EFECTOS E IMPLICANCIAS DE LA VENTA DE MÁS DE SIETE MIL HECTÁREAS DE TERRENOS FISCALESEl señor GODOY ( Vicepresidente ).- Esta sesión ha sido motivada en una presentación suscrita por cuarenta honorables diputados y diputadas, con el objeto de discutir y debatir los efectos e implicancias de la venta de más de siete mil hectáreas de terrenos fiscales en distintas zonas del país, dispuesta por el Ministerio de Bienes Nacionales durante 2014, con la finalidad de frenar las alzas de precios de los suelos y viviendas nuevas y suplir las faltas de terrenos para la construcción de proyectos inmobiliarios, industriales, de energía y turismo. A esta sesión ha sido convocado el ministro de Bienes Nacionales, señor Rodrigo Pérez Mackenna. Asimismo, por acuerdo de los Comités Parlamentarios han sido invitados el subsecretario de Bienes Nacionales , señor Juan Carlos Bulnes; el contralor general de la República , señor Ramiro Mendoza, y los intendentes de las regiones de Antofagasta, señor Waldo Mora; de Coquimbo, señor Juan Manuel Fuenzalida; Metropolitana, Juan Antonio Peribonio, y de O'Higgins, señor Wladimir Román. Se han recibido excusas de los intendentes de las regiones Metropolitana y de O’Higgins. Hago presente a la Sala que a esta sesión asistirá el intendente subrogante de la Región de Coquimbo, ya que el intendente titular se encuentra haciendo uso de su feriado legal. Solicito el acuerdo de la Sala para que el ministro de Bienes Nacionales pueda hacer su exposición utilizando una presentación en Power Point. ¿Habría acuerdo? Acordado. En el tiempo previo de quince minutos, que corresponde al Comité Socialista, tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , no sé si el señor ministro quiere intervenir en primer lugar. No tengo ningún inconveniente en que se proceda de esa forma. El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Señora diputada , el uso de la palabra le corresponde a usted. Posteriormente se otorgará la palabra al señor ministro . Un señor DIPUTADO.- El ministro está de acuerdo en exponer primero. Recabe el acuerdo de la Sala, señor Presidente. El señor GODOY ( Vicepresidente ).- ¿Habría acuerdo para proceder en los términos planteados por la diputada Denise Pascal? No hay acuerdo. Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , esta sesión fue pedida debido a las inquietudes relacionadas con el proceso de venta de terrenos fiscales que pretende llevar a cabo el biministro de Vivienda y de Bienes Nacionales. Nos llama la atención la cantidad de predios que están en proceso de venta, de licitación y, algunos, de venta luego de haber estado concesionados. Se trata de más de 300 inmuebles a lo largo del país, que equivalen a alrededor de 7.000 hectáreas, cuya oferta, si bien pretende materializarse a través de diversos procesos de licitación, venta y concesiones, no puede dejar de inquietarnos, ya que se trata de inmuebles fiscales que pasarán a manos de privados. Actualmente, el 49 por ciento del territorio chileno está en manos de privados. La referida venta provocará que el 27 por ciento de los terrenos restantes también quede en manos de privados, por lo que el territorio fiscal se reducirá a un 23 por ciento del territorio nacional. Realmente es preocupante, ya que muchos de esos predios constituyen una gran riqueza para el país. Creo que el Gobierno equivoca su camino. Esta no es la manera de hacer las cosas, mucho menos a tres meses de dejar su mandato. El Gobierno se equivoca cuando opera como inmobiliaria y busca hacer caja en vez de poner el acento en los aspectos esenciales que debiese considerar una política de desarrollo urbano, preocupada de las reales necesidades de las ciudades, con una mirada orientada al desarrollo de las regiones y con un enfoque que considere lo que quieren los ciudadanos. ¿Es acaso adecuado que un gobierno que cierra su gestión comprometa importantes licitaciones para un próximo gobierno? Por supuesto que no; los esfuerzos debieran concentrarse en concluir proyectos pendientes y no en “amarrar” a la nueva administración. Lamentablemente, la licitación pública no siempre es sinónimo de transparencia. Hemos visto recientemente que muchas veces este instrumento se ha transformado en una política del ministerio, buscando complementar las metas o abultar las cifras, en vez de ser una modalidad que considere los proyectos reales de nuestras zonas. Por otra parte, debemos estar atentos, revisar especialmente los inmuebles que se venden y hacer un análisis de la importancia estratégica que reviste el hecho de mantener su propiedad en el Estado y, además, asegurar que las concesiones otorgadas con anterioridad mantengan esa condición, evitando de esta manera que pasen a manos de privados, sin considerar los criterios que alguna vez se tuvieron a la vista para mantener la propiedad de los terrenos en el Estado. Tampoco parece justo que este ambicioso plan de ventas de terrenos fiscales no considere las necesidades de las regiones en que se encuentran ubicados. Las licitaciones de terrenos deben ser concordantes con los planes de desarrollo urbano, turístico, industrial, habitacional y/o medioambiental de las regiones en las cuales están ubicados. A su vez, la licitación debe establecer como factor de adjudicación el uso propuesto y no solo el valor o precio, y el proyecto a desarrollar, ya que así se ha hecho siempre, priorizando los proyectos en favor del Estado y no el factor económico. No se puede vender un inmueble sin antes evaluar las opciones de uso alternativo, poniendo el bien común por sobre la rentabilidad económica que, al parecer, es lo que ha ocurrido con estas licitaciones exprés. Dichos inmuebles, que son patrimonio de todos los chilenos, deben ser evaluados, en primer término, según su capacidad para contribuir al rol social, al desarrollo urbano de las ciudades y a su uso alternativo en favor del Estado y del bien común. En dicha evaluación deben participar necesariamente las autoridades regionales respectivas y los ciudadanos de las mismas, a fin de reducir al máximo el riesgo de que el sector privado destine los terrenos exclusivamente a proyectos que maximicen sus utilidades, sin considerar el beneficio social que debe caracterizar a los terrenos fiscales. Por otra parte, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera terminará su mandato con más de 50 mil subsidios habitacionales otorgados, cuyos beneficiarios no cuentan con suelo para la ejecución de los respectivos proyectos habitacionales. ¿Quién nos puede asegurar que los terrenos con potencial para la construcción de viviendas serán efectivamente destinados a proyectos de integración social que consideren viviendas para sectores medios y vulnerables en las ciudades en las cuales las necesidades habitacionales apremian? Nadie podría hacerlo. ¿Quién nos puede asegurar que los inmuebles licitados para el desarrollo de proyectos industriales, de generación de energía o de turismo, garantizarán la protección de la biodiversidad? Nada de eso se dice en las licitaciones, en circunstancias de que debiera ser una de sus condicionantes. Es decir, habría que saber qué proyecto se realizará, qué tipo de protección de la biodiversidad existirá, cuál será su visión respecto del desarrollo de las regiones; si es prioritario lo que se propone o si solo apunta a beneficiar a los privados, es decir, a un buen negocio. Resultan preocupantes las licitaciones que se están efectuando últimamente, sobre todo si observamos el enfoque del Ministerio de Bienes Nacionales, que ha cambiado totalmente su objetivo original. Por una parte, la División de Bienes Nacionales eliminó la Unidad de Patrimonio y Espacio Público, que apoyaba la gestión del patrimonio fiscal y la definición de políticas, estableciendo un contrapeso al interior de la División de Bienes Nacionales y respecto de los territorios. En su lugar, se creó la Unidad de Administración de Proyectos y la Unidad Operativa del Gabinete y de la Autoridad, que pasó a liderar la gestión sobre la propiedad fiscal, sin considerar estudios, análisis ni planificación, dejando a un lado las miradas centralistas, de modo de defender nuestro patrimonio por el bien de nuestros ciudadanos. No se trata de oponerse porque sí, sino de oponerse con fundamento y teniendo siempre como objetivo el bien común por sobre el beneficio del sector privado. Los aspectos mencionados nos permiten cuestionar una política que, así como ha sido planteada, entendemos que está destinada a beneficiar a los empresarios y a los particulares por sobre los intereses de los ciudadanos más vulnerables y de clase media de nuestro país, que constituyen la gran mayoría y que este gobierno se ha dado en decir constantemente que protege. Hace pocos meses, el mar nacional fue casi regalado a siete familias poderosas de Chile; pero el 15 de diciembre recién pasado los chilenos dijeron ¡basta!, porque están cansados de las privatizaciones sin sentido, que solo benefician a unos pocos, en vez de abrir espacios para la convivencia, el arte, la vivienda, el deporte y la recreación, y que no consideran la opinión de los actores involucrados ni de las comunidades potencialmente afectadas. Por eso, le pedimos al biministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales que nos aclare la forma en que se llevarán a cabo estas licitaciones, qué criterios se tuvieron en consideración, cómo se mira el bien nacional en beneficio de los ciudadanos por sobre el bien privado, qué se tuvo a la vista para poner a la venta las siete mil hectáreas de terrenos fiscales que, no mediar un cambio circunstancial, pasarán muy pronto a manos privadas, y cuáles fueron las razones que se tuvieron en consideración para adoptar esta precipitada decisión, a pocos meses de concluir el actual gobierno. Entre las privatizaciones que se están llevando a cabo tenemos casos como el de la Casa Colorada, en Santiago, que fue declarada patrimonio nacional, a pesar de lo cual está en proceso de concesión. Podemos ver que hay 300 territorios, entre viviendas y terrenos, que pasarán a manos de privados. Es algo que nos preocupa realmente, y creo que es el momento oportuno de aclarar la situación. No sea cosa que, debido a hechos que no conocemos, terminemos con una gran parte de nuestro territorio licitado, vendido o entregado en concesión a privados, sin considerar la visión que debería tener el Gobierno y el Estado chileno para proteger nuestros bienes nacionales. He dicho. El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Bienes Nacionales. El señor MONTES.- Señor Presidente , ¿podemos ocupar el tiempo que resta del Comité Socialista? El señor GODOY (Vicepresidente).- ¿Desea hacer uso de la palabra de inmediato? El señor MONTES.- Exactamente, señor Presidente. El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Entonces, con el perdón del ministro , tiene la palabra su señoría. El señor MONTES.- Señor Presidente , me parece muy bien que esté presente el contralor general de la República ; sin embargo, el único sentido que tiene su presencia es que le podría llamar la atención algo respecto de lo cual nosotros estamos realmente preocupados; cuanta más información recabamos, más nos preocupamos. En segundo lugar, también es bueno que estén presentes algunos intendentes, para que nos digan si fueron consultados, toda vez que se abren otras posibilidades de desarrollo para las regiones involucradas. En los últimos años ha existido un problema de organización en el Ministerio de Bienes Nacionales. Aquí le dimos muchas facultades a la Unidad de Proyectos, que se dedica a gestionar las propiedades fiscales y propone decisiones sin estudios, sin análisis, sin planificación y de una manera muy centralizada. Su eje principal ha sido viabilizar proyectos -insisto- sin previo análisis y sin coordinación interna, ni siquiera con las otras unidades del Ministerio. La Unidad de Patrimonio y otras desaparecieron. Es decir, hay un problema serio. Se ha puesto el foco y la prioridad en el levantamiento de planes de licitación masivos sin considerar aspectos sociales: me refiero, por ejemplo, a programas de vivienda en Antofagasta, en Iquique y en distintas regiones, sin contar con zonificación territorial sustantiva real, como siempre se hizo. Finalmente, todos los antecedentes le llegan al subsecretario para que decida. Incluso, se saltan todos los procedimientos previamente acordados. Podría mostrar al contralor todos los procedimientos que se han omitido para viabilizar las concesiones. El objetivo es licitar, es decir, el instrumento ha pasado a ser la política. Toda la caracterización territorial de un terreno, que es fundamental en un país, se ha transformado en algo utilitario. Las necesidades reales de los proyectos emblemáticos tampoco son objeto de análisis. Aquí había un proyecto en marcha sobre los balnearios sociales, y uno se pregunta por qué se paralizó, por qué se dejó a un lado, por qué no se consideró dentro de la asignación de suelos. En cuanto a los bienes nacionales protegidos, aquellos que tienen valor desde el punto de vista de la biodiversidad, cuya figura fue creada en el gobierno anterior, debo señalar que tras diez años, en vez de avanzar, han quedado congelados. Ahora, se van a licitar, en algunos casos, para el desarrollo de proyectos de conservación y en otros para proyectos de turismo, pero sin tener una propuesta ambiental. Quiero aclarar que aquí no hay proyecto contra proyecto, en circunstancias de que las licitaciones del Ministerio de Bienes Nacionales han sido contra proyecto y no puramente económicas. Hay recomendaciones y propuestas de zonificación, por ejemplo, en el estudio de la Universidad Católica, pero aquí no hay planes concretos de desarrollo que estén asociados a la venta de terrenos. Por ejemplo, el Presidente Piñera ordenó públicamente hacer una zonificación completa del territorio para determinar dónde era viable instalar cierto tipo de plantas. Mi primera pregunta al ministro , por su intermedio, señor Presidente , es qué pasó con esto. ¿Se terminó? No estoy hablando de la plataforma digital de información, sino que del análisis cualitativo de la zona y la caracterización que pidió el Presidente de la República . La licitación pública sin contraproyectos puede llevar a grandes distorsiones. De hecho, para el próximo gobierno hay 50 mil subsidios que, a nuestro juicio, no van a tener solución. ¿En cuántas ciudades se podrían haber orientado y valorizado esos terrenos con esa perspectiva? En 2013 se licitaron 398 inmuebles y 48 mil hectáreas, por las que se obtuvieron 393 millones de dólares. Hay hartos millonarios en Chile que con 393 millones de dólares podrían comprar buena parte del país, entre ellos Tompkins y otros. Quedaron pendientes este año 74 inmuebles y 17 mil hectáreas, avaluadas en 3 millones de unidades de fomento. En 2014 se pretenden vender 300 inmuebles, 7 mil hectáreas de venta y 13 mil hectáreas de concesión, por las cuales se quiere obtener 230 millones de dólares. A mi juicio, como decía la diputada Denise Pascal, el uso alternativo de los terrenos es fundamental para otro tipo de proyectos, por ejemplo, para el desarrollo de las regiones, de las ciudades, o bien, para la implementación de ciertos programas sociales. Es decir, necesariamente el debate sobre la venta de la propiedad pública debe considerar esos elementos. Hoy, en el mundo está claro que el uso del suelo no tiene que ver con su rentabilidad, sino que con los proyectos de sociedad, con los proyectos de ciudad, con el interés por responder a ciertas necesidades. No puede ser que solo la rentabilidad del suelo lo determine todo. Además, me preocupa mucho vender terrenos y no tener garantías de que ellos no van a ser utilizados para especular y acumular, sino que van a responder a ciertas acciones. De hecho, en las bases de licitación no hay ninguna sanción contemplada al respecto. Aquí, hay una luz roja para un problema que a todos nos preocupa. Quiero agregar la situación de la venta del sector cercano a Río Azul, en Villa O’Higgins, que es un bien nacional protegido. Quiero saber exactamente las razones por las que se llegó a acuerdo con Luksic para vender esos terrenos. También, quiero una explicación sobre el parque Río Olivares. No puede ser que una reserva que cuenta hasta con glaciares, ubicada en la Región Metropolitana, se le entregue a quienes no están en condiciones de manejarla. Esas 70 mil hectáreas que rodean Santiago se entregan en concesión a unos municipios que no están en condiciones de mantenerlo. Me gustaría entender el sentido de esto. Señor Presidente , por su intermedio, quiero manifestarle al ministro lo que se dice al inte-rior del Ministerio de Bienes Nacionales, entre los propios funcionarios: que lo que se está haciendo ahora deja chico a lo que Pinochet hizo durante los últimos tres meses de su gobierno, porque ahora se está haciendo a toda carrera, sin planificación y deshaciéndose de una propiedad fiscal que puede tener un gran valor para el desarrollo del país. He dicho. El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro de Bienes Nacionales. El señor PÉREZ, don Rodrigo ( ministro de Bienes Nacionales ).- Señor Presidente , este plan de licitaciones no es algo creado a último minuto, sino que es parte de una ejecución de una política que ha venido desarrollando el ministerio desde hace un buen tiempo y que se espera que se siga ejecutando durante 2014. No es un plan de licitaciones que sea un fin en sí mismo, sino que es parte de un mandato legal, de una estrategia. Se trata de un plan integral que considera distintas vocaciones de uso del territorio, en la que el tema de la vivienda, particularmente la vivienda social, ha sido abordado y coordinado junto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de administrar y disponer los bienes fiscales, conforme con las políticas que dicta el Gobierno. Para eso es fundamental que el territorio que administra el Ministerio de Bienes Nacionales beneficie a todo el país, con el fin de generar desarrollo económico, social y cultural. Hay tres ámbitos de acción importantes. El primero es la gestión del territorio -que hoy nos convoca-, el segundo es el catastro de la propiedad, esto es, el manejo del inventario de la propiedad fiscal, y la información territorial, a la que se refirió el diputado Montes . La tercera área de acción del ministerio es la regularización de la propiedad raíz, que corresponde a la orientación social del ministerio. Es importante destacar que el Ministerio de Bienes Nacionales administra el 51 por ciento del territorio fiscal, de acuerdo al catastro hecho por el propio ministerio. Incluso, antes se pensaba que solo era alrededor del 30 por ciento. Al respecto, cabe hacer presente que tanto en la zona norte del país como en la región austral lo que haga o deje de hacer el Ministerio de Bienes Nacionales puede ser determinante para el desarrollo de esas regiones, toda vez que puede ser una palanca de crecimiento, de generación de empleos, de emprendimiento o, por el contrario, puede ser un freno al desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, todo lo que hagamos para generar inversiones y empleo es fundamental, sobre todo, para las regiones del norte y sur austral del país. En relación con la gestión del territorio hay cinco ámbitos de acción: habitacional y equipamiento, industrial y productivo, desarrollo de energías -renovables no convencionales y convencionales-, conservación del patrimonio arquitectónico y natural y turismo. El último ámbito es el desarrollo de la astronomía. Hay dos líneas a través de las cuales se lleva a cabo esta gestión del territorio. La primera la podríamos llamar gestión proactiva, en la cual hay un deber ético de poner a trabajar la tierra, de ser diligente en la administración del territorio. Esa gestión proactiva tiene que hacerse en coordinación con otros servicios -como se ha hecho- especialmente con las regiones, pero también con otros ministerios, como el de Energía, el de Vivienda y Urbanismo, el de Medio Ambiente. Con todos esos actores se ha coordinado la gestión proactiva del territorio. Por eso, en primer lugar, aparece en la imagen de la presentación la coordinación con otros organismos públicos, especialmente, con el Serviu. Luego, otro ámbito de gestión proactiva del territorio ha sido la creación de parques, de bienes nacionales protegidos y de rutas patrimoniales. Ello no solo se ha circunscrito a la creación, sino que también a la gestión de esos territorios para que contribuyan en forma real al desarrollo turístico; para que puedan ser disfrutados por la ciudadanía y no sean una mera declaración que no tenga ningún impacto. En tercer lugar, aparece el plan de licitaciones, que también es una forma de poner en valor este territorio, de ofrecerlo a los distintos actores. Se gestiona en forma transparente y eficiente en la cual hay plena difusión y todos pueden participar. Otra área clave del ministerio es la fiscalización. Ha habido un incremento muy significativo de las fiscalizaciones llevadas a cabo en los territorios ocupados ilegalmente. Es muy importante dar una señal en ese sentido. La Gestión Proactiva es una parte de la forma de poner en valor el territorio. También se responde a la ciudadanía ante las demandas que se originan directamente. Eso se aborda a través de la Gestión Tradicional, que son arriendos, servidumbres, concesiones y ventas en forma directa a los posibles interesados. Es muy relevante que, en la medida de lo posible, el ministerio evolucione a que esas ventas y concesiones se ejecuten mediante mecanismos transparentes de licitación. Por otra parte, el ministerio ha realizado un esfuerzo muy grande por modernizar la gestión en estas materias. De hecho, se ha efectuado una reorganización muy importante, una mejora de los procesos, implementándose un sistema de gestión de procesos a través del cual se optimizaron y digitalizaron procesos. Eso se ha traducido en ahorros muy significativos en los tiempos de tramitación de los expedientes. Esto es muy interesante porque el ministerio demoraba -tal vez todavía lo haga- demasiado tiempo en responder a las demandas de la ciudadanía cuando hay terrenos demandados. Ahora, me referiré a los principales ejes de este plan de licitaciones. Señalé que uno de ellos es contribuir al desarrollo y a la creación de valor. Es un deber fiduciario del Estado, que administra el 51 por ciento del territorio, implementar mecanismos para que esos terrenos generen emprendimiento, actividad económica y empleo. La proactividad en la gestión es otro eje del plan de licitación. No hay que sentarse a esperar que las demandas lleguen. Es necesario ser capaces de originar, con diferentes estudios, sobre todo de trabajo con las regiones, en una administración diligente, procesos de oferta de los terrenos. Esto responde a una necesidad de variedad en la oferta, como veremos más adelante, en el sentido de que haya distintas vocaciones de uso y de objetivos para los terrenos, de manera que corresponda a un desarrollo integral y no se limite solo a un ámbito de la actividad social o económica. La transparencia es otro eje muy notable. Los planes de licitación son un aporte trascendental en materia de transparencia. Se difunden con la debida anticipación. Hay pleno acceso a las bases de licitación. Por lo tanto, es un proceso totalmente transparente y abierto a la competencia. Eso genera que el precio sea de mercado, lo que corresponde a un mandato legal. Las adjudicaciones siempre se hacen con criterios objetivos. En la gran mayoría de los casos cuando, por ejemplo, se trata de energía o de proyectos de desarrollo inmobiliario industrial, existe requerimiento de que se ejecuten las inversiones y se piden las boletas de garantía respectivas. En consecuencia, los criterios de adjudicación son objetivos y se garantiza que los fines para los cuales se licitan estos terrenos se ejecuten. El proceso de licitación permite que el tiempo de tramitación de estos traspasos sea bastante menor que el del procedimiento regular del ministerio. El proceso de licitación permite cumplir con la ley en el sentido de que los contratos administrativos, según el artículo 8° bis de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, se deben celebrar previa propuesta pública, en conformidad a la ley, y el procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia. Por lo tanto, estos procesos de licitación corresponden a un mandato de ley. Por otro lado, el artículo 85 del decreto ley N° 1939, de 1977, establece que el precio de venta de los bienes fiscales no podrá ser inferior a su valor comercial, que será fijado por una Comisión Especial de Enajenaciones. En tal sentido, los procesos de licitación en alguna medida garantizan que los precios sean efectivamente los valores comerciales. Las principales ofertas están fundamentadas por estudios técnicos. Hemos dado curso a una serie de estudios con universidades, como la Pontificia Universidad Católica o empresas especialistas en llevar a cabo estos estudios para diseñar planes maestros y determinar el tamaño de los proyectos que se desarrollarán en esos terrenos. En consecuencia, esto ha sido parte de un proceso que fue analizado previamente. En muchos casos, las licitaciones corresponden a solicitudes de privados. Ante la alternativa de la venta directa de esos terrenos, se ha preferido ofrecerlos en licitación. También hay otras fuentes de generación de inmuebles, como las ocupaciones irregulares o las herencias vacantes. Quiero agregar que el plan de licitación tiene una flexibilidad muy grande. Normalmente, existe la posibilidad de retirar o modificar una licitación. También hay un calendario en el tiempo, pensado para ejecutar estas licitaciones y teniendo siempre en cuenta la obtención de un retorno justo para el fisco. En un proceso transparente se considera que el 65 por ciento de los ingresos quedan en la región y todos los expedientes se originan desde la región, con la participación activa de esta. Además, mediante una difusión amplia, se garantiza el acceso universal a la información, la igualdad de oportunidades, sin descuidar la vocación social del Ministerio de Bienes Nacionales. Este proceso de licitación pasa por una etapa regional, en la cual se preparan los antecedentes, se define qué se desea licitar y cuáles son los requerimientos de inversión. Por lo tanto, hay una participación muy activa de la región en el origen del plan. Luego, en el nivel central, hay una etapa de revisión de los expedientes, de confección de las bases. Más adelante, viene la publicación de las bases y la recepción de la oferta. Por último, está la etapa de adjudicación y firma del contrato. Como lo expresó el diputado Montes , las licitaciones son una herramienta de trabajo, no son un fin en sí mismo. Son una forma de llevar adelante una política pública, pero es una buena forma de hacerlo, porque orienta la gestión del Ministerio de Bienes Nacionales tanto hacia adentro como hacia el mercado, hacia el público en general, otorgando transparencia a su gestión. Es bueno que la comunidad sepa qué se está haciendo y que haya plena difusión. Con ello se permite proyectar los ejes en los cuales se está trabajando, las acciones que se tomarán, los gastos en que se incurrirá en adelante y ayuda a alinear los incentivos y las metas, coordinando también a las regiones con el nivel central. Es un trabajo que integra a las regiones, pues las propuestas son levantadas principalmente desde estas. Hay estudios técnicos y demandas de requerimientos locales y plena transparencia. Cada año se anuncia el plan en el nivel central y en regiones; se publica íntegramente en la página web, donde se puede hacer un seguimiento, incluso, hasta la adjudicación. Todos los inmuebles a licitarse figuran en la página web del Ministerio. Se puede acceder a una información muy detallada de los mismos en el sitio licitaciones.bienes.cl, en el que se publica la superficie, el valor, información específica de la oferta, características del terreno, planos, ubicación e imágenes referenciales. Por supuesto, hay libre acceso desde cualquier parte del mundo. De esa forma, se garantiza la igualdad de oportunidades y de información. Incluso, el portal cuenta con un sistema de suscripción que permite que los interesados puedan recibir un correo electrónico de alerta ante publicaciones que se hagan en estas materias. Creo que fue el diputado Montes quien preguntó por el compromiso de esta herramienta tan importante que es la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile (IDE Chile). La verdad es que se trata de un salto tecnológico muy importante, una herramienta que integra toda la información base y normativa relevante para la toma de decisiones de proyectos de inversión. Permite visualizar la información en diferentes capas que se pueden superponer. Reúne en un solo lugar información que estaba dispersa -esto es muy importante- en 12 ministerios y 20 servicios, lo cual facilita enormemente el análisis de cualquier territorio para desarrollar un proyecto de inversión de cualquier naturaleza. Además, es de muy fácil acceso para cualquier usuario, pues está hecho de una forma muy amistosa y simple y su arquitectura está pensada para que se actualice en forma automática. Con esta herramienta el Ministerio de Bienes Nacionales junta, consolida información que proviene de diversos ministerios y servicios y, de esa forma, garantiza o al menos disminuye la probabilidad de que no esté debidamente actualizada. La información base, por ejemplo, incluye caminos, ciudades, ríos, colegios, centros de salud, puertos, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, gasoductos. Hay una cantidad de información base muy importante. También están todos los instrumentos de planificación territorial, los planos reguladores comunales e intercomunales, el catastro de servidumbres mineras, las explotaciones mineras, la información de protección del medio ambiente, como áreas protegidas, parques nacionales, santuarios de la naturaleza, sitios Ramsar, zonas saturadas, etcétera. Asimismo, están las zonas de interés turístico, los sitios arqueológicos, las áreas de desarrollo indígena, la propiedad fiscal administrada y el plan de licitaciones. De verdad, es una herramienta muy potente. En este momento hay catorce regiones en la IDE Chile (solo falta la Región Metropolitana, pero esperamos tenerla muy pronto en el sistema), que es, como dije, una modernización muy importante. Adicionalmente, se han hecho presentaciones públicas de este plan de licitaciones en las regiones, especialmente en el norte, aparte de lo que se ha publicitado a través de la prensa. Por lo tanto, se ha hecho una labor de difusión. Algo importante a considerar es que no es primera vez que esto se hace. Creemos que debiera ser una política permanente del Ministerio de Bienes Nacionales. En 2001, por ejemplo, se anunció un amplio plan de licitaciones de 160.000 hectáreas; en 2004 se anunció otro plan de licitaciones y está este de 2013 y 2014. Pensamos que esto debiera institucionalizarse, ser permanente, como una forma de transparentar la gestión pública que facilita la difusión de los terrenos que se pretende poner en valor. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento. El señor MELERO (Presidente accidental).- Un minuto, señor ministro, porque el diputado De Urresti va a plantear una cuestión de Reglamento. Tiene la palabra, señor diputado. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , no sé si tenemos un diputado nuevo, porque veo un señor sentado aquí en el pupitre del diputado Guillermo Teillier . Me gustaría saber quién es, si es un diputado nuevo, si tiene autorización para estar sentado acá. El señor MELERO (Presidente accidental).- Muy bien, vamos a averiguarlo. En todo caso, en este minuto, no hay nadie en el asiento del diputado Teillier. El señor DE URRESTI.- Recién estaba sentado acá. Quiero saber si tiene autorización para estar en la Sala… El señor MELERO ( Presidente accidental ).- Muy bien. Muchas gracias, señor diputado . El señor DE URRESTI.- ¿Tiene autorización para ingresar a la Sala? El señor MELERO ( Presidente accidental ).- Sí, tiene autorización para ingresar a la Sala. Fue autorizado por la Corporación. El señor DE URRESTI.- Pensé que estaba reemplazando a Guillermo Teillier . Entonces, quería tener esa claridad. El señor MELERO ( Presidente accidental ).- Está muy bien, señor diputado . Vamos a tomar nota de su presentación. Señor ministro , recupera la palabra. El señor PÉREZ ( ministro de Bienes Nacionales ).- Señor Presidente , este plan de licitaciones tiene cuatro ejes principales: un eje inmobiliario, habitacional, de equipamiento y comercial; un eje industrial, un eje de energías y un eje de conservación del patrimonio y desarrollo turístico. Con respecto al eje habitacional, tenemos claro que en las regiones, especialmente en las del norte, este es un tema prioritario. La Región de Tarapacá, por ejemplo, creció en 60.000 habitantes en los últimos diez años, y hubo solo 11.000 permisos de edificación en ese mismo período, por lo que, claramente, hay un desfase entre la capacidad de la industria para ofrecer vivienda y la demanda. En Antofagasta los precios han crecido a un ritmo del orden de 7 por ciento anual en los últimos años. En Iquique hay un problema geográfico grave, porque la ciudad está constreñida por el farellón y el único desarrollo importante está en el sector de Playa Blanca. En materia de desarrollo habitacional, este plan tiene tres ejes principales: primero, la generación de nuevos barrios habitacionales, garantizando la macrourbanización. Hay trescientas hectáreas ofrecidas en este tipo de desarrollos en los planes 2013 y 2014, entre los cuales se cuenta, como veremos más adelante, Playa Blanca y Los Verdes, en Iquique, o la recuperación de La Chimba Alta; un segundo eje es gestión de retazos; un tercer eje, que no es estrictamente parte del plan de licitaciones, pero sí se ha hecho en total coordinación con el Ministerio de Vivienda, es la transferencia de una importante cantidad de terrenos a los Serviu para el desarrollo de proyectos de viviendas sociales. En el plan de licitaciones 2013 se ofrecieron 280 hectáreas, de las cuales se han adjudicado 105. El resto está en proceso o forma parte del plan 2014. En el plan 2014 hay aproximadamente, como veremos más adelante, 270 hectáreas, en lugares como Playa Blanca, La Chimba, Mejillones, donde hay una posibilidad de contribuir de forma importante ante la estrechez de terreno; el rodoviario de Copiapó, el mall de Arica -no todo es vivienda, hay mucho que es equipamiento- o Chiguayante, en Concepción. En cuanto al eje industrial y agrícola, tenemos, por ejemplo, que el 61 por ciento de las inversiones que se van a realizar aún en nuestro país en los próximos años, de aquí a 2016, se concentrarán en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, donde se invertirán cerca de 50.000 millones de dólares. Para que esas inversiones se puedan desarrollar es fundamental que haya disponibilidad de terrenos para macrourbanizaciones, con terrenos industriales. Hay barrios industriales con urbanizaciones muy precarias, como ocurre, por ejemplo, en Antofagasta, en el sector de La Negra, donde no hay servicios de agua potable, alcantarillado y pavimentación. Creemos que es una necesidad de ordenamiento territorial muy grande que estos desarrollos industriales se hagan con el debido equipamiento y servicio. Existen sectores del norte donde sencillamente no hay barrios industriales consolidados. Los objetivos de este plan, que en total suma alrededor de ochocientas hectáreas -quinientas hectáreas en 2013 y cuatrocientas en 2014; cien hectáreas que se traslapan, que se relicitan-, son la generación de nuevos barrios y la consolidación de barrios ya existentes. La idea es formar barrios con altos estándares que faciliten la instalación de nuevas industrias. Con esto también se logra el objetivo de liberar terrenos en el área urbana que hoy están siendo ocupados por industrias. Tenemos casos como el de Pampa Concordia, en Arica, que ha sido una licitación muy exitosa. Son más de mil hectáreas. Diversos tipos de actores están invirtiendo en un proyecto que generará mucha actividad económica y empleo. Hay, como señalé, asociaciones locales, desde agrupaciones indígenas hasta grandes empresas, que están participando en el desarrollo de Pampa Concordia. También está el caso de Huantajaya, en Iquique, que es la consolidación de un barrio industrial, en el que 32 hectáreas ya se vendieron. Otras 24 forman parte del Plan 2014. Asimismo, tenemos el caso de La Negra, en Antofagasta, con 120 hectáreas, en el que se puede generar un gran desarrollo industrial, moderno, con calles pavimentadas, con agua potable, con alcantarillado. Se requiere -fue fruto de un estudio- de un lote grande para justificar las inversiones. Además, el caso de Llano Seco, en Copiapó, donde se efectuó un estudio con la Universidad Católica. Se trata de un terreno de más de mil hectáreas y en el que se están ofreciendo 260 hectáreas con requerimientos de inversión para desarrollar un loteo industrial. Puedo mencionar también el caso de Puerto Seco, en Calama, donde hay catorce hectáreas que corresponden a la consolidación de un parque industrial, y el desarrollo de B-400, en Antofagasta, que es un plan de desarrollo logístico de gran importancia, donde también se hizo un estudio con la Universidad Católica de Chile. También está el caso de Cuesta Cardones, en Copiapó, que corresponde a una consolidación para pequeños industriales. Hay una gran demanda de pequeños industriales por ese sector. Además, está Chañaral, en Atacama, donde hay pequeños industriales que requieren terrenos y, por tanto, se están licitando. En materia de energía, hay una gran proporción del plan que incluye energías renovables no convencionales. Hay 2.000 hectáreas para proyectos fotovoltaicos; 6.000 para proyectos eólicos; mil hectáreas para energía de base. En este sentido, entrega un aporte muy importante para la toma de decisiones. En materia de turismo y conservación del patrimonio, tenemos concesiones de rutas patrimoniales. En nuestro país, hay lugares privilegiados en el sur sin administración. Por eso, está la concesión de Cabo Froward y Río Serrano, o la venta de Los Cisnes, en Aysén. En el norte, tenemos una cantidad de playas muy importantes para la generación de balnearios de desarrollo de segunda vivienda, que carecen de infraestructura y que, además, tienen un riesgo muy grande de ocupaciones ilegales, como ha sido el caso de Cifuncho y Juan López. Existe un potencial muy grande al poner esos terrenos en oferta para desarrollos turísticos. Así se está haciendo en casos como Ike-Ike, en Tarapacá; Hornitos, en Antofagasta, Las Machas, en Copiapó, y Playa Grande, en Tongoy. Como dije, hay inmuebles patrimoniales de gran valor que se encuentran en desuso o subutilizados -no sólo de las regiones extremas-, como la Casa Manso de Velasco o la estación de trenes de Colchagua. En materia de participación de estos cerca de cuatrocientos inmuebles en las licitaciones en curso del 2013, tenemos que una gran proporción -64 por ciento- corresponde a energías renovables no convencionales; muy poco corresponde a habitacional y comercial; 2 por ciento es industrial. En cuanto a inmobiliario y equipamiento, tenemos 12 por ciento de terrenos rurales y 20 por ciento de conservación turística y patrimonio. En el plan de licitación 2013, algunas licitaciones destacadas en la imagen están o adjudicadas o en proceso de adjudicación. Tenemos, por ejemplo, el Rodoviario de Copiapó. Hay once hectáreas en el sector de Topater, en Calama; 1,8 hectáreas en la Isla Teja, en Valdivia. En la península Muñoz Gamero, lugar con un potencial turístico enorme, se vendieron terrenos relativamente pequeños, de entre tres y seis hectáreas, producto de un estudio con la Universidad de Concepción. La venta de esos terrenos no se diseñó en un escritorio del ministerio, sino que obedece a una planificación. Tenemos Pampa Concordia y más de 11.000 hectáreas para energías renovables no convencionales. Con respecto a licitaciones destacadas y en curso en este momento, tenemos Alto y Bajo Playa Blanca, con 27 y 7 hectáreas, respectivamente; un rodoviario en Calama y el parque industrial Llano Seco. Con respecto al Plan 2014, hay más de trescientos inmuebles en las quince regiones; 7.000 hectáreas, como se dijo, para la venta y 13.000 para concesiones. Se espera recaudar 230 millones de dólares. Como señalamos, el 65 por ciento de los recursos quedan en la respectiva región. Esta transparencia nos muestra la distribución por regiones. En las barras azules aparece el número de inmuebles, y en la línea roja la recaudación esperada. Hay una alta concentración en las regiones del norte del país. Aparece la distribución entre hectáreas para la venta y concesiones, dependiendo de la vocación de uso de estos terrenos. Hay 270 hectáreas para el sector habitacional inmobiliario. Una parte significativa, de ellas corresponde a una segunda vivienda en sectores como Cifuncho, Juan López, Hornitos, Tongoy, Las Machas, y el resto para sectores de primera vivienda. Una parte importante es para desarrollo industrial, energía, turismo y conservación del patrimonio. También hay una proporción de terrenos rurales. Al respecto, quiero destacar algunos terrenos que tienen vocación inmobiliaria, y resaltar un tema muy importante: se ha considerado, por una parte, el desarrollo de proyectos integrados de vivienda y, por otra, la reserva de una parte significativa de estos territorios para el patrimonio fiscal. En la imagen se advierte, por ejemplo, la situación de la Región de Arica. Se trata de un terreno muy importante, de 45 hectáreas, en el sector El Alto de Arica, que se está trabajando con el respectivo Serviu. Se reservará una parte de ese terreno. Dicho terreno todavía no se ha definido. Como digo, se está trabajando con el Serviu. Pero habrá una reserva muy importante para vivienda social. En el sector de Playa Blanca, en Iquique, que es el área de expansión de Iquique, en materia habitacional, como dije se están licitando 34 hectáreas, pero hay que destacar noventa hectáreas de ese terreno tienen el seccional aprobado y quedan como reserva fiscal. La lógica de esto es que los privados desarrollen ese territorio, que lleven la ciudad, que lleven los servicios. De otra forma, intentar hacer un desarrollo, por ejemplo, de vivienda social en ese lugar, desde cero, probablemente significaría empezar a construir otro gueto urbano, cosa que obviamente queremos evitar. En el caso de Chiguayante, en la Región del Biobío, se estima una reserva fiscal de dos hectáreas. También es un sector aislado. En Topater, se están licitando diez hectáreas. Hay que recordar que existen 200 hectáreas aproximadamente de reserva fiscal y ya se han transferido más de treinta hectáreas al Serviu de la región. En Punta Pescadores, en Caldera, hay diez hectáreas, pero hay quince hectáreas de reserva para el Serviu. En Las Compañías, en La Serena, lo mismo: doce hectáreas, pero se reservan diez. En Iquique, en el sector de Los Verdes, se instala una primera piedra. Se trata de siete hectáreas para licitación, pero más de mil se reservan para el fisco. En Punta Pescadores, lo mismo: se licitan seis, y veinte se reservan para el fisco. En el sector de La Chimba Baja, 14 se licitan y 25 se reservan para el Serviu. En suma, lo que uno puede ver es que las licitaciones consideran un desarrollo integral del territorio, reservando viviendas para el Serviu o grandes territorios para el fisco. Queremos hacer un desarrollo integral. Hay una serie de terrenos rurales, pero no creo que valga la pena detenerse en esto. Este es el plan, con el cronograma en que se espera que estas licitaciones estén levantadas y, por lo tanto, disponibles. Este es un proceso en el tiempo. Por lo tanto, si el gobierno que venga tiene una opinión diferente, esto puede cambiarse. Este es el plan de apertura de las licitaciones en el tiempo. Es importante considerar el siguiente aspecto. En la imagen se aprecia la superficie vendida o concesionada en términos de hectáreas. Por ejemplo, entre 2006 y 2009 se vendieron cerca de 16.000 hectáreas y se concesionaron alrededor de 10.000. En los cuatro años del gobierno del Presidente Piñera se han concesionado cerca de 7.000 hectáreas y vendido aproximadamente 2.000. En la siguiente diapositiva se aprecian las ventas y concesiones ejecutadas. Es muy importante señalar que el porcentaje de licitaciones, por sobre ventas o concesiones directas, ha aumentado significativamente en el tiempo, en especial durante los últimos tres años. Asimismo, los ingresos generados por venta, concesión o arriendo aumentaron significativamente, pasando de un promedio de 20 millones de dólares a 52 millones de dólares. Es decir, se han vendido o concesionado menos terrenos, pero se han hecho considerablemente más licitaciones y han aumentado significativamente los ingresos generados. Como señalé al inicio de mi intervención, se ha hecho más eficiente la gestión del ministerio, disminuyendo los tiempos promedio de la tramitación de los expedientes, por ejemplo, de 18 a 5 meses en el caso de los arriendos, y de 38 a 12 meses en el caso de las ventas directas. En materia de regularización de títulos de dominio, que es de una vocación social muy clara, se ha aumentado de 11.000 a 15.000 regularizaciones anuales. Es decir, se regularizarán más de 60.000 títulos en estos cuatro años, lo que representa un aumento de cerca del 40 por ciento. Asimismo, las transferencias de terrenos a los Serviu son muy importantes. Por ejemplo, entre 2006 y 2009 se transfirieron 18.6 hectáreas a los Serviu de las distintas regiones, y entre 2010 y 2013, 71.3 hectáreas, multiplicando por cuatro la superficie que se ha transferido para el desarrollo de viviendas sociales. Además, hay un plan en desarrollo con expedientes que están en proceso de tramitación por más de cien hectáreas para ser transferidas a los Serviu. Es decir, no solo hubo un aumento significativo en la transferencia durante estos cuatro años, sino que también hay un plan para que esto continúe en el futuro. En la imagen se aprecia la superficie por transferir, a saber, 10 hectáreas en Arica, 3 en Tarapacá, 42 en Antofagasta, 43 en Atacama, 29 en Valparaíso, 9 en La Araucanía, 4 en Los Ríos y 28 en Aysén. Por lo tanto, debiera ser una política permanente en el futuro el hecho de que el Ministerio de Bienes Nacionales aportara a los Serviu los terrenos necesarios para el desarrollo de viviendas sociales, porque con eso también se logran desarrollos integrados socialmente, se contribuye a la erradicación de campamentos y ha constituido una herramienta muy importante para la reconstrucción del país. Un caso muy relevante se dio en La Chimba Baja, donde se hizo una macrourbanización de 95 hectáreas, territorios que fueron recuperados de desarrollos industriales. De esas 95 hectáreas, 11 ya fueron transferidas al Serviu de la región, 9 están en proceso de transferencia y 14 se destinarán para el plan de licitaciones 2014. O sea, queremos desarrollos integrados en que se combinen viviendas sociales y de sectores medios o emergentes. Este caso es un muy buen ejemplo de eso. Asimismo, tenemos el ejemplo de Llanos de la Candelaria , en Copiapó. Es el terreno más importante de dicha ciudad. Se están transfiriendo al Serviu regional 32 hectáreas para su macrourbanización, en las que se podrían instalar más de mil viviendas sociales. Ese gran terreno urbano disponible actualmente será transferido al Serviu, lo que obviamente se está haciendo con un desarrollo que contempla áreas verdes y equipamiento. Sin duda, tiene un tremendo valor para la región. En el caso de Tongoy, hay 5 hectáreas de viviendas sociales. En la imagen se pueden apreciar algunas zonas de color rosado, que corresponden a territorios donde hoy existen viviendas sociales. Además, se están licitando otras 5 hectáreas, que aparecen en la imagen en colores verde y calipso, y se reservan diez hectáreas para el Serviu regional. Insisto, queremos tener desarrollos integrales de viviendas y no solo concentración de viviendas sociales. Por eso, es importante considerar ambos temas. En la Región Metropolitana tenemos el terreno de Las Lomas I y II, en el cual se acaba de construir un gran conjunto habitacional de viviendas sociales. En el caso de Las Lomas II, que comprende un terreno de 3.2 hectáreas en una ubicación extraordinaria, está por iniciarse muy pronto la construcción. A su vez, el terreno denominado Juan Pablo II también está en proceso de transferencia. Asimismo, tenemos 1.1 hectáreas para doscientas familias en un terreno en la comuna de San Joaquín, donde se recibirán allegados. Allí caben más de doscientas viviendas sociales, las cuales serán transferidas. Además, en la comuna de La Cisterna existe un terreno en el cual hay una gran posibilidad de desarrollar áreas verdes, junto con la construcción de viviendas sociales. Finalmente, este plan de licitaciones no implica descuidar la vocación social del Ministerio de Bienes Nacionales, pues hay más de cien hectáreas que están en proceso de transferencia a los Serviu. También, con el objeto de que se lleven a cabo desarrollos integrales de viviendas, se reservan grandes extensiones de terrenos, como ocurre en el caso de Playa Blanca y en otros lugares. Por lo tanto, con ello estamos contribuyendo al desarrollo integral, considerando, además, de disponer terrenos para la construcción de viviendas, poner en valor el territorio para desarrollos industriales, lo cual es muy necesario en el norte del país; para energías renovables no convencionales y de base, y para el cuidado del patrimonio turístico y arquitectónico de nuestro país. Es un plan integral y no una decisión de último minuto, pues se había anunciado con mucha anticipación. Cuando se anunció el Plan 2013, también se señaló que vendría un nuevo plan de licitación en 2014. Muchas gracias. He dicho. El señor DELMASTRO ( Vicepresidente ).- Agradezco al ministro Rodrigo Pérez por la extensa y completa información que ha entregado. Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente , esta es una muy mala noticia. En este proyecto, tenemos una discrepancia de fondo con el ministro y el Gobierno. Es un error garrafal, de fondo, para los graves problemas que tiene Chile en materia de suelos, para la resolución del problema de vivienda social y para la propuesta que el Gobierno declara, de palabra y por escrito, en el sentido de hacer integración social urbana. Es insuficiente el suelo para resolver esos problemas. Por ahora no está en discusión la transparencia de este proceso; tampoco, si eso se está haciendo de buena forma o no. El ministro arguye insistentemente sobre ese aspecto, pero no es el centro del problema. Nosotros hemos convocado a esta sesión especial para saber qué inspira al Gobierno a vender, por qué tanto apuro. Un gobierno al que le faltan tres meses instala un plan en el que, además, promete vender alrededor de 7.000 u 8.000 hectáreas en el 2014. Señor Presidente , no me interesa cómo se vende. En otro momento, el día de mañana, quizá le preguntemos al ministro cómo está vendiendo, a quién le está vendiendo, en cuánto; en qué lugar queda lo que está vendiendo, con exactitud, y si hay transparencia y plena honestidad en lo que está vendiendo. Esa no es la discusión de este instante. Le digo al señor ministro , por intermedio del señor Presidente , que queremos plantearle que la razón de cuidar el suelo fiscal es la necesidad de Chile. El suelo es un bien escaso; la necesidad de cuidarlo está definida hasta en las encíclicas papales desde hace más de cuarenta años. Hay países en cuyas ciudades ni siquiera hay propiedades de suelos. Son dadas en concesión o arriendo. Aquí, en cambio, nos damos el lujo de vender el suelo del Estado. Es completamente contradictorio. Señor Presidente , el señor ministro ha hecho una abundante exposición de 42 minutos, donde ha contado un conjunto de cosas que acompañan a su presentación, que son colaterales a la decisión. Me parece bien que se refiera a determinadas materias como las que alcanzó a exponer al final; pero eso no obliga a que tenga que vender los terrenos del fisco. Son cosas diferentes. Señor Presidente , por su intermedio, le digo al señor ministro que puede hacer las cosas buenas que está contando y guardar el patrimonio fiscal para realizar los grandes planes y programas que este Gobierno manifestó que quería hacer en materia de inclusión social, oportunidad en la cual declaró por escrito que no había suelos. Señor ministro , el suelo es escaso, es irrepetible. El suelo que hay es la tierra y no la vuelve a encontrar. El suelo es indispensable; es factor determinante de la inclusión social urbana o de la segregación. El señor ministro dice: “No queremos hacer más guetos”. Nadie los quiere hacer. Hemos hecho guetos durante los últimos ochenta años en la política habitacional, porque decíamos: “Queremos sacar a los pobres del barro, de los campamentos, de las callampas. Entonces, que se pongan donde haya lugar, aunque sea en los márgenes de las ciudades, como fuera”. Y, por supuesto, hemos generado guetos. Entonces, señor ministro -por su intermedio, señor Presidente -, necesitamos más suelo urbano y no suelo marginal. No venda ni un centímetro cuadrado de terreno para poder tener vivienda. Si usted quiere que no haya gueto, y así lo declara, lo que tiene que hacer es cuidar el bien fiscal. ¿Quiere que le diga quién lo dice? La política de desarrollo urbano que usted firmó conmigo. Ella señala que en materia de política de suelo hay que evitar situaciones de segregación. Necesitamos cuidar y valorar la función social del suelo. Mire lo que dice el punto 1.5.3 de la Política Nacional de Desarrollo Urbano -señor Presidente , no estoy inventando, haciendo politiquería; no estamos en elecciones; ya pasaron-, documento que firmamos en el Salón O´Higgins con el Presidente , hace poquito: “…propiciar la disponibilidad de terrenos subutilizados de propiedad fiscal o de entidades relacionadas con el Estado. Lo anterior implica manejar catastros integrados de terrenos, para que el Estado pueda hacer viviendas- y generar un modelo de gestión de suelos públicos”, a favor de la inclusión social urbana. Agrega: “En materia de política de suelo se propone valorar su función social”. En el punto 1.5.2 dice: “Establecer medidas que propicien la utilización del suelo disponible o subutilizado al interior de las ciudades cuando este tenga atributos adecuados para proyectos de integración social urbana, especialmente en ciudades o sectores con altos grados de segregación social”. Eso significa que si el Estado tiene esta oportunidad no puede dejar de lado ese terreno y decirle a los privados: “Aquí se lo entrego a usted para que haga el negocio que le parezca conveniente”. El señor ministro dice que son 7.000 hectáreas de desierto para energías eólica y fotovoltaica. Está bien; pero destinará solamente 70 hectáreas al Serviu y ahí salen a la venta 270 hectáreas de valor habitacional; 2.700.000 metros cuadrados destinados a habitación, y otros tantos destinado al sector rural, donde, a lo mejor, fuera del límite urbano, se pueden hacer, a través del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cosas distintas que también son para evitar guetos urbanos y hacer inclusión. Treinta y cinco más siete igual 42, en Iquique; 45 en Arica; 120.000 metros cuadrados en Coquimbo; 140.000 metros cuadrados en Antofagasta; 420.000 metros cuadrados en Iquique. Señor Presidente , con esto, francamente, hacemos que el Estado tenga menos posibilidades de crear proyectos para resolver el problema de segregación y hacer más inclusión social. El señor ministro dice: “Estos son para proyectos…”. No, señor Presidente , yo le pido al ministro que no confunda sus buenos deseos. No le atribuyo a él nada personal o de mala intención. Creo que tiene una mirada equivocada para resolver el problema de inclusión social. Es un lenguaje nuevo en el mundo y en gobiernos del tipo del actual, en que participa el ministro . Estimo que pueda no entenderlo; pero aquí no me basta con que me diga que saca a remate y manda a la venta un terreno que tiene potencial habitacional para entregárselo a un grupo empresarial. Sabe, señor Presidente , el señor ministro no nos ha dicho acá que él tiene un documento de garantía; que el que va al remate se lleva el terreno asociado a un proyecto de arquitectura y a un proyecto de gestión, como asimismo a algún tipo de subsidio, y que, por lo tanto, va a asegurarme la inclusión social. ¡No lo hace! Está sacando a la venta el terreno. Entonces, cada cual lo hará según el precio y lo que le rinda el negocio. Pero no está haciendo proyectos de venta condicionada, donde yo le diría que es distinto. No está en las bases de la licitación el hecho de que yo tenga que decir: “Mire, le aseguro que voy a hacer un proyecto de tales y cuales características”. ¿Cuál es la asociación que tiene esto con la Política Nacional de Desarrollo Urbano? Por el contrario, el señor ministro está incurriendo en una contradicción con dicha política, y está lejos de la integración que en ella se propone, firmada por él y el Presidente de la República . Está definido en la Política Nacional de Desarrollo Urbano que la mayoría de las grandes ciudades presentan alto grado de desigualdad. Tenemos cerca de un millón setecientas mil personas que viven en guetos. Todos somos responsables, en la historia del siglo XX, de haber generado guetos urbanos. Señor Presidente , por su intermedio le digo al ministro : esto no es culpa de usted o del Presidente Piñera . La historia de Chile en materia de política habitacional ha producido guetos y segregación urbana. Pero eso no significa que usted va a resolver el problema como en el chiste del sillón de don Otto, vendiendo los terrenos para que no se sigan produciendo problemas. Usted, ahora, debe tener más terreno, no menos. El suelo está estrechamente ligado a la política habitacional. Para la vivienda habitacional, la provisión de suelo es indispensable; si no, es fuente de abuso tributario, ahoga los programas habitaciones. Al Gran Santiago le quedan menos de 2.000 hectáreas. Hay 1.893 hectáreas disponibles. El precio del suelo en Antofagasta es de 5 unidades de fomento el metro cuadrado, en Iquique, igual. Se necesitan precios máximos de 2,8 UF el metro cuadrado, en el caso de vivienda en altura, y de 0,60 UF para viviendas sociales. De lo contrario, no se podrán hacer. Ésta es una muy mala idea. El Estado tendría que asegurar tener la mayor cantidad de terrenos para asociarlos a proyectos. Así, podría resolver el problema de los 50.000 papeles que entregaron como subsidios, porque los asociaría a proyectos. ¡Lo tiene en la mano, señor ministro ! ¡Puede tomar estos terrenos para resolver el problema de los subsidios que acaban de entregar! He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira. La señora NOGUEIRA (doña Claudia).- Señor Presidente , comparto varias de las apreciaciones del diputado Hales , principalmente las relacionadas con el gran avance que significó el lanzamiento, por el Presidente de la República -tras convocar a veintiocho expertos en la materia- de esta gran Política Nacional de Desarrollo Urbano, cuyos cuatro ejes principales son: sustentabilidad ambiental, identidad y patrimonio, desarrollo económico y, por cierto, integración social como eje rector para el desarrollo de las ciudades donde queremos vivir con gran inclusión social. Ambos participamos en un seminario de la Universidad Católica, donde buscábamos promover la integración social urbana. Nuestro Gobierno ha dado un ejemplo al introducir la integración social como un eje rector, concepto que ha plasmado en un instrumento, en un decreto, de esta política de desarrollo urbano. Por cierto que comparto las aprensiones del diputado señor Hales en cuanto a que tenemos una carencia de suelo importante y una necesidad habitacional integrada e inclusiva que nos ha costado muchísimo satisfacer. Hemos arrastrado por muchos años una política habitacional que no ha ido en esa dirección. Sin embargo, durante este Gobierno ha habido grandes avances en esta dirección, como son las políticas de arriendo, los llamados a subsidios habitacionales en proyectos integrados y la modificación del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1959, que premia los proyectos inmobiliarios que se desarrollen en torno a redes de transporte público. En fin, ha habido varias iniciativas que apuntan a la integración urbana. En este caso particular, a través de una exposición tremendamente clara hemos visto lo que está haciendo el ministerio. Comparto que podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Es decir, podemos hablar de integración urbana y de desarrollo económico al mismo tiempo, tal cual como lo hemos visto en la política de desarrollo urbano, promulgada hace poco por el Presidente de la República y avalada por destacados miembros, como el diputado Hales y otro colegas, amén de destacados profesionales del área del urbanismo. Durante el debate ha habido varias imprecisiones, algunas por desinformación y otras que tienen cierta visión ideologizada. La propiedad fiscal alcanza a cerca del 50 por ciento del territorio de Chile, alrededor de 38 millones de hectáreas, y el Ministerio de Bienes Nacionales no puede gestionar territorio pensando sólo en dar solución a las necesidades habitacionales, por importantes y prioritarias que sean, porque no son el único problema del cual el Estado debe hacerse cargo. Por eso, hemos avanzado en paralelo y junto con coordinarnos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de disponer de inmuebles fiscales para contribuir a las políticas habitacionales para familias vulnerables, hemos gestionado territorio buscando poner la propiedad fiscal al servicio del país, usándola de manera sustentable como un motor de desarrollo social, cultural y económico. El rol del Ministerio de Bienes Nacionales es especialmente importante en las regiones donde el Fisco tiene casi el monopolio del suelo. Por eso, lo que haga o no haga esta Cartera en su calidad de administradora del territorio fiscal afecta significativamente el desarrollo de las regiones. En tal virtud, este ministerio tiene el deber de gestionar la tierra de todos los chilenos. No puede ni debe quedarse de brazos cruzados, ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Los principales ejes de la gestión del territorio fiscal son: conservación, turismo y patrimonio; habitacional y equipamiento; astronomía; energía, industrial y productivo. Por otra parte, el plan de licitaciones es solo uno de los múltiples instrumentos de gestión del territorio. Otros instrumentos de gestión son, por ejemplo, arriendos, servidumbres, destinaciones a organismos públicos, afectaciones, desafectaciones, ventas y concesiones directas, entre otros. El plan de licitaciones no es un invento de esta Administración. Lo ha habido en otras administraciones. Durante el gobierno del Presidente Lagos, por ejemplo, el ministro Ravinet creó un plan de licitaciones de más de 160 mil hectáreas. No se entiende por qué ahora la Oposición se escandaliza por la decisión de vender tan solo 7 mil hectáreas. Resulta al menos curioso. El mérito de este Gobierno ha sido transformar el plan de licitaciones en el instrumento por excelencia para acceder a la propiedad fiscal. Este instrumento de gestión, las licitaciones, es el que mejor asegura transparencia en la disposición de la propiedad fiscal y permite igualdad de oportunidades para acceder a ella. Del total de ingresos por ventas, los provenientes de licitaciones han pasado de 15 por ciento, en 2010, a 68 por ciento, en 2013, lo que es una muy buena noticia para el país. La superficie que se ofrece en venta es estadísticamente poco significativa si se considera la superficie total de hectáreas fiscales (7 mil, en un universo de 38 millones de hectáreas). En cuanto a hectáreas netas vendidas, es decir, licitaciones y ventas directas, en esta Administración se ha vendido menos que en gobiernos anteriores; en promedio, 7 mil hectáreas anuales contra 15 mil hectáreas anuales del gobierno de la ahora Presidenta electa Michelle Bachelet . Lo que ocurre es que ahora se privilegia la licitación y existe difusión, transparencia y publicidad, lo que permite a la ciudadanía y a la Cámara de Diputados enterarse oportunamente. No se entiende, entonces, la crítica de algunos, por cierto injusta, en cuanto a que estaríamos privatizando el país. El objetivo del plan de licitaciones de este Gobierno es viabilizar emprendimientos turísticos, energéticos, agrícolas, habitacionales y de conservación del patrimonio natural y arquitectónico, entre otros. Con este plan se busca contribuir al desarrollo integral del país. Múltiples emprendimientos ya están viendo la luz en terrenos fiscales que hemos licitado desde Arica a Magallanes. Se licitan propiedades grandes y chicas, para distintos tipos de bolsillos, de vocaciones de uso muy variadas y en todas las regiones del país. Los inmuebles son propuestos por las regiones, por lo que existe un avance en descentralización, lo que es muy reclamado por muchos. Cabe destacar que más del 95 por ciento de las hectáreas ofrecidas son rurales, no aptas para vivienda. Por lo mismo, no se entiende la crítica de que el plan de licitaciones se centra en inmuebles que podrían ser útiles para familias de campamentos, como muchos -no digo usted, diputado señor Hales , por su intermedio, señor Presidente - han planteado en algún medio de comunicación. El referido plan de licitaciones no ha implicado descuidar el aporte que hace el Ministerio de Bienes Nacionales a las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ni tampoco su vocación social, que tan brillantemente le ha impuesto este Gobierno, en especial el Presidente Piñera , y sus otros instrumentos de gestión. En cuanto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los inmuebles que requiere esta Cartera para fines habitacionales se le transfieren directamente, sin pasar por procesos licitatorios que están previstos para regular el necesario acceso a los inmuebles fiscales que deben tener los privados para la ejecución de proyectos que redundan en beneficio del país. Los terrenos transferidos durante esta Administración o en proceso de transferencia para estos fines suman más de dos millones de metros cuadrados. En cuanto a vocación social, durante esta Administración se entregarán más de 60 mil títulos de dominio, … La señora PASCAL (doña Denise).- Títulos de dominio, pero sin terreno. La señora NOGUIERA (doña Claudia).- …un 40 por ciento más que en la Administración anterior, -señor Presidente , por su intermedio, un subsidio no es lo mismo que un título de dominio, diputada Pascal-, lo que constituye una cifra sin precedentes en los 83 años de historia del Ministerio de Vivienda. En cuanto a otros instrumentos de gestión, los tiempos de tramitación han sido sustancialmente cortos durante este Gobierno. Por ejemplo, los tiempos promedio de arriendo han bajado de 18,3 meses a 5,3, y los de ventas, de 38,5 meses a 12. Por último, el acceso a áreas verdes, sin duda, contribuye a la calidad de vida y del entorno de las familias. El nuevo programa de parques urbanos del Minvu, que apoya la conservación de parques, permitirá también mejorar la equidad de nuestras ciudades. Como se puede ver, se han realizado acciones concretas y profundas en la línea de fomentar la inclusión social en nuestro país. Por lo tanto, invito a todos -y agradezco al señor ministro - a seguir trabajando, con la convicción de que el único modelo de sociedad libre que se sostiene en el tiempo es aquel que promueve la inclusión social de todos los ciudadanos. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente , en primer lugar, saludo al señor ministro , al señor Contralor, al señor subsecretario de Bienes Nacionales y al señor intendente subrogante de la Región de Coquimbo , Juan Francisco García . Quiero referirme a la implicancia de estas concesiones en los precios de los terrenos para la construcción de viviendas sociales. Algo señaló al comienzo la diputada Denise Pascal . Curiosamente, reuniendo el ministro la doble condición de ministro de Vivienda y de Bienes Nacionales, debo decir que existe un déficit muy importante de terrenos para construir viviendas sociales, muchos de los cuales son de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales. Nuestro intendente subrogante, como gobernador de la provincia de Elqui, conoce, por ejemplo, la realidad de Tongoy, donde asistimos juntos a la entrega de 156 subsidios de viviendas sociales. El comité Nueva Esperanza, que tiene esos 156 subsidios, hoy no tiene terrenos para construir las viviendas y los subsidios vencían a mediados del presente año. Hemos hecho las gestiones con los seremis de Vivienda y de Bienes Nacionales y vemos que esto se repite en todo Chile. Pongo el ejemplo de Tongoy, que es muy concreto. Tenemos un terreno de 3,5 hectáreas, de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales. Está avaluado por dicho Ministerio, como le consta al intendente, en 438 millones de pesos. El subsidio es de 530 unidades de fomento, más 10 unidades de fomento de abono que aporta cada familia. Si sólo el dinero de los subsidios se destina a la compra del terreno, significa 122 unidades de fomento por familia, solamente para el terreno. Eso significa que solo queda el remanente de 418 unidades de fomento para las viviendas propiamente tales, para el proyecto del loteo, y ni hablar de equipamiento, áreas verdes y otras mejoras que se puedan introducir en el proyecto. Es decir, no existen los recursos generados por el propio ministerio para hacer viable ese subsidio habitacional en un proyecto concreto. Por eso, estimamos esa realidad en cincuenta mil familias a lo largo de Chile, pero vamos a tener la información más clara tras el acuerdo a que llegamos con el Gobierno en la tramitación de la Ley de Presupuestos, para tener ese catastro definitivo, confeccionado por un panel de expertos, el 28 de febrero. Entonces vamos a saber cuántas familias son a nivel nacional. Como abogado, no tengo elementos para cuestionar la legalidad de ese proceso. Puede ser que sea perfectamente legal. Lo que cuestiono, al menos, por los antecedentes que tengo, es la política que está detrás de estos procesos de enajenación a través de estas licitaciones. Por ejemplo, éstas contemplan los terrenos de lo que antes era el hipódromo de Peñuelas, en Coquimbo, que son 4,6 hectáreas, los que pueden tener un valor inmobiliario muy importante. Pero faltan terrenos para construir viviendas sociales, que -por su intermedio, señor Presidente - son de su ministerio, señor ministro , pero que usted no puede comprarlos a sí mismo para construir casas a la gente a la cual usted le ha entregado subsidios. Entonces, tenemos un problema, el cual se va a transmitir al próximo gobierno. En Ovalle hay un terreno de Bienes Nacionales que se está adquiriendo por parte del Ministerio de Salud para construir un hospital. Son 77 hectáreas. Ahí se podrían solucionar todos los problemas de vivienda de Ovalle. Se lo planteamos en una oportunidad. Pero pasa lo mismo. El Ministerio de Vivienda no cuenta con los recursos para comprar al Ministerio de Bienes Nacionales, porque los terrenos están tasados con un valor de mercado y no hay una política habitacional que determine cómo solucionar el problema habitacional con los mismos terrenos de Bienes Nacionales. No se trata de salir al mercado y ver quién puede poner mayores recursos para contribuir al Gobierno; por otra parte, nos interesa que este cumpla con un fin social y entregue políticas de vivienda. Creemos que a través de este proceso se está subiendo el valor de los terrenos para construir viviendas sociales. Ese es nuestro mayor cuestionamiento, por lo cual le pido al señor ministro que se refiera a eso. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , el 3 de diciembre recién pasado el ministro Pérez se reunió con empresarios y potenciales compradores en el Hotel Sheraton de Santiago para informar de este proceso de venta de inmuebles, a fin de mejorar la gestión del patrimonio fiscal y ponerlo a disposición del desarrollo del país, según se lee en el comunicado. Sumándome a las palabras del diputado Hales , uno debería presumir la buena fe. En derecho, la buena fe se presume. Pero llama poderosamente la atención que, a meses de entregar un gobierno, luego de una derrota electoral, un gobierno que termina su mandato formula esta política de venta de inmuebles a lo largo de todo el país, la cual de ninguna manera se proyectó antes, sino que sólo se enumeraron algunas posibilidades de venta de terrenos. Aquí tenemos algo -lo digo con mucho respeto- que me recuerda la venta de las empresas Corfo en 1988 y 1989, que terminaron en manos de los que conocemos, concentradas en determinados poderosos que tenían información privilegiada y que enriquecieron a los que sabemos. Señor Presidente , por su intermedio: señor ministro , ¿cuál es el apuro, la necesidad, el frenesí de venta de terrenos? ¿Dónde está el componente social? Usted ha señalado que los fines de la licitación son para una vocación social, que se va a recaudar dinero para el Estado. ¿Pero dónde están las bases de licitación, en que la destinación del proyecto mediante el cual usted vende determinado terreno vaya acompañada de proyectos sociales? Cuando usted está vendiendo terrenos de tanta valía como Playa Blanca, en Iquique, ¿quién lo va a comprar? Grandes empresas inmobiliarias. Para no especular, porque tengo poco tiempo para plantearlo, le señalaré específicamente el caso de Valdivia, comuna que represento, donde ustedes están vendiendo inmuebles al mejor postor, porque van a comprarlos las empresas inmobiliarias y los grandes oferentes: departamento N° 401-B, del edificio Prales ; sitio en avenida Pedro Montt N° 945; sitio en avenida Ramón Picarte N° 837; calle del Castillo N° 870, sitio N° 2, de Niebla; predio Santa Rosa , Hijuela N° 3-B, sector Las Ánimas. ¿Dónde está la vocación social? ¿Dónde están las bases de licitación -las he revisado- que vayan aparejadas con un proyecto social con la venta de ese terreno, con una solución habitacional para evitar la segregación urbana? Señor Rodrigo Pérez , por intermedio del señor Presidente , usted es hoy el ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales. A su antecesora, la ministra Catalina Parot Donoso , le oficié respecto de una petición del comité de vivienda La Ilusión, hijos y fundadores de las poblaciones obreras de la Isla Teja, para adquirir un terreno del Ministerio de Bienes Nacionales ubicado donde estaba la antigua cárcel, uno de los más codiciados de Valdivia. Mediante el oficio del 28 de mayo de 2012, me respondió textualmente: Es importante destacar que, a raíz de modificaciones introducidas al reglamento del programa Fondo Solidario de Vivienda y a dictamen de la Contraloría General de la República, por oficio ordinario N° 709 del 27 de septiembre del año 2010, esta Ministra de Bienes Nacionales impartió instrucciones sobre la venta de terrenos fiscales para la ejecución de proyectos habitacionales del Fondo Solidario de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En este instructivo se hace presente que la asignación de terrenos fiscales para proyectos habitacionales de vivienda será a título oneroso, a través de la venta y la postulación que debe ser formulada por el Director Regional del Serviu respectivo. El referido Servicio ha manifestado a nuestra Seremi que es absolutamente viable la alternativa planteada de adquirir 5.000 m2 de superficie para dar solución habitacional a las familias que conforman el Comité de Vivienda La Ilusión. Firmado, Catalina Parot Donoso , ministra de Bienes Nacionales . Esta venta al mejor postor de los inmuebles fiscales que ustedes están ofreciendo produce una asimetría de información que favorece a empresas inmobiliarias, a proyectos hoteleros o a especuladores, para decirlo derechamente. ¿Cómo explican esta situación a las personas que integran los comités, quienes necesitan viviendas sociales para vivir? La respuesta la da su antecesora en ese oficio relacionado con un caso concreto de la ciudad de Valdivia, lo que se repite en muchos otros lugares. Señor Presidente , por su intermedio, le solicito al señor contralor que nos informe si este proceso será sometido a la toma de razón, ya que nos señaló que solo serán sometidos a la toma de razón las enajenaciones que impliquen más de 5 mil unidades tributarias mensuales. En consecuencia, ¿quién velará por la legalidad de esos actos? ¿Qué ocurre con el resto de los predios? ¿Van a estar exentos? Usted señaló que las seremías y las direcciones regionales estarán al tanto de esos procesos, pero le quiero decir, ministro , por intermedio del señor Presidente , que un gobierno que está a tres meses de terminar su mandato y después de haber sido estrepitosamente derrotado en las urnas no puede hacer este tipo de ofertas a lo largo de Chile, ya que es un atentado a la integridad del país, a la reserva de bienes para el desarrollo inmobiliario destinado a fines sociales y habitacionales, sobre todo cuando existe una carencia de suelos. Además, no solo estamos frente a la situación de su ministerio, sino también al de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la que ha llamado a licitación para la venta directa de distintos lotes de su propiedad. Aquí están las publicaciones. Repito, realmente no entiendo este ofertón de inmuebles a través del país a tres meses de terminar el mandato de este Gobierno. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente , la gran tarea que desarrolla el Ministerio de Bienes Nacionales y su importancia estratégica territorial han motivado esta sesión. Agradecemos la información entregada por el ministro , que está en línea gracias a las técnicas de la información y de las comunicaciones. Me interesa cómo se vende. ¿Se concesiona y se licita los inmuebles fiscales, ya que en ese espacio de gestión se aplican los diferentes acentos políticos, mercantilistas o integrales? Por eso, señor Presidente , he querido intervenir en esta sesión, porque estoy segura de que la mirada de un país sustentable pasa por una visión multidisciplinaria, en la cual convergen las dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales. Cada una de ellas profundiza el desarrollo humano. El Ministerio de Bienes Nacionales, que debe proteger el patrimonio fiscal de todos los chilenos y de todas las chilenas, debe reconocer, administrar y gestionar el territorio fiscal, además de regularizar las pequeñas propiedades, actualizar los catastros gráficos de los terrenos fiscales, tomando en consideración el valor del patrimonio natural e histórico de nuestro país. Señor Presidente, quiero poner el acento de mi intervención en el eje turístico y patrimonial. Hemos detectado la falta de preocupación sobre una donación de miles de hectáreas en la Región Metropolitana, en el Cajón del Maipo, específicamente. El diario La Tercera, del 21 de octubre del presente año, publicó un artículo relativo a la creación futura de un “Parque de Montaña” sobre los extensos terrenos fiscales que se emplazan en la comuna de San José de Maipo, específicamente en la cuenca del Río Colorado, y particularmente en la subcuenca del sector Río Olivares. El terreno objeto de la denuncia del artículo citado no es solo parte del Cajón del Maipo, sino que va más allá, ya que hacia el norte limita con la Región de Valparaíso, con los glaciares Olivares y Juncal Sur ; por el este, con la República Argentina; por el sur, con el Río Colorado, por el oeste, con el límite comunal de Lo Barnechea. Hablamos de 69 mil hectáreas.” No suena mal ni llama la atención destinar una extensión de esa envergadura para hacer deportes al aire libre y que sirva de distracción para los chilenas, pero parece excesivo que los bienes fiscales ubicados en zonas de suelos escasos para la construcción de inmuebles sean entregados con el único propósito de establecer un Parque de Montaña y que su administración se concesione en favor de los municipios cordilleranos. En la actualidad, de esas 69 mil hectáreas, 31 mil están en poder del Ejército, pero pronto serán devueltas al fisco de Chile, mientras que el resto de ellas ya está en su poder. Y es el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el que tiene que preocuparse de esos bienes. El otro llamado de atención que formularé es sobre el centro de detención y tortura de Tejas Verdes. También es responsabilidad del Estado y de Bienes Nacionales que cautelen su catastro y tampoco se han preocupado de construir un memorial en ese lugar. Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, llamo la atención del ministro para que se preocupen de ese inmueble y para que construyan un memorial que refuerce esa mirada integral de la que estamos hablando. He dicho. El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín. El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero dar la bienvenida al ministro , al subsecretario, al intendente y al contralor general de la República . Es bueno contar con la presencia del contralor, para señalarle que sería interesante que revisara los concursos que está haciendo el Ministerio de Bienes Nacionales del tercer nivel jerárquico, respecto de los cuales sabemos que se han producido muchas irregularidades, algo similar a lo que sucede en otros servicios públicos. De hecho, torciendo la ley se han hecho algunos nombramientos de suplencia de planta por un día para que personas puedan cumplir con los requisitos para poder postular a cargos. Sería bueno que el contralor aprovechara de hacer una auditoría a los concursos que está llevando a cabo la Secretaría de Bienes Nacionales, que son bastante irregulares, para tratar de dejar apitutada a su gente y no con el fin de mejorar la calidad del servicio. Por otra parte, es absolutamente clara la intención de licitar que ha tenido este Gobierno, algo que a simple vista puede parecer muy plausible, pero que esconde otra intención. Un informe del Ministerio de Bienes Nacionales señala que el año 2010, el 15 por ciento de las enajenaciones se realizaban vía licitaciones, y el 85 por ciento, vía venta directa. En 2011, las licitaciones aumentaron a 58 por ciento a 42 por ciento la venta directa; el 2012, a un 69 por ciento las licitaciones y a un 31 por ciento la venta directa. Para 2013, se estima que el 75 por ciento sea vía licitación y el 25 por ciento a través de la venta directa. Lo anterior puede parecer una muy buena gestión, transparente, plausible, pero, a mi juicio, se aleja de una de las misiones que tiene el ministerio publicada en su propia página web, donde señala: Todo lo anterior, en el marco de una gestión que favorezca la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres y, especialmente, a las personas de mayor vulnerabilidad, a través de la entrega de servicios eficientes, transparentes, ágiles, oportunos y en continuo mejoramiento. ¿Estamos realmente resguardando el rol social que debe tener la propiedad fiscal? ¿Estamos resguardando el rol que debe cumplir ese ministerio para que los inmuebles de propiedad fiscal verdaderamente estén a disposición de una estrategia de desarrollo no solo económico, sino que también social y cultural de nuestro país? ¿O lo que ha hecho este Gobierno es creerse dueño -no el Estado, sino el Gobierno- de esos inmuebles y transformar al Ministerio de Bienes Nacionales en una inmobiliaria para poner esos terrenos no a disposición de un proyecto de desarrollo económico y social, sino de quien tiene la chequera más grande, más recursos, más espaldas económicas, que son quienes se adjudican estas licitaciones en función del precio para poder hacer negocios con esto? La propiedad fiscal en función del lucro inmobiliario. El lucro con terrenos que hoy son de todos los chilenos. Eso es lo que hoy está generando el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Dónde están los proyectos concretos detrás de cada licitación? ¿Dónde está el apoyo -lo señaló el diputado Matías Walker - en orden a poner a disposición, vía venta directa y a un precio razonable esos inmuebles fiscales para que los comités de vivienda -muchos tienen el subsidio que el mismo ministro les entregó y que hoy no les sirve para nada- puedan desarrollar sus proyectos? ¡No están! ¿Se están licitando esos paños para qué? Para que las inmobiliarias hagan lo que quieran; para que se construyan proyectos de departamentos, de casas, de condominios lujosos; proyectos industriales, proyectos de oficinas. Nadie sabe. Lo que le interesa al ministerio es decir: aquí hay una propiedad del Estado que queremos poner a disposición de ustedes para que realicen proyectos lo más lucrativos que estimen. Lo importante es que nos paguen un precio razonable. ¿Esa es la misión del Ministerio de Bienes Nacionales? ¿Esa es la función que debe cumplir la propiedad fiscal en nuestro país? Me parece que no. Pienso que el Ministerio de Bienes Nacionales ha renunciado a su misión y a sus objetivos y se ha transformado en una inmobiliaria. ¿Cuál es el sentido estratégico de esto? ¿Cuál es la función social? Nadie lo ha podido explicar. Aquí, el ministro nos hizo una larguísima exposición, y son tantos antecedentes los que debemos cotejar que hemos tomado la decisión de no presentar hay un proyecto de acuerdo porque queremos analizar en profundidad la información confusa que se nos entregó y evaluar si pedimos otra sesión especial en enero. Lamentamos que por un asunto de tiempo no podamos tener una comisión investigadora, pero no descartamos presentar una acusación constitucional en marzo, en la próxima legislatura. Es algo que hemos considerado, y la decisión la tomaremos una vez que estudiemos en detalle la confusa información que hoy se nos ha entregado. Por eso -insisto- no presentaremos un proyecto de acuerdo en esta sesión. Y también por eso queremos decir que no dejaremos que se disponga del patrimonio, que es de todos los chilenos, como si fuera propiedad del ministro, del subsecretario o del Presidente de la República. He dicho. El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Norambuena. El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente , escuché atentamente la exposición del señor ministro de Bienes Nacionales , y quiero felicitarlo. Y lo quiero felicitar, porque algunos colegas, como el diputado Hales , manifestaron que esta era una muy mala noticia. Yo les quiero decir que esta es una muy buena noticia. Y también quiero felicitar al Gobierno y -de nuevo- al ministro , a todos quienes han participado en una política de licitaciones absolutamente transparente. Aquí se ha querido sembrar un poco la duda. Se ha expresado que no se tiene ningún inconveniente con las personas, que no pueden desconfiar, que hay que pensar de buena fe; pero, en el fondo, se han dado argumentos para tratar de demostrar que habría algo irregular en todo esto. Por eso, es muy importante, aun cuando algunos critican que el señor ministro se haya extendido 41 minutos en su exposición, ya que fue muy completa, para que no quede ninguna duda en esta materia. Y que la diputada de enfrente no levante los brazos. Porque les duele cuando les dicen la verdad. ¡Hasta cuándo! Pensemos en Chile, en las personas que no tienen terreno, en la gente que está esperando la posibilidad de construir viviendas sociales, en los comités de vivienda que estuvieron doce, catorce y quince años esperando para poder construir sus viviendas. Pensemos en todos ellos. Aquí se difunde información, se trata de argumentar de cierta manera sin considerar los antecedentes que tenemos sobre este tipo de licitaciones. ¿Qué dijeron los señores Chahín, quien se encuentra aquí presente y habla muy bien, y Hales cuando el año 2001 el Gobierno de la Concertación también licitó terrenos fiscales? ¿Y qué dijeron ellos cuando el 2004 también se licitaron terrenos de propiedad fiscal y en cantidades mucho mayores? Todos estaban callados. ¿O en ese tiempo no había que cuidar los terrenos que son de todos los chilenos? Entonces, el tono poético del señor Hales -porque al hablar es todo un poeta- desapareció en esa época. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. Pero hoy es muy bonito hablar de esa manera para tratar de culpar a un gobierno que ha hecho las cosas en forma transparente, a un gobierno que ha anunciado un plan y una política de licitaciones, pero, para claridad de todos, no en los últimos tres meses que le quedan. Dicho plan se había anunciado con mucha antelación. Por lo tanto, se trata de hacer creer a los demás y a quienes hoy ven y escuchan esta sesión algo absolutamente falso. Entonces, es importante despejar las dudas. Ahora, la diferencia con las licitaciones realizadas en los gobiernos de la Concertación es que hoy existe transparencia. ¿Dónde quedó el rol social cuando ellos licitaron terrenos en esos años? ¿Por qué hoy hablan del rol social, en circunstancias de que todos tenemos la intención y el deseo de que esos territorios puedan ser ocupados de la mejor manera? Represento a un distrito ubicado en una región en la que hay zonas con mucha carencia de terrenos, como Lota y las comunas de la provincia de Arauco, y soy testigo de que en la Región del Biobío el gobierno, a través de los ministerios de Bienes Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, ha llevado adelante acciones absolutamente coordinadas para enfrentar los desa-fíos futuros en materia habitacional, que es el objetivo que tenemos todos. Todos queremos que se desarrollen proyectos de construcción de viviendas sociales para aquellos que no tienen casa propia. Pero, ¿por qué oponerse al desarrollo futuro de actividades productivas en distintos lugares del país? ¿Por qué el afán de proteger un terreno actualmente inservible en circunstancias de que podría dársele un destino de mayor utilidad? Respecto de la descentralización y de la generación de más recursos para las regiones, el ministro de Bienes Nacionales ha dicho, en forma explícita, que el 65 por ciento de los recursos que se obtengan por la venta de esos terrenos quedarán en las regiones respectivas. Sin embargo, aquí nadie ha señalado nada al respecto. El señor MONTES.- ¡Así es la ley! El señor NORAMBUENA.- Pero no lo dicen, porque les gusta el discurso propio, el que engaña a la gente. Hay que decir las cosas como son. Por lo tanto, debemos sumarnos a iniciativas como esta, a pesar de que se ha querido maquillar la crítica al plantear que este proceso se lleva a cabo cuando solo faltan tres meses para que la actual administración deje el gobierno, cuya gestión ha sido exitosa, porque, entre otras cosas, ha llevando adelante iniciativas como la que estamos analizando, con el objeto de beneficiar a distintas zonas del territorio y a muchos compatriotas. En consecuencia, reitero mis felicitaciones al Gobierno, a través del secretario de Estado que encabeza los ministerios de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, por preocuparse del desarrollo y del futuro del país. He dicho. El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , la política territorial que lleva a cabo el Ministerio de Bienes Nacionales en la Región de Tarapacá aumentará la segregación y la marginalidad, situación que graficaré de la siguiente manera. El déficit habitacional en la ciudad de Iquique es de 20.000 viviendas, que se necesitan construir para paliar la especulación inmobiliaria que allí se produce en forma permanente. Son muchos los comités de vivienda que esperan acceder a su casa propia. Por si no lo saben, les comento que en la comuna de Iquique se llevó a cabo un gran debate en relación con la aprobación del seccional de su plano regulador, con el objeto de agregar dos franjas territoriales que hoy están en venta: Bajo Playa Blanca y Alto Playa Blanca. Se trata de dos paños de 34 hectáreas, los que se venden en 71.125 UF y 318.763 UF, respectivamente. El plano regulador intercomunal costero de la Región de Tarapacá no incluía la construcción de viviendas sociales, situación que es conocida por el biministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, porque con posterioridad ordenó su inclusión. Es decir, los paños territoriales del borde costero de la Región de Tarapacá que hoy se encuentra en venta solo pueden ser adquiridos por empresas inmobiliarias o por personas con mucho dinero. Por lo tanto, esos terrenos no están disponibles para ser considerados en los llamados a licitación que se están haciendo en la Región de Tarapacá; no se encuentran considerados para satisfacer las demandas habitacionales de los comités de vivienda. En la Sala alguien planteó que se debía pensar en Chile, en aquellos que no cuentan con una vivienda propia. Sin embargo, cabe preguntarse si las 34 hectáreas de Bajo Playa Blanca y de Alto Playa Blanca, las que se están vendiendo en miles de millones de pesos, pueden ser adquiridas por comités de vivienda. ¿Se está pensando en Chile y en quienes no tienen vivienda si quienes venden esos loteos lo están haciendo en un monto tan alto de dinero? ¿En quiénes están pensando? Cuando hace algunos días exigimos una explicación respecto de esas ventas, la respuesta que se nos dio fue que esos lotes de terrenos debían ser vendidos a quienes tienen dinero. ¿Por qué? Porque ellos pueden urbanizarlos: instalar los servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad, y que con posterioridad pueden llegar los pobres. Es decir, el Ministerio de Bienes Nacionales venderá esos terrenos a los que hoy tienen mucho dinero, como las inmobiliarias, para que puedan urbanizar, y después se procederá a lotear para que puedan acceder a ellos los comités de vivienda. O sea, primero se venderá a los millonarios y después pueden llegar los pobres. Entonces, ¿dónde está el deber del Estado de urbanizar y que las viviendas sociales sean incluidas en el plano regulador intercomunal costero de Tarapacá? Ese tipo de viviendas no estaban incluidas, pero tengo entendido que el biministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales hizo una observación para corregir esa situación. Por lo tanto, la política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo aumentará la segregación y la arbitrariedad, porque para la Región de Tarapacá nunca se consideró la inclusión de los comités de vivienda en la compra de esos lotes o a las personas que se han ganado algún subsidio, a esos pobres, como se les ha llamado, que aspiran a tener una vivienda, sino a las empresas inmobiliarias, con la finalidad que estas urbanicen y luego de diez o veinte años puedan instalarse viviendas sociales. La política del Ministerio de Bienes Nacionales lo único que pretende es seguir entregando terrenos fiscales para la construcción de viviendas o condominios VIP, situación de la que estamos hartos en la ciudad de Iquique. Lo que esperamos es que a los iquiqueños de menos recursos no solo se les destinen viviendas sociales construidas en Alto Hospicio, sino que también se les otorgue el derecho a vivir en el borde costero de Iquique, porque hasta ahora los terrenos ubicados en esa franja de nuestra región solo se entregan a las empresas inmobiliarias, que son las únicas que pueden comprar, para la construcción de condominios VIP, las que se hacen multimillonarias con la venta de esos inmuebles. En consecuencia, la venta de terrenos en Tarapacá se lleva a cabo debido a una política de segregación y marginalidad, puesto que su objeto no es dar solución a los problemas de vivienda de miles y miles de iquiqueños. He dicho. El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. El señor BERTOLINO.- Señor Presidente , en primer lugar quiero saludar al biministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales, al subsecretario de Bienes Nacionales , al contralor general de la República , al intendente de la Región de Antofagasta y al gobernador de la Provincia de Elqui , quien asiste en reemplazo del intendente de Coquimbo. El Ministerio de Bienes Nacionales es el propietario del 50 por ciento del territorio del país, que equivale a 38 millones de hectáreas. Entre sus políticas está la destinación y gestión de los territorios, en diferentes ámbitos que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han señalado: habitacional, patrimonial, equipamiento, astronomía, energía, industrial, productivo, turístico, etcétera. Obviamente, lo que está haciendo el Ministerio de Bienes Nacionales es gestionar nuestro territorio, y lo está haciendo en una cantidad bastante pequeña de hectáreas, en función del promedio de los gobiernos anteriores y también en función de la cantidad puntual registrada en algunos gobiernos anteriores, que no es el caso mencionar, porque algunos ya lo señalaron. Pero lo que me preocupa no es la legítima posición que ha tenido el diputado Patricio Hales, quien es un profesional del rubro -es arquitecto-, participa en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano y maneja el tema, con quien puedo tener diferencias. Obviamente, no soy partidario de que a todos los proyectos para uso del suelo el Estado tenga que asociar un proyecto habitacional, porque sabemos que las asignaciones y las capacidades o potencialidades del suelo son diferentes. Lo que sí no me gustaría escuchar ni acepto es lo siguiente. Lo digo, por su intermedio, señor Presidente , respecto del diputado Chahín -a quien conozco y respeto, por su capacidad y también por su caballerosidad-, por el hecho de que, teniendo legítimamente una opinión distinta y respetable, aproveche esta sesión para amenazar a la autoridad haciendo saber que cuando tenga los votos podría tomar determinada decisión. Antes de que yo interviniera, el diputado Chahín se acercó a la testera y conversó con el ministro . Espero que en ese momento haya tenido la capacidad de pedir excusas o de aclarar lo que quiso decir, porque la verdad es que sus expresiones no corresponden a la forma ni al tono con que debemos plantearnos y defender nuestras legítimas posiciones, aunque sean diferentes y divergentes. Por lo tanto, aunque reconozco que existen necesidades reales, no podemos solo pensar que tenemos una prioridad habitacional, ya que existen diferentes terrenos. Particularmente, conozco la Cuarta Región de Coquimbo , y puedo señalar que en la zona de Tongoy los terrenos que se pretenden licitar no soportan la ejecución de un proyecto social. Y no es que no lo soporten porque no se quiera o solo por un tema económico o economicista. Ocurre que Tongoy, como balneario, en los últimos años ha estado un poco abandonado de la mano de Dios y también de la municipalidad, debido a la distancia entre esa localidad y el municipio. A ello se agrega que su sociedad ha tenido muchos problemas de suicidios de jóvenes -diez o doce en los últimos tres años- por falta de esperanzas y de oportunidades. Por lo tanto, no podemos seguir formando guetos en esa localidad, como decía el diputado Hales . Lo que debemos hacer es gestionar el territorio para que puedan desarrollarse proyectos que lleven oportunidades laborales y de crecimiento a ese balneario. Seguramente habrá otros sectores donde el destino del suelo será la instalación de placas fotovoltaicas, como en el norte, donde tenemos mucha potencialidad para aprovechas energías renovables, y así sucesivamente. Entonces, pensar a priori que acá hay una intención velada de favorecer a algunas personas que legítimamente desarrollan una actividad inmobiliaria, es actuar con mala intención o, por lo menos, con una mala suposición. Las cosas no llegan a buen destino cuando partimos de premisas equivocadas o se dicen o hacen cosas que reflejan más interés en crear una sensación que en dar una verdadera solución a los problemas que se dice representar. En este caso, el ministerio está actuando bien, por lo menos en lo que respecta a los terrenos que conozco. Las cosas se están haciendo en forma prudente y, lo más importante, se está utilizando un sistema de licitación pública. ¿Cuándo antes la Cámara de Diputados había celebrado una sesión especial para tratar un tema de esta naturaleza, en circunstancias de que, incluso, durante el gobierno del Presidente Lagos, bajo el ministerio que dirigía el entonces ministro Ravinet , se licitaron 160.000 hectáreas? Nadie supo; nadie dijo nada. No digo que se haya hecho mal. Lo que quiero expresar es que en ese entonces no se supo, a diferencia de de la forma en que hoy estamos sabiendo. Creo que debemos valorar esa actitud transparente del ministerio y del Gobierno. No se ha dado ninguna razón para dudar de la legalidad de esta medida. Incluso, se ha amenazado con una posible acusación constitucional, en circunstancias de que solo se entabla una acusación constitucional en contra de un ministro que no cumple con la ley o que deja de lado algunos de los deberes que la ley le exige. Y en este caso no hay nada de eso. Por lo expuesto, si bien es cierto legítimamente los parlamentarios tenemos derecho a informarnos y a solicitar todos los antecedentes que estimemos necesarios -y no cabe duda de que el ministro los ha entregado-, los llamo a que retomemos la senda del buen trato entre nosotros, a que se rectifiquen los dichos por parte del parlamentario que aludí anteriormente -como lo conozco, no me cabe duda de que lo hará- y tomemos el centro. A lo mejor, un terreno puede tener un problema especial. Veámoslo , discutámoslo, analicémoslo. Pero esto no es solo una decisión del ministerio. Todas las autoridades regionales participaron en la decisión sobre qué terrenos licitar, qué potenciales tienen y qué se puede desarrollar en ellos. Por lo tanto, en este caso no hay una decisión antojadiza, sino un trabajo complementario de las autoridades, porque todos, de una u otra manera, velamos por el patrimonio del fisco de Chile. He dicho. El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Dos Comités han pedido la suspensión del debate en virtud del artículo 76 del Reglamento. Se va a suspender la sesión y se va a llamar a los señores diputados por cinco minutos. Se suspende la sesión. -Transcurrido el tiempo de suspensión: El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Continúa la sesión. Tiene la palabra el ministro de Bienes Nacionales . El señor PÉREZ ( ministro de Bienes Nacionales ).- Señor Presidente , me gustaría destacar algunas ideas mencionadas. En primer lugar, lo que se ha anunciado es un plan de licitaciones, que obedece a una estrategia del Ministerio de Bienes Nacionales que se viene trabajando desde hace unos tres años, gracias a la cual se pudo poner en práctica el plan de licitaciones de 2013. Respecto del plan de licitaciones de 2014, existe un cronograma -se puede apreciar en el gráfico que estoy proyectando-, para que las regiones, cuyas autoridades han sido parte integrante del trabajo realizado, manden al nivel central los respectivos expedientes, a fin de que las licitaciones puedan llevarse a cabo. De manera que no se trata de licitaciones que se hayan abierto en este momento, sino de un anuncio del plan de licitaciones, tal como ocurrió en 2013. De hecho, quedan algunas licitaciones del plan 2013 que todavía no se han abierto, y corresponderá el gobierno entrante decidir si ejecuta o no dicho plan. Lo único que se ha hecho es identificar los terrenos, en conjunto con las regiones, con empresas consultoras, con universidades y con empresas expertas en este tipo de desarrollo. Reitero que todos estos terrenos no han sido puestos en oferta ahora; solo se trata de un cronograma de identificación de los terrenos, y los proyectos se irán ejecutando en la medida en que se trabajen los respectivos expedientes. (Hablan varios señores diputados a la vez) Insisto en que se trata de un plan; las licitaciones no están abiertas y, por lo tanto, se pueden llevar adelante o dejarse sin efecto. En segundo lugar, esta ha sido una política del Ministerio de Bienes Nacionales, según la cual en estos cuatro años las ventas y las concesiones onerosas en materia de hectáreas han sido menos que las realizadas durante el gobierno anterior. Como el tema relacionado con las viviendas sociales ha sido preocupación de diversos diputados, quiero aclarar que en estos cuatro años se han transferido 71 hectáreas a los Serviu regionales, lo que representa cuatro veces más de lo transferido durante todo el gobierno anterior. Esto también se trabajó en forma coordinada con los Serviu, y existe un plan para transferir más de 100 hectáreas a los distintos Serviu regionales. Adicionalmente, voy a mencionar los casos de La Chimba Bajo y La Chimba Alto, que corresponden a ejemplos de desarrollo en los cuales se está vendiendo una proporción bastante menor del desarrollo completo y se están reservando terrenos para el Serviu regional, precisamente para que se puedan llevar adelante desarrollos integrados. En estos casos se firmaron convenios entre la seremi de Bienes Nacionales y el Serviu de la Región de Antofagasta. De las 95 hectáreas, ya hay once que se han transferido al Serviu, nueve que están en proceso de transferencia y solo 14 que corresponden al plan que se va a licitar. De manera que ha sido un trabajo en que se ha actuado coordinadamente. Lo mismo ocurre en La Chimba Alto. Ya mencioné el caso de Tongoy. El caso de Playa Blanca -por excelencia, el área de expansión de la ciudad de Iquique- es muy importante, porque la única forma de concretar su desarrollo es que este sea llevado a cabo por empresas. Se están reservando 90 hectáreas para el fisco, y lo que se pretende es desarrollar esos terrenos, con las macrourbanizaciones correspondientes, y reservar terrenos para futuros proyectos de construcción de viviendas sociales. Debo señalar que las 7.000 hectáreas que se están vendiendo corresponden al 0,02 por ciento del patrimonio fiscal. Asimismo, quiero recordar que este plan apunta no solo a poner en venta terrenos para la vivienda; también hay terrenos muy importantes, como, por ejemplo, para llevar adelante proyectos de energía renovable no convencional. Hay 6.000 hectáreas para proyectos eólicos; 2.000 para proyectos solares y una gran cantidad de hectáreas para el desarrollo de proyectos industriales, que son esenciales para que se puedan concretar inversiones en el norte de nuestro país, como es el caso de los proyectos La Negra y B-400, en Antofagasta, que son fundamentales. Otro tanto ocurre en Copiapó. De modo que se trata de un plan integral que incluye diversas vocaciones de uso del territorio. Además, en materia de vivienda, este ha sido coordinado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y se han reservado grandes extensiones de terreno para el futuro desarrollo de proyectos de construcción de viviendas sociales. Gracias, señor Presidente. El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre. El señor LATORRE.- Señor Presidente , ante todo, quiero señalar que algunos diputados hemos estado en comisiones que están sesionando simultáneamente con la Sala, debido a lo cual no hemos podido escuchar todas las intervenciones que se han realizado en esta sesión especial. Pero como he seguido de cerca este asunto, estoy entre quienes están preocupados por el proceso de licitaciones que se está llevando a cabo, precisamente cuando el actual Gobierno está terminando su mandato. Esto no significa que no esté en condiciones de hacer uso de sus atribuciones, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes; sin embargo, me parece que se está actuando con un apuro que resulta, por lo menos, preocupante. No quiero extenderme en detalles, pero hemos analizado varios de los casos que el ministro incluyó en su presentación. Tuvimos la oportunidad de conversarlo con parlamentarios no solo de la bancada democratacristiana, sino también con colegas de otras bancadas de la Oposición. Señor Presidente , por su intermedio, quiero hacer ver al ministro que sería conveniente que tome todos los resguardos necesarios respecto del proceso que se está llevando a cabo con cierto apuro. Muchos piensan que estas decisiones pudieron haberse tomado hace seis u ocho meses, o hace un año o un año y medio. Hemos advertido una cierta urgencia para dejar resueltas cuestiones que no han sido debidamente conocidas por quienes hemos sido contraparte en la Cámara de Diputados de las decisiones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o del Ministerio de Bienes Nacionales, cumpliendo así con nuestro rol en las comisiones respectivas. No hemos sido informados de muchos de estos detalles, que sí son conocidos por particulares que, felizmente, nos informan, porque han tenido la oportunidad de ser invitados a desayunos y a reuniones que el ministro ha organizado para dar a conocer muchos de estos aspectos y eso, al final, tiende a ser observado como una cierta falta de información pública adecuada… El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Señor diputado , se ha cumplido su tiempo. El señor LATORRE.- En ese caso, quiero hacer uso del tiempo de mi bancada. El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Señor diputado , tampoco le queda más tiempo a su bancada; de lo contrario, se lo habría entregado. Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL .- Señor Presidente , quiero separar el contexto de mi exposición en dos áreas. Entiendo el interés por los terrenos urbanos que están en el proceso de licitación por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. En ese sentido, me extrañan los planteamientos y las visiones sobre cómo se está trabajando en otras regiones, como, por ejemplo, lo señalado por el diputado Hugo Gutiérrez respecto de Alto Hospicio, porque pareciera que, según sus palabras, hubiese surgido recién hoy. Señor Presidente , por su intermedio, quiero hacer un llamado al ministro sobre la Región de Aysén , y sobre Coyhaique en particular. Fruto de la coordinación técnica entre el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue posible desarrollar en un terreno de un tremendo valor urbano para la ciudad de Coyhaique -el sector llamado Escuela Agrícola- un plan de loteo urbano que será muy relevante para resolver los problemas de limitaciones que tenemos en materia de expansión urbana de la ciudad. En ese sentido, quiero pedir al ministro que acelere el proceso para que ese loteo termine a la brevedad posible en manos de los beneficiarios, que son modestas familias de la comuna de Coyhaique, que están esperando la entrega definitiva de sus respectivos terrenos para iniciar así el sueño de la construcción de la casa propia. De esa manera, esas modestas familias dejarán atrás su condición de arrendatarios o de allegados; incluso, muchas de ellas viven en campamentos. Por otro lado, en cuanto al resto de las licitaciones, quiero aprovechar la presencia del contralor general de la República para señalar que entre los años 2000 y 2010 se entregaron en la Región de Aysén 126.000 hectáreas de terrenos, en quince concesiones. De esas quince concesiones, diez eran de naturaleza onerosa y cinco de naturaleza gratuita. Hice una fiscalización y un chequeo global del proceso, tras lo cual remití al contralor los antecedentes técnicos de ese proceso. A Dios gracias, la Contraloría dispuso los sumarios administrativos, y el Ministerio de Bienes Nacionales, las acciones pertinentes, y de esas quince concesiones, fue posible resciliar trece de ellas, y están en proceso de liquidación. ¡Se destinaron más de 85.000 hectáreas a una sola concesión! ¡Se entregaron islas completas, como la isla Nalcayec, entre 2000 y 2010, época en que varios de los diputados presentes también eran parlamentarios! ¡Una isla completa! Me alegro que el ministro y el contralor hayan tomado cartas en el asunto y hoy exista un sumario administrativo por las omisiones en que incurrió el ministerio en esa época, en la Región de Aysén. Hubo falta de fiscalización. Mi segunda petición al ministro busca beneficiar a decenas de modestos pobladores que viven en los más apartados rincones de mi región, algunos inimaginables para muchos parlamentarios. Muchas personas viven en condiciones extremas. Por ejemplo, diez pobladores del fiordo Steffen , ubicado donde termina Campo de Hielo Norte , aún esperan la entrega de sus terrenos. Cuando escucho las diferentes intervenciones sobre este tema, da la impresión de que algunos señores diputados no saben que el período presidencial dura 48 meses y no 45. Lo más probable es que, en cuatro años más, cuando estén en las postrimerías del gobierno que asuma en marzo próximo, se van a seguir tomando decisiones en materias legislativas y, probablemente, muchos van a aplaudir que así se haga. Pero a este gobierno, al parecer, le acortaron tres meses de su mandato, porque quieren que gobernemos 45 meses y no 48. ¡Qué bueno que está presente el contralor, para que tome las precauciones respecto de lo que se ha dicho en la Cámara de Diputados! El diputado Fuad Chahín anunció que en esta sesión no van a presentar ni siquiera un proyecto de acuerdo. Por eso, quiero pedir disculpas a los ministros, que han estado tantas horas sentados escuchando las distintas intervenciones. Habría sido suficiente emprender acciones de fiscalización por la vía administrativa formal y así no estaríamos hoy en la Sala, sino en las comisiones. Por ejemplo, quien habla debería estar en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Si no vamos a votar ni siquiera un proyecto de acuerdo, me parece que lo único que se pretende con esto es maniatar al Presidente de la República y al Gobierno, cuyo mandato al parecer solo rige por 45 meses y no por 48. ¡Ya está bueno que como Cámara de Diputados proyectemos las visiones y las señales que necesita nuestra ciudadanía! ¿Por qué estamos tan mal evaluados? ¿Por qué la gente tiene esa apreciación de nosotros? La respuesta es clara: porque más que una acción para resolver un problema, lo único que estamos haciendo es celebrar una sesión que no contribuye ni aporta nada a solucionar el fondo del problema. No quiero sacar los trapitos al sol y señalar quién hizo las licitaciones anteriormente; solo planteo lo sucedido en mi Región de Aysén, en que de quince concesiones, que involucraban 126.000 hectáreas, se determinó que trece de ellas fueron asignadas irregularmente; afortunadamente, hoy están en proceso de término de contrato. La gente necesita mejores señales que las que estamos entregando hoy en esta sesión. Por eso, pido disculpas a quienes hoy nos han seguido. He dicho. El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira. El señor MOREIRA.- Señor Presidente , no voy a entrar al debate menor, ni menos a hacer comparaciones para tratar de sacar algún cálculo electoral. Tampoco voy a entrar a una discusión de las políticas urbanas. Esta sesión fracasó porque se pretendió buscar un aprovechamiento político y se le quiso dar una connotación política, para tender un manto de dudas respecto de esta licitación. Podrán tener su opinión de la labor del Gobierno, pero este ha sido correcto, nos guste o no. No entraré a descalificar a los gobiernos anteriores. Sin embargo, el actual se podrá haber equivocado en muchas cosas, pero no ha tenido el sello de la corrupción. Actualmente, en este Gobierno se está desarrollando una licitación, en la que, independientemente de las opiniones, existe difusión, transparencia y publicidad, lo que le permite a la ciudadanía estar informada. ¡Qué mejor transparencia que en esta sesión esté presente el señor contralor general de la República , que ha escuchado las intervenciones y las críticas de todos los señores parlamentarios! Además, el señor ministro dijo que este plan de licitación puede ser ejecutado o no por el próximo gobierno. Aquí no hay imposición, sino una licitación. En el caso de haber algún problema legal, están a disposición todas las herramientas institucionales para parar una licitación de esta naturaleza. No quiero entrar a discutir si hay que vender o no. Lo que me interesa es la transparencia. Y aquí hay transparencia. Doy fe de ello, porque lo he podido apreciar. No tengo amistad ni con el ministro ni con el contralor, pero he visto un contralor implacable. Nunca he ido a tocar la puerta del señor contralor para pedirle un favor. Y cuando he ido a verlo, en una o dos oportunidades, no ha sido para plantearle cualquier tontera, sino para exigir, en aplicación de la ley, que se hagan investigaciones serias. (Hablan varios señores diputados a la vez) He ido dos veces a la Contraloría, y no para pedir cuestiones que no corresponden. El señor GODOY ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, diputado Moreira. El señor MOREIRA.- Por lo tanto, me interesa que quede estampado el sello de la transparencia, y eso es lo que ha hecho este Gobierno. El señor GODOY (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en el tiempo restante del Comité de Renovación Nacional. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra en el tiempo restante del Comité Regionalista. Ofrezco la palabra. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
EFECTOS E IMPLICANCIAS DE LA VENTA DE MÁS DE SIETE MIL HECTÁREAS DE TERRENOS FISCALES