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El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira.
La señora NOGUEIRA (doña Claudia).- Señor Presidente , comparto varias de las apreciaciones del diputado Hales , principalmente las relacionadas con el gran avance que significó el lanzamiento, por el Presidente de la República -tras convocar a veintiocho expertos en la materia- de esta gran Política Nacional de Desarrollo Urbano, cuyos cuatro ejes principales son: sustentabilidad ambiental, identidad y patrimonio, desarrollo económico y, por cierto, integración social como eje rector para el desarrollo de las ciudades donde queremos vivir con gran inclusión social.
Ambos participamos en un seminario de la Universidad Católica, donde buscábamos promover la integración social urbana. Nuestro Gobierno ha dado un ejemplo al introducir la integración social como un eje rector, concepto que ha plasmado en un instrumento, en un decreto, de esta política de desarrollo urbano.
Por cierto que comparto las aprensiones del diputado señor Hales en cuanto a que tenemos una carencia de suelo importante y una necesidad habitacional integrada e inclusiva que nos ha costado muchísimo satisfacer. Hemos arrastrado por muchos años una política habitacional que no ha ido en esa dirección. Sin embargo, durante este Gobierno ha habido grandes avances en esta dirección, como son las políticas de arriendo, los llamados a subsidios habitacionales en proyectos integrados y la modificación del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1959, que premia los proyectos inmobiliarios que se desarrollen en torno a redes de transporte público. En fin, ha habido varias iniciativas que apuntan a la integración urbana.
En este caso particular, a través de una exposición tremendamente clara hemos visto lo que está haciendo el ministerio. Comparto que podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Es decir, podemos hablar de integración urbana y de desarrollo económico al mismo tiempo, tal cual como lo hemos visto en la política de desarrollo urbano, promulgada hace poco por el Presidente de la República y avalada por destacados miembros, como el diputado Hales y otro colegas, amén de destacados profesionales del área del urbanismo.
Durante el debate ha habido varias imprecisiones, algunas por desinformación y otras que tienen cierta visión ideologizada.
La propiedad fiscal alcanza a cerca del 50 por ciento del territorio de Chile, alrededor de 38 millones de hectáreas, y el Ministerio de Bienes Nacionales no puede gestionar territorio pensando sólo en dar solución a las necesidades habitacionales, por importantes y prioritarias que sean, porque no son el único problema del cual el Estado debe hacerse cargo. Por eso, hemos avanzado en paralelo y junto con coordinarnos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de disponer de inmuebles fiscales para contribuir a las políticas habitacionales para familias vulnerables, hemos gestionado territorio buscando poner la propiedad fiscal al servicio del país, usándola de manera sustentable como un motor de desarrollo social, cultural y económico.
El rol del Ministerio de Bienes Nacionales es especialmente importante en las regiones donde el Fisco tiene casi el monopolio del suelo. Por eso, lo que haga o no haga esta Cartera en su calidad de administradora del territorio fiscal afecta significativamente el desarrollo de las regiones. En tal virtud, este ministerio tiene el deber de gestionar la tierra de todos los chilenos. No puede ni debe quedarse de brazos cruzados, ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer.
Los principales ejes de la gestión del territorio fiscal son: conservación, turismo y patrimonio; habitacional y equipamiento; astronomía; energía, industrial y productivo.
Por otra parte, el plan de licitaciones es solo uno de los múltiples instrumentos de gestión del territorio. Otros instrumentos de gestión son, por ejemplo, arriendos, servidumbres, destinaciones a organismos públicos, afectaciones, desafectaciones, ventas y concesiones directas, entre otros.
El plan de licitaciones no es un invento de esta Administración. Lo ha habido en otras administraciones. Durante el gobierno del Presidente Lagos, por ejemplo, el ministro Ravinet creó un plan de licitaciones de más de 160 mil hectáreas. No se entiende por qué ahora la Oposición se escandaliza por la decisión de vender tan solo 7 mil hectáreas. Resulta al menos curioso.
El mérito de este Gobierno ha sido transformar el plan de licitaciones en el instrumento por excelencia para acceder a la propiedad fiscal. Este instrumento de gestión, las licitaciones, es el que mejor asegura transparencia en la disposición de la propiedad fiscal y permite igualdad de oportunidades para acceder a ella. Del total de ingresos por ventas, los provenientes de licitaciones han pasado de 15 por ciento, en 2010, a 68 por ciento, en 2013, lo que es una muy buena noticia para el país.
La superficie que se ofrece en venta es estadísticamente poco significativa si se considera la superficie total de hectáreas fiscales (7 mil, en un universo de 38 millones de hectáreas). En cuanto a hectáreas netas vendidas, es decir, licitaciones y ventas directas, en esta Administración se ha vendido menos que en gobiernos anteriores; en promedio, 7 mil hectáreas anuales contra 15 mil hectáreas anuales del gobierno de la ahora Presidenta electa Michelle Bachelet . Lo que ocurre es que ahora se privilegia la licitación y existe difusión, transparencia y publicidad, lo que permite a la ciudadanía y a la Cámara de Diputados enterarse oportunamente. No se entiende, entonces, la crítica de algunos, por cierto injusta, en cuanto a que estaríamos privatizando el país.
El objetivo del plan de licitaciones de este Gobierno es viabilizar emprendimientos turísticos, energéticos, agrícolas, habitacionales y de conservación del patrimonio natural y arquitectónico, entre otros. Con este plan se busca contribuir al desarrollo integral del país. Múltiples emprendimientos ya están viendo la luz en terrenos fiscales que hemos licitado desde Arica a Magallanes. Se licitan propiedades grandes y chicas, para distintos tipos de bolsillos, de vocaciones de uso muy variadas y en todas las regiones del país. Los inmuebles son propuestos por las regiones, por lo que existe un avance en descentralización, lo que es muy reclamado por muchos.
Cabe destacar que más del 95 por ciento de las hectáreas ofrecidas son rurales, no aptas para vivienda. Por lo mismo, no se entiende la crítica de que el plan de licitaciones se centra en inmuebles que podrían ser útiles para familias de campamentos, como muchos -no digo usted, diputado señor Hales , por su intermedio, señor Presidente - han planteado en algún medio de comunicación.
El referido plan de licitaciones no ha implicado descuidar el aporte que hace el Ministerio de Bienes Nacionales a las políticas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ni tampoco su vocación social, que tan brillantemente le ha impuesto este Gobierno, en especial el Presidente Piñera , y sus otros instrumentos de gestión.
En cuanto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los inmuebles que requiere esta Cartera para fines habitacionales se le transfieren directamente, sin pasar por procesos licitatorios que están previstos para regular el necesario acceso a los inmuebles fiscales que deben tener los privados para la ejecución de proyectos que redundan en beneficio del país. Los terrenos transferidos durante esta Administración o en proceso de transferencia para estos fines suman más de dos millones de metros cuadrados.
En cuanto a vocación social, durante esta Administración se entregarán más de 60 mil títulos de dominio, …
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