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El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Corresponde continuar con el debate del informe de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del gobierno en el denominado "Caso Bombas”, que ya fue rendido.
Antecedentes.
-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 124ª de la presente legislatura, en 10 de enero de 2013.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente , no hay duda de que es relevante el “Caso Bombas”, como se le denomina por la gente y por los medios de comunicación. También pienso que las conclusiones de la Comisión Investigadora, que ya han sido expuestas, son adecuadas.
Dentro del mandato a la Comisión se dice que “deberá investigar las circunstancias, relaciones, actuaciones y omisiones del Ministerio del Interior, sus autoridades y funcionarios, independientemente de su naturaleza contractual, vinculados a los hechos materia de la investigación, incluyendo el paso desde la fiscalía sur al referido ministerio del señor Alejandro Peña , precisando las condiciones de su contratación, su responsabilidad administrativa y las funciones que cumple en la actualidad.”
Recordemos que el “Caso Bombas” se inició el 16 de enero de 2006, con la detonación de un artefacto explosivo en un cajero automático en Ñuñoa.
Cuando ya se contabilizaban más de treinta bombazos, el fiscal Metropolitano Oriente Xavier Armendáriz , fue nombrado para encabezar las diligencias.
El 12 de junio de 2010 una bomba explotó cerca de la casa del Presidente Sebastián Piñera . Ante eso, el fiscal nacional, Sabas Chahuán , reemplazó al fiscal Armendáriz por el fiscal Metropolitano Sur, Alejandro Peña .
Desde el 2006 a la fecha, incluso a la fecha del juicio que se llevó en contra de los supuestos autores, y estando sometidos a proceso, se habían registrado más de cien atentados.
El exfiscal Peña desarrolló -diría- una acción muy publicitada por todos los medios. Efectuó diversos allanamientos, arrestos simultáneos, masivos; ingresó a casas okupas y a domicilios particulares en Santiago y Valparaíso, y, finalmente, detuvo a 14 personas supuestamente vinculadas a la colocación de bombas y financiamiento terrorista. Las formalizó en abril del 2011. Presentó la acusación de la Fiscalía contra los sospechosos; pero, curiosamente, dos días después, renunció al Ministerio Público para incorporarse como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior .
Pero, lo dramático de todo esto es que, después de tanta parafernalia, los jueces, simplemente, desestimaron los antecedentes probatorios y absolvieron a todos los imputados. Incluso, cuando uno revisa los antecedentes se encuentra con situaciones que son, a lo menos, escandalosas. Más de 1.000 pruebas se excluyeron del juicio. Incluso, resultaron negativos los exámenes de ADN de 16 imputados, que permanecían en prisión preventiva por su supuesta participación en los atentados con bombas registrados en Santiago. O sea, no hay duda de que esto es una vergüenza, un descrédito para el Ministerio Público, las policías y el Ministerio del Interior, que era la parte querellante. Incluso, la Corte Suprema desestimó absolutamente a pesar de los recursos que interpusieron el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, y, finalmente, se cerró el caso en forma total.
Lo grave de esto, que nos preocupa enormemente, es que, por todas las declaraciones vertidas en la Comisión, aquí hay una situación inaceptable relacionada con la contratación del exfiscal Peña por parte del Ministerio del Interior, puesto que todo lleva a concluir que mientras se realizaba la investigación y el señor Peña estaba a cargo de dirigirla y de formalizar, se llevaron a cabo conversaciones entre el subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla , y el exfiscal Peña. Esto es algo que se prueba y comprueba más todavía si se considera que las funciones del señor Peña en el Ministerio del Interior se iniciaron el 11 de abril de 2011, solo seis días después de haberse hecho efectiva su renuncia al Ministerio Público y cuando aún se encontraba en tramitación el denominado “Caso Bombas” que al exfiscal le correspondía liderar.
No hay duda de que el accionar del subsecretario del Interior -como lo dice el informe-, señor Rodrigo Ubilla , y del entonces fiscal Alejandro Peña , “ha significado un grave daño a la imagen y credibilidad, tanto del Ministerio Público como del Ministerio del Interior, ya que está acreditado que el señor Peña tomó decisiones en la causa, tales como presentar la acusación y solicitar la imposición de penas, mientras mantenía conversaciones para incorporarse como jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior , como es de público conocimiento.
El solo hecho de que un fiscal regional o adjunto mantenga conversaciones con un querellante para negociar condiciones de trabajo y, posteriormente, trabajar o prestar servicios a dicho querellante, en este caso el Ministerio del Interior, compromete, sin lugar a dudas, la objetividad del ente persecutor y podría constituir una amenaza a la autonomía constitucional del Ministerio Público, así como una infracción al principio de probidad administrativa.”
Esta, diría, es la conclusión más clara de la investigación y a uno le causa asombro que no haya habido unanimidad al respecto, que la Alianza no la haya apoyado. O sea, es lo menos que se puede decir frente a una situación que tiene ribetes escandalosos. Sin duda, uno tiende a pensar que aquí hubo un acuerdo y, en el fondo, un accionar indebido para aparecer como que se triunfaba ante el terrorismo; que, finalmente, se encarcelaba a gente y se creaba toda una parafernalia. Obviamente, esto induce a pensar que el Ministerio del Interior, junto con el fiscal, armaron esta situación.
Evidentemente, no podemos señalar eso en el informe, porque debemos basarnos exclusivamente en las pruebas; pero, lo menos que uno puede decir es que la actuación del subsecretario Ubilla fue abiertamente en contra de la probidad administrativa y que su accionar puso en peligro también la autonomía constitucional del Ministerio Público, al haber sostenido conversaciones con el exfiscal mientras se realizaba la investigación.
Por los antecedentes que se pudieron obtener, este informe es muy apropiado. No sé a qué tienen miedo algunos en un informe de esta naturaleza.
Por otra parte, se proponen modificaciones muy adecuadas al Código Procesal Penal. Por ejemplo, al inciso cuarto de su artículo 247, que establece el sobreseimiento definitivo cuando los fiscales no formulen acusación dentro del plazo de 10 días. Con esto se pone fin a la causa, lo cual perjudica a las víctimas y, finalmente, no se esclarece la verdad. Es lógico que sea una sanción para el fiscal que no cumple con celo su trabajo.
Además, me parece procedente todo lo que se dice en relación a fortalecer cada vez más la independencia que debe tener el Ministerio Público sobre cualquier otro órgano del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo . Por eso, se sugiere también una limitación legal a quienes cesen en el cargo de fiscal, que se traduzca en que no puedan prestar servicios profesionales de ninguna naturaleza a quienes hayan sido intervinientes en los procesos penales en los cuales al fiscal le haya correspondido dirigir la investigación, por un plazo de seis meses. Eso es más que razonable. Es impresentable lo que ocurrió acá: que un fiscal deje el Ministerio Público y una investigación, y, a los pocos días, sea contratado por la parte querellante. Entonces, tenemos que establecer una limitación: quienes cesen en el cargo de fiscal en ningún caso podrán ser contratados, por lo menos, durante seis meses, por los intervinientes en los procesos penales, en los cuales hayan dirigido la investigación, a fin de que lo ocurrido no suceda nunca más.
Igualmente, se sugiere que se modifique la ley que tipifica las conductas terroristas, con el objeto de dotar al Ministerio Público de herramientas que le permitan llevar a cabo de mejor forma su contenido Es necesario introducir técnicas investigativas análogas a las de la ley sobre tráfico ilícito de estupefacientes, como los informantes, los agentes encubiertos y los agentes reveladores. Creemos que eso también es adecuado para fortalecer la ley sobre las reales conductas terroristas; puesto que las otras acciones deben ser tratadas por la normativa del Código Penal.
Lo menos que podemos hacer respecto de este informe es aprobarlo. Reitero que es muy adecuado y uno puede pensar mucho más allá de lo que ha concluido la investigación; pero como somos serios, tenemos que basarnos en los antecedentes concretos que se nos entregaron en la Comisión.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente , dos distinguidos diputados, en sendos discursos, nos han ilustrado muy bien el sentido y el contexto del informe en debate, y las razones por las cuales lo votaremos en contra. Se trata de dos diputados serios, que asistieron a las sesiones de la comisión en forma continua, y lo que han dicho aquí permite discernir bien por qué hay que rechazar este informe.
El primer discurso fue del diputado señor Saffirio . Hace unos días, cuando intervino, nos dijo, con razón, que el trabajo de esta Comisión permitió despejar tres aspectos. Primero, descartar completamente la acusación que, con bombos y platillos, se hizo en contra del ministro del Interior de la época y del actual subsecretario del Interior, de que había habido un montaje, es decir, producción de pruebas falsas para incriminar a ciudadanos chilenos, una especie de asociación ilícita, una especie de ayuda de todas partes para torcerle la nariz a la ley. Y el diputado Saffirio dijo que no había habido montaje. Estamos de acuerdo.
Segundo, el diputado Saffirio dijo que se pudo evidenciar que no hubo irregularidad. Efectivamente se pudo evidenciar que no hubo irregularidad.
Tercero, hubo falta de acuciosidad, desprolijidad.
Señor Presidente , los diputados de la Alianza coincidimos en la Comisión y aquí en la Sala en que el reproche de falta de acuciosidad es perfectamente posible de hacerse. En esto estamos todos de acuerdo, y si el informe reflejara lo que con razón el diputado Saffirio señala que es lo que aconteció en la Comisión, nos habríamos evitado este debate y habríamos votado favorablemente
Pero resulta que el informe va mucho más allá de las aseveraciones del honorable diputado Saffirio . Pruebas al canto. Página 55 del informe. En ella se lee, así de pasadita, que se pudo constatar que el fiscal regional Alejandro Peña -17 de junio de 2008, imagínense a la fecha que nos estamos remontando-, realizó prácticas antisindicales, que constituyeron conductas permanentes y continuas durante el período en que el señor Alejandro Peña Ceballos ejerció como fiscal Regional Metropolitano de la Zona Sur.
Al respecto, quiero formular algunos alcances. El exfiscal Alejandro Peña no es santo de mi devoción, no le tengo ninguna simpatía, pero resulta que la Comisión se está pronunciado sobre un tema para el cual no tiene ninguna competencia y, de paso, le endilga nada menos que la conducta permanente y continua de prácticas antisindicales. No creo que haya ningún antecedente que permita extrapolar este dato para hacer tamaña acusación contra don Alejandro Peña . Por lo demás, el año 2008 nada tiene que ver con los hechos y las circunstancias que investigó la Comisión. Eso es un contrasentido.
Después, hace un análisis sobre ciertos antecedentes que recibimos del general director de Carabineros , que me parece completamente fuera de contexto. En la página 56 del informe se expresa que es bueno señalar que resulta necesario legislar respecto del desarrollo de peritajes en causas criminales, particularmente resultaría necesario evaluar la pertinencia de la existencia de un órgano público distinto e independiente de las policías, porque se han constatado situaciones de alta gravedad en la firma de los peritajes.
Sacar a la policía, como aquí se plantea, de su obligación de realizar peritajes es sencillamente anular toda posibilidad de investigación de las causas criminales. Nadie, en su sano juicio, puede hacer esta propuesta. ¿Qué constató la Comisión? Que en la instancia de peritajes de Carabineros de Chile existía una práctica observable: los peritajes los firmaba el perito de turno. Nunca hubo un informe que no estuviera elaborado y refrendado por un perito. Repito, por estas prácticas de los turnos sí podía ser firmado por un funcionario distinto del que lo elaboró. Se observó este hecho. En realidad, desde la perspectiva de un trabajo acucioso, se pudo constatar que eso no era correcto. El general director lo planteó y dijo que esto ya estaba corregido. En todo caso, recomendar sacar a la policía, a Carabineros e Investigaciones, de su obligación de realizar peritajes, es anular toda posibilidad de lucha contra el delito y de combate en favor de la seguridad pública. De tal manera que este acápite está completamente de más en el informe.
En la página 57 del informe se hace una acusación muy grave. Se lee: “El solo hecho de que un fiscal regional o adjunto mantenga conversaciones con un querellante para negociar condiciones de trabajo y, posteriormente, trabajar o prestar servicios a dicho querellante, en este caso el Ministerio del Interior, compromete, sin lugar a dudas, la objetividad del ente persecutor y podría constituir una amenaza a la autonomía constitucional del Ministerio Público, así como una infracción al principio de probidad administrativa, una suerte de violación a la probidad administrativa”, lo que ha significado un grave daño a la imagen y credibilidad del Ministerio Público y del Ministerio del Interior.
Esto no es lo que nos planteó el diputado señor Saffirio . Pudo haber habido falta de acuciosidad, y de prolijidad, pero esta es una acusación extraordinariamente grave. Bajo la forma verbal de que “podría constituir esto” o que “podría constituir lo otro”, en el hecho se está haciendo una acusación extremadamente grave, que nosotros no podemos aceptar.
Diría que esto tiene por objeto rayarle la pintura al exministro del Interior , don Rodrigo Hinzpeter , y al actual subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla . Se usan formas y se extrapolan planteamientos que se hicieron en la Comisión, y que van mucho más allá de una falta de acuciosidad, lo que constituyen acusaciones graves.
Por último, en la página 58 del informe se observa una contradicción completa. Le da duro al fiscal Peña. Se dice “que mientras el señor Peña estuvo a cargo de la investigación, recopiló miles de pruebas que, posteriormente, fueron declaradas por el tribunal como manifiestamente impertinentes.” Y sigue con esta flor: Es razonable sostener que el otrora fiscal actuó de manera arbitraria…”. Pero más adelante esta afirmación es desvirtuada por el propio informe: “Finalmente, se puede señalar que el fracaso del “Caso Bombas” no se puede atribuir a una persona en particular, ya que son diversos los factores que confluyeron a su desplome…”. Entonces: a) tiene culpa el fiscal Peña y b) en realidad, no se puede decir quién tuvo la culpa, porque hay aquí, como es lógico, varios culpables.
Repito, esto va mucho más allá de lo que se constató en la Comisión. Estamos de acuerdo en que no hubo montaje ni hubo irregularidad. Sí pudo haber habido falta de forma o falta de acuciosidad, pero eso no da lugar a las acusaciones de hecho, concretas y graves que se hacen en el informe.
Por último, también hay un desacuerdo con un planteamiento que se hace respecto de la situación laboral de los fiscales. Creo que hay que revisar qué pasa con ellos una vez que dejan de formar parte del Ministerio Público; pero no me parece adecuado cerrarles el camino al servicio público, ya que son parte del Estado y su tarea tiene por objeto proteger un bien general, un bien común, un bien jurídico, que es la seguridad, que es la penalización de los delitos, y ese objetivo público está muy en consonancia con los que persigue el Ministerio del Interior.
Me parece claro que se deben poner cortapisas para que un fiscal que trabaja en una causa en que está involucrado un banco o un ente particular, no pueda irse después a trabajar a esa institución; pero no me parece adecuado levantar un muro infranqueable entre el fiscal y el servicio público, porque ambos son formas de servicio público y considero que no existe una incompatibilidad entre ellos.
Ése fue el discurso del diputado Saffirio.
Por su parte, el discurso del diputado Ceroni es al revés, ya que dice: “Mire, en realidad no se podía poner todo en el informe, porque se necesitan pruebas; pero creemos que la situación es grave por este y otros motivos.”
Ese es exactamente el raciocinio del diputado Saffirio , pero al revés. Es decir, el informe contiene poco, pero debió abarcar más. Bueno, ¿en qué quedamos? En realidad, el contenido del informe es mucho más de lo que se estableció en la comisión y escapa a lo que allí se planteó. Incursiona en acusaciones y planteamientos que quedan por escrito, que son injustos, que no están probados, que son graves y delicados.
Por lo tanto, vamos a votar en contra del informe.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente , un grupo de jóvenes chilenos inocentes fue encarcelado por el “Caso Bombas”. No lo digo yo, lo dijo la justicia chilena, los tribunales chilenos. “Jóvenes chilenos encarcelados en forma injusta.”
Felicito al diputado Ceroni porque su exposición fue un verdadero informe en derecho, objetivo y claro.
A mi entender, el desarrollo del trabajo de la comisión fue bastante conflictivo al principio. Tuve el honor de ocupar el cargo de Presidente.
También quiero ser autocrítico, porque esa comisión generó muchas expectativas, hubo encontrones verbales por quién asumía la presidencia y cómo se conformaba la comisión. En verdad, no todos los diputados, ya que hubo algunas excepciones, participaron en la comisión con la debida responsabilidad; lo diputados que más gritaban o que más declaraciones formularon fuera de la comisión fueron los que menos participaron. En todo caso, por prudencia, no daré nombres.
En relación con el trabajo de la comisión, considero que no se entregó toda la información que requerimos. La participación del fiscal nacional, señor Chahuán , y de otros fiscales nos dejó la sensación de que no entregaron toda la información que necesitaba la comisión para estar plenamente informada.
Es más, por acuerdo de la comisión, solicitamos la entrega de algunos sumarios realizados en la Fiscalía por el llamado “Caso Bombas”. Dicha institución nos respondió que no podía entregar esa información de acuerdo con lo dispuesto en la ley de transparencia, por seguridad, etcétera. Entrego estos antecedentes porque la ciudadanía y los parlamentarios deben saber que nuestra comisión solicitó información, pero no se nos entregó toda la que solicitamos para tener una visión más clara de la situación.
Por otra parte, el general director de Carabineros tampoco respondió como correspondía a las preguntas que se le formulaban.
Algunos diputados de la comisión señalaron que si los invitados planteaban que determinada información era confidencial o afectaba la seguridad del Estado, bastaba con que lo dijeran y que solicitaran que se declarara sesión secreta, una de las alternativas que podemos utilizar. Pero los invitados y las autoridades que citamos no utilizaron esa fórmula para responder claramente lo que la comisión deseaba saber.
Incluso, en cuanto a Carabineros, a propósito de lo que expresó el diputado Cardemil , no me asombra que justifique el accionar de funcionarios de esa institución en este caso, en que los peritajes fueron firmados por peritos que no realizaron el trabajo. Como dije en la comisión, ni en mi sindicato, del área de la construcción, un trabajador firma por otro. No quiero desmerecer para nada a mi sindicato, pero en este caso estamos hablando de Carabineros de Chile, una institución que debe velar por la transparencia y por la seguridad de todo el país.
En consecuencia, considero que no es correcto y que no existe ninguna excusa que justifique que los peritajes oficiales de una causa tan delicada como el “Caso Bombas” fuesen firmados por peritos que no realizaron el trabajo.
El general director de Carabineros aclaró que eso correspondía a una especie de mala costumbre que existe en la institución, pero considero que ello no es tan así. ¿Cuántos peritajes de otros casos, en que a lo mejor estaban involucradas vidas humanas, fueron firmados por peritos que no los realizaron? ¿Quién me asegura que los peritajes sobre el asesinato de Matías Catrileo fueron firmados por quien realmente los realizó? Si eso ocurrió en esta oportunidad, también podría haber sucedido respecto del asesinato de Matías Catrileo, cuyo asesino, Walter Ramírez , todavía está vistiendo el uniforme verde de Carabineros de Chile.
La comisión trató de hacer un trabajo amplio, objetivo y no tendencioso, pero no dispuso de toda la información que se requería.
Se reconoció que lo que se denunciaba como montaje tal vez no fue tan así, pero también quedó claro que hubo irregularidades o, al menos, situaciones poco claras relacionadas con la contratación del exfiscal Peña, ya que, a pesar de que estaba en servicio como fiscal en el “Caso Bombas”, realizaba conversaciones para prestar sus servicios en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tal como lo reconoció el subsecretario del Interior , señor Rodrigo Ubilla .
Tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera e intentamos llegar a un consenso para elaborar las conclusiones, pero no se logró porque las diferencias eran muy marcadas.
Por lo tanto, como Presidente de la comisión, solicito a la Sala que apruebe el informe, porque tratamos de ser objetivos, claros y no tendenciosos. Además, no intentamos obtener dividendos políticos de este asunto, sino que simplemente hicimos lo que la Sala nos encomendó, investigar el “Caso Bombas”, lo que se refleja en el informe que entregamos la semana pasada.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , solo quiero agregar algunos antecedentes que, sin duda, son pertinentes al tema que discutimos.
En lo personal, el informe no me deja muy satisfecho, porque estuve involucrado en el caso investigado durante mucho tiempo, desde que los familiares de las personas privadas de libertad nos instaron a destinar parte de nuestro tiempo a preocuparnos por la situación de los jóvenes involucrados. De hecho, varios diputados fuimos a la cárcel de alta seguridad, penal en el que se encontraban recluidos nueve jóvenes -si mal no lo recuerdo-, en condiciones atentatorias contra la dignidad humana, porque debían permanecer solitarios, durante 23 horas al día, en sus celdas de tres por dos metros, en condiciones bastante humillantes; tenían derecho solo a una hora de patio. Como señalé, varios diputados nos preocupamos por esos jóvenes.
Quiero resaltar del informe algunos aspectos del caso que para mí son relevantes, pues sigo sosteniendo que se trató de un montaje realizado desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Primero, comenzaré por la circunstancia -por supuesto, probada- de que hubo instalación de bombas. Nadie puede negar que efectivamente se instalaron diversas bombas en la ciudad de Santiago. Por diversas razones, el fiscal de la causa, Xavier Armendáriz , no había logrado establecer responsabilidades personales, no existía ningún imputado y ya había transcurrido un tiempo bastante extenso sin que se descubriera quiénes eran los responsables de poner las bombas.
También está probado que el ministro del Interior y Seguridad Pública , Rodrigo Hinzpeter , hizo una crítica dura al Ministerio Público porque no se lograba descubrir a los responsables de esas bombas. Esa crítica dura del Ministerio del Interior -por supuesto, le corresponde hacerla- llevó a que el fiscal nacional cambiara al fiscal encargado de la carpeta investigativa. Así, el señor Armendáriz fue reemplazado por el fiscal Alejandro Peña .
Aquí ocurrió una serie de hechos llamativos y que el mismo fiscal Armendáriz ha reconocido. Prácticamente con los mismos antecedentes que el fiscal Armendáriz tenía en la carpeta investigativa, el fiscal Peña logró detener, a lo menos, a nueve personas, a las que imputó por asociación ilícita terrorista y envía a la cárcel de alta seguridad, donde permanecieron recluidas hasta el último día en que estuvieron privadas de libertad, en las condiciones que ya describí. Créanme que 23 horas de reclusión en una celda de dos por tres metros es sencillamente inhumano. Pero así sucedió.
La Comisión Investigadora también logró establecer que el subsecretario Ubilla le ofreció trabajo a Peña mientras este era fiscal del caso. Cabe recordar que el Ministerio del Interior era querellante en la causa, pero el subsecretario Ubilla -este es un hecho llamativo e importante de recalcar, porque así lo estableció la Comisión Investigadora-, antes de que Alejandro Peña dejara su labor como fiscal, le ofreció trabajo en la cartera. Le dijo: “Vente a trabajar al Ministerio del Interior” en momentos en que Alejandro Peña era el fiscal instructor de la causa, quien tenía la carpeta investigativa. Y antes de aceptar el trabajo, los días previos al término de su mandato, Alejandro Peña acusó a los imputados.
¿Qué pena solicitó Alejandro Peña para los imputados? Solicitó la pena de presidio perpetuo. Alejandro Peña , fiscal de la causa, a quien un mes antes el subsecretario Ubilla le había ofrecido trabajo en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hizo esa acusación que, sin duda, es caprichosa y temeraria. ¡Es una acusación caprichosa!
Posteriormente, como todos sabemos, esos jóvenes fueron absueltos en un juicio oral y la Corte Suprema rechazó el recurso interpuesto por el Ministerio del Interior y confirmó la absolución de los imputados.
Ese es el trayecto de los hechos, acreditado por la Comisión Investigadora. Para mí, esa sigue siendo una forma indebida de actuar judicialmente. La investigación judicial realizada por el Ministerio Público está viciada, contaminada por la intervención política.
En la sesión anterior, alguien señaló que la Comisión Investigadora está actuando con criterios políticos y que se pretende sacar dividendos políticos de esta investigación. Me pregunto si la investigación que realizó el fiscal Alejandro Peña no tenía este mal tufo del intervencionismo político. ¿Cómo es posible que el querellante, el Ministerio del Inte-rior, el subsecretario Ubilla , se atreviera a ofrecerle trabajo en la cartera al fiscal investigador de la causa, cuando terminara su mandato? ¿Alguien considera que eso no es contaminación de una investigación judicial? Honestamente, pregunto: ¿No es contaminar una investigación ofrecerle trabajo al persecutor del delito? ¡Eso es contaminación política “aquí y en la quebrada del ají”! Contaminaron el proceso y la investigación. ¿Quién lo hizo? El gobierno del Presidente Piñera. ¿Por qué? Porque querían resultados.
Como en esta secuencia de hechos -hay que reconocer que hubo instalación de bombas- no había responsables, entonces había que encontrarlos. Y luego se produce el ridículo y el absurdo de que un grupo de anarquistas -porque todos lo decían: “Son un grupo de anarquistas los que andan poniendo bombas por Santiago ”- es acusado de asociación ilícita, en circunstancias de que ese tipo penal, la estructura de ese delito, requiere de un organigrama, de una estructura con orden y mando, de una jerarquía, lo que estaba lejos de configurarse en esos grupos anarquistas. Sin embargo, desde que el fiscal Xavier Armendáriz traspasó la carpeta investigativa a Alejandro Peña , este hizo milagros, puesto que descubrió que un grupo de anarquistas eran los responsables de la instalación de las bombas.
El Ministerio del Interior le ofreció un trabajo a Alejandro Peña , quien solicitó para esos anarquistas la pena de presidio perpetuo. Es decir, simplemente, quería congraciarse con su futuro jefe. Esa fue una inmoralidad cometida por Peña y por el subsecretario Rodrigo Ubilla ; este es un atentado y una falta clara al principio de probidad.
En ese sentido, las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados no me satisfacen, porque pudo haberse hecho mucho más. No obstante, como lo señaló el diputado señor Alinco , se avanzó lo que se pudo, dado que muchos entes públicos no cooperaron con la investigación.
Sin perjuicio de lo anterior, basta con enumerar todos los hechos señalados en el informe para darse cuenta de que en ese caso hubo algo grave: la contaminación política de una investigación judicial que debiera ser imparcial. Si hay un deber que le corresponde a todo persecutor es actuar con imparcialidad; de lo contrario, la suerte de cada uno de nosotros está echada, corre peligro, porque si el Ministerio Público, si un persecutor, actúa con criterios políticos en la persecución penal, entonces todos estamos fritos; todos estamos fregados. Si eso ocurre, no solo se pierde la imparcialidad, sino que, en definitiva, la investigación está orientada por un criterio político, que debiera estar ausente de la persecución penal.
Cuando el subsecretario Ubilla le ofreció trabajo a Alejandro Peña , contaminó el proceso, debido a lo cual todos los demás actos procesales están viciados. Ahora lo sabemos con claridad, a raíz de la investigación que se llevó a cabo. Ese hecho bastaba para desahuciar esa causa.
Reitero que no me conforman las conclusiones de la Comisión Investigadora, porque se pudo haber hecho más, como haber insistido en la cooperación de los entes que no lo hicieron.
En resumen, algo huele mal en todo lo que se hizo en la investigación llevada a cabo por el entonces fiscal Peña, más aún después de que se conoció el rol que tuvo como integrante de la Subsecretaría del Interior en el caso de corrupción en el que él también fue parte.
Sin duda, la investigación fue pasada por el cedazo de la Comisión Especial Investigadora de la Corporación, pero sin los resultados que uno hubiese esperado, en el sentido de que debería haber tenido más profundidad y más claridad, con conclusiones que fueran más allá de las recomendaciones que se hacen para modificar determinados cuerpos legales. Lo que se debería haber dicho, en forma clara, es que hubo un montaje, el cual, sin duda, fue coordinado desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Por nuestra parte, seguiremos diciendo que el proceso judicial relacionado con el “Caso Bombas” fue pervertido y viciado por la intromisión innecesaria, inadecuada e impertinente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual, en su calidad de querellante, debió haber cooperado para que la investigación se realizara como correspondía, pero no debió haber instado para que las personas acusadas siguieran privadas de libertad ni haber ofrecido trabajo al fiscal de ese caso para cuando terminara su mandato.
Para mí, todo eso fue un montaje. ¿Qué se requería? Respuestas por las bombas instaladas en Santiago. Para ello, no encontraron nada mejor que pescar a jóvenes que calificaron como anarquistas e incluirlos en una asociación ilícita; con eso tenían listo el paquete. Luego los ingresaban a todos en la cárcel de alta seguridad y de seguro terminaban condenados. Sin embargo, no ocurrió así. Ese montaje fue desbaratado, lo que se logró, en gran medida, por la intervención que tuvimos algunos diputados.
Eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Por eso, agradezco la preocupación por investigar respecto de esa situación, al margen de que votemos a favor o en contra el informe. Pero nunca más la política debe pervertir un proceso judicial, porque, a la postre, se terminará por condenar a gente inocente.
He dicho.
El señor MARINOVIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , después de leer detalladamente las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del gobierno en el denominado “Caso Bombas” y de prestar atención a las intervenciones de los diputados en la Sala, se constata que estamos en presencia de hechos tremendamente irregulares, los cuales, desgraciadamente -como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra-, contaminaron la investigación sobre ese caso que llevó adelante el Ministerio Público.
Me parece muy bien que la Comisión Especial Investigadora haya podido avanzar. Si bien no lo pudo hacer todo lo necesario, en el informe se deja consignada la relación absolutamente ilegal, al margen de los principios básicos del Ministerio Público, entre un persecutor -un fiscal- con un organismo del que, con posterioridad, sin solución de continuidad, pasaría a formar parte: la Subsecretaría del Interior. Ese persecutor entregó a un aparato político la información que llevó adelante en esa investigación simplemente con el objeto de justificar la ineficiencia e ineficacia de su investigación para descubrir a los responsables del “Caso Bombas”.
Lo más preocupante es que, con ese hecho, se vulneraron derechos fundamentales de ciudadanos, quienes se vieron expuestos a una transgresión enorme de sus garantías y derechos. Si no se hubiera denunciado esa situación, podríamos habernos encontrado con la dictación de una condena muy alta, que debería haber sido cumplida en la cárcel de alta seguridad, simplemente por presunciones o por el sesgo ideológico en la búsqueda de los culpables. Como no los encontraban, era fácil imputar esos delitos a un grupo de jóvenes anarquistas.
Esa situación me trae a la memoria una película que impactó a quienes la vimos: En el nombre del padre. En ella se mostraba que ante la ineficacia de los servicios de inteligencia británicos, se culpó a jóvenes inocentes de la colocación de bombas, a quienes acusan de pertenecer al IRA, debido a lo cual pasaron largos años -no solo ellos, sino también sus familiares- privados de libertad. Sin embargo, después, se determinó, con claridad, que se había ocultado información y que se había actuado con criterio político para justificar la ineficacia en la persecución de los ilícitos y que, durante largos años, se había privado de libertad a ciudadanas y ciudadanos inocentes.
En este caso, el montaje fue más burdo, y quedó develada claramente la situación, lo que debe llamarnos a la reflexión. Cuando dejamos de confiar, cuando dejamos de creer en la capacidad, independencia y profesionalismo del Ministerio Público para llevar adelante las investigaciones, que terminan contaminadas por la vinculación con el poder político, se pierde credibilidad en el sistema judicial y se vulneran los derechos fundamentales de muchos ciudadanos.
Esa tendría que ser una de las conclusiones a la que hoy deberíamos llegar. Además, debería llevar al ministro del Interior y Seguridad Pública de la época a entender que no se deben cometer ese tipo de actos, los que deben ser objeto de la más amplia repulsa por parte de la ciudadanía, de la opinión pública y del Congreso Nacional. Ayer se hizo un montaje -como quedó demostrado- en relación con la colocación de esas bombas, que se adjudicó a esos jóvenes anarquistas, pero el día de mañana se puede buscar un chivo expiatorio que afecte a otros ciudadanos. En una democracia con transparencia y con Poderes del Estado independientes, esto no puede ocurrir.
Esa relación prelaboral que se estableció con el Ministerio Público, que después terminaría con la contratación del señor Peña en una unidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, debe ser condenada y tiene que quedar consignada en este informe y en la historia del Congreso Nacional.
La contaminación política y la justificación de la ineficacia frente a la lucha contra el delito no pueden implicar bajar al estándar de una investigación o afectar las garantías de los ciudadanos.
No quiero que en este gobierno ni en los que vengan, ciudadanos y ciudadanas se vean expuestos al manto de dudas y a la persecución sectaria por parte del Ministerio Público, que no tiene otra función que aclarar los delitos y perseguir a quienes los cometen.
Hubiera preferido que las conclusiones fueran más contundentes y lapidarias, pero este informe, con las conclusiones a las que se pudo llegar, por la información que se pudo obtener, fruto de un trabajo acucioso, deben llevar a reformular y a plantear con fuerza la regulación de la relación entre el mundo político y el Ministerio Público, el cual no puede permitir que un funcionario -como ocurrió en el caso del señor Peña - se cambie el traje de la noche a la mañana y pase a formar parte del Ministerio del Inte-rior y Seguridad Pública. Eso no debe ocurrir, porque vulnera principios básicos y derechos que están garantizados en nuestro ordenamiento jurídico.
Que este informe sirva para aclarar esa situación y para anticiparse a posibles hechos similares, para que nunca nadie más vea expuestas sus garantías. Es necesario que el Ministerio Público tenga toda la autonomía que necesite para investigar, así como los recursos que requiera para desarrollar la investigación de los delitos. Pero nunca más se debe dar esa relación prelaboral entre ambos órganos.
Votaremos a favor de este informe, pero también queremos dejar consignado que no queremos que, en el futuro, en el país vuelvan a ocurrir situaciones de esta naturaleza. Hubiera sido interesante que algún representante del Ejecutivo hubiera estado presente en esta sesión, porque se necesitan iniciativas legales que favorezcan a las personas y nos hagan reflexionar sobre la materia, para evitar que situaciones de esta naturaleza se repitan en el futuro.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez.
El señor VELÁSQUEZ.- Señor Presidente, si bien este informe nos satisface a todos, en general, contiene algunos elementos que se deben rescatar, los cuales quiero comentar.
Finalmente, se puede afirmar que el fracaso del “Caso Bombas” no se pudo atribuir a una persona en particular, ya que son diversos los factores que confluyeron en su desplome, como, por ejemplo, la deficiencia investigativa e, incluso, ciertas falencias legales.
No obstante lo anterior, resulta patente que el desenlace del “Caso Bombas” constituye un fracaso para los órganos del Estado, básicamente para el Ministerio Público y para el Ejecutivo . Ello se ejemplifica en un dato de la Defensoría Penal Pública sobre hechos ocurridos durante los nueve meses en que los imputados por el denominado “Caso Bombas” estuvieron detenidos en la cárcel de máxima seguridad. Mientras eso ocurría, detonaron dieciocho artefactos explosivos, con un promedio de veinte al año.
Esa situación es de la mayor gravedad, en una doble dimensión; primero, porque da cuenta de personas que fueron privadas de libertad durante meses, que finalmente fueron absueltas por los tribunales de justicia; y segundo, porque, no obstante que los imputados estaban privados de libertad, supuestos autores de los bombazos, estos siguieron produciéndose y, a la fecha, los verdaderos autores de esos atentados explosivos siguen impunes, lo que deja en evidencia la incapacidad de los órganos del Estado responsables de la seguridad pública y de aquellos que tienen a su cargo la persecución penal.
Sin embargo, considero que este informe y sus conclusiones -lo digo con mucho respeto- son bastante contradictorios.
La justicia en Chile y el Poder Ejecutivo tienen autonomía, pero lo que se generó con el “Caso Bombas”, que significó una evidente violación a los derechos humanos de varios jóvenes a quienes se les imputó hechos que nunca cometieron, me hace preguntarme cuántas personas más hay en nuestro país que han pasado por la misma situación y que son inocentes, cuando se colude el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo para aparecer ante la opinión pública como que han sido exitosos en las investigaciones de delitos y que han obtenido logros.
Muchas veces hemos escuchado de casos en que las víctimas han sido “cargadas” por la Policía de Investigaciones u otros organismos con la finalidad de encontrar culpables en diversos juicios que se han desarrollado en nuestro país.
Creo que faltó que la Comisión hubiese recomendado algún tipo de reparación para esos jóvenes que estuvieron privados de libertad durante mucho tiempo.
También debería haberse considerado la situación de los medios de comunicación, que influyeron para hacer parecer como culpables a personas que terminan siendo víctimas, que fueron expuestas ante la comunidad nacional e internacional como verdaderos asesinos, pero que finalmente quedan libres. ¿Quién repara eso? ¿Qué autoridad pública, del Ejecutivo , el Ministerio Público o la Fiscalía ha pedido públicamente excusas por el daño causado a esas personas y a sus familias?
Si bien este informe recoge las falencias de nuestra legislación, es indudable que lo que debemos hacer ahora es tomar cartas en el asunto para que se puedan realizar las modificaciones, vía nuevos proyectos legales, que garanticen que esto nunca más vuelva a ocurrir. Es muy peligroso cuando los Poderes del Estado, a los cuales hemos entregado autonomía, se unen para planificar, a cualquier costo, hechos que el día de mañana pueden dejar -de hecho, ha ocurrido antes- en la cárcel a miles de personas inocentes.
En ese ámbito, la Comisión debería haber tomado mayores prerrogativas y haber señalado, con nombre y apellido, las sanciones que deberían recibir los responsables de lo que hemos denominado un verdadero “montaje”, porque no es posible que durante meses se juzgue a un número de personas, se presenten pruebas en su contra y se les considere culpables, para que finalmente sean absueltos. Eso no habla bien de nuestra justicia ni de los procedimientos que están llevando a cabo el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Tal como lo señaló hace pocos días el Presidente del Senado , senador Camilo Escalona , pondría énfasis en el hecho de que cada vez que se produce un hecho importante, interviene el Ejecutivo de turno. Pero cada vez que lo hace, en muchos aspectos no actúa bien, porque toma parte en un proceso en el cual debe actuar el Poder Judicial en forma absolutamente independiente.
En el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay , en la Región de La Araucanía, inmediatamente se invocó la ley antiterrorista, en circunstancias de que lo que corresponde es que actúe la justicia, que debe desarrollar un proceso normal, y no generar mayor alarma y acusar a medio mundo de terrorista. En el “Caso Bombas”, la justicia chilena debería responder, pedir disculpas y garantizar que no se repetirán situaciones similares, que no nos dejan bien parados como país.
Por eso, con mucho respeto y con altura de miras, pido que el Gobierno tenga un gesto positivo y pida disculpas públicas a las personas que fueron acusadas y que, después de haberse utilizado todo el aparataje del Estado y del Ministerio Público, finalmente fueron absueltas. Esas personas, que son chilenas y chilenos que estuvieron detenidos, por lo menos, merecen que se les pida disculpas públicas por ese mal procedimiento que se les aplicó. Esperamos que ello jamás se vuelva a repetir en Chile, porque ello nos hace recordar tiempos pasados, cuanto el gobierno tenía todo el poder, hacía y deshacía y fue responsable de miles de muertos y de violaciones a los derechos humanos.
Espero que el “Caso Bombas” no se repita, porque estamos en pleno siglo XXI y vivimos en un país civilizado, que se cree líder en América Latina. Sin embargo, en el ámbito de la justicia, tenemos muy poco que decir y aportar a la comunidad internacional, porque no somos precisamente un ejemplo en esta materia.
He dicho.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora acerca de las actuaciones y responsabilidades de los organismos del Gobierno en el denominado “Caso Bombas”.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor MARINOVIC ( Vicepresidente ).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
AccorsiOpazo Enrique; Alinco Bustos René; Araya Guerrero Pedro; Campos Jara Cristián; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
BeckerAlvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Edwards Silva José Manuel; Hasbún Selume Gustavo; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Santana Tirachini Alejandro; Ulloa Aguillón Jorge; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
RojasMolina Manuel; Sandoval Plaza David; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio.
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