APORTE DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS A MUNICIPALIDADES PARA FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN. Primer trámite constitucional. Sobre tabla. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Informo a la Sala que la Comisión de Hacienda despachó el proyecto que faculta el aporte de recursos extraordinarios para las municipalidades con el objeto de fortalecer su gestión. Por lo tanto, el diputado Raúl Súnico rendirá su informe y luego se discutirá la iniciativa durante una hora. Por lo tanto, propongo a la Sala suspender el tiempo destinado a Proyectos de Acuerdo y a Incidentes. Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, en la reunión de Comités celebrada durante la mañana, acordamos tratar sobre tabla un proyecto de acuerdo. Quizás podríamos dejar espacio para él. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene toda la razón, señor diputado. Por lo tanto, la idea es suspender el resto del tiempo de Proyectos de Acuerdo e Incidentes. Corresponde entonces tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que faculta el aporte de recursos extraordinarios para las municipalidades del país con el objeto de fortalecer su gestión. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Raúl Súnico. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 6579-05, sesión 45ª en 30 de junio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 1 de esta sesión. -Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 25, de esta sesión El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de las señoras diputadas y de los señores diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Mahmud Aleuy. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado informante. El señor SÚNICO (de pie).- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda se reunió de manera extraordinaria esta mañana, en paralelo con la Sala, a fin de discutir el proyecto de ley que faculta el aporte de recursos extraordinarios para las municipalidades del país con el objeto de fortalecer su gestión. Según se reseña en el mensaje, una de las tareas en que se ha centrado la acción del Gobierno durante el presente año ha sido enfrentar las consecuencias de la crisis económica global, que no nos ha sido indiferente y ha afectado a un número significativo de compatriotas. Para tal fin, se han asignado de manera extraordinaria importantes recursos fiscales. Las municipalidades no han estado ajenas de esta tarea, debiendo destinar importantes recursos para atender las crecientes demandas de los ciudadanos. Asimismo, como en otras ocasiones, ellas han desempeñado un rol clave en la entrega de los beneficios adicionales que el Gobierno y el Congreso Nacional han dispuesto en diversas leyes. Este esfuerzo extraordinario realizado por las municipalidades ha implicado redestinar recursos humanos y materiales a nuevas prioridades, postergando importantes compromisos para sus ciudadanos y sus territorios. Por esta razón, junto con valorar este esfuerzo municipal, se ha estimado procedente proponer un aporte directo de recursos destinado a compensar los mayores gastos en que han incurrido los municipios. Este aporte extraordinario que se somete a discusión del Congreso Nacional es consecuencia de un permanente proceso de diálogo con la Asociación Chilena de Municipalidades, entidad con la cual se ha concordado el mecanismo que hoy se somete a la discusión del Congreso Nacional. Este proyecto de ley faculta al fisco para transferir recursos a las municipalidades, con el objeto de enfrentar las complejidades financieras ocasionadas por las mayores demandas y requerimientos ciudadanos. El monto total a transferir originalmente era de hasta 20 mil millones de pesos. Sin embargo, a raíz de una indicación presentada por el diputado señor Pablo Lorenzini, y suscrita por el conjunto de diputados de la Comisión de Hacienda, se acordó suprimir la palabra “hasta”, por considerar que, como están parametrizados estos recursos municipio por municipio, se tiene que destinar el total, es decir, los 20 mil millones de pesos, ni un peso menos, ni un peso más, al conjunto de municipios del país. Dicha indicación fue aprobada por la unanimidad de la Comisión de Hacienda. Estos recursos se distribuirán a las municipalidades sobre la base de un sistema de cálculo que considera como variables por una parte, la cuantía de la población pobre comunal en relación con el total nacional de población en situación de pobreza y, por otra, la dotación de recursos humanos que tenga el municipio respectivo, en la cual se entenderá la suma total de funcionarios municipales, más la dotación docente. El proyecto, en cuya discusión se contó con la participación del subsecretario de Desarrollo Regional y de asesores, se aprobó por la unanimidad de los señores diputados integrantes de la Comisión de Hacienda. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, a las 12.00 de hoy, la Comisión de Hacienda sesionó en forma extraordinaria, a fin de conocer el proyecto de ley en discusión, que ingresó a tramitación legislativa el jueves pasado, el cual representa el acuerdo a que llegó el Ejecutivo con la Asociación Chilena de Municipalidades. Cabe señalar que los 345 municipios del país han vivido en carne propia lo que significa percibir menores ingresos, por ejemplo, por patentes que no se han pagado o renovado. Este proyecto, que discutimos en la Comisión durante una hora en paralelo con la Sala, avanza por el camino correcto, porque entrega una solución a los 345 municipios que recibirán un aporte extraordinario para paliar sus compromisos. En la Comisión se abordó en detalle el famoso bono SAE, que por ley corresponde a mis colegas profesores. Se partió de la base de que por tratarse de un acuerdo entre el Gobierno y los municipios, obviamente esos dineros se destinarán para cumplir con un compromiso establecido mediante una ley de la República. El señor subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Mahmud Aleuy, dejó claramente establecida la forma en que se distribuirán esos dineros. Se fijaron tres tramos: en el primero, 197 municipios recibirán 133.099 pesos por personas; en el segundo, 82 municipios recibirán 152.166 pesos por personas, y en el tercero, 66 municipios, recibirán 133.455 pesos por personas. Además, quedó claro que el personal de los municipios es el de planta y a contrata. Por lo tanto, no será beneficiario de los recursos extraordinarios por 20 mil millones de pesos el personal a honorarios, según lo expresado por el señor subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. En cuanto a la forma de repartición, debo señalar que 20 por ciento se concretará según la proporción de población pobre de cada comuna, en relación con la cantidad de población pobre del país; 15 por ciento para las municipalidades cuyo capital humano sea igual o inferior a doscientos; 20 por ciento para las municipalidades cuyo capital humano sea superior a doscientos e inferior o igual a quinientos, y 45 por ciento para las municipalidades cuyo capital humano sea superior a quinientos. Quiero recalcar que los municipios que recibirán más aportes son los que tienen más personal, es decir, los más grandes del país, especialmente el de Santiago, pero en el caso del distrito Nº 44, que represento, el proyecto -no me cabe duda que será aprobado por unanimidad- asigna un aporte extraordinario a la municipalidad de Concepción de 267.105.111 pesos; a la municipalidad de Chiguayante, 91.627.976 pesos, y al municipio de San Pedro de La Paz, 97.841.175. Por lo tanto, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que votaremos a favor el proyecto, tanto en general como en particular, pues refrendará una ley que prácticamente fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional y que busca pagar un bono justo a los colegas profesores. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. El señor ALVARADO.- Señor Presidente, anunció que la bancada de la Unión Demócrata Independiente aprobará el proyecto, que tiene como propósito transferir 20 mil millones de pesos a los municipios que, por diferentes circunstancias, en particular por la situación económica que atraviesa el país, han generado una serie de déficit que resulta necesario solventar, por lo que es oportuno traspasar esos recursos. Uno de los factores que influyó en esa decisión fue el acuerdo firmado recientemente entre el Gobierno, la Asociación de Municipalidades y el Colegio de Profesores, a fin de dar por finalizado el conflicto relacionado con el bono SAE. Muchos municipios han debido echar mano a recursos propios con el objeto de pagarlo, lo que ha generado un déficit de caja que impide desarrollar actividades propias del municipio en beneficio de la comunidad. El proyecto en debate busca subsanar, con recursos frescos, esa situación. Compartimos el espíritu del proyecto, por lo que -repito- la bancada de la Unión Demócrata Independiente votará a favor la iniciativa. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, todos conocemos los fundamentos del proyecto. Por ello, no me referiré a la entrega de recursos a los municipios a fin de saldar la deuda que mantienen con los profesores, sino a lo que es necesario resolver de verdad, esto es mejorar la calidad de la educación pública de una vez por todas. Ésta es una señal muy clara de que los municipios no están en condiciones de seguir manteniendo, desde el punto de vista administrativo, la educación pública. El gobierno de la Presidenta Bachelet entregó recursos a los municipios para solucionar el déficit financiero que estaban generando, por cuanto los Daem no contaban con la capacidad económica para solventar recursos que ya habían sido utilizados. Más allá de aprobar la iniciativa en debate, que faculta la entrega 20 mil millones de pesos a las municipalidades del país, es necesario apuntar al objetivo final, cual es fortalecer la educación pública chilena, lo que significa llevar a la práctica lo que, en parte, ha señalado nuestro candidato a la Presidencia de la República, que cuenta con el apoyo de toda la Concertación: me refiero al compromiso de desmunicipalizar la educación. En efecto, los últimos hechos desnudan la urgente necesidad de avanzar, desde el punto de vista estatal, hacia un sistema educacional descentralizado, que permita entregar a los profesores sus remuneraciones en forma oportuna. Además, tal como nuestro candidato lo ha planteado, esas remuneraciones deben estar de acuerdo con la dignidad de una profesión tan importante como la de profesor de Estado. Para ello, es necesario implementar un sistema de profesionalización mayor que permita a los docentes percibir sueldos dignos que estén al nivel de las demás profesiones prestigiadas. Sin embargo, ello debe ir acompañado de la exigencia de desarrollar una carrera que tenga como objetivo mejorar la calidad de la educación de los alumnos que estudian en los establecimientos públicos. Los 20 mil millones de pesos están destinados a las remuneraciones de los profesores. Por cierto, aprobaremos la iniciativa. Sin embargo, espero que el Gobierno avance rápidamente en el proyecto de ley que se encuentra detenido en la Comisión de Educación y al que no ha calificado con la urgencia necesaria. Resolver materias en el ámbito de la educación pública resulta urgente, porque lo que hagamos hoy recién repercutirá en los próximos cinco, diez o quince años. Asimismo, con esa misma urgencia es necesario entregar a los profesores una calidad distinta en términos de dignidad profesional. Cuando los países desarrollados invierten en educación, lo hacen pensando en su desarrollo. Queremos que nuestro país avance en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, en particular de los más pobres y más vulnerables. Para lograr ese objetivo, la única palanca conocida en el mundo es la educación. Estimo extraordinariamente importante aprobar el proyecto, en particular por los recursos que entrega. Pero hago un llamado para que, de una vez por todas, los municipios reconozcan que no están en condiciones de seguir sustentando una educación municipalizada. Asimismo, sería positivo que los alcaldes dejaran de resistirse a la desmunicipalización de la educación. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, anuncio mi apoyo al proyecto que se somete a discusión, de origen en mensaje de la Presidenta de la República. Cuando la situación se complica en el gobierno central y en los gobiernos municipales, el Ejecutivo tiende a fortalecerlos. La crisis económica ha repercutido en todo el mundo. Nuestro país no ha quedado indemne. Por eso, el Estado de Chile ha entregado un beneficio a los municipios, pues su gestión no debe ser frenada, menos aún en momentos difíciles. Como dijo mi colega Alberto Robles, los municipios tienen problemas. Él manifestó una posición que siempre ha tenido muy clara: los municipios no deben tener a su cargo la educación. Por ello, a su juicio, se producen estas situaciones de déficit. Está a la vista que año tras año muchos municipios no son capaces de sostener el financiamiento del sistema educacional. Por eso, la discusión del proyecto no puede dilatarse, ya que es la solución para que los municipios puedan gestionar esa área. Se ha señalado que el articulado del proyecto no hace referencia al bono SAE; sin embargo, es necesario establecer en esta discusión que las municipalidades cuentan con autonomía en lo que respecta a las asignaciones de sus recursos, a fin de distribuirlos en las gestiones que estimen conveniente. No se puede entregar por segunda vez el bono SAE, pues tal situación puede lindar en la ilegalidad y perjudicar a los municipios. Por ello, estoy de acuerdo con la redacción del proyecto en relación con el bono SAE. El subsecretario de Desarrollo Regional, señor Aleuy, fue muy claro en este aspecto y dejó a todos conformes con la redacción de la iniciativa. Señalo esto a los colegas que no participaron en la discusión que se llevó a cabo en la Comisión de Hacienda o no han leído el proyecto debido a la urgencia con que fue calificado. Es necesario subrayar este aspecto para explicar la no mención en el articulado al bono SAE. Por último, anuncio que voy a votar a favor el proyecto. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, estamos frente a un proyecto cuya urgencia fue calificada de discusión inmediata, el cual corrige discrepancias. Por lo tanto, hay que felicitar a las municipalidades y al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Aleuy, por haber logrado un punto de encuentro. En la Comisión presentamos una indicación, que contó con el respaldo de todos los diputados presentes, en el sentido de suprimir la palabra “hasta” en el artículo 1°. La idea es fijar claramente las cifras: no hasta 20 mil millones pesos, sino 20 mil millones de pesos, de acuerdo con la estructura que se establece. Por lo tanto, agradecemos al subsecretario su respaldo a esta indicación -además de otras aclaraciones que nos hizo- que, de otra manera, quizás no tendría mayor validez. Comparto lo expresado por los diputados Robles y Jaramillo, en cuanto a que esto tiene urgencia, pero necesitamos empezar a mirar hacia el futuro. No sé si el señor subsecretario formará parte del próximo gobierno -esperó que sí y que también seamos parte del Congreso Nacional muchos de los parlamentarios aquí presentes-, pero aquí hay una deuda pendiente en términos de dilucidar este problema, de manera que no estemos todos los años, en esta época, en la misma situación. Lo primero es la transparencia. Este proyecto no apunta a circunstancias económicas o a la crisis, sino a corregir, adecuar o resolver un problema que tenemos sobre la mesa. Así, por ejemplo, la diputada Valcarce estaba muy preocupada de la situación de la Región de Arica y Parinacota. Al respecto, le informo que se destinaron 310 millones de pesos a sus cuatro municipios, e igual cifra a distintas regiones del país. Mi pregunta -no advertí la situación antes debido a la premura con que se trató el proyecto- es cómo fiscalizaremos y controlaremos que los 20 mil millones de pesos lleguen donde deben llegar. Aquí la Subdere tiene una misión importante y, en su momento, le pediremos explicaciones al respecto. Para tal efecto, utilizaremos el mismo listado que no entregó, de manera de cotejar, comuna por comuna, las platas entregadas. Nos gustaría que una vez pagado esto -no sé si en treinta o sesenta días, cuando corresponda-, el señor subsecretario hiciera llegar un comparado entre lo que cada comuna tenía establecido, de acuerdo a los parámetros, y cuánto pagó, dónde se pagó, en qué circunstancias y cuánto queda pendiente, porque esta plata es para lo que es; no para otra cosa. Entonces, la duda que puede quedar es que en ese tiempo estemos en elecciones. A los parlamentarios se nos pide transparencia; nosotros se la pedimos a los municipios y entiendo que el Gobierno también está en la misma idea. Desde ya quiero formular la solicitud de que, en el futuro, cuando se paguen los 20 mil millones de pesos, se nos informe en detalle sobre dónde fue, cómo fue y si quedaron platas pendientes, porque estos recursos no son para otro tipo de actividad, sino para pagar lo que se debe. Los alcaldes, de uno y de otro lado, así tienen que entenderlo. El diputado Ortiz hizo un cálculo y, según él, es más o menos “miti y miti”, la proporción entre los de Gobierno y los de Oposición, más algunos PRI por ahí y algún otro que queda dando vueltas. Marco Enríquez todavía no tiene; pero, aquí, a todos por igual. Señor Presidente, por su intermedio, pido al subsecretario claridad y transparencia, de manera de saber a donde irán las platas y cómo se usarán. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. El señor DITTBORN.- Señor Presidente, por varias razones, éste es un proyecto inusual. Primero, porque otorga 20 mil millones de pesos a trescientos y tantos municipios del país sin un fin específico. Efectivamente, no dice en qué debe gastarse ese dinero. El argumento que se entrega habla de autonomía en la gestión municipal; pero éste es válido para los recursos que se distribuyen a través del Fondo Común Municipal en forma permanente. Todos sabemos que dicho Fondo tiene una mecánica de redistribución de recursos al interior de los municipios. Ahí pareciera razonable que no hubiera objetivos específicos, porque, de lo contrario, sería, sin duda, entrometerse en la administración municipal. Pero este proyecto es atípico, en el sentido de que representa la entrega de un monto de dinero que todos sabemos que, de hecho, tiene un fin específico: evitar que los profesores paren nuevamente. Por eso, se entrega a los municipios los recursos necesarios para pagar el mentado bono SAE. Por lo tanto, me parece que hay algo un poquito falso en este proyecto al decir, en el primer inciso de su artículo 1º, que estos recursos están destinados a ayudar a las municipalidades del país a enfrentar los mayores costos que han debido asumir en el presente año con motivo de la crisis económica. Por varias razones no se quiere decir lo que es evidente, pero, fundamentalmente, para no aparecer el Gobierno cediendo a las presiones de un grupo de presión del magisterio. Ésa es la razón. Reitero, se usa el argumento de la autonomía municipal. No podemos decir a los municipios en qué deben gastar, porque son autónomos para gastar en lo que quieran. Pero, considerando la urgencia del proyecto y lo atípico que es aprobar un monto de esta envergadura fuera de los cánones del Fondo Común Municipal, no se dice que es por ceder a una presión, porque no se quiere dar a entender eso; pero, en verdad, a cualquier chileno con dos dedos de frente le parece obvio. Señor Presidente, lo otro que parece poco razonable es que, para distribuir estos recursos se utilicen determinados criterios, en circunstancias de que no se conoce en profundidad cómo se establecieron. Aquí no se usa el criterio del Fondo Común Municipal, sino uno nuevo, que pondera dos elementos: 20 por ciento, el nivel de pobreza del municipio, y 80 por ciento, el número de sus funcionarios más el número de sus profesores. ¡Qué mejor demostración que el proyecto es para atender las necesidades de pago del bono SAE! Por lo tanto, en el proyecto no se quiere reconocer algo que es evidente, y eso le hace mal a la discusión. Cuando el Gobierno cede a una presión, lo razonable es decir que lo está haciendo en este caso para pagar ante una presión gremial y obviar así un nuevo paro de profesores que terminaría por dañar aún más a la educación municipal. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Becker. El señor BECKER.- Señor Presidente, no pensaba intervenir, ya que vuelvo después de permanecer enfermo por más de un mes. Sin embargo, ante las diferentes intervenciones de los colegas, es necesario dar la opinión en nombre de la bancada de Renovación Nacional. Obviamente, anunció nuestro apoyo a este proyecto, que entrega 20 mil millones de pesos a los distintos municipios del país para pagar el bono SAE. Pero quiero recordar cómo se originó este déficit de los municipios. Empezó en 2006, tras la promulgación y publicación de la ley Nº 20.143, que entregó un bono especial a los profesores en caso que existieran excedentes. En verdad, esto debía pagarse a fines del 2007, del 2008 y, así, hasta el 2010. Sin embargo, nadie sabía cuánto debía pagarse ni cómo calcular dicho pago. El Ministerio nunca entregó una fórmula para pagar. Los profesores no sabían ni menos los alcaldes. Este tema saltó a la palestra recién este año en la Quinta Región, porque un funcionario de la Secretaría regional ministerial de Educación se dio cuenta de que el bono SAE no se había pagado y por eso se generó este déficit. Reiteró que muchos alcaldes ni siquiera supieron que había que pagarlo. Señor Presidente, desde hace algún tiempo, varios diputados de la Concertación están proponiendo estatizar la educación. Pero, por esa vía, no vamos a mejorar su calidad, que es lo que todos queremos. En este momento, los municipios están entregando más de 100 mil millones de pesos del presupuesto municipal a educación. Así que no digan que están usando plata de la educación para otras cosas, porque, en general, recursos que debieran ser destinados para la gente, para labores propias del municipio, se están entregando a educación, lo cual me parece bastante negativo. Para mejorar la calidad de la educación debemos entregar más atribuciones a los municipios, de manera de poder exigir responsabilidades, y más recursos con ese fin; implementar la carrera docente, para diferenciar al buen profesor del malo, y mejorar las jubilaciones de los docentes. Hoy, profesores con 80 años de edad se encuentran haciendo clases y no pueden retirarse a descansar, porque si lo hicieran, recibirían un cuarto de lo que ganan estando activos. Siempre se culpa a los municipios de los problemas de la educación. Nosotros estamos conscientes de que no es así, toda vez que muchos municipios hacen muy bien su trabajo. Quiero recordar una analogía futbolística que hizo el alcalde democratacristiano Claudio Orrego, al referirse a las facultades que tendría para llevar adelante un buen proceso educativo en su comuna. Dijo que la situación del alcalde era como la del presidente de un club de fútbol al que se le encomendaba llevar a su equipo de segunda división a primera, pero con las siguientes restricciones: no podía despedir al entrenador; los jugadores ya estaban contratados y no podía hacer ningún cambio, porque además tenía déficit; las estrategias de juego venían diseñadas desde la Anfp -en este caso, el Ministerio de Educación- y los sueldos de los jugadores se negociaban directamente con ella. Así las cosas, era imposible que ese club pasara de segunda a primera división. Lo mismo nos está ocurriendo con la educación: exigimos a los municipios mejorar su calidad, pero no les entregamos recursos ni atribuciones suficientes. Con todo, estatizando la educación no mejorará su calidad, que es a lo que todos aspiramos. Por último, reitero que la bancada de Renovación Nacional apoyará el proyecto, porque los 20 mil millones de pesos son necesarios para pagar el famoso bono. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL.- Señor Presidente, valoro la flexibilidad con que actuó el subsecretario de Desarrollo Regional, señor Aleuy, para buscar una solución a la paralización de actividades del profesorado por el pago del bono SAE. El proyecto adelanta 20 mil millones de pesos. No se trata de recursos frescos, porque el presupuesto para pagar el bono SAE ya fue entregado a las municipalidades. Por tanto, este es un adelanto que se hace a los municipios, salvo a diez, que quedan fuera de los 20 mil millones de pesos, sin embargo, el subsecretario me aseguró que se buscaría una fórmula de solución para estos casos. Repito, se trata de un adelanto. El proyecto establece que estos recursos no podrán ser utilizados, como ocurrió con otros dineros que se entregaron, más que para el pago del bono SAE. Con estos 20 mil millones pesos, el Gobierno cumple el compromiso que suscribió con las municipalidades y con el Colegio de Profesores, y asegura que el bono SAE tendrá que pagarse en los tiempos correspondiente. Por eso, promulgado el proyecto por la Presidenta Michelle Bachelet, dependerá de los municipios la rapidez con que se pague el bono, de manera de ajustarse a los tiempos acordados entre el magisterio y los municipios al momento de la suspensión del paro. La fórmula de pago del bono, a la cual se han referido algunos colegas, fue concordada con la Asociación Chilena de Municipalidades. Muy bien saben quienes fueron alcaldes -en la Sala hay varios ex alcaldes y una ex alcaldesa, como la diputada Amelia Herrera- que el bono es muy distinto en cada comuna y para cada profesor. El monto depende de los excedentes. La fórmula de pago fue negociada entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores. Es decir, se trata de una fórmula que no modifica criterios; se trata de una fórmula nueva, basada en la especificidad del pago en cada municipio, en los excedentes, en el número de horas trabajadas por los profesores, etcétera. Es decir, sobre la base de una serie de criterios particulares se construyó el monto que se entregará a cada municipio para que paguen el bono. El no pago del bono SAE en tiempo oportuno deja claro que estamos ante una crisis de la educación pública en manos de los municipios, independientemente de la capacidad de algunos para gestionar la educación; pero como sistema, como modelo, se agotó y tocó fondo. De seguir adelante con este modelo, deberemos enfrentar la pérdida de miles de matrículas, como consecuencia de la falta de capacidad de gestión y docente de los municipios para atender el tema educacional, lo que podría redundar en una crisis de la educación pública mucho más profunda. La capacidad de gestión, de administración, docente y académica de los municipios, y su atención de una tarea que el país tiende a privilegiar, y que el Congreso Nacional privilegia como central, hace necesario que el debate que se abrió con motivo del no pago del bono SAE se traspase a la discusión del proyecto de ley sobre reforma de la educación pública. Más allá de cualquier ideologismo o de cualquier contradicción sobre el pasado, llegó la hora de sentarnos a conversar sobre el futuro de la educación pública. Esta materia ha estado en el centro de la discusión, a propósito de la paralización de profesores y de estudiantes. Tenemos que responder, en tiempos modernos, qué significa estatización socialista, como señalan los estudiantes del Instituto Nacional. Entiendo que se trata de un nuevo rol del Estado y del Ministerio de Educación, para una educación que fue descentralizada -este es, tal vez, el aspecto positivo-, pero que fue depositada en municipios, que no tienen capacidad de gestión para llevarla adelante. Por tanto, el debate está abierto, y el proyecto de ley del Ejecutivo deberá sufrir importantes modificaciones. El debate sobre la educación pública no altera el resto de la educación, pero sí fortalece el rol del Estado en materia de financiamiento, toda vez que a ninguna corporación dependiente del Ministerio de Educación, regionalizada, con capacidad de gestión y con nivel académico para gestionar la educación, que reemplazaría a los municipios en esta labor, se le podría pedir que lo hiciera dignamente con 33 mil pesos mensuales por alumno, en circunstancias de que un estudiante de colegio privado paga entre 250 mil y 300 mil pesos mensuales. Es decir, no hay correlación entre los recursos de la educación privada y de la pública, incluso de la particular subvencionada. Por eso, hay que resolver el problema del financiamiento, amén de resolver un tema de fondo, que dice relación con la respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué queremos hacer con la educación pública? ¿Cuál debiera ser el rol de Estado? ¿Dónde la ubicamos? ¿Qué recursos estamos dispuestos a entregarle? ¿La transformamos en un eje, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados? ¿Terminamos con el criterio de que la educación pública debe autofinanciarse? ¿Entregamos un rol distinto a las universidades estatales, que reciben 24 por ciento de su financiamiento y están atadas de mano para gestionar el 76 por ciento restante de su financiamiento? Espero que el Congreso Nacional recoja el debate que se ha abierto en torno al tema. Lo mismo espero del Ejecutivo, a través de una indicación sustitutiva a su proyecto de ley. Finalmente, anuncio que aprobaremos el proyecto, toda vez que resuelve la protesta de los profesores por el no pago del bono SAE. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, ya se han dado todas las argumentaciones económicas, financieras y de contenido para votar favorablemente el proyecto de ley, a fin de dotar de recursos a municipios con problemas crónicos de financiamiento, pero también para solucionar situaciones puntuales, como la relacionada con la educación, que tan graves consecuencias tuvo para el desarrollo educativo de muchos jóvenes. A pesar de que, por los motivos expresados votaré a favor del proyecto, quiero dejar sentada mi discrepancia por las categorías creadas. No me parece lo más adecuado disponer que sólo el 20 por ciento se va a medir según la población pobre del país, excluir los criterios básicos y objetivos del Fondo Común Municipal y crear una categoría que considero absolutamente extensa y sin mayor sentido, como es la dotación de un municipio; se la ha graficado como capital humano, pero en la realidad, cuando uno ve la definición del inciso respetivo, es sumar la dotación del municipio. Sin perjuicio de lo anterior, reitero que los problemas crónicos de financiamiento y la situación particular del bono SAE nos llevan a votar a favor la iniciativa. Finalmente, dejo sentado que la indicación presentada por algunos diputados para eliminar el término “hasta”, la cual comparto, cuenta con el total apoyo del Ejecutivo, porque es la única forma de concretar esa modificación, debido a que se trata de una materia propia de la administración financiera del Estado. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente, anuncio mi apoyo al proyecto de ley, ya que, como se ha señalado y todos sabemos, permitirá cumplir con un acuerdo pactado. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar un par de cosas. Es evidente el problema de financiamiento de la educación municipalizada, al igual que el fracaso de la municipalización de la educación. Hemos visto largas huelgas de los profesores para lograr el pago de un bono que les corresponde, ya que lo establece la ley y fue reconocido por los municipios y por el Gobierno después de la movilización. El problema era de dónde salían los recursos para pagar el beneficio, lo que evidencia la necesidad de abordar en serio el tema de la municipalización de la educación. No quiero dejar pasar la oportunidad de señalarlo en estos pocos minutos. El sistema municipalizado ha fracasado y es necesario un reenfoque. Creo que el planteamiento del proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública, en el sentido de crear corporaciones locales de educación, mantiene el foco en el municipio o en un grupo de municipios. A mi juicio, hay que apuntar en otro sentido. La educación debe regionalizarse. Es fundamental que vuelva al Estado, pero en su expresión regional, para que cada región sea dueña o administradora del sistema público de educación. Además, es necesaria la incorporación, a través de un consejo regional, de todos los sectores involucrados, como las escuelas de las universidades que imparten la carrera docente, los profesores, los alumnos de los sectores privado y público, en fin. Debemos crear un verdadero consejo regional de la educación, con una autoridad superior de alto rango que trascienda el período gubernamental respectivo. Cada región deberá poner especial énfasis en la educación; incluso, destinar recursos si lo estima necesario y privilegiar algunos aspectos del contenido de la enseñanza, en fin, de acuerdo con su realidad. Por eso, señor Presidente, además de reiterar el anuncio de que aprobaré el proyecto de ley, aprovecho la oportunidad para decir que es legítimo y que corresponde que se pague el bono SAE completo a los profesores, porque así lo señaló la ley. No dejaré pasar la oportunidad para reiterar mis reparos respecto de la municipalización y sobre la necesidad de que la educación pública se regionalice y no se insista en dejarla en el ámbito municipal, como lo señala el proyecto de ley sobre fortalecimiento de la educación pública. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera. La señora HERRERA (doña Amelia).- Señor Presidente, tuve dudas respecto de hablar o de callar sobre esta materia. Como ex alcaldesa, tengo un conocimiento bastante profundo sobre la gestión de la educación. Por lo tanto, considero que debemos aprobar el proyecto, no sólo para beneficiar a los municipios, sino fundamentalmente por el derecho que tienen los profesores del país de recibir el bono SAE. Sin embargo, quiero hacer una distinción entre los municipios que tienen Daem y los que tienen corporaciones de educación de derecho privado. No quiero meter en un mismo saco a todos los municipios que tienen corporaciones de educación de derecho privado. No obstante, algunos municipios que cuentan con dichas corporaciones lamentablemente no han realizado una gestión adecuada para generar recursos y optimizar el uso de dineros. Incluso, muchas corporaciones de educación municipal han sido pagadoras de favores políticos, lo que les ha impedido destinar los recursos como corresponden. A ello hay que agregar que no tienen una fiscalización adecuada. Uno de los deberes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional es fiscalizar a los municipios, pero creo que no cuenta con una planta de personal adecuada para ese fin. Por lo tanto algunas corporaciones de educación de derecho privado no han sido fiscalizadas como corresponde. Además, los concejos municipales tampoco han pedido la fiscalización de dichas corporaciones. He recibido en mi oficina parlamentaria a muchos profesores, quienes se quejan por su falta de participación en la administración de la educación y en la gestión educativa, y también porque necesitan capacitarse de acuerdo con el progreso que exhibe el siglo que estamos viviendo y por los bonos que se les entregan por excelencia académica, por el trato que recibe el profesorado, por los concursos para los cargos de directores, por la discriminación política, lo que no se puede negar. Estoy de acuerdo con los profesores en que no se les da la dignidad que merecen, muchas veces porque no existe una preocupación real por parte de los municipios, ya que no todos los alcaldes están preocupados de la educación. Muchos de ellos están preocupados de las obras, de los terrenos, de la iluminación, lo que es legítimo; para muchos la educación no es un asunto prioritario, por lo que tengo la sensación de que la estamos dejando como un cheque en blanco al pensamiento y al estilo de la autoridad de turno. Las municipalidades que tienen Daem son mucho más controladas, porque están dentro del municipio; pero los municipios que tienen corporaciones de educación de derecho privado no tienen la fiscalización adecuada. Creo que estos problemas se han producido fundamentalmente porque no se cumplen ciertas normas; entra mucha gente a trabajar en la corporación, excediendo la planta de profesores que se debe tener, simplemente por amistad o favores políticos, y se mezcla algo absolutamente técnico, en lo que está en juego la educación de los alumnos, con la política contingente. Señor Presidente, obviamente estoy a favor del bono SAE, porque los profesores han dado una lucha sistemática por reivindicar sus derechos, pero también quiero reivindicar la educación. Para ello, el tema es mucho más de fondo que entregar permanentemente recursos para tener mejor educación. La subvención es baja, lo entiendo. Pero cuando se hace un buen trabajo, cuando se es eficiente, cuando los recursos se destinan sólo a la educación, se logra que ésta sea mejor. Pero para eso es necesario vigilar y controlar. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, estamos ante un problema que, lamentablemente, ha sido generado en el seno del Gobierno, porque el bono, que estaba destinado a los colegios particulares subvencionados, probablemente con un propósito de justicia, se quiso entregar también al sistema municipal. Pero parece que no sólo no se informó al respecto, sino que no se consideraron los recursos necesarios en los presupuestos de los respectivos departamentos de educación municipal. Por esa razón, comenzó a producirse el distanciamiento entre el monto que se debe y la posibilidad real de pagar. ¿Cómo se intenta corregir esa dificultad? Sobre la base de un acuerdo en el que no participaron los municipios, sino que se adoptó directamente por parte del Gobierno. Como dijo un señor diputado, se entregan 20 mil millones de pesos sin definir su destino y su finalidad con el propósito de intentar la entrega de una solución. Digo intentar, porque hay alrededor de veinte municipios a los que esa cantidad no les alcanzará para pagar la deuda a sus profesores. Señor Presidente, quiero que el representante del Ejecutivo aclare la situación, porque esos municipios no cuentan con los recursos para completar el monto que deben pagar, de acuerdo con el cálculo establecido. Pongo el caso de la municipalidad de Talcahuano, que debe pagar alrededor de 650 millones de pesos. El municipio está aportando 250 millones y entiendo que se le asignarán algo más de 200 millones. Pero queda pendiente un monto, por lo que le será imposible pagar a cerca de 1.300 profesionales de la educación. No estoy dando esta información sin haberla compartido. Mi colega de distrito señor Súnico, Vicepresidente de esta Corporación, también lo expresó. Hablamos sobre la base de una conversación que sostuvimos con el alcalde de Talcahuano, quien, reitero, no tiene posibilidades concretas de pagar esa deuda, que es reconocida. Señor Presidente, por su intermedio deseo preguntar al representante del Ejecutivo sobre el mecanismo al cual esos municipios deberán echar mano para pagar esa deuda. Si bien es cierto existe un número de municipios que podrá pagar con los fondos que obtengan de esos 20 mil millones, hay otros a los que no les alcanzarán los recursos asignados. Por esa razón, siento que el proyecto es incompleto, porque no resuelve en su totalidad el problema y, por lo tanto, no sabemos si ese inconveniente permitirá que la gente vuelva a clases. Como dijeron algunos señores diputados, de no pagarse el bono, se cierne el peligro de nuevas movilizaciones y, por lo tanto, de que los niños queden sin clases. Voy a aprobar el proyecto, aunque todos sabemos que está hecho a la rápida, lo cual no da muy buen resultado, porque establece un parche que a mi juicio no soluciona el problema. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González, a quien la bancada del Partido Socialista concedió dos minutos y medio de su tiempo. El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, agradezco a la bancada del Partido Socialista el tiempo que me concedió para decir un par de cosas sobre este proyecto de ley. La materia que nos ocupa dice relación con un problema que mantuvo la atención nacional hace algunas semanas. Me refiero al conflicto de los profesores, el cual fue absolutamente inútil. Si los organismos institucionales hubiesen actuado en la forma debida, el paro no habría ocurrido. Lo que ocurre es que la ley que en su momento dictó el Congreso Nacional debió cumplirse. Como se ha dicho aquí, el aporte que se entrega a los municipios soluciona un problema coyuntural, un compromiso político contraído por los municipios con el Ministerio de Educación y con los profesores para resolver la crisis derivada del pago del bono SAE, para lo cual los municipios no contaban con los recursos necesarios, a pesar de habérseles provisto a través de las leyes de subvenciones. Si el Ministerio de Educación hubiese actuado con la diligencia requerida, no habríamos llegado a este conflicto. Sin embargo, los alcaldes tuvieron gran responsabilidad, porque no aplicaron en forma diligente las normas institucionales y de subvenciones, a fin de que los fondos respectivos no fuesen utilizados para otros objetivos. Debemos llamar la atención para que, una vez que se otorguen los fondos, los alcaldes cumplan cabalmente el compromiso, a fin de que en algunos lugares no ocurra lo que parece visualizarse, es decir, que si no cumplen, se inste al Colegio de Profesores a un nuevo conflicto, lo cual nadie desea, porque ya se han perdido demasiadas clases, lo que ha causado un enorme daño a la educación pública por la tremenda emigración de alumnos a colegios particulares subvencionados. Además, aquí hay un problema de desfinanciamiento estructural de los municipios, al cual ni el Estado ni las instancias correspondientes han dado solución alguna. También está planteada la grave crisis de la educación pública. Se trata de una crisis institucional, de financiamiento y de funcionamiento de los establecimientos, que debemos abordar con la mayor prontitud, porque no se puede seguir prolongando por más tiempo. En este contexto, vamos a aprobar este proyecto. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, simplemente señalar que, junto al diputado Rodrigo González, estuvimos trabajando en este tema. Fuimos a la Contraloría General de la República a pedir un requerimiento sobre el particular y se declaró que era procedente el pago del bono SAE. Luego, fuimos a la Dirección del Trabajo, la cual ratificó la pertinencia del pago. Finalmente, hicimos gestiones para que se destinaran fondos frescos para el pago del bono SAE. Creo que tuvimos una situación bastante compleja, con profesores protestando en las calles por un pago legítimo, pero con un pecado social de fondo: mientras duró el conflicto, 150 mil raciones de alimentos fueron botadas diariamente a la basura. Esto no puede repetirse nunca más en democracia. Por eso, pedimos que los derechos de los profesores no tengan que dilucidarse mediante paros o movilizaciones. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. El señor EGAÑA.- Señor Presidente, en esta oportunidad, sólo quiero preguntar sobre la labor de esta Cámara. Mediante este proyecto, que se envió a tramitación con discusión inmediata, el Gobierno entrega una solución al problema. Sin embargo, sería interesante que quienes están en las tribunas escuchando el debate, leyeran el texto que tenemos en la mano. Se ha hablado del bono en favor de los profesores, cosa que no se menciona en ningún momento en el proyecto. ¿Estamos hablando de manera sincera y transparente? Ante un problema grave, el Ejecutivo se saltó a la Cámara. No hace mucho tiempo, en forma transversal, un grupo numeroso de diputados dijo que el déficit municipal es un problema grave y que, por lo tanto, era necesario formar una comisión especial -se decidió que el estudio de la materia quedara radicado en la Comisión de Gobierno Interior-, con el propósito de analizar este tema y muchos otros. ¿Qué pasó en el intervalo? Concurrieron a la Comisión el subsecretario y gente de la Dirección de Presupuestos, pues en esa instancia se está discutiendo sobre el fondo. Pero, dado que el Gobierno tiene urgencia de sacarse un problema de encima, se saltó a la Cámara de Diputados y trajo una iniciativa a fin de solucionar el problema. Nuevamente la Cámara de Diputados se queda mirando y debe discutir un proyecto en el cual no se dice toda la verdad. ¿Por qué se envió a tramitación esta iniciativa? Porque estamos en crisis económica y las municipalidades tienen muchas deudas. No se dice nada más que eso. Pero, ¿cuál es la verdad? Todos han señalado aquí -me parece muy justo- que a los profesores se les debe pagar el bono que se les adeuda, pero en el proyecto no se habla con claridad. El Ejecutivo, por medio de la Subsecretaría llegó a un acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades y, generosamente, decidió inyectar 20 mil millones de pesos al sistema municipal. Como bien dijo el diputado señor Dittborn, se buscó una fórmula que nunca antes habíamos visto: un componente relacionado con la cantidad de gente más pobre de la comuna en relación al total nacional de población en situación de pobreza y un componente vinculado al capital humano de funcionarios más docentes. ¡Pero si la deuda municipal es gigantesca! Con el subsecretario vimos que hay cifras que ni siquiera se pueden calcular, porque es gigantesca la cantidad de facturas o deudas impagas. Sin embargo, a raíz de un problema del Ejecutivo -desconozco cuál es todo su origen-, los alumnos estuvieron sin clases debido a que los profesores estaban en huelga, lo que creó un caos a nivel de la opinión pública. Por eso se envió este proyecto, en el que estamos todos de acuerdo, pero que no aborda una verdad: el déficit de las municipalidades. Nuevamente, la Cámara, que está muy cuestionada, tiene que aprobar la iniciativa en forma rápida y sacar del atolladero al Ejecutivo, que originó el problema, junto con algunas municipalidades que no se han manejado bien desde los puntos de vista administrativo y financiero. Una vez más, la Cámara de Diputados concurrirá con su voto a fin de solucionar un problema, pero no se apunta al fondo del mismo: el déficit municipal. No quise ahondar en un tema que han abordado tantos otros colegas, cual es el bono SAE en favor de los profesores, sino destacar que, una vez más, el Ejecutivo envió a tramitación un proyecto con discusión inmediata a esta Cámara para subsanar un problema puntual que hoy existe. Sin embargo, la iniciativa no es la solución definitiva al problema del déficit municipal. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl Súnico. El señor SÚNICO (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Socialista, anuncio nuestro respaldo a este proyecto de ley, que asigna 20 mil millones de pesos a los distintos municipios del país, el cual contiene un mecanismo bastante detallado de distribución de recursos entre las distintas comunas. En el caso de mi distrito, para Talcahuano significará más de 258 millones de pesos de aporte adicional, y para Hualpén, 115 millones de pesos, recursos que ayudarán a resolver una parte de las dificultades de financiamiento que hoy tienen esos municipios. Sin embargo, como bien dijo mi colega Jorge Ulloa, ellos no son suficientes para hacerse cargo de todas sus deudas. Comparto lo expresado por el diputado Egaña, en el sentido de que el problema de financiamiento municipal requiere una discusión más profunda, de manera de no tener que estar permanentemente discutiendo proyectos de ley parciales que aborden ese problema. Reitero que el problema de financiamiento municipal requiere una discusión más a fondo en el Congreso Nacional, a fin de establecer un mecanismo sólido, estable y que dé garantías a los ciudadanos de que los municipios contarán con los recursos necesarios para hacerse cargo de sus actividades. Finalmente, reitero nuestro respaldo a la iniciativa. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación general el proyecto de ley que faculta el aporte de recursos extraordinarios para las municipalidades del país con el objeto de fortalecer su gestión. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: AccorsiOpazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto se declara aprobado también en particular. Despachado el proyecto.
APORTE DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS A MUNICIPALIDADES PARA FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN. Primer trámite constitucional. Sobre tabla.