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El señor WALKER (don Ignacio).-
Señor Presidente , parto por expresar que vamos a votar a favor de este proyecto de ley. Lo digo no solo a nivel personal, sino también pensando en la conducta invariable que han tenido nuestros Diputados y Senadores. Por lo tanto, hablo por mi partido, la Democracia Cristiana, que tiene un compromiso muy importante con la reforma educacional, con la situación de los profesores, tanto del sector público como del privado, que suman cerca de 200 mil en Chile -dato que a veces se nos olvida-, y, particularmente, con los 90 mil maestros de la educación pública que la han mantenido en pie.
Además, celebro el esfuerzo que estamos haciendo, como Gobierno, en cuanto a tratar de estibar la nave de una mejor forma, lo que significa un esfuerzo especial en materia de educación pública, que el año 1990 representaba el 60 por ciento de la matrícula, y hoy, el 37 por ciento.
Por consiguiente, si queremos una educación mixta (pública y privada), como siempre lo hemos sostenido en la Democracia Cristiana, es lógico tratar de estibar la nave de una mejor forma, tratando de revertir la tendencia en perjuicio de la educación pública.
Ciertamente, este proyecto (que es parte de un acuerdo, de un compromiso de la Presidenta Bachelet con los profesores del sector público y que cuenta con todo nuestro apoyo -reitero- como Partido) contempla un beneficio muy concreto: hasta 21 millones y medio de pesos en proporción a las horas de contrato y los años de servicio, con un costo total para el erario de 177 mil millones de pesos.
Estamos hablando, solo por concepto de esta iniciativa, de unos 290 millones de dólares, que van a significar -insisto- hasta 21 millones y medio de pesos para los sectores de más horas de contrato, en los que el Fisco asume el 65 por ciento del costo. Por ende, es también un alivio para los municipios, que siempre nos han expresado su inquietud acerca de este tipo de leyes, que muchas veces hacen recaer el esfuerzo de financiamiento en ellos, que no tienen ninguna posibilidad de enfrentarlo.
En consecuencia, el 65 por ciento de los 177 mil millones de pesos, equivalentes a 290 millones de dólares, será de cargo fiscal. Y por eso vamos a votar a favor.
Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con los colegas dos preocupaciones, entre muchas otras que uno podría mencionar.
Primero, ¿cómo se va a velar para que los cupos o vacantes que queden disponibles (entre comillas) sean proveídos de manera adecuada? Porque se van a retirar unos 10 mil profesores y profesoras -muy merecidamente, por lo demás; casi una necesidad, diría yo- de los 90 mil profesores del sistema público. O sea, estamos hablando de más del 10 por ciento de la dotación docente de la educación pública chilena. Ese es, potencialmente, el beneficio de este proyecto.
Pero, como el sostenedor es el municipio, que tiene personalidad jurídica de derecho público y autonomía, no sabemos qué va a ocurrir con las vacantes (entre comillas) que queden disponibles (entre comillas). Y digo "entre comillas" porque todo esto es potencial. Lo único que sabemos es que la matrícula del sector público ha ido disminuyendo en forma sistemática en los últimos 20 o 25 años. El proyecto hace un esfuerzo, pero un esfuerzo que demuestra las limitaciones que tiene el Gobierno, el Fisco, el Estado, dada la autonomía de los municipios como sostenedores.
Entonces, yo los quiero remitir al artículo 3° del proyecto, incisos quinto y siguientes. Esto es bien complejo, porque cuando se produzcan horas de vacancia los sostenedores deberán informar al Ministerio de Educación y enviarle una nómina con las vacantes producidas. ¡Nada más que informar! ¡El Ministerio no tiene ninguna posibilidad de decidir nada!
"En caso de que requieran proveer dichas vacantes" -que no es necesario pero sí posible- "deberán informar previamente al Departamento" de educación correspondiente. ¡Solamente informar! Es lo que señala el inciso séptimo. Y el siguiente agrega que "el departamento podrá realizar observaciones fundadas al informe antedicho". ¡Nada más que observaciones! No tiene ninguna posibilidad de decidir. Y en ese caso el sostenedor lo único que tiene que hacer es informar, previamente a la contratación, al concejo municipal.
Por lo tanto, manifiesto mi preocupación en esta materia. Aquí se pueden producir, potencialmente, hasta 10 mil vacantes. ¿Cómo se van a proveer, cuando sea necesario?
Y paso a mi segunda inquietud, que es más de fondo: ¿cómo engarza este proyecto, o no engarza, con el tema de fondo? Porque, finalmente, estamos llegando a los maestros, a los profesores, y viene la carrera docente.
Y ahí tenemos un problema de fondo. En la actualidad, hay 140 mil alumnos y alumnas en carreras pedagógicas. Y el sistema solo puede absorber a unos 12 mil. O sea, hay decenas de miles de estudiantes y sus familias que están siendo inducidos a error y a los cuales se les está creando una falsa expectativa. La mayoría de las carreras no están siquiera acreditadas.
Y la carrera docente que viene, que se avecina -por lo que uno ha escuchado de las intervenciones del Ministro de Educación, de las conversaciones-, va a contemplar cosas importantes.
Primero: acreditación. Los alumnos que estudien en instituciones que no tengan acreditada la carrera pedagógica no podrán recibirse ni hacer clases. ¡Algo completamente lógico!
Segundo: certificación, evaluación. ¿Por qué? Porque queremos a los mejores profesores de Chile, vocacionalmente hablando, ojalá en el sector público, o en el sector privado. Pero aquí estamos tratando de revertir esta tendencia con un esfuerzo especial en materia de educación pública.
Se habla mucho de Finlandia y Singapur. Fíjense en el dato que voy a dar, que fue entregado por el Ministerio en la Comisión hace algún tiempo. En dichos países, paradigmas de educación pública en el mundo, solo el 15 por ciento de los estudiantes que ingresan a una carrera pedagógica son en definitiva contratados como profesores e incorporados a la planta docente. ¡El 15 por ciento! El sistema es altamente selectivo. ¿Por qué? Porque ser profesor constituye un factor estimulante: primero, por las remuneraciones que se reciben, y segundo, por el prestigio social.
Entonces, obviamente, nuestros niveles de ambición respecto de la futura carrera docente tendrían que ser la respuesta definitiva.
Sin embargo, esta normativa no lo es, pues todos sabemos que se trata de un acuerdo temporal, necesario, indispensable, impostergable, que puede llegar a beneficiar a 10 mil profesores -me alegro; estupendo-, pero que no resuelve el problema de fondo.
Debemos ser capaces de insertar este proyecto, y este acuerdo, en la satisfacción de una deuda legítima que exige el Colegio de Profesores y de vincularlo a un esfuerzo de carrera docente que capte a los mejores alumnos de cuarto medio para atraerlos a las carreras pedagógicas con tales niveles de exigencia y, en contrapartida, de remuneración, que permitan avanzar hacia una educación de calidad en condiciones de equidad.
Voto a favor, pero con la doble preocupación que dejo expresada.
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