencia “simple”, para el despacho de los siguientes proyectos:	a)	que “Crea los hospitales clínicos que indica en la Región Metropolitana.”. (boletín N° 8618-11) (S). (454-360);	b)	que “Regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.”. (boletín N° 7886-03). (454-360); 	c)	sobre “Administración del borde costero y concesiones marítimas.”. (boletín N° 8467-12). (454-360), y 	d)	que “Perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales.”. (boletín N° 8210-06). (454-360)			3.	Primer informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “simple”, que “Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción.”. (boletín N° 8493-14). En Tabla			4.	Proyecto iniciado en moción de los señores diputados Robles, Becker, Castro, Farías, Hasbún, Latorre, Moreira, Torres, Urrutia y Van Rysselberghe, que “Establece la “Meta todo Chile” a llamada local”. (boletín N° 8787-19)			-	Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:Pág.	5.	artículo 5° transitorio de la ley N° 19.585. Rol 2333-12-INA. (8094)			6.	artículo 16 B de la ley N° 18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Rol 2356-12-INA. (8127)			7.	Oficio del Tribunal Constitucional por el cual pone en conocimiento de la Cámara de Diputados el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por varios Senadores respecto de los artículos 1°, numeral 19 y segundo transitorio del proyecto que modifica la ley General de Pesca y Acuicultura. (boletín N° 8091-21. Rol 2386-12-CPT. (8188)			X.	Otros documentos de la Cuenta. 	-	Oficio de la Comisión de Régimen Interno por el que informa que accedió al cambio del fecha del pasaje del diputado Romilio Gutiérrez para el día viernes 8 de febrero de 2013 con destino a Madrid, España, para posteriormente asistir a la Reunión Parlamentaria de Alto Nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) correspondiente al año 2013, que se celebrará en París, entre el 11 y el 13 de febrero próximo, sin que ello implique aumento de viático (550).	-	Oficio de la Comisión de Régimen Interno por el que informa que la Diputada señora María José Hoffmann y los diputados señores Gustavo Hasbún, José Manuel Edwards y Pablo Lorenzini, este último en calidad de Presidente de la Comisión Parlamentaria de Asociación Congreso Nacional de Chile - Parlamento Europeo, concurrirán a Bruselas, los días 28 y 29 de mayo de 2013, para participar en la Convocatoria Ordinaria de dicha instancia (551). 	-	Oficio de la Comisión de Régimen Interno por el que informa que asistirán a una invitación del Parlamento Andino los diputados señores Gabriel Ascencio, Pedro Velásquez, Tucapel Jiménez y Joel Rosales asistan a Quito, Ecuador, del 14 al 18 de febrero próximo, en calidad de observadores en las elecciones presidenciales, de asambleístas y de representantes ante el Parlamento Andino, proceso que se llevará a cabo entre los días 14 a 18 de febrero, en la ciudad de Quito, Ecuador.(552) 	-	Comunicación de la Presidencia de la Cámara de diputados por la que informa que el diputado señor Fidel Espinoza reemplazará al diputado señor Manuel Monsalve en la 21ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), que tendrá lugar del 27 al 31 de enero de 2013, en Vladivostok, Rusia (553). 	-	Comunico a US. que a la convocatoria de la Unión Interparlamentaria (UIP) para participar en la 128ª Asamblea que tendrá lugar del 20 al 27 de marzo de 2013, en Quito (Ecuador), concurrirán los diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes, René Manuel García y Juan Luis Castro (554). 	-	Acuerdo de los Comités Parlamentario por el que comunica que la Comisión Bicameral sobre Pueblos Originarios estará integrada por los siguientes señores diputados: Cristián Letelier Aguilar, Sergio Ojeda Uribe, Joel Rosales Guzmán, Joaquín Tuma Zedán y Pedro Velásquez Seguel (559). 		Respuestas a oficios.		Ministerio de Relaciones Exteriores:	-	Diputado Vargas, Información respecto de la operación de retiro de minas antipersonales en la Región de Arica y Parinacota (355 al 6884).		Ministerio de Obras Públicas:	-	Diputado Silber, remita la información detallada en la solicitud adjunta, referida a los gastos en publicad y difusión ejecutados durante los años 2010 y 2011 y aquellos devengados y proyectados para el año 2012, tanto del Ministerio de Obras Públicas, como de los órganos y demás servicios públicos de su dependencia, desglosando cada uno de los planes y programas que se publicitan y difunden. (3538 al 6823).		Ministerio de Agricultura:	-	Diputado Robles, Razones que han impedido decretar como zona de restricción hídrica a la Región de Atacama, especialmente a la cuenca de Copiapó, y acerca de la posibilidad de intervenir el río Copiapó con el propósito de evitar la desertificación del sector. (34 al 3508).		Ministerio de Salud:	-	Diputado Tuma, Remita la nómina de las personas que a la fecha, en la Región de La Araucanía, se encuentran en lista de espera; distinguiendo al efecto entre aquellas que están adscritas al plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, como las que no lo están. (2381 al 8180).	-	Diputado Accorsi, Solicitas informe sobre los programas y montos aprobados en el presupuesto 2013, para la cobertura de las enfermedades de baja prevalencia o denominadas “enfermedades raras”. (85 al 9308).		Ministerio de Vivienda y Urbanismo:	-	Diputado Espinoza don Fidel, Remitir copia de los antecedentes que obren en su poder, tanto de los recibidos por ese Ministerio, como los que hubiere emitido en relación con la solicitud y entrega del beneficio a doña María Rachel Treufu Bañares, beneficiaria de una vivienda construida en el Lote 1B del inmueble denominado Resto del Fundo El Laurel, de la comuna de Purranque, Región de Los Lagos, la que habría obtenido en diciembre del año 2009 como integrante del Comité de Vivienda “Unión y Esfuerzo” y, quien a la fecha, habría sido despojada de la posesión de dicha vivienda, por doña Rosa Luna Kramer. (12 al 9116).	-	Diputado Espinoza don Fidel, Remitir información detallada respecto de las empresas constructoras inscritas ante el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la Región de Los Lagos, como asimismo, de las EGIS formalmente constituidas con las que opera dicho servicio. (13 al 9030).	XI.	Peticiones de oficio. Artículos 9° y 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. 	-	Diputado Pérez don José, Solicita informar lo gestionado a la fecha por el órgano contralor a su cargo, en relación con la solicitud realizada el pasado 8 de octubre del año 2012, mediante oficio N°4077, en relación con la realización de una investigación respecto del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, solicitado (9768 de 14/01/2013). A Contraloría General de la República.	-	Diputado Chahín, Requiere se informe sobre el estado del procedimiento para otorgar residencia permanente, por un año, al ciudadano de nacionalidad tunecina Don Kemel Ben Nasr. (9773 de 14/01/2013). A Ministerio de Interior.	-	Diputado De Urresti, Requiere se informe sobre los beneficios sociales que es posible otorgar a la señora Mónica Mancilla Contreras, afectada por precarias condiciones de salud y socioeconómicas. (9775 de 14/01/2013). A Ministerio de Interior.	-	Diputado De Urresti, Requiere se informe sobre el estado de la solicitud para acceder al beneficio previsional de pensión no contributiva como exonerado político del señor Rosamel Aguilera Nova. (9776 de 14/01/2013). A Ministerio de Interior.	-	Diputado Accorsi, Se sirva remitir un listado completo, con indicación de nombre, RUT, especialidad, número de licencias emitidas, fechas de emisiones y cantidad de días de reposo, de los médicos que han sido denunciados por extender licencias falsas. (9784 de 14/01/2013). A Intendencias.	-	Diputado Díaz don Marcelo, Informe sobre el cierre de la Escuela Básica Especial Diferenciada N° 130, dependiente de la sociedad sostenedora, Centro de Estudios y Desarrollo Integral del Niño limitada, CEDIN. (9785 de 14/01/2013). A Ministerio de Educación.	-	Diputado ELUCHANS, Informe sobre la efectividad de que las escrituras de transferencia del dominio de las viviendas del conjunto habitacional Villa Raimil, de Santa Inés, comuna de Viña del Mar, entregadas en junio de 2009 a sus titulares, no estarían correctamente otorgadas; y, en tal evento, señale la causas del error y la fecha de entrega de las escrituras corregidas. (9786 de 14/01/2013). A Intendencias.	-	Diputado Eluchans, Informe sobre la efectividad de que las escrituras de transferencia del dominio de las viviendas del conjunto habitacional Villa Raimil, de Santa Inés, comuna de Viña del Mar, entregadas en junio de 2009 a sus titulares, no estarían correctamente otorgadas; y, en tal evento, señale la causas del error y la fecha de entrega de las escrituras corregidas. (9787 de 14/01/2013). A directora del Serviu de la Región de Valparaíso.	-	Diputada Isasi doña Marta, Informe sobre el acceso a la playa del Club Náutico, ubicada en la calle Capitán Roberto Pérez, sector península de Cavancha, comuna de Iquique, y las medidas adoptadas para facilitar el ingreso gratuito de la ciudadanía. (9788 de 14/01/2013). A ministro de Bienes Nacionales.	-	Diputada Isasi doña Marta, Informe sobre el concurso público para proveer cargos vacantes en la planta de la Municipalidad de Iquique, nombrados por Decreto Alcaldicio N° 215, con fecha 30 de octubre de 2012; y disponer una fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa vigente. (9789 de 14/01/2013). A Contraloría General de la República.	-	Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre irregularidades en el Centro de Salud Familiar de El Melón, e inicie la correspondiente investigación. (9790 de 14/01/2013). A Municipalidades.	-	Diputado Rojas, Propuestas contempladas por el Gobierno para otorgar una solución a los ex soldados conscriptos del período 1973 - 1990; y las mesas de trabajo realizadas para tal propósito. (9791 de 14/01/2013). A Ministerio de Interior.	-	Diputado Rojas, Destitución del señor Fernando Valencia Galindo, por aplicación de una medida disciplinaria en el Hospital Regional de Antofagasta, los supuestos de hecho de la medida; y, si se ha procedido a derogarla en cumplimiento del dictamen de la Contraloría Regional, de fecha 26 de diciembre de 2012, que dispuso dejar sin efecto la resolución sancionatoria. (9792 de 14/01/2013). A directora Servicio de Salud Antofagasta.	-	Diputado Rojas, informe en relación con los reiterados cortes de suministro de agua potable que han afectado a la Región de Antofagasta en el último tiempo, las fiscalizaciones realizadas en los últimos dos años a las empresas abastecedores del servicio; mecanismos para establecer formas reparación y compensación por los daños ocasionados a los usuarios; y, sanciones aplicadas a la empresa Aguas Antofagasta por eventuales responsabilidades en la prestación del servicio. (9793 de 14/01/2013). A Servicios.	-	Diputado Rojas, Informe a esta Cámara si se encuentra contemplado dentro del presupuesto para 2013, la remodelación del sector Costanera Sur, de la comuna de Antofagasta. (9794 de 14/01/2013). A director regional de Vialidad de Antofagasta.	-	Diputado Silva, Posibilidad de construir un paradero de buses, del transporte público de pasajeros, en la esquina norponiente de las calles Alejandro Fleming y Vital Apoquindo, en la comuna de Las Condes; y, acerca de la metodología que permita asegurar la detención de los buses de los recorridos 427, 501 y 504, en el paradero ubicado en la calle Alejandro Fleming, vereda sur, al llegar a la calle Vital Apoquindo, de la comuna de Las Condes. (9795 de 14/01/2013). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.	-	Diputada Isasi doña Marta, Solicita informar, y en su caso, disponer la fiscalización respectiva, en relación con el acceso a las playas Folker y la Lobera de Patache, ambas de la Región de Tarapacá, las que permanecen cerradas al público, sin que exista claridad respecto de su propiedad o situación jurídica. (9796 de 15/01/2013). A ministro de Bienes Nacionales.	-	Diputada Isasi doña Marta, Solicita informe y remita copia de los convenios de reubicación de los alumnos de la Universidad del Mar (9797 de 15/01/2013). A Ministerio de Educación.	-	Diputado Sandoval, Solicita informe a la brevedad, sobre la obligación que le asiste a las entidades bancarias de cursar transacciones realizadas por los usuarios nacionales y extranjeros mediante tarjetas de crédito internacionales. Lo anterior, en relación con la situación que afecta a los pequeños empresarios turísticos de la comuna de Cochrane, Región de Aysén, quienes ven afectada su actividad por la negativa de la única sucursal bancaria existente en el lugar, en orden a cursar este tipo de operaciones. (9798 de 15/01/2013). A Varios.	-	Diputado Sandoval, Solicita informe a la brevedad, sobre las medidas dispuestas por el servicio a su cargo, en relación con la situación que afecta a los pequeños empresarios turísticos de la comuna de Cochrane, Región de Aysén, quienes ven afectada su actividad por la negativa de la única sucursal bancaria existente en el lugar, en orden a cursar este tipo de operaciones. (9799 de 15/01/2013). A director regional del Sernatur Aysén.	-	Diputado Sandoval, Solicita disponer que las sucursales de la entidad bancaria a su cargo, ubicadas en la Región de Aysén, y particularmente, en la comuna de Cochrane, den curso a las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito internacionales por usuarios nacionales y extranjeros. (9800 de 15/01/2013). A Servicios.	-	Diputado Sandoval, Solicita informe sobre los factores, particularmente técnicos, que se consideran al momento de priorizar la construcción de una ruta en la Región de Aysén. (9801 de 15/01/2013). A director regional de Vialidad de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.	-	Diputado Sandoval, Solicita informe sobre los factores, particularmente técnicos, que se consideran al momento de priorizar la construcción de una ruta en la Región de Aysén. (9801 de 15/01/2013). A Ministerio de Obras Públicas.	-	Diputado Sandoval, Solicita informe sobre los factores, particularmente técnicos, que se consideran al momento de priorizar la construcción de una ruta en la Región de Aysén. (9801 de 15/01/2013). A Servicios.	-	Diputado Sandoval, Solicita informe sobre los factores, particularmente técnicos, que se consideran al momento de priorizar la construcción de una ruta en la Región de Aysén. (9801 de 15/01/2013). A Intendencias.	-	Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre las materias consultadas en la solicitud adjunta, en relación con el criterio aplicable para la habilitación e instalación de salas cunas de uso común para los hijos de las funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI. (9802 de 15/01/2013). A Contraloría General de la República.	-	Diputado Sandoval, Solicita informe detalladamente sobre las materias consultadas en la solicitud adjunta, en relación con el criterio aplicable para la habilitación e instalación de salas cunas de uso común para los hijos de las funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. (9802 de 15/01/2013). A Contraloría General de la República.
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (89)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Accorsi Opazo, Enrique	PPD	RM	24Alinco Bustos René	IND	XI	59Araya Guerrero, Pedro	PRI	II	4Auth Stewart, Pepe	PPD	RM	20Baltolu Rasera, Nino	UDI	XV	1Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Bobadilla Muñoz, Sergio	UDI	VIII	45Browne Urrejola, Pedro	RN	RM	28Calderón Bassi, Giovanni	UDI	III	6Campos Jara, Cristián	PPD	VIII	43Cardemil Herrera, Alberto	RN	RM	22Castro González, Juan Luis	PS	VI	32Cerda García, Eduardo	PDC	V	10Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Cornejo González, Aldo	PDC	V	13Chahín Valenzuela, Fuad	PDC	IX	49De Urresti Longton, Alfonso	PS	XIV	53Edwards Silva, José Manuel	RN	IX	51Espinosa Monardes, Marcos	PRSD	II	3Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56García García, René Manuel	RN	IX	52Godoy Ibáñez, Joaquín	RN	V	13González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Gutiérrez Gálvez, Hugo	PC	I	2Gutiérrez Pino, Romilio	UDI	VII	39Hasbún Selume, Gustavo	UDI	RM	26Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Hoffmann Opazo, María José	UDI	V	15Isasi Barbieri, Marta	IND	I	2Jaramillo Becker, Enrique	PPD	XIV	54Jiménez Fuentes, Tucapel	PPD	RM	27Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Lemus Aracena, Luis	PS	IV	9León Ramírez, Roberto	PDC	VII	36Letelier Aguilar, Cristián	UDI	RM	31Lorenzini Basso, Pablo	PDC	VII	38Macaya Danús, Javier	UDI	VI	34Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag	IND	XII	60Martínez Labbé, Rosauro	RN	VIII	41Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Molina Oliva, Andrea	UDI	V	10Monsalve Benavides, Manuel	PS	VIII	46Montes Cisternas, Carlos	PS	RM	26Morales Muñoz Celso	UDI	VII	36Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Nogueira Fernández, Claudia	UDI	RM	19Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Núñez Lozano, Marco Antonio	PPD	V	11Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Pascal Allende, Denise	PS	RM	31Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Pérez Lahsen, Leopoldo	RN	RM	29Rincón González, Ricardo	PDC	VI	33Rivas Sánchez, Gaspar	RN	V	11Robles Pantoja, Alberto	PRSD	III	6Rojas Molina, Manuel	UDI	II	4Rubilar Barahona, Karla	RN	RM	17Saa Díaz, María Antonieta	PPD	RM	17Sabag Villalobos, Jorge	PDC	VIII	42Sabat Fernández, Marcela	RN	RM	21Saffirio Espinoza, René	PDC	IX	50Sandoval Plaza, David	UDI	XI	59Santana Tirachini, Alejandro	RN	X	58Sauerbaum Muñoz, Frank	RN	VIII	42Schilling Rodríguez, Marcelo	PS	V	12Sepúlveda Orbenes, Alejandra	PRI	VI	34Silber Romo, Gabriel	PDC	RM	16Silva Méndez, Ernesto	UDI	RM	23Squella Ovalle, Arturo	UDI	V	12Tarud Daccarett, Jorge	PPD	VII	39Teillier Del Valle, Guillermo	PC	RM	28Torres Jeldes, Víctor	PDC	V	15Tuma Zedan, Joaquín	PPD	IX	51Turres Figueroa, Marisol	UDI	X	57Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Urrutia Bonilla, Ignacio	UDI	VII	40Vallespín López, Patricio	PDC	X	57Van Rysselberghe Herrera, Enrique	UDI	VIII	44Vargas Pizarro, Orlando	PPD	XV	1Velásquez Seguel, Pedro	IND	IV	8Venegas Cárdenas, Mario	PDC	IX	48Verdugo Soto, Germán	RN	VII	37Vidal Lázaro, Ximena	PPD	RM	25Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	UDI	XIV	54Walker Prieto, Matías	PDC	IV	8Ward Edwards, Felipe	UDI	II	3Zalaquett Said, Mónica	UDI	RM	20	-Por contar con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Jorge Burgos Varela.-
    
    
    
    
    II. APERTURA DE LA SESIÓN-Se abrió la sesión a las 10.15 horas.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
    
    
    III. ACTASEl señor MARINOVIC (Vicepresidente).- El acta de la sesión 123ª se declara aprobada.El acta de la sesión 124ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
    
    
    IV. CUENTAEl señor MARINOVIC (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.-El señor LANDEROS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.ENVÍO DE PROYECTOS A COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.El señor WALKER.- Señor Presidente, en la Cámara de Diputados existe la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos. Sin embargo, el señor Prosecretario ha dado cuenta de que hay dos proyectos con urgencia calificada de “suma” y que dicen relación con aspectos de su competencia, pero que fueron enviados a otras comisiones. Es el caso del proyecto sobre fomento a la ma-rina mercante, que fue enviado a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y el relativo a la administración del borde costero y concesiones marítimas, enviado a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.Quiero saber cuál es la razón de que estos dos proyectos, que dicen relación con intereses marítimos, que es parte de la competencia de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, se envían a dichas comisiones y no a la Comisión de Pesca. En subsidio, pido que se converse con el Presidente de la Comisión de Pesca la posibilidad de que le sean enviados luego de la tramitación en las otras comisiones. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Están radicados en las comisiones donde ingresaron los proyectos; además, con simple urgencia. Una vez que los vean dichas comisiones, pueden pasar a la Comisión de Pesca, como usted lo ha solicitado. Tiene la palabra el diputado señor Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, lo que está pidiendo el diputado señor Walker es que, además de las comisiones que se han señalado, vayan a la Comisión técnica, que es la de Pesca. No veo inconveniente en que se pida la anuencia a la Sala para ese fin. Si la Mesa no lo resuelve de esa manera, la Cámara se pronunciará. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para que después de que esos proyectos sean tratados por las comisiones donde están radicados pasen a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos? Acordado. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor De Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, sobre la solicitud del diputado Walker, que ha sido acordada, pido que la Mesa y el Ejecutivo puedan coordinar la tramitación del proyecto relativo al borde costero. En la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente comenzamos a votar en particular el proyecto, que es bastante largo, y sería importante que el Ejecutivo con el Presidente de la Comisión de Pesca coordinen el correspondiente trabajo legislativo, para no dilatar su tramitación; sino que, al contrario, reforzarlo y tener otra mirada al respecto. Comprendo la petición del diputado, por eso voté a favor de que pase a la Comisión de Pesca, pero se puede buscar una mejor coordinación entre el Ejecutivo y la Mesa para, en algún momento, trabajar en una comisión conjunta o en una instancia de esa naturaleza. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Señor diputado, en atención a su solicitud, la Mesa va a conversar con el Ejecutivo sobre el proyecto de borde costero a fin de darle la celeridad que amerita. TRATAMIENTO DE PROYECTO DE ACUERDO CON PREFERENCIA.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sandoval.  El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, ayer en la Comisión de Zonas Extremas tuvimos una reunión de trabajo con gente del Ministerio de Obras Públicas, por lo que solicito que se pida la anuencia de la Sala para tratar con preferencia el proyecto de acuerdo Nº 811, relativo a la conectividad austral. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Sandoval? Acordado.-o-El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, más allá del proyecto de acuerdo que se quiera tratar con preferencia -pedí a la Secretaría que aclarara la situación-, los comités habían definido un procedimiento para que los proyectos que siguen el curso normal de discusión, no sean postergados por otros que se tratan con preferencia. La petición se discutía en reunión de los Comités, los que autorizaban si se daban ciertas condiciones, pero con lo que se acaba de aprobar, se desconoce ese procedimiento. Me gustaría saber qué sigue en pie para no cometer algún error en esta materia, porque se postergan proyectos de acuerdo cuya tramitación sigue el conducto normal y regular. Por lo tanto, pido una precisión al respecto. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene razón, señor diputado. En realidad, el diputado requirente debiera explicar cuáles son los argumentos para solicitar el acuerdo de la Sala. -o-El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, el proyecto de ley que modifica y extiende la vigencia del DL N° 701, de Fomento Forestal de nuevo aparece en la Cuenta enviada a la Comisión de Agricultura, cuando actualmente ya fue despachada por dicha comisión y está en Hacienda. Solicito que se aclare el punto. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Señora diputada, lo que ocurre es que todavía no se ha dado cuenta del informe de la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Hacienda, donde ayer ingresó el proyecto, se está trabajando con un certificado. Cuando se dé cuenta del informe completo va a cambiar en la Cuenta. -o-El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, una consulta a la Mesa. Queda una semana legislativa y hoy en la Cuenta se informa que el Ejecutivo ha hecho presente la urgencia suma a 15 proyectos. No sé si hay algún desfase, pero hay un problema. Sugiero que la Mesa negocie con el Ejecutivo cómo se ordena el trabajo, porque para qué se hace esto si no es posible despachar en una semana las 15 iniciativas calificadas con urgencia suma. Eso, más que ayudar, confunde. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Señor diputado, sin perjuicio de que la Mesa va a conversar con el Ejecutivo, de acuerdo con el Reglamento caduca la urgencia de los proyectos que no han sido tratados al llegar el receso legislativo. El señor ULLOA.- Señor Presidente, coincido con lo señalado por el diputado Montes, pero lamento que solo ahora lo plantea, porque los gobiernos anteriores tradicionalmente hicieron lo mismo. Se ha hecho siempre, lo que no es correcto, porque es una mala costumbre. 
    
    
    V. ORDEN DEL DÍAINFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LAS ACTUACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANISMOS DEL GOBIERNO EN EL DENOMINADO “CASO BOMBAS”. (Continuación).El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde continuar con el debate del informe de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del gobierno en el denominado "Caso Bombas”, que ya fue rendido. Antecedentes.-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 124ª de la presente legislatura, en 10 de enero de 2013.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente, no hay duda de que es relevante el “Caso Bombas”, como se le denomina por la gente y por los medios de comunicación. También pienso que las conclusiones de la Comisión Investigadora, que ya han sido expuestas, son adecuadas. Dentro del mandato a la Comisión se dice que “deberá investigar las circunstancias, relaciones, actuaciones y omisiones del Ministerio del Interior, sus autoridades y funcionarios, independientemente de su naturaleza contractual, vinculados a los hechos materia de la investigación, incluyendo el paso desde la fiscalía sur al referido ministerio del señor Alejandro Peña, precisando las condiciones de su contratación, su responsabilidad administrativa y las funciones que cumple en la actualidad.” Recordemos que el “Caso Bombas” se inició el 16 de enero de 2006, con la detonación de un artefacto explosivo en un cajero automático en Ñuñoa. Cuando ya se contabilizaban más de treinta bombazos, el fiscal Metropolitano Oriente Xavier Armendáriz, fue nombrado para encabezar las diligencias.El 12 de junio de 2010 una bomba explotó cerca de la casa del Presidente Sebastián Piñera. Ante eso, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, reemplazó al fiscal Armendáriz por el fiscal Metropolitano Sur, Alejandro Peña. Desde el 2006 a la fecha, incluso a la fecha del juicio que se llevó en contra de los supuestos autores, y estando sometidos a proceso, se habían registrado más de cien atentados. El exfiscal Peña desarrolló -diría- una acción muy publicitada por todos los medios. Efectuó diversos allanamientos, arrestos simultáneos, masivos; ingresó a casas okupas y a domicilios particulares en Santiago y Valparaíso, y, finalmente, detuvo a 14 personas supuestamente vinculadas a la colocación de bombas y financiamiento terrorista. Las formalizó en abril del 2011. Presentó la acusación de la Fiscalía contra los sospechosos; pero, curiosamente, dos días después, renunció al Ministerio Público para incorporarse como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior.Pero, lo dramático de todo esto es que, después de tanta parafernalia, los jueces, simplemente, desestimaron los antecedentes probatorios y absolvieron a todos los imputados. Incluso, cuando uno revisa los antecedentes se encuentra con situaciones que son, a lo menos, escandalosas. Más de 1.000 pruebas se excluyeron del juicio. Incluso, resultaron negativos los exámenes de ADN de 16 imputados, que permanecían en prisión preventiva por su supuesta participación en los atentados con bombas registrados en Santiago. O sea, no hay duda de que esto es una vergüenza, un descrédito para el Ministerio Público, las policías y el Ministerio del Interior, que era la parte querellante. Incluso, la Corte Suprema desestimó absolutamente a pesar de los recursos que interpusieron el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, y, finalmente, se cerró el caso en forma total.Lo grave de esto, que nos preocupa enormemente, es que, por todas las declaraciones vertidas en la Comisión, aquí hay una situación inaceptable relacionada con la contratación del exfiscal Peña por parte del Ministerio del Interior, puesto que todo lleva a concluir que mientras se realizaba la investigación y el señor Peña estaba a cargo de dirigirla y de formalizar, se llevaron a cabo conversaciones entre el subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, y el exfiscal Peña. Esto es algo que se prueba y comprueba más todavía si se considera que las funciones del señor Peña en el Ministerio del Interior se iniciaron el 11 de abril de 2011, solo seis días después de haberse hecho efectiva su renuncia al Ministerio Público y cuando aún se encontraba en tramitación el denominado “Caso Bombas” que al exfiscal le correspondía liderar.No hay duda de que el accionar del subsecretario del Interior -como lo dice el informe-, señor Rodrigo Ubilla, y del entonces fiscal Alejandro Peña, “ha significado un grave daño a la imagen y credibilidad, tanto del Ministerio Público como del Ministerio del Interior, ya que está acreditado que el señor Peña tomó decisiones en la causa, tales como presentar la acusación y solicitar la imposición de penas, mientras mantenía conversaciones para incorporarse como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior, como es de público conocimiento.El solo hecho de que un fiscal regional o adjunto mantenga conversaciones con un querellante para negociar condiciones de trabajo y, posteriormente, trabajar o prestar servicios a dicho querellante, en este caso el Ministerio del Interior, compromete, sin lugar a dudas, la objetividad del ente persecutor y podría constituir una amenaza a la autonomía constitucional del Ministerio Público, así como una infracción al principio de probidad administrativa.”Esta, diría, es la conclusión más clara de la investigación y a uno le causa asombro que no haya habido unanimidad al respecto, que la Alianza no la haya apoyado. O sea, es lo menos que se puede decir frente a una situación que tiene ribetes escandalosos. Sin duda, uno tiende a pensar que aquí hubo un acuerdo y, en el fondo, un accionar indebido para aparecer como que se triunfaba ante el terrorismo; que, finalmente, se encarcelaba a gente y se creaba toda una parafernalia. Obviamente, esto induce a pensar que el Ministerio del Interior, junto con el fiscal, armaron esta situación. Evidentemente, no podemos señalar eso en el informe, porque debemos basarnos exclusivamente en las pruebas; pero, lo menos que uno puede decir es que la actuación del subsecretario Ubilla fue abiertamente en contra de la probidad administrativa y que su accionar puso en peligro también la autonomía constitucional del Ministerio Público, al haber sostenido conversaciones con el exfiscal mientras se realizaba la investigación. Por los antecedentes que se pudieron obtener, este informe es muy apropiado. No sé a qué tienen miedo algunos en un informe de esta naturaleza. Por otra parte, se proponen modificaciones muy adecuadas al Código Procesal Penal. Por ejemplo, al inciso cuarto de su artículo 247, que establece el sobreseimiento definitivo cuando los fiscales no formulen acusación dentro del plazo de 10 días. Con esto se pone fin a la causa, lo cual perjudica a las víctimas y, finalmente, no se esclarece la verdad. Es lógico que sea una sanción para el fiscal que no cumple con celo su trabajo.Además, me parece procedente todo lo que se dice en relación a fortalecer cada vez más la independencia que debe tener el Ministerio Público sobre cualquier otro órgano del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo. Por eso, se sugiere también una limitación legal a quienes cesen en el cargo de fiscal, que se traduzca en que no puedan prestar servicios profesionales de ninguna naturaleza a quienes hayan sido intervinientes en los procesos penales en los cuales al fiscal le haya correspondido dirigir la investigación, por un plazo de seis meses. Eso es más que razonable. Es impresentable lo que ocurrió acá: que un fiscal deje el Ministerio Público y una investigación, y, a los pocos días, sea contratado por la parte querellante. Entonces, tenemos que establecer una limitación: quienes cesen en el cargo de fiscal en ningún caso podrán ser contratados, por lo menos, durante seis meses, por los intervinientes en los procesos penales, en los cuales hayan dirigido la investigación, a fin de que lo ocurrido no suceda nunca más.Igualmente, se sugiere que se modifique la ley que tipifica las conductas terroristas, con el objeto de dotar al Ministerio Público de herramientas que le permitan llevar a cabo de mejor forma su contenido Es necesario introducir técnicas investigativas análogas a las de la ley sobre tráfico ilícito de estupefacientes, como los informantes, los agentes encubiertos y los agentes reveladores. Creemos que eso también es adecuado para fortalecer la ley sobre las reales conductas terroristas; puesto que las otras acciones deben ser tratadas por la normativa del Código Penal.Lo menos que podemos hacer respecto de este informe es aprobarlo. Reitero que es muy adecuado y uno puede pensar mucho más allá de lo que ha concluido la investigación; pero como somos serios, tenemos que basarnos en los antecedentes concretos que se nos entregaron en la Comisión. He dicho. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, dos distinguidos diputados, en sendos discursos, nos han ilustrado muy bien el sentido y el contexto del informe en debate, y las razones por las cuales lo votaremos en contra. Se trata de dos diputados serios, que asistieron a las sesiones de la comisión en forma continua, y lo que han dicho aquí permite discernir bien por qué hay que rechazar este informe.El primer discurso fue del diputado señor Saffirio. Hace unos días, cuando intervino, nos dijo, con razón, que el trabajo de esta Comisión permitió despejar tres aspectos. Primero, descartar completamente la acusación que, con bombos y platillos, se hizo en contra del ministro del Interior de la época y del actual subsecretario del Interior, de que había habido un montaje, es decir, producción de pruebas falsas para incriminar a ciudadanos chilenos, una especie de asociación ilícita, una especie de ayuda de todas partes para torcerle la nariz a la ley. Y el diputado Saffirio dijo que no había habido montaje. Estamos de acuerdo.Segundo, el diputado Saffirio dijo que se pudo evidenciar que no hubo irregularidad. Efectivamente se pudo evidenciar que no hubo irregularidad. Tercero, hubo falta de acuciosidad, desprolijidad. Señor Presidente, los diputados de la Alianza coincidimos en la Comisión y aquí en la Sala en que el reproche de falta de acuciosidad es perfectamente posible de hacerse. En esto estamos todos de acuerdo, y si el informe reflejara lo que con razón el diputado Saffirio señala que es lo que aconteció en la Comisión, nos habríamos evitado este debate y habríamos votado favorablemente Pero resulta que el informe va mucho más allá de las aseveraciones del honorable diputado Saffirio. Pruebas al canto. Página 55 del informe. En ella se lee, así de pasadita, que se pudo constatar que el fiscal regional Alejandro Peña -17 de junio de 2008, imagínense a la fecha que nos estamos remontando-, realizó prácticas antisindicales, que constituyeron conductas permanentes y continuas durante el período en que el señor Alejandro Peña Ceballos ejerció como fiscal Regional Metropolitano de la Zona Sur.Al respecto, quiero formular algunos alcances. El exfiscal Alejandro Peña no es santo de mi devoción, no le tengo ninguna simpatía, pero resulta que la Comisión se está pronunciado sobre un tema para el cual no tiene ninguna competencia y, de paso, le endilga nada menos que la conducta permanente y continua de prácticas antisindicales. No creo que haya ningún antecedente que permita extrapolar este dato para hacer tamaña acusación contra don Alejandro Peña. Por lo demás, el año 2008 nada tiene que ver con los hechos y las circunstancias que investigó la Comisión. Eso es un contrasentido.Después, hace un análisis sobre ciertos antecedentes que recibimos del general director de Carabineros, que me parece completamente fuera de contexto. En la página 56 del informe se expresa que es bueno señalar que resulta necesario legislar respecto del desarrollo de peritajes en causas criminales, particularmente resultaría necesario evaluar la pertinencia de la existencia de un órgano público distinto e independiente de las policías, porque se han constatado situaciones de alta gravedad en la firma de los peritajes. Sacar a la policía, como aquí se plantea, de su obligación de realizar peritajes es sencillamente anular toda posibilidad de investigación de las causas criminales. Nadie, en su sano juicio, puede hacer esta propuesta. ¿Qué constató la Comisión? Que en la instancia de peritajes de Carabineros de Chile existía una práctica observable: los peritajes los firmaba el perito de turno. Nunca hubo un informe que no estuviera elaborado y refrendado por un perito. Repito, por estas prácticas de los turnos sí podía ser firmado por un funcionario distinto del que lo elaboró. Se observó este hecho. En realidad, desde la perspectiva de un trabajo acucioso, se pudo constatar que eso no era correcto. El general director lo planteó y dijo que esto ya estaba corregido. En todo caso, recomendar sacar a la policía, a Carabineros e Investigaciones, de su obligación de realizar peritajes, es anular toda posibilidad de lucha contra el delito y de combate en favor de la seguridad pública. De tal manera que este acápite está completamente de más en el informe. En la página 57 del informe se hace una acusación muy grave. Se lee: “El solo hecho de que un fiscal regional o adjunto mantenga conversaciones con un querellante para negociar condiciones de trabajo y, posteriormente, trabajar o prestar servicios a dicho querellante, en este caso el Ministerio del Interior, compromete, sin lugar a dudas, la objetividad del ente persecutor y podría constituir una amenaza a la autonomía constitucional del Ministerio Público, así como una infracción al principio de probidad administrativa, una suerte de violación a la probidad administrativa”, lo que ha significado un grave daño a la imagen y credibilidad del Ministerio Público y del Ministerio del Interior.Esto no es lo que nos planteó el diputado señor Saffirio. Pudo haber habido falta de acuciosidad, y de prolijidad, pero esta es una acusación extraordinariamente grave. Bajo la forma verbal de que “podría constituir esto” o que “podría constituir lo otro”, en el hecho se está haciendo una acusación extremadamente grave, que nosotros no podemos aceptar.Diría que esto tiene por objeto rayarle la pintura al exministro del Interior, don Rodrigo Hinzpeter, y al actual subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla. Se usan formas y se extrapolan planteamientos que se hicieron en la Comisión, y que van mucho más allá de una falta de acuciosidad, lo que constituyen acusaciones graves.Por último, en la página 58 del informe se observa una contradicción completa. Le da duro al fiscal Peña. Se dice “que mientras el señor Peña estuvo a cargo de la investigación, recopiló miles de pruebas que, posteriormente, fueron declaradas por el tribunal como manifiestamente impertinentes.” Y sigue con esta flor: Es razonable sostener que el otrora fiscal actuó de manera arbitraria…”. Pero más adelante esta afirmación es desvirtuada por el propio informe: “Finalmente, se puede señalar que el fracaso del “Caso Bombas” no se puede atribuir a una persona en particular, ya que son diversos los factores que confluyeron a su desplome…”. Entonces: a) tiene culpa el fiscal Peña y b) en realidad, no se puede decir quién tuvo la culpa, porque hay aquí, como es lógico, varios culpables. Repito, esto va mucho más allá de lo que se constató en la Comisión. Estamos de acuerdo en que no hubo montaje ni hubo irregularidad. Sí pudo haber habido falta de forma o falta de acuciosidad, pero eso no da lugar a las acusaciones de hecho, concretas y graves que se hacen en el informe.Por último, también hay un desacuerdo con un planteamiento que se hace respecto de la situación laboral de los fiscales. Creo que hay que revisar qué pasa con ellos una vez que dejan de formar parte del Ministerio Público; pero no me parece adecuado cerrarles el camino al servicio público, ya que son parte del Estado y su tarea tiene por objeto proteger un bien general, un bien común, un bien jurídico, que es la seguridad, que es la penalización de los delitos, y ese objetivo público está muy en consonancia con los que persigue el Ministerio del Interior.Me parece claro que se deben poner cortapisas para que un fiscal que trabaja en una causa en que está involucrado un banco o un ente particular, no pueda irse después a trabajar a esa institución; pero no me parece adecuado levantar un muro infranqueable entre el fiscal y el servicio público, porque ambos son formas de servicio público y considero que no existe una incompatibilidad entre ellos.Ése fue el discurso del diputado Saffirio.Por su parte, el discurso del diputado Ceroni es al revés, ya que dice: “Mire, en realidad no se podía poner todo en el informe, porque se necesitan pruebas; pero creemos que la situación es grave por este y otros motivos.”Ese es exactamente el raciocinio del diputado Saffirio, pero al revés. Es decir, el informe contiene poco, pero debió abarcar más. Bueno, ¿en qué quedamos? En realidad, el contenido del informe es mucho más de lo que se estableció en la comisión y escapa a lo que allí se planteó. Incursiona en acusaciones y planteamientos que quedan por escrito, que son injustos, que no están probados, que son graves y delicados.Por lo tanto, vamos a votar en contra del informe.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.El señor ALINCO.- Señor Presidente, un grupo de jóvenes chilenos inocentes fue encarcelado por el “Caso Bombas”. No lo digo yo, lo dijo la justicia chilena, los tribunales chilenos. “Jóvenes chilenos encarcelados en forma injusta.”Felicito al diputado Ceroni porque su exposición fue un verdadero informe en derecho, objetivo y claro.A mi entender, el desarrollo del trabajo de la comisión fue bastante conflictivo al principio. Tuve el honor de ocupar el cargo de Presidente.También quiero ser autocrítico, porque esa comisión generó muchas expectativas, hubo encontrones verbales por quién asumía la presidencia y cómo se conformaba la comisión. En verdad, no todos los diputados, ya que hubo algunas excepciones, participaron en la comisión con la debida responsabilidad; lo diputados que más gritaban o que más declaraciones formularon fuera de la comisión fueron los que menos participaron. En todo caso, por prudencia, no daré nombres.En relación con el trabajo de la comisión, considero que no se entregó toda la información que requerimos. La participación del fiscal nacional, señor Chahuán, y de otros fiscales nos dejó la sensación de que no entregaron toda la información que necesitaba la comisión para estar plenamente informada. Es más, por acuerdo de la comisión, solicitamos la entrega de algunos sumarios realizados en la Fiscalía por el llamado “Caso Bombas”. Dicha institución nos respondió que no podía entregar esa información de acuerdo con lo dispuesto en la ley de transparencia, por seguridad, etcétera. Entrego estos antecedentes porque la ciudadanía y los parlamentarios deben saber que nuestra comisión solicitó información, pero no se nos entregó toda la que solicitamos para tener una visión más clara de la situación.Por otra parte, el general director de Carabineros tampoco respondió como correspondía a las preguntas que se le formulaban.Algunos diputados de la comisión señalaron que si los invitados planteaban que determinada información era confidencial o afectaba la seguridad del Estado, bastaba con que lo dijeran y que solicitaran que se declarara sesión secreta, una de las alternativas que podemos utilizar. Pero los invitados y las autoridades que citamos no utilizaron esa fórmula para responder claramente lo que la comisión deseaba saber.Incluso, en cuanto a Carabineros, a propósito de lo que expresó el diputado Cardemil, no me asombra que justifique el accionar de funcionarios de esa institución en este caso, en que los peritajes fueron firmados por peritos que no realizaron el trabajo. Como dije en la comisión, ni en mi sindicato, del área de la construcción, un trabajador firma por otro. No quiero desmerecer para nada a mi sindicato, pero en este caso estamos hablando de Carabineros de Chile, una institución que debe velar por la transparencia y por la seguridad de todo el país. En consecuencia, considero que no es correcto y que no existe ninguna excusa que justifique que los peritajes oficiales de una causa tan delicada como el “Caso Bombas” fuesen firmados por peritos que no realizaron el trabajo.El general director de Carabineros aclaró que eso correspondía a una especie de mala costumbre que existe en la institución, pero considero que ello no es tan así. ¿Cuántos peritajes de otros casos, en que a lo mejor estaban involucradas vidas humanas, fueron firmados por peritos que no los realizaron? ¿Quién me asegura que los peritajes sobre el asesinato de Matías Catrileo fueron firmados por quien realmente los realizó? Si eso ocurrió en esta oportunidad, también podría haber sucedido respecto del asesinato de Matías Catrileo, cuyo asesino, Walter Ramírez, todavía está vistiendo el uniforme verde de Carabineros de Chile.La comisión trató de hacer un trabajo amplio, objetivo y no tendencioso, pero no dispuso de toda la información que se requería.Se reconoció que lo que se denunciaba como montaje tal vez no fue tan así, pero también quedó claro que hubo irregularidades o, al menos, situaciones poco claras relacionadas con la contratación del exfiscal Peña, ya que, a pesar de que estaba en servicio como fiscal en el “Caso Bombas”, realizaba conversaciones para prestar sus servicios en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tal como lo reconoció el subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla.Tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera e intentamos llegar a un consenso para elaborar las conclusiones, pero no se logró porque las diferencias eran muy marcadas.Por lo tanto, como Presidente de la comisión, solicito a la Sala que apruebe el informe, porque tratamos de ser objetivos, claros y no tendenciosos. Además, no intentamos obtener dividendos políticos de este asunto, sino que simplemente hicimos lo que la Sala nos encomendó, investigar el “Caso Bombas”, lo que se refleja en el informe que entregamos la semana pasada.He dicho. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, solo quiero agregar algunos antecedentes que, sin duda, son pertinentes al tema que discutimos.En lo personal, el informe no me deja muy satisfecho, porque estuve involucrado en el caso investigado durante mucho tiempo, desde que los familiares de las personas privadas de libertad nos instaron a destinar parte de nuestro tiempo a preocuparnos por la situación de los jóvenes involucrados. De hecho, varios diputados fuimos a la cárcel de alta seguridad, penal en el que se encontraban recluidos nueve jóvenes -si mal no lo recuerdo-, en condiciones atentatorias contra la dignidad humana, porque debían permanecer solitarios, durante 23 horas al día, en sus celdas de tres por dos metros, en condiciones bastante humillantes; tenían derecho solo a una hora de patio. Como señalé, varios diputados nos preocupamos por esos jóvenes. Quiero resaltar del informe algunos aspectos del caso que para mí son relevantes, pues sigo sosteniendo que se trató de un montaje realizado desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Primero, comenzaré por la circunstancia -por supuesto, probada- de que hubo instalación de bombas. Nadie puede negar que efectivamente se instalaron diversas bombas en la ciudad de Santiago. Por diversas razones, el fiscal de la causa, Xavier Armendáriz, no había logrado establecer responsabilidades personales, no existía ningún imputado y ya había transcurrido un tiempo bastante extenso sin que se descubriera quiénes eran los responsables de poner las bombas. También está probado que el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, hizo una crítica dura al Ministerio Público porque no se lograba descubrir a los responsables de esas bombas. Esa crítica dura del Ministerio del Interior -por supuesto, le corresponde hacerla- llevó a que el fiscal nacional cambiara al fiscal encargado de la carpeta investigativa. Así, el señor Armendáriz fue reemplazado por el fiscal Alejandro Peña.Aquí ocurrió una serie de hechos llamativos y que el mismo fiscal Armendáriz ha reconocido. Prácticamente con los mismos antecedentes que el fiscal Armendáriz tenía en la carpeta investigativa, el fiscal Peña logró detener, a lo menos, a nueve personas, a las que imputó por asociación ilícita terrorista y envía a la cárcel de alta seguridad, donde permanecieron recluidas hasta el último día en que estuvieron privadas de libertad, en las condiciones que ya describí. Créanme que 23 horas de reclusión en una celda de dos por tres metros es sencillamente inhumano. Pero así sucedió.La Comisión Investigadora también logró establecer que el subsecretario Ubilla le ofreció trabajo a Peña mientras este era fiscal del caso. Cabe recordar que el Ministerio del Interior era querellante en la causa, pero el subsecretario Ubilla -este es un hecho llamativo e importante de recalcar, porque así lo estableció la Comisión Investigadora-, antes de que Alejandro Peña dejara su labor como fiscal, le ofreció trabajo en la cartera. Le dijo: “Vente a trabajar al Ministerio del Interior” en momentos en que Alejandro Peña era el fiscal instructor de la causa, quien tenía la carpeta investigativa. Y antes de aceptar el trabajo, los días previos al término de su mandato, Alejandro Peña acusó a los imputados. ¿Qué pena solicitó Alejandro Peña para los imputados? Solicitó la pena de presidio perpetuo. Alejandro Peña, fiscal de la causa, a quien un mes antes el subsecretario Ubilla le había ofrecido trabajo en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hizo esa acusación que, sin duda, es caprichosa y temeraria. ¡Es una acusación caprichosa!Posteriormente, como todos sabemos, esos jóvenes fueron absueltos en un juicio oral y la Corte Suprema rechazó el recurso interpuesto por el Ministerio del Interior y confirmó la absolución de los imputados. Ese es el trayecto de los hechos, acreditado por la Comisión Investigadora. Para mí, esa sigue siendo una forma indebida de actuar judicialmente. La investigación judicial realizada por el Ministerio Público está viciada, contaminada por la intervención política. En la sesión anterior, alguien señaló que la Comisión Investigadora está actuando con criterios políticos y que se pretende sacar dividendos políticos de esta investigación. Me pregunto si la investigación que realizó el fiscal Alejandro Peña no tenía este mal tufo del intervencionismo político. ¿Cómo es posible que el querellante, el Ministerio del Inte-rior, el subsecretario Ubilla, se atreviera a ofrecerle trabajo en la cartera al fiscal investigador de la causa, cuando terminara su mandato? ¿Alguien considera que eso no es contaminación de una investigación judicial? Honestamente, pregunto: ¿No es contaminar una investigación ofrecerle trabajo al persecutor del delito? ¡Eso es contaminación política “aquí y en la quebrada del ají”! Contaminaron el proceso y la investigación. ¿Quién lo hizo? El gobierno del Presidente Piñera. ¿Por qué? Porque querían resultados.Como en esta secuencia de hechos -hay que reconocer que hubo instalación de bombas- no había responsables, entonces había que encontrarlos. Y luego se produce el ridículo y el absurdo de que un grupo de anarquistas -porque todos lo decían: “Son un grupo de anarquistas los que andan poniendo bombas por Santiago”- es acusado de asociación ilícita, en circunstancias de que ese tipo penal, la estructura de ese delito, requiere de un organigrama, de una estructura con orden y mando, de una jerarquía, lo que estaba lejos de configurarse en esos grupos anarquistas. Sin embargo, desde que el fiscal Xavier Armendáriz traspasó la carpeta investigativa a Alejandro Peña, este hizo milagros, puesto que descubrió que un grupo de anarquistas eran los responsables de la instalación de las bombas. El Ministerio del Interior le ofreció un trabajo a Alejandro Peña, quien solicitó para esos anarquistas la pena de presidio perpetuo. Es decir, simplemente, quería congraciarse con su futuro jefe. Esa fue una inmoralidad cometida por Peña y por el subsecretario Rodrigo Ubilla; este es un atentado y una falta clara al principio de probidad.En ese sentido, las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados no me satisfacen, porque pudo haberse hecho mucho más. No obstante, como lo señaló el diputado señor Alinco, se avanzó lo que se pudo, dado que muchos entes públicos no cooperaron con la investigación.Sin perjuicio de lo anterior, basta con enumerar todos los hechos señalados en el informe para darse cuenta de que en ese caso hubo algo grave: la contaminación política de una investigación judicial que debiera ser imparcial. Si hay un deber que le corresponde a todo persecutor es actuar con imparcialidad; de lo contrario, la suerte de cada uno de nosotros está echada, corre peligro, porque si el Ministerio Público, si un persecutor, actúa con criterios políticos en la persecución penal, entonces todos estamos fritos; todos estamos fregados. Si eso ocurre, no solo se pierde la imparcialidad, sino que, en definitiva, la investigación está orientada por un criterio político, que debiera estar ausente de la persecución penal.Cuando el subsecretario Ubilla le ofreció trabajo a Alejandro Peña, contaminó el proceso, debido a lo cual todos los demás actos procesales están viciados. Ahora lo sabemos con claridad, a raíz de la investigación que se llevó a cabo. Ese hecho bastaba para desahuciar esa causa.Reitero que no me conforman las conclusiones de la Comisión Investigadora, porque se pudo haber hecho más, como haber insistido en la cooperación de los entes que no lo hicieron.En resumen, algo huele mal en todo lo que se hizo en la investigación llevada a cabo por el entonces fiscal Peña, más aún después de que se conoció el rol que tuvo como integrante de la Subsecretaría del Interior en el caso de corrupción en el que él también fue parte.Sin duda, la investigación fue pasada por el cedazo de la Comisión Especial Investigadora de la Corporación, pero sin los resultados que uno hubiese esperado, en el sentido de que debería haber tenido más profundidad y más claridad, con conclusiones que fueran más allá de las recomendaciones que se hacen para modificar determinados cuerpos legales. Lo que se debería haber dicho, en forma clara, es que hubo un montaje, el cual, sin duda, fue coordinado desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.Por nuestra parte, seguiremos diciendo que el proceso judicial relacionado con el “Caso Bombas” fue pervertido y viciado por la intromisión innecesaria, inadecuada e impertinente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual, en su calidad de querellante, debió haber cooperado para que la investigación se realizara como correspondía, pero no debió haber instado para que las personas acusadas siguieran privadas de libertad ni haber ofrecido trabajo al fiscal de ese caso para cuando terminara su mandato.Para mí, todo eso fue un montaje. ¿Qué se requería? Respuestas por las bombas instaladas en Santiago. Para ello, no encontraron nada mejor que pescar a jóvenes que calificaron como anarquistas e incluirlos en una asociación ilícita; con eso tenían listo el paquete. Luego los ingresaban a todos en la cárcel de alta seguridad y de seguro terminaban condenados. Sin embargo, no ocurrió así. Ese montaje fue desbaratado, lo que se logró, en gran medida, por la intervención que tuvimos algunos diputados.Eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Por eso, agradezco la preocupación por investigar respecto de esa situación, al margen de que votemos a favor o en contra el informe. Pero nunca más la política debe pervertir un proceso judicial, porque, a la postre, se terminará por condenar a gente inocente.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, después de leer detalladamente las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del gobierno en el denominado “Caso Bombas” y de prestar atención a las intervenciones de los diputados en la Sala, se constata que estamos en presencia de hechos tremendamente irregulares, los cuales, desgraciadamente -como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra-, contaminaron la investigación sobre ese caso que llevó adelante el Ministerio Público. Me parece muy bien que la Comisión Especial Investigadora haya podido avanzar. Si bien no lo pudo hacer todo lo necesario, en el informe se deja consignada la relación absolutamente ilegal, al margen de los principios básicos del Ministerio Público, entre un persecutor -un fiscal- con un organismo del que, con posterioridad, sin solución de continuidad, pasaría a formar parte: la Subsecretaría del Interior. Ese persecutor entregó a un aparato político la información que llevó adelante en esa investigación simplemente con el objeto de justificar la ineficiencia e ineficacia de su investigación para descubrir a los responsables del “Caso Bombas”.Lo más preocupante es que, con ese hecho, se vulneraron derechos fundamentales de ciudadanos, quienes se vieron expuestos a una transgresión enorme de sus garantías y derechos. Si no se hubiera denunciado esa situación, podríamos habernos encontrado con la dictación de una condena muy alta, que debería haber sido cumplida en la cárcel de alta seguridad, simplemente por presunciones o por el sesgo ideológico en la búsqueda de los culpables. Como no los encontraban, era fácil imputar esos delitos a un grupo de jóvenes anarquistas.Esa situación me trae a la memoria una película que impactó a quienes la vimos: En el nombre del padre. En ella se mostraba que ante la ineficacia de los servicios de inteligencia británicos, se culpó a jóvenes inocentes de la colocación de bombas, a quienes acusan de pertenecer al IRA, debido a lo cual pasaron largos años -no solo ellos, sino también sus familiares- privados de libertad. Sin embargo, después, se determinó, con claridad, que se había ocultado información y que se había actuado con criterio político para justificar la ineficacia en la persecución de los ilícitos y que, durante largos años, se había privado de libertad a ciudadanas y ciudadanos inocentes.En este caso, el montaje fue más burdo, y quedó develada claramente la situación, lo que debe llamarnos a la reflexión. Cuando dejamos de confiar, cuando dejamos de creer en la capacidad, independencia y profesionalismo del Ministerio Público para llevar adelante las investigaciones, que terminan contaminadas por la vinculación con el poder político, se pierde credibilidad en el sistema judicial y se vulneran los derechos fundamentales de muchos ciudadanos.Esa tendría que ser una de las conclusiones a la que hoy deberíamos llegar. Además, debería llevar al ministro del Interior y Seguridad Pública de la época a entender que no se deben cometer ese tipo de actos, los que deben ser objeto de la más amplia repulsa por parte de la ciudadanía, de la opinión pública y del Congreso Nacional. Ayer se hizo un montaje -como quedó demostrado- en relación con la colocación de esas bombas, que se adjudicó a esos jóvenes anarquistas, pero el día de mañana se puede buscar un chivo expiatorio que afecte a otros ciudadanos. En una democracia con transparencia y con Poderes del Estado independientes, esto no puede ocurrir.Esa relación prelaboral que se estableció con el Ministerio Público, que después terminaría con la contratación del señor Peña en una unidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debe ser condenada y tiene que quedar consignada en este informe y en la historia del Congreso Nacional.La contaminación política y la justificación de la ineficacia frente a la lucha contra el delito no pueden implicar bajar al estándar de una investigación o afectar las garantías de los ciudadanos.No quiero que en este gobierno ni en los que vengan, ciudadanos y ciudadanas se vean expuestos al manto de dudas y a la persecución sectaria por parte del Ministerio Público, que no tiene otra función que aclarar los delitos y perseguir a quienes los cometen.Hubiera preferido que las conclusiones fueran más contundentes y lapidarias, pero este informe, con las conclusiones a las que se pudo llegar, por la información que se pudo obtener, fruto de un trabajo acucioso, deben llevar a reformular y a plantear con fuerza la regulación de la relación entre el mundo político y el Ministerio Público, el cual no puede permitir que un funcionario -como ocurrió en el caso del señor Peña- se cambie el traje de la noche a la mañana y pase a formar parte del Ministerio del Inte-rior y Seguridad Pública. Eso no debe ocurrir, porque vulnera principios básicos y derechos que están garantizados en nuestro ordenamiento jurídico.Que este informe sirva para aclarar esa situación y para anticiparse a posibles hechos similares, para que nunca nadie más vea expuestas sus garantías. Es necesario que el Ministerio Público tenga toda la autonomía que necesite para investigar, así como los recursos que requiera para desarrollar la investigación de los delitos. Pero nunca más se debe dar esa relación prelaboral entre ambos órganos.Votaremos a favor de este informe, pero también queremos dejar consignado que no queremos que, en el futuro, en el país vuelvan a ocurrir situaciones de esta naturaleza. Hubiera sido interesante que algún representante del Ejecutivo hubiera estado presente en esta sesión, porque se necesitan iniciativas legales que favorezcan a las personas y nos hagan reflexionar sobre la materia, para evitar que situaciones de esta naturaleza se repitan en el futuro.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.El señor VELÁSQUEZ.- Señor Presidente, si bien este informe nos satisface a todos, en general, contiene algunos elementos que se deben rescatar, los cuales quiero comentar.Finalmente, se puede afirmar que el fracaso del “Caso Bombas” no se pudo atribuir a una persona en particular, ya que son diversos los factores que confluyeron en su desplome, como, por ejemplo, la deficiencia investigativa e, incluso, ciertas falencias legales.No obstante lo anterior, resulta patente que el desenlace del “Caso Bombas” constituye un fracaso para los órganos del Estado, básicamente para el Ministerio Público y para el Ejecutivo. Ello se ejemplifica en un dato de la Defensoría Penal Pública sobre hechos ocurridos durante los nueve meses en que los imputados por el denominado “Caso Bombas” estuvieron detenidos en la cárcel de máxima seguridad. Mientras eso ocurría, detonaron dieciocho artefactos explosivos, con un promedio de veinte al año. Esa situación es de la mayor gravedad, en una doble dimensión; primero, porque da cuenta de personas que fueron privadas de libertad durante meses, que finalmente fueron absueltas por los tribunales de justicia; y segundo, porque, no obstante que los imputados estaban privados de libertad, supuestos autores de los bombazos, estos siguieron produciéndose y, a la fecha, los verdaderos autores de esos atentados explosivos siguen impunes, lo que deja en evidencia la incapacidad de los órganos del Estado responsables de la seguridad pública y de aquellos que tienen a su cargo la persecución penal.Sin embargo, considero que este informe y sus conclusiones -lo digo con mucho respeto- son bastante contradictorios. La justicia en Chile y el Poder Ejecutivo tienen autonomía, pero lo que se generó con el “Caso Bombas”, que significó una evidente violación a los derechos humanos de varios jóvenes a quienes se les imputó hechos que nunca cometieron, me hace preguntarme cuántas personas más hay en nuestro país que han pasado por la misma situación y que son inocentes, cuando se colude el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo para aparecer ante la opinión pública como que han sido exitosos en las investigaciones de delitos y que han obtenido logros. Muchas veces hemos escuchado de casos en que las víctimas han sido “cargadas” por la Policía de Investigaciones u otros organismos con la finalidad de encontrar culpables en diversos juicios que se han desarrollado en nuestro país.Creo que faltó que la Comisión hubiese recomendado algún tipo de reparación para esos jóvenes que estuvieron privados de libertad durante mucho tiempo. También debería haberse considerado la situación de los medios de comunicación, que influyeron para hacer parecer como culpables a personas que terminan siendo víctimas, que fueron expuestas ante la comunidad nacional e internacional como verdaderos asesinos, pero que finalmente quedan libres. ¿Quién repara eso? ¿Qué autoridad pública, del Ejecutivo, el Ministerio Público o la Fiscalía ha pedido públicamente excusas por el daño causado a esas personas y a sus familias?Si bien este informe recoge las falencias de nuestra legislación, es indudable que lo que debemos hacer ahora es tomar cartas en el asunto para que se puedan realizar las modificaciones, vía nuevos proyectos legales, que garanticen que esto nunca más vuelva a ocurrir. Es muy peligroso cuando los Poderes del Estado, a los cuales hemos entregado autonomía, se unen para planificar, a cualquier costo, hechos que el día de mañana pueden dejar -de hecho, ha ocurrido antes- en la cárcel a miles de personas inocentes.En ese ámbito, la Comisión debería haber tomado mayores prerrogativas y haber señalado, con nombre y apellido, las sanciones que deberían recibir los responsables de lo que hemos denominado un verdadero “montaje”, porque no es posible que durante meses se juzgue a un número de personas, se presenten pruebas en su contra y se les considere culpables, para que finalmente sean absueltos. Eso no habla bien de nuestra justicia ni de los procedimientos que están llevando a cabo el Poder Judicial y el Ministerio Público. Tal como lo señaló hace pocos días el Presidente del Senado, senador Camilo Escalona, pondría énfasis en el hecho de que cada vez que se produce un hecho importante, interviene el Ejecutivo de turno. Pero cada vez que lo hace, en muchos aspectos no actúa bien, porque toma parte en un proceso en el cual debe actuar el Poder Judicial en forma absolutamente independiente.En el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay, en la Región de La Araucanía, inmediatamente se invocó la ley antiterrorista, en circunstancias de que lo que corresponde es que actúe la justicia, que debe desarrollar un proceso normal, y no generar mayor alarma y acusar a medio mundo de terrorista. En el “Caso Bombas”, la justicia chilena debería responder, pedir disculpas y garantizar que no se repetirán situaciones similares, que no nos dejan bien parados como país. Por eso, con mucho respeto y con altura de miras, pido que el Gobierno tenga un gesto positivo y pida disculpas públicas a las personas que fueron acusadas y que, después de haberse utilizado todo el aparataje del Estado y del Ministerio Público, finalmente fueron absueltas. Esas personas, que son chilenas y chilenos que estuvieron detenidos, por lo menos, merecen que se les pida disculpas públicas por ese mal procedimiento que se les aplicó. Esperamos que ello jamás se vuelva a repetir en Chile, porque ello nos hace recordar tiempos pasados, cuanto el gobierno tenía todo el poder, hacía y deshacía y fue responsable de miles de muertos y de violaciones a los derechos humanos.Espero que el “Caso Bombas” no se repita, porque estamos en pleno siglo XXI y vivimos en un país civilizado, que se cree líder en América Latina. Sin embargo, en el ámbito de la justicia, tenemos muy poco que decir y aportar a la comunidad internacional, porque no somos precisamente un ejemplo en esta materia.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 5 abstenciones.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Campos Jara Cristián; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Edwards Silva José Manuel; Hasbún Selume Gustavo; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Ulloa Aguillón Jorge; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe.-Se abstuvieron los diputados señores:Rojas Molina Manuel; Sandoval Plaza David; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio.IMPLEMENTACIÓN DE CONVENCIÓN DE LA HAYA QUE SUPRIME LA EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. Primer trámite constitucional.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa la Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961, en La Haya, Países Bajos.Diputados informantes de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda son los señores Edmundo Eluchans y Pepe Auth, respectivamente.Antecedentes:-Mensaje, boletín N° 8556-10, sesión 74ª de la presente legislatura, en 30 de agosto de 2012. Documentos de la Cuenta N° 1. -Informe financiero, sesión 92ª de la presente legislatura, en 18 de octubre de 2012. Documentos de la Cuenta N° 4.-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 95ª de la presente legislatura, en 5 de noviembre de 2012. Documentos de la Cuenta N° 3. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 125ª de la presente legislatura, en 15 de enero de 2013. Documentos de la Cuenta N° 8.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Rendirá el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el diputado señor Alberto Cardemil.Tiene la palabra su Señoría.El señor CARDEMIL (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia vengo en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que implementa la Convención de La Haya, que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, instrumento internacional conocido como Convención de la Apostilla, adoptada en la ciudad de La Haya, el 5 de octubre de 1961.La iniciativa tiene por finalidad implementar la Convención mencionada, que se encuentra en proceso de ratificación por nuestro país, mediante la introducción de modificaciones a diversos cuerpos legales.Los objetivos perseguidos por la Convención se orientan, fundamentalmente, a simplificar la autenticación de documentos públicos que deben ser presentados en el extranjero, facilitando su circulación entre los Estados parte. La actual legalización es reemplazada por un certificado denominado “apostilla”, que debe ser extendido en los términos que establece la Convención, a petición de quien firma el documento o de su portador, y que autentifica el documento público original.De acuerdo con los antecedentes aportados, la necesidad de efectuar las adecuaciones pertinentes en nuestra legislación interna deriva del hecho de haberse afinado la tramitación legislativa aprobatoria de esta Convención y de que el país está próximo a adherir a ella. El actual mecanismo que regula la legalización de documentos públicos puede describirse desde dos puntos de vista: por una parte, los Estados son receptores de documentos públicos otorgados en el extranjero, que pretenden hacer valer dentro de su territorio y, por otra, los Estados emiten documentos que pueden ser destinados a producir efectos fuera del país.Cabe recordar que el procedimiento aplicable en Chile para la legalización de documentos públicos se encuentra regulado por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que señala que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados, entendiéndose que lo están cuando en ellos conste su carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas dichas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas. La misma norma señala que la autenticidad de las firmas y el carácter de los funcionarios se acreditará en el país por alguno de los siguientes medios:1°) El atestado de un agente diplomático o consular chileno, acreditado en el país, del cual procede el instrumento y cuya firma se compruebe con el respectivo certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores.2°) El atestado de un agente diplomático o consular de una nación amiga, acreditado en el mismo país, a falta de funcionario chileno, certificándose en este caso la firma por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores a que pertenezca el agente o del ministro diplomático de dicho país en Chile, y, además, en ambos casos, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.3°) El atestado del agente diplomático acreditado en Chile por el gobierno del país en el cual se otorgó el instrumento, certificándose su firma por el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.De acuerdo a lo anterior, para que tales documentos tengan valor en Chile, es necesario acreditar su autenticidad por medio de alguna de las formas señaladas, deben ser traducidos al castellano, en caso de estar redactados en otro idioma, y se requiere su protocolización en una notaría, en los casos que señala el artículo 420, N° 5, del Código Orgánico de Tribunales.A su vez, el procedimiento para la legalización de instrumentos públicos chilenos en el extranjero debe realizarse por medio de una cadena de legalizaciones ante diversos funcionarios, tanto del Estado de origen del documento como del Estado destinatario, lo que origina un conjunto de trámites para verificar el carácter público del instrumento y la autenticidad de la firma del funcionario autorizante y de los funcionarios que lo antecedieron en la cadena de legalizaciones. Todo eso deviene en un mecanismo lento, burocrático y costoso, que se verá sustancialmente simplificado cuando se trate de acreditar la autenticidad de un documento otorgado en el extranjero, que provenga de algún Estado parte de la Convención.La tecnología actual aplicable a este mecanismo se basa en dos componentes: la apostilla electrónica propiamente tal y el registro electrónico, que permite recibir apostillas en papel y registrarlas electrónicamente. Las positivas experiencias internacionales existentes han llevado al país a adoptar directamente el sistema electrónico, incorporándose así al régimen más avanzado a nivel global.Conforme a lo anterior, es necesario modificar el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y el N° 5 del artículo 420 del Código Orgánico de Tribunales. Igualmente, las modificaciones dicen relación con las facultades que actualmente corresponden a diversas autoridades que intervienen en los procesos de legalización, que, al entrar en vigencia la Convención en Chile, deberán contar con competencia para otorgar apostillas.De conformidad con lo anterior, el proyecto introduce modificaciones a los siguientes cuerpos legales:a) Ley orgánica del Ministerio de Justicia, con el objeto de facultar a los secretarios regionales ministeriales para expedir apostillas respecto de los documentos provenientes de las notarías públicas, de los conservadores de bienes raíces, de los servicios dependientes y relacionados con el Ministerio, y de las sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales, todos de su jurisdicción, salvo los que emanen del Servicio de Registro Civil e Identificación.b) Ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación con el objeto de facultar a los secretarios regionales ministeriales para otorgar apostillas respecto de los siguientes documentos: certificados de estudios básicos, medios y superiores, y los que acreditan puntajes obtenidos en evaluaciones de selección universitaria, todos de su región.c) Ley orgánica del Ministerio de Salud, a fin de autorizar a los secretarios regionales ministeriales, a los directores de los servicios de salud y al intendente de Prestadores de Salud para que otorguen apostillas respecto de documentos en los cuales consten las firmas de autoridades de ese Ministerio o de algún profesional del área en que se deje constancia del estado de salud de una persona o la prescripción de algún tratamiento.d) Ley orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, con la finalidad de otorgar facultades al director nacional y a los directores regionales del Servicio para expedir apostillas respecto de los documentos que emanen de dicho servicio.Por último, otorga facultades al Ministerio de Relaciones Exteriores para otorgar apostillas respecto de instrumentos emanados de cualquier autoridad, poniendo a su cargo, además, el Sistema Electrónico Único de Apostillas.Cabe señalar que la Convención ha sido ratificada por 103 Estados, entre los que se encuentran cinco países latinoamericanos: Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Argentina y Perú. Chile es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que aún no la ha implementado. La conveniencia de adoptar este sistema resulta evidente si, como lo señalan los análisis efectuados y la experiencia comparada, de un total de casi 34 días (33,75) que demora la legalización de una escritura pública para que tenga efectos en el extranjero, a un costo de 60.000 pesos, se pasará a solo siete días y medio y con un costo de 22.400 pesos.En todo caso, la Convención se aplica únicamente a instrumentos públicos, es decir, documentos que emanan de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público o de un agente judicial, los documentos administrativos y notariales y las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados.Por último, debe señalarse, a título ilustrativo, que la apostilla es, materialmente, un documento que se anexa al final del instrumento público, cuya autenticidad se certifica, que se caracteriza por certificar la autenticidad de la firma, la calidad con que actuó quien suscribió el instrumento y, de ser procedente, la identidad del sello o timbre que el documento contenga, pero no califica su contenido. En otras palabras, consiste en una certificación que puede estamparse dentro o fuera del documento, que señala el país en que se otorgó, quién lo suscribió y en qué calidad actuó, pudiendo incluir un timbre.Por las razones expuestas, recomendamos la pronta aprobación de esta iniciativa de ley, dado que facilitará la vida y el desarrollo de actividades de los ciudadanos.Es cuanto puedo informar.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.El señor JARAMILLO (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que implementa la Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros.Durante el estudio del proyecto, expuso en la Comisión de Hacienda el señor Ignacio Larraín, subsecretario subrogante de Relaciones Exteriores.El informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos con fecha 24 de julio de 2012, señala que el proyecto implica un mayor gasto fiscal, lo cual se detalla en el cuadro respectivo.En relación con el Ministerio de Justicia, en el primer año representará un costo de 119.260.000 pesos, desglosado en su secretaría y administración general, con 12 millones 76.000 mil pesos, y en el Servicio de Registro Civil e Identificación, con 107.184.000 pesos.Respecto del Ministerio de Educación no tiene costos.En cuanto al Ministerio de Salud, significará un costo de 56 millones de pesos.Respecto del Ministerio de Relaciones Exteriores, representará un costo de 608.581.000 pesos.El costo total del primer año de implementación asciende a 783.841.000 pesos. Para el segundo año y en régimen, el costo total ascenderá a 212.456.000 pesos.El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en proyecto durante su primer año de vigencia, se financiará, según corresponda, con cargo a los recursos de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación y de Justicia, y, en lo que faltare, con cargo a los recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público. Para los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que se consulten anualmente en las respectivas leyes de presupuestos, en las partidas de los ministerios ya mencionados.En el debate de la Comisión de Hacienda, el señor Larraín hizo presente que, en la actualidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores legaliza más de 250 mil documentos al año. Agregó que se ha generado preocupación por lo poco expedito del trámite, lo que llevó a nuestro país a adherir a la Convención de La Haya sobre supresión de la legalización de los documentos públicos extranjeros, adoptada en 1961, que establece sistema de la apostilla.Explicó que de todas las convenciones de La Haya, la Convención sobre la apostilla es la que cuenta con mayor número de ratificaciones y adhesiones. En efecto, actualmente 104 países han adherido a ella -lo que incluye a todos los de la OCDE, salvo Chile-, obteniendo ventajas en la circulación de sus documentos en el extranjero y en la recepción de documentos desde el extranjero bajo este sistema simplificado de certificación de autenticidad.Agregó que se llegó a esta decisión al constatar la evidente ventaja del sistema de la apostilla respecto del actual sistema de legalizaciones. Con la incorporación de Chile a la Convención, se simplificará considerablemente la acreditación de la autenticidad de los documentos públicos otorgados en Chile y en el extranjero, beneficiando directamente a los ciudadanos que deben realizar dichos trámites.Asimismo, destacó que esta iniciativa se desarrolla en el marco de la Agenda de Modernización del Estado y que con este instrumento se busca mejorar la atención a los ciudadanos, lograr una más efectiva y eficiente institucionalidad estatal, y profundizar la descentralización.En cuanto al contenido de la iniciativa, puntualizó que ella establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores será el garante de una correcta aplicación del Registro Central de Apostillas, y administrará el Sistema Electrónico Único de Apostillas. Se establece, además, que las autoridades competentes para la aplicación del sistema serán los secretarios regionales ministeriales de Justicia, de Educación y de Salud, así como el director nacional y los directores regionales del Servicio de Registro Civil e Identificación. El Ministerio de Relaciones Exteriores estará facultado para apostillar todo tipo de documentos, en un carácter residual.De esta manera, se acercará la apostilla a las personas en todas las regiones y se simplificará el sistema actual de legalización al reducirlo a una única etapa que consiste en la fijación de una apostilla por la autoridad competente del Estado de la cual dimane el documento público en cuestión. Esta apostilla está llamada a certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre de que el documento esté revestido.Finalmente, destacó que, con el mismo objetivo de alcanzar una mayor eficiencia y eficacia, se ha establecido que la apostilla será electrónica (e-Apostilla), y lo será también su registro (e-Registro).La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 9º permanente y 3º transitorio, por ser de su competencia.Puestos en votación los artículos 9° permanente y 3° transitorio propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, fueron aprobados en forma unánime por los diputados presentes.Tratado y acordado en sesión de fecha 8 de enero de 2013, con la asistencia de los diputados señores Silva, don Ernesto (Presidente); Auth, don Pepe; Godoy, don Joaquín; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier; Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo, don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Von Mühlenbrock, don Gastón, y de quien habla.Es todo cuanto puedo informar. He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que implementa la Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, Países Bajos.Hago presente a la Sala que todas las normas del proyecto son propias de ley simple o común.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; González Torres Rodrigo; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda aprobado también en particular.Despachado el proyecto.PROYECTO APROBATORIO DE LA ENMIENDA AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL SOBRE LA REFORMA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO. Primer trámite constitucional.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda al Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma del Directorio Ejecutivo, contenida en Anexo II de la resolución N° 66-2, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, con fecha 15 de diciembre de 2010.Diputada informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es la señora María Antonieta Saa. Antecedentes:-Mensaje, boletín N° 8733-10, sesión 114ª de la presente legislatura, en 18 de diciembre de 2012. Documentos de la Cuenta N° 1.-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 125ª de la presente legislatura, en 15 de enero de 2013. Documentos de la Cuenta N° 9.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada informante.La señora SAA, doña María Antonieta (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y en reemplazo del diputado Iván Moreira, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda al Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma del Directorio Ejecutivo, adoptada en Washington D.C. el 15 de diciembre de 2010.El acuerdo se encuentra sometido a la consideración de la honorable Cámara en primer trámite constitucional, sin urgencia y de conformidad con lo establecido en los artículos 32, N° 15, y 54, y N° 1, de la Constitución Política de la República.Según lo señala el mensaje, la Junta de Gobernadores del FMI adoptó, con fecha 15 de diciembre de 2010, la resolución Nº 66-2, cuyo Anexo II contiene el texto de dicha enmienda. En la misma resolución se aprobó el aumento de capital del FMI, cuya cuota correspondiente a Chile fue suscrita por el Banco Central de Chile tras ser autorizado por la ley N° 20.598.La enmienda antes señalada modifica el Convenio constitutivo del FMI en diversos aspectos operativos de su Directorio Ejecutivo, y entrará en vigor para todos los países miembros en la fecha en que el FMI certifique, por comunicación oficial, que dicha enmienda ha sido aceptada por tres quintos de los países miembros que reúnan el 85 por ciento del total de votos.En el estudio de este proyecto de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Ignacio Larraín Arroyo, subsecretario subrogante de Relaciones Exteriores; del señor Francisco Moreno Guzmán, coordinador legislativo del Ministerio de Hacienda; de la señora Leticia Celador Izquierdo, asesora jurídica del Departamento de Finanzas Internacionales de dicha secretaría de Estado, y de la señora Jael Beytelman Filkenstein, economista senior de la gerencia de Relaciones Internacionales del Banco Central de Chile, quienes refrendaron los fundamentos expuestos en el mensaje que acompaña este proyecto de acuerdo y efectuaron una reseña acotada de sus contenidos.Manifestaron, en síntesis, que el presente Convenio confirma la enmienda acordada en Washington D.C. sobre el Directorio Ejecutivo del FMI. Asimismo, recordaron que por medio de la ley N° 20.598 ya se aprobó un aumento de participación de Chile en relación a las cuotas.Agregaron que la enmienda establece en forma expresa que el número de directores ejecutivos que conforman el Directorio Ejecutivo será de veinticuatro miembros, eliminándose del texto del Convenio constitutivo todas las menciones al nombramiento de directores ejecutivos. Se contemplan únicamente la posibilidad de que estos sean elegidos con una periodicidad de dos años. Asimismo, añadieron que las elecciones de directores ejecutivos se efectuarán de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que deberá adoptar la Junta de Gobernadores, las que incluirán un límite al número total de votos que puede emitir más de un país miembro a favor del mismo candidato. Se dispone, al mismo tiempo, que los países europeos avanzados, a más tardar para la primera elección ordinaria de directores ejecutivos posterior a la fecha de entrada en vigor de la enmienda, reducirán en dos el número de sus directores ejecutivos, beneficiando, de esta forma, a los países en vías de desarrollo. Por último, señalaron que hasta el 26 de diciembre del año recién pasado, la enmienda ha sido ratificada por 103 de 188 países, y que, para su entrada en vigencia, necesita de la ratificación de al menos 113 países, es decir, de las tres quintas partes de sus miembros.Por su parte, las señoras diputadas y los señores diputados presentes en la comisión expresaron su decisión favorable a la aprobación de este proyecto de acuerdo, sobre la base de una serie de cuestionamientos formulados por las economías emergentes en cuanto a que estarían subrepresentadas en su poder de voz y voto en el Directorio Ejecutivo de dicho organismo internacional.Por ello, por 7 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo en informe. Votaron a favor las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta, y Zalaquett, doña Mónica, y los diputados señores Arenas, don Gonzalo; Edwards, don José Manuel; Jarpa, don Carlos Abel; Moreira, don Iván, y Tarud, don Jorge.Al respecto, quiero comentar que los países desarrollados tenían el derecho a elegir miembros del Directorio, no así los países de economías emergentes. En conformidad con lo preceptuado por el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, se hace presente que la Comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, la Comisión determinó que sus preceptos no deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, por no tener incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado.Como consecuencia de los antecedentes expuestos y visto el contenido formativo del acuerdo en trámite, la Comisión decidió recomendar a la honorable Cámara aprobar dicho instrumento, para lo cual propone adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo, cuyo texto está contenido en el informe que los señores diputados tienen en su poder.Considero de justicia igualar el voto de los países de economías emergentes con el de los países desarrollados, que hoy tienen una amplia ventaja al nombrar integrantes del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.Es todo cuanto puedo informar.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- En discusión el proyecto.Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, los proyectos que tienen que ver con el ámbito de las relaciones exteriores nos hacen pensar que la modernidad nos lleva a crecer, y que ese crecimiento debe ser regulado mediante convenios como el constitutivo del Fondo Monetario Internacional, cuya enmienda conocemos hoy.Este proyecto de acuerdo, que pareciera tan simple, dice relación con una materia que vale la pena comentar.La iniciativa en discusión, aprueba la enmienda al convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la reforma de su Directorio Ejecutivo.En el futuro, las elecciones no se basarán en los cinco países que tienen más de dos directores, es decir, Estados Unidos de América, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido.A los mejor, nuestro país también será parte interesada en algún momento en dichas elecciones.Reitero, las elecciones de directores ya no se limitarán a los miembros ejecutivos de esos países y se efectuarán de acuerdo a las disposiciones reglamentarias del Fondo Monetario Internacional.También se incluye un límite -tal vez ese sea el tema más interesante de este proyecto de acuerdo- al número total de votos que puede emitir más de un país miembro a favor del mismo candidato. Al respecto, cabe destacar que el texto de la Resolución N° 66-2 del FMI también contempla una serie de compromisos que deberemos asumir como países miembros, en orden a lograr representación de países de mercados emergentes, donde nos encontramos, y de países en desarrollo en el Directorio Ejecutivo.Asimismo, se dispone que los países europeos avanzados, a más tardar para la primera elección ordinaria de directores ejecutivos posterior a la fecha de entrada en vigor de la enmienda, reducirán en dos el número de sus directores ejecutivos. Lo expresado me hace fuerza, porque, como país emergente, ya estamos siendo parte de esta enmienda al Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de acuerdo en los siguientes términos:El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda al Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional sobre la reforma del Directorio Ejecutivo, contenida en el Anexo II de la Resolución Nº 66-2, adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional con fecha 15 de diciembre de 2010.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Ma-tías; Ward Edwards Felipe.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Despachado el proyecto.
    
    
    VI. PROYECTOS DE ACUERDOFIJACIÓN DE PLAZO PARA PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA AUSTRAL. (Preferencia).El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde tratar con preferencia el proyecto de acuerdo Nº 811, a cuya parte dispositiva va dar lectura el señor Prosecretario.El señor LANDEROS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 811, de los diputados señores Sandoval, Urrutia, Rojas, Hernández, Vallespín, Santana, Hasbún, Melero y Pérez, don Leopoldo, y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:La Cámara de Diputados acuerda:Solicitar a S.E. el Presidente de la República que: 1. Instruya a la ministra de Obras Públicas, en orden a fijar un plazo para la pavimentación de la Carretera Austral, de acuerdo con un calendario de inversiones de obras, en plazos y oportunidad razonables, entendiendo que la conectividad de la Región de Aysén, del General Carlos Ibáñez del Campo debe ser una prioridad nacional. En tal sentido, es necesario eliminar la ambigüedad del Plan Aysén, que establece que en 2017 se unirá la región con Puerto Montt, con un tramo de camino (Parque Pumalín) de 96 kilómetros y una ruta de solo dos metros de ancho y de tierra.2. Establezca como objetivo del Estado, tal como se hizo con el puente del Canal de Chacao, la obligación de unir Chile por Chile, señalando con precisión los plazos de esta meta para dotar a la zona de un camino íntegramente pavimentado entre la Región de Aysén y Puerto Montt, y las acciones para la conectividad marítimo-terrestre de Yungay-Puerto Edén-Puerto Natales3. Considerar, dado el significado de esta obra de carácter estructurante nacional, su construcción con cargo a financiamiento del presupuesto nacional, sin que los gobiernos regionales deban proporcionar parte de sus recursos en la pavimentación de la Carretera Austral, lo que permitiría destinar estos recursos al mejoramiento de las redes intrarregionales. Un Estado responsable debe asumir la tarea de unir a todos los chilenos por Chile, y sus habitantes deben conocer con claridad cuándo se hará y que se financiará con fondos del Presupuesto Nacional.4. Resolver esta cuestión como tarea y obligación del Estado, en plazos y con recursos, a la brevedad, con la misma y mayor voluntad que se hizo con el puente del Canal de Chacao. Un tercio de Chile Continental lo tiene más que merecido. Eso lo han ganado los habitantes australes, quienes no deben seguir dependiendo de terceros países para su integración.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor David Sandoval.El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en primer lugar agradezco a la Sala la decisión de tratar con preferencia este proyecto de acuerdo.Ayer, en la Comisión de Zonas Extremas sostuvimos una sesión con la finalidad de abordar el tema de la conectividad austral. Al respecto, es muy importante dotar a la provincia de Palena y las regiones de Aysén y Magallanes de conectividad con el resto de nuestro territorio, ya que, como se sabe, para acceder a ellas todavía se debe transitar por territorio argentino debido a la falta de una ruta terrestre que una a todos los chilenos por Chile. La actual situación naturalmente implica superar varias dificultades e inseguridades, principalmente por la acción de grupos que alteran la convivencia y la tranquilidad en la ruta a la Región de Aysén.El proyecto pretende que se precise con claridad cuándo las zonas australes quedarán unidas con el resto del país.Por lo tanto, solicitamos al Presidente de la República que, tal como existió claridad en materia financiera -se destinaron millones de dólares- y de plazo para unir la isla de Chiloé con el resto del país- lo que nos parece muy bien-, se adopte una decisión similar respecto de Palena, Aysén y Magallanes, es decir, que se fije con claridad cuándo esos territorios quedarán conectados al resto del territorio nacional.En segundo lugar, como es una obra de carácter estructural, estimamos necesario que se financie con recursos del Estado, es decir, con fondos asignados desde el presupuesto de la Nación, de modo que los recursos propios de la Región de Aysén puedan ser destinados a la realización de obras de mejoramiento de la redes camineras intrarregionales.Como es de toda necesidad que el Estado asuma una actitud responsable respecto de nuestro territorio, solicito a mis colegas que respalden este proyecto de acuerdo.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra para impugnarlo.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 0 voto. No hubo abstenciones.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Becker Alvear Germán; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; González Torres Rodrigo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.ELIMINACIÓN DE FACULTAD DISCRECIONAL CONTENIDA EN ARTÍCULO 48 DEL DECRETO LEY Nº 1.094, de 1975. (Votación).El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde votar, por última vez, el proyecto de acuerdo Nº 695, que solicita eliminar la facultad discrecional contenida en el artículo 48 del decreto ley Nº 1.094, de 1975.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Rechazado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Bertolino Rendic Mario; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías.-Votó por la negativa el diputado señor Robles Pantoja Alberto.-Se abstuvo el diputado señor Espinosa Monardes Marcos.IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE PREVENCIÓN DE DROGAS.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 697.El señor LANDEROS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo Nº 697, de los diputados señores Baltolu, Salaberry, Rojas, Sandoval, Urrutia, Hasbún, Bauer, Barros; de la diputada señora Nogueira, doña Claudia, y del diputado señor Calderón, que en su parte dispositiva dice lo siguiente:La Cámara de Diputados acuerda:Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que, por intermedio de los organismos gubernamentales competentes, implemente e intensifique mecanismos y políticas públicas principalmente en materia de prevención de drogas en las zonas fronterizas de nuestro país.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.El señor MEZA.- Señor Presidente, felicito a los autores del proyecto de acuerdo, que busca potenciar la lucha contra el flagelo económico, social, político y familiar que significa la incursión de los narcotraficantes en los estratos más humildes del país. En el último tiempo ha habido un aumento considerable en el consumo de drogas duras. Ello tiene que ver con la falta de prevención y, en especial, con la educación que se imparte en los hogares y en los colegios para advertir a los niños y jóvenes sobre el peligro que representa dicho consumo.En mi labor como médico, y en el marco de estudios y de trabajos que he realizado en la Unión Europea, he podido apreciar que en esos países se han aplicado políticas distintas a las implementadas en Chile, las cuales han logrado mayor éxito en el objetivo de retirar de la circulación a los consumidores crónicos de estupefacientes y drogas duras. En nuestro país es necesario que el Gobierno se ponga más firme no solo en términos de condenar el microtráfico y de castigar a los responsables del mismo, sino también de adoptar medidas de prevención.Cuando la droga penetra en la sociedad cuesta mucho retirarla. Ello explica los miles de millones de dólares que se gastan en perseguir con efectivos policiales y de inteligencia a los traficantes de drogas que actúan en las fronteras. Y qué decir del daño social que provoca la drogadicción. La toxicomanía destruye los hogares. Conozco casos de toxicodependientes que no trepidan en robar, agredir y matar a sus seres queridos para conseguir drogas. Se trata, entonces, de enfermos, no tanto de delincuentes. Así lo determina la Organización Mundial de la Salud. Un toxicómano o un drogodependiente es un enfermo. Por lo tanto, si aceptamos su condición de tal, debemos aplicar las medidas sanitarias necesarias para recuperarlo. De lo contrario, se transformará -reitero- en un delincuente, porque, según ellos, la droga les facilita la vida.En consecuencia, el proyecto de acuerdo pide al Presidente de la República que instruya a quienes corresponda que refuercen las medidas de ingreso al país, en especial en los pasos fronterizos, a fin de evitar que cuantiosas cantidades de drogas sigan destruyendo a nuestra juventud. Insisto en la necesidad de educar en prevención desde la primera infancia, de modo que nuestros hijos y nietos comprendan los peligros de acceder al consumo de drogas.Por lo expuesto, pido a la Sala que apruebe este proyecto de acuerdo.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.El señor ULLOA.- Señor Presidente, además de compartir lo señalado por el diputado Meza respecto de la necesidad de que la Corporación apruebe ojalá en forma unánime el proyecto de acuerdo, quiero destacar que los diputados Baltolu y Rojas viven el problema en sus distritos, que constituyen la puerta de entrada de las drogas a nuestro país. Por esa razón -reitero-, es necesario aprobar este proyecto de acuerdo, cuya intención no es otra que colaborar respecto de la prevención del consumo y tráfico de drogas.Objetivamente, pareciera que el Estado está perdiendo el combate contra la droga. Además, es una lucha desigual, por cuanto el Estado debe poner a disposición una impresionante cantidad de recursos para combatir este flagelo.Se requieren políticas públicas orientadas no solo a combatir el ingreso de la droga a través de las puertas de entrada al país, sino también a la rehabilitación de los consumidores. Chile todavía está al debe en materia de rehabilitación de ese importante número de enfermos, quienes, como señaló el diputado Meza, mantienen la droga como un vicio que les cuesta mucho dejar. Por lo tanto, hago un llamado a las señoras diputadas y a los señores diputados a que aprueben el proyecto de acuerdo por unanimidad.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de acuerdo.Ofrezco la palabra.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; González Torres Rodrigo; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.ENVÍO DE INICIATIVA LEGAL PARA MODIFICAR LEY N° 14.908, SOBRE ABANDONO DE FAMILIA Y PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de acuerdo N° 698.El señor LANDEROS (Prosecretario).- Proyecto de acuerdo N° 698, de las diputadas señoras Andrea Molina y María Angélica Cristi y de los diputados señores Pedro Araya, Edmundo Eluchans, Matías Walker, Jorge Sabag, Patricio Vallespín, Sergio Bobadilla, Jorge Ulloa y Carlos Montes, cuya parte dispositiva señala:La Cámara de Diputados acuerda:Solicitar a su excelencia el Presidente de la República que, en uso de sus atribuciones constitucionales y atendido que se trata de materias de su iniciativa exclusiva, tenga a bien enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que tenga por objeto modificar la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que, solucionando el problema que afecta a miles de familias chilenas, establezca un programa que permita el Estado asumir el pago de pensiones adeudadas y no pagadas cuando el alimentante se encuentre efectivamente impedido de cumplir con la obligación a favor del alimentario, sea por falta de dinero, por estar desempleado, por encontrarse enfermo o por tener otras cargas familiares, entre otras circunstancias.El hecho de si el alimentante dispone o no de los medios económicos para cumplir su obligación se determinará en conciencia por el tribunal, conforme al mérito de los informes preparados por asistentes sociales o por personal calificado del mismo tribunal, de acuerdo con las exigencias que contemple la ley, cuyo proyecto solicitamos que se presente a tramitación al Congreso Nacional.El programa deberá contemplar la obligación del alimentante de efectuar trabajos para la comunidad, para responder por el pago que el Estado ha hecho en su nombre, según las opciones y mecanismos que contemple el mismo programa.”.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, existe una falencia tremenda y un problema de base en relación con el pago de las pensiones alimenticias. Ocurre que cuando los alimentantes no pagan las pensiones porque no son habidos, se genera un problema para las madres y los hijos. ¿Cómo podemos hacer que el alimentante pague, si no es posible encontrarlo en su lugar de trabajo o si genera formas para evadir esa responsabilidad?Pero también ocurre otra situación. ¿Qué sucede si nos encontramos con un padre que está impedido de hacerlo porque tiene una discapacidad o porque padece una enfermedad? ¿Qué pasa si queda cesante? En casos como esos, nos parece que el Estado debería asumir algún tipo de responsabilidad con la familia del alimentante. Para ello, el proyecto de acuerdo propone que el Estado desembolse recursos para pagar las pensiones adeudadas a la familia y a los hijos, y que el alimentante efectúe trabajos para la comunidad para responder por ese pago que el Estado ha debido hacer en su nombre. Por lo tanto, solicito a la Sala que apruebe este proyecto de acuerdo en forma unánime, pues se trata de un tema de larga data y que no ha tenido ninguna solución.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, este proyecto de acuerdo es muy importante para la zona que represento. Creo que es un proyecto que las familias y las mujeres buscan con ansias en las zonas rurales y en las comunas más pequeñas, sobre todo en el entorno de los centros regionales. El monto asignado por el Ministerio de Economía a través de Sercotec es mínimo para hacer un emprendimiento; normalmente es de aproximadamente 200 mil a 300 mil pesos. En efecto, la suma total que Sercotec tiene asignada para el proyecto es de alrededor de 3.700 millones de pesos para todo el país. No obstante, este proyecto ha permitido que muchas mujeres jefas de hogar de nuestra zona, que se han capacitado a través de los años mediante los programas del Fosis y otros, se inserten en la vida laboral, aporten a sus familias y emprendan con un financiamiento claro. Incluso, muchas de ellas forman parte del Programa Puente, que se ha implementado desde hace 6 años y que ha buscado que esas familias salgan de la extrema pobreza.Por ello, si no nos ponemos realmente firmes para que se aumente el monto asignado a Sercotec, dejaremos a muchas mujeres frustradas de lograr su objetivo de tener un pequeño negocio, de ser artesanas o vendedoras de flores para aportar al ingreso familiar.Por lo tanto, faltando tan pocos días para terminar esta legislatura, insto a mis colegas a que nos pongamos las pilas y votemos favorablemente este proyecto de acuerdo, porque así mejoraremos la vida de muchas mujeres y familias que hoy tienen la posibilidad de emprender con el apoyo de todos nosotros.He dicho.El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, a pesar de que el proyecto de acuerdo está muy bien intencionado y considera un muy buen sistema de fondo, es fundamental reconocer que hoy la legislación existente para cobrar las pensiones de alimentos es eficiente; no obstante, debemos mejorarla.Por cierto, debemos hacer que las personas que adeudan las pensiones alimenticias paguen. El proyecto de acuerdo menciona, entre otras, la cesantía como causa que impide cumplir esta obligación. Pero la cesantía no puede ser una excusa para no pagar una pensión de alimentos, puesto que hay muchos inescrupulosos que simplemente, ocultando sus contratos de trabajo o sus contratos a honorarios por enormes sumas de dinero, no pagan las pensiones alimenticias. De manera que el Estado no debería subsidiar a las personas que no asumen esa responsabilidad.Por eso, hago una prevención en ese sentido. Puede ser que el Estado compense a través de distintos instrumentos; pero es importante que aquellos que deben pagar la pensión de alimentos, y que tienen los recursos para ello, no eludan su responsabilidad. Muchos alimentantes eluden la acción de la justicia; pero también la justicia no los persigue adecuadamente. Hago esta prevención sobre el proyecto de acuerdo, que está muy bien intencionado, pero que puede inducir a algún error. He dicho. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, quiero felicitar a los autores de este proyecto de acuerdo. Como decía el diputado De Urresti, es un proyecto bien intencionado y que apunta a la solución de un problema real. Pero el problema más grave que hoy existe es el de los padres irresponsables. En la actualidad hay 300 mil causas por no pago de pensiones de alimentos en los tribunales de familia. Queridos colegas, con todo respeto, en la legislatura pasada conocí casos de colegas nuestros que no se hacían responsables de su pensión alimenticia. Esta situación se produce de capitán a paje.(Hablan varios señores diputados a la vez)Nuestro Parlamento se honró al aprobar una ley de reconocimiento de paternidad, que puso fin a la ignominia de que no hubiera reconocimiento de paternidad. Tenemos que avanzar en la corresponsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. Por ello, me parece que hay que incorporar esa materia a este proyecto de acuerdo, porque es una vergüenza para Chile que los padres no se hagan responsables de sus hijos. He dicho. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- En votación el proyecto de acuerdo. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.-Se abstuvo el diputado señor Silber Romo Gabriel.
    VII. INCIDENTES NOMBRAMIENTO DE DELEGADO PRESIDENCIAL EN REGIÓN DE COQUIMBO DECLARADA ZONA DE CATÁSTROFE POR SEQUÍA. Oficio. El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia. Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, el viernes pasado, la mayoría de los alcaldes de la Región de Coquimbo y los parlamentarios asistimos a una reunión con el ministro del Interior, señor Andrés Chadwick, para representarle la dramática situación que vive la gente de la región a raíz de la sequía, la más severa en los últimos 127 años, y para hacerle presente que, pese a que desde agosto del año pasado el Gobierno emitió un decreto que la declaraba zona de catástrofe, la situación sigue igual. Existe una total desarticulación de las instituciones que deben implementar las medidas que corresponde en virtud de dicho decreto, esto es, disponer los instrumentos de fomento y los recursos necesarios. Vale decir, el impacto de la declaración de zona de catástrofe ha sido nulo. Por ello, en dicha reunión le planteamos al ministro del Interior que nombrara a un delegado presidencial, con facultades políticas y con voluntad política, con la finalidad de que articule y coordine todos los recursos y el instrumental institucional que existe. Asimismo, le hicimos presente al ministro que cada alcalde tiene un diagnóstico y una propuesta sobre el tema. Por ello, inmediatamente, y en forma ágil, el ministro convocó para el otro día a los alcaldes a una reunión con el subsecretario del Interior. Sin embargo, los parlamentarios entendemos, puesto que hemos sostenido conversaciones con nuestros alcaldes, que el resultado no ha sido muy satisfactorio. Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro del Interior, a fin de que nos informe cuál es la fecha exacta en que nombrará y enviará a la región al delegado presidencial, y de que nos envíe las conclusiones y las propuestas que emanaron de la reunión del subsecretario del Interior con nuestros alcaldes. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la unanimidad de los diputados presentes en la Sala. INFORMACIÓN SOBRE ELABORACIÓN DE DECRETO SUPREMO PARA CONDONACIÓN DE DEUDAS DE PEQUEÑOS AGRICULTORES CON INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA PÚBLICA. Oficio. La señora MUÑOZ (doña Adriana).- En segundo lugar, en la reunión con el ministro del Interior también hicimos presente la dramática situación de pequeños campesinos, de pequeños agricultores y de crianceros que tienen deudas con la institucionalidad financiera pública: el Indap o el Banco del Estado. Entendemos que esta también ha sido una preocupación del gobierno regional, toda vez que el intendente envió una solicitud al tesorero general de la República en orden a que, mediante decreto supremo emitido por la autoridad correspondiente, se condonen las costas, multas e intereses a las personas que hoy están prácticamente en la ruina debido al impacto de la sequía. Por lo tanto, pido que se oficie al tesorero general de la República, a fin de que me informe en qué estado de avance se encuentra el referido decreto supremo de condonación de las deudas señaladas. Señor Presidente, queremos reclamar la misma benevolencia y el mismo perdonazo que hizo el Gobierno a la empresa Johnson’s, la cual se vio beneficiada con más de 125 millones de dólares, que fue lo que le costó al fisco condonar multas e intereses por una situación de mal manejo económico. Lo que estamos pidiendo es el reconocimiento de nuestra dramática situación debido a la persistente sequía. Resulta urgente resolver esta situación, pero con medidas inmediatas, porque hay mucha conversación, muchas palabras de buena crianza, mucha comprensión, y muchas caras de compungidos, pero no llega nada a nuestra región. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de la unanimidad de los diputados presentes en la Sala. ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ESTÉTICA EN TENDIDO DE TELEVISIÓN POR CABLE EN REGIÓN DE LOS RÍOS. Oficio. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, quiero referirme a una situación que afecta al distrito 54, de la Región de Los Ríos, que comprende las comunas de Panguipulli, Los Lagos, Futrono, Paillaco, Río Bueno, Lago Ranco y La Unión, y que seguramente ocurre en todas las ciudades de Chile, aunque en algunas partes menos que en otras. Es penoso observar la mala estética que produce el tendido de la televisión por cable. Los propietarios de Endesa arriendan postes para que se instale ese tendido un poco más abajo que el de la electricidad. Pero, el arrendador -en este caso, Endesa- no se preocupa de si ello se hace bien, de si esos cables están instalados como corresponde, etcétera. En esos tendidos es posible observar cables cortados y mucho desorden, lo que -reitero- genera una estética horrorosa en las distintas ciudades del sur.Los responsables deben hacerse cargo de esta situación, que ya ha sido reclamada por los municipios. Alcaldes y alcaldesas me lo han comentado y piden que esta situación se solucione de una vez por todas. Por lo expuesto, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que tome cartas en el asunto en relación con el daño que se está causando a la estética de esas ciudades tan hermosas del sur de Chile.He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.ALCANCES SOBRE SITUACIÓN Y DESEMPEÑO DE FUNCIONARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Oficios.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.El señor ALINCO.- Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación, ya que, desde hace mucho tiempo, he recibido denuncias respecto de que en nuestra Corporación hay algunas “vacas sagradas”. No me refiero precisamente a parlamentarios y parlamentarias, sino, específicamente, a un funcionario: el señor Federico Vallejos.Como es de todos conocido, el señor Vallejos fue parte de la Junta Legislativa del edificio Diego Portales. Se jubiló de la Cámara de Diputados en condiciones millonarias, pocas veces vista, recibiendo cientos de millones de pesos por dicho concepto. ¡Qué desahucio! Y no tan solo esto, porque a los quince días siguientes fue recontratado por esta Cámara de Diputados, que hasta lo homenajeó en esta misma Sala, en la que en muchas ocasiones hemos discutido sobre el sueldo mínimo de los trabajadores chilenos y hemos llegado al resultado de que los salarios que reciben son miserables. Pero al señor Vallejos lo recontrata esta Corporación con un sueldo que supera los 17 millones de pesos. Parece increíble.¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el trabajo específico de este señor en la Corporación? Nadie lo sabe. Se comenta que está a cargo de un plan de modernización de esta Corporación, lo cual nunca llevó adelante durante los más de veinte años en que ocupó un principal cargo en esta.Actualmente, el señor Vallejos, si es que está a cargo de ese plan de modernización, se dedica a perseguir a los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en la sede de Santiago de la Cámara de Diputados, creando un ambiente de temor y, en algunos casos, de terror entre los trabajadores. Solo tiene un séquito de cinco o de seis funcionarios amigos de él, serviles con él, que gozan de beneficios y granjerías que el señor Vallejos les otorga haciendo uso de su poder. Todo esto en un acto abiertamente arbitrario y subjetivo.Pero esto no termina con los funcionarios. Me han preguntado por qué los perros del Congreso Nacional, animales amigos del hombre, que por años han circulado por los jardines del Senado y de la Cámara de Diputados en Santiago, que eran alimentados y protegidos por personas vecinas del Congreso, que se encargaban de alimentarlos y de colocarles sus vacunas correspondientes, fueron expulsados del recinto por orden del señor Vallejos, en lugar de imitar uno de los pocos ejemplos positivos de la Casa Blanca de Estados Unidos, en cuyos jardines, tradicionalmente, hay perros y mascotas para sensibilizar a las personas que ahí trabajan.Señor Presidente, en el Congreso Nacional, supuestamente, legislamos en pos de la justicia, para terminar con las desigualdades, los abusos de poder y el nepotismo. Y digo “nepotismo”, porque, más encima, el señor Vallejos facilita el estacionamiento de la Cámara de Diputados a sus parientes, cosa que los parlamentarios no podemos hacer y me parece correcto que no lo hagamos.Por ello, me interesa que se instruyan, en el más breve plazo, las investigaciones que correspondan, que el señor Vallejos sea destituido de su cargo -que disfrute de los millones de pesos de indemnización que le dio esta Cámara-, dando paso a gente nueva, con un espíritu diferente, una visión nueva, que ayude a modernizar efectivamente nuestra Corporación.El caso del señor Vallejos no es el único. Hay otros funcionarios de gran trayectoria en esta Cámara que fueron jubilados y también recontratados. Debemos terminar con eso. Tenemos que terminar con esta red de poder que existe dentro de nuestra Corporación y que a veces llega al nivel de mafia. ¿Por qué? Porque este es solo uno de los casos que ocurren en este Servicio. Nosotros, diputados y diputadas, tenemos la obligación, en pos de la transparencia, de terminar con este tipo de hechos.Cabe señalar que no soy el único diputado que tiene antecedentes sobre estas situaciones. Por lo tanto, por la transparencia, por nuestra honorabilidad, es conveniente y necesario que la Comisión de Régimen Interno, en el más breve plazo, actúe en este caso y en otros que existen en nuestra Cámara.He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría a las autoridades política y administrativa de nuestra Corporación, esto es, al Presidente y al Secretario General de la Cámara de Diputados, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS PARA PAVIMENTAR ACCESOS A LOCALIDADES DE LA COMUNA DE OVALLE. Oficios.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, por cuatro minutos, el honorable diputado señor Matías Walker.El señor WALKER.- Señor Presidente, solicito que se envíe un oficio tanto a la ministra de Obras Públicas, señora Loreto Silva, como al director nacional de Vialidad, señor Mario Fernández, con copia a los respectivos Seremis de Obras Públicas y director de Vialidad de la región de Coquimbo, a fin de que informen respecto de los estudios para la pavimentación de los accesos a las localidades de Barraza, La Chimba, Tabalí, San Julián y El Talhuén, todas ubicadas en la comuna de Ovalle. En mayo de 2009, por un convenio entre el gobierno de la región de Coquimbo y Vialidad se determinó realizar los estudios para pavimentar los accesos a esas cinco localidades rurales de la comuna de Ovalle. Sin embargo, a la fecha dichos estudios no han concluido y, al parecer, sólo estarían terminados en marzo de este año.Solicito que se oficie a las mencionadas autoridades para que informen sobre el estado de los referidos estudios, de las razones de su dilación, que tiene muy preocupados a los habitantes de esas cinco localidades, y determinen cuándo comenzaría la ejecución de tales obras de pavimentación y con cargo a qué presupuesto.He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión del diputado señor Ricardo Rincón y de este Presidente accidental. EXPLICACIÓN POR NO AVISO OPORTUNO DE ACCIDENTE EN DIVISIÓN EL TENIENTE DE CODELCO-CHILE. Oficio.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.El señor RINCÓN.- Señor Presidente, pido que se oficie al gerente general de Codelco Chile, para que informe a esta Cámara por qué la División El Teniente no dio aviso oportuno del accidente ocurrido esta semana, que dejó varias personas intoxicadas graves. Los accidentes pueden ocurrir. Lo que no puede ocurrir es que una empresa del Estado, ni ninguna empresa, menos cuando es estatal, no dé siquiera aviso de la ocurrencia de un accidente o no informe a la comunidad ni a las autoridades pertinentes sobre lo acontecido. El gerente general de Codelco debe dar una explicación a esta Corporación y a toda la comunidad tenientina y rancagüina de la Región de O’Higgins. Pido que se envíe copia de esta intervención al intendente de la Región de O’Higgins, don Vladimir Román, y al ministro del Interior, don Andrés Chadwick.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles, Alfonso de Urresti y de este Presidente accidental. AGRADECIMIENTO A PRESIDENTE DE ANARCICH POR DECLARACIONES VERTIDAS EN RELACIÓN CON DESALOJO DE RADIO COMUNITARIA DE GRANEROS. Oficio.El señor RINCÓN.- Señor Presidente, pido que se oficie a don Alberto Cancino, presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), para agradecerle sus reacciones públicas por el desalojo ilegal, arbitrario, prepotente y abusivo dispuesto por el alcalde de la comuna de Graneros que afectó a la Radio Comunitaria Graneros, emisora legal y que ocupa terrenos e instalaciones legalmente cedidos en el marco de la nueva ley que regula las concesiones de las radios comunitarias. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles, Alfonso de Urresti y de este Presidente accidental. INSTRUCCIONES PARA ADECUADO DESEMPEÑO DE DOTACIÓN DE CARABINEROS DE COMUNA DE GRANEROS. Oficio.El señor RINCÓN.- Señor Presidente, pido que se oficie al General Director de Carabineros para que arbitre las medidas pertinentes e instruya al jefe de Zona de la Región de O´Higgins y a la Prefectura correspondiente sobre el funcionamiento de la Comisaría del lugar y la adecuada relación del jefe de esa unidad con el municipio.Carabineros de Chile no está para defender los intereses del municipio, sino que está para garantizar el orden público y la seguridad de todos, sin distinción. La institución no puede prestarse para ser la fuerza pública y el brazo armado de una municipalidad, menos en procesos ilegales de cierre o de clausuras de radios, cuyo funcionamiento está totalmente regulado. Es fundamental que Carabineros de Chile, a través de su General Director, imparta instrucciones respecto del rol que le cabe a la institución en su relación con los municipios, en especial con el de Graneros y su alcalde, toda vez que no le corresponde ser el brazo armado para defender intereses arbitrarios e ilegítimos de un municipio.Carabineros de chile -repito- está para resguardar el orden público y la seguridad de todos, sin distinción, lo que no aconteció en la comuna de Graneros con el desalojo ilegal y arbitrario de la Radio Comunitaria Graneros. Pido que se envíe copia de esta intervención al subsecretario de Telecomunicaciones y al intendente de la Región de O´Higgins.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles, Alfonso de Urresti y de este Presidente accidental. APOYO FINANCIERO A PRESIDENTA DE UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE RENGO. Oficio.El señor RINCÓN.- Señor Presidente, pido que se oficie al intendente de la Región de O’Higgins, Vladimir Román, para que arbitre las medidas tendientes a ayudar a la representación de la Región de O’Higgins en el encuentro internacional Uniones Comunales de Juntas de Vecinos, que se realizará próximamente en México. En este evento participarán delegaciones de toda Latinoamérica. Chile estará representado por dirigentes de tres regiones, entre ellas, la de O’Higgins, encabezada por la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo, doña Ivonne Sereño. La petición es para ver de qué manera se presta ayuda institucional a esa dirigenta, dado que es una invitación que distingue a todo Chile y no solo a tres regiones. Los dirigentes de las uniones comunales de juntas de vecinos y de las juntas de vecinos siempre colaboran total y absolutamente gratis con la comunidad. En tal virtud, pienso que la Región de O´Higgins puede ayudar a financiar el viaje de su representación al encuentro internacional de presidentes de uniones comunales de juntas de vecinos. Pido que se envíe copia de esta intervención a la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo, doña Ivonne Sereño.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles, Alfonso de Urresti y de este Presidente accidental. ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR DERRUMBE DE CERRO EN SECTOR LAS CANTERAS, COMUNA DE VALDIVIA. Oficios.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Por instrucciones del jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el tiempo que resta fue cedido al diputado señor Alfonso de Urresti.Tiene la palabra su señoría.El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pido que se oficie a la ministra de Obras Públicas, al director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), al ministro de Vivienda y Urbanismo y al intendente de la Región de Los Ríos. Ayer se produjo una situación de emergencia en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, por el derrumbe de un cerro en el sector de Las Canteras, Ruta T-350, que une el camino Valdivia-Niebla, hecho que obligó a interrumpir el tránsito al menos por dos días, a lo que se suma la necesidad de evacuar a las familias que viven en el lugar, ya que se encuentran en riesgo.En ese sector, los deslizamientos son recurrentes. Es un área de peligro, y aún así está habitada, lo que hace suponer que esas familias van a requerir apoyo para una eventual reubicación.La emergencia de ayer da cuenta de ese riesgo y pone en cuestionamiento la vigilancia de zonas con riesgo de derrumbe. Por lo anterior, pido que se oficie a la ministra de Obras Públicas, para que informe sobre el diagnóstico que existe en esa repartición de las zonas expuestas a riesgos de deslizamiento y derrumbe, en particular conocer si se habían efectuado monitoreos y si se había considerado algunas medidas para hacer frente a eventuales deslizamientos. Recordemos que hace un tiempo tuvimos una situación similar en el cerro La Marina, comuna de Corral. Además, pido que informe en qué otras rutas de la Región de Los Ríos se han identificado zonas de peligro y qué planes de mitigación estarían contemplados para solucionar lo ocurrido en el cerro del sector Las Canteras. Junto con ello, solicito que se informe sobre la preocupación manifestada en 2010 por el Consejo de Desarrollo de la Costa a la Dirección de Vialidad, con ocasión del hundimiento de tres sectores en la ruta Niebla-Valdivia. Queremos conocer la respuesta que se dio a esa preocupación y las medidas que se adoptaron.De igual forma, pido que se oficie al director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), para que informe el diagnóstico de las zonas expuestas a riesgo de deslizamiento y derrumbe en la Región de Los Ríos, así como de las medidas que han adoptado para ir en ayuda de las 23 familias que viven en el cerro del sector Las Canteras y que se encuentran en inminente riesgo.También pido que se oficie al ministro de Vivienda y Urbanismo para que informe sobre las acciones de ayuda para las familias que se encuentran en riesgo por el derrumbe de cerro en el sector Las Canteras, comuna de Valdivia. Queremos saber si existen fondos especiales de emergencia que les permitan, ante una eventual evacuación, acceder a una vivienda en un lugar adecuado y con la debida seguridad.Por último, pido que se oficie al intendente de la Región de Los Ríos para que informe sobre las acciones adoptadas tras el derrumbe, las medidas de mitigación contempladas para reanudar el tránsito en forma segura y las de apoyo para las familias que están en alta situación de riesgo. Además, para que señale qué otras zonas de la región se encuentran en riesgo y qué acciones de coordinación está desarrollando esa intendencia con otros organismos, para evitar otros hechos similares en la región, especialmente en lugares donde se ubican importantes sectores poblacionales. Es el caso de toda la costa de Valdivia y de la comuna de Corral, cuyos habitantes quedan casi siempre aislados e imposibilitados de acceder a otras alternativas para llegar a la ciudad. Pido que se envíe copia de esta intervención al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valdivia, don Roberto Paredes; al vicepresidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc) de Valdivia, don Patricio Alarcón; al presidente del Consejo Desarro-llo de la Costa, don Enrique Espinoza; al presidente de la Cámara de Turismo de Valdivia, don Hernán López; al alcalde de Valdivia, don Omar Sabat; al alcalde de la comuna de Corral, don Gastón Pérez, y al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Corral, don Juan Valenzuela. He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los diputados señores Alberto Robles, Gastón von Mühlenbrock y de quien habla.Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 13.00 horas.TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de Sesiones.
    VIII. ANEXO DE SESIÓNCOMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES-Se abrió la sesión a las 12.35 horas.El señor ROBLES (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de Patria, se abre la sesión.ESTADO DE POSTULACIÓN DE PROYECTOS E INFORMACIÓN SOBRE CATEGORIZACIÓN DE COMITÉS DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA DE LOCALIDAD DE SELVA OSCURA, COMUNA DE VICTORIA. Oficio.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Vivienda y Urbanismo a objeto de que me informe sobre el estado en que se encuentra la postulación de los comités de pavimentación participativa Las Tres Calles y O’Higgins al programa Pavimentos Participativos para la pavimentación de calles de la localidad de Selva Oscura, comuna de Victoria. En concreto quiero saber en qué categoría se encuentran los referidos comités, sobre todo por el copago que tienen que hacer los vecinos. Selva Oscura es una localidad rural pequeña, nacida al alero del ramal del ferrocarril que iba a Curacautín. Exhibe sitios muy grandes, donde viven solo tres o cuatro familias por cuadra. Muchos de sus integrantes son adultos mayores -viven únicamente de una pensión básica solidaria-, ya que los jóvenes han debido emigrar para encontrar oportunidades de estudio o de trabajo. Así, es muy complejo para esos vecinos alcanzar a reunir el aporte que deben realizar. Por tanto, es muy importante conocer a qué categoría fueron asimilados los referidos comités según los puntajes que asigna el Ministerio de Obras Públicas. Por último, solicito que se envíe copia de mi intervención al concejo de la comuna de Victoria, a los efectos de evitar que a las familias de Selva Oscura se les exija un aporte que no podrán solventar. El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de quien preside.INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD JOSÉ LLANCAO, COMUNA DE VILCÚN. INCORPORACIÓN DE DICHA COMUNIDAD EN PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDÍGENA O EN PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCIÓN LOCAL. Oficios.El señor CHAHÍN.- Por otra parte, solicito que se envíe un oficio al subsecretario de Desarrollo Regional y al Gobierno Regional de La Araucanía, para que me informen sobre el estado en que se encuentra el proyecto de abasto de agua para 73 familias de la comunidad mapuche José Llancao, sector Llamuco, comuna de Vilcún. Asimismo, que se haga llegar copia de mi intervención a don Roberto Millache, presidente de la referida comunidad. La información que solicito es muy importante, porque se trata de una zona de escasez hídrica, por lo que resulta apremiante dar solución al problema de carencia de agua para consumo humano.De igual forma, solicito oficiar al director de Indap y al seremi de Agricultura, a los efectos de que se pueda incorporar a esa comunidad al Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) o al Programa de Desarrollo de Acción Local (Prodesal), ya que no fue beneficiada con el Programa Orígenes en ninguna de sus dos fases. Uno de los objetivos del PDTI es favorecer, precisamente, a las comunidades que se encuentran en tal condición. Sin embargo, debo manifestar que algunas comunidades sí recibieron recursos del referido programa, no obstante haber sido beneficiadas por el programa Orígenes. Repito, solicito la incorporación de la comunidad José Llancao a los beneficios del PDTI o del Prodesal, toda vez que se trata de habitantes de una zona que puede llegar ser muy productiva si cuenta con la asistencia técnica y la inversión requerida.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de quien preside.INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE QUINQUÉN, COMUNA DE LONQUIMAY. Oficios.El señor CHAHÍN.- Solicito que se oficie al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con copia de esta intervención a la comunidad de Quinquén, para que me informe en qué estado se encuentra la ejecución el proyecto de abasto de agua para los vecinos de Quinquén, comuna de Lonquimay. Existen dudas respecto de los trabajos que se están realizando y de los plazos establecidos.Por lo tanto, como el proyecto está aprobado y cuenta con el financiamiento de la Subdere, creemos que es fundamental que este se ejecute, tal como estaba contemplado -a pesar de que hay rumores en el sentido contrario-, con el objeto de entregar una solución definitiva a los vecinos de la comunidad de Quinquén.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de quien preside.INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDAD NILPE, COMUNA DE GALVARINO. Oficios.El señor CHAHÍN.- Por otra parte, pido que se oficie al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con el objeto de que nos informe sobre el estado en que se encuentra la ejecución del proyecto de abastecimiento de agua para la comunidad Nilpe, de la comuna de Galvarino, cuyas familias fueron informadas de que habían sido beneficiadas con el programa de abastecimiento de agua, pero hasta ahora no se les ha dado ninguna respuesta precisa al respecto, situación que les ha generado gran incertidumbre.Solicito que se envíe copia de mi intervención al concejo de Galvarino y al presidente de la comunidad Nilpe, señor Francisco Mallorca Antipi.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de quien preside.INFORMACION SOBRE INCLUSIÓN DE ESTUDIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD ENTRE LOCALIDADES DE CAJÓN Y VILCÚN, PROVINCIA DE CAUTÍN. Oficio.El señor CHAHÍN.- Por último, pido oficiar a la ministra de Obras Públicas, con el objeto de que nos informe si en el proyecto que se está ejecutando para el mejoramiento de la conectividad entre las localidades de Vilcún y Cajón, el cual contempla la construcción de un nuevo puente sobre el río Cautín, y en el proyecto para la futura reposición de la vía entre Cajón y Vilcún, obra que considera la eventual construcción de bermas y ensanches -de los que carece en la actualidad, lo que transforma a esa vía en un camino de alta accidentabilidad-, se contempla llevar a cabo un estudio de participación ciudadana, toda vez que las comunidades del sector, sobre la base de lo que establece la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, quieren que se les consulte su opinión.He dicho.El señor ROBLES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de quien preside.INFORMACIÓN SOBRE RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE LAS POLÍTICAS DE ESA CARTERA EN RELACIÓN CON EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL. Oficios.El señor CHAHÍN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.El señor ROBLES.- Señor Presidente, como la transparencia es relevante en relación con los directivos de los servicios públicos, quiero referirme a la situación del señor Fernando Benavente Undurraga, ingeniero comercial que fue contratado a honorarios por el Ministerio de Salud, desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre del mismo año, con una renta bruta mensual de 1.912.158 pesos, con el objeto de asesorar al subsecretario de Redes Asistenciales en la modernización, reestructuración, reorganización y normalización de los recursos del Hospital de Urgencia Asistencia Pública.Esa asesoría requiere de un funcionario dedicado a tiempo completo a las funciones encomendadas, por lo cual imagino que debería cumplir con un horario determinado para ejercer el cargo. Sin embargo, según la información que pude recabar -la que me fue dada a conocer en forma oral-, llama la atención que el señor Fernando Benavente, al mismo tiempo -según lo que se me señaló-, ocupaba el cargo de subdirector administrativo de la Posta Central. Al respecto -según lo que pude comprobar-, durante noviembre y diciembre de 2012 el señor Benavente fue contratado, sobre la base de lo que dispone la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, con grado 5. Durante ese tiempo recibió una planilla accesoria con una remuneración por un total de haberes de 1.853.380 pesos y de 1.946.050, respectivamente.Por lo tanto, pido que se oficie al contralor general de la República y al ministro de Salud, con el objeto de que me informen cómo es posible que un funcionario directivo esté contratado a honorarios en una alta función en la Posta Central y que, al mismo tiempo, tenga un cargo de planta en ese mismo recinto. A todas luces, eso parece contrario a la legislación vigente, puesto que es un problema de probidad percibir dos sueldos por parte del mismo organismo público, uno a honorarios y otro regular.Según fui informado, la gestión del señor Fernando Benavente Undurraga como administrativo del servicio de la Posta Central no ha sido relevante, puesto que ese establecimiento de salud tiene una deuda muy alta, la que asciende a más de 7 mil millones de pesos, no se encuentra al día en el pago de las imposiciones de sus trabajadores y mantiene deudas con empresas de servicios de alimentación, razón por la que sus funcionarios no reciben una alimentación adecuada.Una serie de situaciones que afectan a la Posta Central, desde el punto de vista administrativo, dan cuenta de que allí hay un problema de gestión, razón por la que me llama la atención que, al parecer, el Ministerio de Salud, hace muy pocos días, haya nombrado al señor Benavente como director del Servicio de Salud Metropolitano Central.Al respecto, solicito que se me informe si fue elegido para ese cargo sobre la base del Sistema de Alta Dirección Pública y quiénes más participaron en la terna respectiva. También, quiero que me den a conocer las políticas del Ministerio de Salud en esa materia, puesto que el Servicio de Salud Metropolitano Central es uno de los pocos que tiene la atención primaria incorporada a la red hospitalaria, así como los servicios de atención primaria, los que dependen de ese organismo.Siempre he sostenido que una de las cosas que hay que hacer para reintegrar la red de salud de una vez por todas, con la finalidad de que sus unidades dialoguen y para que exista la posibilidad de dar mejores soluciones a los problemas de salud, desde el punto de vista administrativo, es llevar a cabo la desmunicipalización total de la atención primaria, sin perjuicio de mantener a los funcionarios sujetos a lo que establece el Estatuto de Atención Primaria, norma que es muy útil para defender los derechos de los trabajadores.Sin embargo, he sido informado que una de las misiones que tiene el señor Fernando Benavente es la de proceder a la municipalización de los consultorios del Servicio de Salud Metropolitano Central, en circunstancias de que esa medida -a mi juicio- apunta en la dirección contraria del desarrollo de una política de salud integral. Por eso, pido al ministro de Salud que me informe cuáles son las políticas de la cartera que encabeza respecto de esa materia.Cabe recordar que hay dos servicios que tienen la atención primaria indexada al servicio de salud respectivo: el Servicio de Salud Metropolitano Central y el Servicio de Salud de Aysén, este último caso por razones lógicas. Doy a conocer esos ejemplos porque -repito- desde hace mucho tiempo he planteado la necesidad de desmunicipalizar la atención primaria y hacerlos dependientes de los servicios de salud.Por eso, me llama poderosamente la atención que llegue a hacerse cargo del Servicio de Salud Metropolitano Central una persona con las características de quien he mencionado, pues no vaya a ser cosa que en uso de las facultades que le confiere su cargo trate de hacer alguna gestión para desmunicipalizar los consultorios, situación que sería extraordinariamente grave.Por último, solicito al contralor general de la República que disponga que se lleve a cabo una investigación sumaria respecto del problema de incompatibilidad administrativa que he señalado y que el ministro de Salud me informe respecto de las políticas que se desarrollarán respecto de los consultorios de atención primaria que dependen del Servicio de Salud Metropolitano Central.He dicho.El señor CHAHÍN (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 12.49 horas.TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de Sesiones.
    VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.