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- rdf:value = " La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , esta sesión fue pedida debido a las inquietudes relacionadas con el proceso de venta de terrenos fiscales que pretende llevar a cabo el biministro de Vivienda y de Bienes Nacionales. Nos llama la atención la cantidad de predios que están en proceso de venta, de licitación y, algunos, de venta luego de haber estado concesionados. Se trata de más de 300 inmuebles a lo largo del país, que equivalen a alrededor de 7.000 hectáreas, cuya oferta, si bien pretende materializarse a través de diversos procesos de licitación, venta y concesiones, no puede dejar de inquietarnos, ya que se trata de inmuebles fiscales que pasarán a manos de privados.
Actualmente, el 49 por ciento del territorio chileno está en manos de privados. La referida venta provocará que el 27 por ciento de los terrenos restantes también quede en manos de privados, por lo que el territorio fiscal se reducirá a un 23 por ciento del territorio nacional. Realmente es preocupante, ya que muchos de esos predios constituyen una gran riqueza para el país.
Creo que el Gobierno equivoca su camino. Esta no es la manera de hacer las cosas, mucho menos a tres meses de dejar su mandato. El Gobierno se equivoca cuando opera como inmobiliaria y busca hacer caja en vez de poner el acento en los aspectos esenciales que debiese considerar una política de desarrollo urbano, preocupada de las reales necesidades de las ciudades, con una mirada orientada al desarrollo de las regiones y con un enfoque que considere lo que quieren los ciudadanos.
¿Es acaso adecuado que un gobierno que cierra su gestión comprometa importantes licitaciones para un próximo gobierno? Por supuesto que no; los esfuerzos debieran concentrarse en concluir proyectos pendientes y no en “amarrar” a la nueva administración.
Lamentablemente, la licitación pública no siempre es sinónimo de transparencia. Hemos visto recientemente que muchas veces este instrumento se ha transformado en una política del ministerio, buscando complementar las metas o abultar las cifras, en vez de ser una modalidad que considere los proyectos reales de nuestras zonas.
Por otra parte, debemos estar atentos, revisar especialmente los inmuebles que se venden y hacer un análisis de la importancia estratégica que reviste el hecho de mantener su propiedad en el Estado y, además, asegurar que las concesiones otorgadas con anterioridad mantengan esa condición, evitando de esta manera que pasen a manos de privados, sin considerar los criterios que alguna vez se tuvieron a la vista para mantener la propiedad de los terrenos en el Estado.
Tampoco parece justo que este ambicioso plan de ventas de terrenos fiscales no considere las necesidades de las regiones en que se encuentran ubicados. Las licitaciones de terrenos deben ser concordantes con los planes de desarrollo urbano, turístico, industrial, habitacional y/o medioambiental de las regiones en las cuales están ubicados. A su vez, la licitación debe establecer como factor de adjudicación el uso propuesto y no solo el valor o precio, y el proyecto a desarrollar, ya que así se ha hecho siempre, priorizando los proyectos en favor del Estado y no el factor económico. No se puede vender un inmueble sin antes evaluar las opciones de uso alternativo, poniendo el bien común por sobre la rentabilidad económica que, al parecer, es lo que ha ocurrido con estas licitaciones exprés.
Dichos inmuebles, que son patrimonio de todos los chilenos, deben ser evaluados, en primer término, según su capacidad para contribuir al rol social, al desarrollo urbano de las ciudades y a su uso alternativo en favor del Estado y del bien común. En dicha evaluación deben participar necesariamente las autoridades regionales respectivas y los ciudadanos de las mismas, a fin de reducir al máximo el riesgo de que el sector privado destine los terrenos exclusivamente a proyectos que maximicen sus utilidades, sin considerar el beneficio social que debe caracterizar a los terrenos fiscales.
Por otra parte, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera terminará su mandato con más de 50 mil subsidios habitacionales otorgados, cuyos beneficiarios no cuentan con suelo para la ejecución de los respectivos proyectos habitacionales. ¿Quién nos puede asegurar que los terrenos con potencial para la construcción de viviendas serán efectivamente destinados a proyectos de integración social que consideren viviendas para sectores medios y vulnerables en las ciudades en las cuales las necesidades habitacionales apremian? Nadie podría hacerlo. ¿Quién nos puede asegurar que los inmuebles licitados para el desarrollo de proyectos industriales, de generación de energía o de turismo, garantizarán la protección de la biodiversidad? Nada de eso se dice en las licitaciones, en circunstancias de que debiera ser una de sus condicionantes. Es decir, habría que saber qué proyecto se realizará, qué tipo de protección de la biodiversidad existirá, cuál será su visión respecto del desarrollo de las regiones; si es prioritario lo que se propone o si solo apunta a beneficiar a los privados, es decir, a un buen negocio.
Resultan preocupantes las licitaciones que se están efectuando últimamente, sobre todo si observamos el enfoque del Ministerio de Bienes Nacionales, que ha cambiado totalmente su objetivo original. Por una parte, la División de Bienes Nacionales eliminó la Unidad de Patrimonio y Espacio Público, que apoyaba la gestión del patrimonio fiscal y la definición de políticas, estableciendo un contrapeso al interior de la División de Bienes Nacionales y respecto de los territorios. En su lugar, se creó la Unidad de Administración de Proyectos y la Unidad Operativa del Gabinete y de la Autoridad, que pasó a liderar la gestión sobre la propiedad fiscal, sin considerar estudios, análisis ni planificación, dejando a un lado las miradas centralistas, de modo de defender nuestro patrimonio por el bien de nuestros ciudadanos. No se trata de oponerse porque sí, sino de oponerse con fundamento y teniendo siempre como objetivo el bien común por sobre el beneficio del sector privado. Los aspectos mencionados nos permiten cuestionar una política que, así como ha sido planteada, entendemos que está destinada a beneficiar a los empresarios y a los particulares por sobre los intereses de los ciudadanos más vulnerables y de clase media de nuestro país, que constituyen la gran mayoría y que este gobierno se ha dado en decir constantemente que protege.
Hace pocos meses, el mar nacional fue casi regalado a siete familias poderosas de Chile; pero el 15 de diciembre recién pasado los chilenos dijeron ¡basta!, porque están cansados de las privatizaciones sin sentido, que solo benefician a unos pocos, en vez de abrir espacios para la convivencia, el arte, la vivienda, el deporte y la recreación, y que no consideran la opinión de los actores involucrados ni de las comunidades potencialmente afectadas.
Por eso, le pedimos al biministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales que nos aclare la forma en que se llevarán a cabo estas licitaciones, qué criterios se tuvieron en consideración, cómo se mira el bien nacional en beneficio de los ciudadanos por sobre el bien privado, qué se tuvo a la vista para poner a la venta las siete mil hectáreas de terrenos fiscales que, no mediar un cambio circunstancial, pasarán muy pronto a manos privadas, y cuáles fueron las razones que se tuvieron en consideración para adoptar esta precipitada decisión, a pocos meses de concluir el actual gobierno.
Entre las privatizaciones que se están llevando a cabo tenemos casos como el de la Casa Colorada, en Santiago, que fue declarada patrimonio nacional, a pesar de lo cual está en proceso de concesión. Podemos ver que hay 300 territorios, entre viviendas y terrenos, que pasarán a manos de privados. Es algo que nos preocupa realmente, y creo que es el momento oportuno de aclarar la situación. No sea cosa que, debido a hechos que no conocemos, terminemos con una gran parte de nuestro territorio licitado, vendido o entregado en concesión a privados, sin considerar la visión que debería tener el Gobierno y el Estado chileno para proteger nuestros bienes nacionales.
He dicho.
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