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El señor GUZMÁN.-
Señor Presidente, opino que prolongar la discusión respecto de un proyecto sobre el cual existe disposición favorable de todo el Senado aparecería como algo superfluo si no fuese porque el debate -que se ha extendido por largo rato- nos está revelando un síntoma que va más allá de este tema.
Cuando se instaló esta Alta Corporación, nuestro Presidente, don Gabriel Valdés, nos llamó a hacer de ella un lugar de encuentro para los chilenos, y específicamente para los Senadores que representamos a la ciudadanía.
Ese encuentro, más allá de una buena disposición en las relaciones personales, debe reforzarse, a mi juicio, con la búsqueda de un diálogo inteligente, serio y de buena fe, a fin de que intercambiemos nuestros puntos de vista discrepantes o analicemos cifras que percibimos distintas dentro de la realidad social, con el objeto de obtener algunos acuerdos o clarificaciones útiles.
Por el contrario, el giro que toman estos debates es de repeticiones permanentes, de afirmaciones que nunca se encuentran y que se convierten finalmente en un diálogo de sordos.
Cuando se trata del análisis de apreciaciones subjetivas de ciertas realidades, puede ser más difícil llegar a diagnósticos comunes. Pero cuando se trata de ponderar las cifras avaladas por organismos internacionales o por instancias técnicas que están fuera de toda discusión, tendría que existir la posibilidad de que al menos nuestro debate se centrara en aquello que en verdad lo merece; debiera sernos posible trabajar sobre realidades que aceptemos como tales y discutir lo que razonablemente separa a personas serias que operan a base de situaciones objetivas que todos deben reconocer.
Es esto, señor Presidente, lo que me mueve a distraer un momento la atención de la Sala para, junto con anunciar el voto favorable de los Senadores de la Unión Demócrata Independiente a este proyecto, recoger la interesante observación del Honorable señor Núñez en cuanto al papel del Estado y a la planificación.
Opino que no está en el tema de la planificación -ni tampoco lo ha estado en las últimas décadas- el eje de la diferencia entre los sectores socialistas y quienes no lo somos respecto de la visión de una estrategia de desarrollo.
A mi juicio, la diferencia fundamental se produce con relación al vínculo establecido entre el Estado y los particulares. No cabe duda alguna de que la acción de aquél debe ser realizada de modo eficiente. Y, por ejemplo, para que en los planos de la inversión o de la acción redistributiva en favor de los más pobres el Estado actúe con eficiencia, tiene que hacerlo de manera planificada. Lo importante es que esa dimensión que cobra el Estado dentro de la vida social siga una relación adecuada con respecto a la iniciativa particular y al ámbito que se reserva a ella. Y fue con respecto a esto que, al comentar el discurso pronunciado por el Presidente de la República el 21 de mayo, mencioné la importancia que atribuyo a que se reconozca el principio de subsidiariedad como la única forma adecuada de establecer un criterio de relación entre el tamaño del Estado y la actividad privada, entre la iniciativa que corresponde a aquél y el ámbito que compete a los particulares, que no implique caer en el estatismo.
Y considero que precisamente en esa perspectiva resulta perfectamente armonizable colocar y reconocer a la iniciativa privada como el motor esencial del desarrollo económico de una sociedad libre y valorar el papel del Estado como redistribuidor de riqueza en beneficio de los más necesitados, especialmente de quienes están en la extrema pobreza, a través de una acción eficiente, planificada, a la cual debe servir ODEPLAN.
En esta misma línea, señor Presidente, quisiera hacer una observación en cuanto a lo que aquí se dijo acerca del pasado. Podría limitarme a expresar mi coincidencia con las opiniones vertidas por los Honorables señores Jarpa y Piñera; sin embargo, un imperativo de conciencia muy particular me mueve a decir dos o tres palabras sobre esta materia.
En el régimen pasado, ODEPLAN desplegó una labor extraordinaria en beneficio de los sectores más pobres. Ese Gobierno no sólo modernizó la evaluación de las inversiones públicas como nunca antes se había realizado, sino que dio un salto gigantesco hacia adelante, que ciertamente servirá a la actual Administración como punto de apoyo en su propia tarea al respecto; más qué eso: cuando recién se iniciaba su gestión, se confeccionó el Mapa de la Extrema Pobreza, con la participación del actual Ministro Director de ODEPLAN. Ese Mapa llevó a una acción consistente, a lo largo de los 16 años del Gobierno militar, para procurar focalizar el gasto público, justamente con el objetivo de eliminar o erradicar la extrema pobreza.
Todos estamos conscientes de que la meta señalada dista todavía de haberse logrado. Pero me parece que, con igual objetividad, debiéramos reconocer que los avances que se registraron al respecto fueron muy significativos.
Y, cuando se citan cifras sobre los indicadores básicos relativos a la extrema pobreza -como nutrición, mortalidad infantil, expectativas de vida, alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y todos los avances extraordinarios y, al mismo tiempo, muy significativos habidos durante los 16 años pasados-, ellas dan cuenta de un elemento que debe ser complementado con el tema de los ingresos, que aquí se ha traído a colación. Porque no es lo mismo percibir equis entrada para una familia que dispone de alcantarillado, agua potable y luz eléctrica que para otra que carece de esos servicios públicos esenciales.
Lo mismo cabe decir de toda la acción que se ha traducido en una mayor o mejor expectativa de vida en promedio en América Latina, muy por encima del progreso realizado por la generalidad de los países de nuestro continente; en baja de la mortalidad infantil de 80 por mil a 19 ó 18 por mil hacia fines del Gobierno anterior, o en los avances en nutrición infantil.
Más que eso. Durante la Administración pasada hubo una persona a quien quisiera evocar especialmente en esta reunión: Miguel Kast. El no sólo fue el principal artífice, el principal motor de este profundo sentido social que animó al Gobierno de la época, sino que, además, motivó que una cantidad enorme de jóvenes que en aquel entonces tenían posibilidades de acceder a remuneraciones, a ingresos y a proyección en el campo profesional mucho más atractivas, hicieran un sacrificio personal y, desde ODEPLAN, desplegándose a través de los SERPLAC por todo el país, dedicaran muchos años de su vida a lo que él llamaba un "servicio social", una entrega, por un tiempo semejante al servicio militar que se hace para servir a la patria, con el objeto de sacrificarse en beneficio de ella.
Y precisamente porque Miguel Kast no está ya con nosotros y porque no puede pensarse que esta evocación y este homenaje -del cual deseo dejar testimonio en el Senado- tengan otra finalidad que la de recordar a un hombre excepcional, pienso que es también lo que nos debiera hacer mirar con algo de menor apasionamiento y de mayor justicia y reconocimiento la acción que junto a él desplegaron muchos jóvenes chilenos, quienes ya pertenecen a generaciones intermedias de nuestro país, para servir a los más desposeídos y para luchar contra la extrema pobreza desde los distintos lugares de trabajo del Gobierno militar.
Excúseme, señor Presidente , por terminar mis palabras con algo muy diferente; pero no deseo dejar pasar la oportunidad sin mencionarlo.
La Honorable señora Frei -y el Ministro señor Molina lo dijo antes- sostuvo que uno de los avances de este proyecto consiste en que el Director de ODEPLAN, al tener la calidad jurídica de Ministro, sea políticamente responsable.
Comparto enteramente ese punto de vista, y creo que constituye uno de los principales avances de la iniciativa en estudio. Pero, por la misma razón, quisiera prevenir al Senado de la inconveniencia que tiene continuar con una práctica que viene desde antiguo y que se acentuó durante el Gobierno anterior: crear autoridades con rango de Ministro, pero que no poseen esa calidad. Tal sistema lleva a que, por una natural fuerza de la burocracia, la institución creada tienda a convertirse en Ministerio.
La Secretaría General de Gobierno nació como una pequeña oficina de la Presidencia de la República. Más tarde su titular adquirió el rango de Ministro Secretario General de Gobierno, sin que la institución tuviera jerarquía de Ministerio. Posteriormente pasó a constituir una nueva Cartera.
En el caso de la Secretaría General de la Presidencia, surgida durante el Gobierno anterior como una pequeñísima oficina - me correspondió conocerla y colaborar con ella en sus inicios-, derivó en una gran repartición pública, bastante amplia, que no era Ministerio y que estaba a cargo de una persona con rango de Ministro. Naturalmente, ahora se propicia convertirla en Ministerio.
Y entre ambas Secretarías de Estado se encuentra ODEPLAN, que sigue una línea muy parecida.
Yo no quiero desconocer...
El señor GAZMURI. -
Es bastante chica, según el proyecto en estudio. Su Señoría debe reconocerlo.
El señor GUZMÁN.-
Pero si hacemos una evaluación de todo este conjunto de organismos, señor Senador, creo que pueden no ser tan pequeños ni el número de personas que tiene ni los aumentos que globalmente se propician.
En todo caso, no es ahí donde centro el problema. Estoy diciendo, básicamente, que hay nuevas iniciativas para otorgar rango de Ministro a ciertas personas que hoy día no lo tienen o a determinadas autoridades de servicios nuevos que se pretende crear. Me parece indispensable que ello no se haga. Y quiero aprovechar esta oportunidad para señalarlo, porque la experiencia demuestra que cuando a alguien se da ese rango, el paso siguiente es que su repartición se convierta en Secretaría de Estado y la persona adquiera la calidad de Ministro. Y, por último, creo inconveniente la existencia de personas con rango de Ministro y que no lo sean jurídicamente para todos los efectos constitucionales.
El Presidente de la República tiene perfecto derecho a invitar a las sesiones de Gabinete a quien le plazca. Puede dar la calidad práctica y la influencia o prerrogativas que desee al colaborador que le parezca adecuado, ya sea por la persona que ocupa un cargo, o por el cargo mismo. Pero la mala práctica de dar rango de Ministro a personas que jurídicamente no lo son -entre ellas, el titular de la Comisión Nacional de Energía, y otras- no debe multiplicarse.
Y he querido aprovechar la observación hecha -con la cual coincido- para exhortar al Senado a que procuremos evitar la creación de nuevas autoridades con rango de Ministro y que no lo son.
Gracias, señor Presidente.
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