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El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, nos pronunciaremos a favor de esta iniciativa, porque es de toda justicia que los profesores que deseen jubilar cuenten con este incentivo al retiro.
Eso sí, hubiésemos querido que este proyecto fuera más completo, que contemplara beneficios otorgados a otros gremios que en el caso de los profesores no se entregan.
Por ejemplo, cuando legislamos en favor de los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que también es un servicio público dependiente del Ministerio de Educación, establecimos que los trabajadores de la JUNJI acogidos a retiro sin recibir este incentivo pudieran beneficiarse con las nuevas disposiciones.
Lo mismo ocurrió cuando tramitamos una iniciativa para la gran mayoría de los funcionarios públicos, conocida básicamente como incentivo al retiro de los trabajadores agrupados en la ANEF.
En esta ocasión los profesores que se acogieron a retiro entre la última ley vigente y la presente iniciativa no tendrán derecho a este incentivo. Se trata de docentes que tuvieron que jubilar por razones de salud, de avanzada edad, de cansancio, en fin.
Como se había actuado así respecto de otros gremios, parecía absolutamente justo darles también a ellos este bono.
Consultamos en la Comisión de Hacienda sobre el particular, pero la verdad es que no hubo respuesta para esta grave omisión, que lamentablemente significará que quienes se acogieron a retiro en las condiciones señaladas no podrán impetrar el beneficio.
Hay otra situación importante: todos sabemos que un alto porcentaje de profesores son mujeres. En proyectos de ley similares a este se les daba a ellas la posibilidad de elegir pensionarse entre los 60 y los 65 años, atendido el hecho de que obligar a una mujer a jubilar con 60 años implica que tendrá cinco años menos de cotizaciones y que, además, deberá cubrir con sus fondos cinco años más de pago de jubilación. Y los cálculos más optimistas estiman que esa persona verá perjudicada su pensión en no menos de 30 por ciento.
Durante la primera semana de este mes Su Excelencia la Presidenta de la República promulgó la ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Al respecto, quiero señalar que en esta normativa consagramos una vez más una discriminación que afecta todo el período que cubrirá la pensión, en este caso concreto, de las profesoras.
El Ministro de Educación dijo: "Este es un retiro voluntario". Es cierto, pero también lo es que quien no opte ahora por el beneficio lo perderá. Por consiguiente, existe una fuerza orientada a que se acoja a retiro.
Insisto, señor Presidente : lo considero profundamente injusto, ya que significará que probablemente miles de profesoras que presenten su renuncia de aquí al 31 de diciembre del año en curso quedarán, en definitiva, con una pensión 30 por ciento inferior, lo cual no solo es injusto, sino que no guarda relación con todos los pasos que el país está dando para alcanzar igualdad de género, de oportunidades, de condiciones y de trato entre hombres y mujeres.
Es preciso señalar que desde estas bancadas valoramos profundamente el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y el de Hacienda para financiar con recursos de este último (117 mil millones de pesos) el presente incentivo al retiro y no con cargo a anticipos de la subvención, como se hizo con muchos otros proyectos de este tipo. Estimo que ir aliviando el financiamiento municipal de la educación termina finalmente por contribuir en gran cantidad a su mejor calidad.
Sin embargo, considero del todo necesario expresar nuestros puntos discrepantes -los hicimos ver con el Senador Juan Antonio Coloma en la Comisión de Hacienda-, y nos gustaría que la Ministra del Trabajo o el Subsecretario del ramo los tuvieran en cuenta en futuros proyectos de incentivo al retiro.
Ojalá podamos arreglar este problema que afecta a las profesoras y a los profesores ya jubilados, que no podrán beneficiarse de este incentivo por no hallarse contemplados en la normativa.
Por último, deseo expresar lo siguiente: hace pocas semanas despachamos un proyecto de ley que establecía la titularidad en el cargo de los profesores con más de tres años de trabajo ininterrumpido o con 20 horas semanales en un lapso de cuatro años, aunque fueran interrumpidos.
Esa ley, que se dictó con la confianza de que favorecería -de hecho, así fue- a muchos profesores, también tiene dificultades. Por ejemplo, los docentes con 30 horas de planta y 14 horas -por llamarlo así- con extensión horaria o a contrata no son contemplados.
Entonces, se produce el absurdo de que docentes con mucho mayor antigüedad quedan con parte de su horario en una situación de completa inestabilidad.
Lo anterior tiene bastante que ver con esta forma de legislar; con esto de que nos fijan urgencia tras urgencia, de que debemos pronunciarnos sin discutir cada una de las situaciones que surgen.
Por lo tanto, hoy existen profesores que legítimamente nos enrostran que la ley no los favorece, que los marginó, en circunstancias de que por lo general se trata de los docentes más antiguos del sistema municipal.
Me parece, señor Presidente, que como son todas materias de iniciativa del Ejecutivo, debe existir voluntad política para corregir los vacíos que van quedando en las distintas iniciativas que tramitamos.
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