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El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete.
El señor POBLETE.- Señor Presidente , en primer lugar, saludo al ministro José Antonio Gómez por su presencia. Además, felicito a la Comisión Investigadora por su trabajo respecto del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores.
Señor Presidente , nuevamente enfrentamos con desazón el hecho de que un órgano del Estado de la importancia de este se encuentre bajo revisión por irregularidades en su funcionamiento.
Básicamente, el objeto de esta Comisión Investigadora ha sido la actuación y reacción del Servicio Nacional de Menores en la vulneración de los derechos de los menores que se encuentran en hogares dependientes o sujetos a su fiscalización, en contravención de las garan-tías constitucionales y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Hoy, según la Comisión Investigadora, en los hogares, casas y residencias del Servicio existe, entre otras, negación de alimentos, asistencia médica, vestuario y educación.
La situación de los centros u hogares de menores dependientes o sujetos a la fiscalización del Sename es precaria y, en algunos casos, linda con lo delictual.
Por ello, los resultados de este informe no son nada alentadores. Como sociedad debemos reaccionar a la brevedad, con políticas claras y, sobre todo, con mejores recursos técnicos, humanos, legislativos y financieros. Lo anterior es básico si se piensa que Chile ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1991, instrumento internacional de la máxima importancia que establece principios, estándares y derechos, cuyos límites a la acción del Estado y de particulares en defensa de la infancia son claros y contundentes.
Las irregularidades que arrojó el estudio titulado “Proyecto de Levantamiento y Unificación de Información Referente a Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Residencial de Chile”, realizado por el Poder Judicial, la Unicef y el Sename, y la investigación de las responsabilidades de este Servicio respecto de los hechos que motivaron esta investigación, son los puntos cruciales de esta Comisión Investigadora y sobre los cuales tenemos que reflexionar más.
En este sentido, representan una gravedad mayor para el país completo y en especial para la Comisión Investigadora, las afirmaciones y distinciones hechas por el exdirector nacional del Sename señor Rolando Melo , y por la exjefa del Departamento de Protección de Derechos, señora Angélica Marín , respecto del abuso cometido por adultos o por los propios niños en contra de otros menores; o el cometido por un adulto integrante de una residencia o por un tercero ajeno a ella; o el abuso que sufren los niños al interior de una residencia, o fuera de ella, cuando salen a visitar a sus familias.
Creemos que un nivel de negligencia como el visto en la administración anterior, donde sus personeros intentaron delimitar sus propias responsabilidades haciendo la denuncia sin haber activado de manera decisiva los mecanismos de tutela y salvaguarda judicial en favor de los menores, resulta terrible. Estuvieron absolutamente ciegos ante la calidad de víctimas de los niños y frente al hecho evidente de que, respecto de cada menor que se encuentra ingresado en el sistema residencial por orden de un tribunal de familia, quien tiene a su cargo el cuidado personal de aquellos en todo momento y circunstancia es el director de la residencia. Son ellos quienes deben responder por el bienestar y el resguardo de los derechos de esos menores. No debemos olvidar que este y cada uno de los profesionales y personas que trabajan en los centros del Sename reciben aportes estatales para ello. El director debió en todo momento poner por delante el interés superior de los menores.
Hoy estamos en este hemiciclo para denunciar e intentar hacer ver a la ciudadanía que el Estado de Chile es el primer responsable del cuidado de los niños que acoge para protegerlos, y, por tanto, no puede admitir bajo ningún aspecto que permanezca el abuso sexual sistemático, como cualquier abuso de otra índole que se produzca en las residencias.
Por eso, se deben tomar medidas administrativas, legislativas y judiciales drásticas para acabar con ello y prestar la debida y adecuada atención médica especializada tanto a los niños actores de abuso como a quienes lo padecen, pues todos ellos son víctimas de violencia institucional, y su freno es y debe ser un compromiso ineludible del Estado de Chile.
He dicho.
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