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El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde continuar el debate del informe de la Comisión Investigadora del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores. 
 
Antecedentes: 
-El informe de la Comisión Investigadora se rindió en la sesión 11ª de la actual legislatura, en 10 de abril de 2014.
 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas. 
 
El señor FARCAS.- Señor  Presidente , después de leer el informe y de hacernos cargo de todas aquellas materias que hemos tenido la oportunidad de conocer en detalle, nos ha surgido una importante preocupación, a partir de la cual, junto con otros parlamentarios, estamos evaluando la creación de una bancada transversal que aborde el tema de la infancia, con el objetivo de trabajar en propiedad y con mayor profundidad en todas aquellas materias ligadas al tema que aquí se ha analizado.
  
En particular, quiero enfatizar aquellos aspectos relacionados con la rigurosidad en la capacitación y en la formación que se entrega a las personas que están a cargo de niñas y de niños que están bajo el resguardo del Estado y, en un sentido amplio, también bajo nuestra responsabilidad.
 
En tal sentido, me parece fundamental que también sean evaluados los contenidos relevantes para la formación de esas personas, a fin de determinar efectiva y totalmente que ellas se encuentran capacitadas para cumplir esa labor. 
En aspectos normativos que tienen que ver con el uso de los recursos y con aquellas instancias que requieren mayor apoyo, es muy importante que todas y cada una de las sugerencias de la comisión sean aprobadas, porque parecieran ser no solo importantes y fundamentales, sino también, en la gran mayoría de los casos, urgentes. 
Debemos colocar toda nuestra energía para que esos cambios se produzcan lo más rápido posible, y en aquellas materias que requieran mayores recursos, debemos gestionar con el  Ejecutivo  para que se concreten a la brevedad. En materia de capacitación y formación, no solo hay que apuntar a que se lleven a cabo, sino también a que se controle que las personas que van a realizar esas tareas tengan no solo una noción teórica, sino también práctica, de cómo proceder con los niños y niñas que están a cargo del Estado.
  
Anuncio mi voto favorable al informe, pero, en general, estamos muy preocupados y, en algunos casos consternados, por todo lo que hemos sabido. Al tener esta información, nos convertimos en actores y protagonistas para proceder con la mayor prontitud y diligencia posible para dotar de los recursos y de las acciones necesarias para que el Sename cumpla su labor de manera adecuada. 
He dicho. 
 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal. 
 
La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor  Presidente , en primer término, quiero agradecer a los integrantes de la Comisión Investigadora por la seriedad, excelencia y responsabilidad con la que asumieron su trabajo, tal como ameritaba la situación.
  
Por eso, vayan mis felicitaciones a los diputados  René Saffirio ,   Alfonso de Urresti , hoy senador;   Hugo Gutiérrez ,   Tucapel Jiménez ,   Ricardo Rincón  y a la exdiputada señora   María Antonieta Saa .
  
Por cierto, las conclusiones de esta investigación están suficientemente claras y constituyen un importante desafío a los distintos actores que deben intervenir en la protección y en el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes que, por distintas razones, deben ser internados en centros destinados a residencia. 
Está claro que una de las primeras tareas es completar el estudio titulado “Proyecto de Levantamiento y Unificación de Información Referente a Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Residencial de Chile”. Dicho levantamiento de información se encuentra inconcluso y no existen antecedentes acerca de la situación de las residencias y de los niños acogidos de las regiones del Biobío -salvo lo que se recogió respecto de las aldeas infantiles SOS-, de Magallanes, Metropolitana y de La Araucanía, lo cual tampoco expone la comisión.
 
Sin embargo, constituye un deber del Estado de Chile el concluirlo, siguiendo la misma metodología exhaustiva utilizada en las regiones que ya se han investigado. Por otra parte, dicho levantamiento debe ser enviado a los jueces de familia y a los presidentes de los respectivos tribunales de cada región, a fin de hacer efectiva la protección debida de los niños acogidos en el sistema residencial, además de respetar y promover sus derechos fundamentales en todo momento.
 
De esta manera, podemos mejorar los problemas detectados en los tribunales de familia y en los organismos colaboradores de la administración directa del Sename. 
Se observó la condición de riesgo a la que se encuentran sometidos los niños, las niñas y los adolescentes en las residencias en que viven, debido a las anomalías e incumplimiento de deberes que existe por parte de sus directores, guardadores, cuidadores y autoridades competentes. 
Se evidenció que el alto riesgo que se observa en el sistema residencial constituye una alerta urgente que implica revisar los procedimientos a la brevedad, debido al alcance que significa para la integridad del niño. La comisión concluye, en igual sentido, que en estos casos se deben tomar las medidas necesarias para evitar que se continúen vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes afectados, por lo que, ante la vulneración de derechos de los niños acogidos en las residencias, se debe obligar al Servicio Nacional de Menores a que cumpla, sin dilaciones, las funciones que les son propias y se terminen las vulneraciones de derechos a los niños que son sujetos de cuidado alternativo al de sus padres dentro del sistema residencial.
 
Asimismo, el informe señala que se detectó tolerancia inexcusable ante el incumplimiento de deberes por parte de los organismos colaboradores y ante las vulneraciones de derechos ocasionadas. Menciona, además, la persistencia de ese servicio en la inacción, en la conducta transgresora de sus deberes y en la ineficiencia para poner término a los incumplimientos mencionados. 
Más adelante, el informe se refiere al incumplimiento del Servicio Nacional de Menores del cometido estatal que da sentido a su existencia, esto es, contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se han visto vulnerados en el ejercicio de dichos derechos y la reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal. También menciona el notable abandono de deberes del director nacional de ese servicio y de los directores regionales.
 
Capítulo especial mereció la actuación de otros órganos del Estado involucrados o intervinientes en los hechos investigados, en el que se critica la actuación del  Poder Judicial , de los directores de las residencias, de las personas jurídicas colaboradoras del Sename, de las personas naturales a cargo de tales instituciones y de otros órganos de la Administración del Estado involucrados en los hechos.
  
También el informe se refiere a las responsabilidades concretas que la comisión asigna al Sename y a los demás órganos de la Administración del Estado que debieron velar por el respeto pleno de los derechos de los niños frente a las vulneraciones de que fueron objeto.
 
En conclusión, considero vergonzoso que el Estado de Chile haya desprotegido a esos niños en situación de pobreza frente a la vulneración de sus derechos y que desde 2010 a la fecha no se hayan tomado las medidas necesarias para remediar la situación descrita. Por ello, por su intermedio, señor  Presidente , le pido al señor   ministro de Justicia , aquí presente, que acoja lo antes posible las propuestas de la Comisión Investigadora, ya que van en directo beneficio de nuestros niños, en especial de los más pobres.
  
Finalmente, felicito a los diputados que integraron la Comisión Investigadora por el trabajo realizado, y espero que las conclusiones y propuestas a las que han arribado se aprueben en su totalidad, porque es urgente y necesario que tomemos las medidas que permitan, de una vez por todas, resguardar a esos niños, que son el futuro de nuestro país y deben ser los más protegidos por el Estado.
 
He dicho. 
 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Iván Flores. 
 
El señor FLORES.- Señor  Presidente , por su intermedio saludo al   ministro de Justicia ,  don José Antonio Gómez , y celebro su presencia en esta Sala justo en momentos en que tratamos un tema tan relevante para todas las chilenas y los chilenos bien nacidos.
   
Hemos escuchado no solo una contundente exposición del  Presidente de la Comisión Investigadora , sino también, a mi modo de ver, una denuncia grave, una clara advertencia y un llamado urgente para que reaccionemos frente a lo que ha ocurrido y, seguramente, continúa sucediendo en relación con la protección de los niños más vulnerables.
  
El informe contiene datos duros no solo por las cifras que incluye, sino también por la crudeza de los relatos de los actos u omisiones en que incurrieron instituciones y altos personeros de dos poderes del Estado en el período revisado por la investigación. 
El ocultamiento de información por parte de un alto funcionario del Estado es una acusación grave, y la inmovilidad el Sename ante la contundencia de la información que advierte la comisión da cuenta de un enorme forado en el sistema de protección social de nuestro país y es un llamado a actuar con urgencia.
 
El informe saca a la luz graves fallas y falta de interés en un campo que debería ser una de las principales preocupaciones de toda chilena y chileno bien nacido, pues, junto con los adultos mayores pobres, los niños rescatados de sus propias familias y puestos al cuidado y resguardo del Sename son el segmento de mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, deben ser objeto de nuestra mayor responsabilidad y preocupación. 
Estamos hablando de los más golpeados de los golpeados; estamos hablando del deber constitucional de proteger a las personas, en especial a los niños, y no a cualquier niño, sino a aquellos que el Estado ha reconocido como vulnerados en sus derechos frecuente y mayoritariamente por actos de brutal violencia ocurridos al interior de sus propias familias o cometidos por gente cercana; estamos hablando del rol obligatorio del Estado en estas materias, que el informe de la Comisión Investigadora ha demostrado con precisión que no se ha cumplido plenamente.
 
Estos hechos no nos pueden dejar inmóviles; estamos obligados -y es lo que solicito, señor  Presidente - a pedir explicaciones a quienes mal actuaron o se omitieron en el cumplimiento de sus deberes, y que son identificados en el informe, así como también a pedir respuestas a las actuales autoridades respecto de qué se hará en lo urgente, y también en lo permanente, para proteger y recuperar el especial desarrollo de los más de 15.000 niños bajo la custodia del Sename y, seguramente, de muchos otros que nuestro sistema no ha sido capaz de identificar.
  
Señor  Presidente , por su intermedio pido al señor   ministro de Justicia  y a la principal autoridad de los tribunales ad hoc que se informen y escuchen este debate, que lean con atención el informe de la comisión y se comprometan a generar medidas correctivas inmediatas, así como a introducir las rectificaciones necesarias en las políticas públicas que den cuenta de lo denunciado.
  
He dicho. 
 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- 
Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. 
El señor BORIC.- 
 
Señor  Presidente , resulta desgarrador escuchar el informe de la Comisión Investigadora. No podemos ser indiferentes. En la Comisión de Derechos Humanos recibimos en audiencia, hace pocos días, a una persona que había realizado una investigación sobre el Sename, y tras escucharlo uno concluía que el Sename está dañando a los niños bajo su protección, por lo que parecía mejor cerrarlo y así dejar de hacer daño. Esa es la verdad; esto es muy desgarrador.
  
Antes de referirme al informe en comento, quiero hacer un llamado de atención sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Lo hago sin ánimo de superioridad, sino con mucha humildad, porque de verdad se trata de un asunto que me parece tremendamente preocupante. 
Cuando el  diputado   Saffirio  presentó el informe de la Comisión, la semana pasada, había solo siete diputados de la Derecha en la Sala. Hoy, durante la intervención del    diputado Iván Flores , en un momento había solo un diputado de la Derecha en la Sala. Y de los diputados presentes, es difícil saber cuántos estaban realmente escuchando el debate.
  
Quiero ser sincero: creo que en esto todos tenemos tejado de vidrio. 
 
(Aplausos) 
 
Colegas, escuchémonos más. Este es el espacio donde se supone debemos deliberar sobre el bien común, sobre los caminos que debe seguir el país, por lo que resulta impresentable que en todas las discusiones no nos escuchemos, que salgamos de la Sala o conversemos entre nosotros sin poner atención a lo que dicen nuestros colegas, independientemente de la filiación política de quien hable.
 
Hagamos todos -en esto me incluyo, por cierto- una introspección y revisemos nuestra conducta en la Sala. Demos el ejemplo y, por favor, aprendamos a escucharnos; es el mínimo respeto que debemos tener por quienes nos mandatan para representarlos en esta Corporación. 
Dicho esto, paso al tema en discusión. 
A partir de la sistematización que realizó Unicef de un total de 381 cuestionarios aplicados a niños, niñas y adolescentes en 2012 y de la encuesta aplicada por el propio Sename a cerca de 4.000 niños y niñas residentes en hogares de menores, ampliamente detallada en el informe -felicito a la comisión por el trabajo que realizó y le expreso todo mi respeto a sus integrantes-, se pudo constatar que a los graves casos de abusos sexuales en contra de los niños, niñas y adolescentes se deben sumar otras gravísimas vulneraciones a sus derechos, como falta de atención en educación y salud física y mental, institucionalización prolongada e injustificada, declaraciones de susceptibilidad de adopción sin enlace, entre otras.
 
Hago presente que en la actualidad todos los niños y niñas sufren vulneración en sus derechos al no tener acceso a una educación gratuita y de calidad, a prestaciones de salud o a una vivienda digna, entre otros derechos sociales que les son negados a causa de la mercantilización de los mismos. 
Evidentemente, los niños y niñas de que trata el informe, por su condición, son aún más violentados, en la medida en que no existe una institucionalidad y una estructura legislativa acorde a los mandatos establecidos en la Convención de Derechos del Niño y en los demás tratados de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes en nuestro país, a lo menos en el papel.
 
Estamos de acuerdo, en general, con las conclusiones y propuestas del informe, pero extrañamos que no se hiciera un análisis más exhaustivo de los menores institucionalizados por infringir la ley, para ver si se cumplen los principios rectores de la ley 20.084. 
En relación con los desafíos legislativos, insisto en la necesidad urgente de derogar la actual ley de menores, lo que no puede ir sino de la mano de la aprobación y entrada en vigencia de una ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes que incluya también a los menores infractores de ley. 
Asimismo, estoy de acuerdo con la creación de una institución autónoma, el Defensor del Niño, que represente los intereses del niño cuando sus derechos se encuentran en peligro; la aprobación de una ley que prohíba expresamente todas las formas de violencia, maltrato, castigo corporal, descuido o negligencia, tanto en el hogar como en las instituciones, y la creación e implementación de programas de reparación no solo para niños que vayan a ser enlazados en adopción, entre otras medidas contenidas en el informe. 
Por supuesto, estoy de acuerdo con terminar con el levantamiento de información, pues no contamos con la que corresponde a la situación de las residencias y de los niños acogidos en las regiones de Biobío y Magallanes -salvo respecto de las Aldeas SOS, que sí fue recogida-, como tampoco la información sobre la Región Metropolitana ni la de La Araucanía. Es altamente recomendable -más bien constituye un deber del Estado- concluir ese levantamiento siguiendo la misma metodología exhaustiva utilizada en las regiones investigadas.
 
Me quiero detener en un punto importante. Creo necesario eliminar de cuajo la causal de inhabilidad parental. Las evaluaciones que hoy se hacen acerca de la inhabilidad parental son absolutamente insuficientes y no hacen otra cosa que encubrir casos graves de discriminación en contra de las familias más pobres de nuestro país, algo que no podemos seguir tolerando. 
Si bien en la actualidad este es un motivo prohibido para alejar a los hijos de sus padres, existe un porcentaje no menor de niños que han sido apartados de sus padres solo por el hecho de ser pobres. ¿Es solución a la pobreza de esas familias la internación de sus hijos? Por supuesto que no. El problema es mucho más profundo. 
Respecto del diagnóstico inicial y de los problemas detectados en el proyecto “Levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en sistema residencial a nivel nacional”, voy a referirme, en particular, a la situación de Magallanes, región que tengo el honor de representar.
 
En Magallanes, tenemos el caso de 126 niños, cuyas edades se distribuyen entre los menores de un año y los de veintitrés años, en que el promedio de edad es de 10 años. Once de ellos tienen dieciocho o más años, lo que equivale al 8,7 por ciento. Hay once personas mayores de 18 años. ¿Por qué están internados mayores de edad? Esta situación es claramente ilegal. Por eso, necesitamos saber las razones por las cuales estos aún se encuentren institucionalizados. 
En segundo lugar, en cuanto a los ingresos solo por razones económicas -ya hice referencia a esto-, en Magallanes la principal causa de ingreso de los niños y niñas al sistema residencial se asocia a la negligencia parental, en el 73,9 por ciento de los casos, seguida de abandono, maltrato y/o violencia. La situación de ingreso ilegítimo por factores económicos se da en tres casos, que equivalen a 3,5 por ciento del total. 
Los casos de ingresos por factores económicos corresponden a tres niñas lactantes y a un niño de seis años, todos del centro  Nazareth , quienes en su mayoría fueron ingresados desde su nacimiento, dado que sus madres adolescentes residen en familias guardadoras.
  
Otro flagelo es la separación de los hermanos. En Magallanes, 45 por ciento de los niños y niñas que entran a un sistema residencial lo hacen, por lo menos, con un hermano o hermana, pero la mayoría no están juntos en la misma residencia. El 45,9 por ciento están fuera del sistema y, por ende, se encuentran separados entre sí.
 
Respecto del tiempo de institucionalización, 38 por ciento de los niños y niñas de la Región de Magallanes presenta una larga institucionalización. En promedio, en la región los niños permanecen treinta y cinco meses, es decir, casi tres años, con maltrato en el sistema residencial, y se encuentran viviendo un promedio de trece meses, es decir, un año y un mes, en la residencia actual en que se encuentran.
 
El desarraigo familiar y comunitario alcanza a 8 por ciento de los niños y corresponden a nueve casos. 
En cuanto al abuso intrarresidencial, se encontraron tres casos llevados a cabo por adultos al cuidado de la residencia. Corresponden a dos niñas, una de 4 años y otra de 14, y a un niño de 9 años. Las dos primeras pertenecen al centro Casa de Acogida  Ignazio Sibillo  y al Centro Nazareth, respectivamente, y el tercero al Hogar del Niño Miraflores.
  
En cuanto a las residencias por medio de las cuales el Sename desarrolla su cometido de brindar protección a niños, niñas y adolescentes, en Magallanes los niños en alto riesgo equivalen al 22 por ciento. La residencia con número de niños en mayor riesgo es el Hogar del Niño Miraflores.
 
Solo los directores de la residencia Miraflores -considerando todas las residencias de Chile-, en cuanto fueron informados por el equipo de trabajo conformado por los miembros de la Comisión y por los jueces de familia de Punta Arenas de la vulneración de derechos -esto es muy importante- ocurridos en su establecimiento, dispusieron las medidas necesarias para poner término inmediato a las vulneraciones. 
Hago un reconocimiento a los tribunales de familia de Magallanes por haber adoptado esas medidas, separar de sus funciones a los responsables y realizar las gestiones necesarias para reparar a los afectados y restablecerlos en el uso efectivo y goce pleno de sus derechos, como consta en cada una de las causas de protección correspondientes a los niños afectados, razón por la cual la residencia Miraflores se encuentra actualmente en pleno cumplimiento de sus deberes y entrega el cuidado debido a todos los niños, niñas y adolescentes que acoge. 
Creemos que hay que exigir el cumplimiento de las responsabilidades comprometidas de todos y cada uno de los actores involucrados y descritos en este informe, toda vez que hasta hoy han mantenido una conducta transgresora de sus deberes, ya que, hasta la fecha, no han hecho nada para poner fin a esas vulneraciones y restaurar el imperio del derecho. 
Los hechos acaecidos son particularmente graves, y los responsables no pueden quedar exentos de responder por su acción o inacción. 
Hago presente al señor  ministro de Justicia  que el   Poder Judicial  tampoco parece haber tomado medidas especiales al respecto. Hasta la fecha, los tribunales de familia de cada región tampoco han actuado de oficio en la materia, en el ejercicio de la potestad cautelar que les corresponde, con excepción de las actuaciones de oficio realizadas en este contexto por el tribunal de familia de Punta Arenas en 2012 y por el tribunal de familia de Vallenar, que continúa hasta la fecha. Felicito a los tribunales de familia y creemos que, con los nuevos datos que deben ser levantados, también deberán tomarse las medidas necesarias para resguardar los derechos de los niños y niñas de nuestro país.
  
Pido al  diputado   René Saffirio , que lideró este informe, que no nos olvidemos de la gente que está siendo vulnerada en sus derechos, porque son los niños más vulnerables de nuestro país. Como Estado, estamos siendo, una vez más, muy irresponsables con ellos.
   
En los centros del Sename hay niños que están siendo sometidos a abusos sexuales, a violaciones, a torturas, y no podemos seguir siendo indiferentes a esa realidad. Ojalá que este informe, que tan bien expuso el  diputado   René Saffirio  en la sesión anterior, no quede en el olvido o en nuestros cajones. Como Cámara de diputados, debemos tomar medidas urgentes al respecto, porque, de lo contrario, mañana un niño volverá a ser violado o torturado en un centro de reclusión o de acogida. Si no hacemos nada, vamos a ser cómplices de esas violaciones y de esas torturas. Pongámonos las pilas, violentémonos, desgarrémonos con este informe y espero que ojalá se adopten las medidas que propone la comisión.
   
He dicho. 
 
 
-Aplausos. 
 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- 
Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo. 
 
La señorita VALLEJO (doña Camila).- 
Señor  Presidente , cuesta referirse a este informe sin sentir un dejo de angustia y dolor, porque nos revela que en cada minuto que pasa hay niños y niñas que son abusados, no solo sexualmente, sino también física y psicológicamente, lo que nos indica que estamos frente una situación muy compleja, no en cuanto a los sentimientos que produce, sino respecto de cómo debe abordarse este problema.
  
Felicito a los integrantes de la Comisión y a los funcionarios que participaron en esta investigación, porque desarrollaron un trabajo muy difícil y loable. 
En general, pediría no calificar a estos niños y niñas como vulnerables, porque que no se trata de una condición natural, sino de una acción de nuestra sociedad que, por desgracia, los vulnera constantemente. 
El Sename nos muestra una situación de vulneración, que se suma a la violación sistemática de los derechos humanos de estos niños y niñas, que les viene pasando desde su nacimiento. Ello tiene que ver con las condiciones estructurales en que se desenvuelven.
 
Como dijo el diputado Gabriel Boric, estos niños y niñas no nacen delincuentes, ni nacen pobres. Son las condiciones de la sociedad las que los hacen delincuentes y pobres. 
Hay que cambiar el Sename y reemplazarlo por una institucionalidad que aborde la complejidad del problema. Al respecto, saludo las propuestas planteadas por el informe, sobre todo la iniciativa de ley que apunta a crear el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente -ya ingresado a tramitación-, que debemos apoyar, porque logra separar la acción delincuencial de la protección necesaria de la infancia.
 
Además, me parece que debemos hacernos cargo del problema estructural, porque esto no tiene que ver simplemente con la violencia que puedan sufrir los niños y niñas en sus casas -ella se relaciona, por ejemplo, con el problema laboral, con la inserción y con la calidad del trabajo de sus padres-, sino también con la vivienda de esas familias. 
Aquí se nos presenta una discusión que, aunque corresponde a otra arista, también tiene relación con el tema en discusión. Muchos niños y niñas viven hacinados, en mediaguas, en patios de casas, y debido a que están tan cerca o pegados a otras viviendas de material ligero sufren, por ejemplo, incendios, como los que hemos visto hace poco en Valparaíso.
 
Entonces, es nuestro deber abordar esta compleja discusión, porque si simplemente nos planteamos el cambio de la institucionalidad, no abordaremos el problema en toda su magnitud, que también debiera considerar lo relacionado con la vivienda y los barrios adecuados. A un niño no le hace bien el hacinamiento ni vivir en guetos donde todos son pobres y hay delincuencia y drogadicción. 
En cuanto al tema de la educación, esos niños no tienen un adecuado acceso a ella y, por lo tanto, no se les respeta su derecho a la educación. Por lo tanto, si no abordamos el problema desde la raíz y si no evitamos que se sigan formando niños en condiciones de pobreza, siempre llegaremos tarde. 
El Estado sabe cómo se forma un delincuente y cuáles son las condiciones para que un niño o una niña terminen siéndolo. ¿Por qué siempre llegamos tarde, cuando niños y niñas de 11 o 12 años de edad ya cometen delitos y solo nos queda analizar cómo reparar esa situación o cómo desarrollar un proceso judicial? Esto no puede seguir sucediendo en el país; ahí está el centro de la discusión en esta materia, y es justamente lo que debemos recoger del informe de la Comisión Investigadora del funcionamiento del Sename.
 
En ese sentido, hay que reforzar la idea planteada en el informe, que dice relación con el establecimiento de una mesa de trabajo que aborde integralmente esta materia. Insisto, hay que abordar el tema en una perspectiva intersectorial e interministerial. Los problemas de la salud, de la vivienda, de la educación y laboral de los trabajadores de nuestro país deben ser los ejes centrales para prevenir y evitar que ocurran estas situaciones de violación sistemática de los derechos de los niños y niñas. Pero lo que hace el Estado -porque el Sename es un organismo del Estado- es agudizar esa condición de vulneración. No podemos actuar ex post, sino que debemos actuar ex ante, preventivamente, y ese es el enfoque que debemos dar a esta discusión.
 
He dicho. 
 
El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio. 
 
El señor SAFFIRIO.- Señor  Presidente , por encargo de esta Cámara, me correspondió presidir la Comisión Investigadora del funcionamiento del Sename, y puedo asegurar que realizamos una investigación acuciosa y con mucho rigor investigativo, pero sobre todo con la mirada y los énfasis puestos en el interés superior del niño. Y cuando digo “interés superior del niño”, como señalé en mi informe en la sesión del jueves pasado, no hago referencia a un concepto vacío, sino a una expresión que surge de un acuerdo de Naciones Unidas y que nos impone, como Estado, la obligación de salvaguardar, defender y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, que es precisamente lo que no estamos haciendo. Y esta búsqueda de información y de verdad respecto de lo que ocurre en la zona más oscura y detestable de la sociedad chilena la realizamos a pesar de la molestia de muchas y respetables instituciones, en algunos casos representadas por no tan respetables personeros.
  
¿Qué concluimos? En el informe, que es extenso -ya pedí disculpas por ello en la sesión pasada-, descubrimos las graves vulneraciones de derechos fundamentales de los niños que carecen de cuidado parental. También descubrimos que muchos niños son internados en recintos del Sename, pero no por dificultades parentales, sino por razones de pobreza. Es decir, se van a esos centros no porque tengan conflictos parentales, sino que se les priva de su libertad y de su familia porque son pobres.
 
Asimismo, descubrimos que el Sename -se lo expreso particularmente al  ministro de Justicia - no sabe cuántos niños están en sus centros, porque solo contabiliza a aquellos que perciben una subvención del Estado. Pero muchos jueces internan a niños que no tienen tal beneficio. Entonces, estamos hablando de niños que son parias entre los parias. Lamento usar expresiones tan duras, pero esta investigación produjo angustia y tremendo dolor, aunque también generó una gran experiencia. En esta Sala, parece que es pecado hablar de sentimientos, de libertad y de justicia social, por cuanto es mucho más fácil hablar del impuesto a la renta y sobre los efectos que producirá en el empleo, disparar entre empresarios o atribuirle responsabilidades al mundo del trabajo. Pero, ¡por Dios que cuesta hablar sobre estos temas!
  
Descubrimos que los niños son ingresados a los recintos del Sename separados de sus hermanos, en residencias distintas e, incluso, en ciudades diferentes, en ocasiones distantes a más de 150 kilómetros. Además, nos informamos de que permanecen internados porque los jueces de familia que decretan su ingreso lo hacen sin plazo. Es decir, son internados en dichos hogares, pero no se sabe hasta cuándo. Menores de 3 años de edad se van a esos centros del Sename aterrados, se orinan en sus camas durante la noche y viven y se revuelcan en ellas e, incluso, muchas veces sus sábanas no son cambiadas durante quince días. ¡Esa es la forma en que el Estado protege a los menores!
 
No sacamos nada con quedarnos en la descripción de hechos, pues aquí hay responsables. 
Se va a pedir votación separada sobre dos aspectos del informe, a partir de un acuerdo a que llegaron los jefes de Comités el jueves pasado, para que se pudiera discutir el informe en la Sala, a lo cual accedí. Primero, se pedirá votación separada porque esta comisión cometió el error, del cual me hago responsable personalmente como su  Presidente , de despachar oficios y resolver que las respuestas fueran remitidas al   presidente  de la comisión y no al   Presidente  de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, en ese momento no tuve presente que la Comisión se disolvía, porque era el último día de la legislatura anterior. Es una equivocación que -insisto- asumo personalmente como presidente de la comisión; por lo tanto, no hay que atribuirle responsabilidades a nadie más. Sin embargo, eso no puede llevar a cuestionar otros aspectos fundamentales del informe que tienen que ver con la responsabilidad.
  
A juicio del informe, ¿quiénes son los responsables? Nosotros hablamos de responsabilidad política del entonces  ministro de Justicia , señor  Juan Piña , hoy    presidente del Consejo de Defensa del Estado ; del señor  Héctor Carreño ,    ministro de la Corte Suprema de Justicia , designado por el máximo tribunal del país para conducir la justicia de familia en Chile. A pesar de haber recibido el informe que él mismo encargó, lo guarda y no lo informa a los tribunales de familia, porque no le gustaron sus resultados, que eran dramáticos, tal como he señalado.
  
¿De dónde surge esa responsabilidad política? Dicha responsabilidad emana, desde mi punto de vista, del artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política, que establece lo siguiente: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.”. Pero el inciso continúa: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.
 
Por su parte, el artículo 6°, en su inciso tercero, expresa: “La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.”. Desde el punto de vista de la ciencia política, esto es claramente responsabilidad política. ¿Cómo se hace efectiva? Ese es el rol de esta Cámara. Se hace efectiva a partir de la norma del artículo 52 de la Constitución Política, que establece como atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras: “2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: (…)
 
b) De los  Ministros de Estado ,?;
  
c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes;”. 
Por eso hablamos de responsabilidad política. No es una frase hueca, ni vacía. La responsabilidad política está claramente establecida y esta Cámara, en su oportunidad -que no es esta-, tendrá que resolver si acusa o no constitucionalmente a ambos personeros. No es esta la ocasión de hacerlo, pero ya están corriendo los plazos.
 
Para terminar, quiero hacer referencia a tres hechos. Respecto de dos, tuve una experiencia personal. El 9 de julio de 1999, en el centro de menores  Alborada , de Temuco, a cuatro cuadras de mi casa habitación, y en momentos en que ejercía la función de alcalde de la ciudad, se produce un incendio en uno de los dormitorios que albergaba a ocho niños, que ha-bían sido internados por los entonces juzgados de menores, para cumplir una medida de protección. No sé si la fortuna o la desgracia me llevaron a entrar allí, a los cinco minutos de haberse declarado el incendio. ¡Nunca he logrado borrar la imagen de esos ocho niños, protegidos por el Estado, calcinados! ¡Ocho niños, protegidos por el Estado, terminaron muertos porque no les abrieron la puerta de la celda donde dormían! Nadie me puede decir que eso no ocurrió, porque yo estuve allí. Esto no es ficción, ni es una abstracción; es la realidad de ocho niños de nuestro país que, a partir de una medida de protección, fueron enviados a un centro de Sename. Estos menores provocaron un incendio -¡por Dios, qué “malos” esos niños, que con el incendio causaron daño al patrimonio fiscal!- y las personas encargadas de cuidarlos no les abrieron la celda. Como consecuencia, los ocho niños murieron calcinados. Esa imagen, como muchas otras, la tengo tan presente que sería largo relatar.
  
Entre los testimonios que se entregaron en la Comisión, está el de dos hermanos internados en una de las casas de las Aldeas SOS, en la comuna de Padre Las Casas, después de cruzar el río de la ciudad de Temuco. En una de esas casas vivían nueve niños, de los cuales siete eran sistemáticamente violados. ¡Siete, de nueve! Eran sacados de la casa, con conocimiento de la administradora, y subidos a un furgón de un empleado del Sename, que actualmente se encuentra procesado. Mientras uno los filmaba, otro los violaba y un tercero les decía: “No se les vaya a pasar la mano”. Esto está consignado en el informe.
 
Es importante apoyar este informe. Cuando terminé de informarlo, en la sesión pasada -pido perdón por lo que voy a decir, pero no voy a dar nombres-, se me acercó un diputado. ¿Sabe lo que me dijo, señor  Presidente ? Estaban presentes la   diputada   Yasna Provoste  y los diputados Iván Flores y   Juan Morano . Me dijo: “   Diputado , lo que usted leyó en el informe es apenas el 10 por ciento de lo que ocurre en los hogares de menores. Y se lo digo yo, que fui testigo, a los nueve años, de cómo la cabeza de un niño era aplastada con una almohada, mientras tres sujetos lo violaban. Se lo digo porque yo, a los nueve años, viví en un hogar de menores.”.
  
¿Qué esperamos para tomar las decisiones que nos corresponden? Sería inmoral que, en conocimiento de tales hechos, no tomáramos decisiones coherentes con la naturaleza de los hechos que hemos investigado. 
Señor  Presidente , por su intermedio le pido al   ministro de Justicia , presente en esta Sala, que no sigamos mirando al costado. Este no es un problema del gobierno del Presidente Piñera. Si leemos a  Gabriel Salazar ,    Premio Nacional de Historia , en su obra “Ser niño “huacho” en la historia de Chile”, advertimos que el drama que denunciamos a través de la Comisión Investigadora tiene sus orígenes en los albores de la república.
  
Si queremos ser un país que empieza a jugar en las grandes ligas, esto no puede continuar. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
 
El señor  GONZÁLEZ  (  Vicepresidente ).- Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
  
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia. 
 
El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor  Presidente , no me voy a referir a los antecedentes específicos tenidos a la vista por la Comisión Investigadora, sino a los hechos que dieron lugar a la misma, los cuales también fueron latamente estudiados por las dos comisiones investigadores que analizaron el tema, llegando ambas a un mismo resultado, pero con distintos métodos y propuestas.
  
Señor  Presidente , como es de público conocimiento, en julio de 2013, el Centro de Información e Investigación Periodística (Ciper) dio a conocer a la opinión pública el contenido del informe denominado “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial en Chile”, desarrollado por una comisión institucional del Poder Judicial, apoyada por la Unicef, en el marco de un convenio de cooperación entre ambos organismos.
  
En ese marco, por propia iniciativa, jueces de familia aplicaban en las visitas un cuestionario de supervisión del sistema residencial de protección a niños mayores de 10 años, donde podían indicar en forma anónima las observaciones y denuncias que estimaran. 
El referido cuestionario que devela Ciper da cuenta de una serie de casos de maltrato y abuso, que constituyen vulneraciones graves a los derechos fundamentales de los niños y adolescentes bajo la protección del Estado, causando alarma pública. 
Sobre el particular, no me haré parte de los muchos cuestionamientos y también halagos que tuvo dicho informe por parte de numerosos expertos sobre la metodología empleada. Sin embargo, es necesario recalcar y tener presente que el ánimo del trabajo, como se lee en su génesis, fue mejorar las deficiencias del sistema residencial de los niños que se encuentran bajo la protección del Estado de Chile por no poder vivir con su familia de origen o extendida, y no exponerlos a una nueva vulneración de sus derechos. De modo que cualquier opinión que se emita podría llevar a conclusiones irresponsables. Tampoco es tarea de esta Cámara referirse a maltratos y delitos consignados en el informe periodístico, porque su investigación y sanción es tarea exclusiva y excluyente de los tribunales de justicia.
 
Al respecto, hago un llamado a toda persona e institución, pública o privada, particularmente a los medios de comunicación, a ser cuidadosos en las opiniones, verbales o por escrito, que puedan efectuar y que lleven a transgredir gravemente los derechos de los niños, de manera que no sean expuestos a una doble vulneración de sus derechos al exponerlos públicamente sin considerar su edad y condición. 
Señor  Presidente , honorable Sala, nadie podría no estar de acuerdo con las conclusiones de las comisiones investigadoras, porque no tengo duda de que compartimos el diagnóstico de las múltiples carencias del sistema de protección residencial de los niños y adolescentes. Igualmente, concordamos con sus desafíos. A mi juicio, el primero y principal es la urgente necesidad de una nueva institucionalidad para el Sename, que lo rediseñe y que implemente instrumentos orientados a la protección de los derechos de los niños y adolescentes, como igualmente que aplique programas de reparación especializada para los menores que han sido vulnerados en su derecho más esencial: vivir con sus familias, protegidos y queridos.
  
Se debe establecer como principio rector que los niños y adolescentes tienen, en primer lugar, el derecho a ser cuidados por su familia de origen o extendida; en segundo lugar, la adoptiva, y como último recurso, la internación, para lo cual tanto el Sename como los tribunales de justicia deben tener la obligación legal y moral de agotar las medidas para que este derecho esencial se cumpla. Se debe intervenir apoyando a la familia para que el niño pueda quedarse en ella y no sea la pobreza o la marginalidad la causa de su internación.
 
Por otra parte, resulta fundamental establecer un sistema de supervisión externa, independiente y regular que garantice objetividad y mejoras permanentes al sistema, que esté a cargo de un organismo de protección de la infancia y de sus derechos fundamentales, y que sea el encargado de fiscalizar y hacer sus propias transformaciones. 
Al respecto, me llama profundamente la atención y no puedo compartir la decisión del actual Gobierno de enviar a tramitación al Congreso Nacional, dentro de sus primeras iniciativas, el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, sin considerar en sus objetivos a la familia, olvidando que para las mujeres sus hijos son la primera prioridad. Pareciera que la familia tampoco fuera importante para la sociedad y el país. No tengo duda de que a los niños y adolescentes infractores de ley les faltó una familia que los guíe y acoja. Por otra parte, en el caso de los niños que están bajo protección en el sistema residencial por no tener una familia, cuando llegan a tener la dicha de la adopción o la suerte de permanecer bajo el alero de instituciones como El Refugio de Cristo, Mi Casa, La Fundación Chile para la Adopción y tantas otras que realizan su máximo esfuerzo para funcionar como familias, con una madre sustituta a cargo de un máximo de diez niños a los que dedica toda su atención, su situación cambia radicalmente y llegan a ser personas felices.
 
Por lo tanto, se debe fortalecer a las familias y es la oportunidad para la creación del Ministerio de la Familia, que obviamente involucra a la mujer, pero también a los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y también a los hombres, sin excluir a nadie, sino integrando, para que, en definitiva, tengamos una sociedad más sana e inclusiva.
 
Señor  Presidente , los antecedentes recabados por ambas comisiones investigadoras dan cuenta de muchas carencias del sistema, el que requiere con urgencia una inyección contundente de recursos que permita contar con mejores habitabilidades, medidas de seguridad apropiadas, personal mejor pagado para evitar la rotativa y temporalidad de los mismos y, sobre todo, contar con una subvención que pueda cubrir los costos que implica un niño en régimen residencial.
  
Resulta ineludible un presupuesto público consecuente, elevando gradualmente el monto de la subvención. 
Finalmente, del análisis de los antecedentes fluye la convicción de que existe una responsabilidad compartida de los tres Poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- en la precariedad del sistema de protección residencial de niños y adolescentes, cada uno en su propio ámbito, ya sea por la falta sistemática de políticas públicas de la infancia, por la carencia de leyes que den cuenta de su protección integral y por la internación de niños sin seguir el curso posterior de la misma y no preocuparse de la restitución de uno de sus derechos más anhelados: vivir en familia.
 
La bancada de la Unión Demócrata Independiente está disponible para aprobar el informe de la Comisión Investigadora en las propuestas que impliquen un llamado al  Ejecutivo  a rediseñar con urgencia el sistema de protección residencial a cargo del Sename, porque coincidimos plenamente con el diagnóstico efectuado. Sin embargo, no estamos disponibles para aprobar propuestas que van más allá de nuestras funciones fiscalizadoras y que corresponden a otro Poder del Estado. Las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios que faltaron a sus deberes y desprotegieron a los niños son individuales, y serán los organismos pertinentes los llamados por la Constitución Política y las leyes a hacer justicia.
  
Por otra parte, las responsabilidades que se asignan en el informe al  ministro de la Corte Suprema   don Héctor Carreño  deben ser analizadas en su oportunidad y en su propio mérito, precisamente porque la letra c) del N°2 del artículo 52 de la Constitución Política de la República otorga a la Cámara de Diputados la atribución exclusiva de acusar a los magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus deberes, materia que, en consecuencia, debe ser abordada por cuerda separada.
   
Por lo anterior, nuestra bancada solicita votación separada de las conclusiones. 
He dicho. 
 
 
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Roberto Poblete. 
 
El señor POBLETE.- Señor  Presidente , en primer lugar, saludo al   ministro   José Antonio Gómez  por su presencia. Además, felicito a la Comisión Investigadora por su trabajo respecto del funcionamiento del Servicio Nacional de Menores.
   
Señor  Presidente , nuevamente enfrentamos con desazón el hecho de que un órgano del Estado de la importancia de este se encuentre bajo revisión por irregularidades en su funcionamiento.
  
Básicamente, el objeto de esta Comisión Investigadora ha sido la actuación y reacción del Servicio Nacional de Menores en la vulneración de los derechos de los menores que se encuentran en hogares dependientes o sujetos a su fiscalización, en contravención de las garan-tías constitucionales y la Convención sobre los Derechos del Niño.
 
Hoy, según la Comisión Investigadora, en los hogares, casas y residencias del Servicio existe, entre otras, negación de alimentos, asistencia médica, vestuario y educación.
 
La situación de los centros u hogares de menores dependientes o sujetos a la fiscalización del Sename es precaria y, en algunos casos, linda con lo delictual. 
Por ello, los resultados de este informe no son nada alentadores. Como sociedad debemos reaccionar a la brevedad, con políticas claras y, sobre todo, con mejores recursos técnicos, humanos, legislativos y financieros. Lo anterior es básico si se piensa que Chile ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1991, instrumento internacional de la máxima importancia que establece principios, estándares y derechos, cuyos límites a la acción del Estado y de particulares en defensa de la infancia son claros y contundentes.
 
Las irregularidades que arrojó el estudio titulado “Proyecto de Levantamiento y Unificación de Información Referente a Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Residencial de Chile”, realizado por el Poder Judicial, la Unicef y el Sename, y la investigación de las responsabilidades de este Servicio respecto de los hechos que motivaron esta investigación, son los puntos cruciales de esta Comisión Investigadora y sobre los cuales tenemos que reflexionar más.
 
En este sentido, representan una gravedad mayor para el país completo y en especial para la Comisión Investigadora, las afirmaciones y distinciones hechas por el exdirector nacional del Sename señor  Rolando Melo , y por la exjefa del Departamento de Protección de Derechos, señora   Angélica Marín , respecto del abuso cometido por adultos o por los propios niños en contra de otros menores; o el cometido por un adulto integrante de una residencia o por un tercero ajeno a ella; o el abuso que sufren los niños al interior de una residencia, o fuera de ella, cuando salen a visitar a sus familias.
  
Creemos que un nivel de negligencia como el visto en la administración anterior, donde sus personeros intentaron delimitar sus propias responsabilidades haciendo la denuncia sin haber activado de manera decisiva los mecanismos de tutela y salvaguarda judicial en favor de los menores, resulta terrible. Estuvieron absolutamente ciegos ante la calidad de víctimas de los niños y frente al hecho evidente de que, respecto de cada menor que se encuentra ingresado en el sistema residencial por orden de un tribunal de familia, quien tiene a su cargo el cuidado personal de aquellos en todo momento y circunstancia es el director de la residencia. Son ellos quienes deben responder por el bienestar y el resguardo de los derechos de esos menores. No debemos olvidar que este y cada uno de los profesionales y personas que trabajan en los centros del Sename reciben aportes estatales para ello. El director debió en todo momento poner por delante el interés superior de los menores. 
Hoy estamos en este hemiciclo para denunciar e intentar hacer ver a la ciudadanía que el Estado de Chile es el primer responsable del cuidado de los niños que acoge para protegerlos, y, por tanto, no puede admitir bajo ningún aspecto que permanezca el abuso sexual sistemático, como cualquier abuso de otra índole que se produzca en las residencias.
 
Por eso, se deben tomar medidas administrativas, legislativas y judiciales drásticas para acabar con ello y prestar la debida y adecuada atención médica especializada tanto a los niños actores de abuso como a quienes lo padecen, pues todos ellos son víctimas de violencia institucional, y su freno es y debe ser un compromiso ineludible del Estado de Chile.
 
He dicho. 
 
El señor  GONZÁLEZ  (  Vicepresidente ).- Tiene la palabra la   diputada  señorita  Karol Cariola.
 
 
La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor  Presidente , por su intermedio saludo al   ministro  señor  José Antonio Gómez .
   
Es un gusto tenerlo aquí, señor  ministro . Sin embargo, es lamentable tener que recibirlo durante la discusión de un informe que nos entrega antecedentes que para nosotros son terribles de escuchar y constatar, acerca de hechos que han venido desarrollándose en el país respecto de instituciones que debieran proteger a nuestros niños.
  
Es importante destacar el rol que cumplió la Comisión Investigadora, y, por supuesto, la particularidad del compromiso expresado ante todos nosotros por el diputado que encabezó un proceso que ha sido bastante complejo. 
También es importante destacar que, de alguna manera, la Comisión Investigadora nos entregó la oportunidad de sacar a la luz toda la información que fue ocultada al país de manera negligente por la exministra de Justicia, los exseremis respectivos, el exdirector del Sename y las respectivas jefas de los departamentos de Protección de Derechos y de Adopción de dicha institución, ya que tal como el informe lo expresa, ellos conocían plenamente la situación de abuso y vulneración de derechos de nuestros niños, respecto de lo cual tuvimos que enterarnos a través de Ciper y de otros medios de comunicación para recién poder hacernos cargo.
 
Esto no puede volver a ocurrir en Chile, señor  Presidente . Es una situación inaceptable. Una vez más, somos testigos del lamentable hecho de que los niños que peor lo pasan son los más pobres, pues desde la cuna son condenados a ser víctimas de la desigualdad y el abuso en distintos ámbitos. Son niños que muchas veces nacen sin ser esperados, para posteriormente ser abandonados en los diversos centros que aparecen en el informe de la comisión, situación acerca de la cual ya vemos los resultados, porque el Estado, que debería garantizar su protección, no lo está haciendo.
  
Desde ahí hacia adelante esos niños se encuentran condenados a recibir las migajas de nuestra sociedad. 
No obstante ello, cuando se proponen mecanismos sanitarios para el control de la natalidad desde la prevención de los embarazos no deseados, hay algunos que anteponen sus sesgos morales ante la necesidad de legislar al respecto con políticas públicas reales y eficientes. 
Es angustiante y doloroso que en esta oportunidad sean organismos del Estado los responsables y cómplices de los abusos a los que nuestros niños fueron expuestos. Además, el informe expresa que los tribunales de justicia no intervinieron ni hicieron los seguimientos correspondientes. 
No quiero desviar el debate, pero no puedo dejar pasar el comentario del diputado Osvaldo Urrutia, quien hizo alusión a la creación del Ministerio de la Mujer, ya que como mujer no puedo permitir que se intente acotar nuestro rol solamente al sustento de la familia. 
Es una alegría para nosotras que la  Presidenta   Bachelet  esté cumpliendo con una deuda que se encontraba pendiente, cual es la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pues para nadie es secreto que los derechos de las mujeres, al igual que los derechos de los niños, si bien han sido planteados, hasta ahora no se han cumplido del todo. La historia de lucha de las mujeres chilenas ha tenido varias conquistas, entre ellas el derecho a voto y el derecho a formar parte de la representación política de nuestro país; sin embargo, muchas otras todavía están pendientes. Otra conquista era generar una institucionalidad potente que nos permitiera, por ejemplo, relevar el derecho de las mujeres trabajadoras, que todavía siguen ganando un sueldo diferenciado respecto del de los hombres.
   
Lo vuelvo a decir: no era mi afán desviar el tema del debate principal; sin embargo, no podía dejar de mencionar ese elemento, ya que, lamentablemente, a veces tratamos de mezclar peras con manzanas. Señor  Presidente , por su intermedio le señalo al señor   ministro  que el debate que hoy nos convoca se relaciona con la necesidad de tomar resoluciones concretas acerca de la situación irregular que se ha venido dando en los centros de cuidado de niños que están a cargo del Estado.
  
Las responsabilidades deben ser perseguidas en todo ámbito, instruyéndose necesariamente las fiscalizaciones, auditorías, procedimientos administrativos sancionatorios, demandas civiles y acciones criminales que correspondan y contra quienes correspondan. 
Por otra parte, urge una reestructuración completa del sistema de residencia y, más aún, del Sename en cuanto a su institucionalidad y gestión. Esto requiere modificar diversos cuerpos legales del Ministerio de Justicia, incluso la Ley Orgánica Constitucional del Sename. No es posible que existan programas y organizaciones subvencionadas con recursos del Estado, que pertenecen a todos los chilenos, en los que se maltrate y vulnere a los menores que, precisamente, requieren de una mayor protección. Debe auditarse, a la brevedad, a todas las instituciones para determinar cómo se gastan los recursos fiscales que ellas reciben.
 
En el mismo sentido, debe realizarse un nuevo ordenamiento de la protección de los menores que retome el rol público de esta actividad y terminar con el sistema que subvenciona y que solo externaliza su servicio, que pone el énfasis en la obtención de recursos y su distribución en función de mantener a las organizaciones, sus costos y sus sueldos, y no en la protección y desarrollo de nuestros menores. 
Por otro lado, no puede seguir estructurándose como eje fundamental del sistema la penalización de los niños desarrollando ambientes carcelarios como modelos de residencias e internaciones. Incluso en el caso de la reforma penal juvenil es necesario realizar una revisión a fondo de un sistema que criminaliza a nuestros niños, sin ofrecer una reparación y reinserción profunda y efectiva, manteniendo a los menores sin posibilidad de reinserción o de rehabilitación en el ámbito que sea mejor para ellos. 
Por último, quiero manifestar que nuestras niñas y niños no solo son el futuro de nuestro país, sino también el presente, y, por ende, debemos hacernos cargo de ellos. 
He dicho. 
 
 
-Aplausos. 
 
 
El señor  GONZÁLEZ  (  Vicepresidente ).- Tiene la palabra el   diputado  señor  Ramón Farías.
 
 
El señor FARÍAS.- Señor  Presidente , el informe de la Comisión Investigadora del Sename, que escuchamos en la sesión anterior, no solamente es conmovedor, sino también aterrador.
  
Es aterrador, porque se trata de niños que son el eslabón más desprovisto de nuestra sociedad. Los niños tienen derechos, pero no tienen voz. Si un mayor no toma la voz de los niños, nadie los representa. 
Cuando vimos, primero, lo que hizo Ciper, y luego el informe de la Comisión Investigadora del Sename, nos aterramos -insisto- al comprobar que muchos de los hechos descritos eran efectivos, reales; estaban ocurriendo. Por eso se creó esta Comisión Investigadora. 
Aquí se han relatado las aterradoras experiencias ocurridas en los centros del Sename. Pero quiero señalar al  ministro de Justicia , por intermedio del señor   Presidente , que ahora es el momento de actuar: ya basta de preocuparnos; debemos empezar a ocuparnos. Así como hoy nos estamos ocupando de las consecuencias de la tragedia provocada por los grandes incendios desatados en Valparaíso en los últimos días, tenemos que empezar a ocuparnos de los menores más desvalidos.
  
Hace mucho rato que se ha tratado de abordar ese problema. De hecho, han sido ingresados a trámite legislativo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone una reforma integral al sistema de adopción y otro que modifica y moderniza el Sename, iniciativas a las que el  Ejecutivo  debe hacer presente la urgencia, como se lo planteé al   ministro de Justicia  hace un par de semanas.
  
Respecto del proyecto de ley que propone modificaciones a ese Servicio, estoy de acuerdo con el planteamiento que se hace en la iniciativa en términos de que no es posible que los menores de edad que se encuentran recluidos por hechos delictuales estén mezclados con menores ingresados por ser víctimas de abandono. No hay que juntar a unos con otros; se debe dar un tratamiento especial para cada caso, porque son distintos. 
Por lo tanto, es urgente que se apruebe el informe de la Comisión Investigadora que se somete a nuestra consideración, y que el  Ejecutivo  otorgue urgencia a los proyectos de ley señalados, con el objeto de que la Comisión de Familia y Adulto Mayor los trate de manera profunda, a fin de determinar qué se debe hacer para que nuestros menores se encuentren protegidos y nos empecemos a ocupar de ellos.
  
Asimismo, es urgente que se apruebe el proyecto de ley que propone una reforma integral al sistema de adopción, para permitir que los menores en situación de abandono estén el menor tiempo posible en los centros del Servicio Nacional de Menores. 
Las iniciativas señaladas deben ser discutidas, perfeccionadas y aprobadas de una vez por todas. 
Es aterrador lo que les ha ocurrido a algunos menores recluidos en los centros del Sename, donde muchos de ellos han sido víctimas de violación, para lo cual han sido sacados de los centros en las noches y se les ha hecho consumir drogas para ser sometidos a actos terribles. Los actos a los cuales esos menores han sido sometidos resultan aterradores y conmovedores. Por eso, la Cámara de Diputados no puede permanecer indiferente. 
Reitero que no podemos seguir preocupándonos de esa situación, sino que debemos ocuparnos de ella, por una parte, mediante la aprobación del informe en discusión. para que se adopten las medidas respectivas y se lleven los hechos a la justicia para que esta haga su trabajo, y, por otra parte, haciéndonos cargo de lo que está sucediendo en cada uno de los centros del Sename del país. 
En entrevista publicada el domingo pasado, la  directora del Sename , señora  Marcela Labraña , quien hace poco asumió el cargo, señaló que se están interviniendo algunos centros de ese servicio para brindar mayor protección a los menores recluidos en ellos. Sin embargo, creo que no se saca nada con hacer eso si no se solucionan los problemas puntuales que existen al interior de ellos. Se debe cambiar el sistema en su totalidad; de lo contrario, en el Sename volverán a ocurrir casos como los que hemos conocido.
   
Es urgente que nos ocupemos de ese problema y que se perfeccione la institucionalidad en materia de adopción, con el objeto de que los menores en situación de abandono no permanezcan en los centros del Sename tanto tiempo y para que no sean mezclados con aquellos recluidos por delitos. Se trata de niños que requieren un tratamiento distinto, a fin de que puedan surgir, mejorar y llegar a ser ciudadanos que puedan trabajar y vivir tranquilos en la sociedad. 
Han ocurrido casos muy complejos en el Sename. Por eso, insisto en la solicitud que he hecho al ministro de Justicia para que el Ejecutivo haga presente la urgencia a los proyectos de ley que deben ser tramitados para que nos ocupemos como corresponde respecto de la situación de los menores recluidos en los centros de ese organismo. 
He dicho. 
 
El señor CORNEJO (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado al Orden del Día. 
Quedan diez diputados inscritos para hacer uso de la palabra, los que intervendrán en la próxima sesión ordinaria. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, pido la palabra para un punto de Reglamento. 
 
El señor  CORNEJO .- Tiene la palabra su señoría.
  
 
El señor RINCÓN.- El debate continuará mañana, y luego votaremos el informe de la Comisión Investigadora, motivo por el que pido que recabe el asentimiento de la Sala para permitir el ingreso a esa sesión de la directora del Servicio Nacional de Menores, acceso que hoy le fue denegado.
 
He dicho. 
 
El señor  CORNEJO  (  Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
  
No hay acuerdo. 
Tiene la palabra la  diputada  señora  Alejandra Sepúlveda .
   
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor  Presidente , quiero saber si en la sesión que se celebrará mañana también contaremos con la presencia del   ministro de Justicia  para la continuación del debate de este informe.
  
 
El señor  CORNEJO  (  Presidente ).- El   ministro de Justicia  estará presente en la continuación de la discusión de este informe
  
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Muchas gracias, señor  Presidente .
  
 
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