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El señor ELUCHANS (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Farías.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente , nos encontramos ante un proyecto de ley cuya idea matriz es fortalecer la función que realiza el Ministerio Público en su misión de ente persecutor en materia penal. Ello reviste un enorme avance en lo relativo a la organización administrativa de esa importante institución. Pero no se trata de una solución completa a la problemática del sistema procesal penal. Esperamos que la serie de modificaciones que el proyecto introduce a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y que votaremos hoy sea una ayuda y un avance concreto a la labor que desarrolla ese órgano del Estado y revista gran importancia para el avance del trabajo de los fiscales del Ministerio Público ante la ya conocida y excesiva carga de causas que deben tramitar. En promedio, ellos llegan a tener a su cargo más de 2.000 investigaciones al año, lo que supera en 50 por ciento la cifra que en un comienzo proyectó la reforma procesal penal como número de causas que los fiscales podían tramitar con eficiencia.
Es importante que entreguemos las facultades de subrogación y suplencia de los fiscales adjuntos a los ayudantes de fiscal, porque es inaceptable que ante la ausencia de un fiscal, ya sea por motivos médicos, feriado legal o simplemente la renuncia de uno de ellos se paralicen las investigaciones o deban ser redistribuidas.
A la fecha han renunciado más de 190 fiscales. Muchos de ellos se han ido a diversos estudios privados: Carey, Puga Ortiz, Hermosilla, Harasic & López, entre otros.
Recientemente, los fiscales que conocían casos de connotación pública tales como colusión de farmacias, Corredora de Bolsa Alfa y abusos en colegio Apoquindo renunciaron al Ministerio Público para partir al ejercicio privado de la profesión. La razón principal de ese éxodo es que en la actualidad la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público no contiene ninguna norma que permita incentivar la permanencia en la institución a los mejores fiscales.
La capacitación de los fiscales de la Región Metropolitana duró ocho meses y costó cerca de 28 millones de pesos por cada uno de ellos. La renuncia de cada fiscal implica un impacto enorme no solo desde el punto de vista presupuestario, sino que en cada una de las investigaciones penales, así como en las víctimas de los delincuentes, las que ven cómo los delitos de los que fueron objeto se mantienen en la impunidad.
Afortunadamente, el proyecto de ley en discusión propone, entre otras importantes medidas, modificaciones a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, con la finalidad de fijar las bases del procedimiento de promoción interna de los fiscales adjuntos, para que no continúe la pérdida de profesionales especializados y con experiencia en el sistema procesal penal, puesto que plantea para ellos el establecimiento de una carrera funcionaria adecuada y eficaz, lo cual se enmarca en lo que todo funcionario ligado al servicio público espera en sus condiciones laborales.
Sin embargo, esas modificaciones solo significarán una solución a medias si no nos hacemos cargo del fortalecimiento de la carrera de los funcionarios del Ministerio Público que no han sido incorporados en esta propuesta legislativa. No lograremos nada si se mejora la carrera funcionaria de los fiscales, pero se deja en las mismas condiciones al resto de los funcionarios de ese organismo, los que representan el 82 por ciento de su dotación.
Por otra parte, cabe señalar que la cantidad de fiscales que la iniciativa propone aumentar es muy baja, razón por la que escasamente logrará dar solución a la problemática que la ciudadanía reclama a causa de la lentitud de la tramitación de las causas judiciales y de la denominada y famosa puerta giratoria.
Por eso, tal como lo planteó el diputado señor Felipe Harboe , pediré votación separada de algunos artículos del proyecto de ley en discusión referidos a los funcionarios que no tienen la calidad de fiscales del Ministerio Público.
(Aplausos)
Lo hago presente porque las disposiciones de la iniciativa no son suficientes para el real fortalecimiento de ese organismo, puesto que las modificaciones que se proponen a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público no son suficientes para solucionar las falencias que en materia de funcionamiento afectan tanto a los fiscales como a los demás funcionarios.
Queremos que nuestra justicia sea justa, de calidad y que dé tranquilidad a nuestros compatriotas. Creo que la manera de lograrlo es a través del fortalecimiento del Ministerio Público, tal como desde hace mucho ha sido solicitado tanto por los persecutores como por los funcionarios que no tienen la calidad de fiscales de esa entidad, razón por la cual -lo reitero- votaré a favor algunos artículos de la iniciativa, pero votaré en contra lo referido a los funcionarios que no cumplen funciones de fiscales.
He dicho.
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