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El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , los extensos informes de las comisiones de Ciencias y Tecnología; de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda , me permiten alcanzar un conocimiento sobre el proyecto, respecto del cual no tuve mucha participación en la Comisión de Hacienda, porque durante los días en que se trató yo participé en otra comisión. Sin embargo, estuve en algunas de las sesiones en que se analizó la iniciativa. Digo “en algunas”, porque se llevó a cabo una gran cantidad de reuniones para tratar el proyecto en las distintas comisiones.
Por eso, el aporte de los diputados René Manuel García , Pablo Lorenzini y Ramón Farías en sus respectivos informes nos llevan a un conocimiento un poquito mayor a quienes no participamos en todo el tratamiento del proyecto. La intervención del diputado Carlos Vilches también fortalece el apoyo del proyecto.
Tal como lo señaló el diputado informante de la Comisión de Hacienda , señor Pablo Lorenzini , en Chile era necesaria la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones, servicio público que es funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República , a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y cuyas funciones y atribuciones se enmarcan en su carácter fiscalizador, resolutorio y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública.
La finalidad del proyecto, además del objetivo específico que persigue -del que ya he hablado-, es separar las funciones de la Subtel en dos áreas y organismos distintos. La Superintendencia de Telecomunicaciones será la encargada de efectuar todas las tareas de fiscalización y tendrá, entre otras, facultades sancionatorias y de autorización. Además, será la encargada de establecer la fijación de las tarifas que la ley determine, mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones será el organismo que definirá la política sectorial y el que deberá dictar las normas pertinentes para el sector.
Sin embargo, hay algunas observaciones que reiteraré aquí en la Sala.
Las críticas a la iniciativa -tal como lo manifesté en la Comisión- apuntan a que el régimen de multas y sanciones, en ciertos casos, resulta excesivamente gravoso y desproporcionado. Con posterioridad, conoceremos las observaciones del Ejecutivo al respecto. Por ejemplo, en materia de comunicaciones y de telecomunicaciones, el proyecto alude a una serie de empresas que desarrollan una serie de actividades y que tienen algunos elementos en común, pero de muy diverso impacto, como las empresas de televisión de señal abierta o restringida, las radiodifusoras masivas y comunitarias -ojo con ellas- y las empresas de telefonía fija y móvil, de manera que considerar un solo rango de multa para todas ellas no se condice con la calidad y con la realidad del sector. Una multa por infracción leve, por ejemplo, como lo señaló el diputado señor Pablo Lorenzini al rendir el informe de la Comisión de Hacienda -aspecto que comparto-, podría llevar a la quiebra a una radiodifusora comunitaria. Por lo tanto, resulta necesario establecer criterios obligatorios para la aplicación de multas por parte del superintendente, los cuales deben considerar el tipo de actividad a la cual se dedica el operador sancionado, su capacidad económica, el daño causado y el número de usuarios afectados.
Consulté al subsecretario de Telecomunicaciones respecto de ese punto, quien me manifestó que el Ejecutivo acordó regular que las multas para las radios comunitarias alcanzarían un monto máximo de 10 Unidades Tributarias Mensuales -si esa cifra no es correcta, solicito al subsecretario de esa cartera, por su intermedio, señor Presidente , que me aclare el punto-, lo cual, felizmente, deja a un lado la diferencia que al principio establecía el proyecto.
Por las razones señaladas, voy a apoyar el proyecto, pero pido votación separada de los artículos 2° y 42, porque el artículo 2° podría ser objeto de reserva de constitucionalidad, según me lo han planteado los colegas juristas señores René Saffirio y Jorge Burgos , cuyo aporte agradezco, puesto que me permite tener mayor claridad respecto de lo que voy a aprobar.
Tengo la íntima convicción de que el país requiere, tal como lo propone el proyecto en discusión, la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones, iniciativa que espero sea aprobada hoy por la Sala.
He dicho.
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