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El señor DELMASTRO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa.
El señor ESPINOSA (don Marcos) .- Señor Presidente , me gustaría hacer claridad respecto de algunos hechos que nos parecen esenciales, que motivaron nuestra presentación para esta sesión especial.
Estamos ante un hecho preocupante, delicado y grave, que puede generar precedente en una relación contractual, mediante un régimen de concesiones, en este caso, entre el Estado chileno y una empresa privada que, por lo demás, no goza de irreprochable conducta anterior, ya que nos tiene acostumbrados a escándalos, a bochornos, a vulneraciones de los derechos de sus trabajadores y a sistemáticas políticas antisindicales.
Por esas razones, solicitamos una respuesta ante la falta de proactividad y de rigurosidad con que la Corfo, entidad del Estado, encargada de velar por los contratos de pertenencias mineras con privados, actúa cuando se presenten estos hechos. Lo decimos, porque la Corfo reaccionó solo ante una resolución de la Contraloría General de la República y ante una denuncia por fraude hecha por tres senadores de la República. Aquí no estamos hablando de una acción no deliberada o inconsciente respecto de un contrato que debía cumplir a cabalidad la Sociedad Química y Minera de Chile. Leo textualmente: “Mediante escritura pública, de fecha 12 de noviembre de 1993, Corfo y la Sociedad Minera Salar de Atacama, hoy SQM, celebran un contrato de arrendamiento respecto de 16 mil 384 pertenencias mineras”. Este contrato tenía cláusulas bastante específicas, muy acotadas y claramente definidas. Una de ellas señalaba que en ningún caso la empresa podía explotar las pertenencias que tenía en arriendo, sino que solo debía velar por su subsistencia, integridad y dominio exclusivo y excluyente. ¿Y qué hizo? Las inscribió -según consta- en el Registro de Minas de Calama .
Entonces, claro que estamos ante un hecho preocupante y delicado, que podría sentar un precedente grave, porque Corfo , que debía velar por el cumplimiento de ese contrato, reaccionó solo ante una fiscalización realizada por la Contraloría General de la República. Solo entonces actuaron otros órganos del Estado, como Sernageomin y el Ministerio de Minería, que hicieron una evaluación de los daños generados por la empresa, que no son marginales, porque estamos hablando de 4,7 millones de dólares. Así y todo, Corfo decide pedir un arbitraje a la Cámara de Comercio de Santiago, en lugar de recurrir al Consejo de Defensa del Estado . ¡De qué estamos hablando!
Solicitamos que en este mismo instante Corfo ponga término a todos los contratos vigentes que mantiene con SQM, no solamente por este hecho, sino por muchos otros que están siendo litigados en tribunales del trabajo internacionales.
Este hecho no puede pasar inadvertido. Es inaceptable que esa empresa, con el prontuario que tiene, siga manteniendo contratos vigentes con el Estado chileno.
¡Claro que nosotros -es el deseo de muchos parlamentarios-queremos que el Estado, a través de una corporación nacional, sea el responsable de explorar, explotar y comercializar un mineral estratégico y que en los últimos diez años, de acuerdo con estudios internacionales, ha aumentado ciento por ciento su valor!
Por eso, es indispensable que los órganos del Estado fiscalicen de manera adecuada y rigurosa lo que ocurre con un mineral estratégico, un mineral que, en definitiva, podría reemplazar al cobre como base de nuestra economía.
He dicho.
-Aplausos.
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