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El señor GONZÁLEZ ( Vicepresidente ).- Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia.
El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente , no me voy a referir a los antecedentes específicos tenidos a la vista por la Comisión Investigadora, sino a los hechos que dieron lugar a la misma, los cuales también fueron latamente estudiados por las dos comisiones investigadores que analizaron el tema, llegando ambas a un mismo resultado, pero con distintos métodos y propuestas.
Señor Presidente , como es de público conocimiento, en julio de 2013, el Centro de Información e Investigación Periodística (Ciper) dio a conocer a la opinión pública el contenido del informe denominado “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial en Chile”, desarrollado por una comisión institucional del Poder Judicial, apoyada por la Unicef, en el marco de un convenio de cooperación entre ambos organismos.
En ese marco, por propia iniciativa, jueces de familia aplicaban en las visitas un cuestionario de supervisión del sistema residencial de protección a niños mayores de 10 años, donde podían indicar en forma anónima las observaciones y denuncias que estimaran.
El referido cuestionario que devela Ciper da cuenta de una serie de casos de maltrato y abuso, que constituyen vulneraciones graves a los derechos fundamentales de los niños y adolescentes bajo la protección del Estado, causando alarma pública.
Sobre el particular, no me haré parte de los muchos cuestionamientos y también halagos que tuvo dicho informe por parte de numerosos expertos sobre la metodología empleada. Sin embargo, es necesario recalcar y tener presente que el ánimo del trabajo, como se lee en su génesis, fue mejorar las deficiencias del sistema residencial de los niños que se encuentran bajo la protección del Estado de Chile por no poder vivir con su familia de origen o extendida, y no exponerlos a una nueva vulneración de sus derechos. De modo que cualquier opinión que se emita podría llevar a conclusiones irresponsables. Tampoco es tarea de esta Cámara referirse a maltratos y delitos consignados en el informe periodístico, porque su investigación y sanción es tarea exclusiva y excluyente de los tribunales de justicia.
Al respecto, hago un llamado a toda persona e institución, pública o privada, particularmente a los medios de comunicación, a ser cuidadosos en las opiniones, verbales o por escrito, que puedan efectuar y que lleven a transgredir gravemente los derechos de los niños, de manera que no sean expuestos a una doble vulneración de sus derechos al exponerlos públicamente sin considerar su edad y condición.
Señor Presidente , honorable Sala, nadie podría no estar de acuerdo con las conclusiones de las comisiones investigadoras, porque no tengo duda de que compartimos el diagnóstico de las múltiples carencias del sistema de protección residencial de los niños y adolescentes. Igualmente, concordamos con sus desafíos. A mi juicio, el primero y principal es la urgente necesidad de una nueva institucionalidad para el Sename, que lo rediseñe y que implemente instrumentos orientados a la protección de los derechos de los niños y adolescentes, como igualmente que aplique programas de reparación especializada para los menores que han sido vulnerados en su derecho más esencial: vivir con sus familias, protegidos y queridos.
Se debe establecer como principio rector que los niños y adolescentes tienen, en primer lugar, el derecho a ser cuidados por su familia de origen o extendida; en segundo lugar, la adoptiva, y como último recurso, la internación, para lo cual tanto el Sename como los tribunales de justicia deben tener la obligación legal y moral de agotar las medidas para que este derecho esencial se cumpla. Se debe intervenir apoyando a la familia para que el niño pueda quedarse en ella y no sea la pobreza o la marginalidad la causa de su internación.
Por otra parte, resulta fundamental establecer un sistema de supervisión externa, independiente y regular que garantice objetividad y mejoras permanentes al sistema, que esté a cargo de un organismo de protección de la infancia y de sus derechos fundamentales, y que sea el encargado de fiscalizar y hacer sus propias transformaciones.
Al respecto, me llama profundamente la atención y no puedo compartir la decisión del actual Gobierno de enviar a tramitación al Congreso Nacional, dentro de sus primeras iniciativas, el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, sin considerar en sus objetivos a la familia, olvidando que para las mujeres sus hijos son la primera prioridad. Pareciera que la familia tampoco fuera importante para la sociedad y el país. No tengo duda de que a los niños y adolescentes infractores de ley les faltó una familia que los guíe y acoja. Por otra parte, en el caso de los niños que están bajo protección en el sistema residencial por no tener una familia, cuando llegan a tener la dicha de la adopción o la suerte de permanecer bajo el alero de instituciones como El Refugio de Cristo, Mi Casa, La Fundación Chile para la Adopción y tantas otras que realizan su máximo esfuerzo para funcionar como familias, con una madre sustituta a cargo de un máximo de diez niños a los que dedica toda su atención, su situación cambia radicalmente y llegan a ser personas felices.
Por lo tanto, se debe fortalecer a las familias y es la oportunidad para la creación del Ministerio de la Familia, que obviamente involucra a la mujer, pero también a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y también a los hombres, sin excluir a nadie, sino integrando, para que, en definitiva, tengamos una sociedad más sana e inclusiva.
Señor Presidente , los antecedentes recabados por ambas comisiones investigadoras dan cuenta de muchas carencias del sistema, el que requiere con urgencia una inyección contundente de recursos que permita contar con mejores habitabilidades, medidas de seguridad apropiadas, personal mejor pagado para evitar la rotativa y temporalidad de los mismos y, sobre todo, contar con una subvención que pueda cubrir los costos que implica un niño en régimen residencial.
Resulta ineludible un presupuesto público consecuente, elevando gradualmente el monto de la subvención.
Finalmente, del análisis de los antecedentes fluye la convicción de que existe una responsabilidad compartida de los tres Poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- en la precariedad del sistema de protección residencial de niños y adolescentes, cada uno en su propio ámbito, ya sea por la falta sistemática de políticas públicas de la infancia, por la carencia de leyes que den cuenta de su protección integral y por la internación de niños sin seguir el curso posterior de la misma y no preocuparse de la restitución de uno de sus derechos más anhelados: vivir en familia.
La bancada de la Unión Demócrata Independiente está disponible para aprobar el informe de la Comisión Investigadora en las propuestas que impliquen un llamado al Ejecutivo a rediseñar con urgencia el sistema de protección residencial a cargo del Sename, porque coincidimos plenamente con el diagnóstico efectuado. Sin embargo, no estamos disponibles para aprobar propuestas que van más allá de nuestras funciones fiscalizadoras y que corresponden a otro Poder del Estado. Las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios que faltaron a sus deberes y desprotegieron a los niños son individuales, y serán los organismos pertinentes los llamados por la Constitución Política y las leyes a hacer justicia.
Por otra parte, las responsabilidades que se asignan en el informe al ministro de la Corte Suprema don Héctor Carreño deben ser analizadas en su oportunidad y en su propio mérito, precisamente porque la letra c) del N°2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República otorga a la Cámara de Diputados la atribución exclusiva de acusar a los magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus deberes, materia que, en consecuencia, debe ser abordada por cuerda separada.
Por lo anterior, nuestra bancada solicita votación separada de las conclusiones.
He dicho.
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