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- rdf:value = " El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente , por encargo de esta Cámara, me correspondió presidir la Comisión Investigadora del funcionamiento del Sename, y puedo asegurar que realizamos una investigación acuciosa y con mucho rigor investigativo, pero sobre todo con la mirada y los énfasis puestos en el interés superior del niño. Y cuando digo “interés superior del niño”, como señalé en mi informe en la sesión del jueves pasado, no hago referencia a un concepto vacío, sino a una expresión que surge de un acuerdo de Naciones Unidas y que nos impone, como Estado, la obligación de salvaguardar, defender y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, que es precisamente lo que no estamos haciendo. Y esta búsqueda de información y de verdad respecto de lo que ocurre en la zona más oscura y detestable de la sociedad chilena la realizamos a pesar de la molestia de muchas y respetables instituciones, en algunos casos representadas por no tan respetables personeros.
¿Qué concluimos? En el informe, que es extenso -ya pedí disculpas por ello en la sesión pasada-, descubrimos las graves vulneraciones de derechos fundamentales de los niños que carecen de cuidado parental. También descubrimos que muchos niños son internados en recintos del Sename, pero no por dificultades parentales, sino por razones de pobreza. Es decir, se van a esos centros no porque tengan conflictos parentales, sino que se les priva de su libertad y de su familia porque son pobres.
Asimismo, descubrimos que el Sename -se lo expreso particularmente al ministro de Justicia - no sabe cuántos niños están en sus centros, porque solo contabiliza a aquellos que perciben una subvención del Estado. Pero muchos jueces internan a niños que no tienen tal beneficio. Entonces, estamos hablando de niños que son parias entre los parias. Lamento usar expresiones tan duras, pero esta investigación produjo angustia y tremendo dolor, aunque también generó una gran experiencia. En esta Sala, parece que es pecado hablar de sentimientos, de libertad y de justicia social, por cuanto es mucho más fácil hablar del impuesto a la renta y sobre los efectos que producirá en el empleo, disparar entre empresarios o atribuirle responsabilidades al mundo del trabajo. Pero, ¡por Dios que cuesta hablar sobre estos temas!
Descubrimos que los niños son ingresados a los recintos del Sename separados de sus hermanos, en residencias distintas e, incluso, en ciudades diferentes, en ocasiones distantes a más de 150 kilómetros. Además, nos informamos de que permanecen internados porque los jueces de familia que decretan su ingreso lo hacen sin plazo. Es decir, son internados en dichos hogares, pero no se sabe hasta cuándo. Menores de 3 años de edad se van a esos centros del Sename aterrados, se orinan en sus camas durante la noche y viven y se revuelcan en ellas e, incluso, muchas veces sus sábanas no son cambiadas durante quince días. ¡Esa es la forma en que el Estado protege a los menores!
No sacamos nada con quedarnos en la descripción de hechos, pues aquí hay responsables.
Se va a pedir votación separada sobre dos aspectos del informe, a partir de un acuerdo a que llegaron los jefes de Comités el jueves pasado, para que se pudiera discutir el informe en la Sala, a lo cual accedí. Primero, se pedirá votación separada porque esta comisión cometió el error, del cual me hago responsable personalmente como su Presidente , de despachar oficios y resolver que las respuestas fueran remitidas al presidente de la comisión y no al Presidente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, en ese momento no tuve presente que la Comisión se disolvía, porque era el último día de la legislatura anterior. Es una equivocación que -insisto- asumo personalmente como presidente de la comisión; por lo tanto, no hay que atribuirle responsabilidades a nadie más. Sin embargo, eso no puede llevar a cuestionar otros aspectos fundamentales del informe que tienen que ver con la responsabilidad.
A juicio del informe, ¿quiénes son los responsables? Nosotros hablamos de responsabilidad política del entonces ministro de Justicia , señor Juan Piña , hoy presidente del Consejo de Defensa del Estado ; del señor Héctor Carreño , ministro de la Corte Suprema de Justicia , designado por el máximo tribunal del país para conducir la justicia de familia en Chile. A pesar de haber recibido el informe que él mismo encargó, lo guarda y no lo informa a los tribunales de familia, porque no le gustaron sus resultados, que eran dramáticos, tal como he señalado.
¿De dónde surge esa responsabilidad política? Dicha responsabilidad emana, desde mi punto de vista, del artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política, que establece lo siguiente: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.”. Pero el inciso continúa: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.
Por su parte, el artículo 6°, en su inciso tercero, expresa: “La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.”. Desde el punto de vista de la ciencia política, esto es claramente responsabilidad política. ¿Cómo se hace efectiva? Ese es el rol de esta Cámara. Se hace efectiva a partir de la norma del artículo 52 de la Constitución Política, que establece como atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras: “2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: (…)
b) De los Ministros de Estado ,?;
c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes;”.
Por eso hablamos de responsabilidad política. No es una frase hueca, ni vacía. La responsabilidad política está claramente establecida y esta Cámara, en su oportunidad -que no es esta-, tendrá que resolver si acusa o no constitucionalmente a ambos personeros. No es esta la ocasión de hacerlo, pero ya están corriendo los plazos.
Para terminar, quiero hacer referencia a tres hechos. Respecto de dos, tuve una experiencia personal. El 9 de julio de 1999, en el centro de menores Alborada , de Temuco, a cuatro cuadras de mi casa habitación, y en momentos en que ejercía la función de alcalde de la ciudad, se produce un incendio en uno de los dormitorios que albergaba a ocho niños, que ha-bían sido internados por los entonces juzgados de menores, para cumplir una medida de protección. No sé si la fortuna o la desgracia me llevaron a entrar allí, a los cinco minutos de haberse declarado el incendio. ¡Nunca he logrado borrar la imagen de esos ocho niños, protegidos por el Estado, calcinados! ¡Ocho niños, protegidos por el Estado, terminaron muertos porque no les abrieron la puerta de la celda donde dormían! Nadie me puede decir que eso no ocurrió, porque yo estuve allí. Esto no es ficción, ni es una abstracción; es la realidad de ocho niños de nuestro país que, a partir de una medida de protección, fueron enviados a un centro de Sename. Estos menores provocaron un incendio -¡por Dios, qué “malos” esos niños, que con el incendio causaron daño al patrimonio fiscal!- y las personas encargadas de cuidarlos no les abrieron la celda. Como consecuencia, los ocho niños murieron calcinados. Esa imagen, como muchas otras, la tengo tan presente que sería largo relatar.
Entre los testimonios que se entregaron en la Comisión, está el de dos hermanos internados en una de las casas de las Aldeas SOS, en la comuna de Padre Las Casas, después de cruzar el río de la ciudad de Temuco. En una de esas casas vivían nueve niños, de los cuales siete eran sistemáticamente violados. ¡Siete, de nueve! Eran sacados de la casa, con conocimiento de la administradora, y subidos a un furgón de un empleado del Sename, que actualmente se encuentra procesado. Mientras uno los filmaba, otro los violaba y un tercero les decía: “No se les vaya a pasar la mano”. Esto está consignado en el informe.
Es importante apoyar este informe. Cuando terminé de informarlo, en la sesión pasada -pido perdón por lo que voy a decir, pero no voy a dar nombres-, se me acercó un diputado. ¿Sabe lo que me dijo, señor Presidente ? Estaban presentes la diputada Yasna Provoste y los diputados Iván Flores y Juan Morano . Me dijo: “ Diputado , lo que usted leyó en el informe es apenas el 10 por ciento de lo que ocurre en los hogares de menores. Y se lo digo yo, que fui testigo, a los nueve años, de cómo la cabeza de un niño era aplastada con una almohada, mientras tres sujetos lo violaban. Se lo digo porque yo, a los nueve años, viví en un hogar de menores.”.
¿Qué esperamos para tomar las decisiones que nos corresponden? Sería inmoral que, en conocimiento de tales hechos, no tomáramos decisiones coherentes con la naturaleza de los hechos que hemos investigado.
Señor Presidente , por su intermedio le pido al ministro de Justicia , presente en esta Sala, que no sigamos mirando al costado. Este no es un problema del gobierno del Presidente Piñera. Si leemos a Gabriel Salazar , Premio Nacional de Historia , en su obra “Ser niño “huacho” en la historia de Chile”, advertimos que el drama que denunciamos a través de la Comisión Investigadora tiene sus orígenes en los albores de la república.
Si queremos ser un país que empieza a jugar en las grandes ligas, esto no puede continuar.
He dicho.
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