REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 361ªSesión 52ª, en jueves 1 de agosto de 2013(Ordinaria, de 10.13 a 13.09 horas)Presidencia de los señores Eluchans Urenda, don Edmundo, yGodoy Ibáñez, don Joaquín.Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIAL
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    ÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	INCIDENTES	VII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	VIII.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A 	DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL 	DEL CONGRESO NACIONAL.ÍNDICE GENERALPág.I. ASISTENCIA	8II. APERTURA DE LA SESIÓN	11III. ACTAS	11IV. CUENTA	11PERMISO CONSTITUCIONAL	11V. ORDEN DEL DÍA	11PERFECCIONAMIENTO DE TÍTULOS DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. Segundo trámite constitucional (Continuación) [boletín N° 8150-09]	11OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD POR ESPECIAL GRACIA AL SEÑOR DAVID FEUERSTEIN WIELGUS (Segundo trámite constitucional) [BOLETÍN N° 8894-07]	34ERECCIÓN DE MONUMENTO EN QUIRIHUE EN HONOR AL POETA FRANCISCO CONTRERAS VALENZUELA (Primer trámite constitucional) [boletín 8897-24]	42VI. INCIDENTES	45EXPLICACIONES DE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE POR IRREGULARIDADES EN EXHIBICIÓN DE PELÍCULA “NOSTALGIA DE LA LUZ” (Oficios)	45INFORMACIÓN SOBRE CONCESIÓN DE HOSPITAL SALVADOR GERIATRICO (Oficios)	46REMISIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSIDERADOS PARA APROBACIÓN DE PROYECTO TERMINAL MARÍTIMO OCTOPUS LNG EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)	47INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DESTINADOS PARA RECONSTRUCCIÓN DE LICEO GUILLERMO RIVERA, DE VIÑA DEL MAR. (Oficios)	48PREOCUPACIÓN POR USO INADECUADO DE CALETERA Y EVENTUAL SUPRESIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR EN SECTOR QUILAPÁN, COMUNA DE SAN FERNANDO (Oficios)	49RESPALDO A MOVILIZACIÓN CIUDADANA DE COMUNIDAD DE TOCOPILLA (Oficios)	49MEDIDAS DESTINADAS A SUPLIR FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HOSPITAL DE TOCOPILLA (Oficio)	50INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TOCOPILLA (Oficio)	50INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE TOCOPILLA	50AGILIZACIÓN DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS (Oficio)	51INFORMACIÓN SOBRE REMUNERACIONES DE EJECUTIVOS DE LA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE (Oficio)	52EVALUACIÓN DE CAMBIO DE CATEGORÍA DE RETÉN DE LOCALIDAD DE ÑIPAS, COMUNA DE RANQUIL (Oficios)	52INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE PROFESORES JUBILADOS Y MONTO PROMEDIO DE SUS PENSIONES (Oficios)	52Pág.INVESTIGACIÓN POR MUERTE DE RECLUSO EN CARCEL DE HUACHALALUME, REGIÓN DE COQUIMBO (Oficios)	53RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE CAMPEONATO NACIONAL DE RAYUELA EN COPIAPÓ (Oficio)	54HOMENAJE A MILITANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA SEÑOR ALFREDO GALLARDO GONZÁLEZ, RECIENTEMENTE FALLECIDO. (Oficio)	55VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA	571. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, estableciendo dieta para los consejeros nacionales de la Conadi y para los comisionados de la Codeipa que indica. (boletín N° 9041-31).	572. Oficio de S.E. el Presidente de la República.	643. Oficio de S.E. el Presidente de la República.	644. Moción de los señores diputados Accorsi, Castro, Gutiérrez, don Hugo; Pérez, don José; Silber, y de las diputadas señoras Girardi, doña Cristina;  Nogueira, doña Claudia; Muñoz, doña Adriana; Sepúlveda, doña Alejandra, y Sabat, doña Marcela. Modifica diversos textos legales, con el propósito de restablecer sanciones penales y aumentar el límite de multas en casos de conductas atentatorias a la libre competencia. (boletín N°9046-03).	655. Moción del señor diputado Tarud. Modifica el Código Penal en lo relativo al delito de hurto entre cónyuges, estableciendo que el marido comete el delito cuando se apropia de bienes estando separado de hecho de su cónyuge. (boletín N°9045-18).	696. Moción de los señores diputados Recondo, Campos, Melero, Santana, Ulloa, Vallespín, Vargas, y de la diputada señora Goic, doña Carolina. Complementa regulación de centros de acopio que indica. (boletín N° 9047-21).	707. Moción de los señores diputados Meza, Chahín, De Urresti, Espinosa, don Marcos; Jarpa, Robles, Schilling y Tuma. Elimina la exigencia de pagarés o letras de cambio para las atenciones de salud y perfecciona medidas de fiscalización. (boletín N°9043-11).	728. Moción de los señores diputados Letelier, Baltolu, Estay, Hasbún, Kort, Salaberry, Sandoval, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José; Turres, doña Marisol, y Zalaquett, doña Mónica. Modifica el Código Penal en lo referente a la violación de menores. (boletín N°9044-07).	739. Oficio del Tribunal Constitucional.	74VIII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.	1.	Comunicaciones:	-	Comunicación de la diputada señora Sabat, doña Marcela, quien acompaña licencia médica por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de 3 días, a contar del 30 de julio próximo pasado. 	-	Comunicación de la señora diputada Nogueira, doña Claudia,  por el cual informa que ha retirado el patrocinio del proyecto que “Agrega a ley N° 19.981, sobre Fomento Audiovisual, un Capítulo IV sobre cuotas de pantalla.”. boletín N° 8620-24. 	2.	Nota:	-	Nota del diputado señor Gutiérrez, don Hugo, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 1 de agosto en curso para dirigirse a Bolivia. 		Respuestas a oficios.		Contraloría General de la República:	-	Diputado Velásquez, Solicita se audite la forma en que se han invertido los recursos, que cada año envía el Ministerio de Educación a la Región de Coquimbo,  por concepto de subvención para el mejoramiento y mantenimiento de los colegios subvencionados, municipales y particulares, en atención a la cantidad de reclamos efectuados por los centros de padres y apoderados (47274 al 2076).		Ministerio de Economía, Fomento y Turismo:	-	Diputado Espinoza don Fidel, Remitir los antecedentes señalados en la solicitud adjunta, en relación con el proyecto que permitirá  a las comunidades de pescadoras huilliches de la Región de Los Lagos desarrollar productos gastronómicos gourmet de macroalgas. (1742 al 11784).		Ministerio de Educación:	-	Diputado De Urresti, Conveniencia de establecer archivos regionales que compilen los expedientes judiciales de la respectiva zona evitando su remisión al archivo nacional en Santiago. (483 al 12007).		Ministerio de Trabajo y Previsión Social:	-	Diputado Andrade, Informar sobre los proyectos aprobados y financiados por el Fondo de Educación Previsional a partir del año 2011, particularmente señale el estado de ejecución en que se encuentran y sus rendiciones correspondientes. (15644 al 11893).		Ministerio de Vivienda y Urbanismo:	-	Diputado Godoy, Solicita los antecedentes planimétricos y documentales relativos al Proyecto Nudo Barón. (447 al 10064).		Intendencias:	-	Diputado Campos, Solicita informar sobre las medidas que se implementarán en conjunto con el departamento provincial de educación, en relación con las precarias condiciones sanitarias del Liceo Industrial A-23 del sector Las Higueras de la comuna de Talcahuano. (1373 al 11728).	-	Diputado Sandoval, Informar sobre las cifras correspondientes a la cantidad de subsidios otorgados para la compra de viviendas en la región, a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda con la “modalidad colectiva sin proyecto”; como asimismo, indique cuántos de estos subsidios se han materializado con la adquisición de una vivienda, precisando la fecha de otorgamiento del mencionado beneficio. (1974 al 11646).	-	Diputado Walker, Informar sobre la existencia de algún estudio, respecto a los niveles de contaminación detectados en los alrededores del relleno sanitario El Panul de la comuna de Coquimbo, indicando las medidas de mitigación dispuestas por el servicio a su cargo. (235 al 12023).	-	Diputado Sandoval, Analizar la situación descrita en la solicitud adjunta, en relación con las condiciones laborales de los trabajadores que prestan servicios a las salmoneras de la región e informe de las medidas que serán adoptadas. (515 al 11188).		Servicios:	-	Diputado Espinoza don Fidel, Informar sobre la situación que afecta a don Edgardo Aburto Barría y don Luis Gutiérrez Reyes, descrita en la solicitud adjunta. (16126 al 12053).	-	Diputado Espinosa don Marcos, Tenga a bien evaluar la posibilidad de verificar las filtraciones de agua existentes en las dependencias de las escuelas individualizadas en la solicitud adjunta y entregar información a dichos establecimientos sobre las diversas medidas que pueden adoptar para mejorar la mantención, protección y uso del recurso hídrico. (2439 al 5036).	-	Diputado Cerda, Informe sobre las medidas que serán adoptadas, en relación al sumario iniciado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso en contra de la empresa Esval, notificado con fecha 8 de mayo del presente año. (2440 al 11639).	-	Diputado Chahín, Situación que afecta a la señora Marcia Zamora Valenzuela por encontrarse encasillada en el Fondo Nacional de Salud en una categoría superior al nivel de sus ingresos y considere instar por una solución. (4527 al 12005).		Varios:	-	Diputada Molina doña Andrea, Remitir antecedentes detallados sobre el proyecto que pretende construir un terminal de gas licuado en la bahía de Quintero de la Región de Valparaíso. (8 al 5223).	-	Diputado De Urresti, Solicita informe sobre la iniciativa que busca apoyar el retorno e inserción en el país de investigadores que estén en el extranjero al momento de postular, a través del Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado (PAI). (909 al 12169).		Presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado:	-	Diputada Molina doña Andrea, Cantidad y tipo de empresas que utilizan la línea férrea que ingresa al terminal portuario en la comuna de San Antonio, la entidad encargada de la su mantención y su actual estado de conservación. (45 al 11876).IX.	PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. 	-	Diputado Monckeberg don Cristián, Informar sobre las materias señaladas en la solicitud adjunta, en relación con el funcionamiento de la Federación Chilena de Bridge, afiliada desde el año 2009  al Instituto Nacional de Deportes. (12215 de 30/07/2013). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
    
    
    I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (77)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Aguiló Melo, Sergio	IC	VII	37Araya Guerrero, Pedro	IND	II	4Auth Stewart, Pepe	PPD	RM	20Baltolu Rasera, Nino	UDI	XV	1Bauer Jouanne, Eugenio	UDI	VI	33Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bertolino Rendic, Mario	RN	IV	7Bobadilla Muñoz, Sergio	UDI	VIII	45Browne Urrejola, Pedro	RN	RM	28Campos Jara, Cristián	PPD	VIII	43Carmona Soto, Lautaro	PC	III	5Ceroni Fuentes, Guillermo	PPD	VII	40Cornejo González, Aldo	PDC	V	13Cristi Marfil, María Angélica	UDI	RM	24De Urresti  Longton, Alfonso	PS	XIV	53Delmastro Naso, Roberto	IND	XIV	53Eluchans Urenda, Edmundo	UDI	V	14Espinosa Monardes, Marcos	PRSD	II	3Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Estay Peñaloza, Enrique	UDI	IX	49Farías Ponce, Ramón	PPD	RM	30García García, René Manuel	RN	IX	52Godoy Ibáñez, Joaquín	RN	V	13Goic Boroevic, Carolina	PDC	XII	60González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Gutiérrez Pino, Romilio	UDI	VII	39Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Hoffmann Opazo, María José	UDI	V	15Jaramillo  Becker, Enrique	PPD	XIV	54Jiménez Fuentes, Tucapel	PPD	RM	27Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	30Lemus Aracena, Luis	PS	IV	9León Ramírez, Roberto	PDC	VII	36Marinovic Solo de Zaldívar, Miodrag	IND	XII	60Martínez Labbé, Rosauro	RN	VIII	41Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Monckeberg Bruner, Cristián	RN	RM	23Monsalve Benavides, Manuel	PS	VIII	46Muñoz D'Albora, Adriana	PPD	IV	9Nogueira Fernández, Claudia	UDI	RM	19Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Ojeda Uribe, Sergio	PDC	X	55Ortiz Novoa, José Miguel	PDC	VIII	44Pacheco Rivas, Clemira	PS	VIII	45Pascal Allende, Denise	PS	RM	31Rincón González, Ricardo	PDC	VI	33Rivas Sánchez, Gaspar	RN	V	11Robles Pantoja, Alberto	PRSD	III	6Rosales Guzmán, Joel	UDI	VIII	47Saa Díaz, María Antonieta	PPD	RM	17Sabat Fernández, Marcela	RN	RM	21Saffirio Espinoza, René	PDC	IX	50Salaberry Soto, Felipe	UDI	RM	25Sandoval Plaza, David	UDI	XI	59Santana Tirachini, Alejandro	RN	X	58Sauerbaum Muñoz, Frank	RN	VIII	42Schilling Rodríguez, Marcelo	PS	V	12Sepúlveda Orbenes, Alejandra	IND	VI	34Silber Romo, Gabriel	PDC	RM	16Silva Méndez, Ernesto	UDI	RM	23Squella Ovalle, Arturo	UDI	V	12Tarud Daccarett, Jorge	PPD	VII	39Teillier Del Valle, Guillermo	PC	RM	28Torres Jeldes, Víctor	PDC	V	15Tuma Zedan, Joaquín	PPD	IX	51Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Vallespín López, Patricio	PDC	X	57Van Rysselberghe Herrera, Enrique	UDI	VIII	44Vargas Pizarro, Orlando	PPD	XV	1Velásquez Seguel, Pedro	IND	IV	8Venegas Cárdenas, Mario	PDC	IX	48Verdugo Soto, Germán	RN	VII	37Vidal Lázaro, Ximena	PPD	RM	25Vilches Guzmán, Carlos	UDI	III	5Von Mühlenbrock Zamora, Gastón	UDI	XIV	54Walker Prieto, Matías	PDC	IV	8Ward Edwards, Felipe	UDI	II	3	-Concurró, además, la ministra de Obras Públicas, señor Loreto Silva Rojas.	-Por encontrarse con permiso constitucional no asistió el diputado señor Hugo Gutiérrez Gálvez.-
    
    II. APERTURA DE LA SESIÓN-Se abrió la sesión a las 10.13 horas.El señor ELUCHANS (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
    
    
    III. ACTASEl señor ELUCHANS (Presidente).- El acta de la sesión 46ª se declara aprobada.El acta de la sesión 47ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
    
    
    IV. CUENTAEl señor ELUCHANS (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.-El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta.PERMISO CONSTITUCIONALEl señor ELUCHANS (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accedería a la petición del diputado señor Hugo Gutiérrez, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, a contar del 1 de agosto en curso, para dirigirse a Bolivia.¿Habría acuerdo?Acordado.
    
    V. ORDEN DEL DÍAPERFECCIONAMIENTO DE TÍTULOS DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS. Segundo trámite constitucional (Continuación)[boletín N° 8150-09]El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde continuar con el debate del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia, para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas.Antecedentes:-La discusión del proyecto, contenido en el boletín N° 8150-09, se inicio en la sesión 49ª de la presente legislatura, en 18 de julio de 2013.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, durante la discusión que tuvimos en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía en torno a este proyecto, que está bien inspirado, según se desprende de sus fundamentos, y que fue aprobado por mayoría de votos, un grupo de diputados manifestamos nuestras observaciones acerca de que sean las juntas de vigilancia las que representen en tribunales a los comuneros en el procedimiento de perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas. Sabemos que existe una gran crisis hídrica en Chile. Nuestra Región de Coquimbo y varias otras están declaradas zonas de catástrofe y de escasez hídrica.Por lo tanto, no comparto para nada el fundamento del proyecto, que se inspira en una declaración del Centro Internacional de Excelencia en Minería y Procedimiento de Minerales, que señala que la crisis del agua no es un problema de disponibilidad, sino que de gestión, declaración que me merece dudas, porque si fuera un problema de gestión, nos bastaría con juntar muchas inteligencias y capacidades técnicas para definir un plan de gestión hídrica a nivel nacional y evitarnos esta catástrofe hídrica que tenemos en el país.Entonces, sustentado en ese principio, se propone perfeccionar los títulos de dominio de los derechos de aprovechamiento de aguas; sin embargo, ese perfeccionamiento no lo harán los propios regantes ante los tribunales, como lo establecen el Código de Aguas y el reglamento del Catastro Público de Aguas, sino que lo realizarán las juntas de vigilancia, con un cobro específico, en representación de esas comunidades.Señor Presidente, quienes dirigen las juntas de vigilancia, que están muy bien organizadas en nuestro país y que exhiben una excelencia de trabajo en la administración del recurso, poseen la mayor cantidad de derechos de aprovechamiento de aguas. En consecuencia, tengo dudas, al igual que muchos colegas, para entregar la representación de los pequeños regantes y pequeños agricultores, que según el propio proyecto dice que constituyen el 80 por ciento de los derechos de agua en nuestro país en la agricultura, en las juntas de vigilancia para perfeccionar los títulos de derechos de aprovechamiento de aguas, a pesar de que el proyecto establece instrumentos de información y de difusión a través de la radio respecto de la realización de las asambleas, del quorum necesario para delegar esa representación para perfeccionar esos derechos en los tribunales. Nuestra duda se incrementa debido a la escasez de agua.Por lo anterior, hemos presentado indicación, que está en poder de la Mesa, mediante la cual establecemos que este procedimiento de perfeccionamiento de los títulos, que está regulado en el artículo 46 del Catastro Público de Aguas, se entregue a la Dirección General de Aguas, modificación que se incorporaría al artículo 122 del Código de Aguas, en lugar de que quede radicado en las juntas de vigilancias, por todas las observaciones que tenemos en el marco de la escasez hídrica.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, estamos por aprobar el proyecto mediante el cual se pretenden crear las condiciones para perfeccionar los títulos de dominio de los derechos de aprovechamiento de aguas. No se trata de inscribir nuevos derechos sobre ese recurso, sino que de cumplir con las exigencias para regularizar los títulos, que consisten, por ejemplo, en expresar la medida alícuota que corresponde para poder inscribirlos como tal, ya que todos sabemos que existen diferentes medidas instauradas por la historia y por la tradición, como las pulgadas, las horas, los litros, las acciones. Obviamente, lo importante es saber cuál es la equivalencia que tienen esas medidas para poder unificarlas.Desde ese punto de vista, se detectó que, lamentablemente, resultaba costoso y engorroso para el pequeño tenedor de estos derechos efectuar esa labor individualmente, dadas las distancias que existen para realizar los trámites correspondientes.Lo que se pretende con la iniciativa es entregar la facultad para regularizar esos títulos a quienes representan a los interesados, en este caso, a las juntas de vigilancia.Si bien es cierto que en algún momento se podría haber pensado que el tema de los quorums podría afectar a los pequeños y medianos titulares de esos derechos, queda en evidencia que las juntas ordinarias o extraordinarias de las organizaciones de regantes deberán aprobar la entrega de esa representación por el voto de la mayoría presente en la reunión, lo que equivale al 50 por ciento más uno, quorum que no debiera cambiarse, ya que se trata solo de un trámite para regularizar esos títulos de dominio de aprovechamiento de aguas. Si bien es cierto que yo era uno de los que tenía la duda, me quedó bastante claro después de la discusión del proyecto.Por lo tanto, señor Presidente, la iniciativa contará con mi respaldo y el de la bancada de Renovación Nacional.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, un saludo muy especial para la señora ministra de Obras Públicas, que está presente en la discusión de este proyecto de tanta importancia.Señor Presidente, sabemos el valor que tienen hoy los derechos de agua para quienes trabajan en las diversas labores productivas de nuestro país, especialmente ligadas a las labores del campo, como lo conversamos recién con el colega Jorge Tarud, quien está muy al tanto de la difícil situación que vive su zona con el tema del uso del agua en el campo y como vital elemento.Al respecto, la OCDE, organismo que pareciera nos gobierna, ha hecho algunas recomendaciones que, como me precio de ser una persona tolerante, acepto cuando son para bien de nuestros gobiernos y del país, pero debemos tener cuidado de no depender de lo que la OCDE impone a los treinta y tres países que conforman esa organización.Además, se manifiesta algo que es muy cierto y que estamos viendo en nuestro país, cual es que se han instalado extranjeros en la Undécima Región para robarnos el vital elemento desde los icebergs, recado que, por intermedio del señor Presidente, debemos dar a un colega que conoce mucho esta situación, el diputado David Sandoval.Por esta razón, y tomando en consideración la importancia que tiene el agua para nuestro planeta, la OCDE ha declarado que la “Crisis del Agua no es un problema de disponibilidad, sino que de gestión”, y que el Centro Internacional de Excelencia en Minería y Procesamiento ha señalado que “No se puede gestionar lo que no se conoce”. Por ello, nuestro país se ha empeñado en levantar un catastro sobre los derechos de agua existentes en nuestro territorio, lo que me parece extraordinario, a fin de que, con el conocimiento del agua que tenemos y en manos de quiénes están los derechos de aprovechamiento, se pueda realizar una gestión adecuada del recurso para el futuro, tal como lo ha recomendado la OCDE, que no nos dirige.Sin embargo, esta buena intención se ha visto truncada por el hecho de que miles de pequeños usuarios de comunidades de agua no han podido efectuar los trámites pertinentes para perfeccionar sus derechos de aprovechamiento de aguas ante la Dirección General de Aguas. De acuerdo con el mensaje, existen alrededor de 300.000 titulares de derechos en esa situación. Por ello, el proyecto establece un procedimiento que consiste en facultar al directorio de las comunidades de usuarios, previo acuerdo de una junta general extraordinaria convocada al efecto, para que realice los trámites de regularización de los títulos de sus asociados. Pero también comparto las dudas. En ese sentido, me parece bien la indicación planteada por la colega Adriana Muñoz, que establece que sea la propia Dirección General de Aguas la que realice el procedimiento, de modo que sea una entidad estatal la que garantice la debida transparencia del proceso. El agua es un bien nacional, es un tema país. Por tanto, difiero del proyecto en términos de que se faculte al directorio de las comunidades de usuarios a representar a sus miembros en el trámite de perfeccionamiento de los títulos.En mi parecer, el proyecto está guiado por una buena intención. Sin embargo, tengo la misma aprensión que se manifestó en la Comisión, en el sentido de que podrían generarse conflictos al interior de las comunidades de usuarios, si el procedimiento de autorización por la junta general extraordinaria no está absolutamente reglado y si no se establecen quorums suficientes para asegurar la transparencia en el otorgamiento de esta atribución al directorio.Está planteada la duda. Por ello, manifiesto mi intención de participar de la indicación señalada. Pediré la autorización correspondiente a mis colegas para que así sea.No veo en el informe alguna referencia a la discusión que todos quienes estamos ligados a las labores del campo hemos conocido: las autorizaciones que en la actualidad se hacen a las solicitudes de los comités de agua potable rural. Me habría gustado que la ministra de Obras Públicas hubiera escuchado este debate, porque es de mucha trascendencia. Se trata del vital elemento de la nación. Pero bueno, qué le vamos a hacer. La legislatura funciona de esta forma. Reitero: en la actualidad, la Dirección General de Aguas tolera lo que los comités de agua potable rural solicitan. Y la solicitud sigue su trámite legal. Pero cuando se les pregunta a los comités si tienen los derechos de aguas, responden: “No, los derechos están en trámite.” ¿Qué significa aquello? Que todos los comités de agua potable que conozco, así como otros de diversas partes del país, hablan de “derechos de agua en trámite”. Es decir, no hay un catastro y se están otorgando derechos de agua a diestro y siniestro.Lamentablemente, no participé en la discusión del proyecto en la Comisión. Solo me atengo a lo que he leído del informe. Por lo tanto, la duda me queda. Si hubiera tenido la suerte de que la ministra de Obras Públicas me hubiera escuchado, a lo mejor podría responder a mis dudas. Pero es así la forma como legislamos. Tal vez, el propio Vicepresidente de esta Corporación, a quien veo muy entusiasmado conversando sobre el tema del agua con la ministra, se inserta en la duda que tengo.Pienso que el sistema es perfectible y podría mejorarse mucho, de acuerdo con lo planteado por mi colega Adriana Muñoz. El proyecto está motivado por una buena intención y eso es lo que vale. No obstante, me parece que el instrumento que se pretende utilizar carece aún de una adecuada claridad.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, el proyecto cuyo informe hemos conocido aporta elementos muy valiosos en la línea de perfeccionar la institucionalidad de los derechos de aprovechamiento de aguas.Para quienes representamos a comunidades rurales, es de conocimiento público la urgencia de atender esta realidad, pues como lo reconoce el propio informe existen alrededor de 300.000 usuarios a nivel nacional que siendo poseedores de estos derechos no tienen sus títulos en regla. Esto significa que algunos solo los tienen inscritos en el Conservador de Bienes Raíces, y otros en las organizaciones de usuarios o en las juntas de vigilancia, pero sin las formalidades correspondientes.Estamos frente a un problema histórico, pues muchos de esos derechos habían sido otorgados por asignaciones efectuadas por los gobernadores en el año 1908, y otros provenían de propiedades de la época de la Colonia, que otorgaban los municipios.Perfeccionar los derechos de agua requiere de un procedimiento que se realiza a través de un juicio sumario y que consiste en la determinación o definición de las menciones mínimas que deben tener los títulos, de conformidad con el Código de Aguas. El problema surge porque en el Catastro Público de Aguas solo está registrado el 17 por ciento de los derechos de aprovechamiento de aguas existentes en el país, cifra que no se puede incrementar precisamente porque el perfeccionamiento del título es un requisito habilitante para la inscripción de un derecho de agua en dicho catastro.Por otra parte, los titulares de derechos que no se encuentran inscritos en el catastro no pueden realizar acto alguno ante organismos como la Dirección General de Aguas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Comisión Nacional de Riego.De allí la importancia de iniciar un proceso de perfeccionamiento de títulos para contar con una adecuada información para el manejo y gestión de un uso sustentable y eficiente de los recursos hídricos.Aun cuando hubiese preferido que esta problemática se hubiese abordado desde la perspectiva de fortalecer a la Dirección General de Aguas como el organismo público responsable de este proceso, la iniciativa del Ejecutivo de proponer un cambio legal para facultar al directorio de las organizaciones de usuarios para que represente a sus miembros en la tramitación del perfeccionamiento de sus títulos de derechos de aguas va en la dirección correcta, pues permitirá que el perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento sean tramitados en conjunto por el directorio de las organizaciones de usuarios, con la consiguiente disminución de costos en beneficio de los usuarios, especialmente de los medianos y pequeños agricultores, quienes poseen aproximadamente el 80 por ciento de los derechos de agua del sector agrícola.Por las consideraciones señaladas al inicio de mi intervención, anuncio que Renovación Nacional votará favorablemente esta iniciativa.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.El señor SCHILLING.- Señor Presidente, concurrimos a parte del debate habido en la Comisión de Recursos Hídricos sobre este proyecto con la mejor voluntad de buscar una solución al problema que fundamenta su presentación, que dice relación con facilitar los procesos de perfeccionamiento de derechos de agua, en consonancia con lo establecido en el artículo 122, inciso séptimo, del Código de Aguas, el cual señala que no se podrá realizar acto alguno ante la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, respecto de derechos no inscritos en el Catastro Público de Aguas.A su vez, los artículos 44 y 46 del Reglamento exigen títulos perfeccionados, con mención de sus características esenciales para poder ser inscritos en el mismo.Según la información que se nos entregó en la Comisión, hoy el procedimiento de perfeccionamiento se realiza a través de un juicio sumario, que consiste en definir las menciones mínimas que deben tener los títulos, de conformidad al Código de Aguas. Sin embargo, en el catastro está registrado solo el 17 por ciento de los derechos de aprovechamiento de aguas existente en el país, lo que significa que existen alrededor de 300 mil usuarios, a nivel nacional, que poseen derechos de aprovechamiento sin perfeccionar.Además, la señora ministra de Obras Públicas destacó que es importante tener presente que, en Chile, alrededor del 73 por ciento del agua es consumida por usuarios agrícolas y que de estos el 74,5 por ciento corresponde a pequeños agricultores que son, en consecuencia, los más afectados por no tener perfeccionados sus derechos de aprovechamiento de aguas. Como solución, se propone facultar a los directorios de las organizaciones de usuarios para realizar el trámite de perfeccionamiento a todos los asociados, en forma conjunta y simultánea, lo que favorecería a los pequeños y medianos agricultores que representarían, aproximadamente, el 80 por ciento de los derechos de aprovechamiento de aguas del sector agrícola.Hasta aquí, todo parece justificar la aprobación del proyecto. Sin embargo, hay un hecho que no está establecido ni en la Constitución Política, ni en las leyes, ni en la letra de las normas que revisamos en la Comisión, pero que recorre el país de norte a sur y de este a oeste, que es la desconfianza existente debido a los abusos en que incurren quienes tienen más poder. Desgraciadamente, este proyecto no está exento de esa desconfianza, porque propone que en una junta extraordinaria de los miembros de la organización de usuarios respectiva, con el acuerdo de los dos tercios de los presentes, se podrá tomar la decisión de facultar al directorio para realizar el trámite de regularización pertinente. Sin embargo, los dos tercios de los presentes no corresponden al número de todas las personas presentes, sino a los dos tercios de las acciones presentes, lo que, naturalmente, hará que la decisión sea adoptada por los comuneros mayoritarios y no por los pequeños y medianos agricultores, respecto de los cuales todos los diputados presentes en la Sala compartimos que deben ser los favorecidos. Para subsanar este problema, propusimos que la norma que se refiere a la convocatoria a la junta extraordinaria establezca que la publicidad debe ser mayor que la que dispone la normativa vigente. Sin embargo, esta proposición que, al parecer, fue vista con simpatía por los representantes del Ejecutivo, no se plasmó en el articulado del proyecto.Por último, este virus de la desconfianza que corroe las leyes no es algo sin fundamento. Por ejemplo, hemos aprobado leyes que establecen que a igual función y preparación, hombres y mujeres debieran recibir la misma remuneración, pero nada de eso ha ocurrido; por el contrario, han aumentado las diferencias. También aprobamos la prohibición del cheque y de todos los instrumentos financieros que exigen como garantía algunas clínicas para prestar atención de urgencia, cosa que, en la práctica, tampoco se ha cumplido. Entonces, como el proyecto no contiene un antídoto para este virus de la desconfianza, la diputada Adriana Muñoz presentó una indicación sobre esta materia y vamos a encauzar nuestra votación en consonancia con ella. He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra a la diputada señor Alejandra Sepúlveda.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en la misma lógica de la discusión que tuvimos hace algunas semanas, tuve la oportunidad de chequear el proyecto de ley junto con algunas organizaciones, cuestión que comenté en la Sala.Por ejemplo, me reuní con los dirigentes de Afrupalta, que es una organización de palteros, para analizar los problemas ocasionados por las bajas temperaturas que han quemado muchas hectáreas de plantaciones de paltos en comunas como Peumo y Pichidegua, de mi distrito. También me reuní con dirigentes de Copeumo, que es una de las cooperativas más antiguas del país, a fin de analizar el proyecto de ley.La verdad es que existen muchas dudas sobre él. Como dijo muy bien el diputado Schilling, existe una tremenda desconfianza histórica de los pequeños agricultores, debido a la usurpación de tierras y de derechos de aprovechamiento de aguas de que han sido objeto. Asimismo, durante el chequeo del proyecto que realicé durante la semana distrital, me di cuenta de que la mayoría de los directorios están conformados por representantes de los grandes agricultores, que poseen una gran cantidad de acciones, lo que impide que los pequeños y medianos agricultores tengan una representación importante. Durante la discusión pasada pedí que el proyecto fuera revisado y que el Ejecutivo perfeccionara el procedimiento de regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas; no corresponde que los directorios sean juez y parte, porque se trata de regularizar derechos adquiridos. Por lo tanto, el Estado es el único que puede garantizar que se respeten efectivamente los derechos de todos los agricultores y regantes.Si los dos tercios se refieren al número de acciones, los pequeños agricultores no tienen posibilidad alguna de tener representación; además, desconocen la fecha en que se realizan las asambleas. Como digo, si una acción es un voto, no es mucho lo que se puede hacer.Para terminar, quiero formular una pregunta a la ministra de Obras Públicas, relacionada con el aprovechamiento de los derechos de agua, cuestión que debiera ser considerada por el Ministerio de Obras Públicas, tal como lo hice presente en la Comisión. Ahora, siento la misma preocupación porque la regularización también está relacionada con los derechos de aprovechamiento del agua potable rural; es un asunto que está relacionado con lo que estamos discutiendo. Existen muchos derechos de aprovechamiento de aguas en los sectores rurales que, lamentablemente, pertenecen a las empresas sanitarias, a pesar de existir gran escasez del vital elemento. Además, no sé para qué los mantienen si no pueden utilizarlos porque no están en el ámbito de las concesiones en que ellas participan.Me gustaría saber qué está haciendo el Ministerio al respecto; durante tres años, hemos pedido que se regularicen los derechos de aprovechamiento de aguas de las empresas sanitarias para que sean utilizados en agua potable rural y se puedan realizar las inversiones correspondientes.Por lo tanto, voy a votar en contra del proyecto de ley porque represento el sentir de los pequeños agricultores de mi distrito y porque cuento con su respaldo.He dicho.El señor ELUCHANS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.El señor MEZA.- Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto de ley que apunta a regularizar los derechos de aprovechamiento de aguas; es decir, para que los agricultores puedan inscribir tales derechos es necesario que perfeccionen los títulos de aprovechamiento de aguas. Como se ha dicho, esta situación afecta a más 300 mil personas que aún no lo han hecho. Naturalmente, este problema es lo suficientemente sensible como para que utilicemos esta oportunidad para reclamar, en nombre de tantas personas que viven en nuestras zonas rurales y que se han visto afectadas por la usura, por los pozos secos, por el mal uso y usurpación de estos derechos de aprovechamiento de aguas que siempre debieran ser un bien nacional de uso público y que hoy no cumplen con ese requisito elemental. En La Araucanía -la tierra de las lluvias, como dice Neruda en sus poemas- no debiera haber problemas de sequía, sin embargo, en las zonas de Loncoche, Villarrica, Pucón e, incluso, en algunas zonas cordilleranas, los pozos están prácticamente secos. Los pequeños agricultores se sienten desprotegidos a la hora de querer usar estos pozos que con muchas dificultades han perforado tanto los gobiernos anteriores como el actual.A esto se suma el hecho de que cada vez que quieren utilizar el agua esta se encuentra inscrita a nombre de personas que ni siquiera viven en el sector o, incluso, no viven en Chile. Los pueblos originarios, sobre todo el mundo mapuche, se quejan permanentemente a los parlamentarios sobre el tremendo defecto que tiene la legislación chilena y que se arrastra desde el siglo pasado, pues recordemos que por el año 1900 o 1908 se entregó derechos de agua a mucha gente.Entonces, más allá de apoyar este proyecto de ley, queremos llamar la atención a este Gobierno y a los que vendrán sobre la necesidad de reformar profundamente el Código de Aguas. En la cosmovisión de los pueblos originarios el agua representa la vida, y por eso no solo reclaman la tierra, sino que todo lo que hay debajo de ella, particularmente las aguas, las que esperamos que sean utilizadas en beneficio de toda la sociedad y no solo de unos pocos.El presente proyecto de ley ayuda a regularizar e inscribir las aguas, pero no por ello quiero dejar de llamar la atención sobre la necesidad de legislar para que el agua sea un bien de uso público y no un bien de uso privado, como sucede hoy. Incluso, desde el punto de vista sanitario, nos encontramos con el tremendo drama que significa el mal uso que hoy existe de las aguas y la sequía que nos persigue.En su momento, fuimos los únicos que nos opusimos a la privatización del agua y a la irrupción de las sanitarias en Chile, que es otro tema que nos preocupa mucho, dado los altísimos costos que debe pagar la ciudadanía, especialmente la gente más sencilla y la clase media, quienes cada vez que reciben su boleta de consumo de agua empiezan a tiritar porque los costos son altísimos. Ello también tiene que ver con la mala utilización, la mala legislación y el poco cuidado que se tiene a la hora de permitir enriquecimientos descomunales por parte de las empresas sanitarias en la ciudad y por parte de los dueños de los derechos de agua en los campos.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Vilches.El señor VILCHES.- Señor Presidente, este proyecto es de gran importancia para todos los niveles de la agricultura y de la minería, porque viene a solucionar el desorden del que durante veinte años nunca se hicieron cargo los amigos de la Concertación. Ello, porque durante ese período se otorgó la mayor cantidad de derechos de agua. A modo de ejemplo, en Atacama, se concedió derechos de agua por más de 20 mil litros por segundo, los que fueron entregados indiscriminadamente, puesto que jamás se realizó estudios para determinar si el acuífero era capaz de responder a determinada demanda de derechos de agua. Por eso, a través de este proyecto y como una forma de ordenar la actual situación, se le otorgan facultades a los directorios de las juntas de vigilancia a los cuales pertenecen los regantes, para satisfacer sus demandas respecto de un recurso fundamental, como es el agua, para seguir avanzando en el desarrollo y el crecimiento de las regiones.Debemos hacernos cargo de la situación. He escuchado a distinguidas parlamentarias decir que votarán en contra de este proyecto que busca ordenar la casa y respetar los derechos de los pequeños agricultores. En suma, la iniciativa viene a ordenar lo que significan las horas de riego y la cantidad de litros por segundo, con el fin de tener un real conocimiento de cuál es la demanda total del recurso agua para las distintas industrias.En consecuencia, me parece incomprensible no votar favorablemente un proyecto que viene a construir -no a destruir ni a quitarle derechos a nadie- un concepto que es básico para el agricultor, como es que le sean reconocidos sus títulos para ejercer sus derechos.Por eso, vamos a votar favorablemente esta iniciativa.He dicho.La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, pido la palabra para replicar lo dicho por el diputado Vilches.El señor ELUCHANS (Presidente).- Señora diputada, tengo inscrita a la diputada señora Denise Pascal. Puede tomar uso nuevamente de la palabra durante el tiempo de su segundo discurso. Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, ojalá la ministra no tenga a ningún diputado sentado a su lado para que nos pueda escuchar bien. Desgraciadamente, nosotros mismos instalamos esta costumbre de conversar con los ministros, distrayéndolos del tema por el cual están presentes en la Sala.No tenía pensado hacer uso de la palabra, pero después de escuchar al diputado Vilches, que una vez más ataca los veinte años de los gobiernos de la Concertación, decidí intervenir para recordarle las razones por las que hoy estamos viviendo esta situación irregular en la entrega de los derechos de agua, los que en muchos casos están en manos de grandes empresarios.Los pequeños agricultores de las provincias de Talagante y de Melipilla -que represento en la Sala- no tienen derechos de agua, pero sí lo tienen empresas como Agrosuper o Ariztía, las cuales se dan el lujo de venderlos, en circunstancias de que en la década del 80 les fueron entregados en forma gratuita. Hoy, se los venden a los mormones para que rieguen sus predios, mientras los pequeños agricultores tienen que estar pidiendo como limosna el agua para regar sus campos. Incluso, hay zonas en las cuales el agua para beber se reparte en camiones aljibes. Por eso, creo que el señor Vilches no conoce la historia del agua, y quienes no la conocen, no debieran hablar sobre el tema.Este proyecto tiene una buena intención original, pero desvirtúa lo que queremos en materia de derechos de agua y por lo que hemos trabajado durante años.Aunque la Constitución Política de la República establece que el agua es de todos los chilenos, no podemos olvidar que, en los años 80, ella fue entregada gratuitamente a las grandes empresas de nuestro país. Desde ese momento, en nuestra zona, las aguas ya no son de quienes poseen las tierras, sino que son de quienes las comercializan en el sistema económico. Desgraciadamente, los derechos de las agua están separados de las tierras; de lo contrario, no estaríamos discutiendo este proyecto ni muchos otros.Si bien la intención de este proyecto es positiva, creo que tiende una vez más a proteger a los grandes y no a quienes realmente lo necesitan.Cuando me hablan de comunidades de aguas o de directorios de aguas ojalá fuera por persona y no por el número litros de agua por segundo que reciben los usuarios. El valor de un pequeño propietario que tiene un litro por segundo respecto de aquellos propietarios que tienen 20, 30, 40, 50 o hasta 1.000 litros por segundo realmente no tiene punto de comparación.En algunas zonas de nuestro país cuesta alrededor de 70 millones de pesos comprar un litro de agua por segundo. Esa es una realidad que se comercializa por debajo y la conocemos directamente porque se nos ha contado. Incluso, hay pequeños agricultores que han tenido que vender los pocos litros de agua que tenían para salvar sus predios.Por eso, los ataques se deben hacer con fundamento. Pero si seguimos atacándonos unos a otros, de esa manera no vamos a construir un país sano. Queremos que el país crezca, pero respetando los derechos de todos, y si no se acepta la indicación que le formulamos al proyecto, va a ser imposible que eso ocurra.Por eso, hemos expresado nuestras dudas y las razones por las cuales algunos de nosotros vamos a votar en contra del proyecto, porque estamos por proteger los derechos de todos -estamos por la igualdad de derechos-, especialmente, de los pequeños y medianos campesinos que hoy miran desde el otro lado de la reja los derechos de los grandes empresarios y no pueden regar sus predios.Espero que este Gobierno le introduzca modificaciones al Código de Aguas con el objeto de que los derechos de agua sean repartidos en forma equitativa, de acuerdo con las hectáreas que posee cada uno de los propietarios de las tierras, para que exista equidad al respecto en nuestro país.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.El señor SABAG.- Señor Presidente, anuncio mi respaldo a este proyecto, porque va a beneficiar a los pequeños agricultores.Aquí se ha planteado mal el tema, porque no estamos discutiendo la titularidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, sino la inscripción en el Catastro Público de Aguas una vez que las personas han inscrito los derechos en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.De manera que no hay usurpación o una disputa legal. Los derechos que están inscritos, ya están inscritos. Podríamos discutir esto para atrás, en el sentido de si eso fue justo o no, o si hubo usurpación o no -para eso están los tribunales-, pero aquí estamos hablando de la inscripción en un registro administrativo, el Catastro Público de Aguas, que, de acuerdo con un fallo del Tribunal Constitucional, es requisito sine qua non para acceder a los beneficios que otorga el Estado.Por lo tanto, hoy, un pequeño agricultor que no esté inscrito en el Catastro Público de Aguas no puede acceder a subsidios del Estado. En esta situación sí que se produce una inequidad, porque los beneficios solo estarían llegando a agricultores de mayor tamaño.Entonces, esta iniciativa pretende acelerar el paso y permitir que, en un acto colectivo, se puedan inscribir también los pequeños agricultores, que tienen sus títulos de dominio, en el Catastro Público de Aguas. En caso contrario, esos agricultores tendrán que realizar ese trámite en forma individual y asumir los costos, el tiempo y la burocracia que significa tramitarlo ante la Dirección General de Aguas.En consecuencia, al facultar al directorio de la comunidad de aguas para representarlos en este trámite administrativo, ciertamente están ahorrando costos, tiempo y dinero. Lo más importante es que se permite mayor igualdad y equidad, pues si esos pequeños agricultores hicieran los trámites por su propia cuenta, tendrían que esperar muchos años antes de estar inscritos en ese registro. En el intertanto, seguirán gozando de los beneficios estatales solo los grandes agricultores, lo que precisamente buscamos evitar.En esta Cámara se discutió el quorum que debía tener la sesión extraordinaria convocada para mandatar al directorio para que represente a los pequeños agricultores y se estimó que debía ser de los dos tercios de los presentes, y no de todos los miembros de la comunidad de aguas, porque, de lo contrario, la norma sería inviable.Lamentablemente, hoy se enredó el debate. No estamos discutiendo los derechos de aprovechamiento de aguas, porque ya están inscritos. Simplemente, estamos pidiendo que se permita que los pequeños agricultores sean representados ante la Dirección General de Aguas para inscribirse en el Catastro Público de Aguas, lo cual -insisto-, según el fallo del Tribunal Constitucional, es requisito para acceder a los beneficios. Hubiese preferido que no fuera requisito, pero el Tribunal Constitucional estimó que sí lo es, de modo que la persona que no está inscrita no tendrá derecho a los beneficios.Por lo tanto, el proyecto va en la dirección correcta de ayudar a los pequeños y medianos agricultores a estar inscritos en el Catastro Público de Aguas y, de esa manera, tener derecho a todos los beneficios y subsidios que entrega el Estado.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, se ha trastocado el sentido del debate y de las observaciones que hemos formulado muchos de nosotros.Nadie niega que la propuesta tiene una virtud -la han destacado los parlamentarios que han intervenido a favor del proyecto-, dentro del marco del mercado de aguas que existe en el país. Se trata de mejorar la gestión del agua, porque hoy los derechos de agua son antiguos, vienen de larga data. Algunos se miden en acciones, otros en merced de aguas y se intenta estandarizar a litros por segundo. Eso es lo que está detrás del concepto de perfeccionamiento. Nadie puede negarse a mejorar la situación de los pequeños y medianos agricultores con los subsidios que se entregan en base a esta exigencia de estandarización de las magnitudes del agua que tiene cada uno. Si eso les va a traer beneficios, no vemos ningún problema; que se haga. El problema es quién lo hace.No entendemos por qué en un país, como pocos en el mundo, la gestión y el acceso al agua está sustentada en el mercado, en que el Estado no tiene facultad ni atribución alguna para administrar un recurso esencial para la vida humana, la producción y el desarrollo del país: el agua.Contamos con un Código de Aguas, donde se establece que es un bien nacional de uso público, pero a renglón seguido eso se borra y se dispone que el Estado puede entregar derechos de agua a perpetuidad y a gratuidad, presentando una pequeña propuesta técnica de proyecto. Eso no existe en ningún país del mundo. Y como eso existe en Chile, tenemos nuestras aprensiones. Reconocemos las bondades del proyecto, pero lo que pedimos es que lo haga el Estado.No entendemos por qué el Estado externaliza una función que le corresponde realizar a él, porque debe proteger a los pequeños y medianos agricultores, además que representan el 80 por ciento de los derechos de agua en la agricultura. ¿Cómo vamos a dejar a una organización, que deberá incurrir en gastos, en asesorías y en la representación de ese 80 por ciento ante los tribunales? Eso es incomprensible, sobre todo en el marco de una gestión y acceso al agua basado en el mercado, en el que vemos una alta concentración de la propiedad de este vital elemento, como en las grandes empresas mineras, en las grandes transnacionales agrícolas, en las sanitarias y en las empresas de energía.Si hoy falta el agua, cuando hagamos la estandarización, ¿cómo vamos a estar seguros de que un pequeño agricultor que tiene las aguas en mercedes, que las mide en acciones, realizará esa reducción de verdad, en forma transparente, cuando esto quede en manos de privados y el Estado no esté resguardando esa situación?En la Comisión, la ministra y el director de la DGA nos dijeron que si alguien no está de acuerdo con la estandarización de sus derechos, puede ir a los tribunales. Eso es fácil para quienes pueden pagar abogados, tienen más poder, más instrucción y viven más cerca de los centros donde operan los tribunales. Pero la complejidad de la vida en el campo es bastante grande y todos la conocemos.Por ello, quiero dejar establecido que no nos oponemos a que esto se haga si representa un beneficio para los pequeños agricultores, pero consideramos que debe hacerse desde el Estado.¿Por qué la Dirección General de Aguas no propone a esta Cámara una partida presupuestaria especial o una glosa que diga que el costo de perfeccionar los derechos de aguas de 300.000 agricultores tiene tal implicancia presupuestaria? Estaríamos absolutamente de acuerdo en entregar nuestros votos para fortalecer a la DGA en el procedimiento de perfeccionar los derechos de aguas de los 300.000 agricultores que faltan.En ese sentido, colaboraríamos sin problemas, porque hay que robustecer al Estado. No es posible que en un tema tan sensible, como es la propiedad del agua, se externalicen funciones y el Estado mire para el lado y deje en manos de las juntas de vigilancia de las comunidades de aguas un procedimiento que será complejo.Ese es el sentido de nuestra postura. No nos negamos al hecho, sino que consideramos que el Estado debe asumir esa responsabilidad.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Luis Lemus.El señor LEMUS.- Señor Presidente, tengo dudas acerca de este proyecto, que quiero fundamentar.Todos sabemos que en Chile tenemos concentración del agua y que los catastros existentes de los ríos, de los canales y del agua, en general, están divididos conforme a esos derechos. Así, en una junta de vigilancia, por ejemplo, la proporcionalidad no tiene que ver con la cantidad de usuarios del sistema, sino con la cantidad de derechos que cada usuario posee. Por lo tanto, hay concentración. Con todo el respeto que me merecen, la mayoría de las juntas de vigilancia están en manos de quienes tienen más peso específico, por sus derechos, y, por lo tanto, hay concentración, cuestión que no es menor.La reforma agraria se profundizó en algunas regiones, como en las provincias del Choapa y parte del Limarí, en la Cuarta Región, por lo que constituyen una excepción, ya que en ellas el agua aún está en manos -al menos en Choapa- de pequeños propietarios. Según entiendo, lo que hasta ahora ha sido un acto individual de cada persona, pasaría a ser un acto colectivo, de representación, con la aprobación de esta iniciativa, pero dicha representación judicial la tendrá la junta de vigilancia. Estoy de acuerdo, señora ministra -por su intermedio señor Presidente-, en que Chile necesita contar con un catastro de las aguas superficiales, pero también necesitamos uno de las aguas subterráneas. Las aguas superficiales, medidas por litros por segundos, por acciones, por mercedes de agua o por lo que usted quiera, y por el uso y costumbre que tienen las juntas de vigilancia y los regantes, hoy se reparte, y eso es un problema en los territorios donde el agua es escasa. No obstante, han llegado a ciertos consensos para poder administrar el recurso. Entonces, para mí -lo digo con todo respeto-, el problema es otro. El concepto de perfeccionamiento no está en el Código y no sé si el proyecto lo define. ¿Qué persigue el perfeccionamiento en sí?Debemos tener el catastro, pero además necesitamos arreglar, mejorar la Dirección General de Aguas, porque es necesario y urgente que tenga un perfeccionamiento.Sinceramente, me parece que esta iniciativa no arregla ese problema. Es más, podría provocar distorsiones, porque quizá se representaría solo una visión.En muchos casos se han inscrito derechos, conocidos como “derechos de agua flacos”, que corresponden al afluente de algún río, pero que luego son cambiados en otra parte, donde el agua es más abundante. Así, esos derechos “flacos” se transforman en derechos “gordos”. ¡Hay que tener cuidado con eso!Entiendo que la Dirección General de Aguas y el país en su conjunto necesitan un catastro, pero, por el desequilibrio que existe, con todo el respeto que se merecen las juntas de vigilancia, me parece que no van a ser las más ecuánimes para alcanzar ese objetivo. Como bien intencionadamente han dicho algunos colegas, se cree que esto va a favorecer a los chicos, pero yo me pregunto dónde, en qué mundo, si las decisiones en las juntas de vigilancia se verá expresada en los derechos que tienen, pero no en conformidad al número de usuarios. Además, tendremos el problema de los quorums. ¿Cuánta gente concurre a las asambleas de las asociaciones de regantes? Van solo los más interesados, los que tienen más cultivos. Reitero que las decisiones no se tomarán atendiendo al número de individuos, sino por la cantidad de derechos de agua representados. Por ello, no lo considero un buen proyecto.Necesitamos saber cuánta agua subterránea tenemos en Chile. En esta materia, le encuentro razón al diputado Vilches, porque está la embarrada en Petorca, en Copiapó, en el Limarí y está empezando en Choapa, porque hay un uso indiscriminado y porque la ley no está favoreciendo la correcta explotación de un recurso, que es escaso en algunas zonas.Por lo tanto, anuncio que votaremos en contra de este proyecto.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.El señor CARMONA.- Señor Presidente, el intercambio de puntos de vista en cualquier debate legislativo que se vincule al problema hídrico supone poner en el centro de la discusión un problema de marca mayor, que alguna vez debiéramos abordar en profundidad.Si entre los temas que generan nuevos problemas -por decirlo de alguna manera- hay alguno que tiene connotación estratégica e incide directamente en el desarrollo de la economía de un país y en la calidad de vida de su gente, no cabe ninguna duda que uno de ellos es el de la crisis hídrica que cruza al planeta, incluido nuestro país, que se expresa con mayor crudeza en las zonas del Norte Chico y, principalmente, del Norte Grande, máxima expresión del desierto. El asunto es tan relevante que, incluso, amerita tener un ministerio vinculado a los asuntos hídricos, porque el agua es tan importante como el oxígeno para que exista la vida. Pero solo discutimos puntos específicos, sin abordar el problema de manera integral.Esa es la primera reflexión que quería entregar, que permite ubicar la formulación que aportaremos y da señales de cuál será nuestra posición respecto de este proyecto.Por otra parte, hay un problema que también nos inquieta, ya que genera parte del fenómeno, pero que no es abordado por el proyecto, porque no se presentó para eso. Me refiero a que se ha establecido que los derechos de agua son privados y se pueden transar en el mercado. Lo que nos preocupa es que, en ese mercado de los valores, de los derechos de agua, se produce una manifestación especulativa, porque las transacciones de papeles se sobreponen a la realidad de las reservas efectivas de agua de las cuencas hidrográficas. Eso genera muchos fenómenos que también debieran abordarse al debatir esta materia en profundidad.La idea matriz o fundamental del proyecto en debate es introducir modificaciones al Código de Aguas a efectos de facilitar y abaratar los costos del trámite de perfeccionamiento de títulos, para lo cual se propone facultar al directorio de las organizaciones de usuarios a representar a sus miembros ante el tribunal correspondiente para el perfeccionamiento de títulos. Pero, como acabo de expresar, también se debería replantear el actual sistema de propiedad del agua y eliminar de la Constitución el inciso final del artículo 19, Nº 24°, que expresa: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;”. ¿Por qué? Porque el agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto no puede tener propietarios individuales. Los particulares no pueden tener propiedad sobre el agua. Distinto es el caso de cómo se accede al uso de ella. Parto de la premisa de que el uso y aprovechamiento de las aguas será entregado por el Estado a los particulares bajo un régimen determinado en conformidad a la ley, garantizando el acceso universal y equitativo; es decir, el hecho de que no exista propiedad privada sobre el agua no significa que los privados no accedan al agua que requieren para el desarrollo de las actividades económicas, tanto en la agricultura como en la actividad industrial. Un proyecto como el planteado permitiría la regularización o perfeccionamiento de alrededor de 300.000 títulos que no cumplen con la normativa actual, sin exigir que cada comunero o asociado tenga que hacer los trámites en forma particular. No obstante, ello implica consolidar el sistema de propiedad privada de estos títulos de aprovechamiento.Es importante, además, que las comunidades de aguas de los sectores agrícolas más pobres y de las zonas indígenas tengan la oportunidad de bajar los costos de regularización, situación que hasta el momento ha estado tan solo al alcance de los grandes propietarios de derechos de aprovechamiento. El grave problema del agua en nuestro país hace necesario incorporar ciertas medidas, como el establecimiento de zonas de restricción o prohibición; que los derechos entregados sean provisorios; que, ante el incumplimiento de la ley, los derechos sean revocados; que la ley considere un apoyo técnico y gratuidad para el procedimiento a las comunidades de las zonas indígenas, en general, y para las asociaciones de canalistas de sectores declarados como zonas de catástrofe agrícola; que las aguas salgan del régimen de derecho privado y vuelvan, como era hasta 1967, al régimen de derecho público administrativo, donde el Estado sea quien otorga una concesión administrativa para el uso de un bien nacional de uso público, que puede ser modificado o cancelado por vía administrativa si el titular incumple las condiciones de otorgamiento de dicha concesión, como, por ejemplo, por efectuar un uso de aguas que contravenga el interés general, sin indemnización alguna. En definitiva, se trata de democratizar el acceso y el manejo del agua en el contexto de las cuencas hidrográficas.Respecto de este proyecto, tenemos la justa reserva de que esto se pueda prestar para seguir concentrando los derechos de agua. Por eso, nos inclinamos por la indicación planteada, en cuanto a que sea la propia Dirección General de Aguas la que garantice la transparencia de este proceso.Desde esa perspectiva, anuncio que vamos a votar en contra del proyecto en general y apoyaremos la indicación que se ha presentado, si ha lugar.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.El señor WALKER.- Señor Presidente, como diputado informante del proyecto y miembro de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, me veo en la obligación de aclarar algunos conceptos. Lamento que la Sala se encuentre casi vacía y que muchos de los que han expresado ciertas dudas no estén presentes en este momento, para aclarárselas. También lamento que esta discusión no se haya desarrollado en la Comisión, donde debería darse, porque hay algunos diputados que son integrantes de la Comisión y nos encantaría recibir sus aportes los lunes, en el marco de la discusión de proyectos de esta naturaleza. Quiero aclarar dos puntos que me parecen fundamentales. Está bien que todos los diputados tengan derecho a plantear su postura respecto de la regulación del derecho de aguas en nuestra legislación. Pero quiero precisar que el proyecto está acotado a un tema de representación en el procedimiento de perfeccionamiento de títulos que se desarrolla en el juicio de perfeccionamiento de los derechos de aguas que tienen lugar en la Dirección General de Aguas o ante el tribunal de aguas. Por lo mismo, no comparto la indicación de la diputada Adriana Muñoz, Presidenta de nuestra Comisión, quien propuso que sea la propia Dirección General de Aguas la que se encargue de representar a los usuarios de las comunidades de aguas en este procedimiento de perfeccionamiento, por una razón muy simple, que su señoría, al igual que todos los colegas que son abogados van a entender: la Dirección General de Aguas (DGA)no puede ser juez y parte en este proceso. La DGA o el tribunal de aguas finalmente tienen que calificar estos procedimientos de perfeccionamiento. Lo que se está haciendo no es entregar a las comunidades de aguas el proceso de perfeccionamiento para defender los intereses de las comunidades de aguas, como equivocadamente se ha dicho acá, validando los intereses de los grandes regantes. Es justamente todo lo contrario. Lo propio del mandato y de la representación es que los efectos del acto jurídico se radiquen en el mandante y no en el mandatario, de manera que los efectos del acto jurídico -en este caso, del perfeccionamiento de los títulos- se radican en los regantes que son representados. ¿Y a qué regantes se intenta representar? Precisamente, a los pequeños regantes que no cuentan con los medios para contratar un abogado para llevar a cabo este proceso de perfeccionamiento que es esencial, porque hoy nuestro sistema registral de aguas es absolutamente caótico. Ni siquiera todos los derechos de aprovechamiento de aguas están expresados en la misma unidad de medida. Unos están expresados en litros por segundo; otros, en metros cúbicos por segundo, y algunos en acciones. Entonces, no hay una uniformidad en nuestro sistema registral que nos permita, por ejemplo, saber cuál es la dotación de agua de los derechos que están asociados a cada una de las inscripciones. Por eso se presentó este proyecto. Naturalmente, para perfeccionar este mandato, no basta el solo imperio de la ley con el proyecto que estamos discutiendo hoy, sino que se requiere una junta extraordinaria de comuneros, convocada especialmente para los efectos de otorgar este mandato a los directorios de las comunidades de aguas, y se exigirá un quorum alto para su aprobación. Estamos hablando de los 2/3. Entonces, si alguien tiene la duda o el temor de que el directorio de la comunidad de aguas puede intentar pasar a llevar a la asamblea, la sola redacción del proyecto de ley despeja esa duda, de manera muy simple, y además, reitero, exige un quorum de 2/3 para perfeccionar el mandato. Se han planteado otros temas que dicen relación con nuestro régimen de aguas, que yo comparto, pero que no son materia de este proyecto. Invito a todos los diputados que los han expuesto a que se integren a nuestra Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, donde ya estamos legislando, por ejemplo, sobre un muy interesante proyecto de ley -que aprobaré-, presentado por la diputada Alejandra Sepúlveda y otros colegas, que establece los usos esenciales del agua, con usos prioritarios, sobre todo para el consumo humano, la producción de alimentos y el uso agrícola. Incluso, ya estamos trabajando en las indicaciones a ese proyecto, que regula, entre otras cosas, las facultades que tiene el Estado para, por ejemplo, caducar derechos de aprovechamiento de aguas que no son utilizados, para priorizar el uso del agua para la agricultura, para el consumo humano, para mantener caudales ecológicos y muchas de las materias que se han señalado. Eso no es parte de este proyecto, sino de otra iniciativa que estamos analizando en la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, donde recibiremos encantados el aporte que quieran hacer los demás colegas. He dicho. El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco las aclaraciones que el diputado informante, señor Matías Walker, que me antecedió en el uso de la palabra, ha formulado respecto del proyecto, porque precisa la real dimensión de lo que este pretende. Y la iniciativa busca mejorar, profundizar y regular de mejor forma el acceso a esos derechos. Sin ser miembro titular de la Comisión, pero después de examinar el informe que se nos ha propuesto, puedo observar que, al concurrir a la Comisión, la señora ministra de Obras Públicas entrega un dato que no es menor: que la OCDE señala que la crisis del agua no es un problema de disponibilidad, sino de gestión. Otra institución, el Centro Internacional de Excelencia en Minería y Procesamiento de Minerales, afirma que no se puede gestionar lo que no se conoce. Por lo tanto, es completa y absolutamente necesario contar con información clara y fidedigna, con el único propósito de gestionar de mejor forma el recurso. Entonces, es necesario crear, actualizar y armonizar sistemas de información de aguas y las bases de datos. Por esa razón surge este proyecto, que busca un perfeccionamiento para que los títulos de derechos de aguas puedan ser regularizados para la mayor cantidad posible de usuarios. Por eso, se plantea facultar a las organizaciones de usuarios para que, por intermedio de sus directorios, previo acuerdo de una junta general extraordinaria convocada al efecto -ya que se pone en duda el tema de los directorios-, representen a los usuarios en la tramitación del perfeccionamiento de sus títulos de derechos de aguas, de forma conjunta y simultánea. Si la mayor cantidad de usuarios de aguas está precisamente en el mundo de los pequeños y medianos agricultores, sin duda, ese 80 por ciento de los derechos que buscan ser representados serán mejor regulados con un proyecto que tiene por objeto dar mayores facilidades precisamente a esos titulares de derechos de aguas, que constituyen el 80 por ciento de quienes las ocupan. Por lo tanto, a todas luces, pareciera que este proyecto es necesario, y el gobierno del Presidente Piñera solo busca mejorar las condiciones de acceso a los derechos de aguas, particularmente de los pequeños agricultores. Por lo tanto, invito a los señores diputados a darle su aprobación. He dicho. El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, estamos ante un proyecto de ley que, a mi juicio, busca algo que es razonable. Sin embargo, quiero partir de la premisa de los deberes del Estado en materia de aguas. En ese sentido, debemos dejar en claro que en nuestro país hoy tenemos una situación muy especial. Tengo entendido que no hay ningún país del mundo que haya entregado sus derechos de aguas en forma permanente, perpetua e incluso hereditaria a los privados, sin ningún tipo de restricción. Ni en los países más liberales del mundo el elemento más importante que tiene el ser humano, como es el agua, para su desarrollo de cualquier tipo, ya sea agrícola, minero o industrial, se entrega a los privados, sin restricciones. En el presente y en el futuro próximo, una de las peleas que tenemos que dar -por lo menos nuestra bancada la dará- es la renacionalización del agua, para que el agua vuelva a ser de todos los chilenos, del Estado. No estamos diciendo que el agua no pueda ser entregada para uso de los agricultores, de la minería o de la industria, sino que no es posible que hoy, en Chile, el agua se convierta en un bien de mercado y el Estado se desentienda de su deber de entregar, de controlar y de permitir que el agua sirva no solamente para el presente, sino también para el futuro. Quiero entregar un solo ejemplo de mi región. En las provincias de Huasco y Copiapó, que represento, tenemos serios problemas relacionados con el agua. En el pasado, en los últimos días del gobierno militar, el Estado entregó derechos de aguas a particulares en forma gratuita, sin ningún costo. Se suponía que principalmente para proyectos de desarrollo agrícola. ¿Qué ocurrió en mi región? Que una vez que esas personas tuvieron esos derechos de aguas, empezaron a venderlos a precio de oro, sobre todo por el boom minero que hoy se aprecia en la provincia de Copiapó. El Estado entregó en forma gratuita esos derechos, pero hoy esas personas, dueñas de los derechos de aguas, los venden a precio de oro y así lucran con ese recurso. Reiteró que, una vez que se adquieren tales derechos, se vuelven permanentes, eternos, lo que, desde mi punto de vista, atenta contra los derechos que tiene el Estado para el futuro desarrollo del país. Eso no me parece razonable. ¿Qué hacen los países modernos? Los entregan, por ejemplo, para el uso de un proyecto agrícola que se mantenga en el tiempo, pero si en algún minuto ese agricultor o ese proyecto deja de desarrollarse, el Estado recupera el derecho de aguas y se lo puede entregar a otro particular que quiera desarrollar algún proyecto minero o de cualquier tipo. Pero es el Estado el que administra las aguas que tiene. Así se hace en Estados Unidos y en todos los países. En nuestro país tenemos un problema grave, y si no somos capaces de entender, desde un punto de vista nacional, incluso quienes creen que el mercado es el que puede asignar los recursos de mejor forma, continuará lo que hoy está ocurriendo: que una parte importante de esos derechos de aguas ni siquiera está en poder de chilenos, sino de instituciones que no son nuestras, lo que se puede apreciar en las distintas regiones del país. Entiendo que el proyecto busca fórmulas para que los pequeños propietarios puedan tener sus derechos asignados, porque, como decía el diputado Ulloa, hay pequeños agricultores que no han podido dejar en claro cuáles son sus derechos en esta materia, y por cierto esta iniciativa busca facilitar el procedimiento. Sin embargo, también estamos constituyendo una mirada, desde el punto de vista del Estado, que no me representa. Como sociedad, no hemos sido capaces de mirar con cautela lo que estamos haciendo ni de hacer reformas sustantivas en los temas más relevantes.A mi juicio, la pelea más importante hoy es justamente esta: por el agua, el recurso natural más importante, incluso más que los recursos mineros, que en mi región son tan relevantes. El agua es vida, y no hay nada más importante para los seres humanos. Por eso -repito-, debemos renacionalizar el agua, para que vuelva a ser de todos los chilenos. La bancada del Partido Radical está con los pequeños agricultores y nos parece importante ayudarlos.Espero que esta Cámara, el Congreso Nacional y también el Estado analicen el tema del recurso agua, y que discutan y reflexionen sobre los cambios constitucionales que se requieren para retomar, como ocurre en todos los países del mundo, su propiedad, para que el agua vuelva a ser de todos los chilenos y sea utilizada por los privados, pero con administración estatal y no del mercado.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra la ministra de Obras Públicas.La señora SILVA, doña Loreto (ministra de Obras Públicas).- Señor Presidente, sin duda, el tema del agua es muy importante en el país, y debemos abordarlo con una mirada de largo plazo y de consenso, no solo para perfeccionar nuestra institucionalidad, sino también para hacer frente a lo que se nos viene por delante. Por eso, en 2010, el Gobierno encargó al Banco Mundial un estudio, en el que participaron personeros nacionales y extranjeros, que representaban distintas visiones políticas y variadas disciplinas, como abogados, expertos ambientales, etcétera.El estudio concluyó, entre otras cosas, que para enfrentar nuestra escasez hídrica, era necesario contar con una estrategia de recursos hídricos, que nos permitiera generar nuevas fuentes de agua. Esa es la solución profunda al problema de escasez producto del cambio climático y de otras circunstancias, especialmente desde la Región de O´Higgins hacia el norte.El Banco Mundial también nos señaló que uno de nuestros principales problemas era la falta de información sobre la verdadera disponibilidad de recursos hídricos del país. En muchos casos, los derechos de aguas se otorgan sobre la base de estudios técnicos, metodológicamente hablando, sin medir adecuadamente la disponibilidad de agua, y sin información no se puede implementar una buena política pública en la materia. Dentro de esa falta de información, el Catastro Público de Aguas presenta una tremenda debilidad.En esa línea, con el proyecto de ley pretendemos conocer la verdadera disponibilidad de nuestros recursos hídricos, para saber quién tiene el agua, dónde y cómo ejerce su derecho al recurso.Ahora, la iniciativa busca apoyar a la mayoría de los pequeños agricultores, por una razón muy simple. Hoy, quienes pueden perfeccionar sus derechos de aguas, quienes siguen todos los procedimientos e inscriben sus derechos de aguas son aquellos que tienen la capacidad técnica y económica para hacerlo.El proceso de perfeccionamiento vigente es muy complejo y lo tiene que abordar cada persona, en particular. Es decir, si tengo una acción que no está perfeccionada, tengo que perfeccionarla de la misma forma como lo hace quien tiene mil acciones, lo que no resulta equitativo y no favorece a los pequeños agricultores. De ahí que, tal como lo expresó el diputado Walker, el proyecto busque regular una representación. Lo que hacemos es mandatar a la junta de vigilancia para que, en representación de todos aquellos que tengan derechos de agua en una determinada cuenca, se presente ante los tribunales ordinarios de justicia para solicitar la regularización de esos derechos de aguas. Es decir, la junta de vigilancia, mandatada por esa mayoría de comuneros que se establece en el proyecto, demanda a la Dirección General de Aguas el perfeccionamiento de los títulos, y quienes resuelven son los tribunales ordinarios de justicia.Si se hace por la vía que proponemos, logramos dos objetivos. Primero, bajamos en forma considerable los costos del trámite de perfeccionamiento de títulos, lo que permite a los pequeños titulares de derechos acceder a beneficios, como subsidios, etcétera. Por lo tanto, favorece a quienes hoy no pueden acceder a ese proceso. Segundo, cuando se perfecciona a todos en el mismo acto, en la misma demanda ante el tribunal, la equivalencia de los derechos es la misma; es decir, el titular de una acción tiene tantos derechos como aquel que tiene mil acciones. Eso favorece a todos por igual, y es muy importante que esto quede claro y establecido, porque hay que dar tranquilidad a todos. Sin importar quién represente a los regantes ante los tribunales ordinarios de justicia, todos los derechos demandados son considerados por igual en el proceso de perfeccionamiento de títulos, lo que en la actualidad no es posible, dado que se generan muchos procedimientos judiciales distintos. ¿Por qué digo esto? Nos ha pasado que una acción, en un mismo río, ante un tribunal, vale 20 litros por segundo, pero en otro tribunal la misma acción vale 50 litros por segundo, lo que genera una distorsión. En definitiva, al facilitar el procedimiento de perfeccionamiento de los títulos, establecemos para todos las mismas reglas del juego y les damos garantías en cuanto al ejercicio de sus derechos. Respecto del agua potable rural, de acuerdo a la estrategia nacional de recursos hídricos, un elemento esencial en la gestión del agua del país es la equidad. Tenemos que preocuparnos por los sistemas de agua potable rural. En el mundo rural, todas las personas deben tener acceso al agua. Para garantizar este derecho, hemos impulsado dos medidas muy importantes. Primero, seguimos utilizando la herramienta que nos entrega el Código de Aguas, la reserva, para asegurar agua potable a todas las personas del mundo rural. Esta herramienta nos permite garantizar que, en el futuro, todos los proyectos de agua potable rural que se requieran no se verán obstaculizados en su desarrollo por no contar con los adecuados derechos de agua. Hemos hecho grandes esfuerzos para regularizar los derechos de agua potable rural, puesto que en muchos casos tenemos sistemas que no los tienen regularizados adecuadamente. Tenemos que avanzar en esa misma dirección, para asegurar que los servicios de agua potable rural cuenten, ahora y en el futuro, con los derechos suficientes para poder abastecer del vital elemento a todas las personas, lo que constituye una prioridad.En síntesis, el proyecto de ley busca mejorar la administración de nuestros recursos hídricos, en el sentido de procurar un adecuado sistema de información sobre la disponibilidad de agua y hacer más equitativo el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas a sus titulares. Muchas gracias. He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Ofrezco la palabra.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Pido la palabra.El señor ELUCHANS (Presidente).- Diputada Alejandra Sepúlveda, lamentablemente usted ha hecho uso de sus dos discursos. En consecuencia, no puedo permitirle que intervenga. Le ruego que me excuse.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, hice una pregunta a la ministra en relación con los derechos de aprovechamiento de aguas de las sanitarias, lo que todavía no se reclama por la Dirección de Obras Hidráulicas.El señor ELUCHANS (Presidente).- La ministra me señala que ya hizo uso de la palabra y que no tiene nada que agregar.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Entonces, no me va a responder.Gracias, señor Presidente.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, le propongo que entreguemos a la diputada Alejandra Sepúlveda cinco minutos del tiempo que corresponde a mi bancada.El señor ELUCHANS (Presidente).- Lamentablemente, no puedo hacer eso y tampoco existe el quorum necesario para tomar una decisión de esa naturaleza, señor diputado.Ofrezco la palabra.Ofrezco la palabra.Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, que faculta a los directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derechos de aprovechamiento de aguas.Hago presente a la Sala que la totalidad de sus normas son propias de ley simple o común, y que se han presentado indicaciones. En consecuencia, si el proyecto se aprueba en general, debe volver a Comisión.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 1 abstención.El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Baltolu Rasera Nino; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Rosales Guzmán Joel; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías.-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Farías Ponce Ramón; Lemus Aracena Luis; Muñoz D’Albora Adriana; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo.-Se abstuvo la diputada señora Pascal Allende Denise.El señor ELUCHANS (Presidente).- Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión.-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:-De las diputadas señoras Adriana Muñoz, Alejandra Sepúlveda, Carolina Goic y Cristina Girardi y de los diputados señores Marcos Espinosa, Marcelo Schilling y Luis Lemus, para incorporar un inciso octavo nuevo al artículo 122 del Código de Aguas, del siguiente tenor:“El procedimiento de perfeccionamiento de los títulos regulado en el artículo 46 del Reglamento del Catastro Público de Aguas, contenido en el decreto supremo No 1.220, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, se hará vía acción directa del Estado.”OTORGAMIENTO DE NACIONALIDAD POR ESPECIAL GRACIA ALSEÑOR DAVID FEUERSTEIN WIELGUS (Segundo trámite constitucional)[boletín N° 8894-07]El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que otorga la nacionalidad chilena por especial gracia al señor David Feuerstein Wielgus.Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Joel Rosales.Antecedentes:-Proyecto del Senado, boletín N° 8894-07, sesión 31ª de la presente legislatura, en 23 de de mayo de 2013. Documentos de la Cuenta N° 6.-Primer informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, sesión 47ª de la presente legislatura, en 11 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 3.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.El señor ROSALES (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, paso a informar sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, iniciado en una moción de la honorable senadora doña Lily Pérez, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor David Feuerstein Wielgus.El proyecto no ha sido calificado con urgencia y fue aprobado por vuestra comisión, en general y en particular, por unanimidad, en su sesión 108ª, realizada el 10 de julio del año en curso. Votaron por la afirmativa, la señora Vidal, doña Ximena, y los señores Aguiló, don Sergio; Baltolu, don Nino; Ojeda, don Sergio, y quien habla.Don David Feuerstein nació en Polonia en el año 1925. A la edad de 16 años, fue confinado junto a su familia al campo de concentración y exterminio de Auschwitz Birkenau. En ese centro de tortura, fue separado de su familia, quedando solo con una hermana. Posteriormente, en el año 1943, sus padres y sus demás hermanos fallecieron en las cámaras de gas.Al año siguiente de la muerte de sus padres, en 1944, logró escapar de su prisión en Varsovia y se unió a las tropas de la resistencia polaca que luchaban contra el imperio nazi.Destaca la moción que una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, el señor Feuerstein comenzó a contar su historia por el mundo, con el objeto de promover el respeto y de tutelar los derechos humanos de todos, sin discriminación, racismo, xenofobia, condición social, violencia de género y tantas otras miserias del hombre que han acaecido en el curso de la historia.En los años cincuenta llegó a nuestro país, donde se radicó en forma definitiva. Desde sus inicios, comienza a trabajar arduamente en las áreas vinculadas con el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos, transmitiendo sus valores y el principio prohomine, ya que, según se agrega, es un humanista por naturaleza.Enfatiza la moción que el señor Feuerstein se ha destacado por su constante lucha contra el olvido y la asimilación, obteniendo el respeto y admiración de quienes lo conocen, sin distinción de credo, religión, pensamiento político o filosófico, o corriente intelectual.La vida y obra de señor Feuerstein son notables. Su testimonio vital reafirma el compromiso de la sociedad con los derechos humanos, con medidas concretas implementadas por el actual Gobierno y también con el aporte de la oposición, en particular con la presentación del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y el que crea el acuerdo de vida en pareja, además de la aprobación de la ley antidiscriminación y de la que tipifica la incitación al odio racial, entre otras.Asimismo, recuerda que en la sesión del 9 de abril del presente año, la Sala del honorable Senado realizó un sentido homenaje a don David Feuerstein, en reconocimiento a su valiosa contribución para con nuestro país en materia de derechos humanos, libertad de expresión y entendimiento entre los Estados.Del mismo modo, hace presente que el testimonio de don David Feuerstein permite apelar a la conciencia del hombre y aborrecer cualquier forma de barbarie.Destaca que su compromiso por la vida nos hace más fuertes y nos alienta a soñar en la construcción de un país más humano, que dote a sus hijos de las herramientas necesarias para desarrollarse espiritual y materialmente, como lo establece nuestra Carta Fundamental.Actualmente, don David Fuerstein es presidente para Chile y vicepresidente para América Latina de Yad Vashem, el Museo del Holocausto, cuya misión es difundir el legado y dar reconocimiento público a personalidades que, mediante su labor, sean testimonio de permanente defensa de la libertad de expresión y de culto, constante respeto por la tolerancia e igualdad de los seres humanos, así como del mutuo entendimiento entre los pueblos.Del mismo modo, destaca su apoyo a entidades culturales, religiosas y de bien público, y el reconocimiento y distinciones que ha recibido de Yad Vashem, del Instituto Conmemorativo de los Mártires y Héroes del Holocausto, con sede en Jerusalén, además de ser activo colaborador de Jabad Lubavitch de Chile. En esta obra, entrega momentos emocionantes de los primeros años de su vida y cuenta las experiencias de ser sobreviviente del Holocausto.Finalmente, la moción destaca que sus relatos son verdaderas lecciones de vida, de amor a su familia, de entrega a sus semejantes y de profundo respeto a sus sólidos principios religiosos.Por todas estas consideraciones, vuestra comisión recomienda aprobar el proyecto de ley en informe.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- En discusión el proyecto.Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.El señor OJEDA.- Señor Presidente, pocas veces y respecto de pocos proyectos de ley se hace una discusión tan notable respecto de las actuaciones y del espíritu de una persona, sobre todo cuando se trata de derechos humanos y de la valoración que se hace en relación con estos.Lo anterior ocurre con este proyecto de ley, que concede la nacionalidad por especial gracia al señor David Feuerstein Wielgus, de nacionalidad polaca.La verdad, señor Presidente, es que el comienzo del informe es dramático y desgarrador, porque señala que don David fue confinado junto a su familia al campo de concentración y exterminio de Auschwitz Birkenau. En ese centro de tortura, fue separado de su familia, quedando solo con una hermana. Posteriormente, señala que en el año 1943 sus padres y sus demás hermanos fallecieron en las cámaras de gas.Se trata de un polaco que tiene autoridad, pues sintió en carne propia el aplastamiento de la dignidad humana y de los derechos humanos. Su experiencia es un verdadero testimonio de vida y de lucha contra la discriminación. Es un gran defensor y promotor de los derechos humanos, los cuales ha protegido de diversas maneras y mediante diferentes actuaciones. Es un humanista por naturaleza, pues prioriza el sentido y el valor de la persona humana. En ese sentido, no renuncia a establecer como valores supremos los derechos de la persona humana. Siempre ha tenido como portada de sus actuaciones los derechos inalienables y consustanciales del ser humano. Es su relato, es su discurso, es su forma de vida.Sufrió en carne propia el salvajismo y la crudeza de los que no respetan la diversidad, ni la libertad ni la tolerancia. Como señala el informe, tiene un legado de lucha constante contra el olvido y la asimilación. Ha colaborado con nuestros gobiernos asesorando y aportando en reiterados proyectos de ley, como el que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, el acuerdo de vida en pareja, en la Ley Antidiscriminación y en la que tipifica la incitación al odio racial.David Feuerstein tiene autoridad moral, estatura y fuerzas para afirmar que nadie es superior al otro y que nadie puede considerar que lo que sostiene es la única verdad. Lo que crea los peores problemas en la humanidad son la intolerancia y el sectarismo.Personas como él, que entregan un mensaje de paz y de amor, y cuyo nombre es símbolo y sinónimo de paz, de tolerancia y de respeto, deben ser consagradas con los máximos reconocimientos que el Estado puede otorgar. En ese sentido, la Constitución Política y la ley establecen para casos como el de él la concesión de la nacionalidad por especial gracia. El Senado ya aprobó la iniciativa, y ahora nos corresponde hacerlo a nosotros. De esta forma, el Estado de Chile otorgará a don David Feuerstein este máximo honor.Mi colega Gabriel Silber, que tiene una relación más personal con él, podrá hacer una descripción mucho más certera y más cercana de don David.Por lo expuesto, estimo que la Cámara de Diputados debe aprobar este proyecto que concede la nacionalidad por especial gracia al señor David Feuerstein Wielgus.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.El señor FARÍAS.- Señor Presidente, como dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el reconocimiento que se quiere hacer a don David Feuerstein me parece absolutamente pertinente.Su historia ya ha sido relatada. Se trata de un polaco que nació en 1925, y que a raíz de la guerra fue confinado junto a su familia al campo de concentración de Auschwitz. Allí fue separado de su familia, la que finalmente murió en las cámaras de gas. David Feuerstein se salvó junto a su hermana, tras huir del campo de concentración, se unió a la resistencia para luchar contra el régimen totalitario, nazista, racista y fascista de Hitler.Estamos ante un personaje que decidió volcar su vida a luchar contra la intolerancia y el racismo, esto es el no aceptar a alguien porque pertenece a una religión diferente o porque su piel es de otro color.David Feuerstein tiene una larga y gran historia, que también ha sido relatada.Pero, principalmente, la señal que estamos dando al mundo como Cámara de Diputados y Senado, a través de esta moción de la senadora Lily Pérez, es que nuestro país está dispuesto y quiere luchar contra la discriminación. Estamos por la igualdad, estamos por que Chile sea más tolerante y no vuelva a dar pasos atrás frente a las diferencias ideológicas que puedan producirse entre distintas personas o grupos del país. Es el gran mensaje que estamos entregando a la comunidad al reconocer a don David Feuerstein como chileno. Porque eso es lo que estamos haciendo: estamos diciendo que él es un chileno, que lo acogemos y que hacemos nuestra su historia. Al hacer nuestra esa historia, aprendemos de ella para no cometer esos terribles errores.Hace algunos días, el Senado le rindió un homenaje. Él, por su parte, hizo un gran regalo al Congreso Nacional: la escultura titulada “Huellas”, en la que están estampadas sus manos, como una víctima de aquella persecución no solo hacia los judíos, sino también hacia los gitanos, los homosexuales y las personas que padecían algún tipo de enfermedad congénita, alguna deformidad, etcétera. Don David donó esa escultura en la que aparecen estampadas sus manos, para que en el Congreso Nacional nos acordemos de lo que ocurrió y tengamos presente que eso nunca más puede volver a repetirse en el mundo, ni menos ocurrir en este querido país.Creo que la fuerza que tiene esta decisión de conceder la nacionalidad chilena por especial gracia a don David Feuerstein es importante. Tiene que ver con nuestra ley antidiscriminación, tiene que ver con los nuevos tiempos, tiene que ver con la manera como debemos enfrentar como país lo que se nos viene hacia adelante: la diversidad.Por lo expuesto, anuncio que votaremos unánimemente a favor el proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por especial gracia a don David Feuerstein Wielgus.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.El señor SILBER.- Señor Presidente, ya se ha dicho buena parte de los motivos para otorgar este galardón. Hoy, como Sala de la Cámara de Diputados, nos corresponde tomar una decisión y someter a votación este proyecto que viene del Senado, aprobado de manera unánime, y que en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara contó con el mismo respaldo.Cabe reconocer el sentido de esta moción, que tiene por objeto entregar el galardón tal vez más importante que nuestro país puede otorgar a un extranjero, cual es concederle por especial gracia la condición de ciudadano y de compatriota.David Feuerstein fue un polaco que llegó a Chile arrancando del horror que significó la masacre de su familia y de millones de judíos. Como se señaló, en un campo de exterminio, como fue el de Auschwitz, David perdió prácticamente a toda su familia en las cámaras de gas. Nada más horroroso y macabro para una persona que llegar a un país con la experiencia de haber salvado solo a una de sus hermanas y de haber perdido a sus padres, hermanos y familiares en esa tragedia nazi que conmovió al mundo durante la Segunda Guerra Mundial.También quiero referirme a la condición humana de David, que pasó del horror a la esperanza. Él ha querido ser un testimonio vivo del “nunca más”. En nuestro país, ha replicado, en particular a las nuevas generaciones, la experiencia que le tocó vivir y, desde esa perspectiva, ha contribuido con Chile. De ahí el reconocimiento que hoy le hace la Cámara de Diputados, otorgándole este galardón y la calidad de compatriota, para que el “nunca más” sea no solo un recuerdo, sino un mensaje para las nuevas generaciones, de manera que nunca más se vuelva a discriminar a una persona en razón de su raza, sexo o religión. Obviamente, su ejemplo ha servido para que en nuestro país hayamos considerado la agenda de la inclusión social como un tema importante. Fue así como aprobamos una ley muy relevante sobre no discriminación, desde el punto de vista de nuestro marco regulatorio. Asimismo, hay otros proyectos -esperamos que tengan una rápida tramitación- sobre vida en pareja y tipificación del odio racial, como ha ocurrido en otros países, que han creado tipos penales como una forma de combatir públicamente la no discriminación.Permítanme hablar también en nombre de la comunidad judía de Chile. Nos honraría mucho que David Feuerstein fuera premiado y honrado con los votos favorables de todos los colegas a este proyecto, que concede este importante galardón al convertir a un extranjero en nuestro compatriota. Debo decir que David formó parte de la delegación que visitó Israel y Palestina; incluso, fue anfitrión del Presidente Piñera en el Museo Yad Vashem, que recuerda el holocausto. Por último, el hecho de que David haya formado una familia y sembrado hijos en Chile es un acto que lo une con nuestro país, porque demuestra que quiere servirlo como cualquier chileno. He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa.El señor ULLOA.- Señor Presidente, uno de los capítulos más importantes de nuestra Constitución Política, el Capítulo II, se refiere a un tema central: nacionalidad y ciudadanía.En efecto, el artículo 10 señala quiénes son chilenos, y su numeral 4° establece que también son chilenos “Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.”. Este es el tema que hoy nos convoca: aplicar esta norma en beneficio de una persona que tiene condiciones excepcionales, que aunque no nació en Chile, ha hecho de nuestro país su lugar de vida y de desarrollo y donde quiso permanecer y fundar una familia.Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de don David Feuerstein. Sin duda, para los chilenos, la Segunda Guerra Mundial es algo lejano. Sin embargo, personas como él logran que tengamos presente los horrores de ese hecho bélico. Como se ha reiterado, a pesar de haber nacido en Polonia, lamentablemente por su origen judío, recibió el mismo trato que su pueblo y muchos otros durante el régimen nazi. Tuvo la muy mala suerte de ver presos a sus familiares, incluido él, y de ser enviados al campo de concentración de Auschwitz, del cual lograron salir con vida solo su hermana y él. Por cierto, esta es una tremenda lección de vida; superarla resulta muy complejo y revela un acto muy grande de generosidad con la vida. Ya instalado en Chile, ha desarrollado sus actividades bajo todos los gobiernos, sin excepción, colaborando con el progreso de nuestro país, cosa que todos nosotros queremos destacar. Siento que este proyecto de ley tiene una doble connotación. Después de saber que el Senado lo aprobó por unanimidad, nosotros también debemos hacer lo mismo, como reconocimiento a una persona que ha tratado que el Museo del Holocausto de Jerusalén, en Israel, que muchos hemos tenido la suerte de conocer, permanezca como símbolo de algo que no debe volver a ocurrir.Esto también debe hacernos comprender que este proyecto nos debe unir a todos, por lo siguiente -con esto termino mis palabras-: que un hombre nacido en un país lejano como Polonia, después de haber vivido los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de haber sido un protector de las tradiciones de sus antepasados judíos, ha hecho un tremendo aporte a nuestro país, por lo que hay que felicitarlo y agradecer su contribución. En lo personal, lo considero un compatriota más, y me sentiré orgulloso de que ahora también lo sea legal y constitucionalmente.Por lo tanto, llamo a todos los colegas a votar favorablemente el proyecto.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, los diputados de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, con mucho entusiasmo vamos a votar a favor este proyecto de ley, como un modesto homenaje a las víctimas del holocausto que sufrió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.En primer lugar, queremos expresar que el informe de nuestro colega Joel Rosales fue muy claro y permitió a todos los diputados que lo escuchamos, formarnos una idea de la historia y de la contribución que ha hecho a nuestro país don David Feuerstein.Como se ha dicho en esta Sala, se trata de una persona que vivió los horrores de la persecución, de la tortura y del martirio de sus padres. Cuando era muy niño, estuvo preso en el tristemente famoso campo de concentración de Auschwitz, donde murieron su padre y su madre. Pero él logró sobrevivir junto con su hermana menor y, luego, se incorporó a las fuerzas antifascistas, colaborando con todos aquellos hombres y mujeres libertarios que, en Polonia, luchaban contra la invasión nazi. Luchó codo a codo con comunistas, con liberales, con demócratas y con católicos que se oponían a la invasión de los ejércitos hitlerianos que ocupaban, en aquella época, casi toda Europa.Posteriormente, David Feuerstein ha hecho de su vida un largo peregrinaje para dar a conocer la verdad de lo ocurrido y pedir justicia, con el fin de que el horror del holocausto y el sufrimiento del pueblo hebreo nunca sean olvidados.Me alegra enormemente que concite unanimidad exactamente esta dimensión de la persona a quien hoy queremos homenajear, probablemente con la distinción más simbólica con la que se puede homenajear a un extranjero en nuestro país: entregándole nuestra propia nacionalidad.Sin ningún ánimo de polémica, cómo nos gustaría que pudiéramos -cuando corresponda, en su momento- analizar con la misma altura humana y conceptual los horrores que ocurrieron en nuestra propia patria; que pudiéramos emocionarnos y sentir que, tal como es muy justo hacer reparación con víctimas que vivieron estos horrores a decenas de miles de kilómetros de distancia, también sería justo hacerlo con compatriotas que, a lo mejor, los vivieron en nuestra misma cuadra, en nuestro mismo barrio, en nuestra misma población, en nuestra misma patria.Estoy seguro de que cada vez se acerca más el día en que reflexiones similares a las que se han hecho en esta Sala respecto de un hombre valeroso y valiente como el que hoy estamos homenajeando, se harán también en relación con gente humilde de nuestro país, de trabajadores como los obreros de Paine, los mineros de Lota o los campesinos del Maule que otrora vivieron en nuestra patria dolores tan parecidos.Por todo lo anterior, la bancada de diputados del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana votaremos con entusiasmo a favor este proyecto de ley.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Quiero someter a la consideración de la Sala la siguiente situación.Ha finalizado el tiempo destinado al Orden del Día. En relación con el proyecto de ley en discusión, resta solo la intervención del diputado Fernando Meza, quien, de prorrogarse el Orden del Día, usaría de la palabra no más allá de tres o cuatro minutos.En segundo lugar, en relación con el proyecto que figura en tercer lugar de la Tabla, que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Quirihue en honor de la vida y obra del poeta Francisco Contreras Valenzuela -viene con informe favorable de la comisión técnica, en la que fue aprobado en forma unánime-, el diputado informante, señor Sabag, me ha señalado que no le tomaría más de tres minutos rendir el informe a la Sala.En consecuencia, ¿habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día por el tiempo necesario para escuchar la intervención del diputado Meza y, posteriormente, para escuchar el informe del diputado Sabag y votar sin discusión el proyecto?Acordado.Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.El señor MEZA.- Señor Presidente, mi agradecimiento a mis distinguidos colegas por permitirme hacer uso de la palabra en relación con el proyecto de ley que concede por especial gracia la nacionalidad chilena al señor David Feuerstein Wielgus.¿Quién es este señor? Lo pregunto para que la ciudadanía que nos ve y nos escucha sepa de quién estamos hablando.Señor Presidente, estamos frente a una persona que ha hecho digna la condición humana. Don David nació en Polonia en 1925, y a los 16 años se convirtió en una de los millones de víctimas del holocausto ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron decenas de millones de personas de todas las nacionalidades.Él vio en el campo de concentración de Auschwitz -tal como sucedió también en Majdanek y Treblinka- cómo fueron calcinadas miles de personas, entre ellas, los integrantes de su propia familia.El sufrimiento y la tristeza que experimentó ese muchacho de 16 años, lejos de inspirarle odio o de transformarlo en un enemigo de la sociedad o en un sicópata, como podría haber sucedido, lo convirtió en un luchador incansable por la paz y el respeto de los derechos humanos. Se trata de un hombre que ha luchado incansablemente por la tolerancia y el respeto al que piensa distinto. Con ese mensaje recorrió gran parte del mundo, y así llegó a Chile en la década del 50.Quiero aprovechar este momento para destacar la importancia que tiene para nuestra sociedad, para Chile, entender que esos asomos de racismo que aparecen en algunos espacios de la sociedad chilena deben ser eliminados definitivamente; que debemos aprender a convivir en este mundo globalizado que nos pertenece a todos, donde las fronteras desaparecen poco a poco, y el amor, la comprensión y la sana discusión deben servir para superar todas las dificultades.Chile tiene que ser un país de paz. Nunca más deben producirse situaciones tan horrorosas como las que vivió don David Feuerstein Wielgus durante la Segunda Guerra Mundial. En Chile, nunca más tienen que imponerse la fuerza, la tortura, la relegación, el exilio y la desaparición de personas solo por pensar distinto.Este ejemplo que estamos acogiendo tiene que incluir también a los pueblos originarios, al mundo mapuche, cuyos integrantes muchas veces son discriminados, por ejemplo, en los servicios públicos por su condición racial. No tiene que haber racismo; no debe existir discriminación por el color de la piel, la posición social o económica, las creencias religiosas o la diversidad sexual. El respeto a la vida es lo fundamental. Nunca olvidemos que el ser humano es lo más importante que Dios puso en el universo. Por las razones expuestas, la bancada del Partido Radical votará favorablemente este proyecto, que concede la nacionalidad chilena por especial gracia a don David Feuerstein, destacado luchador en favor de los derechos humanos.He dicho.El señor ELUCHANS (Presidente).- Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que otorga la nacionalidad chilena por especial gracia al señor David Feuerstein Wielgus.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Farías Ponce Ramón; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Meza Moncada Fernando; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías.El señor ELUCHANS (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara aprobado también en particular, Despachado el proyecto. ERECCIÓN DE MONUMENTO EN QUIRIHUE EN HONOR AL POETAFRANCISCO CONTRERAS VALENZUELA (Primer trámite constitucional)[boletín 8897-24]El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Quirihue en honor de la vida y obra del poeta Francisco Contreras Valenzuela.Diputado informante de la Comisión de Cultura y de las Artes es el señor Jorge Sabag.Antecedentes: -Moción, boletín N° 8897-24, sesión 17ª de la presente legislatura, en 17 de abril de 2013. Documentos de la Cuenta N° 4.-Primer Informe de la Comisión de Cultura y de las Artes, sesión 42ª de la presente legislatura, en 2 de julio de 2013. Documentos de la Cuenta N° 9.El señor ELUCHANS (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante.El señor SABAG (de pie).- Señor Presidente, la Comisión de Cultura y de las Artes viene en informar sobre el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en honor de la vida y obra del poeta Francisco Contreras Valenzuela, en la ciudad de Quirihue, provincia de Ñuble. La iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y se inició en una moción de los diputados señores Alfonso de Urresti, Marcos Espinosa, las diputadas señoras María José Hoffmann y Claudia Nogueira, y los diputados señores José Miguel Ortiz, José Pérez, Ricardo Rincón, Jorge Sabag, Orlando Vargas y Matías Walker.El poeta Francisco Contreras nació en la ciudad de Quirihue. Muy joven partió a Santiago a estudiar en el Instituto Nacional. Finalizada su enseñanza media, se abocó por entero a las artes, optando por seguir la carrera de escritor. Su primer trabajo como crítico literario y creador fue la fundación de la revista Lilas y Campánulas, en 1897. Posteriormente, a la edad de 21 años publicó su primer libro: Esmaltines. Luego, se dedicó a la investigación literaria, preferentemente de los poetas modernistas. De allí, intuyó un nuevo movimiento artístico que se gestaba en Latinoamérica, al que bautizó como Mundonovismo, cuyos manifiestos los difundió en diversas publicaciones de la época. Con ese concepto intentó describir la propia cultura del continente americano. La idea no era instaurar un arte local o nacional, siempre limitado, sino interpretar esas grandes sugestiones de la raza, de la tierra o del ambiente que animan todas las literaturas superiores; sugestiones que, lejos de anular la universalidad primordial en toda la creación artística verdadera, la refuerzan diferenciándola. Se trata sencillamente de crear el arte del Mundo Nuevo, es decir, de la tierra joven y del porvenir, según señaló en 1919 en un ensayo que fue muy comentado por críticos literarios en París.En 1905, se radicó en París. Allí, aprendió perfectamente el francés, hablado y escrito, lo que le permitió colaborar en diarios y revistas, y publicar libros. Los años en la Ciudad Luz fueron bastante productivos en publicaciones.Entre 1906 y 1909 escribió Toisón, romances de hoy (1907), y Los modernos (1909). Paralelamente, siguió colaborando en revistas y diarios chilenos, tales como Zig Zag, Pacífico Magazine y El Mercurio. En París, por otra parte, contrajo matrimonio con Andrée de Alphonsé, francesa que lo apoyó y estuvo con él hasta su muerte.Regresó a Chile en 1910 y, a pesar de ser reconocido por sus compatriotas como un autor culto y minucioso, fue recibido fríamente, razón por la cual regresó a París, donde murió en 1933 de tuberculosis. Dejó una considerable obra inédita. Fue sepultado en París y, después de 73 años de su deceso, en un esfuerzo mancomunado entre la alcaldía de Riberac, Francia; de la municipalidad de Quirihue, de la embajada de Chile en Francia y de particulares, se recibieron sus cenizas en Chile. En muestra de la recuperación cultural del poeta para nuestro país, ya que gran parte de sus escritos están en francés, dicha municipalidad lo nombró hijo ilustre benemérito y bautizó el teatro municipal con su nombre.Atendidas las características de la iniciativa legal, la Comisión, por unanimidad, decidió efectuar la discusión y votación, tanto en general como en particular, en un solo acto.La Comisión recibió y escuchó al alcalde de Quirihue, señor Richard Irribarra Ramírez, y al poeta y escritor señor Luis Contreras, quienes justificaron la iniciativa legal, luego de lo cual se procedió a su votación.La Comisión, tras compartir los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la moción, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes. Votaron a favor los diputados Díaz (en reemplazo de De Urresti), Espinosa, don Marcos; Farías, Hoffmann, Nogueira, Sabag (en reemplazo de Burgos), Schilling, Torres (Presidente) y Vidal.Por igual votación se aprobó en particular el articulado del proyecto propuesto en la moción.Es todo cuanto puedo informar.He dicho.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:El señor ELUCHANS (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que autoriza erigir un monumento en la ciudad de Quirihue, en honor a la vida y obra del poeta Francisco Contreras Valenzuela.Hago presente a la Sala que las normas del proyecto son propias de ley simple o común.En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.El señor ELUCHANS (Presidente).- Aprobado.-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Farías Ponce Ramón; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto MatíasEl señor ELUCHANS (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.Despachado el proyecto.
    
    
    VI. INCIDENTESEXPLICACIONES DE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE PORIRREGULARIDADES EN EXHIBICIÓN DE PELÍCULA “NOSTALGIA DE LA LUZ” (Oficios)El señor GODOY (Vicepresidente).- El primer turno corresponde al Comité del Partido por la Democracia.Tiene la palabra el diputado Ramón Farías.El señor FARÍAS.- Señor Presidente, hace algunos días se exhibió en Televisión Nacional de Chile la película “Nostalgia de la luz”. Esto ocurrió después de una denuncia que hicieron sus productores, Ignacio Agüero y Fernando Villagrán, en el sentido de que ese canal de televisión habría comprado la película para no ponerla en cartelera. Efectivamente, durante mucho tiempo no se exhibió; estaba guardada en alguno de los cajones de algún editor de Televisión Nacional.Luego de este reclamo la película fue exhibida. Pero, insólitamente -a su señoría, como miembro de la Comisión de Cultura y las Artes le parecerá lo mismo-, en un horario posterior al anunciado. Estaba programada para las 11.30 horas y fue exhibida -esto me hace recordar un chiste de Les Luthiers- más o menos a las 0.30, en un espacio cultural. Además, se presenta sin créditos y sin títulos, es decir nadie sabía de qué se trataba ni qué estábamos viendo. Además, se inició en el minuto 35. Debo recordar que se trata de una película que ha sido galardonada con varios premios en el extranjero y que su director, don Patricio Guzmán, es reconocido internacionalmente.Esta obra habla de nuestro pasado, de los horrores de la dictadura, de las mujeres que aún andan buscando a sus familiares muertos o desaparecidos en Calama. Es muy fuerte y ha conseguido los premios más increíbles en todo el mundo.¡Qué Televisión Nacional haga una cosa así, el canal de todos los chilenos, me parece increíble!Por eso, en primer lugar, quiero manifestar mi respaldo a la carta que Patricio Guzmán le envió al director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile, don Mauro Valdés.En segundo lugar, pido el envío de un oficio para que Televisión Nacional responda por qué la película fue exhibida en esas condiciones y si la volverán a presentar completa y con sus créditos, como corresponde.También pido que se oficie al señor Mikel Uriarte, presidente del directorio de Televisión Nacional -la misma persona que, siendo director del Fonasa, dejó sin bonos a los adultos mayores cuando se les quitó el 7 por ciento; la misma persona que resolvió impedir que cualquier candidato a diputado tuviera pantalla, aunque estuviera generando una noticia-, a fin de que nos explique qué va a hacer ese directorio frente a la situación que señalo. Asimismo, que se pronuncie sobre el alegato de Patricio Guzmán, quien declaró que este es un “sabotaje inadmisible” y que “hay una violación del derecho moral y del derecho de autor de un director de cine ejercida por el “canal de todos”, como suponemos que es Televisión Nacional.Pido enviar copia de mi intervención al Consejo Nacional de Televisión, para que también se pronuncie sobre esta falta espantosa que ha cometido Televisión Nacional respecto de una obra de un destacado artista nacional.He dicho.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, adjuntando copia de su intervención, con la adhesión de los señores diputados que están levantando su mano.INFORMACIÓN SOBRE CONCESIÓN DEHOSPITAL SALVADOR GERIATRICO (Oficios)El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal, hasta por tres minutos y medio. La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, el tema de mi intervención se relaciona con los problemas en la concesión del Hospital Salvador Geriátrico, especialmente respecto de las condiciones laborales de sus trabajadores y de otras dificultades asociadas.Estamos nuevamente ante la incertidumbre que mata en materia de salud para el sector oriente, debido a la próxima concesión del Hospital Salvador. Ya se han enviado oficios para solicitar antecedentes sobre esta materia, pero la situación corre por otro carril, que a los funcionarios de la salud tiene muy preocupados, dado que una concesión que aminore el número de camas, que violente los derechos de los trabajadores del hospital, que está en pie, y que entregue su administración a un privado, nada tiene que ver con las líneas de acción que demanda la ciudadanía, basadas en un mayor protagonismo en la toma de decisiones de la autoridad pública.Estamos en la hora de la política de entender que en áreas tan sensibles para las personas, como la salud, no hay esfuerzo que esté de más, no hay empeño que sobre ni voluntad que pueda restarse. Hemos terminado por entender que no hay país que sobreviva o sea viable socialmente sin una salud pública presente, estable, protectora de los más desprotegidos y vulnerables, sea cual sea su origen y edad.Los dirigentes de la multigremial que agrupa a las distintas federaciones de trabajadores que están en contra de la concesión del Hospital Salvador Geriátrico, quienes me han expuesto una vez más sus problemas y aprehensiones con la entrega en concesión de dicho hospital, han agotado las instancias de diálogo con el Gobierno y hasta ahora nada han obtenido.Con la concesión mencionada también se estaría vulnerando enormemente la salud pública en sí, en especial al externalizar los servicios hospitalarios. Esta crítica no significa que no se pueda trabajar con el mundo privado; no es eso, pero como se contratará nuevos trabajadores o prestadores de servicios del sector privado, la precariedad de estos, sumada a la incertidumbre de los actuales trabajadores, hará que exista trabajadores de primera y de segunda categorías.Esa situación nos preocupa, como firmes partidarios de la salud pública gratuita. Ya lo hemos hecho saber a través de un oficio de fiscalización al respecto, el cual fue contestado por el ministro de Salud, pero sin entregar respuestas satisfactorias para los funcionarios del hospital. Por eso insistimos en que siguen pendientes respuestas precisas respecto de diversos temas, como el número de camas que se tiene contemplado en el futuro. También se necesitan respuestas informadas, completas y razonadas acerca del costo total de la concesión comparado con los que irrogará el mejoramiento del actual hospital. Nada se sabe acerca de eso, pero la estimación de las agrupaciones de trabajadores es que el costo total de la concesión será mayor que el del mejoramiento. Por ello, demandamos una respuesta clara. Reitero y solicito una vez más que se oficie al Presidente de la República y al ministro de Salud, para que se informe a esta Sala, y a mí en particular, respecto de los costos totales de la concesión del Hospital Salvador Geriátrico, de la cantidad de camas que se implementará para la atención de pacientes, de la relocalización de los trabajadores que laboran en la actualidad y, finalmente, sobre el número de trabajadores que el proyecto de concesión contempla para el funcionamiento de dicho centro asistencial.He dicho.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas Alejandra Sepúlveda y María Antonieta Saa, y de los diputados señores Campos, Araya, Rincón, Vilches, De Urresti, González, Brown, Venegas y Salaberry.REMISIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS CONSIDERADOS PARAAPROBACIÓN DE PROYECTO TERMINAL MARÍTIMOOCTOPUS LNG EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO (Oficios)El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Cristian Campos, hasta por un minuto.El señor CAMPOS.- Señor Presidente, intervengo para manifestar mi profundo rechazo y preocupación porque el martes recién pasado la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la región del Biobío dio su recomendación técnica y política para la aprobación del proyecto gasífero Octopus, de la empresa Australis Power, en la región del Biobío, proyecto cuyo informe, lamentablemente, tiene profundas observaciones medioambientales, porque atentaría contra el borde costero de las comunas de Penco, Tomé y, por cierto, de Talcahuano.Es por eso que, además de recibir al intendente y a la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Biobío en la sesión que la Comisión de Pesca de esta Corporación realizará el próximo miércoles, a la cual ya fueron invitados, solicito que se les oficie con el fin de que hagan llegar todos los antecedentes técnicos que tuvieron a la mano para aprobar, por 17 votos a favor, 15 en contra y, lamentablemente, una abstención -la de la alcaldesa de Hualpén-, el proyecto gasífero mencionado, que pone en peligro la pesca artesanal y los proyectos turísticos de la provincia de Concepción. El propósito de esta solicitud es que tengamos a la vista todos esos antecedentes.Pido, además, que se envíe copia del oficio y de esta intervención al alcalde de Talcahuano, señor Gastón Saavedra, a los concejales de esa comuna y a la alcaldesa de Hualpén, para que entienda que con la aprobación de este proyecto se está atentado contra las principales fuentes de riqueza de la provincia de Concepción: la actividad pesquera y la actividad turística.He dicho.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Walker, Rincón y Araya.INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DESTINADOS PARA RECONSTRUCCIÓN DE LICEO GUILLERMO RIVERA, DE VIÑA DEL MAR. (Oficios)El señor GODOY (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado Rodrigo González.El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, pido que se oficie a la señora ministra de Educación y a la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Viña del Mar, con el fin de que expliquen cuál es la situación del Liceo Guillermo Rivera, de Viña del Mar, establecimiento centenario que fue fundado en 1910.El terremoto de 2010 destruyó los tres pisos de un block de nueve salas de ese recinto educacional. La demolición de la ruinas se realizó un año después y, posteriormente, las autoridades educacionales y municipales comprometieron 700 millones de pesos para su reconstrucción.Solicito que las autoridades mencionadas expliquen qué sucedió con esos recursos, que aparentemente estaban disponibles, y cuándo se entregarán para la reconstrucción de este liceo tradicional tan importante de la comuna de Viña del Mar.Debe considerarse que el Gobierno informó que se ha cumplido el 96 por ciento de las metas de la reconstrucción nacional, pero, al parecer, ese liceo quedó totalmente descuidado.He dicho.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las diputadas Alejandra Sepúlveda y Ximena Vidal y de los diputados señores Rincón y Araya.PREOCUPACIÓN POR USO INADECUADO DE CALETERA Y EVENTUALSUPRESIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR EN SECTOR QUILAPÁN, COMUNADE SAN FERNANDO (Oficios)El señor GODOY (Vicepresidente).- En el turno del Comité Regionalista, tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, solicito que se oficie a la ministra de Obras Públicas, con copia al Departamento de Concesiones, para que informen sobre una complicación grave que tenemos en el sector rural de Quilapán, en la comuna de San Fernando, donde se está utilizando una caletera para evadir el pago del peaje que hay en ese lugar, lo que ha generado daños gravísimos en el asfalto, puesto que si bien ese camino lateral está pavimentado desde hace varios años, ya prácticamente no se nota, dado el precario estado en que se encuentra el asfaltado a causa del alto uso que se le da.A consecuencia de ello, alrededor de 79 niños del sector quedarán sin transporte escolar, por lo que solicito que copia del oficio se envíe a los integrantes del concejo de San Fernando, para manifestarles mi preocupación por la decisión que estaría adoptando la corporación municipal de esa comuna, en orden a retirar la locomoción para los alumnos del sector de Quilapán y sus alrededores, con la complicación que ello supondrá no solo para esos niños, sino también para sus familias.He dicho.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de la diputada Ximena Vidal y de los diputados señores Araya, Venegas, Rincón y Ortiz. Se adjuntará copia de su intervención.RESPALDO A MOVILIZACIÓN CIUDADANA DECOMUNIDAD DE TOCOPILLA (Oficios)El señor GODOY (Vicepresidente).- En el tiempo que resta al Comité Regionalista, tiene la palabra el diputado Pedro Araya.El señor ARAYA.- Señor Presidente, la comunidad de Tocopilla se encuentra en paro para reclamar por el abandono histórico que ha sufrido la ciudad.En ese contexto, solicito que se oficie al alcalde de la comuna, señor Fernando San Román, y al concejo, para manifestarles mi respaldo a la movilización que tiene lugar este día en esa comuna.Asimismo, que se oficie al gobierno regional, para que nos informe claramente sobre cuáles son las acciones que se han llevado adelante para terminar la reconstrucción de Tocopilla después del terremoto que la afectó hace varios años y que todavía no concluye.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.MEDIDAS DESTINADAS A SUPLIR FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTASEN HOSPITAL DE TOCOPILLA (Oficio)El señor ARAYA.- Señor Presidente, otro problema que afecta a los tocopillanos es la falta de especialistas médicos en el nuevo hospital en Tocopilla. Cuando uno lo visita se da cuenta de que su infraestructura de lujo parece solo de cartón, porque -repito- no cuenta con médicos especialistas, circunstancia que obliga a los tocopillanos a desplazarse constantemente a Antofagasta para recibir la atención de salud especializada.Pido, entonces, que se oficie al ministro de Salud, con el objeto de que nos informe qué medidas concretas se están tomando para suplir la falta de médicos especialistas en ese hospital.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EN MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DE TOCOPILLA (Oficio)El señor ARAYA.- Pido que se oficie al gobernador regional de Antofagasta, con el objeto de que nos informe sobre la cantidad de recursos invertidos para mejorar la infraestructura de Tocopilla. Me refiero a accesos, a pavimentación de calles, mejoramiento de plazas, etcétera. He conversado con el alcalde de Tocopilla, señor Fernando San Román, y actualmente no se destinan los recursos necesarios para que la municipalidad pueda funcionar. Hago presente que, hasta el momento, esa ciudad ha estado en un estado de abandono permanente.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE AVANCE DE PLAN DEDESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE TOCOPILLAEl señor ARAYA.- Otro problema que preocupa a la comunidad tocopillana tiene que ver con las condiciones ambientales. Tocopilla está repleta de termoeléctricas. Gran parte de la energía que se utiliza en la minería de Antofagasta proviene del sector de Tocopilla, pero no se están adoptando las medidas de mitigación ambiental para poner atajo a los efectos contaminantes.Pido, entonces, oficiar al gobernador regional de Antofagasta, con el objeto de que nos informe en qué estado de avance se encuentra el plan de descontaminación que debe aplicar el gobierno regional.Los habitantes de Tocopilla han soportado el abandono de medidas favorables desde hace largo tiempo. Por lo tanto, en mi apoyo a Tocopilla y como lo han dicho todos los tocopillanos, voy a decir con fuerza: ¡Arriba Tocopilla!He dicho.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados señores Jorge Sabag y Matías Walker; de la diputada señora Ximena Vidal, y de los diputados señores René Saffirio, Mario Venegas y Carlos Vilches.AGILIZACIÓN DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTRELA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL YLA CÁMARA DE DIPUTADOS (Oficio)El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón, por tres minutos y treinta segundos.El señor RINCÓN.- Señor Presidente, en uso de nuestras facultades fiscalizadoras hemos oficiado en otras oportunidades, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Agencia de Cooperación Internacional, porque queríamos recibir información de ese organismo. Pese a que recibimos muchas carpetas y oficios, esta nos pareció que se empezó a diluir. Ello significó que tuvimos que pedirle a dos de nuestros funcionarios que se pusieran trabajar a fin de encontrar algo interesante en esta gran cantidad de carpetas. Sin embargo, no encontramos nada que valiera la pena. Por lo tanto, pido que, por su intermedio -para no agobiar a los funcionarios de mi oficina parlamentaria- la Corporación remita al ministro de Relaciones Exteriores -un muy buen canciller- todas las carpetas que nos han enviado porque no nos sirven. Estimamos que la Agencia de Cooperación Internacional, con su actitud, no le esté dando facilidades a nuestro canciller para que podamos fiscalizar los actos de Gobierno. Repito, como la documentación no ha servido y se ha gastado mucho en material y papel con cargo al Estado, pido que la Corporación la remita y se adopten las medidas a fin de agilizar el proceso de envío y recepción de documentos.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría.INFORMACIÓN SOBRE REMUNERACIONES DE EJECUTIVOS DELA EMPRESA DE CORREOS DE CHILE (Oficio)El señor RINCÓN.- Por otra parte, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que nos informe con detalle sobre las remuneraciones que han percibido casi doscientos ejecutivos de la Empresa de Correos de Chile. Según la información llegada al diputado señor José Miguel Ortiz -preocupado del tema como todos nosotros-, cerca de doscientos ejecutivos habrían incrementado sus remuneraciones de casi aproximadamente 4 mil millones de pesos -entre todos y durante doce meses- a más de 10 mil millones de pesos. Sabemos que hay problemas para pagarles a los trabajadores. Se les dice que no hay plata. Pido, entonces, que se oficie a Correos de Chile, con el objeto de que nos aclare cuánto está ganando cada ejecutivo y la relación que existe entre esas remuneraciones y las de los demás trabajadores de la empresa.He dicho.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Ximena Vidal y de los diputados señores Alfonso de Urresti, Matías Walker, René Saffirio, José Miguel Ortiz, Jorge Sabag, Mario Venegas y Carlos Vilches.EVALUACIÓN DE CAMBIO DE CATEGORÍA DE RETÉN DE LOCALIDADDE ÑIPAS, COMUNA DE RANQUIL (Oficios)El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag, por cuatro minutos.El señor SABAG.- Señor Presidente, ayer, la comuna de Ranquil cumplió 111 años de existencia. Me consta que la situación de Carabineros de Chile en esa comuna es bastante precaria. Por lo tanto, pido que se oficie al ministro del Interior y al general director de Carabineros, con el objeto de que se evalúe la posibilidad de elevar la categoría del retén de Ñipas a tenencia, ello porque desde la creación del juzgado de policía local de Ranquil se encomiendan a Carabineros muchas funciones y los funcionarios no dan abasto con las de seguridad.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE PROFESORES JUBILADOSY MONTO PROMEDIO DE SUS PENSIONES (Oficios)El señor SABAG.- Por otra parte, me preocupa mucho la situación de los profesores jubilados de nuestro país.En estos días, me reuní con profesores de la comuna de Coelemu y de Quirihue, quienes me manifestaron con mucho dolor que, luego de haber ejercido su profesión por más de cuarenta años y haberse jubilado, están recibiendo pensiones de 180, 200 o 230 mil pesos mensuales, ello sobre la base de haber cumplido una jornada de treinta horas semanales durante cuarenta años.Solicito, entonces, que se oficie a la ministra de Educación, con el objeto de que nos informe el número de profesores jubilados a la fecha y el promedio de sus pensiones.Además, pido que se haga lo propio con el ministro del Trabajo y Previsión Social, con el propósito de que nos informe el número de profesores pensionados.Creo que la situación de los profesores jubilados releva una realidad social lacerante que afecta a miles de compatriotas que lo dieron todo por formarnos y enseñarnos a leer, a escribir y a convertirnos en profesionales. Gracias a Dios, hoy día soy ingeniero civil y abogado. Considero que tenemos una inmensa deuda con los profesores.He dicho.El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión del diputado señor José Miguel Ortiz.INVESTIGACIÓN POR MUERTE DE RECLUSO EN CARCEL DE HUACHALALUME, REGIÓN DE COQUIMBO (Oficios)El señor GODOY (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker.El señor WALKER.- Señor Presidente, pido que se oficie a la ministra de Justicia, señora Patricia Pérez, y al seremi de Justicia de la Región de Coquimbo, toda vez que en días pasados falleció en la cárcel de Huachalalume, víctima de una riña entre internos de esa cárcel concesionada que se encuentra en los límites de La Serena y la comuna de Coquimbo, don Rodrigo Vergara, de 24 años, quien estaba condenado por robo y se encontraba a solo tres meses de cumplir su condena y quedar en libertad. Esta es una situación que lamentablemente se repite. Las personas privadas de libertad en la cárcel de Huachalalume también tienen derechos humanos. Hemos insistido mucho en la necesidad de pedir la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Esta Cámara de Diputados hace pocas semanas aprobó un proyecto de ley que limita la prohibición de ingreso en la administración pública a las personas que han sido condenadas, precisamente para permitir su reinserción en la sociedad. Por lo tanto, pido oficiar a la ministra de Justicia y al seremi señor Gregorio Rodríguez, para que se investigue a fondo esta situación y se informe a la honorable Cámara cuáles son las medidas de seguridad que se están adoptando para evitar este tipo de situaciones. Quiero que se me informe específicamente por qué Rodrigo Vergara, en consideración a su edad y a que se encontraba solo a tres meses de cumplir su condena y de quedar en libertad, se encontraba en el módulo 43 de la cárcel de Huachalalume, destinado a reos de alta peligrosidad. He dicho. El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados Ortiz, Rincón y Vilches. RECURSOS PARA FINANCIAMIENTO DE CAMPEONATO NACIONALDE RAYUELA EN COPIAPÓ (Oficio)El señor GODOY (Vicepresidente).- El diputado señor Carlos Vilches hará uso del tiempo adicional de cinco minutos que tiene derecho a solicitar su bancada una vez cada tres semanas. Tiene la palabra su señoría.El señor VILCHES.- Señor Presidente, en la Región de Atacama, específicamente en la ciudad de Copiapó, capital de la región, existe una actividad deportiva espectacular: la rayuela. Hay 19 clubes que practican ese deporte. Son clubes muy bien organizados que permiten la participación de cientos de trabajadores, fundamentalmente mineros, pero también de muchas mujeres. Por eso, he tomado cartas en el asunto porque ellos han organizado un campeonato nacional para este año. Para tal efecto nos hemos reunidos con autoridades que tienen relación con este deporte. Tuve ocasión de reunirme con el general de Carabineros de la Tercera Zona, señor Ricardo Solar Roberts, quien recibió de muy buena forma la petición de organizar a los clubes de rayuela a fin de que puedan desempeñar su actividad sin ningún inconveniente. ¿Cuáles son estos? Hay clubes que tienen propiedades y sus canchas, pero hay otros que utilizan terrenos de casas particulares, para lo cual necesitan permisos especiales para que puedan desarrollar su actividad con normalidad. Por eso, he solicitado a mi representante y asesor, señor Juan Antonio Pérez, que junto al abogado del municipio de Copiapó, señor Andrés Olivares, trabajen para definir exactamente cuáles son los permisos y/o patentes que van a requerir esos clubes para que puedan desempeñar correctamente sus actividades. Tuve ocasión de reunirme con la Asociación de Rayueleros de Copiapó, que preside el señor Héctor Arriagada Cabello. Esa organización tiene una excelente sede que permite a sus asociados reunirse semana a semana para desarrollar sus campeonatos. En esa oportunidad nació la iniciativa para solicitar al Instituto Nacional del Deporte, que preside el subsecretario señor Gabriel Ruiz Tagle, financiamiento especial para la actividad que he señalado. Por lo expuesto, pido oficiar al señor Ruiz Tagle para solicitarle financiamiento para el campeonato nacional que este año se va a llevar a efecto en Copiapó, porque no se cuenta con recursos propios para realizar el campeonato de rayuela de carácter nacional. Quiero manifestar que hay muchas personas que participan en estos torneos. La rayuela está en el corazón de cada una de las poblaciones más populares de Copiapó, como Balmaceda, Pedro León Gallo, Cementerio y Rafael Torreblanca. Me llena de satisfacción realizar esta solicitud porque por primera vez se va a pedir financiamiento extra para realizar este campeonato nacional, cuya iniciativa ha nacido de los jugadores de rayuela de Copiapó. He dicho. El señor GODOY (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados Ortiz, De Urresti, Sabag, Rincón y de quien preside. HOMENAJE A MILITANTE DEL PARTIDO SOCIALISTASEÑOR ALFREDO GALLARDO GONZÁLEZ,RECIENTEMENTE FALLECIDO. (Oficio)El señor GODOY (Vicepresidente).- El diputado señor Alfonso de Urresti hará uso del tiempo adicional de cinco minutos que tiene derecho a solicitar su bancada una vez cada tres semanas.Tiene la palabra su señoría.El señor DE URRESTI (de pie).- Señor Presidente, he solicitado estos minutos de la bancada socialista para rendir un sentido homenaje a Alfredo Gallardo González, militante del Partido Socialista, uno de los fundadores del Partido Socialista en la Región de Los Ríos; histórico militante, histórico símbolo de las luchas del Partido Socialista en la Región de Los Ríos. Este ejemplar militante fue regidor de la ciudad de Valdivia, electo por amplia mayoría; jefe de industria y comercio; presidente nacional de los empleados particulares, entre otras labores relacionadas con la política y con la dirigencia sindical y vecinal. Luchó por conseguir, entre otros logros, el denominado sábado inglés para los funcionarios públicos y formó comités de damnificados en el sector de la población Corvi con ocasión del terremoto de 1960, ocurrido en Valdivia. Pero, sin duda, su mayor legado fue haber entregado una vida entera a su amado Partido Socialista, en el cual participó activamente hasta las últimas elecciones internas de nuestro partido, dándonos un gran ejemplo de compromiso con sus ideales. Me tocó compartir con él en innumerables oportunidades en su casa; viejo militante, sabio, respetuoso, siempre con un consejo atinado para seguir trabajando. Para todos quienes lo conocimos sin duda dejará entre nosotros un gran recuerdo, el cariño y el respeto que un militante socialista como él merece. Quiero rendir este homenaje en la Cámara de Diputados para que sus familiares, su legado, sus descendientes, amigos y compañeros puedan escuchar un testimonio desde este Hemiciclo que habla de un hombre bueno, de un hombre comprometido con los más necesitados; de un hombre comprometido con su ciudad, con su región. En su funeral fue acompañado por todos sus seres queridos, por los militantes del partido y por la gente que lo conoció en vida. Para Alfredo Gallardo González un homenaje y una despedida. Señor Presidente, solicito que copia de esta intervención se haga llegar a sus familiares, cuya dirección dejaré a disposición de la Mesa. He dicho. El señor GODOY (Vicepresidente).- Se oficiará conforme a su petición, con la adhesión de los diputados Vilches, Rincón, Ortiz y de quien preside. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.09 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN,Jefe de la Redacción de Sesiones.
    VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que se inicia un proyecto de ley que modifica la Ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, estableciendo dieta para los consejeros nacionales de la Conadi y para los comisionados de la Codeipa que indica.(boletín N° 9041-31).“Honorable Cámara de Diputados:En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.253 que Establece Normas Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, cuyos fundamentos paso a exponer. I. ANTECEDENTES.La ley Nº 19.253, en adelante “Ley Indígena”, publicada en el Diario Oficial el 5 de octubre de 1993, establece un conjunto de normas relacionadas con los pueblos indígenas de nuestro país. Así, entre las materias tratadas en la Ley Indígena se pueden señalar el reconocimiento de los indígenas chilenos como descendientes de las agrupaciones humanas que viven en el territorio nacional desde tiempos precolombinos; las normas sobre el reconocimiento, protección y desarrollo de las tierras indígenas; la creación de un Fondo de Desarrollo Indígena y de un Fondo para Tierras y Aguas Indígena; el establecimiento de áreas de desarrollo indígena; el reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas; la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, y de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, en adelante Codeipa.La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Ministerio de Desarrollo Social y, que de acuerdo con su artículo 39, está encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional.La dirección superior de CONADI está a cargo de un Consejo Nacional integrado, por ocho representantes de gobierno, por ocho representantes indígenas y presidido por el Director Nacional del servicio. Los representantes indígenas son designados por el Presidente de la República a propuesta de las comunidades y asociaciones indígenas (cuatro mapuches, un aimara, un atacameño, un rapa nui y uno con domicilio en un área urbana del territorio nacional). Dichos consejeros duran cuatro años en sus cargos a contar de la fecha de publicación del decreto de nombramiento, pudiendo ser reelegidos.Las funciones del Consejo Nacional y que, por ende, les corresponde ejercer a estos representantes son, entre otras, definir la política de la institución; aprobar los programas que tiendan al cumplimiento de los objetivos de la Corporación, evaluarlos y asegurar su ejecución; decidir sobre todas las materias que la señalada ley encomienda a este Consejo Nacional y ejercer las demás atribuciones que dicha ley le otorga.La Codeipa, por su parte, es la sucesora legal de la Comisión de Radicaciones establecida en el decreto ley N° 2.885, de 1979 que establece normas sobre el otorgamiento de títulos de dominio y administración de terrenos fiscales en la Isla de Pascua. La Ley Indígena, propuso una integración renovada de esta entidad, con participación de representantes de la comunidad rapa nui y la ampliación de sus atribuciones a objetivos no solo relacionados con la entrega de tierras, sino también con el desarrollo económico, social y cultural.Dicha Comisión está integrada, por ocho representantes de gobierno, el Alcalde de Isla de Pascua y seis representantes electos de la comunidad rapa nui, uno de los cuales debe ser el Presidente del Consejo de Ancianos.II.OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY.La dictación de la Ley Indígena fue un gran avance en el reconocimiento de los pueblos indígenas y su relación con el Estado de Chile, sin embargo, es necesario indicar que con el transcurso del tiempo se ha hecho cada vez más evidente que algunas normas de la Ley Indígena requieren de una necesaria adecuación.Dentro de ellas, y considerando el rol que actualmente cumplen los consejeros nacionales indígenas del Consejo Nacional de CONADI y los comisionados indígenas de la Codeipa, se ha constatado que dichos consejeros y comisionados, realizan un aporte trascendental al desarrollo y evaluación de la política indígena nacional y regional, así como también ellos entregan una contribución muy importante al transformarse en punto focal para la difusión de las políticas que hacen referencia a los pueblos indígenas. Esto hace que las labores desempeñadas en dichos cargos tengan una relevancia especial, lo que demanda de parte de ellos una alta dedicación de su tiempo a las labores de este cargo.Adicionalmente cabe destacar que tanto los consejeros nacionales indígenas del Consejo Nacional de Conadi como los comisionados indígenas de la CODEIPA, acorde a las características de sus funciones y de la forma de elección, entregan a los pueblos indígenas un espacio de representatividad en la institucionalidad de la Administración Pública del país.Entre las funciones que hoy deben desempeñar los consejeros indígenas y los comisionados de Isla de Pascua, debido a la evolución de la política indígena, la entrada en vigencia del Convenio N° 169 de la OIT y demás normativas atingentes, se ha constatado que los consejeros y comisionados deben realizar las siguientes funciones adicionales a las ya establecidas en la actual Ley Indígena.a) Colaborar con el Ministerio de Educación en el desarrollo de sistemas de educación intercultural bilingüe; b) Colaborar con la Corporación en la asistencia técnica que se debe entregar a los órganos de la administración del Estado, a cargo de una medida que sea objeto de consulta indígena, para que el proceso de consulta pueda desarrollarse y difundirse acorde a la realidad de los diversos pueblos indígenas. En este contexto los consejeros indígenas de Conadi y los comisionados indígenas de la Codeipa actúan como un punto focal para el inicio, desarrollo, difusión y evaluación de los diversos procesos de consulta indígena;c) Canalizar las inquietudes de los dirigentes de las organizaciones indígenas de las diversas regiones, sobre las políticas indígenas o planes o programas que los afectan, de manera de transmitir estas preocupaciones a la institucionalidad pública para que esta las considere.d) Participar en las comisiones especiales de trabajo creadas por acuerdo del Consejo Nacional de CONADI y de la Codeipa, que se reúnen mensualmente y que tratan temas relacionados con modificaciones legales, o procedimentales que buscan la mejora en la implementación de las políticas dirigidas hacia los pueblos indígenas.Conforme a estas tareas, el Gobierno propone incorporar estas funciones como parte de las responsabilidades de estos consejeros y comisionados, para lo cual además, se considera necesaria la incorporación de una modificación en el monto de la dieta que reciben los miembros indígenas del Consejo Nacional de Conadi, como asimismo el establecimiento de una dieta para los comisionados electos de Codeipa. En esta materia se ha llegado a la convicción que el estipendio que se fije debe guardar una relación proporcional con la importancia de las labores desempeñadas en dichos cargos y a su vez deben reflejar un reconocimiento de la representatividad que dichas autoridades tienen respecto de las personas indígenas que los eligieron como sus portavoces ante los órganos de la Administración Pública.De esta manera, durante el año 2012, el Ministerio de Desarrollo Social, y Conadi, evaluaron la necesidad de establecer una dieta mensual para los consejeros indígenas del Consejo Nacional de CONADI y los comisionados indígenas electos de Codeipa, puesto que actualmente en el caso de los primeros, solo reciben una dieta por asistencia a las sesiones ordinarias del Consejo Nacional de Conadi, pero no perciben ningún tipo de remuneración o dieta por el desempeño de sus funciones. Tal asignación es de tres unidades tributarias mensuales (UTM) por cada sesión a la que asisten, las que tienen lugar cada tres meses, lo que equivale a una dieta mensual de una UTM, con un máximo de 6 UTM trimestralmente. Lo anterior, configura una dieta anual máxima de 24 UTM.En el caso de los comisionados indígenas electos de CODEIPA, que corresponden a seis miembros electos de la comunidad rapa nui, no perciben dieta ni asignación alguna por el desempeño de sus funciones.Lo anterior constituye una especial preocupación para este gobierno, puesto que debemos considerar que las actividades de los consejeros de CONADI no sólo se circunscriben a la asistencia a las sesiones del Consejo Nacional, sino que su actividad comprende un importante y amplio ámbito de labores, entre las cuales destacan la difusión del trabajo realizado por el Consejo de Conadi y la Corporación, el análisis, diseño y propuesta de proyectos de ley y políticas dirigidas hacia los pueblos indígenas, la asistencia a seminarios y a talleres para entregar y señalar las propuestas, inquietudes y necesidades de los pueblos originarios, participar en seminarios de capacitación y de difusión de la política pública, sostener reuniones con dirigentes y comunidades indígenas y otras actividades relacionadas con el desempeño de su cargo. Asimismo las actividades de los comisionados de la Codeipa no solo se circunscriben a la asistencia a las sesiones de la Comisión, sino que su actividad comprende una amplia gama de labores entre las que se destacan el análisis de las necesidades de tierras de la población rapa nui o pascuense, el fomento de la riqueza cultural y arqueológica de Isla de Pascua, la formulación de programas, proyectos y planes de desarrollo en favor de la comunidad rapa nui, la colaboración en la conservación y restauración del patrimonio arqueológico y de la cultura rapa nui , entre otros.El trabajo que realizan los representantes indígenas en el Consejo Nacional de Conadi y en Codeipa, normalmente requiere de una alta dedicación de tiempo, muchas veces en desmedro de sus actividades personales y profesionales.En virtud de lo anteriormente expuesto es que esta administración, luego del proceso de análisis realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Conadi, ha decidido impulsar una modificación legal con miras a fortalecer la institucionalidad vigente en esta materia. En este proceso se mantuvo un diálogo con los consejeros indígenas de Conadi y los comisionados Codeipa, con la finalidad de determinar un monto de las respectivas dietas a percibir que cumplieran con los objetivos del presente proyecto.En este contexto, este Gobierno ha decidido firmemente impulsar esta modificación legal con el objeto de otorgar un mayor reconocimiento al trabajo que realizan dichas autoridades, considerando la incorporación de asignaciones con el objetivo de dignificar el trabajo de los consejeros y comisionados que contribuyen día a día al desarrollo del país valorando su multiculturalidad, lo cual, además, se ha visto fortalecido con la ratificación en Chile del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo.III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEYDe esta manera la propuesta impulsada por nuestro gobierno considera el establecimiento de las siguientes nuevas funciones tanto al Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena como a la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua:a) Prestar colaboración al Ministerio de Educación en el desarrollo de sistemas de educación intercultural bilingüe; b) Colaborar con la Corporación en la asistencia técnica que se debe entregar al órgano de la administración del Estado, a cargo de una medida que sea sometida a consulta indígena, en los procesos de consulta y participación establecidos en el artículo 6 Nº 1, letra a), y Nº 2 y artículo 7 Nº 1, oración segunda, del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado por Decreto Supremo Nº 236 de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores; c) Canalizar las inquietudes de los dirigentes de las organizaciones indígenas, para lo cual deberán dar cuenta a través de un informe mensual, de las actividades desarrolladas en el marco de la difusión de las materias indígenas que sean de pertinencia de Conadi o de la Codeipa según corresponda.d) Conformar comisiones especiales que se creen en el Consejo de Conadi o en la Codeipa.Asimismo, la propuesta impulsada por nuestro gobierno considera el establecimiento de las siguientes asignaciones:a) Una dieta de 10 UTM para los consejeros indígenas de Conadi;b) Una dieta de 8 UTM de para los comisionados indígenas electos de Codeipa;c) Una dieta adicional de 3 UTM para los consejeros indígenas de Conadi por concepto de asistencia a las sesiones del Consejo Nacional de Conadi o de las Comisiones de trabajo que se formen por acuerdo de dicho Consejo, las que se pagarán conjuntamente con la dieta mensual. Esta dieta adicional tendrá un tope máximo de 6 UTM; y,d) Una dieta adicional de 2 UTM para los comisionados indígenas electos de la Codeipa por concepto de asistencia a las sesiones de la Codeipa o de las comisiones especiales de trabajo que se formen por acuerdo de la Codeipa, las que se pagarán conjuntamente con la dieta mensual. Esta dieta adicional tendrá un tope máximo de 4 UTM.Con ello esperamos retribuir y fortalecer la importante labor que desempeñan los consejeros indígenas del Consejo Nacional de Conadi y los comisionados indígenas electos de Codeipa.En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguientePROYECTO DE LEY:Artículo único.- Modifícase la ley Nº 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en los siguientes términos:1) Intercálase a continuación del artículo 42 el siguiente artículo 42 bis, nuevo:“Artículo 42 bis.- Sin perjuicio de las funciones y atribuciones contempladas en el artículo anterior, le corresponderá especialmente a los consejeros indígenas del Consejo Nacional de la Corporación:a) Colaborar con el Ministerio de Educación en el desarrollo de sistemas de educación intercultural bilingüe;b) Colaborar con la Corporación en la asistencia técnica que se debe entregar al órgano de la administración del Estado a cargo de una medida que sea sometida a consulta indígena, en los procesos de consulta y participación establecidos en el artículo 6 Nº 1, letra a), y Nº 2 y artículo 7 Nº 1, oración segunda, del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado por Decreto Supremo Nº 236 de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores;c) Canalizar las inquietudes de los dirigentes de las organizaciones indígenas, para lo cual deberán dar cuenta a través de un informe mensual, de las actividades desarrolladas en el marco de la difusión de las materias indígenas que sean de pertinencia de Conadi.d) Conformar comisiones especiales de trabajo que se creen por acuerdo del Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.”.2) Modifícase el artículo 43 de la siguiente forma:a) Sustitúyase el inciso segundo, por el siguiente:“El Consejo Nacional se reunirá, a lo menos, trimestralmente. Los consejeros designados por el Presidente de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 41 letra c), que no sean funcionarios públicos, y en la letra d) del mismo artículo, sean o no funcionarios públicos, percibirán una dieta mensual equivalente a diez unidades tributarias mensuales.” b) Agrégase, a continuación del inciso segundo, nuevo, el siguiente inciso tercero, cuarto y quinto nuevos, pasando el actual inciso tercero, a ser sexto:“Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros señalados en el inciso precedente, tendrán derecho a percibir una dieta adicional equivalente a tres unidades tributarias mensuales por concepto de asistencia a cada una de las sesiones del Consejo Nacional de la Corporación o de las comisiones de trabajo que se formen por acuerdo de dicho Consejo, la que se pagará conjuntamente con la dieta mensual que corresponda al mes respectivo.En todo caso, los consejeros señalados en el inciso segundo del presente artículo no podrán percibir mensualmente, por concepto de dietas indicadas precedentemente, una cantidad superior a 16 Unidades Tributarias Mensuales. La Corporación pagará los correspondientes pasajes y viáticos cuando alguno de los consejeros mencionados en el inciso 2° del presente artículo desempeñe cometidos en virtud de un acuerdo celebrado por el Consejo.”.3) Intercálase a continuación del artículo 67 el siguiente artículo 67 bis, nuevo: “Artículo 67 bis.-Sin perjuicio de las atribuciones contempladas en el artículo anterior, le corresponderá especialmente a los comisionados indígenas electos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua:1.- Colaborar con el Ministerio de Educación en el desarrollo de sistemas de educación intercultural bilingüe; 2.- Colaborar con la Corporación en la asistencia técnica que se debe entregar al órgano de la administración del Estado, a cargo de una medida que sea sometida a consulta indígena, en los procesos de consulta y participación establecidos en el artículo 6 Nº 1, letra a), y Nº 2 y artículo 7 Nº 1, oración segunda, del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado por Decreto Supremo Nº 236 de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores;3.- Canalizar las inquietudes de los dirigentes de las organizaciones indígenas Rapa Nui, para lo cual deberán dar cuenta a través de un informe mensual, de las actividades desarrolladas en el marco de la difusión de las materias indígenas que sean de pertinencia de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.4.- Conformar comisiones especiales de trabajo que se creen por acuerdo de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua.”.4) Agrégase en el artículo 68 a continuación del punto final, que pasa a ser punto aparte, los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto nuevos:“Los seis miembros electos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, gozarán de una dieta mensual equivalente a ocho Unidades Tributarias Mensuales. Adicionalmente, la Corporación pagará los correspondientes pasajes y viáticos cuando cualquier miembro electo de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua desempeñe cometidos en virtud de un acuerdo celebrado por la Comisión.Sin perjuicio de lo anterior, los comisionados señalados en el inciso precedente, tendrán derecho a percibir una dieta adicional equivalente a dos unidades tributarias mensuales por concepto de asistencia a cada una de las sesiones de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua o de las comisiones especiales de trabajo que se formen por acuerdo de dicha Comisión, la que se pagará conjuntamente con la dieta mensual que corresponda al mes respectivo.En todo caso, los comisionados señalados en el inciso segundo del presente artículo no podrán percibir mensualmente, por concepto de dietas indicadas precedentemente, una cantidad superior a 12 unidades tributarias mensuales.La inasistencia de los comisionados indígenas electos a 3 sesiones, sin causa justificada a juicio de la propia Comisión, producirá la cesación inmediata del comisionado en su cargo. Su reemplazo se hará conforme a las normas del reglamento y por el tiempo que falte para completar el período”.5) Agrégase en el artículo 9 Transitorio a continuación del punto final, que pasa a ser punto aparte, el siguiente inciso final nuevo:“Para el año de entrada en vigencia de la ley, la dieta establecida en el artículo 43 para los Consejeros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena designados por el Presidente de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 41 letra c), y letra d) del mismo artículo y para los seis Comisionados electos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, establecida en el artículo 68, serán provistas por recursos especialmente asignados al efecto, y posteriormente para los años subsiguientes, por los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público.”.Dios guarde a V.E.,(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN, Ministro de Hacienda; BRUNO BARANDA FERRÁN, Ministro de Desarrollo Social.”Informe FinancieroProyecto de ley que incorpora nuevas funciones y atribuciones, y el establecimiento de nuevas dietas para los consejeros indígenas del Consejo Nacional de la CorporaciónNacional de Desarrollo Indígena y los comisionados indígenas de la Comisión deDesarrollo de Isla de Pascua.Mensaje N° 026-361.I. ANTECEDENTES	El presente proyecto de ley modifica los artículos 42, 43, 67 y 68 de la Ley N° 19.253, que Establece Normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con el fin de retribuir y fortalecer la labor que desempeñan los consejeros indígenas del Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y los comisionados indígenas electos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa).	En tal sentido, el proyecto de ley incorpora nuevas funciones y atribuciones a las ya existentes en la ley para ambos organismos, y establece nuevas dietas mensuales y adicionales por asistencia a sesiones para los Consejeros Nacionales de la Conadi y los Comisionados Indígenas de Codeipa, ya que actualmente no perciben retribución afín a la labor que realizan.	Las nuevas funciones y atribuciones que se incorporan en artículos 42 bis y 67 bis, corresponden a las que actualmente deben desempeñar debido a la evolución de la política indígena, la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT y demás normativas atingentes.	Actualmente los 3 Consejeros Nacionales designados por el Presidente de la República y los 8 representantes indígenas, que no sean funcionarios públicos, perciben una dieta por cada sesión a la que asistan equivalente a 3 unidades tributarias mensuales (UTM), con un tope de no más de 6 UTM dentro del trimestre respectivo, y la Corporación además les cancela pasajes y viáticos. Los Comisionados Indígenas de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua no perciben actualmente retribución alguna.	La propuesta establece para los 3 consejeros designados por el Presidente, que no sean funcionarios públicos, y para los 8 consejeros indígenas, sean o no funcionarios públicos, una nueva dieta mensual de 10 UTM, más una adicional de 3 UTM por concepto de asistencia a cada una de las sesiones del Consejo Nacional de Conadi o de las comisiones de trabajo que se formen por acuerdo de dicho Consejo, la que se pagará conjuntamente con la dieta mensual que corresponda al mes respectivo; estableciéndose un tope mensual de 16 UTM por ambos conceptos.	Por su parte otorga a los 6 miembros electos de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua una dieta mensual de 10 UTM, y una adicional de 2 UTM por concepto de asistencia a cada una de las sesiones de la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua o de las comisiones de trabajo que se formen por acuerdo de dicha Comisión, la que se pagará conjuntamente con la dieta mensual que corresponda al mes respectivo; y con un tope mensual de 14 UTM por ambos conceptos.	Además, indica que la Corporación cancelará los correspondientes pasajes y viáticos cuando alguno de los consejeros y comisionados mencionados anteriormente desempeñe cometidos en virtud de un acuerdo celebrado por el Consejo Nacional de CONADI o la Codeipa.II. EFECTO DEL PROYECTO SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL.	El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta Ley, durante el primer año de su entrada en vigencia, considerando su efecto año completo, tiene un costo aproximado de $ 115.668 miles, y se financiará con recursos especialmente asignados al efecto en el presupuesto de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.	(Fdo.): ROSANNA COSTA COSTA, Directora de Presupuestos.”2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:8829-01Crea un registro voluntario de contratos agrícolas8324-03Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.8922-11Establece los incentivos remuneracionales que indica, a favor de los profesionales de los servicios de salud que señala.8467-12Administración del borde costero y concesiones marítimas.	Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia.”3. Oficio de S.E. el Presidente de la República.“Honorable Cámara de Diputados:	Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto poner urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley:5579-03Regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos a menores de 18 años y exige control parental a consolas.8851-18Modifica Ley de Violencia Intrafamiliar y otros cuerpos legales y, establece ley sobre violencia en las relaciones íntimas de pareja sin convivencia.8938-24Crea el Ministerio de Cultura8197-07Establece el nuevo Código Procesal Civil8911-18Protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Hago presente esta urgencia para todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en la H. Cámara de Diputados-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.	Dios guarde a V.E.,	(Fdo.): SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República; CRISTIÁN LARROULET VIGNAU, Ministro Secretario General de la Presidencia.”4. Moción de los señores diputados Accorsi, Castro, Gutiérrez, don Hugo; Pérez, don José; Silber, y de las diputadas señoras Girardi, doña Cristina; Nogueira, doña Claudia; Muñoz, doña Adriana; Sepúlveda, doña Alejandra, y Sabat, doña Marcela. Modifica diversos textos legales, con el propósito de restablecer sanciones penales y aumentar el límite de multas en casos deconductas atentatorias a la libre competencia. (boletín N°9046-03).“Vistos:Lo dispuesto en el capítulo V de la Constitución Política de la República, en la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados.Considerando:1.- El año 1973 se dictó el Decreto Ley N° 211, que fija normas para la libre competencia. Dicha legislación ha tenido dos modificaciones sustanciales a lo largo de los años, por una parte la ley N° 19.911, publicada el año 2003 y la ley N° 20.361, publicada el año 2009.En la primera, se modificaron las conductas ilícitas, se creó el Tribunal de la Libre Competencia con modernos sistema de procedimientos y se eliminaron las sanciones penales por conductas que lesionan la libre competencia.Luego, por medio de la Ley N° 20.361, se perfeccionó la legislación otorgando nuevos instrumentos de investigación para la Fiscalía nacional Económica.2.- Se puede señalar que con dichas modificaciones legales, lo que se hizo, fue optar por un modelo de sanciones administrativas para las figuras competitivas, lo que significó por ejemplo que mediante la modificación introducida por la ley N° 20.361, se aumentó la sanción hasta la 30.000 Unidades Tributarias Anuales para determinadas infracciones.3.- Además, en la discusión de la ley N° 20.361, se retomó la discusión sostenida en su oportunidad en la discusión de la ley N° 19.911, de reestablecer sanciones penales para ilícitos que vulneraran los principios de la libre competencia, cuestión que en definitiva no se incorporó en virtud de la necesidad de aprobar y dar curso al proyecto promovido por el Ejecutivo, no obstante lo cual, variados parlamentarios dieron cuenta de la necesidad imperiosa de su incorporación con el objeto de generar una persuasión para que no se cometieran dichos actos.4.- Cabe señalar, que la materia en comento, no ha sido una cuestión ajena a la discusión de este Congreso Nacional. Desde el año 2009 a la fecha, especialmente como producto del “caso farmacias”, se han ingresado una serie de mociones que abordan la materia desde los más variados puntos de vista, por una parte con el reestablecimiento de las sanciones penales, la imposición como sanción de la disolución de las personas jurídicas que cometan conductas colusorias, el aumento de las multas de la ley, la atenuación de las multas por utilizar figura de delación compensada, etc. Además, dichas mociones dicen relación con modificar el Código Penal, el DFL N° 1, o incluso el Código Orgánico de Tribunales.En ese sentido, el cuadro n° 1 anexo describe las principales mociones y aspectos contenidos en ellas, relativos a la materia.5.- En conformidad con lo señalado; consideramos que los hechos derivados del “caso colusión de farmacias”, entre lo que se cuenta la imposición de una multa inclusive inferior de los beneficios económicos obtenidos por la conducta ilícita, así como la imposibilidad de la obtención de una condena penal, es un claro ejemplo de aquellas conductas que vulneran y atacan la libre competencia, pero que además vulneran las bases de la fe pública y de los principios que deberían guardar los agentes económicos que prestan servicios o venden productos, son un claro ejemplo de las conductas que deben ser adecuadamente sancionadas. Por tanto, se constata producto del caso en comento, que las sanciones administrativas como las multas, aunque han sido aumentadas con las leyes referidas en numerales anteriores, son insuficientes para que los actores del mercado se inhiban de cometer ilícitos como la colusión de precios o cualquier otro acto que ataque la libre competencia.Además, en el derecho comparado, son variados los ejemplos que establecen sanciones pecuniarias y sanciones penales a conductas atentatorias de la libre competencia, que dan cuenta de la posibilidad de establecer dichas sanciones a la par de las sanciones administrativas, en especial en aquellos casos que afectan a mercados de productos básicos consumidos por la población como son los alimentos o los medicamentos.Luego, se hace evidente la necesidad de abordar una discusión sobre la modificación a la legislación referida, que además pueda considerar los diversos aspectos relevados a través de las distintas mociones presentadas desde el año 2009 por los señores parlamentarios.En virtud de lo indicado, se presenta como necesario en una modificación legal, el reestablecer sanciones penales para conductas atentatorias de la libre competencia, aumentar las multas y aplicar proporcionalidad en virtud de las ganancias obtenidas de las conductas colusorias u otras relativas a la libre competencia. Asimismo, es necesario prevenir que la implementación de esas medidas no se afecte la figura de la delación compensada implementada a través de la ley N° 20.361.7.- En el mismo orden de ideas, parece necesario incorporar a nuestra legislación un tipo penal que no sólo considere la colusión como acción ilícita, sino que también todos aquellos actos que vulneren los principios que permiten la libre competencia. Dicho tipo penal debe además, ser incorporado de tal manera que no vulnere el principio non bis in idem, es decir, que una misma conducta no sea sancionada dos veces, y por lo tanto, es necesario tipificar una conducta distinta a la del artículo 3° del DFL N° 1 de 2005, y no hacer referencia a ella.Por otra parte, debe considerarse que no todas las acciones atentorias de la libre competencia tienen el mismo efecto y con ello los mismos perjuicios a la sociedad. Por ejemplo, no se puede comparar el caso de los buses interurbanos que se coluden para una fecha especial en que se celebra alguna festividad, de tal manera de subir los precios de los pasajes, con el caso el mentado caso de “colusión de las farmacias”, donde las ganancias por los actos colusivos ascendieron a millones de dólares. En ese orden de ideas, es necesario buscar, incorporar y discutir sobre la conveniencia de incorporar una gradualidad en la imposición de las sanciones, de acuerdo a un efecto objetivo. En dicho sentido, nosotros consideramos que un adecuado efecto objetivo, sería por ejemplo el aludir a los niveles de ganancia que el acto ilícito provocó para quien comete el ilícito.Por otra parte, en el tipo penal a incorporar, también debe considerar la entidad del daño provocado a la sociedad y por lo tanto amerita la imposición de una sanción penal en el caso solamente que los efectos de un acto ilícito se hayan concretado, por lo tanto, es necesario que el ilícito se encuentre en grado de consumado.Por último, en virtud del interés de la sociedad respecto a perseguir y sancionar conductas atentorias contra la libre competencia, se debe considerar que el tipo y sanción a incorporar, debe impedir que se puedan utilizar salidas alternativas o sanciones, que a la luz del daño causado, se consideren desproporcionadas con el mal causado.8.- Por otra parte, con el objeto de que la incorporación de una sanción penal contra conductas atentatorias contra la libre competencia, no entorpezca la figura incorporada a través de la Ley N° 20.361, respecto a la delación compensada, se debe considerar la incorporación de una atenuante de responsabilidad penal para quien colabore en el proceso de la sanción administrativa en los términos del artículo 39 bis del DFL N° 1 de 2005, no obstante que se configure además la colaboración con la investigación que se da en el ámbito penal.9.- Ahora bien, tal como lo ha demostrado el caso farmacias, al parecer la multa vigente en la ley, no inhibe a los actores de realizar actuaciones atentorias contra la libre competencia, toda vez que las ganancias producto de la comisión del ilícito, superan con creces los montos de las eventuales multas a las que las personas se ven expuestos. En ese sentido, se hace necesario incorporar sentido de proporcionalidad en la imposición de la sanción en caso de que los beneficios económicos obtenidos por el infractor sea superiores a los límites de las multas vigentes.10.- Por último, considerando la posibilidad de que empresas transnacionales sean aquellas que incurran en acciones contrarias a la libre competencia, ya sea por la utilización de medios tecnológicos que permiten interacciones entre actores en el país y en el extranjero, ya sea por la implementación de tácticas y prácticas atentorias de la libre competencia desde el extranjero, se hace necesario incluir la posibilidad en el Código Orgánico de Tribunales, de que dichos ilícitos sean sometidos a la jurisdicción chilena, tal como lo establece la moción del Boletín 6454-03.Por tanto:En mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en las disposiciones constitucionales y legales citadas, los diputados que suscribimos venimos en someter a consideración del Congreso Nacional el siguientePROYECTO DE LEY:Artículo 1.- Incorpórese en el párrafo 7°, del título VI°, del Código Penal, los siguientes artículos 286 bis y 286 ter:1) Artículo 286 bis. El que celebre acuerdos o concede prácticas de manera expresa o tácita, mediante los cuales se fijen precios, se limiten la producción, se asignen cuotas de mercado o zonas de desarrollo de la actividad o se impida el ingreso de nuevos agentes, respecto de productos o servicios esenciales relativos a alimentación, vestuario, vivienda, medicina o salud, de tal manera que con dichos acuerdos o prácticas se impida la libre competencia en la producción o en el comercio, será penado:1°. Con presidio mayor en su grado mínimo a medio, si el beneficio económico producto de la acción del infractor excediera de 10.000 unidades tributarias mensuales;2°. Con presidio menor en su grado máximo, si el beneficio económico producto de la acción del infractor excediera de 5.000 unidades tributarias mensuales y no pasare de 10.000 unidades tributarias mensuales;3°. Con presidio menor en su grado medio, si el beneficio económico producto de la acción del infractor excediera de 2.000 unidades tributaria mensual y no pasare de 5.000 unidades tributarias mensuales; y,3°. Con presidio menor en su grado mínimo, si el beneficio económico producto de la acción del infractor excediera de 1.000 unidades tributaria mensual y no pasare de 2.000 unidades tributarias mensuales.2) Artículo 286 ter. Será circunstancia atenuante de responsabilidad penal, distinta de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos investigados contemplado en el numeral 9° del artículo 11, la colaboración prestada en los términos establecidos en los tres primeros inciso del artículo 39 bis del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211 del año 1973. En estos casos, el tribunal podrá reducir la pena hasta en dos grados.Artículo 2°. Modifíquese el inciso sexto del artículo 237 de la ley N° 19.696, que establece el Código Procesal Penal, en el sentido de intercalar después de la frase “contemplados en los artículos” y antes de “361 a 366 bis”, la frase “286 bis,”.Artículo 3°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley N° 7.241, que aprueba el Código Orgánico de Tribunales, en el siguiente sentido:1) Reemplazando en el numeral 9°, la letra “y”, y la coma precedente por un punto y coma;2) Reemplazando el punto final del numeral 10°, por una coma y una posterior “y; y,3) Incorporando un numeral 11 nuevo, del siguiente tenor: “11°. Los sancionados en el artículo 286 bis del Código Penal.”Artículo 4°. Modifíquese el literal c) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del año 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211 de 1973, en el sentido de incorporar un inciso final del siguiente tenor:“No obstante lo señalado en los incisos anteriores, cuando el beneficio económico de la infractora sea superior a los montos máximos establecidos en el literal c) precedente, el Tribunal podrá imponer multas, considerando los criterios del inciso precedente, que ascenderán desde el cien por ciento hasta un ciento veinticinco por ciento del beneficio económico obtenido por la infractora como consecuencia de cometer los actos del artículo 3° de la presente ley.”5. Moción del señor diputado Tarud. Modifica el Código Penal en lo relativoal delito de hurto entre cónyuges, estableciendo que el marido cometeel delito cuando se apropia de bienes estando separado de hecho de su cónyuge. (boletín N°9045-18).“Honorable Cámara:No obstante los esfuerzos y avances por erradicar la violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país, existen actualmente regulaciones legales que, en nuestra experiencia, bajo determinadas circunstancias, permiten el ejercicio de acciones de violencia contra las mujeres. Nos referimos, en concreto, a la norma del Código Penal conforme a la cual no existe el delito de hurto entre cónyuges.La norma referida es tan antigua como el Código Penal, que data de 1874. Bajo una lógica de normalidad, evidentemente no se concibe que un cónyuge se pueda apropiar de los bienes de otro, pues ambos tienen derecho, independientemente del régimen patrimonial del matrimonio, a utilizar los bienes de ambos, ya sean propios o sociales.Esta lógica de normalidad, sin embargo, no es precisamente la que opera frente a situaciones anormales. Conocimos, por ejemplo, el caso de una mujer, madre de dos hijos, que durante años fue sometida a situaciones de violencia física y psicológica por parte de su cónyuge, quien además vivía a expensas de ella, en un predio de propiedad de la familia de ella, con bienes, en su mayoría, pertenecientes a una sucesión hereditaria de la mujer, sin perjuicio de aquellos de propiedad del matrimonio y de ambos cónyuges. Luego, cuando la mujer, no obstante todas las enormes dificultades logró separarse de hecho, como única salida a la situación de violencia y abuso por parte de su marido éste aprovechándose de las circunstancias, se llevó consigo todos los bienes del matrimonio, sin que la mujer pudiera ejercer acciones penales en su contra, pues, como se sabe, entre cónyuges no hay hurto, y los hechos, por su parte, no tipificaban un delito de robo (que sí está penado) pues al momento de llevarse los bienes no ejerció violencia en las personas ni fuerza en las cosas, pues aprovechó que no i había nadie en el domicilio.Así las cosas, hechos tan deleznables y reprochables socialmente quedan, fruto de nuestra regulación legal, en la absoluta impunidad.Por ello es que proponemos introducir las modificaciones necesarias en el Código Penal, de manera que sea tipificado como delito de hurto, el hecho de que el marido que se encontrare separado de hecho de su cónyuge, se apropie, con ánimo de dueño, de los bienes muebles propios de la mujer, de aquellos que tenga la sociedad conyugal o de los bienes en comunidad de gananciales, de manera que en la regulación queden protegidos los bienes independientemente del régimen patrimonial del matrimonio.Este proyecto se plantea desde la perspectiva de la discriminación positiva, es decir, considerando que es la mujer quien se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad frente al hombre, y es la razón por la que planeamos que sea el marido el único sujeto activo, que es decir, la único que pueda cometer este delito, y no así la mujer_Ahora bien, desde el punto de vista de la técnica legislativa, y considerando que la exención de responsabilidad penal por el delito de hurto entre cónyuges está establecida como una excepción, en el sentido de que están exentos de cometer delito de hurto, entre otros, los cónyuges, nuestra propuesta legislativa plantea establecer una contraexcepción, señalando que sí comete el delito el marido que, estando separado de hecho, se apropia de bienes propios de su cónyuge, de la sociedad conyugal o de bines de la comunidad de gananciales	Por tanto, con el mérito de lo razonado, y vistos lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.El diputado que suscribe viene en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,PROYECTO DE LEYArtículo único.- Agregase en el numeral 5 del artículo 489 del Código Penal, a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “excepto cuando el marido, estando separado de hecho, se apropie de los bienes propios de la mujer, o de los bienes de la sociedad conyugal o de gananciales, según corresponda.”6. Moción de los señores diputados Recondo, Campos, Melero, Santana, Ulloa, Vallespín, Vargas, y de la diputada señora Goic, doña Carolina. Complementa regulación de centros de acopio que indica. (boletín N°9047-21).“1.- El artículo 2° transitorio de la ley 20.434, en su actual texto modificado por la ley N° 20.583, prohíbe el otorgamiento de nuevas autorizaciones para centros de acopios y prohíbe la renovación de las concesiones marítimas para la operación de dichos centros de acopio.No cabe duda de que el legislador distinguió entre las dos instituciones jurídicas: la autorización que otorga la Subsecretaría de Pesca para el funcionamiento de estos centros de acopio, y la concesión marítima que concede la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para el uso del mar con este mismo fin.Del inciso segundo del actual artículo 2° transitorio establece claramente que, una vez dictado el Reglamento a que se refiere la norma, la Subsecretaría de Pesca podrá otorgar nuevas autorizaciones.Por lo tanto, es claro que la voluntad del legislador condiciona la existencia de nuevos centros de acopio al cumplimiento de las normas y condiciones de tecnología y procedimientos que aseguren que no se diseminen agentes patógenos.Pero, de acuerdo con la letra del actual inciso segundo del artículo Segundo transitorio de la ley 20.434, sólo la Subsecretaría de Pesca podría autorizar un nuevo centro de acopio en el evento de cumplirse con las nuevas exigencias ambientales, pero el legislador nada dijo sobre la prohibición de no renovar las concesiones marítimas expresamente establecida en el inciso primero de la norma.De conformidad a lo dispuesto en el artículo 90 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura, todo centro de acopio ubicado en el mar — como bien nacional de uso público — requiere de dos actos jurídicos copulativamente otorgados: la autorización de la Subsecretaría de Pesca y la concesión marítima otorgada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.Si nos sujetamos al actual texto del artículo 2° transitorio de la Ley 20.434, un centro de acopio nuevo o vigente podría obtener una autorización (o renovación de autorización) por parte de la Subsecretaría de Pesca, pero aún así no podría nacer a la vida jurídica, al estarle prohibido a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas renovar (y, por consiguiente, tampoco otorgar) concesiones marítimas para tales fines.El presente proyecto pretende aclarar esta situación confusa, mejorando la norma legal vigente de forma tal que, cumpliendo el nuevo proyecto de centro de acopio o la solicitud de renovación de centro de acopio, con las normas y disposiciones contenidas en el Reglamento establecido en dicho artículo, no sólo pueda obtener la autorización de la Subsecretaría de Pesca, sino que también pueda obtener el otorgamiento o la renovación de la concesión marítima correspondiente.2.- El legislador, en el mismo artículo 2° transitorio de la ley 20.434, y concordante con la prohibición establecida en el inciso primero de la no a, señala, claramente, que los centros de acopio que han caducado entre los años 2012 y 2013, se entienden prorrogados hasta el 31 de marzo de 2014.Es claro que esta limitación temporal dice relación con la exigencia ambiental que se regula en el inciso segundo de la misma norma, en el sentido de que los centros de acopio actuales, y que no están sujetos a la regulación ambiental que se establece en el citado Reglamento, no pueden renovarse en las mismas condiciones actuales, sino que es voluntad del legislador que se sujeten a las nuevas exigencias.La norma vigente no puede entenderse de otra manera, ya que sería una disposición inútil la regulada en el segundo inciso (establecer nuevas exigencias ambientales) si los centros de acopio no podrían ser sol citados o renovados más allá del 31 de marzo de 2014.Por eso, la única forma de hacer aplicable la norma del inciso segundo del artículo 2° transitorio, es entender extinguidos los viveros que no están sujetos a las nuevas exigencias ambientales, y obligar a todos los proyectos - actuales o futuros - a someterse a las normas de tecnología o procedimientos que establece el Reglamento correspondiente.PROYECTO DE LEYARTÍCULO ÚNICO: Reemplácese el artículo 2° transitorio de la ley 20.434, por el siguiente texto:Artículo 2°.- Prohíbese el otorgamiento o renovación de autorizaciones para la operación de centros de acopio de peces, como así ismo el otorgamiento y la renovación de las concesiones marítimas de playa de mar, de porción de agua o fondo de mar otorgadas a la fecha de publicación de esta ley para la operación de aquéllos, cuyos proyectos no cumplan con las exigencias, condiciones y tecnología que asegure que no se produzca la diseminación de patógenos, contorne al reglamento que dicte la Subsecretaría.7. Moción de los señores diputados Meza, Chahín, De Urresti; Espinosa, don Marcos; Jarpa, Robles, Schilling y Tuma. Elimina la exigencia de pagarés oletras de cambio para las atenciones de salud y perfeccionamedidas de fiscalización. (boletín N°9043-11).“Considerando:La ley 20.394, en el año 2009, derogó la facultad que tenían los centros médicos, principalmente privados, de poder condicionar toda forma de atención al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo como garantía del pago de prestaciones de salud, sean de urgencia o electivas.Lo anterior, por considerar que este tipo de conductas atentaban directamente contra el derecho de las personas a recibir una oportuna prestación medica sin que sea un impedimento la capacidad económica del momento a fin de poder ser atendido, es decir, que nadie quedará exento de una atención medica por no contar con los recursos para ser atendido.La misma modificación del año 2009, que eliminó la exigencia del cheque o dinero en efectivo como garantía, contempló la posibilidad de que las instituciones de salud pudieran exigir pagarés o letras de cambio para prestar las atenciones medicas señaladas, lo cual en términos prácticos implica los mismos efectos que el cheque en garantía puesto que estos documentos tienen valor de titulo ejecutivo y son susceptibles de ser causal de un juicio de la misma forma que un cheque.Entonces, en la actualidad se les está exigiendo a las personas la firma de pagarés como requisito excluyente para la atención de salud, incluso en casos de urgencia, y con esa práctica, los efectos de la ley 20.394 son totalmente nulos ya que se reemplazó un instrumento como el cheque, por otro de similares efectos como es el pagaré y las letras de cambio.Adicionalmente a esta realidad, se ha detectado también que en algunos recintos hospitalarios se contraviene abiertamente la legislación, y en particular la prohibición de los cheques de garantía exigiéndoseles a las personas la firma de estos para su atención de salud de urgencia, y por supuesto que en la premura del momento se ven obligados a firmarlos a fin de obtener la prestación requerida quedando demostrado que hay serias falencias de fiscalización al respecto, pero que sin embargo es una acción difícil de monitorear por el gasto que significaría tener funcionarios que en forma permanente puedan verificar el cumplimiento de la ley; entonces, a nuestro juicio, una buena forma de fiscalizar es que los mismos afectados puedan denunciar en el momento mismo del hecho a través de una línea telefónica gratuita, o a través de una línea directa instalada en el mismo recinto, o bien mediante una denuncia telefónica a la unidad policial más cercana.A modo de conclusión, el objetivo del presente proyecto de ley es por una parte derogar la facultad de los establecimientos de salud de poder exigir pagarés y letras de cambio como condición para una atención medica; y por otro 1ado facilitar la posibilidad de que los propios usuarios puedan denunciar los hechos de infracción a la ley mediante la habilitación de líneas telefónicas gratuitas y directas con la respectiva unidad de fiscalización y/ la unidad policial más cercana, así como la instalación de un dispositivo telefónico en el lugar para efectuar este tipo de comunicación.Por todo lo anterior venimos en presentar el siguiente:PROYECTO DE LEYArtículo único.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979, y de las leyes N°s. 18.933 y 18.469, de la siguiente forma:1.- Modifíquese el artículo 141 bis eliminando del inciso 1° la frase “o letras de cambio o pagarés”2.- Agréguese al artículo 141 bis un nuevo inciso final con la siguiente redacción:“Para efectos de fiscalización de la presente norma, será obligación para el prestador de salud habilitar una línea telefónica gratuita disponible para el público que tenga comunicación directa con el ente fiscalizador del ministerio que corresponda, así como la unidad policial más cercana; y también deberá disponer, en un lugar visible, de un dispositivo telefónico apto para la comunicación a través de la misma.”8. Moción de los señores diputados Letelier, Baltolu, Estay, Hasbún, Kort,Salaberry, Sandoval, y de las diputadas señoras Hoffmann, doña María José; Turres, doña Marisol, y Zalaquett, doña Mónica. Modifica el Código Penalen lo referente a la violación de menores. (boletín N° 9044-07).“Que nuestro Código Penal establece en el capítulo VII de los Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad, en su artículo 362: “El que accediere carnalmente, por vía' vaginal, anal o bucal, a una persona menor de catorce años, será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior”.Las circunstancias a que se refiere la norma citada dicen relación cuando se accede carnalmente a una persona usando la fuerza o la intimidación, cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha de la enajenación o trastorno mental de la víctima.Que de los artículos mencionados, se desprende el mayor vigor con que el legislador ha querido proteger la integridad de los menores de catorce años, entendiendo que dichas personas se encuentran en un mayor grado de indefensión, por lo que se hace lógico y coherente una mayor protección.Que lamentablemente durante el último tiempo, la opinión pública ha sido testigo a través de los medios de comunicación, de casos de menores de catorce años embarazadas, con todas las implicancias en el ámbito de la salud y sociales que dichos dramáticos casos conllevan, pues nadie puede sostener que dichos embarazos son productos de relaciones consentidas, asumiendo la ley que siempre son producto de violación dado el poco o nulo criterio que puede tener una menor de catorce años para tomar una decisión de esa envergadura.Que la norma citada al inicio establece como pena para aquella persona que viole a una menor de catorce años, presidio mayor en cualquiera de sus grados, entregándole en este caso una discrecionalidad al juez en la aplicación de la pena que la gravedad del caso no amerita, toda vez que como potente señal a la sociedad, este tipo de crímenes debieran contar con penas de máxima severidad.Es por lo anterior que creemos fundamental establecer una pena única y no un rango de penas que pueda aplicar el juez ante este tipo de situaciones, elevando al máximo la sanción que establece nuestra legislación para la violación de menores de catorce años, es decir, presidio mayor en su grado máximo.PROYECTO DE LEYModifíquese el artículo número 362 del Código Penal, reemplazando la frase “en cualquiera de sus grados”, por “en su grado máximo”9. Oficio del Tribunal Constitucional.	“Santiago, 17 de julio de 2013.	Oficio N° 8.780	Remite resolución.Excelentísimo señorPresidente de la Cámara de Diputados:	Remito a V.E. copia de la resolución dictada por esta Magistratura con fecha 11 de julio de 2013, en el proceso Rol N° 2.380-12-INA, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por Empresa Depuradora de Aguas Servidas respecto de los artículos 292, inciso final y 492, inciso segundo del Código del Trabajo, en los autos laborales de que conoce el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, bajo el RIT S-80-2012, RUC 12-4-0039142-2. Asimismo se adjunta copia del requerimiento y la copia que declaró su admisibilidad.	Dios guarde a V.E.	(Fdo.): RAÚL BERTELSEN REPETTO, Presidente; MARTA DE LA FUENTE OLGUÍN, Secretaria.A S.E. ELPRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOSDON EDMUNDO ELUCHANS URENDAVALPARAÍSO.”