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El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric.
El señor BORIC.-
Señor Presidente , resulta desgarrador escuchar el informe de la Comisión Investigadora. No podemos ser indiferentes. En la Comisión de Derechos Humanos recibimos en audiencia, hace pocos días, a una persona que había realizado una investigación sobre el Sename, y tras escucharlo uno concluía que el Sename está dañando a los niños bajo su protección, por lo que parecía mejor cerrarlo y así dejar de hacer daño. Esa es la verdad; esto es muy desgarrador.
Antes de referirme al informe en comento, quiero hacer un llamado de atención sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Lo hago sin ánimo de superioridad, sino con mucha humildad, porque de verdad se trata de un asunto que me parece tremendamente preocupante.
Cuando el diputado Saffirio presentó el informe de la Comisión, la semana pasada, había solo siete diputados de la Derecha en la Sala. Hoy, durante la intervención del diputado Iván Flores , en un momento había solo un diputado de la Derecha en la Sala. Y de los diputados presentes, es difícil saber cuántos estaban realmente escuchando el debate.
Quiero ser sincero: creo que en esto todos tenemos tejado de vidrio.
(Aplausos)
Colegas, escuchémonos más. Este es el espacio donde se supone debemos deliberar sobre el bien común, sobre los caminos que debe seguir el país, por lo que resulta impresentable que en todas las discusiones no nos escuchemos, que salgamos de la Sala o conversemos entre nosotros sin poner atención a lo que dicen nuestros colegas, independientemente de la filiación política de quien hable.
Hagamos todos -en esto me incluyo, por cierto- una introspección y revisemos nuestra conducta en la Sala. Demos el ejemplo y, por favor, aprendamos a escucharnos; es el mínimo respeto que debemos tener por quienes nos mandatan para representarlos en esta Corporación.
Dicho esto, paso al tema en discusión.
A partir de la sistematización que realizó Unicef de un total de 381 cuestionarios aplicados a niños, niñas y adolescentes en 2012 y de la encuesta aplicada por el propio Sename a cerca de 4.000 niños y niñas residentes en hogares de menores, ampliamente detallada en el informe -felicito a la comisión por el trabajo que realizó y le expreso todo mi respeto a sus integrantes-, se pudo constatar que a los graves casos de abusos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes se deben sumar otras gravísimas vulneraciones a sus derechos, como falta de atención en educación y salud física y mental, institucionalización prolongada e injustificada, declaraciones de susceptibilidad de adopción sin enlace, entre otras.
Hago presente que en la actualidad todos los niños y niñas sufren vulneración en sus derechos al no tener acceso a una educación gratuita y de calidad, a prestaciones de salud o a una vivienda digna, entre otros derechos sociales que les son negados a causa de la mercantilización de los mismos.
Evidentemente, los niños y niñas de que trata el informe, por su condición, son aún más violentados, en la medida en que no existe una institucionalidad y una estructura legislativa acorde a los mandatos establecidos en la Convención de Derechos del Niño y en los demás tratados de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes en nuestro país, a lo menos en el papel.
Estamos de acuerdo, en general, con las conclusiones y propuestas del informe, pero extrañamos que no se hiciera un análisis más exhaustivo de los menores institucionalizados por infringir la ley, para ver si se cumplen los principios rectores de la ley 20.084.
En relación con los desafíos legislativos, insisto en la necesidad urgente de derogar la actual ley de menores, lo que no puede ir sino de la mano de la aprobación y entrada en vigencia de una ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes que incluya también a los menores infractores de ley.
Asimismo, estoy de acuerdo con la creación de una institución autónoma, el Defensor del Niño, que represente los intereses del niño cuando sus derechos se encuentran en peligro; la aprobación de una ley que prohíba expresamente todas las formas de violencia, maltrato, castigo corporal, descuido o negligencia, tanto en el hogar como en las instituciones, y la creación e implementación de programas de reparación no solo para niños que vayan a ser enlazados en adopción, entre otras medidas contenidas en el informe.
Por supuesto, estoy de acuerdo con terminar con el levantamiento de información, pues no contamos con la que corresponde a la situación de las residencias y de los niños acogidos en las regiones de Biobío y Magallanes -salvo respecto de las Aldeas SOS, que sí fue recogida-, como tampoco la información sobre la Región Metropolitana ni la de La Araucanía. Es altamente recomendable -más bien constituye un deber del Estado- concluir ese levantamiento siguiendo la misma metodología exhaustiva utilizada en las regiones investigadas.
Me quiero detener en un punto importante. Creo necesario eliminar de cuajo la causal de inhabilidad parental. Las evaluaciones que hoy se hacen acerca de la inhabilidad parental son absolutamente insuficientes y no hacen otra cosa que encubrir casos graves de discriminación en contra de las familias más pobres de nuestro país, algo que no podemos seguir tolerando.
Si bien en la actualidad este es un motivo prohibido para alejar a los hijos de sus padres, existe un porcentaje no menor de niños que han sido apartados de sus padres solo por el hecho de ser pobres. ¿Es solución a la pobreza de esas familias la internación de sus hijos? Por supuesto que no. El problema es mucho más profundo.
Respecto del diagnóstico inicial y de los problemas detectados en el proyecto “Levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en sistema residencial a nivel nacional”, voy a referirme, en particular, a la situación de Magallanes, región que tengo el honor de representar.
En Magallanes, tenemos el caso de 126 niños, cuyas edades se distribuyen entre los menores de un año y los de veintitrés años, en que el promedio de edad es de 10 años. Once de ellos tienen dieciocho o más años, lo que equivale al 8,7 por ciento. Hay once personas mayores de 18 años. ¿Por qué están internados mayores de edad? Esta situación es claramente ilegal. Por eso, necesitamos saber las razones por las cuales estos aún se encuentren institucionalizados.
En segundo lugar, en cuanto a los ingresos solo por razones económicas -ya hice referencia a esto-, en Magallanes la principal causa de ingreso de los niños y niñas al sistema residencial se asocia a la negligencia parental, en el 73,9 por ciento de los casos, seguida de abandono, maltrato y/o violencia. La situación de ingreso ilegítimo por factores económicos se da en tres casos, que equivalen a 3,5 por ciento del total.
Los casos de ingresos por factores económicos corresponden a tres niñas lactantes y a un niño de seis años, todos del centro Nazareth , quienes en su mayoría fueron ingresados desde su nacimiento, dado que sus madres adolescentes residen en familias guardadoras.
Otro flagelo es la separación de los hermanos. En Magallanes, 45 por ciento de los niños y niñas que entran a un sistema residencial lo hacen, por lo menos, con un hermano o hermana, pero la mayoría no están juntos en la misma residencia. El 45,9 por ciento están fuera del sistema y, por ende, se encuentran separados entre s��.
Respecto del tiempo de institucionalización, 38 por ciento de los niños y niñas de la Región de Magallanes presenta una larga institucionalización. En promedio, en la región los niños permanecen treinta y cinco meses, es decir, casi tres años, con maltrato en el sistema residencial, y se encuentran viviendo un promedio de trece meses, es decir, un año y un mes, en la residencia actual en que se encuentran.
El desarraigo familiar y comunitario alcanza a 8 por ciento de los niños y corresponden a nueve casos.
En cuanto al abuso intrarresidencial, se encontraron tres casos llevados a cabo por adultos al cuidado de la residencia. Corresponden a dos niñas, una de 4 años y otra de 14, y a un niño de 9 años. Las dos primeras pertenecen al centro Casa de Acogida Ignazio Sibillo y al Centro Nazareth, respectivamente, y el tercero al Hogar del Niño Miraflores.
En cuanto a las residencias por medio de las cuales el Sename desarrolla su cometido de brindar protección a niños, niñas y adolescentes, en Magallanes los niños en alto riesgo equivalen al 22 por ciento. La residencia con número de niños en mayor riesgo es el Hogar del Niño Miraflores.
Solo los directores de la residencia Miraflores -considerando todas las residencias de Chile-, en cuanto fueron informados por el equipo de trabajo conformado por los miembros de la Comisión y por los jueces de familia de Punta Arenas de la vulneración de derechos -esto es muy importante- ocurridos en su establecimiento, dispusieron las medidas necesarias para poner término inmediato a las vulneraciones.
Hago un reconocimiento a los tribunales de familia de Magallanes por haber adoptado esas medidas, separar de sus funciones a los responsables y realizar las gestiones necesarias para reparar a los afectados y restablecerlos en el uso efectivo y goce pleno de sus derechos, como consta en cada una de las causas de protección correspondientes a los niños afectados, razón por la cual la residencia Miraflores se encuentra actualmente en pleno cumplimiento de sus deberes y entrega el cuidado debido a todos los niños, niñas y adolescentes que acoge.
Creemos que hay que exigir el cumplimiento de las responsabilidades comprometidas de todos y cada uno de los actores involucrados y descritos en este informe, toda vez que hasta hoy han mantenido una conducta transgresora de sus deberes, ya que, hasta la fecha, no han hecho nada para poner fin a esas vulneraciones y restaurar el imperio del derecho.
Los hechos acaecidos son particularmente graves, y los responsables no pueden quedar exentos de responder por su acción o inacción.
Hago presente al señor ministro de Justicia que el Poder Judicial tampoco parece haber tomado medidas especiales al respecto. Hasta la fecha, los tribunales de familia de cada región tampoco han actuado de oficio en la materia, en el ejercicio de la potestad cautelar que les corresponde, con excepción de las actuaciones de oficio realizadas en este contexto por el tribunal de familia de Punta Arenas en 2012 y por el tribunal de familia de Vallenar, que continúa hasta la fecha. Felicito a los tribunales de familia y creemos que, con los nuevos datos que deben ser levantados, también deberán tomarse las medidas necesarias para resguardar los derechos de los niños y niñas de nuestro país.
Pido al diputado René Saffirio , que lideró este informe, que no nos olvidemos de la gente que está siendo vulnerada en sus derechos, porque son los niños más vulnerables de nuestro país. Como Estado, estamos siendo, una vez más, muy irresponsables con ellos.
En los centros del Sename hay niños que están siendo sometidos a abusos sexuales, a violaciones, a torturas, y no podemos seguir siendo indiferentes a esa realidad. Ojalá que este informe, que tan bien expuso el diputado René Saffirio en la sesión anterior, no quede en el olvido o en nuestros cajones. Como Cámara de diputados, debemos tomar medidas urgentes al respecto, porque, de lo contrario, mañana un niño volverá a ser violado o torturado en un centro de reclusión o de acogida. Si no hacemos nada, vamos a ser cómplices de esas violaciones y de esas torturas. Pongámonos las pilas, violentémonos, desgarrémonos con este informe y espero que ojalá se adopten las medidas que propone la comisión.
He dicho.
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