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El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.-
Señor Presidente, valoro la flexibilidad con que actuó el subsecretario de Desarrollo Regional, señor Aleuy, para buscar una solución a la paralización de actividades del profesorado por el pago del bono SAE.
El proyecto adelanta 20 mil millones de pesos. No se trata de recursos frescos, porque el presupuesto para pagar el bono SAE ya fue entregado a las municipalidades. Por tanto, este es un adelanto que se hace a los municipios, salvo a diez, que quedan fuera de los 20 mil millones de pesos, sin embargo, el subsecretario me aseguró que se buscaría una fórmula de solución para estos casos.
Repito, se trata de un adelanto. El proyecto establece que estos recursos no podrán ser utilizados, como ocurrió con otros dineros que se entregaron, más que para el pago del bono SAE.
Con estos 20 mil millones pesos, el Gobierno cumple el compromiso que suscribió con las municipalidades y con el Colegio de Profesores, y asegura que el bono SAE tendrá que pagarse en los tiempos correspondiente. Por eso, promulgado el proyecto por la Presidenta Michelle Bachelet, dependerá de los municipios la rapidez con que se pague el bono, de manera de ajustarse a los tiempos acordados entre el magisterio y los municipios al momento de la suspensión del paro.
La fórmula de pago del bono, a la cual se han referido algunos colegas, fue concordada con la Asociación Chilena de Municipalidades. Muy bien saben quienes fueron alcaldes -en la Sala hay varios ex alcaldes y una ex alcaldesa, como la diputada Amelia Herrera- que el bono es muy distinto en cada comuna y para cada profesor. El monto depende de los excedentes. La fórmula de pago fue negociada entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores. Es decir, se trata de una fórmula que no modifica criterios; se trata de una fórmula nueva, basada en la especificidad del pago en cada municipio, en los excedentes, en el número de horas trabajadas por los profesores, etcétera. Es decir, sobre la base de una serie de criterios particulares se construyó el monto que se entregará a cada municipio para que paguen el bono.
El no pago del bono SAE en tiempo oportuno deja claro que estamos ante una crisis de la educación pública en manos de los municipios, independientemente de la capacidad de algunos para gestionar la educación; pero como sistema, como modelo, se agotó y tocó fondo. De seguir adelante con este modelo, deberemos enfrentar la pérdida de miles de matrículas, como consecuencia de la falta de capacidad de gestión y docente de los municipios para atender el tema educacional, lo que podría redundar en una crisis de la educación pública mucho más profunda.
La capacidad de gestión, de administración, docente y académica de los municipios, y su atención de una tarea que el país tiende a privilegiar, y que el Congreso Nacional privilegia como central, hace necesario que el debate que se abrió con motivo del no pago del bono SAE se traspase a la discusión del proyecto de ley sobre reforma de la educación pública.
Más allá de cualquier ideologismo o de cualquier contradicción sobre el pasado, llegó la hora de sentarnos a conversar sobre el futuro de la educación pública. Esta materia ha estado en el centro de la discusión, a propósito de la paralización de profesores y de estudiantes. Tenemos que responder, en tiempos modernos, qué significa estatización socialista, como señalan los estudiantes del Instituto Nacional. Entiendo que se trata de un nuevo rol del Estado y del Ministerio de Educación, para una educación que fue descentralizada -este es, tal vez, el aspecto positivo-, pero que fue depositada en municipios, que no tienen capacidad de gestión para llevarla adelante.
Por tanto, el debate está abierto, y el proyecto de ley del Ejecutivo deberá sufrir importantes modificaciones. El debate sobre la educación pública no altera el resto de la educación, pero sí fortalece el rol del Estado en materia de financiamiento, toda vez que a ninguna corporación dependiente del Ministerio de Educación, regionalizada, con capacidad de gestión y con nivel académico para gestionar la educación, que reemplazaría a los municipios en esta labor, se le podría pedir que lo hiciera dignamente con 33 mil pesos mensuales por alumno, en circunstancias de que un estudiante de colegio privado paga entre 250 mil y 300 mil pesos mensuales. Es decir, no hay correlación entre los recursos de la educación privada y de la pública, incluso de la particular subvencionada.
Por eso, hay que resolver el problema del financiamiento, amén de resolver un tema de fondo, que dice relación con la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué queremos hacer con la educación pública? ¿Cuál debiera ser el rol de Estado? ¿Dónde la ubicamos? ¿Qué recursos estamos dispuestos a entregarle? ¿La transformamos en un eje, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados? ¿Terminamos con el criterio de que la educación pública debe autofinanciarse? ¿Entregamos un rol distinto a las universidades estatales, que reciben 24 por ciento de su financiamiento y están atadas de mano para gestionar el 76 por ciento restante de su financiamiento?
Espero que el Congreso Nacional recoja el debate que se ha abierto en torno al tema. Lo mismo espero del Ejecutivo, a través de una indicación sustitutiva a su proyecto de ley.
Finalmente, anuncio que aprobaremos el proyecto, toda vez que resuelve la protesta de los profesores por el no pago del bono SAE.
He dicho.
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