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El señor DELMASTRO (Vicepresidente).-
En los seis minutos que restan al Comité Mixto, Partido Radical Social Demócrata e Independientes, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, los proyectos de ley de Presupuestos de la Nación son la formulación, en cifras, de lo que se quiere hacer al año siguiente de su tramitación, razón por la que es habitual que los técnicos del área presupuestaria hagan alusión a los distintos montos con los que este se elabora. De allí que lo que uno esperaría es que entre ellos tuvieran la misma evaluación respecto de las cifras con las que estos se confeccionan.
Sin embargo, tanto desde el Gobierno como desde la Oposición, los montos y los supuestos sobre la base de los cuales se ha confeccionado el actual proyecto de Ley de Presupuestos no coinciden, puesto que los analistas en materia económica del gobierno estiman que el precio del cobre será superior y que el crecimiento del país será mayor a los cálculos dados a conocer por otros economistas.
Por lo tanto, partimos con una mirada divergente en relación con la forma en que se elabora el presupuesto.
La Oposición ha planteado que como habrá cambio de gobierno -cualquiera que sea el sector político que gane- se requiere contar con la debida flexibilidad presupuestaria, con el objeto que la nueva administración pueda llevar a cabo su programa durante el primer año de su mandato, sobre todo si se considera que el período presidencial es corto. Para un gobierno de cuatro años de duración el primero de ellos es muy importante desde el punto de vista del desarrollo de su programa.
No obstante, no hubo acuerdo entre el Ejecutivo y la Oposición para que el actual gobierno dejara en el Tesoro Público una cantidad razonable de recursos con la finalidad que la futura administración ejecute los cambios que estime pertinentes.
Sin perjuicio de lo anterior, el área en que hay más problemas dice relación con la designación de los recursos. En ese sentido, los ministerios relevantes en materia social tienen problemas serios en la confección del presupuesto.
No quiero ahondar en las partidas en las que existen diferencias, puesto que las mencionaremos durante la discusión en particular de este proyecto, pero me quiero referir a una en particular, la cual creo que los diputados que representan a distritos ubicados en regiones distintas a la Metropolitana deberán analizar con acuciosidad: la partida Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En la partida de esa secretaría de Estado, el gobierno actual nos dejó con una carga desde el punto de vista de los recursos que se requieren para financiar los documentos entregados para el otorgamiento de subsidios para la adquisición de viviendas en favor de las personas afectadas por el último terremoto. En muchos casos no hay viviendas construidas, sino solo papeles que acreditan el otorgamiento de los subsidios correspondientes, los que será muy difícil que a futuro lleguen a materializarse en la construcción de inmuebles, porque en el caso del Serviu solo aumentan los recursos para la regiones de Arica y Parinacota, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y de la Antártica Chilena y Metropolitana de Santiago. En el resto de las regiones el presupuesto en materia de vivienda disminuye en forma significativa.
En razón de lo planteado, no sé qué les dirán a sus representados los diputados de la coalición de gobierno de distritos ubicados en las regiones que no han sido favorecidas con ese incremento, como el diputado señor René Manuel García en el caso del distrito N° 52 de la Región de La Araucanía, puesto que allí el presupuesto para del Serviu baja casi en 10 por ciento.
Por lo tanto, me parece que tenemos un problema serio desde el punto de vista político, en términos de que las distintas miradas que hay respecto de la manera en que se elabora el presupuesto de la Nación coincidan y desde la perspectiva de cómo entendemos que un gobierno debe traspasar a otro -cualquiera que sea su color político- los recursos que se requieren para que su programa pueda ser ejecutado de acuerdo con la decisión ciudadana democrática de los ciudadanos.
Por último, tenemos una clara diferencia en cuanto a la elaboración técnica del presupuesto en materia de vivienda. Por ejemplo, en la Región de Atacama -en la que se encuentra el distrito que represento-, el presupuesto del Serviu ha disminuido en aproximadamente 20 o 25 por ciento, lo cual no guarda correlación con las necesidades que allí se observan.
Por las razones indicadas, pediré votación separada de algunas partidas, ya que no nos haremos cómplices del presupuesto consignado en ellas.
Por ejemplo, la ciudadanía debe tener claro que no podemos apoyar lo que se propone para la Defensoría Penal Pública, porque desde hace años que hemos solicitado al Gobierno que disponga el establecimiento de un régimen laboral a contrata para los defensores públicos en lugar de que se les contrate a honorarios, ya que se dispone de los recursos para hacerlo sin necesidad de aumentar el presupuesto ni siquiera en un peso. Para lograrlo solo se debe materializar un acuerdo que ha sido conversado de manera transversal.
En referencia con la Fiscalía del Ministerio Público, desde un comienzo este Gobierno planteó que durante su administración se pondría fin a la puerta giratoria. Sin embargo, durante los cuatro años que han transcurrido del gobierno actual no se ha destinado ni siquiera un peso para el Ministerio Público, con el objeto de llevar a cabo una persecución real de la delincuencia. Los fiscales cuentan con el mismo presupuesto y no se ha efectuado cambio alguno en el Ministerio Público, en el que las causas sobrepasan, con creces, la capacidad de los fiscales para actuar.
En consecuencia, tenemos un problema serio, respecto del que no nos hemos puesto ni nos pondremos de acuerdo, razón por la que ejerceremos nuestro voto para lograr los cambios que se requieren en el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el año 2014.
He dicho.
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