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- rdf:value = " El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky.
El señor PILOWSKY .-
Señor Presidente , según la encuesta de victimización de 2013 de la fundación Paz Ciudadana, el 38,8 por ciento de los vecinos de La Reina y el 39,9 por ciento de los vecinos de Peñalolén declaran haber sido objeto del delito de robo. Esto significa que algo estamos haciendo mal y que debemos corregir con prontitud las políticas públicas en esta materia.
El punto es cómo pasamos de la inseguridad ciudadana a una cultura de la prevención. En esta ocasión, estamos discutiendo un proyecto de ley que aumenta la dotación de la Policía de Investigaciones en 1.200 funcionarios. En las próximas semanas estaremos discutiendo otro proyecto de ley que aumentará la dotación de Carabineros de Chile en 6.000 funcionarios.
Sin lugar a dudas, el esfuerzo que estamos realizando va en la dirección correcta. No solo estamos cumpliendo con el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, sino que estamos entendiendo que para combatir la delincuencia debemos tener una mirada integral del problema. Grafico este cambio de paradigma en la discusión de estos temas con uno de los fundamentos del mensaje que origina el proyecto de ley. Este señala en forma textual:
“…desde un punto de vista cualitativo, la seguridad ciudadana debe ser abordada de forma integral como un derecho social que, formando parte del deber de los órganos del Estado de proveer el bien común, permita el desarrollo de los proyectos de vida y la máxima realización de todos y cada uno de los miembros de la sociedad en sus esferas materiales y espirituales.”.
Y agrega:
“Por consiguiente, la seguridad entendida de esta forma interactúa supeditándose a premisas innegables del Estado social de derecho: es condición fundamental de la democracia; se inscribe en la búsqueda del bien común; es un instrumento y herramienta funcional al desarrollo social y está vinculada íntimamente al respeto y protección de los derechos fundamentales.”.
Entender la seguridad como un derecho social es preocuparnos de todas sus dimensiones, en esta oportunidad de la prevención e investigación de delitos.
Dotar de más policías es otorgar herramientas eficaces para disuadir la comisión de delitos. Contar con 1.200 nuevos funcionarios en la Policía de Investigaciones supone fortalecer una institución que brinda un servicio fundamental para prevenir la acción delictual, porque el Estado contará con funcionarios especializados para investigar hechos que ya se cometieron, aportando las pruebas suficientes y necesarias para condenar a los hechores y, por lo tanto, sacar de circulación a delincuentes que atemorizan a la población.
En este sentido, aumentar la planta de la Policía de Investigaciones con nuevos funcionarios fortalecerá el sistema de seguridad ciudadana al que nuestro país debe aspirar. La idea es contar con carabineros que disuadan, una policía civil que investigue, instituciones de gobierno que rehabiliten, un Congreso que legisle y tribunales de justicia que sancionen.
Sin embargo, tal como señalé durante la discusión del proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el problema de la seguridad ciudadana no solo se combate con más policías o con mayores penas. Es fundamental la participación de la comunidad organizada. Cuando las comunidades se organizan para combatir este problema la delincuencia retrocede. Si a ello sumamos el apoyo del Estado a las comunidades organizadas, la seguridad pasa a transformarse verdaderamente en un derecho social garantizado.
Ahora bien, falta mucho por avanzar en esta realidad. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que realiza el INE todos los años, constató en 2013 que, a nivel país, el 65 por ciento de las personas no ha intercambiado su número telefónico con sus vecinos, el 87 por ciento no ha formado un sistema de vigilancia con sus vecinos, el 86 por ciento no tiene un sistema de alarmas comunitarias y el 85 por ciento - esta cifra es muy importante- no ha tomado contacto con las policías para coordinar medidas de seguridad. Me quiero detener brevemente en este último dato.
Como dije, estamos aumentando en 1.200 nuevos funcionarios la dotación de la Policía de Investigaciones y en las próximas semanas estaremos aumentando en 6.000 nuevos funcionarios la de Carabineros. Por lo tanto, tenemos la gran oportunidad de revertir estas cifras para que las policías puedan cumplir mejor su labor a través de un contacto más fluido y cercano con los vecinos y vecinas.
En esta línea, las policías deben tomar una actitud mucho más proactiva, involucrarse con la comunidad, visitar las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias, plantear un trabajo conjunto que permita erradicar la delincuencia de nuestros barrios.
A esto debemos procurar la continuidad en el tiempo en el trabajo, o lo que es lo mismo, limitar la rotación de funcionarios que logran involucrarse con la comunidad para disminuir la victimización y los índices de inseguridad. No puede ser que cuando un funcionario logra comprender los problemas de seguridad de un sector determinado, trabajar con la comunidad y proponer un trabajo mancomunado de seguridad, tenga que cambiar de sección, de especialidad o, a veces, incluso, de cuartel.
Debemos combatir entre todos los problemas de delincuencia. Por ello, votaré favorablemente el proyecto, con la esperanza de tener un sistema de seguridad ciudadana que combine un buen trabajo con las policías, recursos suficientes para ello, una comunidad organizada y un Estado que acoja y rehabilite a quienes cometan delitos.
He dicho.
"
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