REPÚBLICA DE CHILECÁMARA DE DIPUTADOSLEGISLATURA 362ªSesión 5ª, en jueves 20 de marzo de 2014(Ordinaria, de 10.39 a 13.17 horas)Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo, yCarmona Soto, don Lautaro.Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel.Secretario, el señor Landeros Perkic, don Miguel.REDACCIÓN DE SESIONESPUBLICACIÓN OFICIALÍNDICE	I.-	ASISTENCIA	II.-	APERTURA DE LA SESIÓN	III.-	ACTAS	IV.-	CUENTA	V.-	ORDEN DEL DÍA	VI.-	INCIDENTES	VII.-	DOCUMENTOS DE LA CUENTA	VIII.-	OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA	IX.-	PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9 Y 9° A 	DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL 	DEL CONGRESO NACIONAL.ÍNDICE GENERALPág.I. ASISTENCIA	10II. APERTURA DE LA SESIÓN	13III. ACTAS	13IV. CUENTA	13V. ORDEN DEL DÍA	15PERFECCIONAMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROTEGER DERECHOS DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ASEO Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 9278-06)	15REGULACIÓN DE ALZAMIENTO DE HIPOTECAS CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (Primer trámite constitucional. Boletín Nº 8069-14)	36VI. INCIDENTES	48FISCALIZACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE COMUNA DE LOS SAUCES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)	48INFORMACIÓN DE ACTUACIÓN FUNCIONARIA DE EXDIRECTOR DE LA CONAF DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS, SEÑOR PEDRO BAHAMÓNDEZ (Oficio)	49INFOMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL DE PUENTE ALTO (Oficio)	50INFORMACIÓN SOBRE ALCANCES DE CONTRATOS CON EMPRESAS CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS (Oficio)	50RIESGOS DEL USO DE PARACETAMOL EN LA POBLACIÓN MATERNO-INFANTIL (Oficios)	51REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE CIRCULAR DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS SOBRE OPERACIONES  INTERBOLSAS (Oficio)	52FISCALIZACIÓN A EMPRESAS POR EXTRACCIÓN ILEGAL DE AGUA DEL RÍO LIMARÍ, COMUNA DE OVALLE (Oficio)	54FISCALIZACIÓN A EMPRESA INMUEBLES CATALUÑA, DE ANCUD, POR HOSTIGAMIENTO A DIRIGENTES SINDICALES E INCUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES (Oficio)	54FISCALIZACIÓN A EMPRESA LUDRIMAR, DE PUERTO MONTT, POR VULNERACIÓN DE DERECHOS LABORALES (OFICIOS)	55VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA	571. Oficio del Senado. (boletín 9273-05)	572. Oficio del Senado. (boletín 9278-06)	573. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don José; Letelier, Meza, Ortiz, Sabag, y de la diputada señora Sepúlveda, doña Alejandra, que “Sanciona el maltrato infantil”. boletín N° 9279-07)	58Pág.4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don José;  Letelier, Meza, Ortiz, Sabag, y de la diputada señora Sepúlveda, doña alejandra que faculta a los almacenes de consultorios y postas públicas que indica para vender medicamentos a los usuarios y público en general. (boletín N° 9280-11)	595. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Nogueira y Sepúlveda, y de los diputados señores Browne, Espinoza, don Fidel, Farcas, Jarpa, León, Norambuena, Pilowsky y Tuma que extiende vigencia de la ley N° 20.563, que regulariza construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social. (boletín N° 9281-14)	60VIII. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA.	1	Comunicaciones:	-	De la Presidencia de la Cámara de Diputados por la que indica que el diputado señor Iván Norambuena reemplazará al diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca en la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales del Parlamento Latinoamericano que se realizará los días 25 y 26 de marzo próximo, en Panamá (7). 	-	 Del diputado señor Núñez, don Marco Antonio, por la cual justifica su inasistencia a la sesión de Sala del día jueves 20 de marzo en curso. 	-	De la diputada señora Pacheco, doña Clemira, por la cual solicita el pronunciamiento de la Comisión de Ética y Transparencia, sobre la existencia de un eventual impedimento para integrar la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, toda vez que su cónyuge ha sido designado como seremi de Obras Públicas en la Región del Biobío. 	-	Del diputado señor León, por la cual justifica su inasistencia a la sesión de Sala del día de hoy, jueves 20 de marzo en curso.	-	Del diputado señor Gutiérrez, don Hugo, por la cual justifica su inasistencia a la sesión de Sala del día de hoy, jueves 20 de marzo en curso.	-	Comunicación del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente por la cual informa que el diputado señor Urrutia, don Osvaldo reemplazará al diputado señor Ward, don Felipe, en la Comisión de Deportes y Recreación. 	-	 Comunicación del jefe de bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente, por la cual informa que el diputado señor Joaquín Lavín reemplazará al diputado señor Ramón Barros en la Comisión de Familia y Adulto Mayor.	2	Nota:	-	Del diputado señor Chahin, por la cual informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 22 de marzo en curso, para dirigirse a Perú.  	3.	Oficios:	-	De la Comisión de Defensa Nacional, por el cual solicita que la Excma. Corte Suprema, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, y de lo señalado en el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se pronuncie sobre el proyecto que “Adecua la legislación a las exigencias de los Tratados Internacionales, sobre Derechos Humanos en las materias que indica.”. boletín N° 8803-02.	-	De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, por el cual comunica que el diputado señor León integrará la delegación que concurrirá a la Conferencia Parlamentaria Internacional de la UIP, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de abril, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. (16) 	-	De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, por el que indica que el diputado señor Germán Becker participará en la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, que se efectuará en Panamá, el 4 de abril próximo (14). 	-	de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, por el que indica que el diputado señor Roberto León asistirá, en su calidad de Presidente de la Segunda Comisión de Desarrollo Sostenible de la Unión Interparlamentaria, a la Reunión de Alto Nivel sobre el Desarrollo Efectivo Corporativo, que se realizará en México, entre el 14 y el 16 de abril próximo.(15).		Respuestas a oficios		Contraloría General de la República	-	Diputado Chahin, Se sirva disponer una auditoría a la Agencia Regional de Desarrollo Productivo de La Araucanía con el propósito de fiscalizar el uso de los recursos fiscales, la contratación de profesionales y el cumplimiento de sus labores. (14307 al 5081).	-	Diputada Girardi doña Cristina, Informe sobre la posibilidad de realizar fiscalización en la Corporación de Desarrollo Social, Área de Educación, dependiente de la Municipalidad de Cerro Navia, ante el eventual incumplimiento en el pago de remuneraciones y obligaciones previsionales, tanto a profesores como auxiliares de la educación y el estado de abandono en que se encontrarían las escuelas Leonardo Da Vinci y la Escuela Santander España de la comuna. (7021 al 13870).	-	Diputado Farías, Iniciar procedimiento administrativo respecto de los organismos de la Administración del Estado que se señalan, en atención a que no han proporcionado los informes o antecedentes específicos solicitados (9815 al 13791).		Ministerio de Interior	-	Diputado Chahin, Posibilidad de disponer el financiamiento para llevar a cabo el proyecto de mejoramiento de abasto de agua para la Comunidad José Nahuelpi de la comuna de Victoria. (970 al 14140).		Ministerio de Economía, Fomento y Turismo	-	Diputado Espinoza don Fidel, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de remitir los antecedentes de la eventual instalación de una planta de procesamiento de productos del mar en la localidad de Estaquilla, en la comuna de Los Muermos, indicando las gestiones realizadas para la adquisición del terreno y el monto de la inversión que su cartera haría para materializar esta iniciativa. Asimismo, solicita remitir similar información respecto de la construcción de un muelle en la caleta de la localidad mencionada. (37 al 13921).	-	Diputado Espinoza don Fidel, Remita los antecedentes y copia del informe “Gestión Sanitaria en la Industria del Salmón”, correspondiente al año 2013, presentado por el Servicio Nacional de Pesca el pasado 15 de enero de 2013, en la ciudad de Puerto Montt (37205 al 14075).		Ministerio de Justicia	-	Diputado Robles, Incidentes ocurridos el pasado martes 7 de enero en el Hospital Provincial del Huasco que motivaron la orden de poner a disposición del Ministerio Público a cinco médicos, por desacato, debido a la no internación de un paciente (1108 al 13997).	-	Diputado Silber, Informe a esta Cámara sobre el estado actual en que se encuentra la causa llevada en contra del alcalde de la comuna de Colina, Mario Olavarría, quien fue indagado por un supuesto pago de coimas para favorecer la instalación de una sucursal del supermercado Tottus en la comuna. (1462 al 14100).		Ministerio de Agricultura	-	Diputado De Urresti, Solicita informe sobre el proyecto para el desarrollo de la Reserva Nacional Mocho Choshuenco de la Región de Los Ríos; particularmente, las bases de licitación y los montos involucrados. (93 al 11422).		Ministerio de Trabajo y Previsión Social	-	Diputado Chahin, Estado de la postulación a pensión básica solidaria presentada por el señor Juan Calfueque Pailahueque. (19978 al 14022).	-	Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de realizar una nueva revisión de los antecedentes previsionales del señor Juan Eusebio Peña Zenteno, con el fin de determinar si cumple con los requisitos para optar a una pensión de vejez. (20318 al 13386).		Ministerio de Salud	-	Diputado Rojas, Informe respecto de las causas que ocasionaron el fallecimiento de un joven mientras rendía la prueba Simce de educación física en el colegio San José de Antofagasta (154 al 13618).	-	Diputado Robles, Término anticipado de contratos dispuesto en los hospitales de Vallenar y de Huasco, sin considerar criterios objetivos ni la idoneidad de los afectados, especialmente los que aquejan a los funcionarios señora Claudia Espina y señor David Jofré. (419 al 13986).		Ministerio Público	-	Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara si además de la inversión en infraestructura de las fiscalías en las comunas de la región, se han contemplado en forma paralela recursos que impliquen una mayor dotación de personal. (139 al 14067).		Intendencias	-	Diputado Espinosa don Marcos, Informe a esta Cámara sobre el estado de tramitación en que se encuentra la solicitud elevada por la señora Ana Milla Barrios, dueña de la empresa de transportes “Global EIRL”, con vistas a obtener el permiso de transporte privado de personas. (108 al 14008).		Servicios	-	Diputado Saffirio, Proceso de licitación de 9 lotes de terreno al interior del Parque Nacional Villarrica mediante una licitación internacional en la que se recibirán propuestas sólo hasta el 31 de enero próximo. (167 al 14093).	-	Diputado Chahin, Destino de los fondos que la señora Aydé del Carmen Álvarez Huilcamán mantiene en la Administradora de Fondos de Pensiones Capital, en atención a que recibe una pensión del Estado como víctima de violación da los derechos humanos. (20174 al 14139).	-	Diputado De Urresti, Informe a esta Cámara sobre los motivos que han impedido entregar los beneficios, correspondientes a la calidad de exonerado político, al señor Andrés Antonio Morales Díaz, quien fue calificado con dicha calidad en el año 2007. (20175 al 14095).	-	Diputado Chahin, Dineros que se adeudarían al señor José Miguel Díaz Escobar, por concepto de diferencias entre la resolución que le otorgó una pensión no contributiva como exonerado político y los pagos efectivamente recibidos. (20201 al 12405).	-	Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre la situación de sequía que actualmente enfrentan algunas zonas de las comunas de Purranque, Río Negro y Puyehue, indicando las medidas dispuestas por la Oficina Nacional de Emergencia, para atender las necesidades de acceso al agua requeridas por las familias afectadas por esta situación. (213 al 14080).	-	Diputado Edwards, Informe a esta Cámara sobre la situación que afecto a la señora María Benita Lidia Mellico Llanqueman, quien fue atendida de urgencia y posteriormente hospitalizada en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, no recibiendo aparentemente la debida atención, derivando este hecho en su muerte. Asimismo, solicita se pronuncia sobre las peticiones enumeradas en la solicitud adjunta. (224 al 13949).	-	Diputado Robles, Incidentes ocurridos el pasado martes 7 de enero en el Hospital Provincial del Huasco que motivaron la orden de poner a disposición del Ministerio Público a cinco médicos, por desacato, debido a la no internación de un paciente. (231 al 14000).	-	Diputado Robles, Denuncia formulada por manipuladoras de alimentos de colegios de la Región de Atacama en contra de la empresa concesionaria Aliserv por presuntas presiones indebidas destinadas a obtener la suscripción de solicitudes de permiso sin goce de remuneración durante los meses de enero y febrero, disponiendo una investigación y la aplicación de drásticas sanciones si fuere procedente. (27 al 13839).	-	Diputado Sandoval, Información referida al proyecto del canal “TevenVivo” de la ciudad de Coyhaique, el cual fue aprobado con fondos públicos, indicando además, las obligaciones contractuales que se derivaron de los recursos proporcionados por la Corporación de Fomento de la Producción, los compromisos financieros con otros servicios públicos y los montos totales que involucró esta operación. (75 al 13908).	-	Diputado Chahin, Cobros efectuados por la Caja de Compensación Los Héroes por concepto de intereses de los créditos otorgados a la señora Marta del Carmen Fonseca Ortega y al señor Pablino Cheuquenao Quilapán, ambos de la comuna de Lautaro, haciendo aplicable la rebaja a la tasa máxima de interés convencional y propiciar una mediación que les permita su renegociación. (7806 al 13824).		Varios:	-	Diputado Carmona, Medidas para mitigar impactos sociales que ocasionará el despido de 800 trabajadores por el cierre de la línea de producción de óxidos en la División El Salvador de Codelco (1 al 13964).	-	Diputado De Urresti, Dotación de carabineros de las comunas de la Región de Los Ríos (133 al 13946).		Diputado Robles, Denuncia formulada por el señor Jorge Marcelo Roblero Collao de la comuna de Vallenar, relativa a presuntas irregularidades en un procedimiento policial en que resultó con diversas lesiones, impartiendo las instrucciones que sean necesarias para evitar la repetición de dichas acciones. (28 al 13611).	IX.	PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL.	-	Diputado Santana, Situación de la Ficha Protección Social de la señora Claudia Placencio Muñoz. (26 de 17/03/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.	-	Diputado Sandoval, Número de establecimientos educaciones que se verán afectados por la aplicación del artículo 25 de la Ley N° 20.370, en todas las regiones, excepto la metropolitana y las medidas que se pretenden adoptar para paliar sus posibles consecuencias a nivel municipal, educacional y laboral. (27 de 18/03/2014). A Ministerio de Educación.	-	Diputado Sandoval, Número de establecimientos educaciones que se verán afectados por la aplicación del artículo 25 de la Ley N° 20.370, en todas las regiones, excepto la metropolitana y las medidas que se pretenden adoptar para paliar sus posibles consecuencias a nivel municipal, educacional y laboral. (28 de 18/03/2014). A Subsecretaría de Educación.	-	Diputado Sandoval, Registro de prestadores de servicios de Aguas Patagonias y la factibilidad que don Juan Primor Zamora Cárcamo pueda acceder él como gasfíter autorizado. (29 de 18/03/2014). A varios.	-	Diputado Gahona, Las medidas de seguridad implementadas en la Ruta D-41 de la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, para disminuir su alta tasa de accidentalidad. (31 de 18/03/2014).  A Ministerio de Obras Públicas.	-	Diputado Silva, Pronunciamiento respecto a la fecha en que se dictará la reglamentación de la ley N° 20.732, para la aplicación de la rebaja al impuesto territorial a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente. (60 de 19/03/2014). A Ministerio de Hacienda.	-	Diputado Sandoval, Nuevos mecanismos para determinar a los beneficiarios de programas sociales y los cambios que afectarán a la Ficha de Protección Social. (61 de 19/03/2014). A Ministerio de Desarrollo Social.	-	Diputado Sandoval, Factibilidad de hacer llegar a don Tirso Gómez, poblador de Puerto Aysén, copia del Decreto Supremo, que confirió la propiedad ubicado en el sector de San Luis, en la localidad de Puerto Aysén, conjuntamente con los antecedentes acerca de la situación actual del mismo y la veracidad de la existencia de nuevos traspasos de propiedad, por parte de este ministerio a Salmones Antártica S.A. (62 de 19/03/2014). A ministro de Bienes Nacionales.	-	Diputado Sandoval, Factibilidad de hacer llegar a don Tirso Gómez, poblador de Puerto Aysén, copia del Decreto Supremo, que confirió la propiedad ubicado en el sector de San Luis, en la localidad de Puerto Aysén, conjuntamente con los antecedentes acerca de la situación actual del mismo y la veracidad de la existencia de nuevos traspasos de propiedad, por parte de este ministerio a Salmones Antártica S.A. (64 de 19/03/2014). A intendencias.	-	Diputado Sandoval, Nuevos mecanismos para determinar a los beneficiarios de programas sociales y los cambios que afectarán a la Ficha de Protección Social. (65 de 19/03/2014). A Subsecretaría de Evaluación Social.	-	Diputado Sandoval, Factibilidad de hacer llegar a don Tirso Gómez, poblador de Puerto Aysén, copia del Decreto Supremo, que confirió la propiedad ubicado en el sector de San Luis, en la localidad de Puerto Aysén, conjuntamente con los antecedentes acerca de la situación actual del mismo y la veracidad de la existencia de nuevos traspasos de propiedad, por parte de este ministerio a Salmones Antártica S.A. (66 de 19/03/2014). A Ministerio de Bienes Nacionales.	-	Diputado Gahona, Currículum vítae de cada uno de los intendentes, gobernadores, jefes de servicio y Superintendentes que se hayan nombrado desde el 11 de marzo a la fecha e informe su situación laboral antes de ser nombrado en el cargo público respectivo y su anterior empleador, cuando corresponda, incluyendo su participación en sociedades que asesoran a órganos del Estado o a entidades donde el Estado tenga participación. (67de 19/03/2014). A Ministerio de Interior.	-	Diputada Hernando doña Marcela, Análisis de gestión clínica asociada a la producción hospitalaria e informen sobre la última acreditación del Hospital en infecciones intrahospitalaria, las infecciones por Clostridium Difficili en los últimos cuatro años y la norma de uso racional de antimicrobianos del Hospital vigente. (68 de 19/03/2014). A Ministerio de Salud.I. ASISTENCIA	-Asistieron los siguientes señores diputados: (109)NOMBRE	(Partido*	Región	Distrito)Aguiló Melo, Sergio	IND	VII	37Álvarez Vera, Jenny	PS	X	58Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo	UDI	VII	38Andrade Lara, Osvaldo	PS	RM	29Arriagada Macaya, Claudio	DC	RM	25Auth Stewart, Pepe	PPD	RM	20Barros Montero, Ramón	UDI	VI	35Becker Alvear, Germán	RN	IX	50Bellolio Avaria, Jaime	UDI	RM	30Berger Fett, Bernardo	RN	XIV	53Boric Font, Gabriel	IND	XII	60Browne Urrejola, Pedro	RN	RM	28Campos Jara, Cristián	PPD	VIII	43Cariola Oliva, Karol	PC	RM	19Carmona Soto, Lautaro	PC	III	5Carvajal Ambiado, Loreto	PPD	VIII	42Castro González, Juan Luis	PS	VI	32Chahin Valenzuela, Fuad	DC	IX	49Chávez Velásquez, Marcelo	DC	VIII	45Cicardini Milla, Daniella	IND	III	5Coloma Álamos, Juan Antonio	UDI	RM	31Cornejo González, Aldo	DC	V	13De Mussy Hiriart, Felipe	UDI	X	56Espejo Yaksic, Sergio	DC	VI	35Espinosa Monardes, Marcos	PRSD	II	3Espinoza Sandoval, Fidel	PS	X	56Farcas Guendelman, Daniel	PPD	RM	17Farías Ponce, Ramón	PPD	RM	25Fernández Allende, Maya	PS	RM	21Flores García, Iván	DC	XIV	53Fuentes Castillo, Iván	IND	XI	59Fuenzalida Figueroa, Gonzalo	RN	XIV	54Gahona Salazar, Sergio	UDI	IV	7García García, René Manuel	RN	IX	52Girardi Lavín, Cristina	PPD	RM	18Godoy Ibáñez, Joaquín	RN	V	13González Torres, Rodrigo	PPD	V	14Gutiérrez Pino, Romilio	UDI	VII	39Hernández Hernández, Javier	UDI	X	55Hernando Pérez, Marcela	PRSD	II	4Hoffmann Opazo, María José	UDI	V	15Insunza Gregorio de las Heras, Jorge	PPD	IV	9Jackson Drago, Giorgio	IND	RM	22Jaramillo Becker, Enrique	PPD	XIV	54Jarpa Wevar, Carlos	PRSD	VIII	41Jiménez Fuentes, Tucapel	PPD	RM	27Kast Rist, José Antonio	UDI	RM	24Kast Sommerhoff, Felipe	IND	RM	22Kort Garriga, Issa	UDI	VI	32Lavín León, Joaquín	UDI	RM	20Lemus Aracena, Luis	PS	IV	9Letelier Norambuena, Felipe	PPD	VI	33Lorenzini Basso, Pablo	DC	VII	38Macaya Danús, Javier	UDI	VI	34Martínez Labbé, Rosauro	RN	VIII	41Melo Contreras, Daniel	PS	RM	27Meza Moncada, Fernando	PRSD	IX	52Mirosevic Verdugo, Vlado	Liberal de Chile	XV	1Molina Oliva, Andrea	UDI	V	10Monckeberg Bruner, Cristián	RN	RM	23Monckeberg Díaz, Nicolás	RN	RM	18Monsalve Benavides, Manuel	PS	VIII	46Morales Muñoz, Celso	UDI	VII	36Morano Cornejo, Juan Enrique	DC	XII	60Nogueira Fernández, Claudia	UDI	RM	19Norambuena Farías, Iván	UDI	VIII	46Núñez Arancibia, Daniel	PC	IV	8Núñez Urrutia, Paulina	RN	II	4Ojeda Uribe, Sergio	DC	X	55Ortiz Novoa, José Miguel	DC	VIII	44Pacheco Rivas, Clemira	PS	VIII	45Paulsen Kehr, Diego	RN	IX	49Pérez Arriagada, José	PRSD	VIII	47Pérez Lahsen, Leopoldo	RN	RM	29Pilowsky Greene, Jaime	DC	RM	24Poblete Zapata, Roberto	IND.	VIII	47Provoste Campillay, Yasna	DC	III	6Rathgeb Schifferli, Jorge	RN	IX	48Rincón González, Ricardo	DC	VI	33Rivas Sánchez, Gaspar	RN	V	11Robles Pantoja, Alberto	PRSD	III	6Rocafull López, Luis	PS	XV	1Sabag Villalobos, Jorge	DC	VIII	42Sabat Fernández, Marcela	RN	RM	21Saffirio Espinoza, René	DC	IX	50Saldívar Auger, Raúl	PS	IV	7Sandoval Plaza, David	UDI	XI	59Santana Tirachini, Alejandro	RN	X	58Schilling Rodríguez, Marcelo	PS	V	12Sepúlveda Orbenes, Alejandra	IND	VI	34Silber Romo, Gabriel	DC	RM	16Silva Méndez, Ernesto	UDI	RM	23Soto Ferrada, Leonardo	PS	RM	30Squella Ovalle, Arturo	UDI	V	12Tarud Daccarett, Jorge	PPD	VII	39Teillier  del Valle, Guillermo	PC	RM	28Torres Jeldes, Víctor	DC	V	15Trisotti Martínez, Renzo	UDI	I	2Tuma Zedán, Joaquín	PPD	IX	51Turres Figueroa, Marisol	UDI	X	57Ulloa Aguillón, Jorge	UDI	VIII	43Urízar Muñoz, Christian	PS	V	10Urrutia Soto, Osvaldo	UDI	V	14Vallejo Dowling, Camila	PC	RM	26Vallespín López, Patricio	DC	X	57Venegas Cárdenas, Mario	DC	IX	48Verdugo Soto, Germán	RN	VII	37Walker Prieto, Matías	DC	IV	8Ward Edwards, Felipe	UDI	II	3	-Concurrió, además, la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ximena Rincón González.	-Por encontrarse en misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes, José Manuel Edwards Silva, Gustavo Hasbún Selume, Denise Pascal Allende e Ignacio Urrutia Bonilla.-II. APERTURA DE LA SESIÓN-Se abrió la sesión a las 10.39 horas.El señor CORNEJO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.III. ACTASEl señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 122ª de la legislatura 361ª se declara aprobada.El acta de la sesión 123ª de la misma legislatura queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.IV. CUENTAEl señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.-El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta.-o-El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.El señor ORTIZ.- Señor Presidente, nos alegra muchísimo lo que señala el punto N° 1 de la Cuenta, cual es que el Senado aprobó en los mismos términos que la Cámara el proyecto de ley que concede aporte familiar permanente de marzo y ajusta normas que indica.En el punto N° 2 figura un oficio del honorable Senado mediante el cual comunica que aprobó con una enmienda el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica. Termina diciendo que está en Tabla.Entiendo que eso significa que discutiremos hoy la modificación del Senado. ¿Es correcta mi interpretación?El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, si lee la Tabla de hoy, encontrará la respuesta a su interrogante.El señor ORTIZ.- Señor Presidente, lo pregunté porque esa materia no figuraba en la Tabla que se entregó anoche.-o-El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, quiero manifestar a la Mesa mi preocupación por lo que ha ocurrido con los horarios y con esos famosos bloques que han establecido para las comisiones.El Reglamento es claro cuando habla de que los diputados no podrán participar en comisiones cuyos horarios se topen. Además, siempre se interpretó que, de acuerdo con lo que establece el Reglamento, los diputados deben adecuarse a los horarios de las comisiones y no al revés. Sin embargo, resulta que algunas comisiones han fijado sus sesiones de acuerdo con las disponibilidades de los diputados, lo que no puede ser. Si los horarios de dos comisiones se topan, el diputado debe optar por participar en una de ellas; pero, como dije, las comisiones no deben adaptarse a los horarios de los diputados, como se ha hecho ahora.Pero me preocupa no solo eso, ya que además se ha reducido el tiempo para sesionar. Por ejemplo, hoy estuvo presente la ministra en la Comisión de Deportes, pero no alcanzó a responder nuestras consultas, porque sesionamos solo una hora y media.Por lo tanto, señor Presidente, solicito revisar el tema.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, revisaremos nuevamente esa materia en la próxima reunión de la Comisión de Régimen Interno. Es un problema de complejo resolución, porque dice relación con conciliar los horarios de cada uno de los señores diputados.Agradezco su preocupación, señor diputado.Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, deseo formular una consulta para que se plantee en la próxima reunión de la Comisión de Régimen Interno.Nosotros estábamos habituados a que las sesiones de Sala de los días jueves se iniciaran a las 10 de la mañana, con un horario alternativo quince minutos después. Seguramente, por acuerdo de los Comités se cambiaron los horarios de las sesiones de los jueves.Por lo tanto, solicito que la Comisión de Régimen Interno revise esta materia, porque como la mayoría de los diputados provenimos de regiones, tenemos problemas para abordar los aviones que nos llevan a nuestros respectivos hogares los jueves, pues despegan a las 15 o a las 15.30 horas. Los horarios de sesiones acordados anteriormente nos permitían irnos el mismo jueves y no al día siguiente. Mi bancada, la del Partido por la Democracia, está muy preocupada de este problema.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres.El señor TORRES.- Señor Presidente, es atendible el planteamiento del diputado Jaramillo. Sin embargo, hay que recordar que la Comisión de Régimen Interno ya sancionó esta materia a propósito de la incorporación de una nueva franja de funcionamiento de comisiones.Es más, esa franja tiene algunas complicaciones, porque topa con lo que establece el Reglamento en el sentido de que toda sesión de comisión se levantará diez minutos antes de iniciarse una sesión de Sala. Como se estableció que el día jueves las comisiones respectivas sesionarán entre las 9 y las 10.30, las sesiones deben levantarse diez minutos antes de la hora en que está citada la Sala, para respetar lo que dispone el Reglamento.Por lo tanto, si se estableciera que las sesiones de Sala de los jueves comenzaran a las 10 de la mañana, significaría que las comisiones citadas ese día podrían sesionar solo alrededor de cuarenta y cinco minutos, lo que haría imposible el funcionamiento de las mismas.He dicho.-o-El señor CORNEJO (Presidente).- Antes de iniciar el Orden del Día, recabo la autorización de la Sala para el ingreso del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.La señora TURRES (doña Marisol).- ¡No!El señor CORNEJO (Presidente).- No hay acuerdo.V. ORDEN DEL DÍAPERFECCIONAMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA PROTEGER DERECHOS DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE ASEO Y EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (Tercer trámite constitucional. Boletín N° 9278-06)El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica.Antecedentes:-Modificaciones del Senado. Documentos de la Cuenta N° 2 de este boletín de sesiones.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.El señor FARÍAS.- Señor Presidente, hubiese sido conveniente que la derecha, en concreto la diputada Turres, hubiera permitido al subsecretario entrar a la Sala para que explicase esta materia, ya que podría hacerlo mejor que yo. Pero así es la democracia.Señor Presidente, conversé con el subsecretario respecto del tema, porque me parecía muy extraño -al igual que a toda la Cámara- que el Senado haya aprobado solamente uno de los artículos, el transitorio, que pasó a ser único, que faculta a las municipalidades a transferir, por una segunda vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, los recursos comprometidos para los trabajadores del aseo.Dicho sea de paso, el presidente la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Aseo, Jardines y Rellenos Sanitarios, don Armando Soto, se encuentra en este momento en las tribunas junto a otros dirigentes. Por su intermedio, señor Presidente, les envío mis saludos a todos ellos. Es importante que como Cámara de Diputados refrendemos lo que hicimos en el primer trámite constitucional, vale decir, que prestemos nuestro apoyo al artículo transitorio, que ha pasado a ser artículo único. En cuanto a la norma que el Senado suprimió, de acuerdo con lo que me señaló el subsecretario el Gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley que, en relación con las licitaciones, incorpore una disposición que a nuestro juicio es importantísima, en el sentido de que tratándose de los contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones en las empresas del rubro no podrá ser inferior al 10 por ciento del total de la evaluación. El artículo que el Senado rechazó era justamente el que entregaba más dignidad a esos trabajadores, no solamente a los que se desempeñan en la recolección de basura, sino también a los pertenecientes a áreas verdes y otros servicios que las municipalidades contratan, pues incorporaba dentro de la licitación una ponderación extra en favor de las empresas que pagan un buen sueldo y entregan un buen trato a sus trabajadores.Reitero que hoy el Ejecutivo nos manifestó que ingresará a tramitación una iniciativa en el sentido señalado. Por lo tanto, en atención a la urgencia que existe para pagar a los trabajadores lo que se les debe desde hace mucho tiempo, llamo a la Sala a que aprobemos, quizá sin mayor discusión, la modificación que hoy nos plantea el Senado, a fin de que, de una vez por todas, se pueda pagar lo adeudado a trabajadores que han esperado demasiado tiempo.Por último, reitero mi llamado a todos los colegas a aprobar esta iniciativa en forma unánime y, tal vez, con una discusión lo más rápida posible. He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sandoval.El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, me sumo a los saludos al presidente de los trabajadores del mundo del aseo de nuestra región, don Armando Soto, a quien le envío un abrazo cariñoso, y, a través de él, a todos los trabajadores del sector. Antes que todo, por intermedio del señor Presidente quiero aclararle al diputado Farías por qué el subsecretario no está acá: por la mezquindad que se presentó durante los cuatro años pasados cuando se hacía la misma solicitud para que ingresaran los subsecretarios a la Sala, y ustedes, en bloque -o no todos en bloque, pero siempre por lo menos uno, porque basta con que uno se oponga-, se negaban a dar la autorización. Durante la administración anterior fue imposible que algún subsecretario estuviera presente aquí para conocer de sus labios materias que, obviamente, son de interés. El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo debería estar aquí, porque es quien manejó los asuntos relativos a la tramitación del proyecto de ley que debatimos. Sin embargo, no lo está por la existencia de una visión pequeña, mezquina. Al respecto, creo conveniente que los Comités respectivos analicen serenamente esta materia, porque no podemos impedir que durante la tramitación de iniciativas se cuente con las personas idóneas para su tratamiento. Dejemos de lado esa mezquindad estúpida, esa actitud política que hubo en el pasado, que nos impide tener en la Sala al interlocutor con el cual debemos conversar esta materia, que es muy importante y que beneficia a miles de trabajadores a lo largo del país. ¡A miles! Reitero, por esa situación estúpida no tenemos al interlocutor que debería estar aquí. Por último, quiero sintetizar lo relativo al proyecto.Obviamente, lamento que el Senado eliminara el artículo único aprobado por la Cámara, el cual establecía que la ponderación del criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones no podrá ser inferior al 10 por ciento. Yo creo que a los trabajadores del sector les interesa sobremanera que lleguen a sus bolsillos recursos que se hallan empozados en todos los municipios del país. Por eso, comprometemos el voto favorable de toda nuestra bancada para aprobar hoy la modificación del Senado a la presente iniciativa. No dilatemos más su despacho; pienso que ni siquiera es necesario discursear sobre esta materia. Lo único que hay que hacer hoy es aprobar la referida modificación y esperar que a la brevedad ingrese a tramitación la iniciativa comprometida por el Ejecutivo, que dice relación con el artículo suprimido por el Senado. Sin duda, ella también contará, tal como ocurrió anteriormente aquí, con el respaldo de nuestra bancada. La bancada de la UDI compromete su apoyo para aprobar a la brevedad posible este proyecto, de manera que los recursos involucrados finalmente lleguen a trabajadores que los están esperando desde hace muchos meses. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Walker.El señor WALKER.- Señor Presidente, por su intermedio saludo a la ministra Rincón, quien hoy nos acompaña. Iniciaré mi intervención refiriéndome a lo que señaló el diputado Sandoval, quien nos pidió que en la Comisión de Régimen Interno estudiáramos el asunto del ingreso de los subsecretarios a la Sala. En dicha instancia, el Presidente pidió que se autorizara el ingreso del subsecretario de Desarrollo Regional, porque la materia en estudio es eminentemente técnica.Yo hice la petición de ingreso -se lo señalo al diputado Sandoval por intermedio del señor Presidente-, con la tranquilidad de conciencia de que durante los cuatro años que fui diputado de Oposición, siempre voté, como a ustedes les consta, a favor del ingreso de los subsecretarios, porque acá tenemos que facilitar la tramitación legislativa, no entorpecerla. El señor ULLOA.- ¡Da lo mismo!-Hablan varios diputados a la vez.El señor WALKER.- No; no da lo mismo, diputado Ulloa, porque cada cual debe responder por sus acciones.Respecto del tema de fondo, lamento la modificación introducida por el Senado a la iniciativa. Era importante mantener como criterio de ponderación el 10 por ciento, que se relacionaba ni más ni menos que con el cumplimiento de la legislación laboral. Esa es una aspiración legítima de los trabajadores recolectores de basura, cuyos representantes -a quienes aprovecho de saludar- nos acompañaron durante el estudio de la iniciativa en la comisión.Fíjese, señor Presidente, que en países como Estados Unidos de América las empresas no pueden contratar con el Estado si no pagan una remuneración fija por hora. Si no cumplen con el pago de ese salario mínimo, ellas simplemente no pueden contratar con ningún servicio público, con ninguna municipalidad. Aspiro a que en nuestro país algún día podamos llegar a una situación similar. Pero, de todas formas, considero válido plantear que esto puede ser motivo de una discusión posterior más serena, porque en otras contrataciones públicas -por ejemplo, en materia de concesiones de obras públicas- también podría establecerse la misma ponderación. Eso lo plantearon legítimamente algunos senadores. La bancada de la Democracia Cristiana votará a favor la modificación del Senado -como se sabe, la Cámara Alta suprimió el artículo único, por lo cual el artículo transitorio pasó a ser artículo único- simplemente para que los trabajadores del aseo no sigan esperando el pago legítimo de sus derechos. La norma contenida en el artículo único, que el Senado rechazó, se dejará para una discusión posterior, con más calma. Los trabajadores de los servicios de aseo contratados directamente por los municipios o que prestan servicios a empresas concesionarias no pueden seguir esperando. Por eso, espero que aprobemos la modificación del Senado, a fin de despachar hoy este proyecto.He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez.El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, la Cámara de Diputados ya llevó a cabo la discusión de este proyecto en su primer trámite constitucional. En esa oportunidad, hice un poquito de historia de lo que había ocurrido en esta materia. Asimismo, hice un reconocimiento a los dirigentes -hoy se encuentran en las tribunas; no así en la anterior sesión-, no solo por la labor que desempeñan, sino también por la paciencia que han tenido y la responsabilidad que han demostrado en este asunto. Bastaría que ellos llamaran a paro por uno o dos días, y todos sabemos la catástrofe que quedaría en diferentes ciudades. Reitero, ellos han demostrado una tremenda responsabilidad y han tenido una paciencia enorme a la espera del cumplimiento del acuerdo que firmamos, que, como manifesté la vez pasada, suscribí como garante.Destaco la labor de esos trabajadores. Al respecto, siempre cito el siguiente ejemplo: en los países nórdicos es imposible lograr un cupo en ese tipo de funciones, porque se trata de uno de los trabajos mejor remunerados. En efecto, la demanda de personas que quieren ser contratadas para hacer ese trabajo es enorme, lo que, como digo, hace prácticamente imposible que los postulantes puedan ser aceptados. Reitero que en esos países la labor de aseo y recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios es una de las mejor remuneradas, lo que constituye una diferencia absoluta respecto de lo que ocurre en Chile.Cabe recordar que el envío a tramitación legislativa del proyecto tuvo su origen debido a que el gobierno anterior no cumplió con el acuerdo alcanzado con las organizaciones que representan a los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos domiciliarios ni pidió a la Contraloría General de la República un pronunciamiento respecto de la forma en que las municipalidades podían transferir recursos a esas empresas prestadoras de servicio. De lo contrario, esos trabajadores no estarían en la actual situación y ya les habrían sido traspasados esos dineros.Uno de los aspectos más destacables de la iniciativa original -constituía un avance- era la aplicación de la ponderación del criterio referido a las empresas que entregan mejores condiciones de empleo y de remuneraciones a sus trabajadores, aspecto que fue mencionado por el diputado señor Matías Walker. En efecto, las empresas prestadoras del servicio de recolección de basura que obtendrían mayor puntaje al momento de postular serían aquellas que demostraran que las personas que laboran en ellas son objeto de mejores condiciones de empleo y salariales.A mi juicio, ese era el aspecto más destacable de la iniciativa, porque permitía dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con los trabajadores de esas empresas y otorgaba a estos, de una vez por todas, el reconocimiento que les corresponde por la labor que efectúan. Sin embargo, el Senado suprimió el artículo único del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se establecía lo señalado. No comprendo ese criterio, porque en esta Corporación existía acuerdo pleno, como pocas veces ha ocurrido, respecto de la forma en que se estaba legislando en favor de esos trabajadores.Lamentablemente, no hubo acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, sin perjuicio de lo cual solicito al Ejecutivo que enmiende lo aprobado por el Senado, ya sea mediante el envío a tramitación legislativa de un nuevo proyecto de ley sobre la materia o la presentación de una indicación sustitutiva. La idea es reponer el procedimiento propuesto en el proyecto aprobado por esta Corporación, pero que este sea aplicable no solo en las licitaciones de las empresas prestadoras de servicios de recolección de basura, sino también en las de aquellas que prestan otros servicios a municipios o al Estado. El referido procedimiento establece el otorgamiento de mayor puntaje a las empresas que respetan y valoran a sus empleados, a las que tienen en mejores condiciones laborales a sus trabajadores.Lamento profundamente la modificación introducida por el Senado, porque -insisto- el propósito principal del proyecto era cumplir con el compromiso adquirido con los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos domiciliarios, lo que constituía un avance en la valoración del trabajo que realizan.Votaré a favor la modificación del Senado, pero reitero mi solicitud al Ejecutivo en el sentido de que reponga la propuesta original mediante el envío a tramitación legislativa de otro proyecto de ley o la presentación de una indicación sustitutiva.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, junto con los diputados señores Giorgio Jackson y Vlado Mirosevic concordamos con lo planteado por el diputado señor Ramón Farías. De hecho, en su momento el diputado señor Mirosevic, luego de conversar sobre la materia con el diputado señor Claudio Arriagada, me convenció de votar a favor el proyecto de ley por las disposiciones que establecía. Sin embargo, el artículo único que las contenía fue eliminado por el Senado.Aquí estamos hablando de recursos de todos los chilenos, que, a través del Fondo Común Municipal, son traspasados a las municipalidades. Por lo tanto, uno se pregunta cómo el Congreso Nacional no va a tener la capacidad de aprobar una iniciativa legislativa que establece que a esos trabajadores se les pague lo que corresponde, y que dispone un sistema de ponderación más justo en las licitaciones de contratos de prestación de servicios referidos a concesiones municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de la basura. En la norma suprimida por el Senado se ponderaba como es debido a las empresas que ofrecen mejores condiciones de empleo y de remuneraciones a sus trabajadores.Antes de intervenir me encontraba buscando los argumentos que plantearon los senadores para suprimir dicha disposición. Si hay algún reparo desde el punto de vista constitucional, debemos buscar la forma de solucionarlo. No comprendo la razón por la cual el Senado suprimió el artículo único aprobado por la Cámara en el primer trámite constitucional, en circunstancias de que favorecía a empresas que protegen a sus trabajadores.Tal como queremos mejorar las condiciones laborales y salariales de esos trabajadores, debemos hacer lo mismo respecto de las manipuladoras de alimentos -muchas de ellas jefas de hogar-, en especial para las que trabajan en empresas que prestan servicios al Estado. Se trata de mujeres que desarrollan un trabajo de gran responsabilidad.Me gustaría que la diputada señora Turres rectificara su posición, de manera de permitir el ingreso a la Sala del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Si él estuviera aquí, tendríamos la posibilidad de que nos entregara una explicación para entender la argumentación sobre la cual se basó el Senado para modificar el proyecto. Asimismo, podríamos solicitarle que el Ejecutivo se comprometiera a enviar a tramitación legislativa otro proyecto o que presentara una indicación sustitutiva para reponer lo que eliminó el Senado, tal como lo señaló el diputado señor Farías. Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al diputado señor Mirosevic que la razón más importante que me entregó en su momento para aprobar el proyecto ya no existe, debido a que el Senado suprimió el artículo único, con lo cual, lamentablemente, ha demostrado que no está pensando en lo más importante que tiene el país: su capacidad humana y sus trabajadores.Me habría gustado contar con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional, a fin de que el Gobierno se comprometiera, no con un diputado, sino con la Cámara, a la reposición de la norma suprimida por el Senado.Para terminar, debo expresar que me quedo con la misma sensación de decepción que experimento muchas veces después de conocer las modificaciones del Senado, en esta oportunidad, como dije, porque no se está pensando en lo más importante que tiene el país: su capacidad humana y sus trabajadores.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Celso Morales.El señor MORALES.- Señor Presidente, no puedo sino lamentar lo ocurrido en el Senado. Sus modificaciones al proyecto han hecho perder una oportunidad que había sido buscada desde hace muchos años por la Asociación Chilena de Municipalidades y por las asociaciones de recolectores de residuos domiciliarios.Quienes hemos tenido la experiencia de participar en los gobiernos comunales, sabemos que las municipalidades no están facultadas para exigir la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que participan en las licitaciones respectivas. Recuerdo que en el concejo y en el municipio siempre existió el deseo de hacerlo.Al respecto, el Gobierno había llegado a un acuerdo con los representantes de esos trabajadores y con la Asociación Chilena de Municipalidades, que se materializó en un proyecto de ley que favorecía a esos trabajadores; pero el Senado lo ha modificado, lo que constituye un chantaje, porque eliminó el artículo único, que establecía mejores condiciones para esos trabajadores. Asimismo, aprobó el artículo transitorio, que pasó a ser único, en el que se aborda lo que dice relación con los recursos que necesitan con urgencia los trabajadores, fondos que están disponibles desde enero, pero que hasta la fecha no pueden ser transferidos a estos en forma directa por las municipalidades, porque no están facultadas para hacerlo.Lamentablemente, lo sucedido demuestra que el Senado no conoce la realidad que viven esos trabajadores, los que son muy sacrificados y merecen mejores condiciones de empleo y en materia de remuneraciones.Sin duda, no queda otra alternativa que votar a favor las modificaciones del Senado, porque por lo menos se garantizan los recursos que se deben traspasar; pero sería necesario que cuanto antes el Ejecutivo enviara a tramitación un proyecto de ley para seguir en la línea de beneficiar a esos trabajadores, lo que se concretaría al favorecer a las empresas que les ofrezcan mejores condiciones de empleo y de remuneraciones.Sin perjuicio de lo planteado, debemos votar a favor las enmiendas del Senado, porque por lo menos se aseguran los recursos para esos trabajadores.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber.El señor SILBER.- Señor Presidente, junto con reiterar que habría sido pertinente contar con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, quiero señalar que lamentamos los argumentos esbozados por la Alianza -una suerte de venganza- para no permitir su ingreso a la Sala a fin de participar en la discusión de las modificaciones del Senado a este importante proyecto.Tal como han planteado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, condenamos profundamente la decisión del Senado. El artículo único suprimido por la Cámara Alta establecía una norma que, sin duda, intentaba reparar, dar un trato justo, dignidad y mejores condiciones laborales y salariales a los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos. En efecto, dicha disposición permitía establecer una diferencia entre empresas, no solo respecto del precio de la tonelada, sino también de las condiciones bajo las cuales operan sus trabajadores. Son cosas mínimas que deberían considerarse en una sociedad como la que todos aspiramos construir.No podemos entender cómo un acuerdo que contaba con el respaldo del Ejecutivo y con el beneplácito de la Asociación Chilena de Municipalidades -en la discusión de la iniciativa estuvieron presentes los alcaldes Christian Vittori y Sadi Melo- no fue respaldado por el Senado. De acuerdo con el artículo único eliminado, eran los empleadores directos quienes debían asumir las condiciones que se establecían y que se ponderaban para otorgar la concesión del servicio de aseo. Si los alcaldes de Chile estaban de acuerdo, ¿por qué el Senado echó por tierra una disposición que, desde el punto de vista constitucional, pasaba claramente el test jurídico?No quiero pensar mal; no quiero pensar que hubo una suerte de lobby por algunas empresas que temen que esta norma se instale como una ley de la república y sea una condición que establezcan todas las municipalidades para contratar un servicio tan importante como es el de retiro de residuos sólidos domiciliarios.No dejo de manifestar mi molestia con nuestros senadores por su decisión -lo digo de manera transversal-, pues hablamos de un sector que hoy emplea y que agrupa, bajo distintos sindicatos, a cerca de 19.000 trabajadores. El dirigente señor Armando Soto, quien nos acompaña en las tribunas, me señaló que si se suma al personal a cargo de la mantención de áreas verdes y al que trabaja en los rellenos sanitarios, el número de empleados se incrementa a 34.000. Son trabajadores que merecen un trato justo de nosotros y de la sociedad.Entiendo lo que algunos diputados de la Comisión de Gobierno Interior señalan en términos de que la necesidad tiene cara de hereje, pues estamos ad portas de una nueva manifestación y movilización. Ello demanda que el proyecto sea aprobado cuanto antes, de modo que de aquí a fin de mes sean pagados en las respectivas planillas recursos comprometidos en un acuerdo que fue sancionado por el gobierno anterior en julio pasado, pero que recién hoy viene a ser saneado por el nuevo gobierno para que tenga aprobación legislativa.También quiero acusar la negligencia, particularmente del entonces subsecretario Miguel Flores, quien nunca entendió que esta materia debía ser abordada por una ley. Finalmente, estamos contra el tiempo enmendando una responsabilidad del gobierno anterior. Lo que habría correspondido hacer era forzar la votación del artículo único, que constituía la puerta más importante para evitar el conflicto social y lograr que las demandas de los trabajadores de este importante sector tengan la acogida, el respaldo y el respeto que merecen.Al final del día, como dijeron nuestro jefe de bancada y otros diputados, estamos ad portas -reitero- del cierre de un proceso que implica pagar durante los próximos días lo comprometido. De lo contrario, estaremos nuevamente ante un conflicto laboral y sanitario.Con mucha disconformidad, con mucha molestia, sintiéndome pasado a llevar por nuestros senadores, sintiendo que hay un atropello a derechos esenciales y no entendiendo la justicia de la decisión tomada por la Cámara Alta, anuncio que aprobaremos la modificación del Senado al proyecto, porque, repito, la necesidad tiene cara de hereje y los recursos comprometidos deben ser pagados a la brevedad.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.El señor BECKER.- Señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente la enmienda del Senado, porque creemos muy importante que los recursos -cerca de 15.000 millones de pesos- que hace algún tiempo el gobierno anterior envió a los municipios, lleguen de una vez por todas a los respectivos trabajadores. El artículo transitorio del proyecto, que ha pasado a ser artículo único, permite que los municipios paguen lo que merecen quienes trabajan en los servicios de aseo municipal.Respecto del artículo único original que el Senado rechazó, creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Yo no sería tan dramático en mi intervención. Lo que debe hacer el Ejecutivo es enviar un proyecto que haga extensivo el 10 por ciento de ponderación del criterio referido a mejores condiciones de empleo establecido en el artículo eliminado -o el 15 por ciento, o lo que creamos que es responsablemente satisfactorio-, a otros contratos de prestación de servicios que puedan efectuar los municipios. No me parece bueno que se acote solo a los de aseo municipal. Hay otros servicios que también requieren mano de obra. A lo mejor, es importante que estos tengan las mismas garantías que se entregaban en el artículo único, que el Senado rechazó.Es importante que analicemos un poco más en profundidad el artículo eliminado. Me parece que los parámetros con que los municipios iban a ponderar el referido 10 por ciento, que son flexibilidad, extensión del contrato, incentivos, remuneraciones, son bastante subjetivos y aleatorios. Ello provocará que haya municipios que ponderen de manera distinta las diversas propuestas. Por eso, es importante que se elabore una norma más clara sobre la materia.Por último, esperamos que el Ejecutivo envíe cuanto antes un proyecto en ese sentido.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Daniella Cicardini.La señora CICARDINI (doña Daniella).- Señor Presidente, es lamentable que el Senado haya rechazado el artículo más importante en esta iniciativa. El porcentaje de ponderación del criterio sobre mejores condiciones de empleo contenido en él mejoraba indudablemente la situación y las remuneraciones de trabajadores que cumplen un rol fundamental en la sociedad.Sin perjuicio de lo anterior, la bancada socialista votará a favor la modificación del Senado. Me sumo a las palabras de la diputada Alejandra Sepúlveda, en el sentido de que era muy necesario contar con la presencia del subsecretario de Desarrollo Regional en la Sala para tener mayor información sobre la referida modificación.Lo único que hará la aprobación del proyecto será solucionar la negligencia en que incurrió la administración pasada.Espero que el Ejecutivo reconsidere el artículo suprimido.He dicho.El señor NÚÑEZ (don Daniel).- Señor Presidente, pido reunión de Comités.El señor CORNEJO (Presidente).- Cito a reunión de Comités, sin suspensión de la sesión.Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya.El señor MACAYA.- Señor Presidente, no participé en el debate del proyecto en la Comisión, pero me llama profundamente la atención lo ocurrido. Se está entregando una señal confusa a la ciudadanía sobre la importancia que el Congreso Nacional otorga a los derechos laborales. Es difícil que la ciudadanía entienda que tras el ingreso a tramitación de un proyecto de ley con dos artículos, uno permanente y otro transitorio, sea eliminado el primero, en el que se establecían ciertas condiciones mínimas, que hoy muchos municipios están cumpliendo voluntariamente. En otras palabras, dicho artículo del proyecto establecía, como un imperativo legal, que se empiecen a cumplir ciertas condiciones mínimas. El hecho de que 10 por ciento del total de la evaluación en las bases de licitación para un contrato de aseo municipal lo constituya la ponderación de criterios sobre mejores condiciones de empleo, nos parece de sumo lógico. Que ello esté consagrado en una ley es sumamente positivo en materia de defensa de los derechos de los trabajadores vinculados al servicio de aseo municipal.El artículo transitorio es fruto de un acuerdo político. Quizá, esta disposición es un poco más cuestionable desde la perspectiva constitucional. No obstante, la respetamos, toda vez que es el Estado el que está transfiriendo directamente recursos a los trabajadores. Reitero, dicho artículo fue fruto de una contingencia, como fueron las paralizaciones que llevaron a cabo los trabajadores de los servicios de aseo municipal. Por ello, lo respetamos, y el Senado así también lo ha considerado y lo ha aprobado.No entiendo que se haya rechazado el artículo que establece parámetros básicos y mínimos. La pregunta que se hará la ciudadanía es por qué la Cámara de Diputados está pidiendo que se envíe un nuevo proyecto, tal vez de otro tenor, en circunstancias de que podríamos formar una comisión mixta para solucionar allí los problemas que han surgido. Si podemos decirle a la ciudadanía que el Congreso Nacional tuvo la capacidad de tratar este proyecto con celeridad -ingresó hace solo dos días, es decir, el 18 de marzo, y hoy, 20 de marzo, ya lo estamos tratando en tercer trámite constitucional-, resulta difícil entender por qué no podemos decirle que nos tomaremos un par de días más, toda vez que así podríamos despachar un buen proyecto.Cabe recordar que existe una norma constitucional que dispone que si un proyecto que se refiere a determinada materia es rechazado, no puede ser presentado nuevamente antes de transcurrido un año. Me parece que estamos dando una muy mala señal a la opinión pública. Por eso, sería necesario conocer la posición del Ejecutivo al respecto. Hace un instante, estaba presente en la Sala la ministra secretaria general de la Presidencia; tal vez ella podría ilustrarnos respecto de los planes que tiene consultados el Gobierno para defender los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo. Estamos llanos a aprobar la entrega de los recursos lo antes posible. Como digo, el Congreso Nacional estaría dando una mala señal si no aprobara el proyecto rápidamente; pero, a mi juicio, en forma previa se requiere la formación de una comisión mixta a fin zanjar la discrepancia existente con el Senado.Espero que el Ejecutivo tenga una posición definida respecto de esta materia, de modo que la responsabilidad no recaiga solo en el Congreso Nacional. El Senado ya dio una mala señal. No entiendo las razones que tuvo para rechazar el artículo único aprobado por la Cámara, que se refiere precisamente a la defensa de los derechos de los trabajadores.Por eso, nos gustaría que la representante del Ejecutivo, en este caso la ministra secretaria general de la Presidencia, estuviera presente para que nos ilustrara al respecto antes de votar.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.El señor OJEDA.- Señor Presidente, es lamentable lo ocurrido en el Senado con un proyecto de ley tan simple que solo apunta a materializar el acuerdo al que llegaron los dirigentes, los representantes del gobierno pasado y los alcaldes, después de haber participado en una mesa de diálogo tripartita, el que consiste en la incorporación de una glosa que entregó 15.000 millones de pesos que fueron traspasados a los municipios. Sin embargo, estos recursos no han podido ser traspasados a las empresas de aseo para que ellas, a su vez, se los entreguen a sus trabajadores. En realidad, se trata de algo muy sencillo, relacionado con la ponderación que establece el inciso segundo, nuevo, que se agregaba al artículo 6° de la ley N° 19.886, y que desgraciadamente fue rechazado por el Senado. Acepto pero no comparto lo que ocurrió en el Senado, porque significa desconocer peticiones de los trabajadores que fueron acogidas por el gobierno anterior. Siempre he dicho que esto es responsabilidad del Estado, porque, como digo, se trata de un compromiso contraído durante el gobierno pasado, a pesar de lo cual no se concretó el traspaso de los fondos comprometidos, debido a que no se remitió el proyecto de ley cuando correspondía. Ahora lo envió el actual Gobierno con urgencia de discusión inmediata.De manera que a quienes preguntan por qué estamos tan apurados, les puedo responder: porque este proyecto ha demorado demasiado y los trabajadores no pueden esperar. En verdad, queremos que esta iniciativa satisfaga las inquietudes de los trabajadores, mediante el traspaso de fondos a los organismos privados que corresponda. Sería necesario incluir en otro proyecto de ley el artículo único aprobado por la Cámara, que fue rechazado por el Senado.Tal vez, sería conveniente recabar una vez más el acuerdo de la Sala para que pueda ingresar el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, a fin de que entregue su opinión sobre la modificación del Senado, nos informe sobre lo que piensa el Gobierno y se comprometa ante esta Sala a que el Ejecutivo enviará un nuevo proyecto de ley que complemente el que estamos discutiendo. Por lo tanto, anuncio que, con los reparos que he señalado, vamos a aprobar la modificación del Senado, porque no queremos seguir dilatando la entrega de recursos que están disponibles hace bastante tiempo, que posibilitarán la solución del problema que nos ocupa. He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza.El señor OJEDA.- Señor Presidente, acabo de solicitarle que recabe nuevamente el asentimiento de la Sala para que ingrese el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Señor diputado, solicité el asentimiento de la Sala en tal sentido, pero no hubo acuerdo.Puede hacer uso de la palabra el diputado Fidel Espinoza.El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, este proyecto de ley surgió como respuesta a los acuerdos que se generaron hace algunos meses, cuando en gran parte del país los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos domiciliarios, que, como todos sabemos, trabajan en condiciones laborales bastante precarias, realizaron una paralización de actividades.Se trata de trabajadores que cumplen una función que, desde todo punto de vista, es fundamental para mantener el aseo y la higiene en las poblaciones. Todos fuimos testigos de que, en el marco de dicha paralización, el país se vio convulsionado por las graves situaciones de crisis sanitarias que se produjeron en algunas comunas, especialmente en aquellas con más habitantes, que, como digo, sufrieron grandes dificultades en su quehacer diario.En esa oportunidad, se llegó a un acuerdo con el gobierno pasado, en el sentido de que enviaría a tramitación un proyecto de ley que apuntaría a la protección de los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y a mejorar sus condiciones, no solo de contratación, sino también de desarrollo de sus labores cotidianas.Lamentablemente, como lo han planteado algunos diputados -el colega Ojeda fue muy categórico-, una de las normas más relevantes aprobadas por la Cámara en el primer trámite constitucional fue simplemente borrada por el Senado. Me refiero al inciso segundo, nuevo, que se agregaba al artículo 6° de la ley N° 19.886 mediante el artículo único, que disponía que deben existir elementos que permitan la configuración de exigencias a las empresas, que garanticen condiciones laborales dignas a sus trabajadores. Sin esta norma, seguirá ocurriendo lo que, en la práctica, ha sucedido hasta hoy: que muchas empresas recurren a mil subterfugios legales para violentar los derechos de sus trabajadores, que desarrollan una labor tremendamente importante e insustituible en nuestra sociedad.Por eso, me resulta difícil tener que votar a favor un proyecto que, desde mi punto de vista, queda cojo. Sin embargo, es necesario porque por lo menos representa un primer paso para que, ojalá en un futuro cercano, las exigencias contenidas en el proyecto aprobado por la Cámara se conviertan en realidad.Termino mis palabras leyendo el artículo transitorio aprobado por la Cámara, que pasó a ser artículo único, que dispone: “Facúltase, excepcionalmente, a las municipalidades del país a transferir, por una sola vez, a empresas proveedoras del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, recursos que serán destinados por estas exclusivamente a sus trabajadores, declarando por bien transferidos aquellos recursos que, a la fecha de publicación de la presente ley, ya se hayan entregado a las precitadas empresas con dicho fin.”De manera que el proyecto de ley constituye un avance, aunque no es todo lo que hubiéramos deseado, porque creemos -insisto en ello- que el artículo único aprobado por la Cámara, pero eliminado por el Senado, era muy necesario para salvaguardar los derechos de estos miles de trabajadores chilenos.He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, quiero referirme, desde una perspectiva general, al tema de la basura y su relación con los municipios.Hoy, los municipios más ricos del país son los que reciben mayores ingresos por concepto de contribuciones y, en relación con ellas, de derechos de aseo. Las comunas más ricas tienen asegurado el financiamiento del servicio de aseo, a través del pago de las contribuciones y, por consiguiente, de los derechos de aseo. Para el municipio, en ese caso, el costo de ese servicio es cero.Reitero, en las comunas más ricas absolutamente todo el servicio de recolección de basura es financiado por los contribuyentes a través del pago de los derechos de aseo. Sin embargo, en comunas pobres, como La Pintana, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, entre otras, el porcentaje de exención de contribuciones supera el 90 por ciento, razón por la cual la mayo-ría de la gente no paga derechos de aseo. En ese caso, el municipio es el que debe asumir prácticamente en el ciento por ciento el costo de ese servicio.El proyecto que hoy analizamos no aborda esa realidad; solo traspasa un bono para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores de las empresas de aseo, en circunstancias de que deberían ser las propias empresas las encargadas de asumirlo, para que los municipios puedan efectivamente pagar por mejores servicios.Hay municipios que realizan por su propia cuenta el servicio de aseo -no lo externalizan-, por lo que este bono no va a llegar a los funcionarios municipales grado 18, que tienen un salario muy bajo y que trabajan en el servicio de aseo municipal. Este bono es solo para las empresas privadas que realizan esa labor. Por eso, si lo que queremos en realidad es mejorar las posibilidades de los municipios para que puedan contratar mejores servicios de aseo y pagarles mejor a sus trabajadores, creo que aquí hay un error conceptual.Nuestro deseo es que exista mayor equidad entre los municipios para contratar servicios de aseo de calidad y también desde el punto de vista de los recursos de que disponen para contratarlos.Solo quiero entregar un dato: La Municipalidad de Las Condes tiene un presupuesto que supera los 180.000 millones de pesos. ¡Repito, 180.000 millones de pesos! En cambio, la Municipalidad de Cerro Navia tiene un presupuesto de 10.000 millones de pesos. De acuerdo a lo que he señalado, el costo del servicio de aseo para la Municipalidad de Las Condes es cero, porque está ciento por ciento financiado por los contribuyentes. En el caso de la comuna de Cerro Navia, el costo del servicio de aseo es asumido ciento por ciento por el municipio. Por lo tanto, lo que debiera hacer el Estado es apoyar a municipios pobres para que tengan los recursos necesarios para contratar mejores servicios y, además, propugnar que las empresas de aseo paguen mejores sueldos a sus trabajadores. De esa manera, los municipios ten-drían los recursos que se requieren y se generaría mayor igualdad entre las municipalidades del país.El Senado tiene toda la razón al rechazar el artículo único del proyecto, porque no se puede intervenir en los contratos. Eso es facultad de los municipios. Pero esta facultad está ligada a la capacidad de los municipios para contar con los recursos necesarios. Eso no lo resuelve este proyecto.Si bien apoyaré la iniciativa, porque con ella se resuelve un acuerdo puntual, creo que es importante que el Ejecutivo presente un proyecto para remediar un problema más complejo: la enorme diferencia que existe entre los municipios ricos y los municipios pobres del país. Las Condes, Providencia, Santiago, Vitacura y Viña del Mar son los cinco municipios más ricos del país y concentran el 60 por ciento de los recursos. Hay que resolver esa situación de inequidad para que los municipios tengan mejores condiciones para enfrentar no solo el tema de la recolección, transporte y disposición final de la basura, sino otros, como la salud, áreas verdes y otros servicios municipales que se encuentran en situación precaria en las comunas con menos recursos.Esa es la tarea que tenemos por delante. Quiero que nuestro Gobierno tome conciencia de esta situación y presente un proyecto de ley que reduzca las condiciones de desigualdad entre los municipios, problema cuya raíz se encuentra en la forma en que se financian.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic.El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente, después de conversar con los dirigentes de los trabajadores del rubro, me parece que hay una cuestión de fondo muy clara: el Senado propone eliminar el artículo único del proyecto. En esa perspectiva, lo que debiésemos buscar como país son mejores condiciones laborales para los trabajadores, sobre todo si se trata de dineros del Estado que son traspasados a empresas privadas. En ese sentido, espero que el Gobierno tome en cuenta esta idea a futuro y regule esta situación. Las empresas que paguen mejor a sus trabajadores deberían obtener un mayor puntaje dentro de las licitaciones. Me parece que eso iría en la dirección correcta.A mi juicio, la externalización de los servicios no ha sido exitosa. Apoyo a las empresas, el mercado y el mundo privado, pero cuando funcionan bien. En este caso ello no ha sido así. Por lo tanto, habría que pensar en contemplar un porcentaje en la licitación que puntúe los sueldos de los trabajadores.En el futuro, ojalá podamos discutir sobre municipalizar nuevamente estos servicios, ya que la mayoría de las comunas los ha externalizado y no han funcionado bien. Han significado más bien un ahorro para las empresas cuyo propósito es ganar la licitación. Posteriormente, ese ahorro ha significado una merma en la cantidad de camiones recolectores, lo que ha provocado que los trabajadores de esas empresas trabajen mucho más y se les pague menos.Hoy, el empresario que desea ganar una licitación presenta la propuesta más barata; pero lo que se necesita es todo lo contrario: quienes deseen ganar una licitación deben pagarles bien a sus trabajadores. Ese debería ser el incentivo para ganar la licitación. Esa es la discusión de fondo.Debemos aprobar este proyecto, porque necesitamos que ese dinero llegue rápidamente a los trabajadores -así me lo han manifestado los dirigentes del ramo-; sin embargo, en el futuro debemos discutir a fondo la posibilidad de municipalizar nuevamente este tipo de servicios.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Chávez.El señor CHÁVEZ.- Señor Presidente, a todos nos causó una enorme sorpresa lo que ocurrió ayer en el Senado. Se dice que las cosas debiesen ser para mejor y esperamos que efectivamente así sea.Nuestro jefe de bancada ha señalado que la Democracia Cristiana va a apoyar con mucha decisión este proyecto, que aborda una contingencia. Sin embargo, quiero manifestar al Ejecutivo que hay que perseverar en todas aquellas normas que apunten a mejorar las condiciones laborales y previsionales de los trabajadores en el proceso de contratación pública, entre ellas las remuneraciones. Pero no es suficiente; tal como lo manifesté en la comisión, me gustaría que el Ejecutivo recogiera la idea de que a la hora de ponderar los factores en una licitación se tome en consideración el historial de incumplimientos de las normas laborales y previsionales por parte de las empresas participantes en esos procesos. Además, es relevante considerar que esas empresas no hayan sido condenadas por prácticas antisindicales.Es esencial que este proyecto de ley avance en la protección de los derechos de los trabajadores. Pero si a partir de la modificación introducida por el Senado pudiéramos progresar, con decisión, en todo orden de cosas en materia de contratación pública, iríamos en la dirección correcta.Espero que esto sea transmitido al Ejecutivo, a fin de que el proyecto que ingrese en las próximas semanas recoja los puntos de vista no solo de quien habla, sino también los expresados en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, los cuales fueron entregados con mucha determinación cuando el subsecretario se refirió a esta materia.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, en su segundo discurso, el diputado señor Ramón Farías.El señor FARÍAS.- Señor Presidente, en la reunión de Comités que sostuvimos hace unos momentos, la ministra secretaria general de la Presidencia expresó sus puntos de vista respecto del artículo único eliminado por el Senado. Sin embargo, quiero señalar que cuando un alcalde llama a licitación, de todos modos puede fijar el criterio que pretendía establecer el artículo único suprimido por el Senado. Lo que se busca es que ese criterio sea aplicado en forma pareja por todas las municipalidades, a fin de dar dignidad a los trabajadores que desempeñan los servicios de aseo.Muchas veces para ganar la licitación municipal las empresas no castigan sus utilidades, sino más bien los sueldos de los trabajadores. De esa manera, se presentan a las licitaciones con costos más bajos.Por lo tanto, me parece de suma importancia que, tal como fue acordado, el Ejecutivo se comprometa en relación con esta materia. Ello permitirá que los trabajadores que prestan servicios de aseo tengan dignidad real. Asimismo, sería positivo que las municipalidades, a través de una ponderación, pudieran entregar más puntaje a las empresas que efectivamente pagan mejor a sus trabajadores y les entregan más dignidad.Insisto, es importante escuchar al Ejecutivo respecto de esta lamentable modificación introducida por el Senado. Felizmente, resolvimos aprobar el artículo transitorio, a fin de que a los trabajadores se les paguen los recursos que fueron entregados hace mucho rato a las municipalidades.Quedamos a la espera de escuchar a la ministra de la Segpres, quien nos dará la certeza de que ingresará y será debatido con los trabajadores un proyecto de ley que cumpla cabalmente el compromiso firmado en junio o julio del año pasado, tal como fue concordado en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, que presido.Finalmente, anuncio nuestro voto favorable a la modificación del Senado.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia.El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero aclararle a la diputada Cristina Girardi que Viña del Mar no es una comuna rica. La riqueza de las comunas no se mide por los ingresos absolutos, sino por el ingreso per cápita, de acuerdo con su población y por los ingresos vía presupuesto. Según eso, Viña del Mar no está ni siquiera entre las cien primeras comunas más ricas del país. Eso se puede ver fácilmente en el sistema de información que entregan la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.En segundo lugar, muchas comunas, a pesar de tener restricciones presupuestarias, en la actualidad incorporan en sus bases de licitación la ponderación de 10 por ciento al ítem relacionado con las remuneraciones de los trabajadores -en algunas, ese porcentaje es incluso superior-, a fin de evaluar las ofertas que hacen las distintas empresas. Eso existe; cada municipio tiene la libertad de aplicarlo, de acuerdo con el presupuesto respectivo. De hecho, en Viña del Mar esa ponderación se aplica no solo en la licitación de las bases de aseo, sino también en otro tipo de licitaciones, como la mantención de áreas verdes, seguridad, etcétera.Lo que rechazó el Senado es la constitucionalidad de la modificación a la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, tema que podríamos discutir en los próximos días. En virtud de que el año pasado se hizo un esfuerzo mayor en el sentido de aprobar 15.000 millones de pesos en el Presupuesto del Sector Público para el año 2014 con el propósito de transferirlos a los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos -la resolución está visada y los fondos están depositados en los respectivos municipios-, pido a los diputados aprobar el artículo transitorio, que ha pasado a ser artículo único, que permite pagar a los trabajadores esos dineros a la brevedad posible.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada.El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, suscribo las palabras de la diputada Cristina Girardi, porque me interpretan plenamente.Aunque parezca reiterativo, quiero señalar que la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios no reduce ni restringe la autonomía de los municipios para incentivar el mejoramiento de las remuneraciones de los respectivos trabajadores en las bases de cualquier licitación. El problema es que una gran cantidad de empresas que incumplen el contrato fijado con sus trabajadores lo hacen a propósito, basadas en el resguardo de que pueden cambiar su nombre de fantasía y que no tienen obstáculo alguno para presentarse a una nueva licitación y ganarla. Así, llegamos directamente al profundo problema derivado del multirrut, cuya discusión es tan necesaria. Algunas empresas han tenido serias dificultades con sus trabajadores y han sido sancionadas por los tribunales laborales; sin embargo, después han cambiado su razón social y se han presentado a nuevas licitaciones.Por otra parte, en varias empresas son habituales las prácticas antisindicales, por lo que muchas veces son sancionadas, a pesar de lo cual después vuelven a ganar licitaciones.En esta Sala estamos todos de acuerdo en la importancia de que los trabajadores reciban rápidamente su dinero. No obstante, deseo advertir que hay tres categorías de trabajadores relacionados con el aseo y la extracción de residuos sólidos: los municipales -es el caso de quienes laboran en los municipios de Valparaíso y de Santiago-, quienes no recibirán ni un peso; los auxiliares de aseo que trabajan bajo un régimen mixto -mitad privados y mitad municipales-, quienes tampoco recibirán ni un solo peso de los dineros considerados en el proyecto, y los trabajadores de las empresas privadas, que son los directos beneficiarios de los 15.000 millones de pesos dispuestos por la iniciativa.Ciertamente, vamos a aprobar el proyecto, a fin de que los trabajadores señalados reciban estos recursos sin mayor dilación, pero es relevante que los colegas sepan lo que ocurre con el resto de los trabajadores relacionados con la extracción de basura. El artículo eliminado obligaba a ponderar el criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones al menos con un 10 por ciento en relación con el total de la evaluación. Como bien señaló un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, ello no era necesario porque la ley lo permite. Es una práctica a la que concurre al menos el 15 por ciento de los municipios, por lo que -repito- no es necesario estipular el 10 por ciento que señalaba ese artículo. Lo que es menester es un mecanismo ágil para entregar la plata a los trabajadores.También quiero señalar que las manipuladoras de alimentos, como se lo expresé a la diputada Alejandra Sepúlveda, son despedidas en diciembre y recontratadas en marzo. Lo sé porque fui alcalde de La Granja. Como frente a esa situación intervenían los tribunales del trabajo, esas mismas empresas se adjudicaban las licitaciones con otro nombre, con lo cual volvemos al problema del multirrut.Las distintas categorías de contratos que manejan las municipalidades -por eso suscribí las palabras de la diputada Cristina Girardi- tiene que ver con los ingresos municipales. Es así como, efectivamente, el presupuesto de un año de la municipalidad de Las Condes equivale al de 14 años del municipio de Lo Espejo. De ahí que el problema de distribución del Fondo Común Municipal no puede seguir postergándose.Los diputados se relacionan con los alcaldes de su distrito, de modo que conocen los problemas financieros que deben enfrentar, derivados, entre otras cosas, del aumento del precio de la energía eléctrica para el alumbrado público o del agua para el riego de las plazas públicas, costos que han crecido de manera absolutamente desproporcionada en relación con los ingresos que reciben los municipios.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Daniel Farcas.El señor FARCAS.- Señor Presidente, me parece que todos estamos de acuerdo en que es necesario proteger la dignidad y los derechos de los trabajadores, por lo que anuncio mi voto a favor de esta iniciativa. Sin embargo, tal como han mencionado algunos diputados, especialmente aquellos que en alguna oportunidad ejercieron el rol de alcalde, considero muy importante abordar, además de la inequidad territorial, la sinergia potencial que se podría producir en estos procesos.Por ello, me parece que sería interesante evaluar una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para que, en vez de entregar la facultad de contratar estos servicios a cada municipio en particular, como ocurre en la actualidad, puedan reunirse esos esfuerzos en un ente como el gobierno regional. Así se podrían aplicar economías de escala al operar en forma integrada, lo que permitiría resolver de manera bastante más efectiva las inequidades que se han mencionado. Como muy bien nos recordó la diputada Cristina Girardi, cuando tenemos municipalidades como la de Las Condes, cuyo presupuesto es de 213.000 millones de pesos, y otras como las de Conchalí, Huechuraba o Renca, cuyos presupuestos bordean los 15.000 millones de pesos, es evidente que no se puede brindar la misma calidad de servicios.Además, señor Presidente, me parece interesante que se evalúe una fórmula que permita que cada habitante, cada vecina o vecino, pague por el servicio de recolección de basura en función de lo que representa su vivienda, pero que la calidad de la prestación que reciban sea adecuada y pertinente.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag.El señor SABAG.- Señor Presidente, valoro esta iniciativa de ley, que me hace recordar al diputado Gabriel Silber y al senador Alejandro Navarro, quienes un día se levantaron a las tres de la mañana para acompañar a los trabajadores de una empresa de aseo y extracción de basuras mientras realizaban su turno. Pudimos ver por televisión a ambos parlamentarios mientras se ponían la indumentaria de trabajadores de aseo para vivir en carne propia lo que significa realizar esa labor tan importante para la comunidad, pero tan desvalorada a la hora de remunerarla.No sé si el diputado y el senador han vuelto a levantarse tan temprano, pero nos consta -repito- que vivieron en carne propia lo que significa realizar un trabajo que tiene una jornada laboral muy distinta a la normal; de hecho, en algunos casos inician sus labores a las tres o cuatro de la mañana, y durante una semana entera trabajan de esa manera. Además, estos trabajadores están en contacto con la basura, lo que les puede provocar enfermedades profesionales. En fin, se trata de una actividad cuya naturaleza es muy distinta a la que desarrolla la gran mayoría de los chilenos.Por eso -reitero-, valoro este proyecto, que busca incluir, entre los ítems a evaluar para adjudicar los contratos de recolección de basura, aspectos como el nivel de remuneraciones, que debe superar el salario mínimo; la duración de los contratos de trabajo, las condiciones en las que se realiza esta labor y los incentivos que la empresa otorga a sus trabajadores, todo lo cual debería tener una ponderación de 10 por ciento en la licitación. Podemos considerar que ese es un porcentaje insuficiente; pero no vamos a hacer cuestión al respecto para que, como expresó el diputado Ojeda, aprobemos ahora el proyecto, de manera que los trabajadores no sigan esperando. Sin embargo, es evidente que esas y hay otras consideraciones deben tenerse en cuenta, porque el peso de la mano de obra debe tener una incidencia mucho mayor a la que tienen otros aspectos que se evalúan para adjudicar un contrato.También valoro que se faculte a los municipios para transferir recursos directamente a las empresas, pero exclusivamente al ítem mano de obra, porque sabemos que es el más desvalorado en estas contrataciones.Evidentemente, han quedado muchas cosas en el tintero, pero es un avance que se valore la labor de los seres humanos y que quienes trabajan en contacto permanente con la basura reciban un trato preferencial.Vamos a aprobar este proyecto, pero dejamos constancia de que aún queda mucho por avanzar.Asimismo, veremos si nuevamente algún parlamentario, senador o diputado, se atreve a acompañar a los trabajadores del aseo en su jornada laboral.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo.La señora VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana quiero resaltar la importancia que tuvo la paralización de los recolectores de basura para instalar un debate trascendental para nuestro país, pues ha permitido que no solo debatamos la relevancia de la dignificación de quienes prestan este servicio, sino de los trabajadores en general.Lo que hoy nos convoca es de qué manera dignificamos un sector de trabajadores que vive en un verdadero inframundo y que realiza una actividad sumamente desregulada, pues llegan a cumplir jornadas laborales de hasta 14 horas diarias y reciben remuneraciones que están por debajo del sueldo mínimo, no obstante cumplir una función fundamental para la vida humana. Necesariamente hay que relevar a estos trabajadores a una posición de mayor dignidad, no solo porque limpian nuestras ciudades, sino también porque ayudan a prevenir enfermedades. Son vitales para la salud de la población, así es que debiesen ser dignificados y recibir un trato totalmente distinto del que se les da.Agradezco a este grupo de trabajadores su esfuerzo, pues sus movilizaciones permitieron instalar un problema trascendental, de primera necesidad, en la mesa de debate.Ahora, respecto del proyecto de ley propiamente tal, estamos de acuerdo en que debemos aprobarlo en general, porque es preciso que los recursos que se pusieron a disposición no solo lleguen al municipio, sino que a las empresas y, especialmente, a los trabajadores. Pero faltan algunas cosas que ya se han mencionado, vinculadas con cuestiones más estructurales acerca de cómo garantizamos mejores condiciones laborales en los procesos de licitación.Como dije, ese es un aspecto transversal, pues debe considerarse para todos los trabajadores, y no solo para los del aseo. Por ello, considero importante que, dado que esta iniciativa no lo abarca, el Ejecutivo nos proponga una norma general que garantice que en todas las licitaciones públicas se respetarán los derechos laborales y que se otorgará mayor puntaje a aquellas empresas postulantes que propongan mejores condiciones para sus trabajadores. Me sumo a quienes han planteado esa propuesta.En nombre de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, anuncio que aprobaremos en general el proyecto, pero reiterando que el Ejecutivo tome en consideración la propuesta a la que me acabo de referir.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la ministra Ximena Rincón.La señora RINCÓN, doña Ximena (ministra Secretaria General de la Presidencia).- Señor Presidente, he seguido todo el debate de este hemiciclo y he escuchado con atención todas las intervenciones. Sin embargo, antes de referirme al contenido del proyecto, quiero agradecer la rápida tramitación que se le dio en el primer trámite constitucional.En una reunión con los comités, todos, sin excepción, plantearon la necesidad de aprobar esta iniciativa y de recoger lo que se ha mencionado en el debate en cuanto a que se legisle para que la variable laboral se incorpore en todos los procesos de licitación para la contratación de servicios, no solo en los vinculados al aseo y la recolección de basura.Un diputado, un exalcalde, me hizo ver que hoy los municipios pueden incorporar esa variable en las bases de licitación, pero que es algo facultativo, no una obligación, que es como debería establecerse.Durante el período legislativo anterior, como recordarán, cuando abordamos temas de distinta índole, se fue estableciendo esto como un criterio general. Sin embargo, quedan múltiples ámbitos donde no existe esta variable, vale decir, que se consideren los temas laborales y de seguridad social como relevantes a la hora de licitar contrataciones de servicios con recursos públicos.Por lo tanto, en atención a la urgencia del proyecto de ley y a lo que se debatió en la Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional, y en esta sesión en especial, me comprometo, en nombre del Ejecutivo -lo he hablado con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo-, a presentar un proyecto de ley que aborde todo lo que tiene que ver con contrataciones de servicios del Estado con uso de recursos públicos. La idea es incorporar esta variable fundamental y considerarla dentro de los requisitos de las bases de licitación.Ese es el compromiso que ha contraído el Ejecutivo, que se hace cargo del debate de la Cámara de Diputados, de manera que la materia se tratará en esta legislatura en el corto plazo.He dicho.-Aplausos.El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate.-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la modificación del Senado en los siguientes términos.El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar la enmienda del Senado para eliminar el artículo único permanente del proyecto de ley que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica. En votación.-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:Álvarez Vera Jenny; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; Girardi Lavín Cristina; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Teillier Del Valle Guillermo; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías.El señor CORNEJO (Presidente).- Despachado el proyecto.REGULACIÓN DE ALZAMIENTO DE HIPOTECAS CONSTITUIDAS PARAGARANTIZAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (Primer trámite constitucional.Boletín Nº 8069-14)El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios.Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es la señora Marisol Turres.Antecedentes:-Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 116ª de la legislatura 361ª, en 21 de enero de 2014. Documentos de la Cuenta N° 3.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante.La señora TURRES, doña Marisol (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto que regula el alzamiento de hipotecas que caucionan créditos hipotecarios, originado en una moción de los entonces diputados señores Jorge Burgos y Felipe Harboe y el copatrocinio de los diputados señores Cornejo, Godoy, Jaramillo, Monckeberg, don Cristián; Ortiz, Robles, Tarud y Walker.La finalidad de esta iniciativa es colocar de cargo de la entidad acreedora el alzamiento de los gravámenes que para la seguridad de su crédito afectan a un bien raíz una vez extinguida la acreencia, alzamiento que deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días.En el primer trámite reglamentario, la comisión acordó incluir esta propuesta en el artículo 17 D de la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, teniendo presente que lo que se pretendía regular era la obligación del alzamiento de los gravámenes establecidos en los contratos celebrados con instituciones financieras, no siendo limitativo el hecho de que dicha ley se refiera solamente a las obligaciones derivadas de contratos de adhesión, por cuanto en su artículo 55 ese mismo cuerpo legal enumeraba como contratos de esa índole a los créditos hipotecarios. Además de la inclusión de la propuesta en esta ley, presentaba la ventaja de que el incumplimiento de la obligación que se establecía daría lugar a las sanciones contenidas en el artículo 17 K.La comisión mantuvo el texto propuesto en su primer informe y rechazó por unanimidad las dos indicaciones presentadas en la Sala. En efecto, la primera indicación, de autoría del diputado señor Tuma, que establecía que el alzamiento del gravamen debía producirse a requerimiento escrito del deudor y dentro del plazo de treinta días corridos, tenía por objeto evitar la automaticidad del alzamiento, porque podría convenir al deudor mantener la hipoteca, no obstante haber pagado el crédito, como una forma de garantizar nuevos emprendimientos o negocios, sin necesidad de incurrir en gastos para constituir una nueva caución.La segunda, originada en una propuesta del diputado señor Fuad Chahin, disponía que dentro del plazo de treinta días con que contaba el acreedor para materializar el alzamiento, podría el deudor solicitar por escrito la mantención del gravamen, todo ello con la misma finalidad señalada de evitar constituir nuevamente una garantía para futuras negociaciones. Las razones que consideró la comisión para adoptar su decisión fueron las siguientes:Primero, que la propuesta tenía por objeto solucionar el problema que se le planteaba al deudor que había satisfecho oportunamente la acreencia, no obstante lo cual el proveedor del crédito demoraba injustificadamente el alzamiento del gravamen. No se refería a la constitución de una hipoteca con cláusula de garantía general.Segundo, las prácticas que proponían las indicaciones podrían inducir a las instituciones acreedoras, especialmente a los bancos, a incluir en los contratos con crédito hipotecario una cláusula que impidiera el alzamiento de las hipotecas, a fin de asegurar o amarrar al cliente.Tercero, la posibilidad de la comisión de un fraude en perjuicio de terceros, por cuanto el deudor hipotecario que a su vez tenga deudas impagas con otros acreedores puede convenirle que estos últimos ignoren que su bien raíz no está afectado por una hipoteca, alterando así las reglas de la prelación de créditos.En consecuencia, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recomienda mantener el texto propuesto en su primer informe.Es cuanto puedo informar.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin por una cuestión de Reglamento.El señor CHAHIN.- Señor Presidente, este proyecto viene con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Su finalidad es modificar la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. En general está bastante bien orientado y compartimos su objetivo. Sin embargo, a mi juicio la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo debiera conocer la iniciativa y opinar al respecto, porque hay algunas materias que podrían mejorarse para darles una mejor protección a los consumidores. Solicito, entonces, que recabe la unanimidad de la Sala para que el proyecto pueda examinarse por una sesión en esa comisión y no retrasar su tramitación, se emita un informe y luego vuelva a la Sala, sin perjuicio del debate que pueda haber en el hemiciclo.Repito, pido que se recabe la unanimidad para que pueda ir a la Comisión de Economía por una sesión.El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, sería importante iniciar el debate y tomar la decisión a posteriori.El señor CORNEJO (Presidente).- ¿En qué altera que la solicitud del diputado señor Chahin se materialice ahora o después?El señor SAFFIRIO.- En que el acuerdo que tome la Sala de reenviarlo a la Comisión de Economía, que comparto, no signifique que no comencemos ahora el debate del proyecto.El señor CORNEJO (Presidente).- No, señor diputado. La solicitud del diputado señor Fuad Chahin consiste en no impedir el debate del proyecto. Por lo tanto, si hubiera acuerdo, podríamos acceder a su solicitud y enviarlo a la Comisión de Economía una vez que finalice el debate.¿Habría acuerdo?Acordado.El señor JARAMILLO.- ¿Me permite, señor Presidente?El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la solicitud ha sido aprobada por unanimidad. Sin embargo, pido que se examine bien el artículo 193 -el señor Secretario puede opinar-, que se refiere a los plazos de discusión y de votación. En este caso habría que recurrir a una ampliación de plazo, lo que contravendría lo dispuesto en dicho artículo.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, la norma a que hace referencia se aplica en el caso de los proyectos calificados con urgencia, cuestión que no acontece en el proyecto en debate.Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, el proyecto presentado en su momento por los entonces diputados señores Jorge Burgos y Felipe Harboe; quien preside y los diputados señores Joaquín Godoy, Enrique Jaramillo, Cristián Monckeberg, José Miguel Ortiz, Alberto Robles, Jorge Tarud y Matías Walker está muy bien inspirado. Me voy a tomar la libertad de leer parte del proyecto y luego plantearé dos temas que me preocupan.La iniciativa señala: “Extinguidas totalmente las obligaciones caucionadas con hipoteca, el proveedor del crédito procederá a otorgar la escritura de cancelación de la hipoteca y demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituido y a efectuar, a su costo, el alzamiento correspondiente ante el Conservador de Bienes Raíces respectivo, en el plazo de treinta días. Lo dispuesto en este inciso se aplicará a los cesionarios de los créditos hipotecarios cuando proceda.”.Lo que ocurre hoy es que un deudor que tiene una acreencia garantizada con una hipoteca no tiene ninguna seguridad, cuando concluye el servicio de la deuda, de que el banco efectivamente otorgue la escritura de cancelación -porque no tiene plazo para hacerlo- y que se hagan los alzamientos respectivos.Además, el cargo de los costos que implica tanto la elaboración de la escritura de cancelación, llevada a cabo por los abogados del propio banco u otra institución financiera, como los relativos a los alzamientos por el pago de los derechos de los conservadores de bienes raíces son de cargo del deudor.Por lo anteriormente señalado, estamos imponiendo a las instituciones financieras la obligación de extender, en primer lugar, la escritura de cancelación y, en segundo término, y a su costo, el alzamiento no solo de la hipoteca sino también de las prohibiciones de gravar y enajenar y otras que se hubieren inscrito en los respectivos registros.Sin embargo, esta fantástica idea de legislar en esta materia, que trae justicia a los consumidores, evidencia dos problemas.El primero de ellos tiene que ver con la frase “Extinguidas totalmente las obligaciones caucionadas con hipoteca”. Si bien es cierto que en nuestra legislación hay distintos modos de extinguir las obligaciones, en este caso he presentado una indicación para agregar la frase “mediante el pago” entre las palabras “Extinguidas” y “totalmente”, porque podría ocurrir que la extinción de la obligación se produjera, por ejemplo, por efecto de la novación -que es el cambio de una obligación por otra-, donde el interés del deudor respecto del banco acreedor será mantener vigente la hipoteca para no tener que incurrir nuevamente en el costo de hacer una nueva escritura de hipoteca y proceder nuevamente al pago de los derechos en los conservadores de bienes raíces.El segundo problema tiene que ver con lo señalado por el diputado Fuad Chahin, relativo al rechazo de una indicación de su autoría en la Comisión técnica. Creo que debemos ver con mayor atención esa situación. La indicación se refiere a que si está pendiente el pago el propietario del inmueble hipotecado podrá manifestar por escrito su voluntad de mantener vigente la hipoteca o de ampliar el plazo para su cancelación o alzamiento.Esto significa que si soy deudor de un banco y concluyo el servicio de mi deuda, pero, de inmediato comienzo a gestionar un nuevo crédito -esto se da en el ámbito de la agricultura, que es lo que conozco, y ocurre en la región que represento-, me interesa que no se alce la hipoteca que garantizaba el crédito extinguido, sino que se mantenga vigente, porque si la entidad financiera accede a otorgarme un nuevo crédito, no voy a estar obligado a constituir una nueva hipoteca e incurrir en nuevos gastos, lo que a la larga significa la prolongación del crédito.Es por eso que me parece importante que en una materia tan sensible como esta, cuya simple lectura pudiere parecer ininteligible para un lego en la materia, no cometamos el error de que bajo una muy buena intención, en la práctica, estemos generando situaciones que pudieren implicar mayor costo para los deudores del sistema financiero o bancario. Por el contrario, la idea debe apuntar a facilitar y hacer más expedita la gestión de los créditos, sin que ello signifique encarecerlos.Comparto la propuesta del diputado Fuad Chahin de que el texto del proyecto sea analizado en sesión de la Comisión de Economía.En razón de todo lo expuesto, solicito que se recabe la unanimidad de la Sala para los efectos de poder reponer estas indicaciones que permitirán mejorar sustancialmente -al menos desde mi punto de vista- el texto de la ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- ¿Habría unanimidad respecto de lo solicitado por el diputado René Saffirio?Acordado.Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin.El señor CHAHIN.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a las señoras diputadas y los señores diputados por otorgar la unanimidad para que este proyecto sea analizado en la Comisión de Economía y también para reponer la indicación, rechazada en su oportunidad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que presentamos con el diputado Joaquín Tuma y, además, poder conocer la indicación que ha presentado en la Sala el diputado René Saffirio.Este es un proyecto bien inspirado y muy necesario. Claramente, una de las fórmulas que tienen los bancos y las instituciones financieras de tener casi en un verdadero secuestro financiero a sus clientes es mediante el no alzamiento de las garantías de las hipotecas y de las prendas. También se hacía dificultando el cierre de productos, tales como el pago automático de tarjetas y de cuentas corrientes, lo que fue bien resuelto cuando discutimos el Sernac Financiero. Sin embargo, no logramos abordar las garantías y prendas, respecto de las cuales este proyecto es muy pertinente.Tal como lo señaló el diputado René Saffirio, es necesario precisar los modos de extinción de obligaciones a que queremos apuntar. Generalmente en la novación, que extingue una obligación anterior al mismo tiempo que nace una nueva, muchas veces existe una garantía hipotecaria. Por lo tanto, si la institución está obligada, sin otra alternativa, a alzar la hipoteca, lo más probable es que se dificulte ese modo de extinguir, que es una manera bastante habitual de renegociar las deudas que tienen los clientes con los bancos. En consecuencia, considero bueno definir si solo se considerará el pago como modo de extinguir las obligaciones. A mi juicio, este tema no debe quedar tan amplio, porque evidentemente puede generar dificultades a la hora de renegociar deudas mediante la novación.Asimismo, me parece muy importante establecer que 30 días antes de la ejecución del alzamiento el consumidor podrá solicitar que aquel no se realice. La razón de ello es, por ejemplo, el estar negociando un nuevo crédito luego de haber pagado uno anterior. Por lo tanto, si le alzan sí o sí la hipoteca, a lo mejor para poder obtener el nuevo crédito tendrá que constituir una nueva hipoteca, con los consiguientes gastos de abogado, notaría y conservador de bienes raíces, lo que encarecerá el segundo crédito.En la Comisión, algunos manifestaban temor de que los bancos exigieran ex ante una especie de renuncia anticipada a este derecho. Sin embargo, con la indicación que presenté, que dice “pendiente el plazo”, ello no será posible. El plazo a que se refiere la indicación corre una vez extinguida la obligación y antes del plazo de 30 días. En consecuencia, no es posible hacerlo antes de que esté extinguida la obligación.En segundo término, porque la doctrina y la jurisprudencia uniforme de nuestros tribunales han señalado que las normas sobre protección de los derechos de los consumidores establecidas en la ley Nº 19.496 son de orden público económico. Por lo tanto, no están a disposición de las partes; no se puede renunciar anticipadamente, porque adolecerían de objeto ilícito.Por lo tanto, en esta regulación, que no se encuentra en el Código Civil, sino en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores -se lo planteo a la diputada Marisol Turres, una de las personas que nos plateó esta situación-, no puede renunciarse anticipadamente, tal como lo planteó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque, al tratarse de normas de orden público económico, adolecería de objeto ilícito de las cláusulas que así lo estipulen y, por lo tanto, serían de nulidad absoluta y se tendrían por no escritas.En consecuencia, se resuelve el temor que tuvo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, razón por la cual es bueno que el proyecto sea examinado por la Comisión especializada en materia de derechos de los consumidores, donde sabemos efectivamente cuál es la naturaleza de esta ley de protección que se está modificando.Creo que este es un buen proyecto, que fue perfeccionado con una indicación del diputado Ricardo Rincón, aprobada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que establecía el alzamiento no solo de la hipoteca misma sino también de las prohibiciones y demás gravámenes.Además, considero que se perfeccionó el proyecto en el segundo informe de la Comisión, al aprobarse dicha indicación. Sin embargo, creo que en la Comisión de Economía se puede mejorar aun más si acogemos la indicación que permite mantener esta garantía a aquellos consumidores que lo manifiesten por escrito, lo cual evitará incurrir en costos adicionales en caso de que el consumidor pretenda obtener un segundo crédito con la misma institución acreedora.He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal.La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, independientemente del resultado que tenga esta materia en la Comisión de Economía, estoy convencida de que este proyecto viene a subsanar el problema que se presenta a quienes contratan con proveedores de créditos hipotecarios, en el sentido de hacer más diligente el alzamiento de la caución. Muchas veces, los consumidores, en especial las personas que contratan un crédito hipotecario, tienen que recurrir al banco para efectuar el trámite de alzamiento, puesto que la entidad financiera no lo hace motu proprio. Además, como no se establece un plazo para ello, es el deudor el que se ve compelido a requerirlo y sufragar los costos que ello conlleva, no obstante que el contrato considera el pago de este trámite.Por lo tanto, creo que esta iniciativa es muy importante, pues establece obligaciones y plazos a los bancos para alzar las hipotecas que caucionen créditos hipotecarios.Del mismo modo, da claridad sobre el patrimonio de los deudores, puesto que la mantención de la norma vigente y no establecer el plazo de treinta días que considera el proyecto podría significar el ocultamiento de patrimonio, lo que sería muy cuestionable en caso de contratación de nuevos créditos.Asimismo, quiero relevar el carácter de irrenunciable, que también destacó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.Por lo tanto, esta norma establece una obligación clara a los bancos y permitirá que los deudores no tengan que asistir permanentemente a esos establecimientos para tener en sus manos la cancelación de la hipoteca y se realice el alzamiento correspondiente ante el conservador de bienes raíces. Sin perjuicio de lo que se resuelva en la Comisión de Economía -entiendo que no vamos a votar hoy-, estoy muy de acuerdo con el proyecto, porque me parece muy positivo para los consumidores. He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, como copatrocinante del proyecto, insisto en que se trata de una buena iniciativa, porque deja de cargo de la institución acreedora del crédito hipotecario -en este caso el banco o la institución financiera- la obligación de alzar la hipoteca una vez servido en su totalidad el crédito contratado por el deudor hipotecario. Era lógico que se debatiera, porque nunca fue considerado por las instituciones acreedoras hipotecarias. Recuerdo que en mi oficina parlamentaria recibí a muchos ciudadanos que acudían para plantear este problema, porque los bancos hacían oídos sordos. Por lo tanto, de ahí nació esta idea, a la cual me sumé entusiastamente, para lograr esta modificación por ley.En todo caso, no debemos olvidar que las hipotecas son una garantía para proteger los derechos del acreedor por el crédito otorgado. Por lo mismo, debe ser obligación del mismo acreedor alzar estos gravámenes sobre los bienes raíces caucionados una vez que el titular de la hipoteca haya terminado de pagar totalmente su deuda.En este punto, quiero abordar la idea del colega René Saffirio, en el sentido de que el cliente quiera que esa hipoteca le sirva para futuros créditos. El proyecto nació porque el acreedor hipotecario, mañosamente, dejaba sin efectuar el alzamiento de la hipoteca. Por eso, debemos ser muy cuidadosos al discutir la indicación propuesta.De igual forma, la indicación presentada por el diputado Tuma, en el sentido de establecer un plazo para hacer cumplir esta obligación, en ningún caso es una mala idea, pues dependía de la voluntad del acreedor hipotecario realizar el alzamiento. Lamentablemente, la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no lo consideró de la misma manera, aunque la idea estaba contenida en la moción original. No obstante, voy a estudiar dichas indicaciones.Con todo, anuncio que apoyaré la iniciativa, en el entendido de que en el futuro cercano volveremos a plantear la obligatoriedad del plazo al que aludí.He dicho.El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón.El señor RINCÓN.- Señor Presidente, este es un muy buen proyecto, y por eso que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia le dimos, a fines del año pasado, una tramitación bastante rápida.Es por todos conocido que los bancos, legítimamente -por lo demás, cualquier acreedor puede hacerlo al otorgar un crédito de cierta importancia-, requieren una garantía que avale financieramente dicho crédito. Evidentemente, esa es la garantía de las garantías, la reina y madre de las garantías en el mundo financiero y comercial: la hipoteca, que grava al bien raíz y que, como saben los abogados y colegas presentes, persigue al bien raíz. Cambie o mute de dominio, cuestión perfectamente posible, la hipoteca lo persigue. Por lo tanto, la hipoteca constituye una buena garantía del crédito respectivo y, en consecuencia, permite levantar capitales para un emprendimiento, para una actividad que desee realizar una persona o en conjunto con otros. Pero no es justo que cuando la persona cumple con su obligación -no solo con el banco, sino con cualquier acreedor, con quien medie y a favor de quien esté constituida una hipoteca-, no se alce dicha hipoteca. Es una práctica común: se cumple la obligación, se sirve la deuda, no hay retraso en el servicio de la misma, se pagan los intereses legítimos, en tiempo y forma, muchas veces por años, pero la hipoteca sigue vigente. Lo ha dicho muy bien el colega Jaramillo en su lectura rápida del informe: obviamente ese es el problema, porque esa es la motivación de los autores, a quienes trato de representar con mi intervención. No soy autor de la moción, pero seguí su discusión permanentemente como miembro titular de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Los diputados Harboe -hoy senador- y Burgos -actual ministro de Defensa Nacional- fueron los principales autores de esta iniciativa, amén de quienes también la suscribieron.El propósito era precisamente que el banco no quedara con la garantía a su favor una vez servida la deuda y que no se postergara lo que, a nuestro juicio -esto también lo compartió la comisión-, debía ser una obligación del banco: alzar la hipoteca. ¿Cómo es posible que el deudor, que ha cumplido su obligación de pagar la deuda, de servir los intereses y de hacerlo en tiempo y forma, además debiera estar detrás del acreedor, para rogarle o solicitarle que alce la hipoteca constituida a su favor -no del deudor-, para el otorgamiento de la acreencia? Por eso, si la garantía es de beneficio del acreedor, si es lo que falta para enganchar con la relación comercial, es justo que, si él es el beneficiario, libere al deudor de la misma cuando este haya cumplido. Por eso se ha establecido que la obligación es del acreedor y se determina un plazo para que alce la hipoteca, a fin de que no ocurra lo que muchas veces ha sucedido -lo conversé hace unos días con el diputado Felipe Letelier-, que el acreedor queda con la garantía a su favor y el deudor con el problema de hacer gestiones, trámites, requerimientos, solicitudes y, por cierto, perder tiempo y dinero para lograr el alzamiento. Si alguna perfección se hizo, de iniciativa personal, pero respaldada por la Comisión, fue agregar lo complementario a la hipoteca, es decir, los restantes gravámenes y prohibiciones que suelen estipularse en forma aledaña a una hipoteca. Cabe recordar que la prohibición de no enajenar es total y absolutamente inconstitucional. Dejo constancia de aquello para el establecimiento de la historia fidedigna de la ley, porque existe jurisprudencia uniforme, reiterada, clara y precisa de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones en términos de la inconstitucionalidad de una prohibición que afecte y atente contra el derecho de dominio, como es la prohibición de enajenar un bien hipotecado, que se inscribe conjuntamente con las hipotecas. Eso se puede ver en todos los registros respectivos y pactos de créditos hipotecarios del país. Se ha resuelto muy bien que esa es una obligación única y exclusivamente entre las partes, pero que no atenta ni puede restringir el derecho de dominio. Por lo tanto, igual se puede vender un bien hipotecado, porque la hipoteca persigue al bien. Es decir, muta el dominio, pero la hipoteca sigue en pie respecto del bien. Pero no se puede restringir la libertad de vender. Los pactos y las prohibiciones complementarias del acto hipotecario son inconstitucionales, con mayor razón si su interpretación debe ser restrictiva exclusivamente a la relación deudor-acreedor, en términos del incumplimiento de su propia relación y no de la restricción de la libertad de enajenar. Nos parece obvio que, si existe la obligación de alzar la hipoteca, también debe existir la obligación de alzar cualquier otro gravamen o prohibición, como la de enajenar, que es típica, de estilo y complementaria de la hipoteca. Además, se aplica el principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y la prohibición es accesoria de la hipoteca, que es una garantía real. Esas modificaciones se aprobaron por unanimidad en la comisión y por eso se está debatiendo este proyecto en la Sala. Esta iniciativa introduce equidad en las relaciones entre las partes, lo que es de toda justicia.Entiendo lo que plantean los diputados Chahin, Saffirio y otros en términos de que hay que ofrecer la posibilidad de que, en función de un nuevo crédito hipotecario, que a veces suele ser la continuación del término del primero, no se deba realizar un nuevo acto de constitución de hipoteca cuando se está en ese proceso de negociación. Entiendo que por esa razón se está pidiendo que se envíe a la Comisión de Economía. Si la indicación está presentada, considero que la Sala debe aprobarla y despachar el proyecto. ¡Esta Corporación debe hacer un sentido esfuerzo por acostumbrarse a despachar las iniciativas de los parlamentarios y no restringir el uso de la facultad parlamentaria! Hoy es otro el que la ejerce, pero cuando yo la ejerza voy a pedir lo mismo. Por lo demás, uno de sus autores está en el Senado y allí estará en condiciones de revisarla o complementarla. Pero si la indicación está presentada como me han dicho, pido a la honorable Sala que no se envíe a la Comisión de Economía y dejemos la burocracia parlamentaria para otro día.Respetemos las mociones parlamentarias y aprobemos hoy esa indicación como complemento, para que posteriormente sea vista por el Senado, donde -insisto- está uno de sus autores. No dilatemos el trámite de las mociones parlamentarias. Cuando reivindiquemos nuestro rol de parlamentarios, tengamos conciencia de que debemos ser consecuentes con lo que decimos y hacemos. De manera que si estamos en condiciones de aprobar hoy la indicación, debemos aprobarla, para despachar el proyecto al Senado, pero no para que se envíe a una Comisión, para que la sentida semana que vamos a dar de plazo termine extendiéndose a dos o tres semanas o un mes, porque las comisiones ya tienen recarga de trabajo legislativo. Entiendo lo que plantean algunos señores diputados, pero, por respeto a los autores de la moción y porque es importante en los equilibrios en las relaciones comerciales, les pido que lo despachemos en esta oportunidad. La Presidenta de la República acaba de derogar, con meridiana claridad, el decreto 153, que permitía al sector del retail y de la banca modificar unilateralmente las condiciones contractuales en función de actos reglamentarios y contra legem. No corresponde ese desequilibrio en las relaciones contractuales ni la capacidad unilateral de uno y de aquel que provee el servicio financiero de alterar las condiciones unilateralmente e, incluso, de hacer extinta la relación comercial y ejecutar, eventualmente, en función de las deudas pendientes. Esas eran algunas de las consecuencias que obligaron a esta Corporación, por primera vez en 25 años, a aprobar un requerimiento de inconstitucionalidad respecto de un decreto presidencial que estaba para ser visto por el Tribunal Constitucional esta semana. Pero se produjo el desasimiento de esta Corporación -así lo entiendo, aunque no sé si fue informado oficialmente, porque es un tema que manejaría el Presidente-, toda vez que la Presidenta de la República ha decidido derogar el decreto respectivo que establecía ese reglamento. Ese debe ser el sentido.Finalmente, este proyecto va en esa dirección y, por lo tanto, debe ser aprobado. Si la indicación se presentó, como se ha indicado, debemos aprobarla hoy. Y si hay complemento respecto de la posibilidad de la prenda, que es una garantía real distinta -en todo caso, entiendo la motivación del diputado Saffirio-, ojalá lo veamos en el Senado.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, este es un gran proyecto. Justamente hoy, en la mañana, conversé con un amigo quien, a pesar de haber terminado de pagar su casa hace seis años, lleva la misma cantidad de años intentando que el Banco del Estado alce la hipoteca para que él pueda disponer de la misma como quiera. Por lo tanto, a mi juicio, este proyecto ayuda y beneficia mucho a los deudores una vez que dejan de serlo.Asimismo, le he dado muchas vueltas a las indicaciones presentadas, especialmente a la del diputado Chahin, porque parece ser razonable que un deudor tenga la capacidad de decir al banco que, dentro del plazo de treinta días que tiene la institución financiera para alzar la hipoteca, él considera conveniente dejarla ahí porque quiere solicitar otro crédito. ¿Qué es lo que nos asusta, que es la razón por la cual hemos apoyado la idea de que este proyecto sea enviado a la Comisión de Economía, por cuanto debemos sopesar riesgos y beneficios? Que si eso se hace por mera voluntad del deudor, el riesgo es que efectivamente él pueda burlar a otros acreedores manteniendo hipotecado el bien raíz. Por lo tanto, si bien la idea es positiva, me parece importante que esto se acote en la Comisión de Economía y que la hipoteca se pueda mantener única y exclusivamente si el deudor está tramitando realmente otro crédito, ya sea para ampliar su casa o por la razón que sea, pero no por mero antojo. Muchas de las normas que aprobamos, que son bien inspiradas, son burladas a través de distintos mecanismos. En este caso, podrían ser soslayadas tanto por el deudor como por el acreedor. También motivó cierta preocupación el hecho de que el banco pudiera buscar la forma de obligar a los deudores a mantener la hipoteca.Por lo tanto, lo ideal es darle una nueva mirada al proyecto en la Comisión de Economía, de manera de sopesar los beneficios y los riesgos de aceptar la indicación propuesta. Con todo, anuncio el voto favorable de nuestra bancada, porque es una gran iniciativa.Por último, felicito a los exdiputados señores Burgos y Harboe, dos de los autores de la moción y que integraron la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, así como a quienes la copatrocinaron. Así debemos avanzar en esta Cámara, pensando siempre en la gente, en los deudores y en cómo garantizarles de mejor forma sus derechos.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros.El señor BARROS.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito a los autores de este proyecto, que, a mi juicio, se hace cargo de una realidad y de cierto comportamiento de los bancos y acreedores que muchas veces lesiona gravemente a quienes con mucho esfuerzo pagan sus deudas, pero que, aun así, no ven el alza de sus hipotecas, que persiste en el tiempo, más allá del cumplimiento de las obligaciones. Concuerdo con el diputado Chahin -también lo conversé con el diputado Saffirio- respecto de la indicación, en cuanto a que, a petición del deudor, no se alce la hipoteca en razón de garantizar nuevos créditos para, por ejemplo, emprendimientos. Lo peligroso es que, muchas veces, los bancos -es lo que nos preocupa- no alzan las hipotecas en razón de caucionar otros créditos, que nada tienen que ver con el que ocasionó la hipoteca, incluso estando plenamente satisfecho ese crédito hipotecario. Normalmente, los bancos presionan a los deudores en relación con el alza de la hipoteca en función de que se liquiden otros créditos, aunque no tengan relación con el crédito hipotecario original.Por lo tanto, me parece que las indicaciones de los diputados Chahin y Saffirio van en la idea correcta, en cuanto a que se mantenga la hipoteca pero solo a petición del deudor. De no existir tal petición, el alzamiento deberá operar en forma automática y sin ninguna expresión de causa.Finalmente, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.El señor SABAG.- Señor Presidente, anuncio mi apoyo a esta moción, que viene resolver un problema práctico que se presenta a miles y miles de deudores hipotecarios: que una vez que se ha extinguido la obligación la hipoteca se mantiene en manos de la banca. Cuando esos propietarios, generalmente pequeños, quieren vender sus propiedades o gravarlas para garantizar el pago de algún otro tipo de negocio, se encuentran con el problema de que están hipotecadas y que hay que realizar un trámite adicional para alzar la hipoteca, lo cual también tiene un costo. Pero más que el costo en dinero, importa el tiempo dedicado, que muchas veces es fundamental para la concreción del tráfico jurídico de los negocios. Por eso, es importante que se establezca que una vez extinguida la obligación caucionada con hipoteca, el proveedor del crédito, el banco, proceda a otorgar la escritura de cancelación de la hipoteca y demás gravámenes y efectuar a su costo el alzamiento. Es muy probable que los bancos incorporen el costo de ese alzamiento en el crédito. Por otra parte, no veo mayor dificultad a lo señalado por el diputado Chahin, puesto que la tendencia natural de los bancos es a mantener las hipotecas en su poder. Por lo tanto, pido que aprobemos el proyecto tal como está, porque ya es un avance importante, y que en el Senado se incluya la modificación que establezca que el banco debe notificar al deudor que alzará la hipoteca dentro de un plazo de treinta días, y que el deudor podrá plantear al banco que quiere que no le alcen la hipoteca porque quiere solicitar un nuevo crédito. El solo hecho que estemos debatiendo este proyecto es el mejor indicio de que al acreedor hay que forzarlo a alzar las hipotecas. Si uno no lo fuerza, simplemente el banco se quedará con ellas. Repito, no veo mayor dificultad en incluir la indicación en el Senado, por lo que llamo a mis colegas a apoyar la iniciativa, que facilitará la vida de los deudores, que ya es bastante difícil.He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate.El diputado señor Rincón solicita revertir el acuerdo de la Sala, que dispuso el envío del proyecto de ley que regula el alzamiento de hipotecas que caucionen créditos hipotecarios a la Comisión de Economía.¿Habría acuerdo para revertir ese acuerdo y que el proyecto no vaya a la Comisión de Economía? No hay acuerdo.-o-El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma.El señor COLOMA.- Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para tratar con preferencia el proyecto de resolución que presentamos y que busca condenar en forma categórica las violaciones a los derechos humanos que hemos observado en Venezuela y, en especial, solicitar que se esclarezca la detención del líder venezolano Leopoldo López.El señor CORNEJO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado señor Coloma?No hay acuerdo.VI. INCIDENTESFISCALIZACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE COMUNA DELOS SAUCES, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (Oficios)El señor CORNEJO (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de Renovación Nacional.Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb.El señor RATHGEB.- Señor Presidente, la calidad del agua potable es una preocupación en la provincia de Malleco. La Superintendencia de Servicios Sanitarios de La Araucanía acaba de sancionar a Aguas Araucanía por la presencia de microalgas en el agua potable de la comuna de Collipulli. En el sector de Villa Tijeral, comuna de Renaico, los vecinos se tomaron la ruta Angol-Los Ángeles para protestar por la mala calidad del agua.He recibido la denuncia de tres concejales de la comuna de Los Sauces respecto del agua que se entrega a dicha comuna. Por muchos años, el agua se extrajo desde el sector La Toma, Guadaba Abajo, en la cordillera de Nahuelbuta, aproximadamente a ocho kilómetros de Los Sauces. La tubería, que es de los años 30, se ha deteriorado, con lo que en su conducción se pierde gran cantidad del vital líquido.Pues bien, Aguas Araucanía no ha reparado la tubería y ha decidido extraer agua del río Rehue, cercano a la comuna de Los Sauces. Hoy, el río Rehue lleva muy poca agua y, además, sirve de balneario para los pobladores y de abrevadero para los animales, con lo cual el agua se contamina con fecas.Por lo expuesto, solicito que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios de la Araucanía, con copia a la municipalidad de Los Sauces, a fin de pedirle que fiscalice la calidad del agua que se entrega a dicha comuna e informe sobre sus resultados a esta Cámara, particularmente a quien habla.He dicho.El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría.INFORMACIÓN DE ACTUACIÓN FUNCIONARIA DE EXDIRECTOR DE LA CONAF DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS, SEÑOR PEDRO BAHAMÓNDEZ (Oficio)El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana.El señor SANTANA.- Señor Presidente, como es de conocimiento público, durante los primeros nueve días del Gobierno de la señora Bachelet, la falta de prolijidad en el nombramiento de cargos de confianza ha copado la agenda nacional. Nos hemos encontrado con falsos pobres, con falsos indigentes, con falsos exonerados y con acusados de corrupción.Ayer conocimos la noticia del nombramiento del gobernador de Chiloé, señor Pedro Bahamóndez, exfuncionario de la Conaf, sobre quien, de acuerdo con los antecedentes que hemos conocido en las últimas horas, se tiene presunción de responsabilidad política y administrativa, como mínimo, en la tala ilegal de alerce en los años 2005 y 2006.Por eso, solicito oficiar a la Corporación Nacional Forestal (Conaf), para que me informe sobre calificaciones y sumarios del señor Bahamóndez, a objeto de clarificar su legitimidad y prolijidad como funcionario responsable de la Conaf regional durante todos esos años. Espero que la Conaf me haga llegar la información a la brevedad.He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano, de lo cual la Secretaría está tomando debida nota.INFOMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITALDE PUENTE ALTO (Oficio)El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez.El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, solicito oficiar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para que me informe sobre la evaluación de la segunda etapa del Hospital de Puente Alto, toda vez que fue ingresada como prioridad presidencial al Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión del Ministerio de Desarrollo Social.Por lo tanto, me interesa conocer toda la información sobre la etapa de análisis en que se encuentra dicho proyecto.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que están levantando la mano.INFORMACIÓN SOBRE ALCANCES DE CONTRATOS CON EMPRESASCONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS (Oficio)El señor CARMONA (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.El señor LETELIER.- Señor Presidente, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas para que disponga que el Departamento de Concesiones informe a esta Corporación sobre los contratos de las rutas concesionadas.Me interesa saber cuántas y cuáles son las carreteras actualmente concesionadas y cuáles son las responsabilidades de esas empresas con el Estado establecidas en los correspondientes contratos.Cuando se realizaron esos contratos, la situación era absolutamente distinta a la actual. Por ejemplo, la cantidad de vehículos que pasaban por los pórticos ha cambiado sustancialmente. Por lo tanto, los contratos no pueden ser los mismos. Tengo la impresión de que las condiciones en que fueron firmados esos contratos han cambiado mucho desde ese entonces. Las empresas concesionarias de las autopistas -ya lo denuncié en una sesión anterior- sólo se han preocupado de las ganancias, de la rentabilidad. Estos negocios han sido más especulativos que productivos, al igual como ha ocurrido con las empresas sanitarias. Se compraron empresas que después se vendieron y revendieron, y al final terminamos pagando todos los chilenos.¡No es posible que, desde San Francisco de Mostazal hasta el río Maipo, se pague 2.100 pesos! ¿Qué estudios se hicieron al respecto para determinar ese monto, que constituye un verdadero abuso contra los chilenos? ¡Y nosotros prometimos a las chilenas y a los chilenos que terminaríamos con estos abusos!¿Dónde están las caleteras y las calles de servicio, especialmente en la Sexta Región, que es una zona de alta producción frutícola? Diariamente, vemos accidentes por no contar con las calles de servicio y los camiones cargados tienen que salir a la carretera. He conversado sobre este tema con el diputado Ricardo Rincón, porque es motivo de gran preocupación para ambos.Por eso, es importante oficiar al ministro de Obras Públicas para que se nos entregue toda la información sobre el tema que estoy comentando, porque siento que esas empresas, más que producir -lo reitero-, han especulado en esos negocios.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo indican.RIESGOS DEL USO DE PARACETAMOL EN LA POBLACIÓNMATERNO-INFANTIL (Oficios)El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Cristina Girardi.La señor GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, en esta oportunidad quiero llamar la atención sobre una tema preocupante relacionado con la salud pública.Actualmente, en casi todos nuestros consultorios, el paracetamol se ha convertido en un analgésico para paliar síntomas como el dolor y la fiebre. Incluso, en muchos casos, se ha usado como antiinflamatorio. Su uso está muy extendido en todos los grupos etarios en tratamientos permanentes.Sin embargo, hoy se conocen crecientes reportes de daño hepático y de muertes. En 2009, la FDA colocó una advertencia de alto riesgo por la sobreingestión del paracetamol.En muchos países, la dosis segura es de hasta 4 gramos diarios. Sin bien en Chile se respeta esa dosis, se plantea que la toxicidad solo se da sobre los 7,5 gramos, valor que se estima como peligrosamente elevado por algunos especialistas, incluso con indicación del Instituto de Salud Pública. En algunos pocos pacientes la toxicidad se ha producido, incluso, con dosis terapéuticas. En ciertos casos, con solo 1 gramo se han producido problemas de toxicidad. Hay prescripciones que recetan hasta 3 gramos diarios, lo que equivale a dos pastillas de 500 miligramos cada ocho horas, por un tiempo muy prolongado, que se acerca peligrosamente a la dosis tóxica. Se ha reportado que dosis levemente mayores a las estrictamente terapéuticas pueden producir daño renal, hepático, cardiaco, a las células sanguíneas y a la cadena de ADN en general.Según un estudio del Cituc del 2011, el fármaco más usado como gestión intencional y accidental es el paracetamol. Además, es el fármaco más utilizado para intentos suicidas, en especial de adolescentes, por su fácil acceso, lo que lo hace muy peligroso. Su uso después de ingerir alcohol incrementa la posibilidad de daño hepático agudo, que además podría ser fatal. Es de conocimiento común que es peligrosamente usado, por ignorancia acerca del riesgo hepático, para disminuir los efectos de la resaca por ingestión aguda de alcohol. Además de su uso extendido en intentos suicidas -17 por ciento de los casos en Estados Unidos y 34 por ciento en Chile-, en los últimos años se han realizado estudios que asocian el uso del paracetamol prenatal con un mayor riesgo de generar trastornos neurológicos, como la hiperactividad, trastornos de conducta y daño en el desarrollo motor grueso.Dos amplios estudios basados en datos de Noruega y Dinamarca muestran mayor riesgo de daño en el desarrollo infantil antes de los 3 años. También se le ha relacionado con el asma, desórdenes del sistema reproductor y preeclampsia. Por todos estos antecedentes y, en concordancia con nuestra obligación de informar y proteger a nuestra población, en especial a las embarazadas y a los niños, solicito oficiar a la ministra de Salud, con copia a la Sociedad Chilena de Pediatría y a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, a fin de que se pronuncie sobre los riesgos del uso del paracetamol en la población materno-infantil, a fin de determinar las medidas necesarias en relación con el uso de este fármaco.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados y diputadas que están levantando la mano.REITERACIÓN DE OFICIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE CIRCULAR DE LASUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS SOBREOPERACIONES  INTERBOLSAS (Oficio)El señor CARMONA (Vicepresidente).- En el tiempo adicional de cinco minutos que ha solicitado el Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el 20 de marzo de 2012 fue aprobado, por la unanimidad de la Sala, el proyecto de acuerdo N° 519, que da cuenta de todo el trabajo que hicimos en la Comisión de Hacienda para ejercer nuestro papel fiscalizador respecto del mercado bursátil y de valores del país, que firmamos los diputados Enrique Jaramillo, Pepe Auth, Pablo Lorenzini, Alberto Robles, Carlos Montes, José Pérez, Aldo Cornejo, actual Presidente de la Corporación, y quien les habla.En esa ocasión planteamos que la circular N° 1985 que dictó el superintendente de Valores y Seguros era un retroceso total y absoluto a la competencia que debe existir entre las tres bolsas de valores del país.Citamos a la Comisión de Hacienda al superintendente de Valores y Seguros e invitamos a los representantes de la Bolsa de Comercio de Santiago, de la Bolsa de Valparaíso y de la Bolsa Electrónica. Ellos reconocieron que el 95 por ciento de las transacciones se hacía en la Bolsa de Comercio de Santiago.También se discutió un tema muy de fondo, cual es que la circular N° 253, dictada en gobiernos anteriores, establecía una competencia en ese mercado. Nos dimos cuenta de que esto estaba en abierta contradicción con la transacción de operaciones en fondos mutuos y AFP, y su importancia fundamental radica en la formación de precios, los que deben corresponder al justo precio, invocando al efecto las disposiciones legales respectivas.Como dije, nos dimos cuenta de que existe una concentración muy grande en el mercado bursátil, ya que el 95 por ciento de las operaciones se realizan en la Bolsa de Comercio de Santiago. Esta concentración es absolutamente perniciosa, como lo admite la propia Comisión Antimonopolios en sus fallos de los años 2000 y 2002.No resulta presentable ni transparente, especialmente para los institucionales, como las AFP, fondos mutuos, inversionistas calificados, comprar y vender en una bolsa, la Bolsa de Comercio de Santiago.Estamos defendiendo que las AFP puedan comprar al mejor precio, para beneficio de los fondos de las personas que estamos adscritos a esas administradoras.Por lo tanto, en esa oportunidad se solicitó oficiar a su excelencia el Presidente de la República, con el objeto de que instruya al señor ministro de Hacienda para que arbitre las medidas que se solicitan, para que la Superintendencia de Valores y Seguros exija el cumplimiento inmediato del acuerdo a que su circular N° 253 obligó a suscribir, que exige que las órdenes de los inversionistas se lleven a la rueda en conjunto con las demás órdenes, las que serán difundidas a todo el mercado, de manera que sean conocidas por todos y así se cumplan al mejor precio del mercado unificado, especialmente en el mercado de los institucionales, que no debieran actuar de otra forma por la responsabilidad y compromiso que tienen ante sus afiliados.Ese proyecto de acuerdo se aprobó en forma unánime el 20 de marzo de 2012.En atención a la falta de respuesta de la autoridad de la época, por oficio 6778, de 24 de mayo de 2012, se reiteró esa solicitud, la que también ha sido ignorada.Por lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, pido reiterar esa solicitud mediante un nuevo oficio y que se requiera una respuesta definitiva al proyecto de acuerdo N° 519 de la Cámara de Diputados.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los parlamentarios y de las parlamentarias que están levantando la mano.FISCALIZACIÓN A EMPRESAS POR EXTRACCIÓN ILEGAL DE AGUADEL RÍO LIMARÍ, COMUNA DE OVALLE (Oficio)El señor CARMONA (Vicepresidente).- En el turno del Comité del Partido Comunista, tiene la palabra, por tres minutos y medio, el diputado señor Daniel Núñez.El señor NÚÑEZ (don Daniel).- Señor Presidente, quiero aprovechar el tiempo de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana para denunciar una situación extremadamente grave que está ocurriendo desde el mes de octubre del año pasado en la localidad de San Julián, en la comuna de Ovalle.Dos empresas coludidas, una agroindustrial y la otra de áridos, están extrayendo agua del río Limarí en forma ilegal, lo que en sentido común y corriente se denomina “robo de agua”, y las autoridades regionales anteriores no hicieron nada. Esa situación es muy grave, porque hoy está afectando al comité de agua potable rural de esa localidad, ya que, como todos los colegas saben, nuestra región vive actualmente una profunda sequía. Por ello, existe el serio riesgo de que el pozo del referido comité de agua potable rural se seque, y un pueblo sin agua es un pueblo que muere.La gente de San Julián no ha sido indiferente al citado problema: se ha movilizado y se ha organizado; ya se han realizado cuatro cortes de la carretera que une Ovalle con Santiago, por el lado de Socos, pero, lamentablemente, hasta ahora no ha habido una solución efectiva. Por lo expuesto, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas a objeto de que las autoridades y organismos competentes de esa cartera, especialmente la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas, fiscalicen a las referidas empresas y se elimine la instalación ilegal de tuberías mediante las cuales se extrae agua del río Limarí.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa.FISCALIZACIÓN A EMPRESA INMUEBLES CATALUÑA, DE ANCUD, PORHOSTIGAMIENTO A DIRIGENTES SINDICALES E INCUMPLIMIENTODE NORMAS LABORALES (Oficio)El señor CARMONA (Vicepresidente).- El Comité Socialista ha pedido hacer uso del tiempo adicional de cinco minutos a que toda bancada tiene derecho una vez cada tres semanas.En primer lugar, tiene la palabra la diputada señora Jenny Álvarez.La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).- Señor Presidente, solicito que se envíe un oficio a la Dirección del Trabajo para manifestarle mi preocupación por la situación que afecta a los dirigentes sindicales de la empresa Inmuebles Cataluña, quienes recientemente fueron víctimas de hostigamientos.Esta empresa, de capitales españoles y que antes tenía otro nombre, ha sido reiteradamente denunciada ante la Inspección del Trabajo de Ancud sin que hasta ahora se haya realizado una adecuada fiscalización y, menos aún, se hayan aplicado sanciones.Los dirigentes sindicales también denunciaron ante la autoridad del trabajo el incumplimiento de normas como el pago de la semana corrida, la falta de higiene y seguridad, que no se les permita ir al baño y, lo que es más grave, los efectos que producen en trabajadores y trabajadoras el uso de sustancias tóxicas como el dióxido de cloro.La empresa Cataluña, que procesa choritos, almejas, navajuelas, huepo y machas para exportarlos como congelados o conservas a diversos países, es una de las que registran mayores utilidades en Chiloé. Pero ese éxito económico no puede seguir alcanzándolo a costa de los derechos de los trabajadores, su salud, su seguridad o su derecho a sindicalizarse.Espero que la Dirección del Trabajo cumpla con su deber legal y fiscalice adecuada y rigurosamente las denuncias que han sido formuladas en distintos momentos por los dirigentes sindicales y haga cumplir la ley.He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa.FISCALIZACIÓN A EMPRESA LUDRIMAR, DE PUERTO MONTT,POR VULNERACIÓN DE DERECHOS LABORALES (OFICIOS)El señor CARMONA (Vicepresidente).- Por el tiempo restante del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, tal como recién lo señaló la diputada por Chiloé, señora Jenny Álvarez, quien pidió que se fiscalice en materia laboral a una empresa, uno de los grandes problemas que tiene la Región de Los Lagos, que representamos, tiene que ver justamente con la violación permanente y sistemática de los derechos de los trabajadores, cuestión que se da en diferentes áreas. Se da con mucha fuerza en los sectores rurales, porque los niveles de fiscalización son, obviamente, más reducidos; se da en las empresas salmoneras, como lo hemos denunciado en innumerables ocasiones en esta Sala; se da en las empresas pesqueras, que desarrollan actividades vinculadas al mar, etcétera. Es decir, en diferentes áreas del quehacer regional hay constantes formas de hostigamiento y maneras de burlar los derechos de los trabajadores.Esas prácticas indignan aun más cuando se trata de los derechos de las trabajadoras, como es el caso de una empresa asentada en las cercanías de Puerto Montt, en el camino hacia el aeropuerto de la ciudad, la empresa Ludrimar, que continuamente violenta de manera grave los derechos de las trabajadoras que provienen de las comunas vecinas a Puerto Montt, cuya única fuente de trabajo es ese tipo de pesqueras.En años anteriores se realizaron fiscalizaciones a la empresa Ludrimar, que determinaron la gravedad de la forma en que actúa, porque violenta los derechos de las trabajadoras, no les paga los finiquitos cuando las despiden y las contratan bajo modalidades al límite de la ley, con el propósito de que esas mujeres prácticamente tengan que mendigar trabajo en la empresa, a fin de no perder una fuente de ingresos para sus hogares. Las mujeres de la comuna de Los Muermos, que represento en la Cámara de Diputados, son las más recurrentes víctimas de las graves violaciones en que incurre la citada empresa en materia de horas extras, tipos de contratos, violaciones sistemáticas a sus derechos elementales -lo manifestó muy bien la diputada Jenny Álvarez- relativas, incluso, a los servicios higiénicos. Se dice que hasta tienen cámaras de vigilancia para controlar cuántas veces al día van al baño; si comprueban que van mucho, esas mujeres son consideradas como trabajadoras poco productivas y, por lo tanto, a fin de mes las echan.No podemos tolerar que ese tipo de situaciones, que en su momento también denuncié respecto de las salmoneras, porque mantenían cámaras de vigilancia y en que las mujeres -lo digo con todas sus letras- tenían que colocarse pañales para no ir en tantas ocasiones al baño, sigan ocurriendo en nuestra región.Por lo expuesto, solicito oficiar a la Dirección del Trabajo para que realice una fiscalización exhaustiva a la empresa Ludrimar. Espero que dicha fiscalización sea efectiva, porque muchas veces los inspectores van a las empresas, dialogan con los jefes y se retiran, y elaboran informes absolutamente ajenos a la realidad de lo que ocurre al interior. Además, solicito que se realice una exhaustiva investigación a los contratos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras que hoy operan en la mencionada empresa, que son más de 100, y se resguarden efectivamente sus derechos elementales. Más del 90 por ciento de su dotación está compuesta por mujeres, y son ellas las violentadas en sus derechos más elementales. Asimismo, solicito que se envíe copia de mi intervención a la ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Javiera Blanco; al subsecretario del Trabajo; al intendente de la Región de Los Lagos, a la seremi del Trabajo y Previsión Social, recientemente nombrada; al gobernador de la provincia de Llanquihue y al director del Trabajo de la Región de Los Lagos, para que se preocupen de una situación que no podemos seguir tolerando.He dicho.El señor CARMONA (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría y se adjuntará copia de su intervención en los términos señalados, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa.Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.-Se levantó la sesión a las 13.17 horas.GUILLERMO CUMMING DÍAZ,Jefe subrogante de la Redacción de Sesiones.VII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA1. Oficio del Senado. (boletín 9273-05)	“Valparaíso, 19 de marzo de 2014.	Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que concede aporte familiar permanente de marzo y ajusta norma que indica, correspondiente al Boletín N° 9.273-05.	Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 11.166, de 13 de marzo de 2014.	Devuelvo los antecedentes respectivos.	Dios guarde a Vuestra Excelencia.	(Fdo.): ISABEL ALLENDE BUSSI, Presidenta del Senado; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, Secretario General (S) del Senado”.2. Oficio del Senado. (boletín 9278-06)	“Valparaíso, 19 de marzo de 2014.	Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que mejora normas en materia de contratación pública para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y extracción de residuos sólidos, otorgando la autorización que indica, correspondiente al Boletín Nº 9.278-06, con la siguiente enmienda:Artículo únicoLo ha eliminado.-o-	Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 11.180, de 19 de marzo de 2014.	Acompaño la totalidad de los antecedentes.	Dios guarde a Vuestra Excelencia.	(Fdo.): ISABEL ALLENDE BUSSI, Presidenta del Senado; JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA, Secretario General (S) del Senado”.3. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don José; Letelier, Meza, Ortiz, Sabag, y de la diputada señora Sepúlveda,doña Alejandra que “Sanciona el maltrato infantil”. boletín N° 9279-07)	“Considerando:En general, se ha conseguido un pleno consenso entre las personas respecto de la necesidad que existe de dar protección a los niños y las niñas frente a toda forma de maltrato físico o psicológico, y en ese sentido se ha trabajado en materias legislativas desde el parlamento en materias de reforzar las normas existentes en materia de delitos de connotación sexual, y frente al maltrato de los padres hacia los hijos; sin embargo, se ha desestimado que la violencia infantil no sólo puede provenir desde los padres y familiares, sino que también, y cada día más frecuente, desde su entorno no familiar; es decir, amigos, compañeros de colegio, educadores, etc.La Constitución Política de la República de Chile reconoce, en su artículo 5°, que la soberanía se encuentra limitada por el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, señalando que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados tanto por la Constitución como por los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, entre los cuales se cuenta la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Asimismo, el artículo 19° del mismo cuerpo legal que contempla las garantías constitucionales, señala en su numerando primero que “La Constitución asegura a todas las personas: 1° el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, similar regla se establecen también en los instrumentos Internacionales ratificados por Chile, como son el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.De la misma forma, nuestro código penal tipifica las conductas que causen lesiones a las personas, incluidos los niños y las niñas; sin embargo, consideramos que en ese sentido, la legislación debe tener un cierto grado de especialidad a fin de poder también prevenir esta clase de delitos y por ende asegurar su bienestar.En virtud de las modificaciones efectuadas el año 1994 a la Ley de Menores, se le quitó rango delictual a las agresiones contra los niños. Por descuido u otra apreciación del legislador de la época, se consideró sólo sanciones pecuniarias y civiles para quienes cometieran violencia contra los niños y las niñas, entregando a la norma penal común la sanción delictual en este tipo de casos.Al revisar nuestra legislación, queda de manifiesto que, luego de la modificación del año 1994 y las que vinieron en lo sucesivo, se dio amplia cobertura y protección a los niños frente a los delitos cometidos en el entorno familiar; y por otro lado, se relegó a todos otros quienes incurrieran en estas conductas, a la norma común, es decir, el código penal.Los autores de esta moción, consideran que es preciso corregir este vacío de la legislación y actuar de manera preventiva, incorporándose a nuestra ley penal un título especial que contemple con sanciones propias y específicas las conductas de maltrato infantil de cualquier entorno y/o persona que provenga.Por todo lo anterior, presentamos el siguientePROYECTO DE LEY“Artículo 1°. Reemplázase el título del párrafo 2 del Título VII del Libro II del Código Penal por el siguiente:“Maltrato y Abandono de niños y personas desvalidas”Artículo 2°. Agréguese el siguiente artículo 346 pasando el actual a ser 347 y así sucesivamente:“Todo acto de violencia y/o maltrato, sea físico o sicológico, con independencia de quien provenga y con excepción de lo dispuesto en la ley 20.066 será castigado con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”.4. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don José; Letelier, Meza, Ortiz, Sabag, y de la diputada señora Sepúlvda, doña Alejandra que faculta a los almacenes de consultorios y postaspúblicas que indica para vender medicamentos a los usuarios ypúblico en general. (boletín N° 9280-11)	“Considerando:En el país existen 96 municipios que no cuentan con farmacia, los cuales se encuentran principalmente en zonas alejadas y con baja población. De estas comunas, sólo 27 cuentan con un almacén farmacéutico, por lo que son 69 las comunas sin ningún tipo de establecimiento que disponga de medicamentos para la población.Las farmacias suelen ubicarse en los grandes centros urbanos y comercializan no sólo medicamentos, sino que también otros productos. Destaca el caso de la región de Arica y Parinacota que posee 23 farmacias ubicadas en la ciudad de Arica, mientras que las otras tres comunas de la región no tienen farmacias ni almacenes farmacéuticos. En el caso de las regiones australes, donde existen diversas localidades alejadas y poco pobladas, la cantidad de comunas sin farmacias es alta. Por ejemplo, en Aysén y Magallanes un 70% y 73% de las comunas no tiene farmacia, respectivamente.En la Región del Biobío, una de las zonas más pobladas del país, la situación se repite en la comuna de Alto Biobío. Allí, para los más de 10 mil habitantes comprar medicamentos se ha transformado en un arduo sacrificio y su mejor opción es trasladarse a Santa Bárbara ubicada a más de 50 kilómetros. Si el medicamento no están en esa farmacia hay que ir a comprarlo a Los Ángeles, ubicada a 97 kilómetros de distancia.Actualmente, la ciudadanía percibe que el mercado de farmacias es poco competitivo y que debiera ser más transparente y cercano por su vital importancia para la población. Además, la disponibilidad de medicamentos en las condiciones actuales va en contra de algunos objetivos de salud pública, ya que la provisión de medicamentos es limitada o escasa en varias comunasLas farmacias juegan un importante rol en la ejecución de las políticas de salud, específicamente en el deber que le corresponde al Gobierno de velar por la salubridad pública y de ponderar el riesgo involucrado en la venta de medicamentos, por lo que la inexistencia de este tipo de establecimiento significa una vulneración a los derechos fundamentales de miles de chilenos que, o no tienen acceso a remedios o lo ven limitado por las distancias que deben recorrer, y en ese sentido apunta este proyecto de ley.El mercado de venta de medicamentos en el país constituye un oligopolio concentrado y sus rasgos predominantes son: escasa capacidad de regulación por parte del sector público; terminar la integración vertical de los laboratorios y farmacias; ausencia de una política de medicamentos más específica en esta materia; recurso a incentivos perversos en el ámbito laboral; y eliminación del uso abusivo de información confidencial por los centros de expendio que informan a los laboratorios de los fármacos recetados por los médicos, en franca violación de una información privada de los pacientes; reservas respecto de la procedencia de una multa como resultado de un avenimiento; incertidumbre sobre la manera de aplicar las compensaciones al público afectado.El presente proyecto de ley, viene a facultar a los almacenes de las postas, consultorios y todo organismo público dependiente del ministerio de salud, en las comunas en que no exista un establecimiento de venta abierta de remedios al público, a vender medicamentos libres de receta médica a los usuarios y habitantes de la misma, a fin de dar una mejor cobertura en cuanto al acceso a medicamentos de la población permitiendo además una mayor competencia dentro de este mercado, actualmente considerado como muy concentrado, lo que redundaría en menores precios para los consumidores.En suma, venimos a presentar el siguiente:PROYECTO DE LEY“Artículo Único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 125 del Código Sanitario:a) Incorpórese el siguiente inciso único:“Artículo 125. Los establecimientos de atención primaria, sean consultorios, sean dependientes de municipios o de los Servicios de Salud y los hospitales públicos que formen parte de la red asistencial de los Servicios Salud, podrán contar, en todas aquellas comunas donde no exista algún establecimiento farmacéutico que expenda medicamentos libres de receta médica al publico general, con una farmacia, la que estará autorizada a vender productos farmacéuticos para uso humano directamente al público. Estas farmacias se encontrarán sometidas a las mismas obligaciones que sean aplicables a aquellas que se encuentran fuera de estos establecimientos”.5. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Nogueira y Sepúlveda, y de los diputados señores Browne, Espinoza, don Fidel, Farcas, Jarpa, León,Norambuena, Pilowsky y Tuma que extiende vigencia de la ley N° 20.563,que regulariza construcción de bienes raíces destinados a microempresasy equipamiento social. (boletín N° 9281-14)“Que la Ley 20.563 que regulariza la construcción de bienes raíces destinados a microempresas de hasta 250 metros cuadrados y equipamiento social hasta 400 metros cuadrados ha significado una gran ayuda y solución para muchos microempresarios y pequeños emprendedores que han tenido la oportunidad de regularizar legalmente sus instalaciones, pudiendo de esta forma desarrollar su actividad económica de manera segura y dentro de los marcos que establece la ley.Que esta norma favoreció a los propietarios de bienes raíces que hubieren sido construidos con o sin permiso de edificación y que no contaran con recepción definitiva o que hubieren cambiado el destino de la propiedad sin el respectivo trámite que ello requiere.Que esta norma estableció en dos años el plazo de su vigencia, pudiendo todas aquellas personas beneficiadas por ella, regularizar su situación hasta el 6 de marzo de 2014 de manera expedita y con trámites facilitados. Lamentablemente y debido a problemas en la comunicación o publicidad de la mencionada norma, muchas personas no realizaron el trámite de regularización, debiendo ahora someterse a trámites engorrosos para contar con la recepción definitiva por parte del organismo encargado.Que esta norma significó un importante estímulo a la actividad económica de muchas familias de nuestro país, quienes vieron en ella la oportunidad de contar con la recepción final de su microempresa de manera ágil y de esa manera desarrollar dentro del marco legal su emprendimiento.Que es por lo anteriormente señalado que resulta fundamental extender el período de vigencia de la ley mencionada y comunicar dicha extensión de manera masiva, logrando así que nadie se quede sin realizar este importante trámite por desconocimiento, entregando una señal poderosa en favor de los emprendedores y microempresas de nuestro país.PROYECTO DE LEY	Extiéndase por un año a contar de la entrada en vigencia de esta norma la Ley N° 20.563 que Regulariza la construcción de bienes raíces destinados a microempresas y equipamiento social”.