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El señor RECONDO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente , no cabe duda de que las expectativas que debe tener la comunidad nacional acerca del debate sobre lo que debiera ser la estrategia energética del Estado deben ser altas. Sin embargo, la forma en que el Ejecutivo ha estimado adecuado abordar la materia, sin darle integralidad al conjunto de elementos que constituyen una política energética, hace que siempre se deba tomar la prevención acerca de cuál es el propósito real y cómo este impactará o amarrará en el futuro el diseño de una política energética de carácter estratégico.
En el debate desarrollado en la Comisión de Minería y Energía, me correspondió intervenir sobre una gran cantidad de indicaciones. Debo reconocer que un porcentaje significativo de ellas fue del Ejecutivo , y fueron acogidas. Pero hay un punto que no formó parte del debate, en el cual quiero insistir. Me refiero al carácter de indefinidas de las concesiones que se pretenden entregar mediante este proyecto de ley, lo cual me parece contradictorio con la propia definición de concesiones establecida en la normativa que regula la materia, según la cual solo se puede entregar transitoriamente una potestad del Estado para sea ejercida por algún agente privado o de propiedad mixta, con participación del Estado. Lejos de eso, aquí estaríamos entregando a eternidad las concesiones eléctricas a un grupo de actores privados que se hará de ellas, seguramente, por la vía de una licitación, y que luego podrán poner sus propias reglas del juego.
En mi opinión, este es un punto que cuestiona hasta dónde hay comprensión plena, de todos los sectores políticos con responsabilidades de Estado, en cuanto a que los problemas de la energía no se resuelven por la vía del mercado y que están directamente vinculados al desarrollo del país. Esos problemas se resuelven por la vía de una política de Estado que preserve la existencia de energía y el acceso a ella por parte de todas las incursiones industriales, pero en armonía con las exigencias medioambientales y, por tanto, con resguardo a la vida de la comunidad, por sobre las ventajas económicas de actores que creen tener derecho a priori a una propiedad casi monopólica en el mercado.
Se dijo que ese no era un punto de debate en este proyecto de ley y que lo que correspondía a futuro era que en la carretera eléctrica las concesiones no tuvieran esa característica, de manera que se entreguen como corresponde: por tiempo limitado. Veremos si se avanza en eso o no.
Pero entrando en el debate de lo que sí está en discusión: las modificaciones del Senado respecto de lo que aprobó la Cámara de Diputados, y con la voluntad de contribuir, me parece que no podemos soslayar el que los alcances hechos por el Senado cuestionen aspectos que fueron de profundo y transversal debate en nuestra Corporación, especialmente en la Comisión de Minería y Energía, de lo cual fui testigo.
Me refiero a lo que ya otros colegas han planteado: la protección de los derechos de nuestros pueblos originarios, que están garantizados por el Convenio 169 de la OIT, el cual obliga al Estado de Chile a consultar a esas comunidades cuando alguna incursión de carácter económico o de otro tipo afecta su economía, su cosmovisión y su existencia como pueblo. Al respecto, lo que se había establecido era que las consultas deben realizarse antes de que se vea afectado el predio o el derecho en cuestión, vinculado a comunidades de un pueblo originario; sin embargo, el Senado retrocede y transforma esa consulta en una mera formalidad, como si los pueblos originarios no se fueran a dar cuenta de que no están siendo consultados de manera vinculante y si su pronunciamiento incidirá o no respecto de, por ejemplo, el trazado de las concesiones eléctricas. Lo mismo pasa con las áreas silvestres protegidas.
Por esa razón, me manifiesto de acuerdo con lo planteado por otros colegas en cuanto a que ojalá rechacemos algunas de las modificaciones propuestas por el Senado, para que el proyecto vaya a comisión mixta, con la expectativa de profundizar y perfeccionar la explicitación de formulaciones que vayan en la dirección, de verdad, de garantizar los derechos de nuestros pueblos originarios y las áreas silvestres protegidas, de acuerdo con los compromisos asumidos por el Estado de Chile en el plano internacional, y además como corresponde en justicia, y no la imposición, la prepotencia de algunos intereses económicos que buscan pasar una aplanadora sobre esos derechos, que debieran estar garantizados y protegidos, entre otros, por nosotros, en nuestra condición de legisladores.
Por ello, anuncio que vamos a votar en contra de algunas de las modificaciones propuestas por el Senado, para que esto vaya a comisión mixta.
He dicho.
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