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El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , por su intervención, felicito a la diputada María Antonieta Saa porque ha sido muy clara y precisa y ha apuntado a la matriz de esta discusión.
Hoy, en el Congreso Nacional se ha ganado mucho en consenso y en capacidad para entender que, en materia de tuición compartida, de relaciones de cuidado personal de los hijos, avanzamos hacia un plano de igualdad, que debe ser una norma fundamental que cruce la sociedad. Basta de esa exclusividad o historia ancestral, plasmada en el Código Civil de Bello, que consagra determinadas preferencias o tuiciones especiales para el caso de la madre.
Hoy, a través de este cuerpo legal, estamos estableciendo una nueva fórmula compartida, en la cual se establece la igualdad de derechos, pero, como bien ha manifestado la diputada María Antonieta Saa , necesitamos hacer una corrección y modificar el inciso cuarto del artículo 225, para garantizar efectivamente el derecho del padre y de la madre a obtener la tuición.
Pero también tiene que generarse un debate respecto de la protección efectiva de los menores. En tal sentido, quiero decir a la señora ministra -por su intermedio, señor Presidente - que es fundamental seguir avanzando -sé que usted lo hará- para que no existan personas, padres o madres, que tengan pensiones alimenticias impagas. Esa es una norma fundamental. No sacamos nada con avanzar en la igualdad de tuición, en la tuición compartida y en igualdad de derechos cuando la obligación del alimentante no se cumple; cuando no están los instrumentos o cuando, derechamente, la sociedad ampara a quienes no pagan pensiones de alimentos. De acuerdo con las cifras, hay más de 211.000 deudores de pensiones alimenticias en el país, lo que quiere decir que hay muchas personas, niños y niñas del país, que no están siendo cubiertas con una obligación legal y humana, con un derecho fundamental.
Nacen aproximadamente 250.000 niños y niñas, pero tenemos una cifra de pensiones impagas que ascienden a 211.000, lo cual no es aceptable. Debemos avanzar hacia la igualdad, para que cualquier niño o niña, independiente de su condición, de si sus padres son casados o no, o de dónde vivan, tiene derecho a alimentación.
En el país se logró vencer la apatía y la mentira que significaba no poder obtener el divorcio como correspondía y teníamos que recurrir al subterfugio de las nulidades de matrimonio, en que una enorme cantidad de parejas fracasadas tuvieron que aprender a vivir sin regulación de sus bienes y con muchos problemas respecto de la tuición de los hijos, y por eso hoy tenemos una ley de divorcio. Es más -y es importante dejarlo consignado en esta discusión-, recordemos que hasta hace algunos años se consideraba normal la diferencia entre hijos legítimos e hijos naturales; es decir, se establecía una discriminación de origen que dependía de si los padres estaban o no casados y si los hijos habían sido concebidos dentro o fuera del matrimonio. Esa discriminación se superó gracias al esfuerzo de muchos diputados y de muchas diputadas y de la voluntad de las autoridades para establecer la igualdad.
Respaldaré la iniciativa, pero es necesario perfeccionar el inciso cuarto del artículo 225, porque creo en la absoluta igualdad de derechos, en la tuición compartida y en el involucramiento del padre en el cuidado de los hijos. Lo digo por experiencia personal, y me siento orgulloso de ello, porque ha sido una de las vivencias más hermosas de mi vida. Creo en ello, y por eso quiero que se consagre en la norma.
También considero que la mediación y la labor de los tribunales de familia será enorme. Por lo tanto, señora Ministra -por su intermedio, señor Presidente -, es necesario avanzar, para lo cual se requiere más personal y más capacidad de articulación, para lograr acuerdos, porque en materia de familia no sirve la imposición de un juez, no existe la sentencia perfecta para determinar a quién corresponde la tuición o a quien corresponden la entrega de pensión y a cuánto debe corresponder el monto.
Nuestra obligación es consagrar derechos para esos menores, a objeto de que tengan la posibilidad de desarrollar una vida plena, con el afecto de su padre, de su madre y de sus abuelos, pero también con las condiciones materiales adecuadas a través de la correspondiente pensión de alimentos.
Por eso, hoy importa establecer y fortalecer la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos; la capacidad de las partes para llegar a consenso, pero también los instrumentos para que los jueces de familia diriman los conflictos familiares.
Repito que respaldaré la iniciativa, pero votaré en contra el inciso cuarto del artículo 225 del Código Civil que se modifica, para perfeccionarlo en Comisión Mixta.
A las organizaciones que defienden derechos de paternidad, les digo que tengan confianza, porque en esta Cámara hay una mayoría parlamentaria transversal -y creo que también en la sociedad- que quiere avanzar hacia una sociedad mejor, con niños y niñas que, independientemente de la situación de sus progenitores, reciban el cuidado, el cariño y la alimentación que merecen.
He dicho.
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