LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO POR INVESTIGACIÓN SOBRE LAVADO DE ACTIVOS. Primer trámite constitucional.
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO POR INVESTIGACIÓN SOBRE LAVADO DE ACTIVOS. Primer trámite constitucional. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones sobre lavado de activos. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Guillermo Ceroni. Antecedentes: -Moción, boletín Nº 4426-07, sesión 65ª, en 17 de agosto de 2006. Documentos de la Cuenta 5. -Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 41ª, en 16 de junio de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 17. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor CERONI.- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia paso a informar el proyecto de ley que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones sobre lavado de activos, originado en una moción de los diputados señores Gabriel Ascencio, Jorge Burgos, Francisco Encina, Álvaro Escobar, Carlos Montes, Eduardo Saffirio y del ex diputado Juan Bustos. La idea central del proyecto es ampliar las facultades del Ministerio Público para la prevención, detección y persecución del delito de lavado de activos, permitiéndole profundizar en la información bancaria de las personas investigadas, mediante una amplia facultad para levantar el secreto bancario, con las debidas garantías judiciales. Con tal propósito, la Presidenta de la República envió una indicación sustitutiva total que introduce diversas modificaciones en la ley Nº 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero, que tiene por finalidad prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en dicha ley. Tales modificaciones se orientan a: -Incluir el financiamiento del terrorismo entre los objetivos a prevenir e impedir de la Unidad de Análisis Financiero. -Permitir a la Unidad acceder, sin necesidad de autorización judicial, a los antecedentes amparados por la reserva bancaria relacionados con una operación sospechosa. -Agregar, dentro de las atribuciones de la Unidad, la organización y mantención de registros para mejorar la eficiencia del sistema, especialmente respecto de quienes están obligados a reportar sin estar sujetos al control de la Superintendencia de Bancos. -Permitir el acceso de la Unidad a las informaciones y antecedentes relacionados con una operación sospechosa que se encuentren en poder del Servicio de Impuestos Internos, sin que rija la prohibición de informar que establece el Código Tributario. -Ampliar el número de personas jurídicas obligadas a informar a la Unidad sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades. -Incluir, dentro del concepto de operación sospechosa, las conductas que digan relación con el financiamiento del terrorismo o que sean realizadas por personas naturales o jurídicas que figuren en los listados del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que esta Unidad de Análisis está concordada con las demás existentes en el extranjero. -Ampliar el umbral de registro por parte de las instituciones obligadas a informar sobre las operaciones en efectivo que se realicen ante ellas. -Relevar del deber de secreto que pesa sobre los funcionarios de la Unidad respecto de las informaciones que conozcan en el ejercicio de sus funciones, no sólo en lo que dice relación con el delito de lavado de activos, sino también de aquellos que sirven de base a tal delito, cuando se trata de informaciones requeridas por el Ministerio Público o el tribunal que conozca del procedimiento criminal por dicho delito. -Elevar a la calidad de infracciones graves por las personas obligadas a informar, no dar cumplimiento a dicha obligación respecto de los actos, transacciones u operaciones que se realicen por personas naturales o jurídicas que figuren en los listados del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. -Incluir nuevos delitos considerados como base del lavado de dinero. -Establecer que la pena por el delito de lavado de activos no podrá ser superior a la máxima que corresponda por el delito base o precedente. -Ampliar el secreto de la investigación para todos los delitos de que trata la ley Nº 19.913, y no sólo los que señalan los artículos 27 y 28 de dicha ley. -Permitir destinar los bienes incautados o el producto de los decomisados por el delito de lavado de activos al control de dicho ilícito. -Permitir, a petición del fiscal, en el caso de investigaciones nacionales o peticiones de asistencia internacional por el delito de lavado de activos, la incautación de bienes distintos a los relacionados con el delito por un valor equivalente al monto de los recursos lavados. -Permitir, en el cumplimiento de las funciones investigativas llevadas adelante por el Ministerio Público, el pleno acceso de éste a los antecedentes amparados por reserva bancaria. -Establecer, respecto de las personas jurídicas, cuyos dueños o controladores hayan sido condenados por alguno de los delitos que trata esta ley, la ley que sanciona las conductas terroristas o la prevaricación, malversación de caudales públicos, fraudes y cohecho, medidas destinadas a prevenir la continuidad de la actividad delictiva. -Permitir al Servicio Nacional de Aduanas retener hasta el 30 por ciento del valor de la moneda o el ciento por ciento de los instrumentos negociables al portador que no hubieren sido declarados, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición a la retención. -Establecer la obligación de las personas naturales y jurídicas, obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero, inscribirse en un registro que ésta deberá mantener de acuerdo con su ley orgánica. -Sancionar al empleado público que no denuncie al Ministerio Público, a los tribunales o a las policías, los delitos de que tome conocimiento en razón de su cargo y que digan relación con el deber de confidencialidad a que se refiere esta ley. Por otra parte, modifica la ley Nº 20.000, de Drogas, para facultar al Ministerio Público a condicionar la entrega de información solicitada por entidades de países extranjeros, en el sentido de mantener su confidencialidad y no utilizarse para fines distintos a la investigación de delitos previstos en esta ley. Asimismo, modifica la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques para permitir al Ministerio Público requerir la entrega de antecedentes relacionados con cuentas corrientes en la investigación de delitos de lavado de activos, siempre que, a su juicio, tales antecedentes guarden relación con dichos ilícitos. Finalmente, modifica la ley general de Bancos en el mismo sentido. En cuanto a las constancias reglamentarias, se estableció que tienen rango orgánico constitucional los nuevos artículos 38 y 39, agregados a la ley Nº 19.913 por el artículo 1º Nº 11, letras c) y d) del proyecto. El primero, porque entrega una nueva atribución al Ministerio Público, conforme a lo señalado por el artículo 84 de la Constitución Política, y el segundo, por dar competencia a los tribunales de justicia para conocer de la ratificación de las medidas adoptadas por la Unidad de Análisis Financiero, lo que incide en su organización y atribuciones y también señalar una nueva atribución al Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 77 y 84 de la Carta Política. Igualmente, los artículos 2º y 3º del proyecto tienen rango de ley orgánica constitucional por entregar competencia a los juzgados de garantía, circunstancia que incide en la organización y atribuciones de los tribunales y, asimismo, indicar una nueva atribución al Ministerio Público. La idea de legislar se aprobó por seis votos a favor y dos abstenciones. Finalmente, la Comisión recomienda aprobar el proyecto de ley. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley. Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans. El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, me referiré en forma muy breve a este proyecto despachado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia e informado por el diputado Ceroni. Esta iniciativa, originada en moción, modificada posteriormente por una indicación sustitutiva del Ejecutivo, nos parece positiva y constituye un avance importante en la legislación que tiene por objetivo investigar delitos graves como el lavado de activos, el narcotráfico y el terrorismo. Sin duda, concurriremos con nuestros votos favorables a la idea de legislar. Sin embargo -y esto es lo que me motiva a intervenir-, no estamos de acuerdo con algunas de sus disposiciones, razón por la cual solicitaré votación separada de algunas normas, sin perjuicio de que, además, junto con otros señores diputados, presentaremos una indicación que se relaciona, fundamentalmente, con dos cuestiones: el secreto bancario y la reserva bancaria. Estamos de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario, previa autorización judicial, en los términos en que viene propuesto. No obstante, el proyecto contiene una autorización para levantar la reserva bancaria, que, como ustedes saben, tiene un nivel de exigencia menor, porque el secreto bancario sólo se aplica respecto de los depósitos y captaciones y, en cambio, la reserva, en todas las demás operaciones bancarias. Considero que tanto el levantamiento del secreto bancario como el de la reserva bancaria deberían requerir autorización judicial. Ésa es la diferencia que tenemos con el proyecto en discusión. En consecuencia, solicito votación separada del artículo 1º, números 2), letras a), que incluye a-1 y a-2, y c), y N° 11), letra c), que agrega el artículo 38. El derecho a conservar la reserva bancaria y el secreto bancario hacen razonable la exigencia de una autorización judicial previa a su levantamiento. Estamos de acuerdo con el resto de las normas del proyecto. Finalmente, anuncio que concurriremos con nuestro voto favorable. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, sin perjuicio del preciso informe entregado por el diputado Ceroni -a quien agradezco por haber tenido la buena voluntad de reemplazarme, ya que tuve inconvenientes de tiempo-, me interesa agregar un par de consideraciones respecto de este proyecto. Primero, no hay que confundir el proyecto, cuyo objetivo central es dotar de más facultades a la Unidad de Análisis Financiero, UAF, creada por el Congreso Nacional hace unos cuatro o cinco años y tiene por objeto principal el combate al lavado de dinero, uno de los efectos más graves del narcotráfico. No hay país en el mundo que, a la hora de combatir uno de los flagelos más severos de nuestro tiempo, el narcotráfico, no esté dispuesto a dotar a las unidades especializadas de los instrumentos necesarios para luchar en contra de ese delito, en sus etapas de sospecha y, más adelante, con la entrega de antecedentes a los persecutores criminales judiciales, el Ministerio Público. Tal como se ha señalado, el proyecto, iniciado en moción de un grupo de diputados, entre los que me encuentro, simplemente buscaba corregir un error formal durante la tramitación de la creación de la UAF, ya que, por falta de constancia de un quórum en el Senado, el Tribunal Constitucional reprochó dos normas que otorgaban al Ministerio Público, a través de los jueces, la facultad de penetrar las cuentas corrientes y bancarias respecto de quienes existe presunción de culpabilidad. La norma quedó absolutamente asimétrica respecto de otras leyes, por lo que la necesidad de corrección es obvia. A raíz de esa moción, el Ejecutivo, gracias a las ideas propuestas por algunos diputados, estimó necesario aprovechar este proyecto para presentar una indicación sustitutiva y crear una serie de nuevas condiciones para un mejor trabajo de la Unidad de Análisis Financiero. Además, no hay que confundir esta iniciativa con otra que se está empezando a tramitar -que, según entiendo, ya fue conocida por la Comisión de Hacienda, aprobada en general y rechazada en particular, y hoy se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia-, uno de los denominados “proyectos Ocde”, que permite disponer de información tributaria, con consecuencias en el ámbito bancario. Ese proyecto, que es mucho más amplio, obviamente, va a producir controversia. Algunos concordamos con él, porque creemos que es un elemento central en el combate del cohecho y de diversos delitos; otros, legítimamente, estarán en contra. Pero la iniciativa que discutimos es distinta, ya que tiene como objeto fundamental dotar mejor a la UAF. En esa lógica, se incorporan modificaciones a las facultades de esa unidad respecto de su capacidad de examinar y analizar operaciones sospechosas que pudieren estar vinculadas tanto al financiamiento del terrorismo como a otro tipo de delitos base. El proyecto también adecua y perfecciona el listado de delitos base del lavado de dinero. Agrega uno relativo al financiamiento del terrorismo, que ya estaba establecido en otra norma legal. También se incluyen reglas especiales cuando la pena del lavado es mayor a la que el juez puede aplicar por el delito base investigado, con lo cual se subsana un problema interpretativo que podría darse. Asimismo, se extiende el secreto de la investigación para ciertos delitos y se regula en mejor forma el archivo provisional. Además, hay modificaciones que contienen un procedimiento administrativo de retención preventiva de activos, que es una cuestión bastante importante, porque una de las formas de ingresar dinero sucio proveniente del narcotráfico es a través de pasos fronterizos regulares e irregulares. Y se buscan alternativas para eso. Respecto de los temas sobre los cuales se ha pedido votación separada, debo aclarar que en la Comisión ya tuvimos esa discusión y fue zanjada por mayoría de votos; aun cuando era bastante previsible que se repusiera en esta Sala. Una forma de resguardar un tema central para cualquier sociedad es tomar las medidas destinadas a prevenir y sancionar el lavado de dinero, probablemente el efecto más grave del narcotráfico, ya que los dineros obtenidos, que no son pocos, se expanden por el mundo a través del intercambio tráfico comercial, y a la hora de las inversiones y de los negocios toman el carácter de legales. De esa forma los narcotraficantes buscan que sus utilidades o negocios ilícitos se transformen idealmente en dineros limpios. De ahí su nombre, lavado de dinero, Para que una sociedad -que no quiere esto- pueda tener armas claras y precisas, destinadas a evitar esa consecuencia brutal del delito, tiene que dotar a sus entidades de facultades destinadas a evitar y prevenir aquello. El levantamiento del secreto bancario -que está en la cúspide de aquello que tiene que ver con intimidad- cuando se trata de sospecha o delito, tanto para la UAF como para los fiscales, requiere, como regla general, la autorización judicial. Las normas relativas a la reserva -que están en una categoría distinta- deben permitir a la autoridad que está previniendo, tener antecedentes de esos resguardados sólo por la reserva y no por el secreto, a fin de descartar sospechas en la mayoría de los casos; o de lo contrario, poner los antecedentes a disposición de la institución a la que el Estado le ha dado el monopolio de persecución, el Ministerio Público. Si más adelante se quiere penetrar entidades o instituciones que estén sujetas al secreto, tendrá que pedirse al juez de garantía la autorización para ello. Es buena la construcción de este proyecto a partir de una indicación. Espero que se apruebe en esta sesión. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, estamos ante un buen proyecto de ley, iniciado en moción, que ha sido sostenido con talento y muy buenos argumentos por el diputado Jorge Burgos. Espero que hoy se apruebe en general. No obstante, tenemos una sola duda, muy comprensible y mis colegas la van a tener que sopesar, analizar y resolver en su momento, referida al artículo 38, que se incorpora a la ley N° 19.913, mediante la letra c) del N° 11 del artículo 1° del proyecto. Entre los nuevos mecanismos, argumentos y herramientas que se le dan al Estado para defenderse del flagelo del narcotráfico y sus consecuencias, como es el lavado de dinero, esa disposición establece: “Tratándose de la entrega de antecedentes amparados por reserva bancaria, el Ministerio Público, en cumplimiento de sus funciones investigativas, tendrá pleno acceso a dicha información, entendiéndose cumplidos los requisitos establecidos en la primera oración del inciso segundo del artículo 154 de la Ley General de Bancos, quedando exenta de responsabilidad legal la empresa bancaria que proporcione la información en los términos citados”. Nosotros hemos planteado que, en ese caso, la diligencia debe contar con el visto bueno previo de un juez de garantía, que es quien cautela el funcionamiento y desarrollo de las garantías y derechos constitucionales. En este caso tan grave es bueno que el Ministerio Público, que va a contar con todas las herramientas necesarias, tenga la conformidad del tribunal de garantía. En eso no se va a demorar nada. Esto está funcionando y opera con rapidez y eficacia. De esa manera, se cautelan mejor los derechos individuales. El Ministerio Público ya cuenta con atribuciones suficientes que le fueron entregadas a través de la reforma procesal penal. Por tanto, sus integrantes están dotados de las más amplias, potentes y autónomas facultades. Actualmente, los fiscales tienen mucho poder y creo que en estos casos tan graves, también deben tenerlo, pero con el visto bueno de un tribunal de garantía. Esa es la única inquietud que tenemos sobre el proyecto. No obstante, lo consideramos un aporte interesante, ya que dota de facultades al Estado para defenderse mejor. Por tanto, le vamos a dar nuestra aprobación en general. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Francisco Encina. El señor ENCINA.- Señor Presidente, esta es una iniciativa de la mayor importancia. El Congreso Nacional ha aprobado un sinnúmero de proyectos que tienen que ver con el análisis financiero y el lavado de dinero, incluso, se creó la Unidad de Análisis Financiero, UAF, dependiente del Ministerio de Hacienda; sin embargo, sus resultados han sido más bien pobres respecto de lo que se esperaba cuando se aprobó la iniciativa respectiva. Acá se extiende al terrorismo, al tráfico de armas y a otra serie de flagelos que vive la humanidad que van más allá de su mera comisión, ya que también repercuten en el sistema financiero. Todo señala que el último eslabón del tráfico de drogas es el lavado de dinero, pero muchas veces el castigo va dirigido más al microtráfico o al tráfico y no al último eslabón que es precisamente donde el dinero adquiere su característica normal después de haberse logrado a través de algún hecho ilícito. Por lo tanto, es un avance fundamental en la materia. A mi juicio, debe hacerse una revisión de lo que ha significado la UAF, porque su aporte no ha sido el que todo el mundo esperaba cuando hace un tiempo el Congreso Nacional aprobó el último proyecto sobre la materia. Por lo tanto, al margen de ser una moción que apunta a un elemento fundamental de la lucha contra el terrorismo, el tráfico de armas y el tráfico de drogas, permite desarticular bandas nacionales e internacionales, conocidas muchas veces públicamente por obtener dineros mal habidos mediante la comisión de ilícitos. Ojalá el proyecto sea tramitado rápidamente, de modo de contar con otro elemento para combatir delitos de tremenda implicancia en la sociedad moderna. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto que busca hacer más eficiente la detección del lavado de dinero. Sin embargo, quiero dejar constancia de mi preocupación porque en un proyecto de esta naturaleza, relacionado con delitos, cuando uno revisa el informe elaborado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la lista de invitados, curiosamente, no figuran las policías. El hecho de que no haya sido invitada ninguna de nuestras policías no puede sino llamarme la atención, porque en términos prácticos se trata de la persecución de delitos que tienen conexiones. El diputado Francisco Encina, que me antecedió en el uso de la palabra, lo dijo muy bien: hay que llegar al último eslabón, al que genera el acto inmundo de aplicar recursos para echar a perder a nuestra juventud, con el único propósito de ganar más; y hoy no tan sólo a nuestra juventud sino que a personas de todas las edades. Por cierto, estamos en presencia de un proyecto que de todas maneras necesita de la participación de todas las policías. La idea de perfeccionar lo que hay es sumamente razonable, atendido a lo señalado, que dice relación con el aporte de esa unidad en la detección, que no ha sido el que todos queríamos o esperábamos. Mi sensación es que una iniciativa como la que analizamos no puede llegar a buen término si no se considera lo que los primeros investigadores hacen sobre la materia, los policías. Por lo tanto, en la discusión del proyecto, por una razón que no logro comprender, no se contó con la comparecencia de las policías, y lo lamento profundamente, porque claramente son ellos los primeros que inician las investigaciones para llegar a pensar que hay lavado de dinero. Es decir, a partir de las policías y de su trabajo de investigación, nace la iniciativa que debatimos. Por eso, me parece que un perfeccionamiento en el que están ausentes las policías es, definitivamente, cojo de nacimiento, porque deja parte importante de los mejores aportes sin ser escuchados ni atendidos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Espero que el proyecto sea aprobado, pero también espero que en el próximo trámite, si no hay un segundo informe, se considere necesariamente la opinión de las policías, porque es relevante lo que puedan aportar en materias como la que nos convoca. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, la intervención del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, señor Jorge Ulloa, me parece muy relevante. Si bien el proyecto no irroga gastos, ojalá que, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea remitido a la Comisión de Hacienda. Habrá bienes incautados como consecuencia de ilícitos que deberán ser manejados por el Estado. Por lo tanto, ésa es una de las decisiones que debiera adoptar la Mesa de la Corporación respecto del proyecto. No pude escuchar al diputado informante, pero la idea matriz de la iniciativa apunta a ampliar las facultades del Ministerio Público para la prevención, detección y persecución del delito de lavado de activos. Ello permitirá que el país actualice su legislación, siguiendo la tendencia mundial, en especial la de países miembros de la Ocde, organización internacional muy de moda, a la que nuestro país está próximo a ingresar. El proyecto corrige la asimetría en que quedó el sistema de prevención, detección y persecución del delito de lavado de activos, puesto que, pese a se perfeccionó el ámbito de la detección y prevención, en el cual tiene un importante rol la Unidad de Análisis Financiero -de excelencia en el país- se privó al Ministerio Público de un instrumento esencial: la facultad de profundizar la información bancaria de los investigados, por medio del levantamiento del secreto bancario, previa orden judicial. La Presidenta de la República envió una indicación sustitutiva total, que fue objeto de una profunda reflexión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Según me decía una de sus integrantes, el texto sustitutivo básicamente modifica diversos cuerpos legales, como la ley que creó la Unidad de Análisis Financiero, la ley de drogas, la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques y la ley general de bancos. Sin entrar en los aspectos específicos del proyecto, que fueron bien reseñados por el diputado Jorge Ulloa, quiero detenerme en los siguientes puntos que considero de interés y de importancia. En primer término, se incluye el financiamiento del terrorismo entre los objetivos a prevenir e impedir por parte de la Unidad de Análisis Financiero. Este objetivo se encuentra en armonía con la globalización de las actividades terroristas y la solidaridad que deben observar las naciones en su combate. Consecuentemente, se incluyen dentro del concepto de operación sospechosa las conductas relacionadas con el financiamiento de la actividad terrorista o realizadas por personas naturales o jurídicas que figuren en los listados del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Especial atención merece la norma que permite la destinación de los bienes incautados o el producto de los decomisados por el delito de lavado de activos, al control de dicho ilícito. A ello me refería cuando señalé que el proyecto debiera remitirse a la Comisión de Hacienda. Eso me da fuerza para insistir en lo que establece el artículo 220 de nuestro Reglamento. Otra importante herramienta consiste en la facultad que se otorga al Servicio Nacional de Aduanas para retener hasta el 30 por ciento del valor de la moneda o la totalidad de los instrumentos negociables al portador, en el caso de que no hubieren sido declarados, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición a la retención. En el combate del narcotráfico se faculta al Ministerio Público para entregar información a otros países con la condición de mantener su confidencialidad y ser utilizada sólo para los fines propios de la investigación. Asimismo, se modifica la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, a fin de permitir al Ministerio Público requerir la entrega de información sobre cuentas corrientes durante la investigación de delitos de lavado de activos, siempre que los antecedentes guarden relación con los ilícitos mencionados. Por último, también se modifica la ley general de bancos en el mismo sentido señalado recién. Quiero destacar que la incorporación de estas normas en nuestra legislación estará en concordancia con los estándares internacionales sobre la materia, contenidos en las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Gafi. Por las consideraciones formuladas, anuncio mi apoyo al proyecto. Sin embargo, por su importancia, reitero mi petición de que también sea estudiado por la Comisión de Hacienda. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, en su momento plantearemos su solicitud. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente, sólo para hacer presente algunas consideraciones. La incorporación del delito de financiamiento del terrorismo tiene por objetivo la inclusión de otro delito base. Se sabe que el lavado de dinero es un delito per se, pero se funda en delitos que sirven de base o antecedentes. El señor JARAMILLO.- En un delito anterior. El señor BURGOS.- Claro, en un delito anterior que da vida al lavado de dinero. Uno de ellos, que quedó fuera en la versión original -se tipificó como tal con posterioridad, mediante la ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, a petición de varios foros internacionales- es el delito per se de financiamiento del terrorismo. Como es obvio, ese delito debe ser uno de los delitos bases, como lo es el narcotráfico y otros señalados en la ley Nº 20.000, de drogas. Respecto de las normas sobre incautación y comiso, son propias de cualquier ley que tenga tipificación de ilícito, en que se otorgan facultades como normas regulatorias de los procedimientos provisionales de incautación y, más tarde, de decomiso. En consecuencia, con mucho respeto a la opinión disidente, no comparto el juicio de que porque en una norma jurídica se consigne la incautación de bienes y, más tarde, el decomiso en la sentencia, el proyecto deba ser conocido por la Comisión de Hacienda. No es el sentido de participación de una comisión técnica, probablemente la más importante de la Cámara, pero no a la hora de determinar cuestiones eminentemente jurídicas relativas al destino de un bien incautado a algún procesado por la ley antigua o formalizado por la nueva ley, y más tarde a un sentenciado. Se trata de bienes que no hacen mella al presupuesto nacional. Es cierto que la iniciativa tiene un contenido económico, pero no por ello va a ser materia de estudio de la Comisión de Hacienda. No obstante, me parece legítima la opinión. Ahora, quiero referirme a la crítica al proyecto por el hecho de no haber escuchado a las policías. En este caso, más allá de la legitimidad de esa opinión, ello conlleva un grave error, porque este proyecto de ley no tiene que ver con la punición, con la acción del Ministerio Público y de sus órganos coadyuvantes. Esto se trata de una etapa anterior, que antes de la existencia de la UAF, estaba radicada en el Consejo de Defensa del Estado. Era bastante complicado, porque éste estaba a cargo de la etapa anterior y, después, tenía la titularidad de la persecución penal. Entonces, con razón el legislador de la época dividió las cosas. Hoy, existe un organismo distinto -su director es nombrado, entre otros, por el sistema de Alta Dirección Pública- que hace un trabajo de prevención fundamentalmente en relación con la información de los sujetos obligados. Francamente, se puede aseverar que los bancos -por nombrar a uno de los tantos sujetos obligados- deben informar cuando fulanito o zutanita comienzan a tener depósitos en dinero efectivo que no se corresponden con su situación patrimonial. Ésa es una información típica. A partir de ella y del análisis financiero, la UAF puede determinar que eso es sospechoso y, en consecuencia, pedir a un juez que le entregue antecedentes de esa cuenta corriente. Con posterioridad, puede entregar la información al Ministerio Público, a fin de que actúe con sus órganos coadyuvantes. Es un error establecer aquí la función policial. En consecuencia, no tiene sentido la interrogación de algún experto en estas materias de la Policía de Investigaciones o de Carabineros en el estadio procesal que busca este proyecto de ley. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, en verdad, tiendo a concordar con lo expresado por el diputado Enrique Jaramillo respecto de que, desde el punto de vista técnico, procede que este proyecto sea conocido por la Comisión de Hacienda. No estamos aquí para considerar si los números son muchos o pocos o para hacer una interpretación. Concuerdo con que el proyecto considera un tema financiero. Sin embargo, más allá de eso, acabamos de estar en París con el ministro de Hacienda, donde nos reunimos con los ejecutivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ocde. Al respecto, en las próximas semanas, deberíamos analizar dos proyectos de ley, uno de os cuales tiene que ver con el secreto bancario, radicado en la Comisión de Hacienda. Entonces, de una u otra manera, esta iniciativa originada en moción, que contó con el respaldo del Ejecutivo, aunque no siempre lo hace, se cruza con el relacionado con el secreto bancario. A mi juicio, en este caso, afloran ciertas asincronías, porque, a priori, se podría pensar que no hay coincidencia en la manera de enfrentar los temas. Alguien podrá decir una cosa es el lavado de dinero, otra el terrorismo y otra los delitos tributarios. Pero, de una u otra forma, allá se cuestionaba un poco la nominación y el rol independiente del director de Impuestos Internos. Acá está más avanzada la cosa y, mediante el sistema de la Alta Dirección Pública, se seleccionó a doña Tamara Agnic, asesora del Ministerio de Hacienda, como directora de la UAF, a quien presentamos nuestros saludos. Por lo tanto, hubo una selección externa bien hecha. Me preocupa que algunos proyectos pasen por la Comisión de Hacienda y otros no. Es un elemento básico correlacionar el secreto bancario con este proyecto y buscar sus similitudes, atribuciones, el tipo de multa, y no entregar atribuciones a dos organismos distintos; al Servicio de Impuestos Internos algunas y a la UAF otras. Al final, uno se pierde. Leí el proyecto, pero reitero que pasó por la Comisión de Hacienda. Para quienes no somos abogados, desde el punto de vista de las proyecciones financieras y económicas, debo señalar que nos confunde. Por lo tanto, comparto lo dicho por el diputado Jaramillo. Señor Presidente, su señoría forma parte de la Comisión de Hacienda, instancia en la cual debiéramos conocer el proyecto, más aún cuando pronto deberemos tratar en ella una iniciativa fundamental para que el país ingrese a la Ocde, como lo es la que tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas. Esto no me queda claro. Estamos hablando del lavado de dinero de personas. Pero, ¿por qué las personas jurídicas no pueden hacer lavado de dinero? ¿Cómo se separa esto? Quizás estemos ante un proyecto muy técnico, que entienden sólo los abogados especialistas, pero me da la impresión de que todavía no está digerido lo suficiente. Por eso, su envío a la Comisión de Hacienda, a fin de analizar estos tres aspectos y hacerlos compatibles, de manera de tener una sola cara en materia de lavado de dinero ante las organizaciones sudamericanas y también ante la Ocde, con la cual vamos a firmar dentro del año un convenio de adhesión. Vamos a abordar materias relacionadas con los dos proyectos sobre la responsabilidad civil y penal de las corporaciones, de las personas jurídicas y, obviamente, el secreto bancario, en discusión en el Congreso Nacional. Por lo tanto, pido que la iniciativa pase a la Comisión de Hacienda. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, la consulta se formulará en su momento. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que autoriza levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos, con excepción de los artículos 38 y 39, contenidos en el número 11 del artículo 1º, y los artículos 2º y 3º, que contienen normas de ley orgánica constitucional. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 1 abstención. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: AccorsiOpazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo eldiputado señor Lobos Krause Juan. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde votar en general los artículos 38 y 39, que figuran en el número 11, el artículo 1º, y los artículos 2º y 3º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 señores diputados en ejercicio. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, pido la palabra para plantear una cuestión de Reglamento. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, solicito votar por separado el artículo 38. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, estamos votando sólo en general. El señor AGUILÓ.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, de acuerdo con el Reglamento, la votación por separado debe ser solicitada al momento de la discusión, no cuando se está votando. El señor CARDEMIL.- Fue solicitada, señor Presidente. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Fue solicitada, señor diputado. El punto es si en la votación en general se puede pedir votación por separado. El señor HALES.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor HALES.- Señor Presidente, a mi juicio, cuando el proyecto se vota en particular existe la posibilidad de pedir votación por separado. No entiendo cómo se puede dividir en particularidades algo que es general. La votación en general apunta a decidir sobre una cuestión en general, sin especificidades. Por tanto, no veo cómo se puede votar por separado. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Como usted bien ha manifestado, la votación es en general. El artículo 30 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional dispone: “Las diversas disposiciones de un mismo proyecto que para su aprobación necesiten mayo-rías distintas a la de los miembros presentes, se aprobarán en votación separada, primero en general y después en particular, con la mayoría especial requerida en cada caso”. Consultado el señor Secretario, aseveró que se puede pedir votación separada para cada disposición. Por lo tanto, en votación en general el artículo 38, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 señores diputados en ejercicio. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 19 abstenciones. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazado, por no haber alcanzado el quórum requerido. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Raúl;Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico GaldamesTarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: PérezSan Martín Lily; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Galilea Carrillo Pablo; Godoy Ibáñez Joaquín; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: AlvaradoAndrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Bobadilla Muñoz Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Palma Flores Osvaldo; Turres Figueroa Marisol. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación el articulo 39, contenido en el número 11 del artículo 1º, y los artículos 2º y 3º, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 69 diputados en ejercicio. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa. Hubo 3 abstenciones. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi BassoOpazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; LorenziniPablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: HerreraSilva Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Me solicitan que recabe la unanimidad de la Sala, a fin de que, además de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, lo estudie la de Hacienda. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Por lo tanto, va sólo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión. -El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Artículo 1° N° 11 1.- De los Diputados señores Alberto Cardemil Herrera y Edmundo Eluchans Urenda