CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (Primer trámite constitucional)
CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (Primer trámite constitucional) El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones. Diputados informantes de las comisiones de Ciencia y Tecnología; Obras Públicas y Telecomunicaciones, y de Hacienda, son los señores Ramón Farías, Javier Hernández y Pablo Lorenzini, respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 8034-15, sesión 107ª de la legislatura 359ª, 10 de noviembre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 1. -Informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología, sesión 70ª de la legislatura 360ª, en 13 de agosto de 2012. Documentos de la Cuenta N° 8. -Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 1ª de la presente legislatura, en 16 de enero 2013. Documentos de la Cuenta N° 8. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 21ª de la presente legislatura, en 7 de mayo de 2013. Documentos de la Cuenta N° 13. El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Ciencia y Tecnología. El señor FARÍAS (de pie).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Ciencia y Tecnología, me corresponde informar sobre el proyecto de ley iniciado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República , que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones. La idea matriz o fundamental de este proyecto es crear la Superintendencia de Telecomunicaciones como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y cuyas funciones y atribuciones serán las propias de un organismo estrictamente fiscalizador, resolutorio y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública. En los últimos años, Chile ha vivido una explosiva masificación en el acceso a servicios de telecomunicaciones, y hoy es el mercado con el mayor número de usuarios que existe en Chile. La red de telefonía móvil tiene alrededor de 18 millones de abonados; la de telefonía fija, 3,5 millones; la televisión pagada, 1.8 millones, y la televisión abierta, más de 16 millones. En un año se producen más de 580 millones de llamadas de larga distancia nacional y 40 millones de llamadas de larga distancia internacional. Existe 1,8 millones de conexiones fijas a internet y 5,3 millones de conexiones móviles a internet. Además, 33 por ciento de los hogares tiene acceso a internet y se cuenta con más de 29 proveedores de este acceso. Un antecedente fundamental es que las telecomunicaciones constituyen un servicio indispensable para el desarrollo económico, social y cultural del país. En los últimos años, la aparición de internet y de la tecnología IP ha modificado la estructura de las telecomunicaciones, transformando la forma en que nos relacionamos y accedemos a los distintos bienes y servicios en un mundo globalizado. Con respecto a los operadores de servicios de telecomunicaciones, constatamos que hay 28 concesionarios de telefonía fija y 5 de telefonía móvil. Además, hay 15 concesionarios de VoIP, 19 de telefonía móvil virtual y 23 de larga distancia. A ellos se suman 3.500 permisionarios de servicios limitados de telecomunicaciones, de los cuales 218 son de televisión pagada, 94 concesionarios de televisión abierta; 1.995 concesionarios de radiodifusión sonora, y un numeroso conjunto de titulares de licencias como radioaficionados. Estos últimos de-sarrollan una importante labor cotidiana en beneficio de la comunidad, la que se hace totalmente evidente durante las emergencias, como la vivida por el país tras el terremoto de febrero de 2010. Esta masificación de las telecomunicaciones es inédita en nuestra historia y explica en buena parte la presencia significativa que tiene hoy el sector en el PIB nacional. Sin embargo, este mismo desarrollo de las telecomunicaciones provoca que el soporte institucional de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que data de 1977, no responda a los requerimientos que hoy demanda este sector. La dictación de la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones , y de otra dedicada a la energía eléctrica, ciertamente constituyeron un avance, pero aún es insuficiente. Uno de los temas fundamentales a este respecto es la ambigüedad de la competencia de la autoridad sectorial, que en sí reúne las tareas de diseño de política y normas, y tareas de fiscalización del cumplimiento de estas normas, además de su sanción en caso de incumplimiento. En síntesis, es juez de sus propias normas, lo que provoca un doble problema desde el punto de vista de la corrección institucional y de la práctica. El primero se genera porque no parece correcto que quien dicte las normas sea el mismo que las fiscalice y las sancione, ocasionando un delicado riesgo para los ciudadanos, en el sentido de que, al radicarse ambas tareas en un mismo sujeto, es posible que la fiscalización y sanción de las normas sea contagiada con los objetivos de política a los que esas normas apuntan. La experiencia en estos más de treinta años muestra de una manera ineludible la necesidad y conveniencia de introducir mejoras a esa arquitectura, que le permitan dar debida cuenta de una realidad en que los servicios de telecomunicaciones tienen una masificación inédita y que, gracias a la tecnología digital, están experimentando un proceso de convergencia que desafía las categorías con que tradicionalmente hemos entendido dichos servicios. La telefonía IP y la televisión digital son solo dos ejemplos de la desafiante realidad que hoy enfrenta la regulación sectorial. El informe conocido como “Modernización de la Institucionalidad Reguladora del Estado”, que produjo la Comisión Presidencial de Modernización de la Institucionalidad Reguladora del Estado, en 1998, destacó la necesidad de separar las tareas básicas de definir la política y las normas de fiscalización y sanción, y se propuso la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones. Importante es considerar que la OCDE ha enfatizado la corrección y eficacia que hay en la separación del diseño de la política y las normas para un sector, de su fiscalización y sanción. Recordemos que en abril de 2010, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo Nº 27, de varios señores diputados, mediante el cual se solicitaba al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones “el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que cree la Superintendencia de Telecomunicaciones”. Todos estos antecedentes apuntan hacia la corrección y conveniencia de crear una Superintendencia de Telecomunicaciones que concentre las tareas fiscalizadoras, sancionatorias, en materia de autorizaciones y las vinculadas a la fijación de tarifas que la ley determine. Aquí se radicarían los objetivos de política pública, cuyo órgano será la Subtel. En la Superintendencia, en cambio, quedarían las tareas que suelen considerarse más “neutrales” o “técnicas”, tales como fiscalizar, sancionar, participar en la entrega de las autorizaciones a fin de prestar los servicios de telecomunicaciones y conducir el procedimiento para la fijación de las tarifas, sobre la base de las definiciones que adopte el órgano regulador. Este nuevo contexto requiere de una mejora sustantiva del papel fiscalizador del Estado para que sea capaz de enfrentar desafíos de una envergadura incomparablemente mayor a los que existían al crearse la Subtel, partiendo del hecho de que la fiscalización que hoy se lleva a cabo por dicho organismo es, básicamente, reactiva, generada en respuesta a denuncias, reclamos de los usuarios, solicitudes de los interesados o a requerimiento de otras autoridades. A su turno, la evaluación que la Subsecretaría realiza de la calidad de los servicios de telecomunicaciones es más bien marginal e insuficiente, pues está focalizada fundamentalmente en los servicios de telefonía fija y móvil. La supervigilancia de los fenómenos tecnológicos e industriales y de los operadores de telecomunicaciones también se ha complejizado de una manera sustantiva. Existe consenso en el país de que la modernización del sector requiere crear un nuevo órgano especializado en esas funciones y atribuciones, de alto nivel técnico y profesional, que tenga la independencia, estabilidad y flexibilidad necesarias para acometer las tareas que el país demanda en materia de telecomunicaciones. Sobre la naturaleza jurídica de la Superintendencia de Telecomunicaciones, debemos precisar que será un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Sus funciones y atribuciones serán las propias de un organismo estrictamente fiscalizador, resolutorio y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública. Su independencia se hará posible, porque el nombramiento del superintendente se sujetará al Sistema de Alta Dirección Pública. Además, por la definición clara de las funciones y atribuciones del nuevo órgano, y por la relativa independencia económica derivada de que al patrimonio se integren ciertos ingresos propios. En su competencia se radicará la fiscalización del cumplimiento de la normativa sectorial y, en caso de incumplimiento, su sanción administrativa. El procedimiento administrativo-sancionatorio que se propone está en línea con los últimos avances alcanzados por nuestro ordenamiento en esta materia. Asimismo, forma parte de la competencia básica de la Superintendencia la participación en el otorgamiento y terminación de las autorizaciones para entrar al mercado de las telecomunicaciones y velar por el correcto uso del espectro radioeléctrico, según la normativa sectorial. Se le encarga, además, conducir los procedimientos para la fijación de las tarifas en los servicios de telecomunicaciones que aún están afectos a ellas. También se incluye otra tarea de la mayor relevancia pública, cual es la recolección de la información relevante del sector telecomunicaciones para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Por el proyecto se contempla modificar también el régimen de sanciones de la ley N° 18.168, general de Telecomunicaciones, que se considera deficiente y poco sistemático. Además, carece de suficiente proporcionalidad en relación a la gravedad de algunas infracciones. También se propone una clasificación sistemática de infracciones en gravísimas, graves y leves, y se les asignan las correspondientes sanciones, lo que permitirá corregir la situación actual. Paralelamente, se aumenta el monto de todas las sanciones, atendida la envergadura económica que ha adquirido el mercado de las telecomunicaciones, por una parte, y su inédita masificación, por la otra, que extiende un vasto campo de usuarios titulares de legítimos derechos. Para definir los montos que se proponen para este aumento se ha seguido la línea trazada por las últimas reformas a órganos fiscalizadores. Es destacable que la iniciativa incluye un plazo de caducidad de las medidas provisionales adoptadas por la administración a la hora de formalizar investigaciones; se exige autorización judicial para solicitar el auxilio de la fuerza pública, en caso de que esta sea necesaria para el cumplimiento de las funciones y atribuciones fiscalizadoras de la Superintendencia, y, por primera vez, se regulan legislativamente dos puntos relativos a la prescripción de las infracciones y las sanciones impuestas. Sobre el procedimiento administrativo-sancionatorio propuesto, tengamos en cuenta que este queda en línea con el sentido básico de la legislación vigente sobre procedimiento administrativo. Además, el proyecto establece una serie de mecanismos para maximizar su carácter racional y justo, cuestión que se busca también mediante la separación de las unidades de fiscalización e instrucción, por una parte, y la de sanción, por la otra. También se formalizan las posibles medidas provisionales y se les da un carácter exclusivamente cautelar y excepcional; se refuerza el derecho a defensa y se reduce el centralismo, al proponer que quien reclame en contra de la resolución que pone término al procedimiento administrativo-sancionatorio, pueda hacerlo ante la corte de apelaciones de su domicilio. La Superintendencia tendrá la facultad de atender y resolver los reclamos y denuncias que los usuarios formulen en contra de los operadores, sin perjuicio de sus atribuciones sancionatorias. A fin de conocer las inquietudes de los usuarios, la Superintendencia podrá elaborar estudios sobre las materias propias de su competencia. Con estos se espera, en general, tener información para mejorar el ejercicio de sus funciones y atribuciones y, en especial, respecto de la calidad de los servicios prestados por los operadores y la protección de los derechos de los usuarios. Existe un informe emitido por la Corte Suprema respecto de este proyecto de ley, en cuanto a esa antigua deuda del ordenamiento jurídico chileno relativa a la creación de los tribunales contencioso-administrativos y, en su defecto, a la necesidad de sistematizar los diversos procedimientos contencioso-administrativos dispersos en la legislación, unificándolos en uno solo, cuyo conocimiento quede entregado a los tribunales del país. La idea de legislar fue aprobada por unanimidad. En la discusión particular, se presentaron numerosas indicaciones por diputados y el Gobierno, cuya votación se verifica en cada una de las disposiciones. Por último, es justo reconocer la valiosa participación y disposición al diálogo y a la negociación que siempre tuvo el subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton . Es todo cuento puedo informar. He dicho. El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García, quien rendirá el informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. El señor GARCÍA, don René Manuel (de pie).- Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República , que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones. Reseña del proyecto. Honorable Sala, el proyecto tiene por objeto crear la Superintendencia de Telecomunicaciones como un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -esto demuestra que la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es la instancia técnica- y cuyas funciones y atribuciones serán las propias de un organismo estrictamente fiscalizador, resolutorio y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública. La honorable Sala, en su sesión 70ª, de 13 de agosto de 2012, acordó enviar el proyecto de ley a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, para que informara sobre el texto del proyecto aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, y propusiera indicaciones que permitieran su perfeccionamiento. Trabajo de la Comisión. El proyecto fue tratado y acordado en las sesiones de 2 de octubre; 6 y 27 de noviembre, y 11 de diciembre de 2012, y de 2, 9 y 16 de enero de 2013, con la asistencia de las diputadas señoras Clemira Pacheco y Alejandra Sepúlveda , y de los diputados señores Pepe Auth , Sergio Bobadilla, René Manuel García, Gustavo Hasbún , Javier Hernández, Juan Carlos Latorre , Fernando Meza , Iván Norambuena, Leopoldo Pérez, Joaquín Tuma y Mario Venegas . Asistió, además, por la vía del reemplazo, el diputado señor Carlos Montes . Para el estudio del proyecto, la Comisión contó con la colaboración y asistencia del subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton Palma , y de su jefa de gabinete, señora Daniela González . Además, participaron invitadas por la Comisión, las siguientes personas o instituciones: el presidente de Asociación de Telefónicas Móviles (Atelmo), señor Guillermo Pickering de la Fuente ; el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), señor Luis Pardo Sainz ; el gerente de la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile (Arcatel), señor Rodrigo Moreno Moreno ; el presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), señor Eduardo Corona Bozzo ; la dirigente de la Asociación Funcionarios de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Afunmtt), señora Margarita Portuguez González ; el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), señor Hernán Calderón ; el presidente del Consejo Consultivo de Conadecus , señor Guillermo Henríquez , y el asesor de Conadecus, señor Ernesto Evans . En el estudio realizado por la Comisión, 102 indicaciones se aprobaron, 26 se rechazaron y 12 fueron declaradas inadmisibles. Las indicaciones aprobadas por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones acogen los planteamientos y sugerencias recibidos de los actores involucrados en el tema de las telecomunicaciones durante las audiencias públicas celebradas por la Comisión, y su materialización es fruto del consenso alcanzado con el Ejecutivo , en la persona del subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton Palma . Hago presente que la mayoría de las indicaciones obedecen a adecuaciones de forma y de fondo a la nueva normativa propuesta, y tienen por objeto regular que determinados aspectos que son de competencia de la Subtel queden radicados en la esfera de atribuciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Cabe destacar que una de las principales modificaciones que se proponen al texto del proyecto aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, guarda relación con modificaciones tendientes a evitar una eventual superposición de competencias, para generar una delimitación clara de los organismos competentes, además de evitar abusos en el ejercicio de la facultad de pedir información. Otro aspecto que se busca mejorar por medio de indicaciones es el concerniente al régimen de multas, ya que las contempladas por el proyecto aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología son demasiado gravosas, según lo manifestado por la unanimidad de las organizaciones invitadas. En ese sentido, se propone, además, precisar las conductas sancionables y clasificarlas en infracciones gravísimas, graves y leves, y rebajar los montos de las multas a unidades tributarias mensuales. Al respecto, cabe recordar que, en su mayoría, se encontraban fijadas en unidades tributarias anuales, por lo cual, independiente de su monto, harían imposible pagarlas y llevaría a las empresas a la quiebra. Es todo cuanto puedo informar a esta honorable Sala. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor LORENZINI (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones. Durante su estudio, asistieron a la Comisión el subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton ; su jefa de gabinete, señora Daniela González ; la directora de la Asociación de Trabajadores de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones, señora Margarita Portuguez ; el presidente de Anatel , señor Ernesto Corona ; el gerente general de Arcatel , señor Rodrigo Moreno ; el presidente nacional de Archi , señor Luis Pardo , y el representante de Amarc Chile, señor Raúl Rodríguez . El sector de las telecomunicaciones, según se dice por ahí, es el mercado con mayor cantidad de usuarios en Chile. Por lo tanto, es factor clave en nuestro desarrollo, en áreas como la educación, la medicina, campos productivos y socioculturales, etcétera. Se trata de un mercado 35 millones de relaciones comerciales, en permanente evolución tecnológica. Al respecto, Chile se quedó institucionalmente atrasado, se quedó en el pasado. Su arquitectura, que es de los años 70, no ha cambiado mucho, y las fiscalizaciones y sanciones -nos decía el subsecretario- son de los años 80; es decir, poco o nada hemos avanzado. En la percepción de los usuarios, existe un deterioro de la calidad de los servicios y de las prácticas comerciales; además, existe poca transparencia -repito la expresión “transparencia”-, y respuesta de las empresas a los consumidores. Este mercado -lo dice el Sernac- ostenta la mayor cantidad de reclamos de los consumidores. ¡Claro, junto a la banca y el retail! Pero este mercado, si consideramos esos tres, es el que más quejas genera. Esto explica la singular importancia de este proyecto, sobre todo en defensa de los derechos de los consumidores. Según algunos datos, que parecen sacados de otras décadas, solo cuatro países latinoamericanos no tienen Superintendencia de Telecomunicaciones: Barbuda , Barbados, Cuba y Chile. Interesante: estamos entre Cuba, Barbuda y Barbados. Esto demuestra la importancia del proyecto, que modifica una serie de cuerpos legales ligados a la Ley General de Telecomunicaciones. En primer lugar, separa el rol de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Su personal, que hoy se desempeña en fiscalización y concesiones, se irá a la Superintendencia. Hay que evitar la superposición de funciones, lo que significa tener cuidado con lo que hacen el Sernac, la nueva Superintendencia y el Consejo Nacional de Televisión. En ese sentido, se ha creado una superintendencia tradicional. Al respecto, los diputados Silva, Marinovic y quien habla llevamos diciendo desde hace mucho tiempo en la Comisión de Hacienda que no es lo mejor, por lo cual es necesario buscar otra solución. Incluso, el diputado Burgos anunció un proyecto de ley para crear un ente colegiado y no seguir la tradición de establecer superintendencias a la antigua. Este tema no fue considerado, por lo que quedó pendiente para un debate futuro. Luego, se dice que el superintendente será nombrado por el Sistema de Alta Dirección Pública. Algunos miembros de la Comisión de Hacienda, como los diputados Jaramillo y otros, se referirán en detalle a la preocupación que demostramos respecto del traspaso de personal desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones a la nueva Superintendencia de Telecomunicaciones. Queremos que en este caso no se repita lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social o en la Superintendencia de Educación, en los cuales no se tomaron los resguardos adecuados en relación con el personal. Aquí logramos que se adoptaran las garantías correspondientes respecto de los cargos traspasados y de sus remuneraciones, los cuales no podrán ser inferiores a los originales. En este sentido, quien habla y otros diputados presentamos varias indicaciones, que el Gobierno, a través de su subsecretario, acogió y respaldó, lo cual mejoró absolutamente el proyecto respecto de las garantías que tendrá el personal en su traspaso a la Superintendencia que se crea. Otro tema que conversamos con el señor subsecretario, pero que también quedó pendiente, ya que no tiene atribuciones para concretarlo, es la creación de un ministerio de telecomunicaciones, lo que es respaldado por lo que dijimos: las 35 millones de relaciones comerciales y el hecho de que es uno de los sistemas más atrasados en Sudamérica. Muchos diputados pensamos, entre ellos el diputado Ortiz , que se requiere de un ministerio para atender todos esos reclamos de los consumidores y otras materias que le incumben. También se planteó como alternativa en la discusión sacar a Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes, porque no tiene mucho que ver con esa cartera, y traspasarla al Ministerio de Economía. También es importante que los contenidos programáticos se excluyan de las facultades de esta Superintendencia; o sea, que todo lo que sea caducidad de concesiones esté radicado en el Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de que la Superintendencia se encargue de lo suyo, de lo técnico, en fin, pero no se meta en lo relacionado con los programas. Como tiene poder sancionatorio, tal como lo han señalado los diputados informantes de las otras comisiones, hay que tener cuidado en el sentido de no otorgar a la Superintendencia la facultad de suspender transmisiones. En este sentido, tras las dudas que plantearon varios diputados, el proyecto regula este tema en forma más clara. La señora Daniela González y el subsecretario de Telecomunicaciones explicaron varias indicaciones de diputados, que, como dije, fueron respaldadas por el Gobierno, por lo que la Comisión de Hacienda las incluyó en el proyecto. Otro tema que planteamos los diputados fue otorgar mayores recursos. En regiones se visualiza que existirá muy poca representación, no obstante que existen reclamos públicos de consumidores de todo Chile. En ese sentido, hay que descentralizar más. Al respecto, quedó la impresión de que esta Superintendencia podría no ser capaz de enfrentar los problemas que se presentarán en el futuro. Presenté una indicación, que fue aceptada, acogida por el Ejecutivo , para aplazar la entrada en vigencia del cambio de las labores o del cese de funciones de algunos empleados por necesidades de la Superintendencia. Dicho plazo era muy corto. Por eso, se alargó para dar garantías y tranquilidad a los trabajadores hasta el próximo gobierno. El diputado Auth dijo ser partidario de establecer sanciones más duras a los operadores del sistema que incumplan las leyes sectoriales, pero no de exigirles conductas imposibles de observar. El diputado Silva señaló en el debate que el incumplimiento del deber de proporcionar información genera una sanción muy severa, por lo que planteó la conveniencia de definir en la propia ley su contenido y demás características relevantes. Estos son los aportes realizados por los diputados miembros de la Comisión de Hacienda. En cuanto a las platas, señor Presidente , en la actualidad se gastan 5.240 millones de pesos para el pago de 299 funcionarios que trabajan actualmente en la Subsecretaría de Telecomunicaciones; 116 de ellos quedarían en esa repartición y 183 se trasladarían a la Superintendencia. Es decir, se mantiene la cantidad de personal, ya que el 60 por ciento se traslada a la Superintendencia de Telecomunicaciones y el 40 por ciento restante permanece en la actual Subsecretaría de Telecomunicaciones. En suma, se potencia mucho más a la superintendencia. Los 5.240 millones de pesos que se gastan en la actualidad, se distribuyen en una proporción similar, ya que 65 por ciento de esa cantidad se destina a la nueva Superintendencia de Telecomunicaciones y 35 por ciento permanece en la actual subsecretaría. Los gastos de operación ascienden a 1.408 millones de pesos, que se distribuyen en la misma proporción. No obstante, en el primer año se producirá un gasto adicional por dicho concepto de 305 millones de pesos. En el segundo año se incluyen otros gastos por 185 millones de pesos. El financiamiento adicional requerido para el primer año alcanza 410 millones de pesos, recursos que se destinarán para equipamiento y mayor costo base de personal para el primer año. Para el segundo año, y de ahí en adelante, el mayor gasto adicional llega-ría a 867 millones de pesos, cifra que deberá ser incluida en el proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año, debate que tendremos en algunos meses más. Los diputados Auth , Godoy , Letelier , Lorenzini , Núñez , Montes, Ortiz , Robles , Silva y Vilches , formularon indicación al artículo 4° permanente, para modificar su inciso tercero, en el sentido de intercalar, después de la coma que sigue al adverbio “Además”, la expresión “en situaciones de catástrofe”; sustituir la frase “a que se refiere el inciso segundo del artículo 37 de la Ley N° 18.168” por “sobre fallas significativas que puedan afectar el normal funcionamiento de los servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones”, y anteponer a la palabra “reglamento” el vocablo “respectivo”. Los diputados Marinovic y Ortiz presentaron indicación al artículo 49, N° 2°, para reemplazar la expresión “UTA” por “UTM”, todas las veces que aparece. Apoyado por los diputados Marinovic , Montes y Ortiz , presenté indicación al numeral 4 del artículo primero transitorio, para intercalar, entre la palabra “traspaso”, la segunda vez que aparece, y la coma (,) que le sigue, la frase “manteniéndose en el intertanto tales calidades y cargos”, para asegurar la inamovilidad por un año completo de los funcionarios de la Subtel que se traspasen a la Superintendencia después de la aprobación del proyecto en discusión. Todas las indicaciones planteadas por los diputados de la Comisión de Hacienda fueron aprobadas por unanimidad, luego del respaldo del Gobierno, a través del subsecretario Jorge Atton. A petición del diputado Silva , la Comisión votó separadamente los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 33. Los artículos 1°, 9°, 12, 14, 19 y 30 se aprobaron en forma unánime. Los artículos 20 a 26, y 33 se aprobaron con el voto en contra del diputado Silva y con la abstención del diputado Vilches. Por lo tanto, el resto de los artículos se aprobó en forma unánime. La Comisión de Hacienda dedicó cinco sesiones para el estudio del proyecto, con la asistencia de los diputados señores Marinovic , Presidente ; Auth , Godoy , Jaramillo , Núñez , reemplazante; Lorenzini , Macaya , Montes, Ortiz , Recondo , Letelier , reemplazante; Robles , Santana , Leopoldo Pérez, reemplazante; Silva, Von Mühlenbrock y Vilches , reemplazante. Es cuanto tengo que informar. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente , quiero hacer una pregunta. A algunos nos llamó la atención que en el artículo 2° del proyecto de ley, que es muy importante, porque fija las atribuciones de la nueva Superintendencia, no se abría un procedimiento de reclamo. Si bien es cierto que en el artículo 42, si no me equivoco, se establece un procedimiento de reclamo respecto de las resoluciones que apliquen sanciones, lo que me parece lógico. Sobre el particular, el texto de la Comisión de Ciencias y Tecnología me parece más claro que el de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Ojalá que se pudiera votar separadamente el punto, porque no había un procedimiento de reclamo frente a las atribuciones de fiscalización y de superintendencia de la Superintendencia. El señor subsecretario nos ha hecho llegar al diputado Saffirio y a mí una indicación del Ejecutivo -no podía ser sino de dicho Poder- mediante la cual se establece un nuevo inciso tercero en el artículo 2°, que señala: “Los afectados que estimen que los actos u omisiones de la Superintendencia no se ajustan a la ley, reglamentos o demás disposiciones que le corresponda aplicar, podrán reclamar de ellas ante la corte de apelaciones respectiva en la forma dispuesta en el artículo 42”. O sea, aquí se aplicaría la misma lógica de las multas. Nos parece que eso recoge la inquietud que planteamos respecto de la ausencia de un procedimiento, que exponía al proyecto a un grave problema de constitucionalidad. Entonces, como la iniciativa tiene suma urgencia, le solicito, señor Presidente, que cuando haya el quorum suficiente, pida la unanimidad de la Sala para poder votar la referida indicación. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Diputado señor Burgos, están presentadas las indicaciones. Cuando haya quorum, procedamos en consecuencia. Puede continuar, su señoría. El señor BURGOS.- Para tranquilidad de los presentes, solo quería plantear eso, señor Presidente. El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Muy bien, señor diputado . Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches. El señor VILCHES.- Señor Presidente, este es un gran proyecto, por medio del cual se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones. La creación de esta Superintendencia es una gran oportunidad, desde el punto de vista de la corrección jurídica del sector, y permitirá adaptar la institucionalidad pública de las telecomunicaciones a su evolución tecnológica. La Subtel es un organismo público que ha servido durante muchas décadas y que ha cumplido una etapa de desarrollo importante para el país. Sin embargo, hoy es necesario que se transforme en un órgano independiente, ya que la administración del espectro radioeléctrico es un tema muy delicado, que se puede prestar para abusos y para que algunos tengan acceso a las comunicaciones y otros queden al margen. Una de las materias aquí presentes es la fiscalización que se haga en todos los servicios relacionados con la Superintendencia de Telecomunicaciones. Por ejemplo, ella tiene relación con todo lo relativo a telefonía celular, a radiocomunicación, a las comunicaciones en los distintos puntos del país. Además, se vincula con la televisión por cable, con la televisión abierta. En este sentido, en el tiempo hemos conocido las dificultades, respecto de las licitaciones para vender espacios, las que no han tenido, a lo mejor, la debida fiscalización para permitir que se den las garantías a todos los chilenos que quieran participar. Quiero detenerme en este punto, ya que es muy importante que la Superintendencia de Telecomunicaciones tenga una reglamentación que permita la fiscalización para terminar con los abusos. ¿Cuáles son los abusos? Hay empresas que venden servicios de telefonía celular, cuyas cuentas son poco claras y la gente no las entiende. Muchas veces se han producido cobros indebidos, los que, en algunas oportunidades, han tenido respuesta positiva de las compañías, y en otras, no. Además, todos sabemos que cuando, por ejemplo, una persona deja de usar su teléfono celular, las cuentas siguen corriendo. En efecto, muchas veces ocurre que, aunque muchas veces se den los avisos correspondientes, las cobranzas siguen llegando. ¡Cómo no va a ser importante tener una fiscalización adecuada, que permita proteger a los usuarios, a los consumidores! El desarrollo de la tecnología ha permitido nuevas formas de servicios. Esto, sin duda, ha generado, por ejemplo, que la telefonía fija pase a ser de segunda importancia, porque la telefonía celular hoy resuelve los problemas en cada punto del país. A esto debemos agregar la política tarifaria que se está aplicando en telefonía celular, que permite que ya no existan los cobros de larga distancia, sino por el valor del minuto, indistintamente del lugar donde se ubique el usuario de aquel y al cual se quiera comunicar. Por eso es tan importante esta nueva Superintendencia de Telecomunicaciones y su reglamentación. Esta tendrá que ser muy conocida por los usuarios, de manera de evitar suspensión de servicios, demoras en los servicios, etcétera. Además, la nueva Superintendencia tendrá que ver con una política para la instalación de las antenas repetidoras. Al respecto, todos sabemos que ellos han invadido muchas de nuestras ciudades y que son rechazadas por las personas. En efecto, muchas veces la gente se encuentra con que, de la noche a la mañana, aparece en su sector una nueva antena incluso compartida por varias compañías. Entonces, ante la poca claridad que existe a ese respecto, a la gente le es más difícil oponerse a la instalación de ciertas antenas. Por las razones expuestas, considero que se trata de un rubro muy importante. Pareciera que se tratara de un cambio más, pero no es así. A mi juicio, es fundamental la instalación de este órgano independiente, de manera que realmente dé garantías a todos. Por otra parte, la Superintendencia de Telecomunicaciones va a poder reglamentar, a fin de terminar con las barreras que existen hoy, por ejemplo, en relación con las radios comunitarias, que son tan importantes para localidades alejadas del centro del país. Por tal motivo, anuncio con entusiasmo que vamos a apoyar este proyecto, que constituye un cambio muy significativo en materia de telecomunicaciones. Existen otras situaciones que deben ser fiscalizadas. Así, por ejemplo, a muchos nos ha tocado vivir la experiencia de que algunos radiocomunicadores o radios ensucian el dial, pues tienen salida por dos o tres frecuencias en una misma ciudad. Por eso, la fiscalización es absolutamente necesaria para dar garantías a todos los radiocomunicadores. Considerando, la masificación de los servicios en materia de tecnología, sería muy importante la creación de un Ministerio de Telecomunicaciones, tal como lo señaló un diputado informante , posibilidad que se podría explorar más adelante. Por último, reitero que la iniciativa en estudio -después la discutiremos en detalle- es un muy buen cambio, una excelente propuesta del gobierno del Presidente Piñera y del subsecretario señor Jorge Atton , por lo cual tenemos que apoyarla. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , los extensos informes de las comisiones de Ciencias y Tecnología; de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda , me permiten alcanzar un conocimiento sobre el proyecto, respecto del cual no tuve mucha participación en la Comisión de Hacienda, porque durante los días en que se trató yo participé en otra comisión. Sin embargo, estuve en algunas de las sesiones en que se analizó la iniciativa. Digo “en algunas”, porque se llevó a cabo una gran cantidad de reuniones para tratar el proyecto en las distintas comisiones. Por eso, el aporte de los diputados René Manuel García , Pablo Lorenzini y Ramón Farías en sus respectivos informes nos llevan a un conocimiento un poquito mayor a quienes no participamos en todo el tratamiento del proyecto. La intervención del diputado Carlos Vilches también fortalece el apoyo del proyecto. Tal como lo señaló el diputado informante de la Comisión de Hacienda , señor Pablo Lorenzini , en Chile era necesaria la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones, servicio público que es funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República , a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y cuyas funciones y atribuciones se enmarcan en su carácter fiscalizador, resolutorio y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública. La finalidad del proyecto, además del objetivo específico que persigue -del que ya he hablado-, es separar las funciones de la Subtel en dos áreas y organismos distintos. La Superintendencia de Telecomunicaciones será la encargada de efectuar todas las tareas de fiscalización y tendrá, entre otras, facultades sancionatorias y de autorización. Además, será la encargada de establecer la fijación de las tarifas que la ley determine, mientras que la Subsecretaría de Telecomunicaciones será el organismo que definirá la política sectorial y el que deberá dictar las normas pertinentes para el sector. Sin embargo, hay algunas observaciones que reiteraré aquí en la Sala. Las críticas a la iniciativa -tal como lo manifesté en la Comisión- apuntan a que el régimen de multas y sanciones, en ciertos casos, resulta excesivamente gravoso y desproporcionado. Con posterioridad, conoceremos las observaciones del Ejecutivo al respecto. Por ejemplo, en materia de comunicaciones y de telecomunicaciones, el proyecto alude a una serie de empresas que desarrollan una serie de actividades y que tienen algunos elementos en común, pero de muy diverso impacto, como las empresas de televisión de señal abierta o restringida, las radiodifusoras masivas y comunitarias -ojo con ellas- y las empresas de telefonía fija y móvil, de manera que considerar un solo rango de multa para todas ellas no se condice con la calidad y con la realidad del sector. Una multa por infracción leve, por ejemplo, como lo señaló el diputado señor Pablo Lorenzini al rendir el informe de la Comisión de Hacienda -aspecto que comparto-, podría llevar a la quiebra a una radiodifusora comunitaria. Por lo tanto, resulta necesario establecer criterios obligatorios para la aplicación de multas por parte del superintendente, los cuales deben considerar el tipo de actividad a la cual se dedica el operador sancionado, su capacidad económica, el daño causado y el número de usuarios afectados. Consulté al subsecretario de Telecomunicaciones respecto de ese punto, quien me manifestó que el Ejecutivo acordó regular que las multas para las radios comunitarias alcanzarían un monto máximo de 10 Unidades Tributarias Mensuales -si esa cifra no es correcta, solicito al subsecretario de esa cartera, por su intermedio, señor Presidente , que me aclare el punto-, lo cual, felizmente, deja a un lado la diferencia que al principio establecía el proyecto. Por las razones señaladas, voy a apoyar el proyecto, pero pido votación separada de los artículos 2° y 42, porque el artículo 2° podría ser objeto de reserva de constitucionalidad, según me lo han planteado los colegas juristas señores René Saffirio y Jorge Burgos , cuyo aporte agradezco, puesto que me permite tener mayor claridad respecto de lo que voy a aprobar. Tengo la íntima convicción de que el país requiere, tal como lo propone el proyecto en discusión, la creación de una Superintendencia de Telecomunicaciones, iniciativa que espero sea aprobada hoy por la Sala. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente , nuevamente estamos en la discusión de un proyecto que demuestra que este Gobierno tiene una real preocupación por los inte-reses de los consumidores. Hoy, más que nunca, las telecomunicaciones son de vital importancia para los habitantes de nuestro país, de manera que el gobierno del Presidente Piñera ha tomado las riendas en materia de telecomunicaciones y ha propuesto la iniciativa más importante en las últimas décadas. No hay duda de que el mundo de las telecomunicaciones ha cambiado en forma espectacular en los últimos años. Los servicios de internet, la telefonía celular y la televisión digital son las tres grandes áreas que hoy rigen ese ámbito. Sin embargo, hasta hoy contamos con una legislación extemporánea, que se ha quedado atrás, de modo que es momento de que la pongamos al día en la materia. Antiguamente, no era común que una empresa otorgara múltiples servicios, como ocurre en la actualidad, en la que la misma empresa entrega tres servicios, lo que hace de importancia vital tener un ente que lleve a cabo la fiscalización efectiva de los prestadores de esos servicios. En este caso se nota -tal como en otros temas, como lo relacionado con el Sernac financiero- la innegable preocupación del Gobierno por la defensa de los consumidores. Muchas veces los chilenos se ven sometidos a abusos por parte de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, pero sin lugar a dudas una Superintendencia del ramo incidirá, en forma positiva, en el establecimiento de una regulación efectiva, que permita tanto el desarrollo empresarial de los prestadores de servicios de telecomunicaciones como la adecuada protección de los consumidores. No hay que olvidar que esos servicios están presentes en un número importante de hogares del país, lo que hace que las empresas que los ofrecen tengan una penetración importante a nivel nacional, razón por la que es fundamental establecer una institucionalidad clara y concisa, con el objeto de fiscalizar, de manera efectiva, todos los servicios de esa área. En ese sentido, el proyecto busca asegurar a los consumidores de esos servicios que las empresas que hoy otorgan telefonía, televisión digital, internet y telefonía celular no caigan en prácticas abusivas o reprochables. Debemos considerar que ese mercado ha dejado de ser solo para sectores acomodados y ha pasado a ser parte de un servicio vital para la mayoría de las familias del país, pues es utilizado tanto por familias de clase media como de sectores vulnerables. Lo cierto es que servicios como internet, la telefonía celular o la televisión dejaron de ser un lujo. Hoy son tan importantes como otros servicios que se requieren para el desenvolvimiento integral de las familias, como el gas, la electricidad y los servicios sanitarios. Las telecomunicaciones es el mercado con más consumidores en Chile. Contamos con 16 millones de celulares -prácticamente uno por habitante-; 3,5 millones de clientes de telefonía de red fija; 1,8 millones de clientes de televisión pagada; 580 millones de llamadas de larga distancia nacional; 40 millones de llamadas de larga distancia internacional; 1,6 millones de conexiones de internet fijas al año; 7,3 millones de conexiones móviles de internet al año; casi un millón de accesos móviles a internet -vía red 3G- y un porcentaje muy importante que no debemos olvidar: 40 por ciento de hogares con internet. Por otra parte, es importante fortalecer la legislación de las telecomunicaciones para hacer frente a situaciones de emergencia. Todos recordamos lo ocurrido el 27 de febrero de 2010, ocasión en la que todas las vías de comunicación sucumbieron en las zonas afectadas por el terremoto y posterior maremoto. Por eso, es importante tener una institucionalidad sólida, que permita estar mejor preparado para ese tipo de situaciones. Por todos esos efectos, hoy se pone en discusión de la Sala de la Corporación la creación de un nuevo órgano. Una superintendencia en este ámbito no es, en ningún caso, motivo para pensar en burocracia o en la persecución de los proveedores de internet. Por el contrario, es un espacio de transparencia, de probidad y un filtro para que los proveedores entreguen y los consumidores reciban servicios de mejor calidad y a precios razonables. El proyecto establece y legitima las funciones y atribuciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Su primera tarea será fiscalizar el cumplimiento de la normativa sectorial. Para ello, estará dotada de la posibilidad de coacción a través de la aplicación de sanciones administrativas. La iniciativa también busca perfeccionar el régimen de sanciones contenido en la ley N° 18.168, el que ha sido criticado por dos razones: primero, porque es poco sistemático. En la citada ley no existe un capítulo sobre sanciones; las penas están repartidas por todo el texto legal. Segundo, porque propone penas desproporcionadas en relación con la gravedad de ciertas infracciones. En este sentido, el mensaje no solo mejora la técnica legislativa, sino que además crea un catálogo de sanciones más justo. Pero el proyecto no se queda ahí. También permite que la Superintendencia que creamos realice estudios para poner en conocimiento de la opinión pública los últimos avances en materia de telecomunicaciones, así como de la calidad de los servicios ofrecidos. Hoy, la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de renovar una institucionalidad que no está acorde con los tiempos en que vivimos. Las telecomunicaciones son una herramienta del presente, que será cada vez más necesaria con el pasar de los años. Por eso es importante generar una organización que esté a la altura de los tiempos actuales, que pueda prever futuros escenarios en esta materia y que siempre persiga un único fin: la adecuada protección de los derechos de los consumidores. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva. El señor SILVA.- Señor Presidente, antes de referirme al fondo del proyecto, quiero hacer mención al tratamiento que tuvo en las comisiones respectivas. Cuando una iniciativa es conocida por tres comisiones en forma sucesiva es muy difícil que podamos evaluar bien el trabajo realizado. En otras oportunidades hemos hecho presente situaciones como esta, las cuales tienen mucho que ver con la cantidad de comisiones que existen en el Congreso Nacional. Por lo tanto, sería bueno que la nueva Mesa revise esta dinámica, porque la iteración de comisiones en el tratamiento de un proyecto hace difícil tener una visión global del mismo, especialmente si deberá cumplir su siguiente trámite constitucional en el Senado. El proyecto que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones responde a la necesidad de que la definición de las normas quede separada de la fiscalización y de la sanción. Por eso, apoyaré la idea de legislar de esta iniciativa, pues me parece bien. Sin perjuicio de ello, quiero expresar algunas inquietudes en torno al proyecto, las cuales hice presente al subsecretario de Telecomunicaciones durante el debate habido en la Comisión de Hacienda. En primer lugar, estoy convencido de que establecer un gobierno corporativo colegiado en una superintendencia es mucho mejor que un gobierno corporativo unipersonal, pues aquel genera un sistema de contrapesos que permite tomar mejores decisiones. De hecho, el mensaje así lo plantea cuando señala que es necesaria la creación de un nuevo órgano de alto nivel técnico y profesional, que tenga independencia, estabilidad y flexibilidad para acometer sus tareas propias. Sin embargo, lo que propone el artículo 1° del proyecto es dejar la Superintendencia a cargo de una sola persona, designada por el Presidente de la República a través del Sistema de Alta Dirección Pública, en virtud de la ley N° 19.882. Si bien es cierto que tanto el subsecretario de Telecomunicaciones como su asesora plantearon en la Comisión de Hacienda que per se no hay una estructura mejor que otra, estoy convencido de que establecer un gobierno corporativo colegiado para superintendencias que han sido reconocidas como ultrapoderosas y ultradiscrecionales es una solución mejor que disponer que estén encabezadas por una autoridad unipersonal. Si la Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá por funciones, entre otras, las de fiscalizar y sancionar, la existencia de un gobierno corporativo colegiado al interior de ella estará acorde no solo con ciertas iniciativas de ley que se presentarán a futuro -por ejemplo, la que crea la Comisión de Valores, que reemplazará a la Superintendencia de Valores y Seguros-, sino también con principios, como el del debido proceso, que deben garantizarse a quienes serán fiscalizados. Una superintendencia bien reconocida y legitimada es mejor. Hoy podríamos decir que las superintendencias en Chile están estructuradas con un modelo muy ochentero, como dijo alguna vez un columnista. Por ello, establecer la dirección de este nuevo organismo desde la perspectiva de las autoridades unipersonales parece ser un error. Invito al Gobierno a que revise esta propuesta en el segundo trámite constitucional, porque la forma como está presentada no asegura una visión ordenada y con proyección hacia el futuro en relación con los modelos de supervisión y de fiscalización que se quieren aplicar. En efecto, cuando la comisión que lideró Jorge Desormeaux revisó las materias asociadas a la reforma de la regulación y la supervisión financiera, planteó lo siguiente: “Las Superintendencias gozan de amplios poderes de fiscalización y sanción, para lo cual disponen de una significativa discrecionalidad, sujeta sólo a la prudencia de la autoridad unipersonal del organismo de que se trate.”. Los expertos lo señalan. Establecer autoridades unipersonales para superintendencias que fiscalizan y sancionan, tentadas por la televisión y los medios de comunicación, es algo en lo que debemos tener cuidado. Desde ese punto de vista, aportar a esta nueva institucionalidad con un organismo colegiado o con otra estructura de gobierno corporativo puede ser una buena decisión. Desde ya solicito votación separada del artículo 1°, que dispone la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, cuyo inciso segundo establece la forma de nombrar a su autoridad unipersonal; esto es, a través del Sistema de Alta Dirección Pública, en virtud de la ley N° 19.882. En segundo lugar, quiero referirme a las infracciones contenidas en el proyecto. Dado que se plantea la existencia de una autoridad unipersonal, me preocupa de manera especial la forma en que se tratan las infracciones en la iniciativa. En la Comisión de Hacienda voté en contra los artículos referidos a ellas, sobre la base de ciertos criterios. ¿En qué estoy de acuerdo y en qué no lo estoy en relación con esta materia? Estoy de acuerdo en que es necesario ordenar la regulación existente, tal como se propuso respecto de la Ley Única de Fondos. Es bueno sistematizar. Un marco regulatorio ordenado es necesario. También creo acertada la incorporación de circunstancias agravantes y atenuantes para decidir respecto de las infracciones. Pero no estoy de acuerdo en la tipicidad; esto es, en la forma como están planteadas las infracciones. Por ejemplo, en el inciso tercero del artículo 4° se establecía una severa sanción para el incumplimiento del deber de información, la cual se pudo corregir. Ello demuestra que es necesario revisar esta materia. Valoro la disposición que tuvo el Ejecutivo para modificar el inciso tercero del artículo 4° permanente. Este asunto fue discutido en la Comisión de Hacienda. Dicho inciso exigía tener información en línea disponible en gran abundancia. Señalaba: “Con todo, tratándose de información estandarizada que los operadores deban proporcionar a la Superintendencia regularmente, se podrá establecer una periodicidad determinada. Además, la información a que se refiere el inciso segundo del artículo 37 de la Ley N° 18.168, deberá ser proporcionada en línea, en la forma y condiciones que determine el reglamento.”. Esta disposición era de una amplitud tal que podía transformarse en una exigencia incumplible. Es así que se acordó con el Ejecutivo introducir ciertas modificaciones -figuran en la página 12 del comparado, en la columna correspondiente a las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda- que ordenan y acotan el tipo de información que se requiere. Consistente con lo que he argumentado, pido votación separada del artículo 1°, de los artículos 20 al 26, de los artículos 32, 33, 50, números 1 y 2, y 53, letras a), c) y d), estos últimos referidos a infracciones. Para terminar, quiero manifestar mi discrepancia con la forma en que se definen las infracciones, especialmente, en el ámbito de la existencia de una autoridad unipersonal que tiene, a mi juicio, demasiada discrecionalidad al respecto. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente , estoy muy emocionado porque, si mira alrededor, verá que en la discusión de este importante proyecto estoy rodeado de futuros senadores: los diputados De Urresti , Díaz, Ward , Moreira y Ascencio ; es decir, quienes van a regir los destinos de nuestro país en los próximos ocho años. Espero que su señoría también esté en el Senado. Estamos ante un proyecto que a uno le causa controversia. Está claro que el sector de las telecomunicaciones es el más dejado de la mano de Dios. Como todos sabemos, el sector sanitario tiene una superintendencia; la banca -en realidad, no sirve de mucho porque es pagada por los mismos bancarios- también tiene la suya; el sector eléctrico tiene superintendencia; sin embargo, en este, que es uno de los principales servicios del país, con 35 millones de transacciones, porque todos los chilenos, de una u otra forma, están relacionados con las telecomunicaciones, no tenemos nada. En todo caso, lo que propone el proyecto es un avance, es positivo, aunque, como he dicho, faltarían muchas cosas que ojalá sean consideradas. ¿Qué es lo que exige la gente? Lo mismo que exige de sus parlamentarios: calidad de servicio -su señoría conoce esta materia-; eliminación de las malas prácticas -también es un problema conocido-; transparencia -está muy de moda-, y respuesta a las demandas de los votantes, en este caso, de los consumidores. ¡Miren cómo podemos relacionar la futura superintendencia de Telecomunicaciones con algo que no tiene nada que ver, es decir, con el trabajo parlamentario! De manera que hay una serie de causales que explican el malestar que existe con el servicio de las telecomunicaciones, aparte de la debilidad institucional, como lo ha reconocido el propio subsecretario de Telecomunicaciones presente en la Sala, por lo que se requiere un rol más activo de la futura superintendencia; no hablo de los políticos, porque cualquier semejanza podría ser objeto de una demanda. ¿De qué se requiere? De una superintendencia activa, nueva y que proteja al consumidor. Pero aquí empiezan a surgir los problemas. En primer lugar, ¿de quién debe depender la superintendencia? Por ahí hay una canción que dice: “Depende, todo depende”. ¿De quién depende? ¿Del Ministerio de Transportes? Sería un poco extraño. Por la potencia que tiene el sector, tanto yo como diversos parlamentarios de la Comisión de Hacienda -entre otros, recuerdo muy bien al diputado Jaramillo - quisiéramos que las telecomunicaciones tuvieran su propio ministerio. Por lo que significan para el país, dan para eso. Hay ministerios que tienen mucho menos potencia que este sector. Tal vez, podría pertenecer al Ministerio de Economía, pero no al de Transportes, salvo que fuera para transportar las señales del Transantiago, lo que es medio complicado. Creo que sería lo primero que habría que hacer: evaluar si este sector debe tener la potencia de un ministerio. En segundo lugar, ¿qué dice la OCDE? Somos el tercer país con mayor incremento del uso de la banda ancha y el quinto con más conexiones a la banda ancha móvil. Es decir, es un mercado dinámico, básico; sin embargo, con el diputado Rincón conversábamos sobre el problema que se presenta en el mundo rural. Por ejemplo, se está utilizando la factura electrónica por obligación, porque con ello se evitan la evasión y la elusión tributaria. Pero, ¿qué ocurre con el mundo rural, en los cerros de Temuco? Sucede que las personas tienen sus computadoras, saben digitalizar las facturas, pero no tienen internet. Por lo tanto, este proyecto tiene una importancia crucial en esta materia y, por lo mismo, representa un gran avance. Y siguen los problemas. Separemos lo que es fiscalizar y sancionar de lo que es regular y subsidiar porque son cosas distintas. Regionalización: ¿Acaso no hay telecomunicaciones en las regiones? ¿No hay telecomunicaciones en Osorno o en Valdivia? ¿Por qué va a haber una superintendencia en Santiago?; ¿A quién van a recurrir los habitantes de una pequeña comuna? En el caso de mi distrito, al seremi de Transportes, que es un gran seremi; es de la UDI, pero hay que reconocer que ha trabajado bastante bien. El otro día, me decía que ni siquiera tenía un inspector y que él no entendía nada de esto; si había un reclamo, lo ponía en un sobre y lo enviaba a Santiago. El diputado René Manuel García tendrá que ir a la futura superintendencia en Santiago para tener una repuesta, y el diputado Latorre ni siquiera lo intentará. Entonces, le pregunto al subsecretario, ¿por qué no podemos tener en regiones, por lo menos, un delegado de la superintendencia, un fiscalizador por región, que es lo mínimo a que podemos aspirar? No están considerados en el proyecto. El centralismo no funciona. Por último, podríamos conseguir recursos en los gobiernos regionales; pero, ¿de quién dependerá? ¿Del seremi de Transportes? No tendría sentido. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Más recursos. Muy pronto vendrá la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Entiendo que será para el próximo gobierno y será este el que tendrá que ocuparse del asunto. El diputado Silva , que entiende de números, estará de acuerdo en que hay que meterle más recursos a la futura superintendencia para que pueda tener presencia en las regiones, para que pueda fiscalizar efectivamente y recibir los reclamos de los usuarios. Lo que sí está bien -agradezco al Ejecutivo que haya acogido nuestras indicaciones- es lo relacionado con los funcionarios, a fin de evitar los errores que hemos cometido con otros ministerios y superintendencias que se han creado. Como estamos en período eleccionario, es necesario garantizar a los actuales funcionarios que seguirán en sus cargos, por lo menos, hasta fines del próximo año. Las nuevas autoridades verán lo que hacen; pero esto no debe ser utilizado políticamente. Como digo, el Ejecutivo acogió las indicaciones que presentamos para solucionar este problema. Los funcionarios no serán tocados; podrán ser trasladados, pero manteniendo sus categorías y sus remuneraciones, y no serán exonerados por “necesidades del servicio”, como ocurre en política. Por “necesidades del servicio” se bajan senadores y diputados, pero se suman otros. ¡A veces cómo se cruzan las cosas! Sin embargo, no sabemos resolverlas. En este sentido, se dan garantías -así lo establece el proyecto- a todos los funcionarios. Sin embargo, debemos enfrentar el mal de Chile: de 310 funcionarios, 40 serán de planta y 270 a contrata y a honorarios. ¿Qué pensaría el señor Landeros , nuestro Secretario, si en la Cámara hubiera 40 funcionarios de planta y 270 a contrata y a honorarios? El subsecretario decía que son personas expertas, técnicas, especializadas. Pero, con tantos funcionarios a contrata, cada vez que cambie el Gobierno, tendrán que irse, para que vengan otros. Para regiones estamos pidiendo solo uno, que sepa, que conozca la materia; pero, si al ministro o al subsecretario no les gusta, lo cambiarán. Obviamente, es otro tema pendiente. Con el diputado Rincón presentamos un proyecto que según entiendo está en el Senado, que tiene por objeto postergar el vencimiento del permiso de las radios comunitarias, a las cuales se refirió el diputado Jaramillo . Espero que el subsecretario apure la tramitación de ese proyecto en el Senado. Como dije, hay temas que quedan dando vuelta; hay otros en los cuales se avanza, pero no se solucionan totalmente. El diputado Chahín ha intentado hacerlo, porque cree que el subsecretario lo va a escuchar; lo veo muy activo. Pero, si a pesar de todo el respaldo que nos ha brindado el subsecretario no ha podido solucionar los temas que estamos planteando, menos podrá hacerlo el diputado Chahín , de quien no puedo decir que será senador, porque entiendo que todavía no le toca. De manera que vamos a aprobar este proyecto. El diputado Silva ha dicho algo que no voy a repetir -me gusta que lo haya dicho un diputado de Gobierno-: que las superintendencias unipersonales son un chiste, como ocurre con la banca y con otros sectores. Se va el jefe y llega otro que ha trabajado en los mismos lugares que se van a fiscalizar. Veamos el caso de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y del Servicio de Impuestos Internos. ¿De dónde vienen los funcionarios, los auditores, etcétera? Obviamente, es mucho mejor, como en el caso del Banco Central, tener superintendencias independientes, de largo plazo, con ciertos años garantizados para sus funcionarios. Agradezco, por su intermedio, señor Presidente , al subsecretario de Telecomunicaciones su buena disposición para aceptar nuestras indicaciones. Si bien entiendo que él no podrá resolver los temas que he planteado, al menos le pido que en el trámite en el Senado nos asegure un fiscalizador por región. Junto con el diputado Ortiz nos encargaremos en la discusión presupuestaria de aprobar los recursos necesarios para asegurar la implementación de esa medida. He dicho. El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, los antecedentes, el contenido y los principales objetivos de este proyecto ya los expuse en la lectura del informe. En la discusión del proyecto, que se desarrolló mientras fui presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, tuvo una participación muy activa y propositiva el subsecretario de Telecomunicaciones señor Jorge Atton . Como miembro de esa instancia quiero expresar mi satisfacción por la presentación de este proyecto sobre el que quisiera destacar algunos aspectos. Un elemento positivo es la separación de la función normativa, que quedará en la Subtel, de la función fiscalizadora y sancionadora, que recaerá en la nueva Superintendencia de Telecomunicaciones. Por lo tanto, se establece un campo de acción diferenciado entre ambos órganos, lo que es fundamental. También, se le dota de la calidad de servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; se encontrará bajo la supervigilancia del Presidente de la República , a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La Superintendencia de Telecomunicaciones cumplirá un rol relevante tanto en el otorgamiento como en la determinación de las autorizaciones para entrar al mercado de las telecomunicaciones. Para otorgar los permisos y las licencias, la Superintendencia de Telecomunicaciones deberá elaborar obligatoriamente un informe técnico previo a la entrega de los permisos y de las licencias. Uno de los temas largamente discutido en la Comisión de Ciencia y Tecnología fue el referido a la facultad de la Superintendencia de Telecomunicaciones para velar por el correcto uso del espectro radioeléctrico, según la normativa sectorial, sobre todo en lo relacionado con las radios comunitarias, a las que me referiré más adelante. La Superintendencia de Telecomunicaciones fijará las tarifas en los procesos que aún están afectos a ella. De igual forma, se le entrega a la Superintendencia de Telecomunicaciones la facultad para dictar medidas provisionales dentro de un debido proceso a objeto de que se pueda garantizar, entre otros aspectos, la salud de las personas. En este sentido, me refiero a la ubicación de las antenas de telefonía móvil que se colocan, incluso, dentro de los patios de las casas. La Superintendencia podrá suspender total o parcialmente la instalación de determinados sistemas técnicos que provoquen o amenacen con provocar interferencias perjudiciales o generar daños a las personas o a determinados bienes. Esto es muy importante porque se va acotando la legislación en torno a estas antenas. Esta última facultad es fundamental, ya que se establece en sentido genérico. Hoy, en la práctica, el mayor problema no resuelto del todo son las antenas de telefonía celular; sin embargo, en el futuro pueden ser otros los sistemas o la infraestructura de telecomunicaciones que pueden generar conflictos o eventuales daños a la población. Por ello, esta facultad de establecer medidas provisionales que tendrá la Superintendencia de Telecomunicaciones es absolutamente fundamental. Por otra parte, se establecen varios procedimientos y sanciones para que la Superintendencia de Telecomunicaciones pueda desarrollar su rol fiscalizador. Al respecto, en la discusión realizada en la Comisión de Ciencia y Tecnología se logró mejorar notablemente el proyecto, en particular, sobre los siguientes temas. Se deroga la pena privativa de libertad en caso de uso no autorizado del espectro radioeléctrico. Esta indicación la presenté junto con la diputada María Antonieta Saa , pues a nuestro juicio era de la mayor relevancia terminar con esta norma. Nuestro país es uno de los pocos que sancionaba como delito, con pena de privación de libertad, el uso no autorizado del espectro radioeléctrico, lo que era inaceptable. En un principio el proyecto de ley no contemplaba un cambio en esta materia. La realidad de nuestros distritos nos muestra que existe un creciente número de radioemisoras comunitarias que cumplen un importante rol social y que transmiten no al amparo de la norma. Dicha actividad conllevaba, a mi juicio de forma completamente desproporcionada, que las personas responsables de estas radios enfrentaran procesos penales con penas asociadas a la privación de libertad. Sin duda, era un exceso. La norma afectaba los derechos humanos y la libertad de expresión. Al interior de la Comisión hubo consenso en que la conducta de transmitir sin autorización debe seguir siendo sancionada, para lo cual se establecieron las respectivas infracciones y sanciones. No obstante, este proyecto no aborda un tema muy importante: la necesidad de políticas que faciliten el acceso autorizado al espectro radioeléctrico para las radios comunitarias. En resumen, si bien sigue existiendo el delito, este tendrá calidad de acción privada y, además, se estableció una multa. Esta y otras sanciones serán aplicables en el caso de reincidencia, sobre la base de una sanción previa de la Superintendencia de Telecomunicaciones por el mismo motivo; esto es, el uso sin autorización del espectro radioeléctrico. Con ello se limita el tipo y calificación penal. No soy abogado, pero sé que esta modificación, apoyada por el Ejecutivo y votada favorablemente en la Comisión, constituye un avance fundamental que recoge la preocupación de las emisoras y radios comunitarias llamadas, en mi opinión injustamente, radios piratas. Cabe mencionar que estas radios comunitarias también quedan bajo la supervigilancia de la Superintendencia de Telecomunicaciones y se establece una regulación, con multas bastante más bajas, ya que las radios comunitarias no persiguen fines de lucro, a diferencia de las radios comerciales. Ese es el fundamento de la rebaja de las multas. Respecto de las modificaciones efectuadas en las comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda , me voy a pronunciar a favor, ya que se establecen resguardos relacionados con la carrera funcionaria del personal que se traspasará desde la Subsecretaría a la Superintendencia de Telecomunicaciones . Aquí me refiero a mantener los grados de los funcionarios, no a reducir las remuneraciones y garantizar la tan esquiva estabilidad laboral. Finalmente, anunció mi voto favorable al proyecto, porque es bueno para el sector, el que quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones, fortaleciendo indirectamente la calidad de los servicios y protegiendo a los ciudadanos que reciben estos servicios. Al contrario de lo que opinaba un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, las multas están absolutamente dentro de los márgenes lógicos. Incluso, algunos queríamos ir más allá: suspender la señal a aquellos que reincidieran en reiteradas ocasiones, pero finalmente se sancionó esa conducta con multa. Esta regulación y la separación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones son vitales para que no tengamos un organismo que actúe como juez y parte a la vez, sino un juez, por un lado, que sanciona, y por otro, una parte que dicta normas y entrega facultades para que pueda usarse el espacio radioeléctrico y protege a las personas en todo lo relacionado con las antenas o futuros sistemas de transmisión radioeléctrica. Anuncio mi voto favorable al proyecto. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente , nuestro país ha sido pionero respecto de muchas materias en América Latina. La dictación de la Ley de Telecomunicaciones 3A el 10 de marzo de 1994 fue emblemático. Significó una revolución, una transformación total y absoluta en lo relacionado con la radiotelefonía y los celulares. Esa fue la última ley que firmó el Presidente de la República , don Patricio Aylwin , a pocas horas de entregar su mandato. Durante su discusión, en la que estuvieron presentes los diputados René Manuel García , Carlos Vilches y quien habla, ocho parlamentarios presentamos una indicación para legislar sobre el multicarrier, algo que favorecía a los usuarios de todas las regiones. Nosotros inauguramos ese sistema. La proyección que hicieron los mejores especialistas que escuchamos en esa época fue que en tres o cuatro años habría un millón de celulares, y que en diez años habría ocho millones de celulares. Sin embargo, se quedaron cortos, porque ahora hay más celulares que habitantes en el país. Eso ocurrió gracias a la voluntad, decisión política y de servicio público de representantes de todas las tendencias políticas para realizar lo mejor para Chile. No obstante, en la discusión de esa ley quedó algo pendiente: la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, para que la materia fuera realmente fiscalizada en forma eficiente. Cuando ingresó el proyecto en discusión a la Comisión de Hacienda fui partidario de su aprobación, con lo que pagaríamos esa deuda, ahora con mayor razón con el ingreso de Chile a la OCDE. Existen 24 millones de clientes en la red de telefonía móvil, es decir de celulares; 3.300.000 clientes en la red de telefonía fija, y 2,1 millones de clientes en la televisión pagada. En un año se producen 429 millones de llamadas de larga distancia nacional y 76 millones de llamadas de larga distancia internacional; existen 2,2 millones de conexiones fijas a internet, 8,8 millones de conexiones móviles a internet y el 37 por ciento de nuestros hogares tiene acceso a esa red. Estas son cifras reales y efectivas que nos colocan a la vanguardia dentro de nuestro continente. Es decir, ha habido crecimiento e inversiones. Reflejan lo que hicimos con el multicarrier y que hay competencia. También ha habido hitos en este sector, como la portabilidad numérica, el desbloqueo de equipos, la ley de torres para antenas celulares, con lo que se ha cautelado la salud de las personas, protegido el paisaje urbano y fomentado el modelo de compartición de infraestructura. Con el hecho de que entre el 70 y 90 por ciento de Chile esté comunicado por internet, se culmina la puesta en servicio de la tercera etapa de este proyecto bicentenario, con 1.400 localidades rurales y 3 millones de personas conectadas. Este tema fue discutido en 1993. No podía ser que solo algunos tuvieran acceso a las comunicaciones y los sectores rurales no. En la Comisión de Hacienda escuchamos a todos los actores. Esa es nuestra labor, responsabilidad y obligación. Por ejemplo, oímos a la persona que dirige las llamadas radios comunitarias, la que reconocía que las multas significarían un daño muy grande para ellas. Eso se solucionó. El trabajo que se efectuó en las tres comisiones permanentes de la Cámara ayudó mucho. ¿Cuál es nuestra inquietud? Habrá un traspaso de la gente más preparada desde el punto de vista profesional desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Eso quiere decir que estamos autorizando un aumento de la planta. Pero tenemos tristes experiencias. En la Comisión de Hacienda llegamos a un acuerdo cuando facultamos al Presidente de la República para fijar las plantas de uno de los ministerios, pero ello no fue concretado. Al revés, hubo gente que sufrió lo más cruel que puede pasarle a una persona: quedar cesante. Ese fue un tema de larga discusión en nuestra Comisión, como le consta al señor subsecretario de Telecomunicaciones . Los colegas Pablo Lorenzini , Enrique Jaramillo , Carlos Montes , Alberto Robles y Pepe Auth se refirieron a una eventual cesantía. El Ejecutivo estuvo dispuesto a solucionar ese problema mediante indicaciones. Sé que el personal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones se encuentra observando esta sesión. Llegamos a un acuerdo. Pedimos que eso no volviera a suceder con la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones. El Gobierno patrocinó la indicación. Creo que es bueno que esto quede establecido en la historia fidedigna de la ley. Se avanzó muchísimo, porque, por ejemplo, el grado de encasillamiento o de asimilación será aquel cuya remuneración total sea la más cercana a la que el funcionario percibe en la Subsecretaría, se trate de una diferencia positiva o negativa. Para su determinación se considerará la suma del total de haberes brutos mensuales de cada funcionario percibidos en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, excluidos sólo los pagos por trabajos extraordinarios y la asignación por funciones críticas cuando corresponda, comparándolas con el total de haberes brutos mensuales que percibirá en la Superintendencia de Telecomunicaciones al momento del traspaso según la escala de remuneraciones que se determine, incluyendo las rentas variables en su aplicación transitoria determinadas para el primer período de vigencia. Este es uno de los temas, pero el más importante está relacionado con la estructuración de las nuevas plantas, en el sentido de que, cuando se conformen, no se produzca ningún deterioro y todos tengan la seguridad total y absoluta de mantener sus cargos. Al respecto, se presentó una indicación para que esta facultad no se aplique este año, sino el próximo. Creo que el proyecto de ley es positivo para los trabajadores y apunta en la dirección correcta. Por eso, voy a votar a favor la iniciativa, tanto en general como en particular, por cuanto lo que no estaba claro fue perfeccionado. He dicho. El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , en verdad, este es un proyecto de ley bastante interesante, pues regula cuestiones que estaban al margen de nuestra legislación. Es muy importante, pues norma situaciones de las telecomunicaciones relacionadas con valores fundamentales, como es, por ejemplo, la libertad de expresión. En este sentido, el Estado tiene que velar por todo aquello que se relacione con el espectro radioeléctrico, la televisión, etcétera. Presenté varias indicaciones; unas fueron rechazadas, pero otras fueron tomadas en cuenta. En esto quiero destacar la disposición del subsecretario, don Jorge Atton , por ser un caso atípico dentro de este Gobierno. Es un subsecretario que dialoga, que escucha y acoge las sugerencias, a diferencia de otros. Me ha tocado estar en varias comisiones, en la de Educación, por ejemplo, pero en ella los ministros imponen los contenidos cual aplanadora, sin escuchar nada, y, así, tantos otros. En cambio, en la Comisión de Ciencia y Tecnología trabajamos con mucho diálogo. Allí, presenté varias indicaciones, muchas de las cuales, como dije, fueron rechazadas o declaradas inadmisibles, pero mis planteamientos fueron escuchados. Por ejemplo, planteé que era muy importante que en el objeto de esta ley se excluyera el contenido de las comunicaciones y transmisiones cursadas a través de los distintos medios telecomunicacionales. Era muy importante dejar establecido que aquí no se fiscalizan contenidos, sino solo ciertos aspectos técnicos. Pero quiero referirme a una indicación que presentamos con mi colega Ramón Farías respecto de las radios comunitarias, que considero tremendamente importantes. En primer lugar, la ley no distinguía entre radio comunitaria y radio comercial. O sea, daban lo mismo, y las multas eran exactamente las mismas para todos, a pesar de que sabemos que hay grandes monopolios. En este sentido, todavía tenemos mucho por hacer en la democratización del espectro radioeléctrico. La superintendencia fiscaliza, pero también es cierto que existen grandes cadenas de radiocomunicación, que ahogan a las pequeñas radios de provincia. Por eso, hay que avanzar hacia la democratización de este espacio, para que la comunidad pueda expresarse. Debemos terminar con el centralismo, con las cadenas dirigidas desde Santiago . Es en este sentido que me preocupa el problema de las radios comunitarias, y esta cosa horrorosa que es la cárcel, la prisión, el encarcelamiento, cuando no se cumple con ciertas regulaciones. El hecho de que las radios comunitarias sean sancionadas por emitir sus opiniones, como si fueran asociaciones criminales, fue tratada por la doctora Catalina Botero en su informe de la relatoría especial para la libertad de expresión. Al respecto, saludó la eliminación de las penas de cárcel y señaló que “toda restricción impuesta a la libertad de expresión por las normas sobre radiodifusión debe ser proporcionada, en el sentido de que no exista una alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin legítimo perseguido. Así, el establecimiento de sanciones penales ante casos de violaciones a la legislación sobre radiodifusión no parece ser una restricción necesaria.”. Esto fue considerado y se aprobó una indicación para agregar en el numeral 1 del artículo 50, el siguiente artículo 36, letra C: “Artículo 36 C.- Comete delito de acción privada: a) El que opere o explote servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad competente, será sancionado con multa de 5 UTA”. Una multa, no la cárcel. Pero estoy preocupada, porque en la Comisión de Ciencia y Tecnología se agregó a la multa de 5 UTA la pena de comiso. Realmente, esto no puede ser. Las radios comunitarias, en general, las verdaderas radios comunitarias que tenemos en nuestros distritos -porque también a este espectro se han sumado cadenas comerciales- y que hacen un tremendo esfuerzo en favor de la comunidad se ven enfrentadas, además, a la pena de comiso. Repito, esto no puede ser. Por eso llamo a votar en contra la indicación de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Además, se suma una indicación presentada por el colega Fernando Meza, que está presente en la Sala y a quien ruego que me escuche. Quiero que votemos en contra dicha indicación; es importante votar en contra de algo que él presentó como indicación. Colega Meza , ¿me puede escuchar? Creo que debemos votar en contra una proposición suya, porque limita la libertad. Como dije anteriormente, la indicación aprobada en la Comisión de Ciencia y Tecnología señala: “Para ejercer dicha acción -se refiere a la pena de comiso- será requisito que se hubiera sancionado previamente al ofensor por hechos de la misma naturaleza por resolución firme de la Superintendencia de Telecomunicaciones”. Pero el diputado Meza , en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, formuló una indicación para reemplazar el inciso final del artículo 36 c), introducido en el N° 2 del Artículo 49, por el siguiente: “El Tribunal competente podrá solicitar a la Superintendencia un informe, que tendrá valor de prueba pericial, a efectos de determinar si la transmisión denunciada posee o no autorización legal para operar.”. Esto restringe; con lo anterior es suficiente. Creo que tenemos que velar por la libre expresión de estas radios comunitarias. Por eso, pido votar en contra la indicación para reemplazar el inciso final del artículo 36 c), presentada en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Creo que la Superintendencia de Telecomunicaciones es necesaria en nuestra institucionalidad. La Comisión de Ciencia y Tecnología, que integro, desarrolló una gran discusión sobre la materia, donde hubo mucho diálogo y una buena recepción por parte del Ejecutivo. Reitero mis felicitaciones al subsecretario de Telecomunicaciones , señor Jorge Atton , por su actitud proclive al diálogo, lo que es más democrático que adoptar una conducta que pasa por encima de los demás, sin escuchar, actitud que han tenido otros ministros o subsecretarios. Por lo tanto, voy a votar favorablemente el proyecto. Además, las indicaciones van a corregir las limitaciones al libre ejercicio de las radios comunitarias, las cuales son muy importantes para mantener la libertad de expresión. Tenemos muchos temas pendientes sobre la materia. Por lo tanto, tenemos que avanzar en democratizar el espectro, ya que todavía hay limitantes graves a la libertad de expresión. He dicho. El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , me sumo a las palabras vertidas por la diputada señora María Antonieta Saa . Además, quiero reconocer el trabajo del subsecretario de Telecomunicaciones , quien, como es valdiviano, es bueno. También voy a destacar su capacidad de diálogo y facilidad para generar consensos y perfeccionar un proyecto que mejorará la capacidad de fiscalización y de sanción, para lograr que en el país se respete una serie de derechos. Agradezco al diputado René Manuel García por el tiempo que me ha cedido. Más allá de los aspectos técnicos y operativos, quiero hacer una referencia. Es muy importante que la Superintendencia de Telecomunicaciones tenga la capacidad técnica y operativa para fiscalizar a nivel nacional. Es fundamental que sea un organismo lo suficientemente robusto, dotado de atribuciones -las tendrá- y del equipo técnico que se requiera -me parece bien que se resguarde su presencia desde el punto de vista territorial-, pero también necesitamos la capacidad ejecutiva y territorial para que opere el brazo de la Superintendencia en las regiones. Estamos hablando de macrozonas, y tengo entendido que habrá una ampliación de las macrozonas, para tener cubierto todo el territorio. Además, es fundamental contar, ojalá a corto o mediano plazo, con representatividad regional y fortalecer en cada región la capacidad operativa, y no solo tener todo concentrado en esas macrozonas. Muchas veces quedan zonas aisladas y con imposibilidad de acceso -ha habido reclamos de algunos usuarios en tal sentido-, y se genera, a veces, una sensación de desamparo. Creo importante dejar esto consignado. Por lo tanto, dada la transversalidad en el apoyo al proyecto, no me cabe duda de que se aprobará. Espero que, a mediano plazo, podamos contar con un horizonte de instalación y de desarrollo regional. Quizás en algunas zonas sea necesario que haya mayor concentración, por lo que es necesario que exista la correspondiente dotación de personal, de equipos técnicos y de capacidad operativa para desplazarse. Reconozco la capacidad de gestión del subsecretario de Telecomunicaciones para llevar adelante este y otros temas en materia de telecomunicaciones. Ojalá que nuestro país tenga, a partir de esta Superintendencia, la capacidad técnica de desarrollar sus telecomunicaciones y los instrumentos para atender a los ciudadanos y para que el Estado pueda supervisar su funcionamiento como corresponde. Espero que en las zonas aisladas, como la comuna de Corral u otras de la Región de Los Ríos, los ciudadanos cuenten con la Superintendencia de Telecomunicaciones, con la mano del Estado, para que se resguarden sus derechos. Finalmente, anuncio que votaré a favor de la iniciativa, con la salvedad que he señalado. He dicho. El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , este proyecto de ley ha sido largamente esperado por quienes se dedican a la radiodifusión y a la televisión, porque norma ciertas situaciones. Con la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones se pretende generar un ordenamiento respecto de quienes desarrollan esas funciones. Sin embargo, aquí ha habido una tremenda confusión por parte de diputados que no estuvieron las Comisiones técnicas. Algunos se preguntan por qué esto depende del Presidente de la República . Por una razón muy fácil y sencilla de entender: porque esta Superintendencia no dicta normas, sino que las ejecuta, a diferencia de otras superintendencias, como la de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores, que dictan normas. En consecuencia, estamos contribuyendo fuertemente a la transparencia en las telecomunicaciones. Además, por otra razón muy simple: al haber un cuerpo colegiado, indudablemente, no habrá la misma transparencia que si el Presidente o la Presidenta de la República estuvieran a cargo de ese organismo. Esa es la razón fundamental; no hay otra. No se debe a que queremos tener más burocracia. Y una de las funciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones es elaborar informes técnicos y cumplir las demás funciones que señale expresamente la normativa sectorial de los procedimientos para otorgamiento y renovación de las concesiones para la instalación, operación y explotación de servicios de telecomunicaciones. Esa es la función básica que estamos viendo, y no otra. Entonces, si hablamos toda la mañana y empezamos a opinar sobre esto y lo otro, vamos enredando el cuento. En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se trabajó a conciencia para que el proyecto resultara lo mejor posible, de la manera más consensuada entre todos. Muchos parlamentarios establecieron multas en unidades tributarias anuales. ¿Qué significa una unidad tributaria anual? Lo menciono para que la gente tenga absoluta claridad. Significa que una unidad se transforma en doce, porque es una unidad mensual, o sea, cada mes; no se trata de unidad tributaria mensual, que es una sola vez. Entonces, cuando se hablaba de 10, de 20 o de 100 unidades tributarias anuales, en el fondo eran 120, 240 y 1.200 unidades tributarias, respectivamente, lo que llevaría a la quiebra a todas las radios medianas y pequeñas de provincia, a las comunitarias, a las que se dedican a difundir las noticias en nuestras regiones. Entonces, por eso se bajó a unidades tributarias mensuales. Y ahí se trabajó fuertemente. Vinieron representantes de la Archi, de la televisión, etcétera. Mucha gente vino a dar su opinión. Cuando vimos qué era lo mejor, empezamos a aprobar el proyecto. No se hicieron las cosas a tontas y a locas. Se trabajó intensamente. Seguramente, hoy muchos colegas querrán hablar, pero no van a alcanzar a hacerlo y, por lo tanto, lo más probable es que hoy no se alcance a votar el proyecto, por lo que quedará pendiente para después de la semana distrital. Cuando se analizan las funciones de la Superintendencia, de cómo se ha trabajado respecto de este proyecto de ley, cuáles son las atribuciones que va a tener ese organismo, entonces nos podemos dar cuenta a cabalidad de que se ha elaborado un proyecto que se enfoca directamente hacia lo que tanto hemos esperado. Quiero recordar lo que señaló el diputado Ortiz . Cuando empezamos a discutir los proyectos de ley relacionados con los multicarrier, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se enfrentó a algo desconocido. Quiero contarles una anécdota. Por ejemplo, cuando empezamos a estudiar el tema, los técnicos nos empezaron a hablar del “descreme”. Nosotros nos preguntábamos qué diablos es el “descreme”. Después nos dimos cuenta de lo que significaba. Por ejemplo, cuando la telefonía móvil era incipiente, el Hotel Sheraton generaba más recursos a la compañía que toda la ciudad de Temuco. Ellos priorizaban esas cosas. Recuerden que antes, para tener un teléfono fijo, había que pagar un disparate; hoy no es así. En ese tiempo, alguien dijo: “Legislemos sobre los teléfonos celulares”. Y todos nos reímos, porque había 100.000. Incluso, dijimos que no valía la pena perder el tiempo en eso. Hoy hay casi 20 millones de celulares. Esto demuestra cómo han evolucionado las telecomunicaciones, particularmente la telefonía. Esto es absolutamente necesario para el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones. Entonces, cuando se produzca un problema en regiones, indudablemente los seremis algo van a tener que decir. Ellos informarán y analizarán el problema. Todo el mundo quiere transparencia, para que, cuando haya una concesión y alguien postule a ella, la gane en buena lid. En la actualidad, hay empresas que se dedican a ver quiénes presentan alguna concesión radial -el señor subsecretario lo podrá corroborar o negar-, para entrar inmediatamente en el tema, aunque no tengan ningún interés particular en esa zona; pero se meten, elaboran los proyectos y lo más probable es que ganen ese proyecto, para después vender la radio. En consecuencia, la gente que quiere trabajar, que quiere hacer cosas en las regiones, que realmente quiere tener una radio comunitaria que ayude a su comunidad, muchas veces se ve impedida de hacerlo por esas verdaderas mafias que existen y respecto de las cuales la superintendencia no puede hacer nada, a pesar de que sabe que existen. Entonces, esto le va a dar absoluta transparencia al sistema y la gente va a tener seguridad de que va a competir de igual a igual, porque no habrá gente dedicada a lucrar con el negocio de la radio. También se ha tomado en cuenta una larga aspiración que hemos tenido todos los parlamentarios, de todos los colores políticos: no queremos que mueran nuestras radios regionales de baja cobertura. Y hemos ayudado a ese objetivo. Por ejemplo, se han aprobado normas para puedan transparentar su situación por no haber alcanzado a inscribir sus radios dentro de los plazos establecidos por la ley. Entonces, cuando se observa el trabajo que desarrollan esas radios y la televisión por cable, hay que reconocer que hacen un tremendo trabajo. Gracias a normas como esas, mucha gente escucha las radios en su comuna y se entera de lo que está pasando. En la comisión comentábamos que al transitar por caminos de Curarrehue, de Cunco o de Toltén -estoy hablando de mi distrito- o, como me señaló el diputado Delmastro , cuando iba donde don Segundo Chepo, entre Lanco y Loncoche, en la radio siempre se escuchaban noticias sobre choques con varios muertos. ¡Pero en Arica! ¡Nunca escuchábamos noticias sobre lo que sucedía en la zona! ¡Escuchábamos propaganda de todo Chile, pero no de las tiendas de nuestra zona! Es importante este proyecto de ley, y lo hemos votado en conciencia. Por eso la Comisión de Ciencia y Tecnología lo ha defendido fuertemente, a pesar de que la comisión técnica es la de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, por una razón muy simple, porque, como su nombre lo indica, las telecomunicaciones se encuentran su ámbito. Esta superintendencia es autónoma y con patrimonio propio. ¿Qué significa eso? Que no va a tener que mirarle la cara a nadie para cumplir el mandato que se está estableciendo. O sea, son absolutamente autónomos, no abusivos; pero si se crea un consejo, como quieren algunos, no va a tener la transparencia como la que hemos determinado aquí, en que sea el Presidente de la República el que guíe los destinos de esta superintendencia. Por lo tanto, nos sentimos muy tranquilos con el proyecto. Creo que hoy no alcanzaremos a votar el proyecto, porque quedan varios diputados inscritos para intervenir y, a continuación, corresponde realizar un homenaje. Espero que para la próxima sesión nos acompañe el señor subsecretario -y que contemos con el consentimiento de la Sala para su ingreso-, porque es una de las personas que ha trabajado con los parlamentarios en todas las comisiones: en la de Ciencia y Tecnología, en la de Hacienda y en la de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Es fundamental que esta iniciativa se vea lo más pronto posible, que contemos con la presencia del subsecretario y que sea aprobada a la brevedad, para que se publique en el Diario Oficial y se empiece a trabajar en la gente que va a ser traspasada, en las mejores condiciones para el personal y que se va a resguardar la continuidad de sus carreras funcionarías. Mucha gente se pregunta: ¿Qué han hecho? Pero aquí tenemos los informes de las comisiones: son más de 400 páginas, que reúnen todo el trabajo realizado sobre el proyecto. Por esa razón se ha producido una demora muy grande. Pero no me cabe duda de que se ha elaborado con mucho cariño, con mucho amor, con mucho aprecio y, lo que es más importante, para favorecer a nuestra gente de las radios regionales, de las radios de baja cobertura, que muchas veces tienen que rogar para que les contraten un aviso publicitario. Por lo tanto, creemos que ahora, con esta futura ley, la superintendencia podrá normar y hacer las cosas mucho mejor. Como diputado de Renovación Nacional y como Presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, anuncio que votaré favorablemente este proyecto de ley cuando se someta a votación, que seguramente será la próxima semana. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Ha concluido el tiempo del Orden del Día. Aún quedan varios diputados inscritos. Por lo tanto, queda pendiente su discusión y votación para una próxima sesión.