REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 4ª, en miércoles 18 de marzo de 2015 (Ordinaria, de 10.42 a 13.53 horas) Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio, y Vallespín López, don Patricio. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES VIII.- ANEXO DE SESIÓN IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA.......................................................................................................................................... 12 II.- APERTURA DE LA SESIÓN.............................................................................................................. 15 III.- ACTAS ................................................................................................................................................. 15 IV.- CUENTA .............................................................................................................................................. 15 V.- ORDEN DEL DÍA ................................................................................................................................. 17 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CIERRE PARA OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONCESIONES DE ACUICULTURA. (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9864-21) (PREFERENCIA) ...................................................................................................... 17 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PARA IMPLEMENTAR LA REFORMA TRIBUTARIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9898-05) ................................................................................................................ 35 VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................................................... 57 INCORPORACIÓN DE LAS ONCE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO Y DE LAS COMUNAS DE GALVARINO Y SAAVEDRA, DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, EN POLÍTICA DE ZONAS REZAGADAS ..................................................................................... 57 REINSTAURACIÓN DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERA Y METALÚRGICA ....... 59 INCORPORACIÓN DE TOCOPILLA AL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA “SEGURIDAD PARA TODOS”, Y SU VERSIÓN LOCAL DENOMINADA “PROGRAMA COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA”................ 61 VII.- INCIDENTES ..................................................................................................................................... 63 FUNDAMENTOS DE RETIRO DE PROYECTO DE CONTROL DE MICROBASURALES EN SECTORES ALTOS DE VALPARAÍSO (OFICIOS).............................................................. 63 ACCIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GENDARMERÍA EN REGIÓN DE AYSÉN (OFICIOS) ..................................................................................................................... 64 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE FERIA “VÍCTOR DOMINGO SILVA”, COYHAIQUE (OFICIOS) ........................................................................................................... 65 APROBACIÓN DE PROYECTO “PODER DE COMPRA ENAMI CABILDO”, PROVINCIA DE PETORCA (OFICIO) ............................................................................................................ 66 INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS COMPROMETIDOS A PEQUEÑOS PIRQUINEROS DE PETORCA Y SAN FELIPE (OFICIO) ................................................................................... 67 INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE MELIPILLA (OFICIO)....................................................................................... 67 REITERACIÓN DE SOLICITUD SOBRE LIBERACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS DE INTERNACIÓN A IMPORTACIÓN DE BIENES DESTINADOS A INVESTIGACIÓN ASTROFÍSICA EN UNIVERSIDADES DEL PAÍS (OFICIO) ..................................................... 68 Pág. ENTREGA DE INFORMACIÓN A FISCALÍA POR PARTE DE SOQUIMICH ........................ 68 VIII.- ANEXO DE SESIÓN ....................................................................................................................... 70 COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES..... 70 REACTIVACIÓN DE PROGRAMA EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES VITIVINÍCOLAS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIOS) ..................................................... 70 ENTREGA DE FORRAJE A AGRICULTORES DE ZONAS PRECORDILLERANAS DE PROVINCIAS DE BIOBÍO Y DE ÑUBLE (OFICIO) .................................................................. 71 DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA A COMUNAS DE RÁNQUIL Y QUILLÓN (OFICIOS) ............................................................................................................. 71 INFORMACIÓN SOBRE SUMARIO RELACIONADO CON PARALIZACIÓN DE OBRA “CRUCE CAMINO ANTUCO”, PROVINCIA DEL BIOBÍO (OFICIOS) ..................................... 71 IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 74 1. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9898-05) .............................. 74 2. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9866-04) ........................................................................... 74 3. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9386-13) ........................................................................... 74 4. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9402-13) ........................................................................... 74 5. CERTIFICADO DE LA COMISIÓN DE PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “DISCUSIÓN INMEDIATA”, QUE “AMPLÍA PLAZO DE CIERRE PARA OTORGAR NUEVAS CONCESIONES DE ACUICULTURA.”. (BOLETÍN N° 9864-21) ............................................................................................................... 74 6. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR RIVAS, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL, QUE DISPONE EL CESE DEL CARGO PARA EL PARLAMENTARIO QUE COMETA LOS DELITOS E IRREGULARIDADES QUE INDICA, ESTABLECIENDO LA INHABILIDAD PERPETUA PARA OPTAR A CARGOS PÚBLICOS”. (BOLETÍN N° 9932-07. .......................................................... 74 7. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES OJEDA, ARRIAGADA, FLORES, RINCÓN, SAFFIRIO, TARUD, VALLESPÍN Y VENEGAS, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS PROVOSTE Y SEPÚLVEDA, QUE “AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN HOMENAJE AL EXSENADOR Y CANCILLER DE LA REPÚBLICA DON GABRIEL VALDÉS SUBERCASEAUX”. (BOLETÍN N° 9933-24) ............................................................................................................... 74 8. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA MOLINA Y DEL DIPUTADO SEÑOR EDWARDS, QUE “MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA”. (BOLETÍN N° 9934-03) ............................................................................. 74 9. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GUTIÉRREZ, DON HUGO; CASTRO, ESPINOZA, DON FIDEL; MONSALVE, POBLETE Y ROCAFULL, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE DELITOS DE COHECHO Y PREVARICACIÓN, Y EL CÓDIGO TRIBUTARIO EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL CASO DE DELITOS TRIBUTARIOS”. (BOLETÍN N° 9935-07) ............................................................................................................... 75 Pág. 10. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS VALLEJO, CARIOLA, CARVAJAL, CICARDINI, PROVOSTE, RUBILAR Y SABAT, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BORIC, JACKSON Y MIROSEVIC, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”. (BOLETÍN N° 9936-07) ........................................................................................... 75 11. OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (BOLETÍN N° 9366-04) .......................................... 75 X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1. Comunicaciones: Del diputado señor Álvarez-Salamanca por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 19 de marzo de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. Del diputado señor Browne por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 18 de marzo, por actividades propias de la labor parlamentaria. De la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, a través de la cual informa que la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica (boletín N° 9729-03), quedó pendiente para terminar su tramitación en sesión especial del día de hoy, 18 de marzo, de 17:00 a 18:00 horas. 2. Notas: Del diputado señor Silva por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 20 de marzo de 2015, para dirigirse a Estados Unidos y Colombia. Del diputado señor Robles por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar de hoy, 18 de marzo, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina. 3. Licencia médica: Otorgada al diputado señor Edwards por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de tres días, a contar del 17 de marzo de 2015. 4. Oficios: De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Soto. De la Comisión de Hacienda por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Auth. De la Comisión de Educación por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como Presidenta a la diputada señora Vallejo. De la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización por el cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Reglamento de la Corporación, que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Arriagada. Respuestas a Oficios Contraloría General de la República Diputado Kast, Legalidad de los contratos suscritos por el señor Miguel Ángel Carrasco García, que se desempeña como Concejal de la comuna de Paillaco, médico general del Servicio de Salud de Valdivia y como asesor parlamentario del Diputado señor Enrique Jaramillo Becker. Asimismo, indique las eventuales incompatibilidades en el ejercicio de dichas funciones, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (19005 al 5247). Diputado Rocafull, Informar respecto del gasto público involucrado en el proyecto de la Empresa Portuaria de Arica (19202 al 4561). Diputado Robles, Situación que afecta al señor Simón Irribarren Cárdenas, profesor de la comuna de Freirina, quien ha recibido la declaración de vacancia de su cargo por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de sus funciones, pronunciada por el director del Departamento de Educación Municipal, DAEM, disponiendo una investigación ante la existencia de licencias médicas que no habrían sido tramitadas por la empleadora. (19210 al 5562). Diputado Schilling, Solicitar a la alcaldesa de la comuna de Olmué, señora Macarena Santelices, una explicación acerca de la participación de directivos de colegios públicos de Olmué en una jornada de capacitación política impartida por el Instituto Libertad y Desarrollo (19225 al 1662). Ministerio de Interior Diputada Molina doña Andrea, Diputado Ulloa, Informe a esta Cámara respecto del número de personas desaparecidas y de denuncias por presunta desgracia registradas en la Región de Valparaíso y en la Región del Biobío. (031 al 5949). Diputado Ward, Informe a esta Cámara sobre las herramientas de orden tecnológico con que cuenta Carabineros de Chile, a objeto de proceder a la búsqueda de personas desaparecidas y, además, el grado de capacitación del personal destinado a la ejecución de dicha labor. (044 al 6146). Diputado Mirosevic, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la existencia de normas relativas a protocolos de atención de migrantes, especialmente en lo relativo al derecho de toda persona a ser tratada con respeto y deferencia por la autoridades y funcionarios en general y, además, si la Policía de Investigaciones de Chile ha organizado capacitaciones, seminarios u otro tipo de actividad destinada a educar y sensibilizar a las autoridad y funcionarios que atienden directamente al público en lo que se refiere a los derechos que corresponden a los migrantes en virtud de los tratados internacionales ratificados por Chile. (052 al 6266). Diputado Gahona, Informar sobre las circunstancias en las que, con ocasión de la reapertura del paso fronterizo de Agua Negra, dos funcionarios de la Municipalidad de Vicuña habrían abandonado el territorio nacional, ingresando a la República Argentina, no obstante encontrarse legalmente impedidos para ello y, por otra parte, si se ha iniciado investigación destinada a establecer las eventuales responsabilidades en estos hechos. (095 al 6162). Diputado Macaya, Informar a esta Corporación respecto de las medidas que se adoptarán en relación a la situación que afecta a la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de O´Higgins, señora Alyson Hadad, quien tiene 3.107 puntos en la Ficha de Protección Social desde 2007, no obstante haberse desempeñado como Directora de Desarrollo Comunitario en la comuna de Peralillo antes de su nombramiento como Seremi (751al 738). Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Diputado Rocafull, Inversión que tiene esa empresa para los próximos 5 años, especificando las inversiones que se realizarán en la Zona Franca Industrial de Arica y obras para el Parque Industrial Chacalluta, en los términos que se indican en la petición adjunta. (911 al 7034). Ministerio de Hacienda Diputada Núñez doña Paulina, Recursos provenientes de la venta de bienes inmuebles de propiedad del Fisco. (824 al 7038). Diputado Letelier, Instruir se tenga especial consideración, para efectos impositivos, con los pequeños talleres de adultos mayores y de juntas de vecinos dedicados a la confección de artesanías y otras manualidades. (826 al 740). Diputado Sandoval, Aplicación del Fondo de Fomento y Desarrollo de las regiones extremas y las provincias de Palena y Chiloé. (830 al 6066). Ministerio de Justicia Diputado Espejo, Instruir al Director Nacional de Gendarmería detener la instalación de un centro de reinserción social en un barrio residencial, en la calle Arturo Prat, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua y, a la vez, iniciar una investigación sumaria destinada a establecer las eventuales responsabilidades por el arriendo de la propiedad donde se proyecta emplazar el mencionado centro, que se encontraría en litigio. (2376 al 657). Ministerio de Defensa Nacional Diputado Ward, Fecha de ingreso al país del señor Heraldo Muñoz Valenzuela, que haya efectuado entre los meses de septiembre a diciembre del año 2013, por cualquier paso fronterizo habilitado en territorio nacional. (110 al 6798). Diputado Ward, Fecha de ingreso al país del señor Heraldo Muñoz Valenzuela, que haya efectuado entre los meses de septiembre a diciembre del año 2013, por cualquier paso fronterizo habilitado en territorio nacional. (1503 al 6798). Ministerio de Obras Públicas Diputada Carvajal doña Loreto, Remitir copia de los Contratos Globales en cuyo contenido se especifican las obligaciones respecto al mantenimiento de todos los caminos rurales de la provincia de Ñuble. (747 al 5915). Diputado García don René Manuel, Estado de avance de la obra construcción del segundo tramo de diez kilómetros del camino que conecta Melipeuco-Icalma, ciudad de Temuco, y, que, en la actualidad, la empresa licitadora no se encuentra trabajando en el lugar. (748 al 5006). Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar sobre la factibilidad de ejecutar un proyecto de pavimentos básicos rurales en el camino San José de Cocalán, en la comuna de Las Cabras, y respeto de la posibilidad de reemplazar el puente ubicado en esa vía por otro de concreto. (750 al 6873). Diputado Fuenzalida, Estado de avance del proyecto de construcción del camino que unirá las localidades de Itropulli, Santa Rosa y San Pedro. (752 al 5742). Diputada Pacheco doña Clemira, Informar sobre el estado de avance de las obras del Paso Pichachén Complejo Fronterizo Pichachén, ubicado en la latitud sur 37° 27´ longitud oeste 71° 08´, en la ruta Huella de los Barros Paso Pichachén, en la comuna de Antuco. (754 al 5734). Diputado Meza, Todas las aperturas de contratos desde el nivel central, regional y de la División Nacional de Vialidad Urbana, adjudicados a la empresa CIAL Ltda, desde el año 2008 a la fecha. Asimismo, indique detalladamente las obras y horas extraordinarias que se han cancelado en la ejecución del Proyecto Avenida Recabarren, Región de La Araucanía. (755 al 4957). Diputado Coloma, Iforme a esta Cámara acerca de la situación actual de los proyectos detallados en la petición adjunta. (756 al 5866). Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informar sobre la factibilidad de repavimentar la ruta I 645, en el sector de Aitué, en la comuna de Chimbarongo. (757 al 5959). Diputado Saldívar, Informar sobre el estado de los estudios de pre inversión del proyecto para el mejoramiento de la ruta D-41, que une las comunas de La Serena y Vicuña, y respecto de tiempo considerado para la materialización de mismo. (758 al 6035). Diputado Sandoval, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la eventual contaminación de aguas en el sector de Alto Mañihuales. (774 al 6425). Ministerio de Salud Diputada Nogueira doña Claudia, Diputado Coloma, Informe a esta Cámara sobre las fiscalizaciones efectuadas respecto del cumplimiento de la normativa que regula el turno de farmacias los días festivos y fines de semana, durante 2014 y especialmente en el feriado del pasado 25 de diciembre, los establecimientos sancionados y las medidas que se adoptaran al respecto, al tenor de la solicitud adjunta. (254 al 6450). Diputado Robles, Número de médicos que ha rendido y aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, a nivel nacional y en la Región de Atacama y la cantidad que ha sido autorizado para ejercer la medicina sin haber efectuado el escrutinio señalado. (574 al 5889). Diputado Jarpa, Disponer se adopten las medidas para aumentar la cantidad de especialistas en geriatría en los hospitales de la provincia de Ñuble. (575 al 678). Diputado Kort, Situación que afecta al señor Luis Fuentes Silva, cédula nacional de identidad N° 5.275.564-6, domiciliado en la comuna de Quinta Normal, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (576 al 6405). Diputado Saffirio, Informar si se tuvieron a la vista y consideraron los estudios realizados por la empresa Cerylab Ltda., u otros, en el proceso licitatorio que adjudicó a la empresa Amesti, con el calefactor modelo Scantek 380, el recambio de equipos de combustión en Temuco y Padre Las Casas. (579 al 6567). Diputado Espinoza don Fidel, Recintos en la Región de Los Lagos para el depósito y tratamiento de los residuos médico-patológicos. Asimismo, indique los volúmenes de los residuos que recibe cada uno de ellos, la antigüedad y vida útil estimada, así como la existencia de alguna emergencia en ellos, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (580 al 6477). Diputado Sandoval, Informar sobre la manera en que se va a regularizar el servicio de transporte aéreo de pacientes en la Región de Aysén, el que se encuentra suspendido a consecuencias de una deuda con la empresa que proporciona esta fundamental prestación. (581 al 6325). Diputado Robles, Reiterar peticiones contenidas en los oficios Nos. 3.745, de 14 de agosto de 2014 y 6.308, de 17 de diciembre de 2014, referidos a la formación de médicos especialistas, cuyas copias se acompañan. (583 al 6560). Diputada Girardi doña Cristina, informe a esta Cámara respecto de las medidas que se adoptaran para subsanar el déficit de personal médico e insumos que afecta a los pacientes de salud del Sector Público. (588 al 6267). Diputado Meza, Considerar el aumento de médicos especialistas en la Región de La Araucanía, que permita atender la enorme demanda de estos profesionales de la salud, cuya insuficiencia se agrava en época de vacaciones. (589 al 697). Diputado Fuenzalida, Informar sobre las medidas destinadas a evitar la morosidad en la deuda hospitalaria, y respecto del estado del proceso para el cobro de los créditos contraídos por instituciones privadas con el sistema público de salud. (590 al 6357). Diputado Pérez don Leopoldo, Medidas que adoptará esa Subsecretaría para mitigar el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos (592 al 6832). Ministerio de Desarrollo Social Diputado Sandoval, Remitir información relacionada con la situación en que se encuentran los cuidadores del programa de apoyo al cuidado de personas postradas de toda edad, con discapacidad severa o pérdida de autonomía. (975 al 7047). Ministerio Medio Ambiente Diputada Rubilar doña Karla, Adoptar las medidas para que se abran las resoluciones de calificación ambiental (114 al 758). Ministerio del Deporte Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre el número de trabajadores a honorarios contratados por suma alzada, el número de trabajadores a honorarios contratados a través de la compra de servicios o licitaciones y el número de trabajadores a honorarios contratados para proyectos. (007 al 7185). Intendencias Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre el número de trabajadores a honorarios contratados por suma alzada, el número de trabajadores a honorarios contratados a través de la compra de servicios o licitaciones y el número de trabajadores a honorarios contratados para proyectos. (085 al 7182). Diputado Sandoval, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con las personas beneficiadas con la entrega de títulos de dominio por parte del organismo a su cargo, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del campo. (374 al 6844). Diputado Sandoval, Informe a esta Cámara sobre el estado de tramitación del predio fiscal ubicado en el sector Alto Río Ibáñez presentado por el señor Felidor Aurelio Muñoz Guajardo ante una eventual superposición de solicitudes. (381 al 6834). Servicios Diputada Provoste doña Yasna, Tiempos de tramitación de cada una de las etapas del proceso destinado a obtener la resolución de calificación ambiental en los términos que plantea en la solicitud que se acompaña. (150481 al 7059). Diputado Fuenzalida, Informar sobre el estado de avance del asfaltado del camino Trumao-Llaquito. (753 al 5729). Diputado Núñez, Antecedentes que se tuvieron en cuenta para otorgar derechos de aprovechamiento de agua no consuntivo en el Río Mostazal, en los términos que se indican en la petición adjunta. (777 al 6988). Varios Diputado Mirosevic, En primer lugar, si existe alguna norma de rango administrativo emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental en el que haya establecido algún criterio interpretativo para determinar que ha entendido por “gestiones, actos o faenas mínimas”, según lo dispuesto en el artículo 4° transitorio del reglamento del mismo servicio o, en su defecto, los actos administrativos en los que se haya aplicado la citada disposición, en segundo lugar, la identificación y contenido de las normas de rango administrativo relativas a la aplicación y tramitación del artículo 4° transitorio del reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental y, finalmente, remita copia del oficio ordinario N°142034/2014, del mencionado servicio. (443 al 7198). XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. Diputado Jaramillo, Informar sobre el avance que han presentado los comités de Agua Potable Rural de la comuna de Río Bueno, en la Región de Los Lagos, en el contexto de la sequía que afecta a esa región. (7419 de 16/03/2015). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado Jaramillo, Informar sobre el avance del proyecto de construcción de un techo para la cancha de rayuela del Club de Rayueleros de Crucero, acordado en octubre del año pasado con el Director Regional del Instituto Nacional del Deporte de la Región de Los Ríos. (7420 de 16/03/2015). A Ministerio del Deporte. Diputado Jaramillo, Informar sobre el estado en que se encuentra el trámite para la creación de la comuna de Coñaripe, en la Región de Los Ríos. (7421 de 16/03/2015). A Ministerio de Interior. Diputado Jaramillo, Informar sobre los eventuales derechos que asisten a las personas individualizadas en la petición adjunta, en su calidad de exonerados por motivos políticos. (7422 de 16/03/2015). A jefe de la Oficina de Exonerados Políticos Subsecretaría del Interior. Diputado Jaramillo, Informar sobre la posibilidad de realizar una limpieza de los fosos construidos en el sector de Carimallín Bajo, en la Región de Los Ríos, que se encuentran obstruidos con basura y, además, remita un estudio técnico para determinar si dichos fosos tienen la capacidad para evitar futuras inundaciones en el sector. (7423 de 16/03/2015). A director regional de Vialidad de la Región de Los Lagos. Diputado Silber, Informe acerca de la plaga de roedores que afecta a diversos sectores de la comuna de Pudahuel, las acciones tomadas por la autoridad para combatir dicha plaga, y las medidas preventivas para resguardar a la población de las enfermedades transmitidas por aquellos. (7424 de 16/03/2015). A secretario regional ministerial metropolitano de Salud. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE Aguiló Melo, Sergio Álvarez Vera, Jenny Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo Andrade Lara, Osvaldo Arriagada Macaya, Claudio Auth Stewart, Pepe Barros Montero, Ramón Becker Alvear, Germán Bellolio Avaria, Jaime Berger Fett, Bernardo Boric Font, Gabriel Browne Urrejola, Pedro Campos Jara, Cristián Cariola Oliva, Karol Carmona Soto, Lautaro Carvajal Ambiado, Loreto Castro González, Juan Luis Ceroni Fuentes, Guillermo Chahin Valenzuela, Fuad Chávez Velásquez, Marcelo Cicardini Milla, Daniella Coloma Álamos, Juan Antonio Cornejo González, Aldo De Mussy Hiriart, Felipe Espejo Yaksic, Sergio Espinosa Monardes, Marcos Espinoza Sandoval, Fidel Farcas Guendelman, Daniel Farías Ponce, Ramón Fernández Allende, Maya Fuentes Castillo, Iván Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Gahona Salazar, Sergio García García, René Manuel Girardi Lavín, Cristina Godoy Ibáñez, Joaquín González Torres, Rodrigo Gutiérrez Gálvez, Hugo Gutiérrez Pino, Romilio Hasbún Selume, Gustavo Hernández Hernández, Javier Hernando Pérez, Marcela Hoffmann Opazo, María José Insunza Gregorio de las Heras, Jorge Jackson Drago, Giorgio Jaramillo Becker, Enrique Jarpa Wevar, Carlos Jiménez Fuentes, Tucapel Kast Rist, José Antonio Kast Sommerhoff, Felipe Kort Garriga, Issa Lavín León, Joaquín Lemus Aracena, Luis León Ramírez, Roberto Letelier Norambuena, Felipe Lorenzini Basso, Pablo Macaya Danús, Javier Melero Abaroa, Patricio Melo Contreras, Daniel Mirosevic Verdugo, Vlado Molina Oliva, Andrea Monckeberg Bruner, Cristián Monckeberg Díaz, Nicolás8 Monsalve Benavides, Manuel Morales Muñoz, Celso Morano Cornejo, Juan Enrique Nogueira Fernández, Claudia Norambuena Farías, Iván Núñez Arancibia, Daniel Núñez Lozano, Marco Antonio Núñez Urrutia, Paulina Ojeda Uribe, Sergio Ortiz Novoa, José Miguel Pacheco Rivas, Clemira Pascal Allende, Denise Paulsen Kehr, Diego Pérez Arriagada, José Pérez Lahsen, Leopoldo Pilowsky Greene, Jaime Poblete Zapata, Roberto Provoste Campillay, Yasna Rathgeb Schifferli, Jorge Rincón González, Ricardo Rivas Sánchez, Gaspar Robles Pantoja, Alberto Rocafull López, Luis Rubilar Barahona, Karla Sabag Villalobos, Jorge Sabat Fernández, Marcela Saffirio Espinoza, René Saldívar Auger, Raúl Sandoval Plaza, David Santana Tirachini, Alejandro Schilling Rodríguez, Marcela Sepúlveda Orbenes, Alejandra Silber Romo, Gabriel Silva Méndez, Ernesto Soto Ferrada, Leonardo Squella Ovalle, Arturo Tarud Daccarett, Jorge Teillier del Valle, Guillermo Torres Jeldes, Víctor Trisotti Martínez, Renzo Tuma Zedán, Joaquín Urízar Muñoz, Christian Urrutia Bonilla, Ignacio0 Urrutia Soto, Osvald Vallejo Dowling, Camila Vallespín López, Patricio Van Rysselberghe Herrera, Enrique Venegas Cárdenas, Mario Verdugo Soto, Germán Walker Prieto, Matías Ward Edwards, Felipe -Concurrieron, además, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Luis Felipe Céspedes Cifuentes, y el ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas de Mesa. -Se contó con la asistencia, también, del subsecretario de Pesca, señor Raúl Súnico Galdames. -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: La diputada señora Marisol Turres Figueroa y los diputados señores Iván Flores Garcia, Fernando Meza Moncada y Jorge Ulloa Aguillón. -Con licencia médica: El diputado señor Manuel Edwards Silva.- * PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independiente; RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PRSD: Partido Radical Social Demócrata; IND: Independiente. PC: Partido Comunista y Partido Liberal de Chile. II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.42 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 123ª se declara aprobada. El acta de la sesión 124ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. -o- El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en muchísimas oportunidades en la Sala se ha pedido un minuto de silencio por el fallecimiento de diversas personas; sin embargo, veo con dolor que nunca se ha pedido un minuto de silencio cuando fallece un funcionario de la Cámara de Diputados. Anteayer falleció don Ignacio Salfate, quien trabajó durante muchos años en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, solicito a todos los diputados, a quienes tanto sirvió, que guardemos un minuto de silencio en memoria de don Ignacio, porque se lo merece. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Señor diputado, mañana guardaremos el minuto de silencio en memoria de nuestro funcionario Ignacio Salfate, tal como lo solicitaron los propios funcionarios de la Corporación, lo que ha sido ratificado por algunos jefes de los Comités con quienes he hablado. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Muy bien, señor Presidente, porque lo importante es que se realice. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Así lo haremos. Le agradezco su deferencia, señor diputado. -o- El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se hace presente que la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo no despachó ayer el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica. La comisión continuará la discusión de esta iniciativa a partir de las 17 horas de hoy, y será votada en particular por la Sala en la sesión de mañana jueves. -o- El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para tratar, al término del Orden del Día, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el cierre del plazo para otorgar nuevas concesiones de acuicultura. Para su discusión se destinarían 30 minutos y se otorgará un tiempo de cinco minutos por Comité. De lo contrario, tendríamos que discutirlo de inmediato, con todas las complicaciones que implicaría para la Tabla de hoy. ¿Habría acuerdo? El señor ORTIZ.- No hay acuerdo. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- No hay acuerdo. V.ORDEN DEL DÍA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CIERRE PARA OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONCESIONES DE ACUICULTURA. (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9864‐21) (PREFERENCIA) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura. Diputado informante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos es el señor Enrique van Rysselberghe. Antecedentes: -Proyecto del Senado, sesión 2ª de la presente legislatura, 12 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3. -Informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Documentos de la Cuenta N° 5 de este boletín de sesiones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor VAN RYSSELBERGHE (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en mensaje, que amplía el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura, remitido a nuestra Corporación por el honorable Senado con fecha 12 de marzo pasado, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, con urgencia calificada de discusión inmediata. El proyecto fue aprobado en general por unanimidad, con los votos favorables de las diputadas señoras Jenny Álvarez, Marcela Hernando, en reemplazo del diputado Fernando Meza, y Clemira Pacheco, y de los diputados señores Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Bernardo Berger, Iván Fuentes, Gonzalo Fuenzalida y Juan Enrique Morano. De acuerdo con lo prescrito en el artículo 304 del Reglamento de nuestra Corporación, cabe consignar lo siguiente. La comisión compartió el criterio del Senado en cuanto a calificar como normas de quorum calificado el número 1) del artículo 1°, los números 1) y 3) del artículo 2° y los artículos 4°, 5°, 6° y 7° del proyecto, en atención a lo preceptuado por el artículo 19, N° 3°, de la Constitución Política de la República. El proyecto en informe busca que las concesiones ocupen áreas determinadas más seguras y con condiciones ambientales más amigables y beneficiosas. Por ello, el acceso a solicitudes de acuicultura debe permanecer cerrado, con el propósito de facilitar la gestión administrativa del proceso de relocalización. La relocalización ha tenido inconvenientes en este período, ya que inicialmente se consideró como un derecho de cada titular. Por ende, cada uno plantearía su proyecto de relocalización en forma independiente, pero al mismo tiempo que los demás, situación que generó sobre posiciones de solicitudes y entorpecimiento de los proyectos de división y fusión. El 8 de abril próximo finaliza el plazo de cinco años para el cierre de acceso a nuevas concesiones de acuicultura, con el fin de permitir el ordenamiento de la actividad de acuicultura de salmones, establecido por la ley N° 20.434. El mensaje señala que en dicho período solo se han tramitado solicitudes de relocalización, que se ha denegado gran parte de las solicitudes previas y que se encuentra suspendida la tramitación de otras. Por esto no se habría cumplido el objetivo de ordenamiento. Lo anterior se puede complejizar aún más con el ingreso de nuevas solicitudes que tendrían preferencia sobre las de relocalización, generando mayor entorpecimiento del proceso de ordenamiento. A partir de la reciente actualización, en 2013, de la cartografía oceanográfica y de la facultad de proponer relocalizaciones por agrupaciones de concesiones, se puede avanzar en un ordenamiento efectivo, siempre que se mantenga el proceso de acceso y la suspensión de trámites de nuevas concesiones, ya que las nuevas solicitudes de concesión ocuparán los pocos espacios disponibles en áreas apropiadas que existen en las regiones de Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Además, el proyecto pretende dar solución al problema de relocalización específica de concesiones ubicadas en aguas marítimas del Parque Nacional Alberto de Agostini, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, las cuales no deben operar, de acuerdo a la interpretación de la Contraloría General de la República, mediante los dictámenes Nos 38.429 y 41.121, que dan cuenta de la imposibilidad de desarrollar actividades de acuicultura en aguas marítimas que formen parte de parques nacionales. La iniciativa pretende incentivar la relocalización de centros cuyos derechos son anteriores, dándoles alguna preferencia, al igual que las concesiones que se encuentran en franjas de distancia obligatoria entre macrozonas y respecto de las cuales la ley previó su necesaria relocalización. En síntesis, los objetivos del proyecto son los siguientes: 1) Ampliar en cinco años el plazo de cierre de acceso a concesiones de acuicultura. Además, establece preferencia para facilitar la salida de concesiones de acuicultura en aguas marinas de parques nacionales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. 2) Ampliar la suspensión de ingreso de solicitudes en la Región de Aysén, del 31 de diciembre de este año al 8 de abril de 2020. 3) Ampliar en cinco años la exención del aumento de la patente a las concesiones de acuicultura para el cultivo de peces, ubicadas dentro de las franjas de distancia obligatoria entre las macrozonas. También amplía en cinco años la preferencia para las solicitudes de relocalización que correspondan a concesiones ubicadas en franjas de distancias obligatorias entre macrozonas. Finalmente, amplía en cinco años el plazo de suspensión de las solicitudes de concesión de acuicultura de peces presentadas en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, que a la fecha de publicación de la ley N° 20.583, de 2012, contaban con resolución de calificación ambiental favorable. 4) Ampliar en cinco años la causal de caducidad de la concesión para los casos de las concesiones de peces que se encuentren ubicadas en franjas de distancia obligatoria entre macrozonas que no hayan solicitado relocalizarse al 8 de abril de 2015. Además, suspende el ingreso de solicitudes, cualquiera que sea la especie o grupo de especies a cultivar, en la Región de Los Lagos entre la fecha de publicación de esta ley y el 8 de abril de 2020. En virtud de lo expuesto, la comisión aprobó sin cambios, por la mayoría de los diputados presentes, el texto completo del proyecto. Votaron a favor las diputadas señoras Jenny Álvarez, Marcela Hernando, en reemplazo del señor Fernando Meza, y Clemira Pacheco, y los diputados señores Pedro Pablo ÁlvarezSalamanca, Bernardo Berger, Cristián Campos, Iván Fuentes (Presidente), Alejandro Santana, en reemplazo del señor Gonzalo Fuenzalida; Issa Kort, en reemplazo del señor Jorge Ulloa, y el diputado que habla. Votó en contra el diputado señor Juan Enrique Morano. Se abstuvo la diputada señora Yasna Provoste, en reemplazo del diputado señor Iván Flores. Es todo cuanto puedo informar a la Sala. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort. El señor KORT.- Señor Presidente, en primer lugar, le deseo el mayor de los éxitos en su gestión a la cabeza de la Corporación. Además, saludo al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca y Acuicultura presentes en la Sala. Hoy me corresponde reemplazar a un diputado que sabe bastante sobre pesca: el colega Jorge Ulloa. Acepté dicho reemplazo porque considero absolutamente necesario poder trabajar el tema de la pesca con transparencia hacia la ciudadanía. Más allá de si nuestros distritos son pesqueros o no, necesitamos también una opinión política sobre la materia. En la comisión se produjo un debate a partir de una interrogante que planteé: ¿qué urgencia pondrá el Ejecutivo a la serie de compromisos que asumió? En lo personal, respaldé este proyecto presentado por el gobierno, porque –insisto creo que es necesario que materias tan técnicas como la que nos ocupa pasen también por el cedazo político. En ese sentido, no obstante que no soy miembro permanente de la comisión técnica que analizó la presente iniciativa, como insistió el ministro en dicha instancia, sí soy miembro permanente de esta Sala, tal como se lo manifesté al personero. Y lo seré hasta el 10 de marzo del 2018. En tal sentido, es importante que podamos hablarnos con transparencia y que estos aspectos tan técnicos puedan ser entendidos por el resto de la ciudadanía. Asimismo, cabe tener presente que algunos diputados oficialistas no estuvieron dispuestos a apoyar este compromiso o se abstuvieron de votar. Revisen el informe que acaba de entregar el diputado Van Rysselberghe: las únicas abstenciones y votos en contra provienen del oficialismo; no de la oposición. Entonces, a través del señor ministro, le manifestamos a la Presidenta de la República que el 21 de mayo queremos señales claras respecto de lo que va a pasar con la pesca en Chile. Y me gustaría expresar al señor ministro de Economía y al señor subsecretario de Pesca y Acuicultura que el trabajo que están haciendo, que busca tener un cariz transversal, técnico, también debe ser analizado y compartido desde el punto de vista político. Planteo lo anterior en aras del debate y como una contribución, porque la pesca no solo es un recurso de todos los chilenos, sino también un recurso de futuro para las familias que viven de la costa en nuestro país. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Enrique Morano. El señor MORANO.- Señor Presidente, la verdad es que quedamos perplejos ante esta iniciativa presentada a través de la Subsecretaría de Pesca, porque, cual espada de Damocles, se nos señaló que debemos aprobarla porque, de lo contrario, a mediados de abril próximo se producirá una avalancha de solicitudes de concesiones de acuicultura. No escapa al conocimiento de nadie que la ley respectiva está vigente desde hace años y que vencía en abril del presente año. Y tengo que entender -estamos ante personas inteligentes que se eligió una estrategia para presentar la iniciativa tal como se hizo, incluyendo los temas que incluyó a último momento. Si simplemente se quería evitar esa avalancha, bastaba una iniciativa de ley que cambiara la fecha del 8 de abril al 8 de octubre. Ello nos hubiera dado seis meses para discutir esta materia en profundidad, por la necesidad que hoy existe de resolverla definitivamente. En el entendido de que la estrategia definida por la Subsecretaría era otra, votamos a favor la idea de legislar en la comisión y votamos en contra en particular el proyecto. Además, con la mayoría de los miembros de la comisión, hicimos el esfuerzo para lograr un protocolo de acuerdo que, al menos, recogiera los temas que, a nuestro juicio, estaban pendientes. Por cierto que para ello contamos con el beneplácito, acuerdo y apoyo del señor ministro hoy presente. En lo que se refiere particularmente a la Región de Magallanes, el mencionado protocolo establece que no habrá nuevas concesiones de acuicultura en parques nacionales, parques marinos, monumentos naturales, humedales de importancia internacional, conocidos como sitios Ramsar, etcétera. Espero que la letra d) del protocolo de acuerdo se vea reflejada en la primera iniciativa de ley que se enviará a tramitación en el mes de abril, para que toda la Cámara de Diputados pueda hacer suya esta protección a los parques nacionales de nuestro país. Recordemos que, por error -queremos creer que fue por error-, se autorizaron concesiones en áreas silvestres protegidas, algo que jamás debió haber ocurrido. Hoy se nos dice que existe un derecho adquirido por parte de quienes están explotando la salmonicultura en esos lugares. Preferiría que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la validez de una concesión otorgada en forma no legal en un parque nacional. Eso no lo logramos en la propuesta que hicimos al Ejecutivo. Pero esperamos que la iniciativa en comento se tramite sin urgencia. Por lo expuesto, quiero agradecer la voluntad expresada por el ministro en el citado acuerdo, pero al mismo tiempo deseo manifestar que es insuficiente, razón por la cual mantengo mi voto negativo al proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, la verdad es que la legislatura anterior quedó mal parada respecto de la Ley de Pesca. La imagen pública, sobre todo a partir de algunos bochornos no menores, es que esa norma terminó hecha para que los “peces” grandes se coman a los “peces” chicos. Incluso, quedó la mala impresión de que algunos parlamentarios o parlamentarias se coludieron con empresas pesqueras. Digamos lo que digamos, se instaló esa idea en la comunidad. Por lo tanto, lo que corresponde es que todo el Congreso Nacional, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado, empiece a corregir estas situaciones, no para mejorar la imagen, sino para que legislemos con la mirada en los intereses de la inmensa mayoría de nuestro país. Es sabido que muy pocas familias controlan los recursos marítimos de Chile. Y si nos adentramos un poco más en el mar, considerando nuestras 200 millas, probablemente nos encontremos con verdaderas ciudades industriales flotantes que faenan todo lo que encuentran a su paso. Junto con la Presidenta Michelle Bachelet dijimos que no veníamos a hacer más de lo mismo, menos en relación con los recursos pesqueros, que son de todos los chilenos. Por eso, respecto de la ampliación de plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura que propone el proyecto en discusión, es bueno que se haga una aclaración muy importante: ¿se aplicará la norma a todos por parejo o, una vez más, no habrá limitación alguna para las pocas familias que controlan los mares chilenos, pero sí la habrá para los más chicos? Cabe recordar que hace pocos días se discutió en esta Sala respecto del caso de los pescadores medianos o chicos que trabajan para las grandes industrias, y siempre están pidiendo más y más, puesto que se mantienen siempre en las mismas condiciones. Quiero hacer un llamado de atención al respecto, porque siento que el Congreso Nacional tiene una deuda con la sociedad en materia de lo que se estableció en la Ley de Pesca. No quiero llamar a confusión a nadie, porque la comunidad nos está viendo y sabe de lo que estoy hablando. Debemos ser cuidadosos con las iniciativas legales que son aprobadas y que luego se convierten en ley. El señor Presidente, diputado Marco Antonio Núñez, en el discurso que pronunció ayer ante esta Sala, con motivo de su elección como Presidente de la Corporación, se refirió a esa situación, en el sentido que debemos mejorar la imagen del Congreso Nacional, lo que también se logra a través de los proyectos de ley que aprobamos. En el caso de la iniciativa en discusión, debemos hacer las cosas bien, para que no parezca que estamos legislados en favor de las siete familias que controlan nuestro mar, porque estamos en la Cámara de Diputados para preservar y cuidar el patrimonio marítimo de todos los chilenos. Sin embargo, quiero señalar, por su intermedio, señor Presidente, tanto al ministro de Economía, Fomento y Turismo como al subsecretario de Pesca y Acuicultura -exdiputado-, que se encuentran presentes en la Sala, que debe existir mayor preocupación por parte del gobierno respecto de la infraestructura con que cuenta el Estado para llevar a cabo la labor de fiscalización del territorio marítimo, porque siento que tenemos un gran déficit al respecto. Como algunos no quieren que el Estado tenga muchos funcionarios dedicados al control de nuestro extenso territorio marítimo, mi llamado es a que en la discusión del proyecto de ley que nos ocupa vayamos al fondo del problema, puesto que, tal como lo he planteado, tenemos una deuda pendiente con la ciudadanía. Eso es muy importante, para que nadie crea, en forma errada, que las siete familias que controlan la pesca en Chile nos vienen a mandar al Congreso Nacional, porque no estamos disponibles para eso. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza. El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, valoro la presentación de este proyecto de ley por parte del Ejecutivo, porque, sin duda, para quienes tenemos tanto el problema, por una parte, como la ventaja, por otra, de contar con la actividad de la salmonicultura en nuestras regiones, lo que propone la iniciativa implicará enormes desafíos, no solo para las empresas dedicadas a esa actividad, sino también para el gobierno, el cual, desde mi punto de vista, debe jugar un rol regulatorio y de fiscalización de mejor calidad que el que ha cumplido hasta el momento. Lo que he dicho lo sostengo con absoluta convicción, puesto que, desde 2002 en adelante, cuando asumí como diputado, durante los primeros ocho años de mi labor parlamentaria, de lo cual son testigos los colegas con los que participamos en los debates sobre la materia en esos años, siempre me referí a los problemas que la salmonicultura traía consigo, independiente de la generación de empleo y del aporte de esa industria al desarrollo de la región, lo que también es innegable. Desde esta Sala, en innumerables oportunidades, en la época en que el subsecretario de Pesca era el señor Felipe Sandoval, que hoy ocupa un cargo en el directorio de SalmonChile, denuncié lo que ocurría al interior de la industria salmonera: me referí a los abusos laborales, a las prácticas antisindicales y a los más de treinta buzos que murieron en la Región de Los Lagos como consecuencia de las muy escasas medidas de seguridad al interior de esa industria. Sobre todo -por qué no decirlo-, denuncié la poca protección en materia medioambiental. De hecho, hace algunos años, se gatilló una crisis de proporciones para esa región y para el país cuando se detectó la aparición del virus ISA. Expresé fuertes críticas respecto de esa situación, que en algún momento fueron catalogadas por algunos colegas como catastrofistas, que hicieron que para los salmoneros fuera considerado como un enemigo, pero ellas -lo señalo con convicción sirvieron para que hoy haya una nueva mirada respecto de esa industria, aspecto que también quiero destacar con mucha honestidad. No obstante, como no cabe duda de que todavía existen problemas medioambientales, el proyecto que estamos debatiendo guarda relación con la forma de enfrentar esa situación. Nadie podría desconocer que en la actualidad hay mejores prácticas laborales, a pesar de que, como en toda actividad, hay algunos que siguen cometiendo actos reñidos con la ética empresarial. Se ha avanzado mucho en el ámbito de la seguridad de los trabajadores, lo que también se debe reconocer. De hecho, desde hace ya varios años -a Dios gracias-, no se han producido muertes de buzos, lo que antes ocurría debido a que nos se les dotaba de las medidas de seguridad adecuadas. Hoy estamos al debe en una materia tan fundamental como es la medioambiental, razón por la que es necesario aprobar el proyecto en debate, que propone la ampliación del plazo de cierre para el otorgamiento de nuevas concesiones o localizaciones de acuicultura; de lo contrario, se puede generar el sobre poblamiento de la actividad en zonas que están dañadas como consecuencia del mal manejo que ha habido en materia medioambiental por parte de la industria. El congelamiento de las concesiones es un aporte para el cuidado y la protección de nuestras regiones, tal como sucedió con posterioridad a la discusión que llevamos a cabo sobre la situación del virus ISA -debate del que me siento muy orgulloso, del que fue testigo el señor Felipe Sandoval, quien se encuentra presente en las tribunas-, puesto que nos permitió ponernos de acuerdo para que nunca más se entregaran concesiones en lagos de nuestra región y del país, lo que constituye un avance importante para el desarrollo de otras actividades ligadas al desarrollo de las regiones, como el turismo. Es cierto que hay muchas concesiones en la Región de Los Lagos, pero estas deben estar sujetas a estrictas normas de cumplimiento medioambiental para que puedan seguir desarrollando sus actividades. De lo contrario, pasará lo mismo que ocurrió en Puerto Octay, donde a raíz de una denuncia presentada ante los tribunales de justicia, que acompañamos en su momento, se aplicó una sentencia judicial que significó el cierre de la industria acuícola que no estaba cumpliendo con la normativa vigente. En consecuencia, si bien valoro la iniciativa en discusión, quiero señalar al subsecretario de Pesca y Acuicultura que los planes de cierre tienen que ser muy estrictos, para lo cual se debe establecer una ley muy rigurosa, con el objeto de que ese plan de cierre no signifique que un empresario salmonero se va de un lugar y deje un desastre medioambiental, para luego instalarse en otro lugar, en el que desarrollará la misma actividad. En eso tenemos que ser muy estrictos, a toda escala, con la finalidad de proteger nuestro mar y nuestros ríos y lagos, los que obviamente son elementos muy importantes para el desarrollo de nuestras regiones y, en general, del país. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez. El señor NÚÑEZ (don Daniel).- Señor Presidente, los diputados que no somos de las regiones de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo o de Magallanes y de la Antártica Chilena podemos sentirnos un poco más alejados de los problemas a los que se han referido los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, pero como por distintos motivos a uno a veces le corresponde hacer cosas diferentes en la vida, tuve la oportunidad de conocer la industria del salmón, particularmente desde la mirada y la experiencia de sus trabajadores. Lo señalo porque en relación con este proyecto lo primero que uno se pregunta es por qué se deben ampliar los plazos para relocalizar los centros de cultivo y por qué no se cumplieron los existentes. Ese es un primer aspecto en que considero que el carácter voluntario que tuvo el proceso de relocalización hizo que las empresas no tuvieran la disposición de hacerlo, probablemente, porque implicaba costos asociados. Por lo tanto, creo que podemos tener la inquietud respecto de que en cinco años más los plazos vuelvan a incumplirse y, tal vez, debamos enfrentar esa situación. Pero hay una cosa aún más grave que dice relación con la premura. ¿Por qué tenemos que legislar con la pistola al pecho un proyecto de ley que aborda una materia tan importante para varias regiones del país, que genera una parte importante del valor de nuestras exportaciones? Uno de los argumentos que nos han dicho las autoridades es que si no se aprueba la modificación del 8 de abril, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una saturación de peticiones de concesiones de acuicultura, con el consiguiente riesgo sanitario que, seguramente, nos va a conducir a una catástrofe en la industria. Entonces, cabe la pregunta natural: ¿por qué tenemos que legislar este proyecto en 48 horas en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos y no podemos discutir y evaluar propuestas que realmente nos den la certeza de que esta industria, que es tan importante, no solo para dos o tres regiones, sino para el país, efectivamente va cumplir con las condiciones que le permitan ser exitosa, con los correspondientes beneficios que la comunidad y su entorno esperan? Creo que debemos desarrollar a fondo la discusión respecto de la industria del salmón. Es común decir que la industria del salmón le cambió el rostro a Puerto Montt y al extremo sur de Chile. Es cierto. Los que señalan aquello tienen toda la razón: la industria del salmón le cambió el rostro a esas regiones. Es verdad que es una alternativa positiva, sobre todo cuando tenemos una situación en que, en la práctica, debido a la depredación de los recursos pesqueros, casi no quedan peces de lo que vendría siendo la fauna salvaje. Por lo tanto, los cultivos marinos, en particular la salmonicultura, es una opción viable que ha generado efectos positivos. Pero me llama mucho la atención que la propia industria y el gobierno no se hagan cargo de las sombras que ha generado la industria del salmón. Permítanme señalar dos o tres experiencias que conocí hace algunos años. En Puerto Montt, la industria Trusal tenía 380 trabajadores. ¿Saben cuántos de ellos estaban contratados por la empresa? Siete: los operarios claves y los operadores. ¡Todo el resto de los trabajadores, cerca de 350, eran contratados por empresas contratistas o, como hoy se les llama elegantemente, suministradoras de personal! ¿Por qué? ¡Porque era más barato! Si la empresa incumplía o se producía algún accidente laboral, las suministradoras podían retirarse sin hacerse responsables de pagar los costos que la ley establece, por ejemplo, en el caso de accidentes del trabajo. Desde hace algunos años que no he vuelto a Puerto Montt, pero espero que esa situación haya cambiado, porque, en verdad, en ese minuto fue absolutamente impresentable y nuestra ley laboral tampoco la corregía. En relación con el respeto a los derechos de los trabajadores, el diputado Fidel Espinoza tiene toda la razón cuando habló del problema de los buzos. Tenemos que agregar varias otras situaciones, como las enfermedades musculares que se producen, que han producido graves consecuencias a los trabajadores. También hay un aspecto fundamental: el respeto a los derechos laborales y a la organización de los trabajadores. Conozco dos experiencias de huelga en empresas de 700, 800 y, en otro caso, de 1.200 trabajadores, que los llevó a 30 o 40 días de huelga. Incluso, en el caso de la empresa Aguas Claras, terminó en la amenaza de cierre. Más encima, cuando en esta misma empresa, de 1.200 trabajadores, se negociaba colectivamente, se dieron cuenta de que un grupo cercano a los 300 estaba contratado por otra razón social. Les habían hecho un contrato con una empresa distinta, con un RUT distinto, sin que ellos supieran y les impidieron negociar colectivamente como sindicato. Por lo tanto, en mi opinión, aquí hay una situación que también debe ser abordada, porque no podemos dejar fuera a la industria del salmón. Por último, en relación con las sombras en la industria, no podemos negar el impacto medioambiental que tiene la actividad productiva del salmón. Es cierto que Noruega es el primer productor de salmón del mundo, pero ese país tiene normas medioambientales que son dos o tres veces más estrictas que las chilenas, lo que les ha permitido mantenerse en el tope y evitar catástrofes como la que tuvimos hace algunos años con el famoso virus ISA. Entonces, desde ese punto de vista, las deudas medioambientales que tienen la industria del salmón son un aspecto fundamental que no podemos dejar pasar. Señor Presidente, por su intermedio, le quiero decir, con mucho respeto, al ministro de Economía y al subsecretario de Pesca, que este proyecto pone en evidencia los silencios que tenemos en materia de políticas hacia la pesca artesanal. Es cierto que el gobierno actuó con prolijidad, corrió y fue muy rápido en resolver este problema, porque afectaba a la industria del salmón, pero con el proyecto de ley de regularización de caletas, que afecta a los pescadores artesanales pobres, que están en lugares lejanos y que también producen empleos, no hemos corrido de la misma forma. Ahí sí que tenemos dificultades técnicas y problemas, pero respecto de este otro caso, sí se resuelven rápidamente. Creo que aquí existe un problema político de fondo. En mi opinión, la Ley de Pesca es ilegítima, pues se está investigando judicialmente a parlamentarios, en un marco de cohecho, porque votaron de determinada manera. Por lo tanto, es totalmente legítimo, justo y válido plantear que una ley ilegítima debe ser cuestionada por todos los canales que tengamos disponibles. Hay que reconocer que, en el trámite en la Comisión de Pesca y en el debate que hubo en el Senado, se corrigieron varios aspectos de este proyecto. Evidentemente, estamos preocupados, porque, de no aprobarse esta prórroga, tendríamos una inminente catástrofe en materia sanitaria, debido a la autorización para que entren las nuevas concesiones, pero me parece que lo más importante es que los avances que haya en materia del protocolo nos den algunas garantías de que se van a cumplir efectivamente las condiciones mínimas. Por lo tanto, lo único que nos motiva a aprobar este proyecto es el protocolo, razón por la cual, como bancada, vamos a apelar para que, efectivamente, las autoridades den estricto cumplimiento a lo acordado con los diputados de la Comisión de Pesca. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en primer lugar, expreso mis deseos de éxito en la gestión que está iniciando la nueva Mesa; además, saludo al ministro de Economía, Fomento y Turismo y al subsecretario de Pesca, que hoy nos acompañan. Sin duda, estamos frente a un proyecto que impacta de diferente manera en las distintas regiones. En el caso particular de la Región de Aysén, sin duda, tiene implicancias especialmente notorias, manifiestas, por lo que hoy significa la industria del salmón desde el punto de vista económico. Este tema lo hemos venido instalando en el último tiempo en la región. Hace un par de semanas, en Puerto Aysén, precisamente, me reuní con don Felipe Sandoval -tengo entendido que se encuentra presente en las tribunas-, reunión que, por lo demás, declaré en el marco de la Ley de lobby. En la página web está claramente definido lo que tratamos en aquella ocasión, que es lo mismo que expresaré ahora. En esa ocasión, le dijimos que el Estado ha tenido especial consideración con diversas materias que dicen relación con la industria y la actividad salmonera a nivel nacional. Me refiero a la crisis del virus ISA y todas las acciones que vinieron con posterioridad. Entendemos que la industria salmonera es importante y estratégica para el país -lo vemos de esa manera en la Región de Aysén-, pero el problema está fundamentalmente en la forma. Con la anterior administración también hablamos de los contratos regionales y de cómo las industrias empiezan a ser parte de la realidad del contexto económico y productivo de la Región de Aysén. Cuando se habla del Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer), y se señala que la Región de Aysén tiene altos niveles de tasas de crecimiento económico regional, si se desmenuzan las cifras, nos encontramos con que la inmensa mayoría del impacto en esas tasas de crecimiento se produce por la actividad de la industria salmonera. Si sacásemos de la Región de Aysén la actividad económica generada por esa industria, tendríamos uno de los más bajos niveles de crecimiento. Sin duda, lo bueno son las cifras, de las cuales nos alegramos, y así se lo manifesté a los representantes de SalmonChile. Queremos que les vaya bien, que desarrollen la industria, que crezcan, que cumplan con los parámetros en materia ambiental, de resguardo laboral, de las leyes sociales, etcétera. Pero, ¿cuál es el punto que nos interesa plantear? Una industria no puede crecer de espaldas a su respectiva región. Y en la Región de Aysén, la industria salmonera se está desarrollando de espaldas a los objetivos de desarrollo de la región. ¿Cómo es posible que tengamos planes de empleo en Puerto Aguirre, una isla en pleno fiordo Aysén -el Estado tiene que desarrollar planes de empleo para cubrir los problemas de desocupación-, pero a cinco minutos, enfrente del muelle, uno ve centros de cultivo atendidos por trabajadores de otras regiones? Ciertamente, los trabajadores pueden laborar en cualquier lugar. Y este problema no es solo de esta industria; creo que todas las industrias hoy han entendido que ninguna puede desarrollarse en un área determinada si no forma parte activa del desarrollo de esa misma zona. Por eso nos llama la atención que la industria del salmón tenga una tremenda deuda con la Región de Aysén, con la apertura a los emprendedores de la región. Hace pocos días atrás, la Corfo aprobó y financió un proyecto a una consultora local, presidida por un excoordinador de SalmonChile, el señor Carlos Odebrecht, de quien no tengo nada que decir. ¿Cómo es posible que la Corfo financie estudios dirigidos a analizar cómo los prestadores locales se pueden nivelar, a fin de prestar servicios a la industria del salmón? Creo que el Estado no debería financiar eso; ya le ha tirado hartos salvavidas a la industria salmonera. En el marco de su responsabilidad social, la propia industria debería abrir nexos y convenios con la comunidad regional: con municipios, universidades, institutos profesionales, etcétera. Tenemos problemas de formación de capital humano, y es muy necesario capacitar. La industria del salmón llegó para instalarse definitivamente en la región. Por eso, queremos que el desarrollo de la industria también signifique crecimiento para la población de la Región de Aysén, más aun con la necesidad de creación de capital humano. La industria debería ser parte y colaborar en ese proceso de formación. Si no es así, ¿cuál es el sentido de contar con esa industria? Es más, la Región de Aysén tiene un beneficio de bonificación de la mano de obra en razón del decreto ley N° 889. La Contraloría, a través de un dictamen muy especial, estableció que los trabajadores de la industria del salmón tienen derecho a acceder a esa bonificación. Creo que el 80 por ciento de los recursos contemplados en el decreto ley N° 889 se los lleva la salmonicultura. Pero, curiosamente, la inmensa mayoría de los trabajadores de esta industria no son de la región. Vamos a analizar esa situación, por cuanto si la industria salmonera utiliza los servicios regionales para el transporte de sus trabajadores desde Puerto Aguirre hasta Puerto Aysén, programas subsidiados por el Estado con bonificaciones a la mano de obra, es absurdo que ese desarrollo no se dé en conjunto con los intereses de la comunidad. La industria debe ser parte del desarrollo de la región. Creo que la vocación más productiva de la Región de Aysén es, precisamente, la industria salmonera, porque es la actividad económica más relevante, pero también es la que genera un mínimo impacto en el desarrollo de la región. En un estudio publicado por la asociación de AFP, hace pocos días, se observa que, curiosamente, la Región de Los Lagos aparece ubicada en el duodécimo lugar en materia de remuneraciones a nivel nacional, no obstante ser el asiento fundamental de la industria salmonera nacional. ¿Habrá correlación entre remuneraciones y trabajo? Son las dudas que tenemos. No obstante ser un proyecto relativo y no nos guste -por el plan de cierre, dada la proliferación de restos de pontones, plástico y otros desechos que se acumulan en ese fiordo tan lindo, reserva de vida, como lo hemos declarado-, es una iniciativa que valoramos. No me gusta en su totalidad, pero lo vamos a apoyar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Fuentes. El señor FUENTES.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitarlo por la linda labor que le tocará desempeñar. Para hablar de este proyecto tenemos que remontarnos a lo que significa la salmonicultura en Chile: un golpe de empuje económico, de la noche a la mañana, y donde todos querían estar, todos querían ser prestadores de servicios, todos querían dar pensiones, etcétera. Entonces, aparece todo ese empuje en las regiones Décima y Undécima y empezamos a creer que este es un embarque positivo para el país, porque generábamos “lucas” y obteníamos números azules. Sin embargo, también hemos caído en grados tristes de irresponsabilidad, nos hemos disparado en los pies, como cuando llegó el virus ISA. De hecho, les hemos dicho directamente a los salmoneros: “Su irresponsabilidad les ha complicado de esta manera. El virus ISA no vino porque sí, sino por un acto irresponsable”. Las cosas negativas que pasan en la humanidad se deben a más de alguna irresponsabilidad de nosotros mismos, pero después nos quejamos de los aluviones, de los tornados y de todos esos desastres naturales. ¡Pero nosotros, los seres humanos, somos quienes dañamos nuestro entorno! Por esta misma razón, en 2007, apoyamos la normativa de los “barrios” -dentro de la pesca artesanal fue muy controversial que yo apoyara esa ley, aunque solo con mi opinión, porque entonces no era diputado y no podía votar a favor o en contra-, para que se ordenaran. Y cuando dijimos que se ordenaran -aquí llegamos a un punto clave-, se les dio una posibilidad para que se pudieran cambiar. Y esta oportunidad -se lo digo especialmente al señor ministro de Economía y al señor subsecretario de Pesca quedó abierta a la voluntad de cada uno. Entonces pidieron todo lo que pudieron, de manera muy irresponsable. Les dimos la posibilidad para que salieran del momento difícil que estaba viviendo la salmonicultura, entendiendo que la pega que hacían nuestros pescadores, la gente que trabajaba en las plantas, en distintos puntos, era necesaria, pero también que era necesario enmendar el tranco y mejorar aquello por lo que estaban pasando. Sin embargo, no se lo tomaron en serio. Por eso el empresariado en Chile es tan criticado; por eso la gente no confía en el mundo empresarial. Es lo que está pasando en Caimanes. Por eso ha sido difícil para el gobierno negociar en aquella situación, porque resulta que la gente no cree en la responsabilidad empresarial, porque el empresario no se involucra con la comunidad. Los empresarios no son parte de la comunidad; los empresarios no se ven en la junta de vecinos; los empresarios no se ven en el club deportivo. No son parte de la comunidad, pero trabajan en la comunidad, sacan los bienes que le pertenecen a la comunidad. Entonces, queremos que reaccionen. Cuando les dimos esa salida ellos pidieron desordenadamente. Unos pidieron tres hectáreas y media o dos hectáreas y media; la cosa es que, de una, hicieron cinco, diez, dieciséis, veinte. Entonces, en ese momento, la ley estableció una moratoria, es decir, un status quo, lo que significó que nadie podía pedir nada en cinco años. Eso hizo la ley; a eso le llamamos moratoria, es decir, que en el plazo señalado no podía entrar ninguna petición de salmonicultura más. Pero resulta que el plazo expira el 8 de abril, por lo cual podrían entrar todos aquellos que están en lista de espera. El Estado no ha tenido capacidad para fiscalizar bien lo que tenemos mediante las entidades que deben hacerlo. Si entran quinientos salmonicultores más se complicará enormemente la situación. Ahora, yo estoy de acuerdo con que no se abra la ventana, para evitar que entre una avalancha de nuevas peticiones que no podamos fiscalizar. Si actuamos irresponsablemente y se presenta nuevamente el virus ISA en canales angostos, como el fiordo de Aysén, se infectará todo lo que pase por allí, que es la carretera marítima de Aysén. De esa manera también se infectará el litoral. Sería una situación grave para una industria que da trabajo y aporta divisas al Estado. Pero también hay que reaccionar allí; la industria tiene que reaccionar respecto de un hecho mencionado por mi colega David Sandoval. ¿Por qué ocupamos la columna de agua de la región, pero no procesamos en ella? ¡Los habitantes de la región de Aysén no quieren seguir haciendo el papel de giles, pues! Ocupan la columna de agua, pero resulta que procesan en otro lado. ¡Nos traen gente foránea! Bueno, está bien que se les dé pega, pero hay que establecer prioridades. ¡Empecemos por casa! Los prestadores de servicios -se lo digo al ministro, por su intermedio, señor Presidente viven una odisea, porque les pagan a noventa días plazo. Los salmonicultores tienen que reaccionar ante eso. Pero resulta que este proyecto de ley prohíbe la instalación en bancos naturales, parques y caladeros. Todo lo contemplado en este proyecto costó establecerlo en la Comisión de Pesca. Además, realizamos dos sesiones para analizar el tema y, finalmente, tuvimos que llegar a una comisión mixta para lograr estos acuerdos. Hay cosas pendientes que están establecidas en el protocolo de acuerdo y a las cuales, con mucha razón, se refirió el colega Morano. Voy a dar mi aprobación a este proyecto; no obstante, debo señalar claramente que no se puede enviar una iniciativa a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la noche a la mañana. Tuvimos suficiente tiempo para analizar este tema y creo que no es bueno dejar las cosas para última hora. Insisto, voy a dar mi apoyo al proyecto porque me interesa que no llegue una avalancha de gente y después no se pueda controlar la situación. He dicho. El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Clemira Pacheco. La señora PACHECHO (doña Clemira).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar al señor ministro y al subsecretario. En 2007, el virus ISA produjo un tremendo impacto en el sur de Chile, ya que generó una gran mortalidad en los ejemplares de salmón y en los cultivos y, además, produjo un efecto bastante indeseado, como fue la pérdida de las condiciones de calidad del producto. Muchos dirigentes y trabajadores de las distintas industrias asistieron a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos para conversar sobre esta crisis, los efectos de las prácticas antisindicales y los problemas que ellos tenían por la forma en que se operaba. El 8 de enero de 2009 el Ejecutivo envió un proyecto de ley para establecer distintas medidas sanitarias con el objeto de controlar el virus ISA. Asimismo, se dictaron medidas complementarias, principalmente, el traslado de los centros de cultivos, ya que era urgente cambiar la forma en que estaban operando. Se crearon los barrios salmoneros y se planteó su relocalización, para lo cual se dio un plazo de cinco años. No obstante, lamentablemente, ninguna de las concesiones acuícolas ha solicitado su relocalización. Cuando se creó la figura de la relocalización en las concesiones se hizo considerando un efecto ambiental y sanitario. En consecuencia, hace mucho sentido el objetivo de la Ley General de Pesca y Acuicultura, cuando establece la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos mediante un enfoque precautorio en los ecosistemas marinos. Entonces, me gustaría que, por su intermedio, señor Presidente, el ministro me respondiera las siguientes preguntas. Cuando este proyecto de ley establece una prórroga, ¿respeta los objetivos de la medida precautoria y sanitaria? ¿Se ven salvaguardados los recursos hidrobiológicos? ¿Se resguarda la pesca artesanal? Esas son las dudas que existen respecto de esta prórroga. Asimismo, es importante saber si va a depender de esta prórroga de concesiones el otorgamiento de nuevas concesiones vía relocalización. Ahí hay un punto que se debe analizar. Por lo tanto, debemos irnos al origen y a la matriz de lo que fue este proyecto, que es el efecto sanitario con un sentido preventivo. Por otro lado, urge definir la resolución que establece la determinación de los caladeros de la pesca artesanal que, hasta la fecha, todavía no tienen la resolución y el reglamento. Sin embargo, existe un compromiso en este proyecto en cuanto a exigir a las concesiones acuícolas como requisito para el otorgamiento de la relocalización el presentar un plan de abandono y cierre de las actuales concesiones. Ese plan debe y requiere ir acompañado de las exigencias de estar bien ejecutado para otorgar efectivamente la relocalización; de lo contrario, no se estaría cumpliendo el objetivo anterior, que es el sanitario y el preventivo. Creo que, como señalé en la Comisión, estamos apagando un incendio para encender otro. No obstante, debo reconocer que en esta iniciativa la prórroga es un mal menor, ya que en sí el proyecto no establece la obligación de las salmoneras de dejar el área limpia, favoreciendo en ese aspecto al sector industrial en desmedro del sector artesanal. Además, no se otorgan las suficientes garantías para que se asegure si se va a cumplir o no el plan de cierre y abandono. No es suficiente -esa es la debilidad que tiene el proyectoenunciar el plan de cierre. Por lo tanto, esta práctica no va a ser eficaz si no se trabaja de una manera efectiva. Debo recordar que en una de las leyes anteriores se introdujo una indicación -que luego fue bastante mediatizada y el Senado la mantuvoque establece que si se comprueba por tercera vez que una salmonera ejecuta o tiene prácticas antisindicales, se debe caducar su concesión acuícola. Es lo mismo que hemos planteado ahora. Lo relativo al plan de cierre se encuentra en la letra b) del artículo 5°, al cual ya se han referido mis colegas. No estamos hablando de que en abril ustedes nos van a presentar una iniciativa para discutir las condiciones del plan de cierre, sino que se debe trabajar técnicamente en una mesa para ver cómo va a quedar estructurado dicho proyecto de ley. Entonces, le quiero pedir a las autoridades del Ejecutivo -aquí presentesque se preocupen de las urgencias relacionadas con los proyectos de ley que llegan a la comisión. Porque ustedes me pueden decir que el análisis técnico se va a realizar durante este año y todo el próximo, pero lo importante es saber cuándo van a mandar una iniciativa que establezca las exigencias de ese plan de cierre para dejar las áreas limpias y las condiciones para que la pesca artesanal pueda cumplir con ello. Por consiguiente, debemos asegurar en forma efectiva a la pesca artesanal que va a tener esas áreas limpias de contaminación para que puedan cultivar sus algas. De hecho, estamos trabajando en el proyecto de ley sobre cultivo de algas y de distintas especies, así como el fomento de la pesca artesanal. El proyecto requiere cierta evaluación y urgencia en estos temas. Asimismo, pongo un voto de confianza en el protocolo de acuerdo. Espero que durante el primer semestre hayan entrado ya a trámite legislativo los proyectos ya anunciados. También estamos ante un proyecto importante relacionado con la regulación de las caletas. Sé que ese tema lo tienen que abordar siete ministerios; pero no podemos seguir esperando en estas condiciones tan poco seguras para muchos pescadores y sus caletas. Durante el gobierno anterior se otorgó, a través de Bienes Nacionales, concesiones por cinco años -ello sucedió en el sector Lo Rojas, en Coronelcon la condición de que si se requería el gobierno aportaría infraestructura a través del Ministerio de Obras Públicas u otro. En atención a la inestabilidad e inseguridad en que viven las familias de pescadores es importante que se acelere la tramitación de esta iniciativa, por lo que esperamos que llegue prontamente a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Vamos a dar nuestro apoyo al proyecto; no obstante, debo precisar que no es suficiente, por lo que es necesario seguir ahondando y discutiendo el tema. He dicho. El señor NUÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Cristián Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, quiero saludar y desearle éxito a la nueva Mesa de la Cámara de Diputados. Efectivamente, este proyecto, que tiende a regular una actividad tan importante como son las concesiones y la actividad acuícola, a lo mejor no reúne todas las condiciones para cambiar el actual estado de cosas. Sin embargo, el compromiso adquirido por el gobierno, en orden a presentar un protocolo de acuerdo, demuestra su voluntad para avanzar. ¡Y cómo se avanza! En este protocolo se habla de una la ley de caletas. En 2009 el senador Alejandro Navarro y el entonces senador Hosain Sabag llevaron adelante el proyecto de ley de caletas -el subsecretario de Pesca debe recordarlo, porque en ese entonces era diputado-, que buscaba regularizar los espacios que no tenían dueños, traspasándoselos a quienes los habitaban. Esa situación ocurrió en caleta Tumbes, en el sector El Morro, y en otros lugares donde la gente no era propietaria del lugar en que vivía. El compromiso que han firmado el ministro de Economía, Fomento y Turismo y el subsecretario de Pesca busca avanzar en esta materia antes del 21 de mayo del presente año. De esta manera, las caletas tendrán un valor agregado que, sin duda, mejorará sustancialmente los niveles que hoy tienen en distintos ámbitos. Si bien comparto las críticas manifestadas en su momento por el diputado Morano, miembro de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, acerca del protocolo de acuerdo, reconozco que estos cinco puntos son aspectos que se señalaron en el debate realizado ayer en la comisión. El compromiso es seguir avanzando en estos temas. Además, con el Senado se avanzó en conceptos que sí vienen en este trámite legislativo. El proyecto señala que las solicitudes de relocalizaciones no pueden afectar los caladeros de pesca artesanal. Al mismo tiempo, se dará preferencia a las solicitudes de relocalización de concesiones que se ubiquen en aguas marítimas de parques nacionales, respecto a cualquier solicitud de concesión o de relocalización de concesión. ¡Cómo no va a ser importante ese avance en la discusión prelegislativa y legislativa que se dio con el ministro! Hay un ordenamiento de las concesiones que se van a realizar y existe el compromiso de que estas se realicen a través de la ley. La diputada señora Clemira Pacheco señaló que el plan de cierre se hará mediante una ley, que no va a ser producto de una voluntad ni de un acuerdo, sino que se va a obligar a un plan de cierre en el que, sin duda, se van a colocar variables importantes para que estos planes de cierre se concreten. Hoy votaremos un proyecto de ley que, tal como lo dijo el presidente de la comisión, diputado Iván Fuentes, si no se aprueba antes del 8 de abril se produciría una situación muy grave. Esperamos que este protocolo de acuerdo con el que el gobierno se ha comprometido se cumpla. Todos, incluso los que han cuestionado este proyecto y que llegaron a un acuerdo con el gobierno, deben manifestar su voto favorable para impedir que el 8 de abril ocurra una situación mucho peor. El subsecretario de Pesca graficó muy bien la situación al decir que si no se aprueba la iniciativa quienes ganarán serán los poderosos de siempre. Por eso, en este proyecto de ley está en juego el bien común, la pesca artesanal y la revisión de la Ley de Pesca. Ellos son los antecedentes de este protocolo de acuerdo que el gobierno ha firmado y que esperamos que se transforme en ley antes del 8 de abril. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, originado en mensaje, que amplía plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura, con la salvedad del número 1) del artículo 1°, los números 1) y 3) del artículo 2° y los artículos 4°, 5°, 6° y 7°, por tratarse de materias de quorum calificado. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Molina Oliva Andrea; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font Gabriel; Morano Cornejo Juan Enrique. -Se abstuvieron los diputados señores: Girardi Lavín Cristina; Rathgeb Schifferli Jorge; Saffirio Espinoza René; Torres Jeldes Víctor. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en general el número 1) del artículo 1°, los números 1) y 3) del artículo 2° y los artículos 4°, 5°, 6° y 7°, que requieren para su aprobación el voto favorable de 60 señoras y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 4 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobados -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernández Hernández Javier; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Molina Oliva Andrea; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votó por la negativa el diputado señor Morano Cornejo Juan Enrique. -Se abstuvieron los diputados señores: Girardi Lavín Cristina; Rathgeb Schifferli Jorge; Saffirio Espinoza René; Torres Jeldes Víctor. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, los numerales y artículos precedentes se declaran aprobados en particular con la misma votación, dejándose constancia de que se alcanzó el quorum requerido. Aprobados. Despachado el proyecto. FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS PARA IMPLEMENTAR LA REFORMA TRIBUTARIA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9898‐05) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar en primer trámite constitucional el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el Servicio de Impuestos Internos para implementar la reforma tributaria. Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Pablo Lorenzini. Antecedentes: -Mensaje, sesión 123ª de la legislatura 362ª, en 3 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 10. -Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 3ª de la presente legislatura, en 17 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 11. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor LORENZINI (de pie).- Señor Presidente, me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley que fortalece al Servicio de Impuestos Internos (SII) para implementar la reforma tributaria. Sin duda, se trata de un proyecto de gran importancia y que está en el debate público. Asistieron a la Comisión el ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas, el subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Micco; el director del Servicio de Impuestos Internos, señor Michel Jorratt, y el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, señor Jorge Rodríguez. También asistieron en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), su presidente, el señor Carlos Insunza, y la vicepresidenta, señora Marión Cortés, entre otros. Por último, en representación de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (Afeiich) concurrieron el señor Juan Apablaza, presidente nacional, y la señora Paola Tresoldi, secretaria nacional, entre otros dirigentes. Se trata de un proyecto que no es muy complicado, pero que tiene un fondo importante, pues busca dar cumplimiento a un compromiso adquirido durante la tramitación de la reforma tributaria. El fortalecimiento del Servicio de Impuestos Internos debería lograrse durante el primer trimestre de este año. El proyecto ingresó a la Comisión de Hacienda el 3 de marzo de 2015. Las ideas matrices o fundamentales del proyecto son modernizar y fortalecer los altos estándares de eficacia, eficiencia y probidad que han caracterizado al Servicio de Impuestos Internos para alcanzar los niveles de recaudación y disminución de la evasión, necesarios para cumplir exitosamente los compromisos contraídos con el país, en el marco del proceso de implementación de la reforma tributaria, para lo cual se considera un aumento gradual de cargos en la planta de personal del Servicio; un fortalecimiento de la carrera funcionaria en todas las plantas del Servicio; la actualización y modernización de las condiciones de ingreso a la Institución; el mejoramiento de la organización funcional del Servicio y la reestructuración de las remuneraciones. Todos estos cambios serán progresivos y lo que se busca es que los impuestos se paguen de forma adecuada y los funcionarios estén motivados para cumplir con su cometido. Las directivas de las asociaciones de funcionarios y de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos manifestaron estar de acuerdo con el proyecto, salvo un par de aspectos que fueron solucionados durante la discusión. Se suscribió un convenio con el Ministerio de Hacienda para efectos de tener un incentivo común a mediano y a largo plazo. En dicho contexto, se explica en el mensaje que el 27 de enero de 2015, el Gobierno y las asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos suscribieron un protocolo de acuerdo sobre el fortalecimiento y la modernización del Servicio de Impuestos Internos con el objeto de abordar los desafíos propios de la implementación de la reforma tributaria. El informe financiero N° 24, de 30 de enero de 2015, señala que este proyecto de ley tiene los siguientes alcances: 1) Se modifica la asignación de jefatura contemplada en el actual artículo 7° de la ley 19.646, estableciéndose que los recursos presupuestarios que anualmente deberán destinarse al financiamiento de la asignación de jefatura no podrán exceder de 5.184 sueldos base asignados al grado 1° de la escala de sueldos base de las instituciones fiscalizadoras, vigentes al 1 de enero de cada año. Esta modificación implica un mayor gasto fiscal anual en régimen de 1.440.754.000 pesos. 2) Se establece una bonificación especial mensual en reemplazo de la bonificación anual ligada a la calidad del servicio prestado a usuarios y contribuyentes de la ley N° 20.431. Esta modificación implica un mayor gasto fiscal anual en régimen de 99.509.000 pesos. 3) Se establece un bono por experiencia calificada de apoyo a la gestión tributaria para el personal que cumpla con los requisitos que señala la ley. Esta asignación tiene un costo fiscal anual en régimen de 231.443.000 pesos. 4) Se solicita facultad delegada para, entre otras materias, fijar las nuevas plantas de personal del Servicio de Impuestos Internos y los correspondientes requisitos específicos de ingreso y promoción, y las normas de encasillamiento del personal en las plantas que se fijen, entre otras materias. La estructura de las nuevas plantas de personal implicará un mayor gasto anual en régimen de 15.451.045.000 pesos. Asimismo, se establecen nuevas jefaturas de tercer nivel jerárquico, cuyo costo anual en régimen es de 246.788.000 pesos. 5) Se aumenta la dotación máxima de personal del Servicio de Impuestos Internos en 52 nuevos funcionarios en el año 2016. Esto implica un mayor gasto fiscal anual en régimen de 752.429.000 pesos en el subtítulo 21, más 59.852.000 pesos en el subtítulo 22 y 936.000 en el subtítulo 29. En régimen la iniciativa implica un mayor gasto fiscal anual de aproximadamente 18.300 millones de pesos. Ahora bien, la iniciativa consta de ocho artículos permanentes, agrupados en dos títulos, que se refieren, respectivamente, al ingreso y promoción en el Servicio de Impuestos Internos y a disposiciones varias relativas al personal. Además, consta de tres artículos transitorios, relativos -como dije al ingreso de cargos, promoción de planta, provisión de cargos de profesionales y jefaturas, proceso de selección para proveer estos cargos; asignación especial por estímulo de desempeño, cumplimiento de metas y asignaciones variables que se pagarán mensualmente; la calidad de jefatura, que conlleva un adicional, y modificaciones a la ley N° 20.431, reemplazando la bonificación anual a mensual. Con esto se pretende otorgar todos los instrumentos al Servicio de Impuestos Internos con el fin de que pueda efectuar su labor de la mejor manera, especialmente confiando en su personal, en su historia, en su capacitación y en el compromiso que nos dieron a conocer en la Comisión a través de un protocolo firmado con el Ministerio de Hacienda. Planteé el tema de evaluación ciudadana, dirigida desde el punto de vista del director nacional del Servicio; el resto de los diputados concordaron con aquello y se buscó una indicación de consenso, que el Ejecutivo acogió, en el sentido de entregar estas atribuciones a la Subsecretaría de Hacienda, para dejarlas fuera del propio evaluado, es decir del Servicio de Impuestos Internos. Aquello fue incorporado. Además, la iniciativa contempla delegaciones para implementar la ley. En consideración al mérito del proyecto y sus fundamentos, la comisión lo aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, señores Sergio Aguiló, Pepe Auth -actual Presidente de la Comisión-; Felipe de Mussy, Enrique Jaramillo, Pablo Lorenzini -presidente de la comisión en ese minuto-; Patricio Melero, Manuel Monsalve, José Miguel Ortiz, Alejandro Santana y Marcelo Schilling. Se trata de un proyecto técnico para fortalecer el Servicio de Impuestos Internos, que es algo que la ciudadanía ha demandado. Esta es la primera respuesta, luego de la reforma tributaria, a fin de otorgar recursos, elementos y personal necesario para aplicar dicha reforma durante los próximos años, con el fin de disminuir la evasión y la elusión. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el diputado René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, iniciamos el debate de un proyecto de ley y creo que es bueno que se produzca en este instante. Lamento la poca presencia de diputados en la Sala, pero de todas formas me parece importante señalar que vamos a someter a votación un conjunto de normas cuyo objetivo es, según el texto del proyecto de ley, fortalecer al Servicio de Impuestos Internos. Frente a la actual crisis de credibilidad en las instituciones, con dificultad podríamos encontrar un servicio público -pongo particular énfasis en la expresión “servicio público” más cuestionado, no por sus acciones, sino por su omisiones frente a ilícitos tributarios respecto de los cuales su director nacional ha instalado todos los obstáculos posibles para impedir investigaciones que puedan dar lugar a establecer la verdad por la vía judicial en cuanto al eventual financiamiento de campañas políticas, fuera de las normas que establece la ley electoral. Señalo esto porque al iniciar la lectura del proyecto de ley la sorpresa y el desagrado son profundos. No quiero ser parte, no quiero ser cómplice en la aprobación de un conjunto de normas que transforman un servicio público en una secta, en una cofradía. El artículo 1° propuesto establece que el ingreso a los cargos de las plantas de fiscalizadores, de técnicos, de administrativos y de auxiliares del Servicio de Impuestos Internos se efectuará mediante concursos en los cuales solo podrán participar los funcionarios a contrata de dicho servicio. Esto es, francamente, increíble. Todas las normas posteriores que se refieren a contrataciones señalan que se harán mediante concurso interno. No sé si en el Servicio de Impuestos Internos se contagiaron e instalaron la figura del concurso interno, pues se refieren a que solo podrán participar los funcionarios del servicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De fortalecer una institución o de construir más muros infranqueables en torno a un Servicio de Impuestos Internos que, de los organismos públicos, ha sido de los más respetables en la historia de Chile? Sin embargo, producto de conflictos de carácter político y por la clarísima responsabilidad de su director nacional y del ministro de Hacienda, presente en esta Sala, se ha transformado en la entidad menos creíble, ya que se está utilizando como una forma de impedir investigaciones de ilícitos que afectan a sectores políticos y cuya verdad la ciudadanía reclama conocer en profundidad. Por ello, anuncio mi voto en contra de todas las normas de rango orgánico constitucional que contiene el proyecto, es decir, de las que dicen relación con el hecho de que en los concursos solo podrán participar funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. No estoy disponible para ser un eslabón en una red de protección de inescrupulosos que nos tienen a muchos contra la pared, con vergüenza y que ocultan sus rostros, pues no son capaces de dar la cara y decir la verdad, poniendo en riesgo toda nuestra institucionalidad, la credibilidad de los ciudadanos, en circunstancias de que la mayoría de quienes ejercemos la función pública somos personas decentes. Todas aquellas normas contenidas en el proyecto que tienen el carácter de orgánico constitucional requieren un quórum especial para su aprobación, el que deberá alcanzarse al momento de la votación. Esas normas, conforme a nuestro ordenamiento, deben votarse en forma separada, por lo que invito a que mis distinguidos colegas tomen distancia de esta iniciativa, pues su aprobación nos afectaría no solo individualmente, sino que al conjunto de la Corporación, una vez más, por tratar de salvar a unos pocos inescrupulosos que no merecen siquiera el trato de honorable y menos nuestro respeto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, le agradezco su primera cesión de la palabra al diputado que habla, en este, su primer día de arduo trabajo legislativo como Presidente de la Corporación. Nótense las interpretaciones sobre los proyectos de ley; nótense también los informes y algunas intervenciones un tanto extrañas. Pero somos los llamados a legislar y tenemos derecho a discrepar. No tengo discrepancias con el proyecto. Antes de referirme a él, permítame saludar, por su intermedio, Presidente, al ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas, y decirle que he seguido atentamente su accionar durante este primer año de gestión y que como chileno me siento realmente interpretado y conforme con la labor que ha realizado, porque sé que la economía mundial ha vivido momentos difíciles, no obstante lo cual nuestro país ha podido mantenerse a flote y crecer aunque sea un puntito, una coma. Lo importante es que estamos en muy buen estado y que eso es el reflejo de este año de trabajo del señor ministro. Por ello, seguiremos apoyando su conducción de la hacienda pública, que ha permitido que el país se sienta bien, no obstante los presagios de algunos malos chilenos que no entienden nuestra economía y de algunos que no entienden, incluso, a los funcionarios de Impuestos Internos, que son los que saben de impuestos y cómo se cobran. Si alguno ha fallado… somos seres humanos. (Aplausos) No pensaba sacar aplausos, señor Presidente, pero dadas las circunstancias, créame que mi voz siempre será honesta y sincera. Lo que digo es lo que siento. El año pasado aprobamos en este Parlamento lo que seguramente debe ser la más importante reforma tributaria de la última década. Nos sentimos orgullosos de que los de enfrente, los del lado, los del costado hayan estado de acuerdo con ella, porque era una señal que el país necesitaba. Ahora se necesita que la apliquen personas que entiendan el tema tributario. Muchos de los colegas entienden sobre agricultura, otros sobre pesca. Yo no entiendo sobre pesca, pero sí acerca de lo que pueden hacer los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en materia de economía. Siento la necesidad de expresar esto, porque me parece que algunas intervenciones han tocado fibras muy sensibles del ser humano. Con los fondos que espera recaudar la reforma se podrán entregar mayores recursos para educación y para salud e ir en apoyo de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, respecto de los cuales los parlamentarios tenemos tanto que decir. Muchas veces no logramos lo que queremos o lo que ideamos, pero creo que jamás será una falsedad lo que decimos a veces con tanta efervescencia. Los parlamentarios decimos lo que sentimos. Hay grupos, como la gente de la tercera edad, en la que me incluyo, que vive un triste realidad, aunque forman parte de una sociedad que veo que con seguridad avanza hacia el desarrollo. Este país aún está en deuda con ese sector de la población y con otros grupos vulnerables, por lo que espero que la mayor recaudación fiscal redunde en mejores condiciones de vida para esa gente y en el bienestar general de nuestra población. Sin embargo, para alcanzar esos objetivos no basta con la ley señalada, sino que es indispensable implementar otras medidas tendientes a mejorar los mecanismos de control de la elusión y la evasión, a fin de que la recaudación de los recursos sea eficaz y se puedan acometer las tareas y objetivos que propuso la reforma aprobada. ¿Quiénes entienden mejor lo que es elusión, lo que es evasión? Por supuesto que los funcionarios que llevan años en la labor de seguir el camino de aquellos que se desvían, que son los mismos que han hecho imposible que nuestro país continúe por el camino correcto y han provocado definitivamente que nos hayamos desviado. El presente proyecto es el resultado de un acuerdo al que arribaron el Gobierno y las asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos el 27 de enero del presente año. Fue suscrito para fortalecer y modernizar dicho servicio. Por tanto, no puede ser malo, no puede ser ajeno a la realidad que estamos viviendo. Queremos, por supuesto, la mejoría de todos los servicios públicos. ¡Y cuidado con los sensibles, como es el Servicio de Impuestos Internos! En este sentido, el gobierno está consciente de que uno de los principales factores que se deben mejorar es, justamente, el del servicio a cargo de la fiscalización. Y en eso no se pierden los funcionarios ni nos podemos perder quienes legislamos. En el transcurso de los últimos días hemos visto cómo han aparecido casos de grandes contribuyentes que elaboraron verdaderos sistemas para evadir el pago de sus obligaciones tributarias y defraudar al Estado por varios cientos de millones, lo que produjo daños graves al erario fiscal. Malos chilenos. Precisamente lo que se busca con este proyecto es fortalecer la planta del personal del servicio mencionado, lo que permitirá mejorar las tareas de control y fiscalización con elementos mejor preparados y con mejores incentivos laborales. Es necesario, es preciso hacerlo y es una obligación que el país debe cumplir a sus buenos funcionarios, para evitar que se produzcan situaciones como las comentadas. No estoy negando que se conozcan esos detalles. En todos los servicios, en todas las instituciones, en el mundo entero, cualquiera sea la sociedad en que vivamos, se producen ese tipo de yerros. Pero no involucremos a todos los funcionarios de este noble servicio, aunque no sean de la simpatía, por supuesto, de los agentes del mundo de la economía. No me pronunciaré mayormente acerca del detalle del proyecto, pues el informe del diputado Pablo Lorenzini fue bastante extenso y preciso. Pero sí señalo que, en la medida que fortalezcamos el Servicio de Impuestos Internos y con una efectiva aplicación de las normas que contiene nuestra legislación tributaria, lograremos la mayor recaudación que se ha propuesto el gobierno. Los invito a conocer un poco de lo que hoy es el Servicio de Impuestos Internos, la modernidad de los medios con que se maneja. Por eso es que no puedo postular tan fácilmente a ser fiscalizador de los tributos del país; ello lo pueden hacer quienes conocen muy de cerca el tema. Así, con el conocimiento que les dan los años servidos, ellos podrán participar del aumento de más funcionarios, para que aquellos que llegan desde afuera comiencen a compartir la sabiduría de los que habían sido olvidados por gobiernos anteriores. Por ello, aprobaré con mucho agrado y mucha fuerza el proyecto en debate. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, aprovecho la oportunidad de felicitarlo y desearle éxito en su gestión como Presidente de la Cámara de Diputados, como también saludar y felicitar al ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas, quien nos acompaña en la Sala, porque hoy el Banco Central corrigió al alza el Imacec de enero. Sin duda, es una buena noticia para todos los chilenos, en el sentido de que estamos en un punto de inflexión. Recuperaremos las cifras de crecimiento económico en base a una política fiscal responsable, como la que ha liderado el titular de Hacienda. Asimismo, quiero saludar a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y a los representantes de las asociaciones de funcionarios y de fiscalizadores que se encuentran en las tribunas, los cuales nos acompañaron en la discusión del proyecto en la Comisión de Hacienda y hoy vienen a respaldarlo. ¿Por qué nos habíamos inscrito los tres diputados de la Democracia Cristiana que estuvimos en la Comisión de Hacienda? Precisamente, porque se trata de informar el contenido del proyecto. Incluso, los propios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y los fiscalizadores promovieron esta iniciativa, fruto de un protocolo de acuerdo suscrito el 27 de enero de 2015. Finalmente, el proyecto de ley, enviado el 30 de enero, actualiza y moderniza las condiciones de ingreso a la institución, mejora la organización funcional del servicio y, lo más importante, fortalece la carrera funcionaria en todas las plantas de la institución y reestructura las remuneraciones. Quiero detenerme un momento en una frase de la cual tanto se habla, cual es el fortalecimiento de la carrera funcionaria. Hablamos mucho del fortalecimiento de la carrera funcionaria para los profesores, a propósito del proyecto de fortalecimiento de la carrera docente que se va a discutir, y de respetar la carrera funcionaria en todos los servicios públicos, pero algunos diputados cuestionarán que exista carrera funcionaria en el Servicio de Impuestos Internos; otros, en cambio, apoyaremos la iniciativa, al gobierno, a los funcionarios de dicha institución y la carrera funcionaria como un principio rector dentro del respeto a los derechos laborales en la administración pública, porque sabemos que el Estado es el peor empleador. A veces les exigimos muchos estándares a las empresas y la aplicación del Código del Trabajo, pero somos muy malos a la hora de legislar para reconocerles méritos a los funcionarios que llevan diez, veinte o treinta años de servicio en el SII. Quiero decir con mucha responsabilidad que no me prestaré para poner ni un minuto en duda la honorabilidad y la probidad de los funcionarios de dicho Servicio. (Aplausos) ¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque dicha institución es un orgullo para nuestro país. Por algo el Servicio de Impuestos Internos creó una de las plataformas web más modernas, la cual hoy, de alguna manera, es imitada en el resto de los países del mundo para los efectos de las declaraciones tributarias y la fiscalización. Por eso, hoy muchos funcionarios de dicho Servicio hacen capacitación e inducción respecto de los procedimientos de fiscalización en todos los países de Latinoamérica. Pero se nos olvida como nació este proyecto, pues parece que algunos creen que se presentó ahora. Esta iniciativa viene de la Reforma Tributaria que el Congreso Nacional aprobó el año pasado. Recordemos que uno de los objetivos de dicha reforma era aumentar en tres puntos la recaudación del Producto Interno Bruto. Y se dijo que un 2,5 por ciento de esa mayor recaudación provenía del aumento de la carga tributaria y un 0,5 por ciento de la reducción de la evasión y la elusión tributarias. Este proyecto no nace en enero, ni marzo ni en el verano con las noticias que aparecen en los diarios El Mercurio o La Tercera, sino del proyecto de Reforma Tributaria que aprobamos en la Cámara de Diputados en 2014. Por eso, este proyecto no solo reconoce finalmente el valor de la carrera funcionaria, sino que también modifica los componentes de la asignación especial de estímulo por desempeño en el cumplimiento de metas. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que a menor evasión, mayor bonificación y mayor remuneración para los funcionarios. Además, tendremos funcionarios especialmente motivados a fiscalizar, porque un componente de sus ingresos estará dado como estímulo por el desempeño en el cumplimiento de metas de la disminución en elusión y evasión tributaria. El sentido de esta iniciativa no solo es favorecer, proteger y promover la carrera funcionaria y modernizar el Servicio, sino que también disminuir la evasión y la elusión tributarias. Además, los diputados de la Democracia Cristiana que integramos la Comisión de Hacienda, como los señores Ortiz, Lorenzini y quien habla, escuchamos a los dirigentes de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Asociación de Fiscalizadores de dicho Servicio, aquí presentes. Lamentablemente ellos no pueden hacer uso de la palabra en la Sala, pero podemos dar fe de cómo dichas asociaciones han defendido el proyecto. Finalmente -reitero-, siendo fieles a la tradición del Servicio de Impuestos Internos y al orgullo que todos los chilenos sentimos por dicha institución, la cual ahora será modernizada y perfeccionada, vamos a aprobar este proyecto de nuestro gobierno. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, quiero recordar la importancia del Servicio de Impuestos Internos para el país y partir de una pequeña cifra entregada en 1990. En ese año Chile tenía 14 millones de habitantes, de los cuales 5 millones vivían bajo la línea de la pobreza, que fue una cifra casi mágica si se recuerda la franja del “No”. Se reinstalaba así la democracia y ciertamente ello, en el contexto de la situación social de 5 millones de pobres que se describe, era poner las bases fundacionales de aquella, al mismo tiempo que rodearla de barriles de pólvora y explosivos para que estallara cuanto antes. Se hizo una reforma tributaria, a la cual concurrió la oposición de la época -casi la misma de hoy-, pero quien la puso en marcha fue el Servicio de Impuestos Internos. Gracias al fortalecimiento de instituciones como la que hoy nos ocupa, el Servicio de Aduanas y el Servicio de Tesorerías, es decir, de los órganos recaudadores del gobierno, se pudieron reunir los recursos para abatir la pobreza a menos del 20 por ciento y, hoy, a casi el 12 o 13 por ciento. Este objetivo, que se tradujo en políticas sociales financiadas, no hubiera sido posible sin la presencia del Servicio de Impuestos Internos, con su modernización y su actividad. El hecho de que exista una controversia respecto de las decisiones de su director, no puede poner en cuestión el carácter fundamental de este servicio para llevar adelante las labores del gobierno y, sobre todo, para ayudar en su condición desmedrada a los sectores sociales que han quedado abajo del tren del progreso. Por eso, señor Presidente, sin ambigüedades, y por su intermedio, quiero dirigirme al diputado René Saffirio para solicitarle que medite más serenamente sus palabras y que distinga la paja del trigo, es decir, lo que es la labor permanente del Servicio y de sus funcionarios, de lo que puedan ser las decisiones, frente a la coyuntura, de su actual director. (Aplausos en las tribunas) Sin el Servicio de Impuestos Internos nuestra deuda con la pobreza, con la justicia y con la igualdad sería aún mayor de lo que es hoy. Sin el Servicio, no sería posible impartir mejor educación, y gratis, para todos los chilenos. Tampoco sería posible mejorar la situación de la salud pública, ni resolver las necesidades de vivienda. Por lo tanto, esta iniciativa, que está asociada a la reforma tributaria que aprobamos el año pasado, es plenamente pertinente. Cabe destacar que este proyecto, que busca la modernización del Servicio de Impuestos Internos, tiene la virtud de haber sido convenido con las asociaciones de funcionarios de esta institución, lo cual le da solidez y otorga la seguridad de que el proceso será exitoso y de que se lograrán los objetivos que se persiguen. En síntesis, el proyecto busca llevar a cabo un aumento gradual de cargos en la planta de personal del servicio; un fortalecimiento de la carrera funcionaria en todas las plantas de este organismo; la actualización y modernización de las condiciones de ingreso a la institución; el mejoramiento de la organización funcional del servicio y la reestructuración de las remuneraciones, a fin de mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. La crítica que se ha formulado al hecho de que la provisión de los cargos de planta se abra mediante concurso interno, creo que no corresponde. Primero, con el sistema de concurso interno se está reconociendo a los funcionarios que por largo tiempo se han desempeñado en el Servicio de Impuestos Internos y cuya condición laboral ha sido precaria. Y no hay nadie que tenga más experiencia que ellos para cumplir con la labor de fiscalización y de recaudación que le corresponde fundamentalmente al servicio. Pero quiero agregar algo: durante los cuatro años del gobierno anterior, el servicio fue descuidado -por decirlo suavementey su prestigio quedó expuesto ante la opinión pública, pues se hicieron cuestiones bastante dudosas, tales como “perdonazos”, que limpiaron la situación tributaria de empresas, lo que permitió que estas fueran adquiridas por quienes se han beneficiado con el proceso de concentración de la riqueza en Chile. Me refiero a quienes, en solo una generación, pasaron de ser almaceneros a dueños de todo el retail del país. A esos se favoreció. Recuerdo que algunos funcionarios que se encuentran en las tribunas denunciaron esa situación y fueron entrevistados por medios de comunicación. Desde luego, fueron perseguidos por las autoridades de la época. Esa cuestión se tradujo en una desmoralización del Servicio. El objetivo del proyecto no es solo mejorar las remuneraciones del personal y establecer con claridad la carrera funcionaria, sino también restablecer el espíritu del servicio y reponer su mística, que es lo que asegurará que esta entidad cumplirá con su función recaudatoria y de fiscalización por la vía de impedir la elusión y la evasión, y de hacerles más caro a los que eluden y a los que evaden el contar con los ejércitos de profesionales de que hoy disponen para cometer sus delitos de cuello blanco y corbata. (Aplausos en las tribunas) Para la provisión del resto de los cargos creados por el proyecto de ley, las postulaciones serán abiertas a todos quienes reúnan las condiciones para participar. El artículo 4º de la iniciativa establece que en aquellos casos en que los procesos de selección para proveer cargos a contrata del servició se realicen mediante concursos, se convocarán a través de los sitios web institucionales u otros que se creen, donde se dará toda la información relativa a las funciones del cargo. Adicionalmente, se publicarán en diarios de circulación nacional avisos de la convocatoria del proceso de selección antes indicado. Es una invitación para que la gente que no pertenece al Servicio de Impuestos Internos pueda participar en el concurso e ingresar a esta institución para fortalecerla y, mediante la adquisición de experiencia, renovarla en la carrera funcionaria. Por tales razones, los socialistas, sin ninguna falla, vamos a apoyar el proyecto de ley. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló. El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, quiero expresar nuestro más completo y pleno respaldo a este proyecto de ley. Como se sabe, durante el año pasado, Chile acometió una de las reformas estructurales al sistema impositivo más importantes de las últimas décadas. Se encuentra en la Sala el ministro de Hacienda, que encabezó ese trabajo en el gobierno y en el Parlamento, a quien queremos expresarle nuevamente nuestro saludo y reconocimiento, porque cuando entre plenamente en régimen la reforma tributaria, se contará año a año con 8.200 millones u 8.300 millones de dólares adicionales para enfrentar las otras grandes reformas que el país requiere en materia de educación, de salud y otras, a fin de hacer más igualitaria y justa nuestra sociedad. En la oportunidad en que tramitamos dicha importante reforma, que implicará aumentar en tres puntos del PIB nuestra recaudación, se señaló que era imprescindible modernizar el Servicio de Impuestos Internos -se ha dicho, con justa razón, que tenemos uno de los servicios de impuestos internos más probo, serio y profesionalizados de América Latina-, a fin de lograr recaudar 8.300 millones de dólares adicionales. Ello implicará un esfuerzo gigantesco en orden a disminuir la evasión y la elusión. ¡Claro! Si nos comparamos con otros países hermanos de América Latina, probablemente estemos con indicadores extraordinariamente más estimulantes; pero naturalmente que las cifras que hemos conocido y que se ampliaron por desgracia durante el gobierno anterior, sobre todo en materia de evasión del IVA, demuestran que es necesario fortalecer las funciones y atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, que se estipularon en la propia reforma tributaria. Lo que más interesa en la actualidad es fortalecerlo internamente a través de la carrera funcionaria de su personal, para estimular a nuestros aguerridos inspectores de Impuestos Internos, a nuestros funcionarios y profesionales, que -me sumo a las palabras que han expresado los colegas que han intervenido constituyen un orgullo para el servicio público chileno y para quienes creemos que el Estado puede acometer tareas con responsabilidad, con probidad y con diligencia profesional. Así son nuestros funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en todo Chile. (Aplausos) Ya se ha dicho con justa razón que el proyecto regulará el ingreso y la promoción en las plantas de personal de fiscalizadores, de profesionales, de técnicos, de administrativos y de auxiliares del propio servicio; modificará los componentes que constituyen la asignación especial de estímulo por desempeño; perfeccionará la asignación de jefatura, y establecerá un bono por experiencia calificada de apoyo a la gestión tributaria. En suma, la iniciativa fortalecerá la carrera funcionaria y establecerá estímulos adicionales que permitan ir disminuyendo la elusión y la evasión tributarias. A través de esta intervención realizada en nombre de la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana, queremos felicitar muy especialmente a nuestros trabajadores de Impuestos Internos y a su asociación de funcionarios, pues las explicaciones que han dado sus dirigentes en distintas instancias, especialmente en la Comisión de Hacienda, han sido lúcidas, claras, didácticas y han ayudado a comprender por qué cada una de las normas específicas de la iniciativa son tan indispensables para que podamos cumplir la gran meta histórica de que la reforma tributaria no quede solo en el papel, sino que se aplique en la práctica, para que podamos contar con 8.300 millones de dólares adicionales para financiar las grandes iniciativas de igualdad y de justicia que el país requiere y en las que el gobierno se encuentra empeñado. Por todo eso, señor Presidente, con entusiasmo votaremos a favor el proyecto, y enviamos un abrazo cariñoso a nuestros funcionarios de Impuestos Internos. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, el proyecto de ley es coherente con la reforma tributaria aprobada el año pasado, la que la UDI contribuyó a aprobar gracias a que se logró un acuerdo en ese sentido. Y lo hicimos desde la perspectiva y en la convicción que siempre ha motivado a nuestro sector político, cual es que la recaudación tributaria del país tiene que avanzar más por el combate a la evasión y a la elusión, que por la vía del aumento de los impuestos. Sin embargo, nos dimos cuenta de que se daban las condiciones para confluir en ambas en el marco de esa reforma tributaria que, digámoslo también, fue cambiada en forma importante respecto del proyecto original enviado por el gobierno al Parlamento y, en particular, en relación con las atribuciones que se otorgaban al Servicio de Impuestos Internos en dicha iniciativa del Ejecutivo. En buen castellano, se morigeraron esas facultades, se encauzaron de mejor forma y se avanzó en una reforma tributaria cuya aplicación estamos iniciando hoy, por lo que todavía faltan algunos años para que la veamos en pleno régimen. Vamos a concurrir con nuestros votos a favor de este proyecto, en la convicción de la necesidad que tiene el Servicio de Impuestos Internos de reforzar su acción fiscalizadora, en el marco de un país que crece, que se desarrolla económicamente, y en el que aumentan los contribuyentes y las personas que inician una actividad económica o comienzan el ejercicio de una actividad privada. Afortunadamente, más de un millón de chilenos en la actualidad cursa estudios universitarios o de educación superior, lo que les permitirá ser profesionales en el futuro, probables emisores de boletas de servicio o contribuyentes activos junto a otros miles de chilenos que, sin título profesional, inician una actividad económica. Un país que crece y que se desarrolla necesita tener un Servicio de Impuestos Internos a la altura de ese crecimiento y de ese desarrollo, y que no quede postergado en el tiempo. El proyecto de ley incorporará poco más de 700 nuevos funcionarios y poco más de 300 nuevos fiscalizadores, que tendrán justamente esas tareas. ¡Qué importante es que Chile tenga un Servicio de Impuestos Internos robusto, profesional, independiente y con capacidad de generar los recursos que el país necesita para cumplir su función redistributiva e ir en ayuda de los que menos tienen! Ese es el rol subsidiario del Estado y esa es la forma en que el Servicio de Impuestos Internos contribuye a dar los recursos necesarios a todos los gobiernos para cumplir lo anterior. Señor Presidente, en estos días en que hemos vivido situaciones complejas desde el punto de vista de la transparencia y de la influencia del dinero en la política; en estos días en que, más que nunca, la ciudadanía espera una señal clara en la dirección de corregir aquello -nosotros, el mundo político, hemos sido desafiados a dar esas señales-, creo que se están dando los pasos en orden a tener mayor transparencia y menos opacidad. Además, de esta crisis surge también una acción y una señal a los contribuyentes chilenos en términos de que las cosas deben hacerse mejor de lo que se hacían. Si hay algo que ha cambiado, señor Presidente, es el estándar ético de la sociedad. A futuro, no se van a aceptar más boletas falsas, no se va a aceptar pasar por gasto lo que no lo es, no se va a aceptar que boletas de supermercados sean presentadas como gasto, en circunstancias de que esos insumos se destinan a la alimentación del hogar; no se van a aceptar acciones que no vayan en la dirección de lo que la ley establece y de lo que la ética exige. Y eso es positivo desde el punto de vista de cómo Chile enfrenta hoy esas situaciones. Aunque parezca una paradoja, los hechos que han sucedido contribuyen en forma importante a la tarea fiscalizadora, porque tienen un efecto disuasivo respecto de las malas costumbres o de las acciones reñidas con la ética y con la ley que se realizaban hasta hoy. ¿Cuántos contribuyentes hoy están mirando con mucho más cuidado su declaración de impuestos que tendrá que presentar en uno o dos meses más? ¿Cuántos no están en sus directorios revisando políticas que antes se hacían y que no se deben hacer más? ¿Cuántos están hoy acomodándose a las nuevas normas que establece la reforma tributaria que aprobamos? Cabe recordar que es una reforma compleja y difícil, por lo que Impuestos Internos tendrá una misión importante de asesoramiento y ayuda a los contribuyentes para que declaren bien sus impuestos, ya que se están presentando muchas dudas que resolver. Señor Presidente, ¡cómo no estar a favor del proyecto de ley, cómo no respaldar a los funcionarios nuevos que se incorporarán y a los antiguos que están cumpliendo esas tareas, cómo no respaldar la función de Impuestos Internos, un organismo que resulta irritantemente eficiente en la administración del Estado! Porque, ¡por Dios, qué maravilla!, si basta presionar tres teclas en el computador para tener la declaración de impuestos lista, porque hoy todo está en red, todo se informa y se ofrece un servicio adecuado. Por eso, señor Presidente, vamos a apoyar el proyecto de ley, en la convicción de que Chile necesita avanzar en el control de la evasión y la elusión tributarias, para lo cual se requiere un Servicio de Impuestos Internos acorde con el crecimiento, desarrollo y progreso que el país ha experimentado en las últimas décadas. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alejandro Santana. El señor SANTANA.- Señor Presidente, ante todo, quiero desearle mucho éxito durante este año en que le corresponde presidir la honorable Cámara. En la Comisión de Hacienda tratamos este proyecto con mucha acuciosidad. Escuchamos la opinión de las distintas partes, relacionada con la intención del gobierno de fortalecer las facultades del Servicio de Impuestos Internos, básicamente mediante un importante aumento de su personal, que permita generar una masa crítica que esté con condiciones de cubrir los requerimientos en materia de fiscalización. Desde este punto de vista, la iniciativa va en la línea de alcanzar el objetivo de la reforma tributaria: lograr que por la vía de un mayor control, la evasión y la elusión sean significativamente menores y, como consecuencia de ello, contribuir a incrementar la recaudación fiscal que se espera obtener a través de los impuestos correspondientes. Desde esta perspectiva, el proyecto va en el sentido correcto. Otro tema dice relación con nuestras aprensiones, en cuanto a que esa mayor recaudación no llegará a materializarse si no se dan el crecimiento, la inversión y la dinámica económica que requiere nuestro país para cumplir los objetivos de la reforma tributaria. Junto con valorar el importante incremento de la planta de funcionarios y el fortalecimiento de la carrera funcionaria, creo que también es necesario seguir mejorando la automatización de los sistemas del Servicio de Impuestos Internos. Me refiero, por ejemplo, a la factura electrónica y a los softwares que debe incorporar, a fin de lograr, con un capital humano más numeroso y mejor capacitado, optimizar su funcionamiento. Como digo, es necesario incorporar otros elementos fundamentales para que esta iniciativa cumpla con las expectativas. Hoy más que nunca es fundamental que el Servicio de Impuestos Internos tenga un carácter mucho más profesional, competitivo y especializado; no se trata solo de incorporar más funcionarios con remuneraciones más competitivas, sino también de capacitarlos en forma permanente. En algún momento del debate en la comisión consultamos cuál era la ponderación de la capacitación para efectos de los ascensos. Creo que sería bueno discutirlo en algún minuto, a fin de clarificarlo. En lo particular, los dirigentes de los profesionales y de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos nos dieron a entender que estaban relativamente de acuerdo con las fórmulas existentes en la actualidad. Esperamos que la iniciativa esté internalizada por los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Hay grandes expectativas respecto de la disminución de la elusión y la evasión, toda vez que, en términos concretos, permitirá incrementar la recaudación fiscal -todos esperamos que así ocurra y ayudar a las personas que más lo necesitan. Por lo tanto, anuncio que aprobaremos el proyecto. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ante todo, quiero desearle éxito en la conducción de la Cámara, lo que no me cabe duda que logrará gracias a su gran experiencia. Asimismo, aprovecho de saludar al ministro de Hacienda. Como el refrán dice que la experiencia es madre de la ciencia, quiero expresar lo siguiente. Seis de los diputados presentes en la Sala hemos tenido el gran privilegio de formar parte de la Cámara desde el 11 de marzo de 1990. Quiero recordar una cosa: entre junio y julio de 1990, gracias a la intervención del entonces extraordinario ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, se llegó a acuerdo con Renovación Nacional, en tiempo récord, con el objeto de llevar adelante una reforma tributaria. Pues bien, sin esa reforma tributaria no habría sido posible lograr lo que han expresado algunos colegas: bajar la extrema pobreza de alrededor del 50 por ciento al 12 por ciento, porcentaje este último que también debemos disminuir. ¿Por qué he recordado a Alejandro Foxley? Siento gran respeto por todos los exministros de Hacienda de los últimos 25 años. Por eso también quiero hacer un reconocimiento a Alberto Arenas, exsubdirector y exdirector de Presupuestos y actual ministro de Hacienda. ¿Por qué digo esto? Es falso que el Servicio de Impuestos Internos reciba órdenes del gobierno. ¿Cómo va a recibir instrucciones del gobierno un servicio que es absolutamente serio y responsable? Hay tres instituciones del país de las cuales me siento orgulloso: el Servicio de Impuestos Internos, que gira; el Servicio de Tesorerías, que cobra, y el Servicio de Aduanas, que cumple ambos roles. Algunos podrán preguntarnos: ¿qué han hecho ustedes durante estos 25 años por mejorar las cosas? Quiero recordar que muchos de los diputados presentes en la Sala planteamos en la Comisión de Hacienda la necesidad de crear y fortalecer los Tribunales Tributarios y Aduaneros, toda vez que el Servicio de Impuestos Internos no podía ser juez y parte. La realidad da cuenta de que ello es así. Entonces, como país serio y responsable que somos, comencemos a cuidar a nuestras instituciones. El Servicio de Impuestos Internos cumple un gran rol. Quiero dar un solo ejemplo. Hace poco tiempo aprobamos el proyecto de Ley de Presupuestos para 2015 por 70 mil millones de dólares, de los cuales un 27,5 por ciento será destinado a infraestructura. Presupuestar significa presuponer ingresos. Pues bien, más del 50 por ciento de esos 70 mil millones de dólares corresponden a ingresos tributarios. Y aquí entran en juego las tres instituciones que he mencionado. Quiero hacer un reconocimiento a las dos asociaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos -sus representantes están en las tribunas-, porque es primera vez que las veo tan unidas. (Aplausos) El 27 de enero ambas asociaciones entendieron que debían formar parte del proceso y honrar los acuerdos relacionados con la Reforma Tributaria. Llegamos a acuerdo, y aquí está el proyecto de ley, que es de justicia, porque también ellos tienen la gran responsabilidad de combatir la evasión y la elusión tributarias. La Reforma Tributaria permitirá recaudar un 3 por ciento del PIB anualmente, de los cuales 0,5 por ciento provendrán de menor evasión y elusión. Si analizamos las cifras correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2014, nos daremos cuenta de que el 28 por ciento correspondiente a evasión tributaria -en particular, por concepto del IVA que existía hace cinco años -era de 16 y ahora llega al 28 por ciento bajará, por lo menos, dos puntos, y cada punto menos representa 350 millones de dólares adicionales que ingresarán a las arcas fiscales. Creo que es el momento de actuar con responsabilidad. Estoy convencido de que este proyecto fortalece al Servicio de Impuestos Internos, toda vez que apunta a recuperar su rol fiscalizador, centro de su quehacer institucional, y a que el país tenga un servicio de excelencia. En materia de administración tributaria del nuevo sistema, dicho servicio es y seguirá siendo una institución responsable, de alta calificación técnica y autónoma, lo que permitirá incrementar la recaudación fiscal y luchar contra la evasión y la elusión tributarias. Desde 1990 en adelante, todos los gobiernos han respetado su misión de organismo técnico y autónomo. No es bueno para el país que algunas personas intenten enlodar y cuestionar el rol técnico del Servicio de Impuestos Internos ni sembrar dudas sobre su cometido, porque una eficiente administración tributaria así lo requiere. La sociedad debe confiar en el Servicio de Impuestos Internos, una institución con cultura corporativa en la que predominan la responsabilidad y una lógica técnica para administrar la cuestión tributaria. En la reciente reforma tributaria acordamos fortalecer el Servicio de Impuestos Internos. Aquí está el proyecto. Por eso, porque lo analizamos en detalle en la Comisión de Hacienda, anuncio con mucha fuerza que lo votaremos favorablemente. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth, Presidente de la Comisión de Hacienda. El señor AUTH.- Señor Presidente, ¡cómo no alegrarse de que el colega Patricio Melero reconozca aquí las bondades de combinar un incremento de tributos con un fortalecimiento y modernización del Servicio de Impuestos Internos! Después de haber escuchado tantas veces a Ernesto Silva decir aquí, y donde se le pudo escuchar, que el Estado tenía recursos de sobra para acometer la solución a los problemas sociales y que la peor manera de incrementar la recaudación fiscal era mediante el aumento de los tributos, yo me inclino frente a la evolución, porque los cambios hay que saludarlos cuando son positivos. El proyecto que discutimos arranca de un compromiso del gobierno, que de alguna manera fue establecido por la voluntad de la totalidad de los miembros de la Comisión de Hacienda, quienes le planteamos al ministro que la elevación de la magnitud de los recursos a recaudar, la complejidad que implicaba la reforma y la consideración en dicho cuerpo legal de 1.377 millones de dólares adicionales a la recaudación actual que vendrían de la reducción de la evasión y la elusión; es decir, la sexta parte de los recursos recaudados por aquella, exigían, de manera imprescindible, un Servicio de Impuestos Internos con su credibilidad y su prestigio recuperados, y con capacidad profesional, confiabilidad y reconocimiento ciudadanos, indispensables para esta tarea. Quiero felicitar al Ministerio por su disposición al diálogo con el conjunto de los funcionarios del Servicio. Asimismo, deseo hacerles un reconocimiento expreso a los dos gremios del Servicio de Impuestos Internos, por una cuestión que no diré que es excepcional, pero que no abunda. Tales gremios -ello se reflejó en el protocolo de acuerdo y en sus exposiciones durante la discusión tanto de la reforma tributaria como de este proyecto no piensan solo en la defensa corporativa y en los intereses de los funcionarios que defienden, por legítimos que sean, sino también en la credibilidad, el prestigio y la capacidad profesional del Servicio de Impuestos Internos y en cómo este brinda el mejor servicio posible y hace la mayor contribución de que es capaz al país. (Aplausos) Necesitamos funcionarios del Servicio Impuestos Internos -a ellos les reconozco esa mirada con vocación y compromiso, que sientan que cada peso adicional recaudado es un peso más para la solución de los problemas sociales y para el impulso al desarrollo que requiere Chile. Esto ocurre además en un contexto en el que, y digámoslo con claridad -aquí mismo se discutió la materia hace un par de años-, el Servicio de Impuestos Internos había ido perdiendo prestigio y credibilidad producto de negociaciones espurias, completamente lesivas para el interés de la patria; de la relajación de los controles, con el consiguiente incremento de la evasión -no por nada la evasión creció de manera considerable en los últimos años-, y -hay que decirlo de la generación de un clima interno en la institución que insegurizaba a los funcionarios respecto de lo central de su tarea: el incremento de la recaudación. Por momentos, en el Servicio parecía que recaudar más, apretar más al empresariado para que pagara lo que le corresponde no contribuía a hacer carrera en el mismo. Y la carrera en dicha institución debe estar guiada fundamentalmente por la capacidad recaudatoria y, por supuesto, por la justicia recaudatoria. Por eso respaldamos con entusiasmo este proyecto: primero, porque se hace con los trabajadores; luego, porque cumple un compromiso establecido y, finalmente, porque inicia el proceso de recuperación del prestigio del Servicio de Impuestos Internos y de la credibilidad ciudadana en la institución, que es completamente indispensable en su caso, pues para que la gente pague impuestos debe estar segura, en primer lugar, de que todos paguen lo que les corresponde y, en segundo término, de que los recursos sean empleados de manera eficiente. Para eso necesitamos funcionarios profesionales, comprometidos, con vocación y, obviamente, probos. He dicho. -Aplausos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Informo a la Sala que un jefe de comité ha pedido la clausura del debate. Por lo tanto, por tratarse de un proyecto de ley con urgencia calificada de “suma”, corresponde la aplicación del artículo 142 del Reglamento y, en consecuencia, la votación de la referida petición. Quienes votan a favor, lo hacen por la clausura del debate. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Molina Oliva Andrea; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Teillier Del Valle Guillermo; Trisotti Martínez Renzo; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votó por la negativa el diputado señor Morano Cornejo Juan Enrique. -Se abstuvieron los diputados señores: Boric Font Gabriel; Jackson Drago Giorgio; Letelier Norambuena Felipe. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cerrado el debate. Ha terminado el Orden del Día. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el Servicio de Impuestos Internos para implementar la reforma tributaria, con excepción del artículo 1°, del inciso segundo del artículo 2°, y del artículo 3°, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, pido la palabra. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, hago presente que me inhabilito en la votación de este proyecto, sobre la base de lo establecido en el artículo 5° B, de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Así quedará consignado en el acta, señor diputado. La señora HERNANDO (doña Marcela)Señor Presidente, pido la palabra. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, también me inhabilito de participar en la votación de esta iniciativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Así quedará consignado en el acta su señoría. El señor MORANO.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría. El señor MORANO.- Señor Presidente, solicito que se me aclare qué señala el artículo 5° B de ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LANDEROS (Secretario).- El artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional impide a los diputados y a los senadores pronunciarse y participar de la votación de aquellos proyectos en los cuales tengan interés directos ellos mismos y sus ascendientes, hasta determinado grado, y sus colaterales. El señor MORANO.- Muchas gracias, señor Presidente. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, pido la palabra sobre un punto del Reglamento. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, todos los que van a votar este proyecto son contribuyentes de primera categoría, y en el tramo más alto. Luego, todos estarían inhabilitados, según ese artículo. Entonces, dado el ambiente que está viviendo el país, pido que no festinemos este tipo de inhabilidades para hacer leseras. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Señor diputado, el señor Secretario hará una precisión respecto de las inhabilidades en el caso de este proyecto de ley. El señor LANDEROS (Secretario).- La inhabilidad se refiere de manera directa a cuando el parlamentario tiene un pariente que trabaja en el Servicio de Impuestos Internos y que por efectos de encasillamiento puede quedar en un grado superior. Por lo tanto, no se trata de todos los contribuyentes. De lo contrario, la Cámara no podría votar si la inhabilidad fuera de ese tenor. Cabe recordar que la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional establece que en asuntos de índole general se puede votar. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención y 2 dispensados. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. -Se abstuvo el diputado señor Rathgeb Schifferli Jorge. -Se dispensaron los diputados señores Hernando Pérez Marcela, Pérez Lahsen Leopoldo. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en general el artículo 1°, el inciso segundo del artículo 2°, y el artículo 3°, para cuya aprobación se requiere del voto afirmativo de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 1 abstención y 2 dispensados. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Auth Stewart Pepe; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saldívar Auger Raúl; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Norambuena Farías Iván; Provoste Campillay Yasna; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David. -Se abstuvo el diputado señor Torres Jeldes Víctor. -Se dispensaron los diputados señores Hernando Pérez Marcela; Pérez Lahsen Leopoldo. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, el inciso y artículos precedentes se declaran aprobados en particular con la misma votación, dejándose constancia de que se alcanzó el quorum requerido. Aprobados. Solicito el asentimiento de la Sala para votar las siguientes indicaciones de los diputados señores Cornejo y Saffirio, de la diputada señora Provoste, y del diputado señor Monckeberg, don Nicolás: Al artículo 1°, para agregar después de la palabra “concursos” la palabra “públicos”. Al artículo 3°, para agregar después de la palabra “concursos” la expresión “públicos”, eliminando la palabra “internos”. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Despachado el proyecto. VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN INCORPORACIÓN DE LAS ONCE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO Y DE LAS COMUNAS DE GALVARINO Y SAAVEDRA, DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, EN POLÍTICA DE ZONAS REZAGADAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 225. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución de los diputados señores Fuad Chahin, René Manuel García, René Saffirio, Mario Venegas, Fernando Meza, Diego Paulsen y Joaquín Tuma, que en su parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet Jeria, que declare a las once comunas de la provincia de Malleco y a las comunas de Galvarino y Saavedra, de la provincia de Cautín, como zonas rezagadas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha tomado la decisión de impulsar una política de zonas rezagadas, como una forma no solo de focalizar la inversión pública, sino también de atraer para esas zonas la inversión privada y de darles un tratamiento especial y prioritario, mediante el fortalecimiento de la capacidad de coordinación de la institucionalidad pública; la modificación y flexibilización de la metodología de evaluación social para los proyectos del Sistema Nacional de Inversiones; la disposición de nuevos indicadores socioeconómicos, de calidad de vida y entorno; el fortalecimiento de políticas empresariales que generen valor compartido, y el compromiso explícito frente a la ciudadanía de que el Estado tendrá un trato preferente con aquellos territorios que muestran indicadores preocupantes en materia de pobreza, desarrollo humano y desempleo. Catorce comunas han sido definidas como parte de la política de zonas rezagadas. Sin embargo, curiosamente, ninguna de ellas pertenece a la región más pobre, que tiene el PIB per cápita más bajo y tiene el indicador de desarrollo humano más preocupante del país, que es la Región de La Araucanía, la que, además, vive una situación de conflictividad muy preocupante. Por eso, junto a un grupo de diputados de nuestra región hemos presentado este proyecto de resolución, para solicitar la incorporación a la política de zonas rezagadas de las once comunas de la Provincia de Malleco, que es la más deprimida de la región y del país, así como de las comunas de Galvarino y Saavedra, de la Provincia de Cautín, que se encuentran en una situación similar. Es indispensable que el gobierno incorpore a esas trece comunas de la Región de La Araucanía a la política de zonas rezagadas, para que tengan la focalización que está en la definición de ese programa, porque, sin duda, cumplen con los requisitos para estar consideradas en el esfuerzo que están haciendo el gobierno y el Estado. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, no suscribí este proyecto de resolución, pero me hago parte absolutamente de él, con el objeto de solicitar a la Presidenta de la República que incorpore a las once comunas de la provincia de Malleco, más las comunas de Galvarino y Saavedra, a la política de zonas rezagadas. Conocemos la situación que se vive en general en la Región de La Araucanía, de manera que no voy a entrar a detallar cada una de las materias que se discuten respecto de la responsabilidad. Lo que sí está claro es que las once comunas de la provincia de Malleco, es decir, Angol, Renaico, Los Sauces, Purén, Traiguén, Lumaco, Victoria, Curacautín, Lonquimay, Ercilla y Collipulli, y, por supuesto, también Galvarino y Saavedra, de la provincia de Cautín, son zonas cuyo territorio, por situaciones de carácter histórico y social, es calificado como “provincia del salto”, porque, lamentablemente, de Los Ángeles se salta a Temuco. Por esa razón, este proyecto de resolución pretende dar un trato especial a esa zona. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; De Mussy Hiriart Felipe; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Sommerhoff Felipe; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. REINSTAURACIÓN DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERA Y METALÚRGICA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución N° 226. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución de los diputados señor Marcos Espinosa, señoras Marcela Hernando, Yasna Provoste; señores Alberto Robles, Marcelo Schilling, Giorgio Jackson, Lautaro Carmona; señorita Daniella Cicardini y señores Juan Luis Castro y Luis Lemus, en cuya parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que instruya a la ministra de Minería, Aurora Williams, para que se analice la posibilidad de restablecer el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica mediante una fórmula de financiamiento estatal, con el fin de dotar a la industria minera nacional de un organismo dedicado a la investigación y sondeo relacionado con los procesos de extracción y beneficio en materia minera y metalúrgica. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa. El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, quiero recordar que el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica fue un organismo del Estado, creado durante el gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens, con un objetivo bien específico: apoyar, en materia de innovación, ciencia y tecnología, a las grandes empresas mineras estatales que se estaban desarrollando durante esa década en el país. El aporte que hizo el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica fue notable desde el punto de vista de la innovación, del desarrollo de nuevas tecnologías mineras y también del apoyo constante que dio a la Corporación Nacional del Cobre en sus procesos de expansión y puesta en marcha de grandes proyectos estructurales. Lamentablemente, hoy no tenemos un Centro de Investigación Minera y Metalúrgica con sustento y administración del Estado, lo que, indudablemente, constituye una grave debilidad en el desarrollo de la industria minera estatal en su conjunto. ¡Qué duda cabe de que para desarrollar proyectos mineros estructurales, cuya capitalización ha sido asegurada por la Presidenta Michelle Bachelet, en una primera etapa por más de 4 mil millones de dólares, estos también se tienen que basar en la innovación y el necesario desarrollo tecnológico, para que la empresa estatal Codelco no tenga que subcontratar servicios a terceros! Por eso, estamos solicitando a su excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que instruya a la ministra de Minería, Aurora Williams, que se destinen los recursos estatales suficientes para poder recomponer y revitalizar el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, o bien un organismo administrado por el Estado de Chile que preste servicios de innovación, tecnología y desarrollo minero a la empresa estatal de nuestro país. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward. El señor WARD.- Señor Presidente, en mi opinión es esencial hablar y votar a favor de este proyecto de resolución, muy bien fundamentado en su parte no dispositiva. Aunque lo relativo a su financiamiento estatal podrá ser discutible, es adecuado dotar al país de una entidad que cumpla con las condiciones y, finalmente, con las obligaciones que tenía el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM). En la actualidad se requiere innovación e investigación. Las universidades, tanto estatales como privadas, por mucho que hoy estén desarrollando programas de investigación, no alcanzan a tener el nivel de profundidad que en la materia tuvo en algún momento el CIMM. Tengo algunas dudas respecto del punto Nº 5 del proyecto de resolución, pero, de todas maneras, lo voy a votar a favor. Creo que el hecho de que se haya ampliado el giro de la entidad hacia áreas comerciales produjo un declive que, después de algunos años, llevó finalmente a que el CIMM perdiera su razón fundacional, la cual no era claramente de carácter comercial. Creo relevante votar a favor y entregar a la Presidenta de la República esta comunicación de parte de la Cámara de Diputados, de manera que en el corto plazo se pueda estudiar un mecanismo para instaurar nuevamente una entidad con las funciones que tenía el CIMM y con un presupuesto que, en parte, sea estatal, para llevar adelante un proceso de investigación, fundamental, sobre todo, pensando en los distritos mineros. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Mussy Hiriart Felipe; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Fuentes Castillo Iván; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Sommerhoff Felipe; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Molina Oliva Andrea; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Soto Osvaldo; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. INCORPORACIÓN DE TOCOPILLA AL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA “SEGURIDAD PARA TODOS”, Y SU VERSIÓN LOCAL DENOMINADA “PROGRAMA COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA” El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 227, de los diputados señor Marcos Espinosa, señora Marcela Hernando, señor Lautaro Carmona, señora Yasna Provoste, señores Alberto Robles, Giorgio Jackson, Marcelo Schilling; señorita Daniella Cicardini y señores Juan Luis Castro y Luis Lemus, en cuya parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que instruya al ministro del Interior y Seguridad Pública y al subsecretario de Prevención del Delito, para que se analice la posibilidad de incorporar a la comuna de Tocopilla dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia “Seguridad para todos”, y su versión local denominada “Programa Comunal de Seguridad Pública”. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa. El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, este proyecto de resolución pretende, de alguna manera, modificar el reglamento que actualmente se encuentra vigente en materia del Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia “Seguridad para todos”, porque, a nuestro juicio, la calificación para optar a la incorporación de comunas obedece fundamentalmente a la densidad demográfica, lo que, indudablemente, para las comunas pequeñas constituye una barrera insalvable. En los últimos meses y años hemos visto cómo el aumento de los delitos en Tocopilla ha estado marcando de forma impresionante la agenda pública del gobierno en materia de seguridad ciudadana. Por ello, creemos que es necesario revisar dicho criterio de incorporación, con el objeto de que aquellas comunas que presenten graves denuncias por comisión de delitos también puedan ser incorporadas al plan “Seguridad para todos”. En definitiva, el plan en comento pretende reforzar la labor de los municipios en materia de seguridad ciudadana, por la vía de aumentar la red de cámaras de vigilancia, dotar a las policías locales de mayor infraestructura y personal, y generar planes de seguridad vecinal en las comunas. Por eso, creemos que en los casos específicos en los que se ha observado un aumento de delitos, habría que revisar ese criterio, que es exclusivamente demográfico, por lo que, a veces, olvida el hecho esencial por el cual fue creado el programa, cual es evitar la ocurrencia de delitos al interior de las comunas. Por eso, solicitamos a la Presidenta de la República que instruya al ministro del Interior, a fin de que se revise este criterio, y que el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, analice la posibilidad de incorporar a Tocopilla dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia “Seguridad para todos”, y su versión local denominada “Programa Comunal de Seguridad Pública”. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward. El señor WARD.- Señor Presidente, con la autorización de mi compañero de distrito, diputado Marcos Espinoza, me sumo a este proyecto de resolución. Creo que cualquier iniciativa que privilegie la toma de decisiones a nivel local es positiva, sobre todo considerando un área tan sensible como la seguridad ciudadana. Siempre hemos sido contrarios a que este tipo de decisiones se tome en el gobierno central sin considerar la realidad y opinión de las personas beneficiarias o afectadas por políticas públicas, que muchas veces se deciden y ejecutan desde el nivel central. Creo que eso es un error. Como dije, considero una buena idea que el plan denominado “Seguridad para todos” contemple la toma de decisiones a nivel local. También es positivo que se piense no solo en aumentar las penas, sino, además, en las probabilidades de condena. Creo que es el enfoque adecuado para prevenir en materia delictual. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Mussy Hiriart Felipe; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Fuentes Castillo Iván; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hernando Pérez Marcela; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Sommerhoff Felipe; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Urrutia Soto Osvaldo; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Boric Font Gabriel. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTES FUNDAMENTOS DE RETIRO DE PROYECTO DE CONTROL DE MICROBASURALES EN SECTORES ALTOS DE VALPARAÍSO (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En Incidentes, en el primer turno, correspondiente al Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Desarrollo Social, al subsecretario del Interior y al intendente de la Región de Valparaíso, a fin de que me informen sobre las razones por las cuales el intendente retiró el proyecto de control de microbasurales en los sectores altos de Valparaíso. La justificación del proyecto presentado por el municipio es que se reconocía la existencia de un gran número de microbasurales, lo cual hacía necesaria la ejecución del programa a la brevedad, pues ellos representaban un importante foco de insalubridad y alto riesgo para la comunidad. El programa consideraba el control de 149 microbasurales detectados en la comuna de Valparaíso, especialmente en los sectores altos de la ciudad, lo que, de acuerdo con el catastro efectuado, equivalía a más de 9 mil metros cúbicos de basura. La ejecución del programa, que se proyectaba llevar a cabo durante un período de doce meses, consideraba además las etapas de control de plagas, limpieza, reforestación y recuperación de espacios y quebradas. En fin, estamos hablando de un proyecto con una inversión cercana a los 1.800 millones de pesos, que significaría importantes beneficios para la ciudad. No obstante, por razones que desconocemos y que aún no son suficientemente explicadas, en noviembre del año pasado la máxima autoridad regional decidió retirar la priorización del proyecto, a pesar de que estaba recomendado técnica y económicamente por el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo anterior, reitero mi solicitud de oficiar a las autoridades mencionadas para que entreguen una explicación por la decisión de retirar la priorización al proyecto, lo que, lamentablemente, tuvo una consecuencia grave: el incendio que acaba de afectar a la ciudad de Valparaíso, en el que resultaron quemadas más 560 hectáreas de bosque y matorrales, con el consecuente grave daño para los habitantes y a la flora y fauna de las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. ACCIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE GENDARMERÍA EN REGIÓN DE AYSÉN (OFICIOS) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Justicia, a la intendenta de la Región de Aysén y a la seremi de Justicia de la Región de Aysén, a fin de que me informen sobre la situación que vive Gendarmería en la comuna de Coyhaique. Se trata de una cuestión que hemos tratado en varias ocasiones. Incluso, se la hicimos presente al ministro de Justicia con ocasión de la tramitación de un proyecto de ley sobre mejoramiento de remuneraciones para el personal de Gendarmería, oportunidad en la cual le hicimos presente la compleja situación que muchas veces enfrentan los funcionarios de esa institución. Curiosamente, en estos días se han presentado recursos por situaciones de maltrato a reos, materia en relación con la cual la corte de apelaciones respectiva efectuó un pronunciamiento concreto. Incluso más, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó sendos recursos de protección por la situación en que se han visto involucrados internos de la cárcel de Coyhaique. Señor Presidente, en concordancia con lo que pedimos en su momento al ministro de Justicia, es prioritario que esa cartera lleve a cabo una intervención adecuada en el manejo del problema que afecta a Gendarmería en la Región de Aysén. La cantidad de funcionarios con sumarios administrativos y licencias médicas, habla de una situación compleja que es necesario revertir. Existen denuncias de funcionarios, de diversa naturaleza, algunas de gravísimo contenido. Incluso, la Contraloría regional ha instruido la realización de muchos sumarios administrativos. En mi opinión, la actual situación de indefinición no se puede perpetuar. Repito, es una cuestión que hemos requerido varias veces. Por eso, en esta oportunidad insisto en que se reitere al ministro de Justicia que disponga las acciones administrativas necesarias con el objeto de que hechos como los que he reseñado, que entorpecen la labor de Gendarmería en la Región de Aysén, sean clarificados debidamente. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE FERIA “VÍCTOR DOMINGO SILVA”, COYHAIQUE (OFICIOS) El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en la Región de Aysén estamos enfrentados a una situación que afecta a sesenta mujeres que, por cerca de cuarenta años, están vendiendo productos en una feria y obteniendo de dichas ventas el sustento familiar para sus proyectos de vida. Cuando quien habla era alcalde en dicha zona, se construyó una techumbre y servicios higiénicos para darles una mayor dignidad. Ahora, tras cuarenta años, algunas de sus socias ya se han ido. En mi opinión, es necesario dar un salto en cuanto a la calidad y dignidad de que deben gozar esas mujeres, sobre todo cuando hoy se habla tanto de equidad, de igualdad y de derechos de la mujer. Por tanto, pido que los representantes de las instancias que mencionaré se acerquen a dicho recinto y se reúnan con sus dirigentes para diseñar un plan que permita a esas locatarias dar un salto para mejorar la calidad de su trabajo. Se ponen muchos recursos a disposición de una gran cantidad de entidades. Aquí se trata de un grupo de mujeres modestas que, en caso de prosperar ese emprendimiento, podrían dotar a la ciudad de Coyhaique de un gran proyecto, adyacente a la feria hortícola. Estamos hablando de un centro con carácter de mercado, que tanto se necesita, sobre todo cuando los fines de semana se congregan allí miles de coyhaiquinos. Creo que esas mujeres tienen el legítimo derecho a acceder a tener una vida digna, para lo cual hay que acompañarlas. En ese sentido, los respectivos servicios públicos cuentan con todos los equipos técnicos y profesionales adecuados para dar el debido asesoramiento a esas mujeres, de manera que la feria “Víctor Domingo Silva” se convierta realmente en una realidad. Se han ganado eso por tantos años de sacrificio que han vivido; no pueden seguir desarrollando su labor a la intemperie, en circunstancias de que la Región de Aysén cuenta con todos los medios y recursos disponibles. Por tanto, pido que se envíe un oficio a la intendenta de la Región de Aysén, a la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y a los organismos técnicos del ámbito productivo, como Sercotec y Fosis, con copia a la presidenta de la feria “Víctor Domingo Silva”, señora Elba Ruiz. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así le indican a la Mesa. APROBACIÓN DE PROYECTO “PODER DE COMPRA ENAMI CABILDO”, PROVINCIA DE PETORCA (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina. La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, los mineros de la provincia de Petorca llevan más de veinte años peleando para contar con un poder de compra que sea de Enami y que no esté asociado a terceros, como sucede en la actualidad. Desde hace seis años, cuando asumí como diputada, me sumé a la lucha de esos pequeños y medianos pirquineros, no solo de la provincia de Petorca, sino también de San Felipe y Los Andes, para lograr que ello se transforme en una realidad. En el gobierno anterior se lograron grandes avances. Se compró un terreno para la instalación de un poder de compra; se invirtió por parte de la Enami una importante cantidad de recursos para generar un proyecto tan anhelado. A fines del gobierno del Presidente Sebastián Piñera se creyó que estaba todo listo y que existía una resolución fundada de Conaf para permitir el desarrollo de dicho proyecto en una zona donde había guayacanes. Lamentablemente, cuando se llevó a cabo el cambio de gobierno y asumió la actual Presidenta, señora Michelle Bachelet, en la Enami los criterios cambiaron y nos encontramos con que no existía la resolución fundada; además, su vicepresidente nos informó que, supuestamente, ello se había enviado a Conaf, pero ni siquiera se había presentado. Hoy, luego de mucho presionar e insistir, recién esta semana se recibió la resolución fundada de Conaf por medio de la cual se autoriza el desarrollo del proyecto “Poder de compra Enami Cabildo” en una zona donde hay guayacanes, porque no afectaría a la especie. A partir de ello, se inició una nueva etapa. Hoy el proyecto “Poder de compra Enami Cabildo” va a entrar a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y al Ministerio de Desarrollo Social, donde se va a analizar su factibilidad en términos económicos y cuánto vale su construcción. Hoy vamos a ver si el gobierno realmente tiene la intención de construir dicho proyecto para esa gente. Nuestros mineros se han visto afectados por la situación económica. Se han cerrado faenas y se han perdido más de setenta mil puestos de trabajo por la contracción económica que se ha generado en el país. Por eso, es de vital importancia dar esta señal tan relevante a aquellos que han confiado en este gobierno y que han creído que va a sacar adelante proyectos tan importantes como el mencionado, cuya concreción ha tardado más de veinte años. Por eso, pido que se envíe un oficio al vicepresidente de Cochilco para que acelere su tramitación y genere nuevamente una mesa de trabajo para poner ahí los datos duros, las cifras económicas que tienen los pirquineros versus los que están trabajando en la Enami. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de quienes así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS COMPROMETIDOS A PEQUEÑOS PIRQUINEROS DE PETORCA Y SAN FELIPE (OFICIO) La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, diez pequeños pirquineros de las asociaciones de Petorca y de San Felipe accedieron a proyectos del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal (Pamma), que tiene por objeto consolidar el emprendimiento minero como enfoque de desarrollo para una mejor calidad de vida de un sector golpeado por la alta vulnerabilidad del ingreso familiar. Ellos firmaron un contrato a través del cual les iban a entregar recursos provenientes de excedentes del 2014, debido a lo cual aprovecharon de agrandar sus faenas. Se les señaló que los dineros se les iban a entregar, a más tardar, en marzo de 2015, lo que no ha ocurrido. Incluso, se les ha dicho que esos recursos nunca existieron, por lo que hoy se han visto enfrentados a deudas e intereses que no tienen cómo pagar. Por lo anterior, pido que se envíe un oficio al ministro de Minería para que informe si fue regular la forma en que se comprometieron dichos recursos, denominados como “excedentes del año 2014”, y, a su vez, que se definan los plazos para su entrega. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE MELIPILLA (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, hoy tuve la posibilidad de asistir a la cuenta pública del Hospital de Melipilla, donde, además de valorarse el esfuerzo realizado por los funcionarios de ese establecimiento por dar una mayor atención, se nos anunció por parte de personeros del Ministerio de Salud que el anhelado, soñado y trabajado proyecto del nuevo Hospital de Melipilla, que fue anunciado durante el gobierno anterior y trabajado en el actual, ya no va como se señaló originalmente. En suma, nos quieren cambiar el proyecto. Se nos informó que dicho proyecto va a tener un menor costo y se va a realizar en menor tiempo, pero no se nos entregó ni un solo documento. Asimismo, se nos señaló que recién este fin de semana se va a publicar la solicitud de compra de un nuevo terreno, cuando se estaba licitando el inicio de los trabajos. También se nos señaló el inicio de la construcción del hospital y prácticamente puras maravillas. No obstante, quienes vivimos en la zona, hemos podido constatar que durante distintos gobiernos se ha anunciado el famoso Metrotrén. Ahí lo estamos esperando. Han pasado veinte años de anuncios, carteles y promesas, y nada ha ocurrido. No queremos que ocurra lo mismo con el Hospital de Melipilla. Por ello, pido que se oficie a la ministra de Salud para que señale cuáles son los informes que tienen para haber realizado el cambio del proyecto original; asimismo, que informe en detalle sobre el ahorro en tiempo y en dinero; que informe sobre los posibles terrenos que se quieren comprar para materializar dicha construcción; que se informe si existe un estudio de suelo de los terrenos; que informe si ha consultado a los vecinos, a organizaciones comunitarias, a organizaciones sociales y a los usuarios del hospital; que informe cuál va a ser el procedimiento que tendrán los vecinos para acceder a él; que informe qué cambios se producirán en materia de vialidad para cambiar el hospital. Estamos ante un hecho gravísimo. ¡Se está cambiando el hospital sin preguntarle a nadie! Solicito este oficio con el único fin de poder asegurar a los melipillanos y melipillanas que podrán contar con un nuevo hospital en el tiempo comprometido. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Andrea Molina y del diputado señor Juan Luis Castro. REITERACIÓN DE SOLICITUD SOBRE LIBERACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS DE INTERNACIÓN A IMPORTACIÓN DE BIENES DESTINADOS A INVESTIGACIÓN ASTROFÍSICA EN UNIVERSIDADES DEL PAÍS (OFICIO) El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra, por tres minutos, la diputada señora Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, solicito que se reitere un oficio que pedí en abril del año pasado, que originó la presentación del proyecto de resolución N° 83, aprobado por la Cámara de Diputados en sesión efectuada el 14 de julio de 2014, que dice relación con liberar de impuestos la internación de implementos destinados a la investigación astrofísica por parte de las universidades chilenas del Consejo de Rectores. No se explica que el Ministerio de Educación se niegue a acceder a un asunto que parece lógico y racional, sobre todo si desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo se está promoviendo la diversificación económica y el potencial atractivo turístico de la Región de Antofagasta a través del desarrollo de la astronomía. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de la diputada señora Andrea Molina y del diputado señor Juan Luis Castro. ENTREGA DE INFORMACIÓN A FISCALÍA POR PARTE DE SOQUIMICH La señora HERNANDO (doña Marcela).- Por otra parte, me parece impresentable lo que está ocurriendo con la empresa Soquimich, que se ha negado a entregar información a la fiscalía. Es inentendible si consideramos los estándares internacionales en materia de transparencia existentes en empresas mineras internacionales. No es posible entender que una empresa en la cual capitales y parte de su directorio son extranjeros, no esté cooperando en forma voluntaria con la justicia, como lo reclama la ciudadanía. He dicho. El señor VALLESPÍN (Vicepresidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.53 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES -Se abrió la sesión a las 13.33 horas. El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. REACTIVACIÓN DE PROGRAMA EN FAVOR DE PEQUEÑOS AGRICULTORES VITIVINÍCOLAS DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO (OFICIOS) El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, los viñateros están viviendo una difícil situación, pues ha empezado la temporada de la vendimia y las grandes viñas están pagando precios muy bajos: 60 pesos por el kilo de uva corinto y 80 pesos por el kilo de la moscatel de Alejandría. El costo de producción del kilo de uva es de aproximadamente 70 pesos, de manera que se está pagando por debajo de ese costo, lo cual está provocando una crisis de grandes proporciones en el sector viñatero del secano interior de la provincia de Ñuble. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap, con el fin de que se retome el programa vitivinícola especial que se implementó durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet y que no tuvo continuidad. Se trata de un programa asociado a la producción vitivinícola, que considera la entrega de bonos y asistencia técnica, lo que posibilitaría mejorar la producción de la zona. Debido a la emergencia, solicito la entrega de un bono no para paliar la situación, sino de uno inserto dentro de un programa para mejoramiento de la calidad de producción de uva y de vino. Repito, no se trata de un bono social, sino de uno productivo para los pequeños viñateros, que dio buenos resultados para enfrentar la crisis de 2006. La actual situación se ha visto agravada por la sequía, que ha afectado la producción. Los bajos precios que se han empezado a pagar amenazan a esta actividad agrícola, principal fuente de ingresos de los pequeños agricultores del valle del Itata, de la provincia de Ñuble y de comunas como Florida. Por las razones expuestas, insisto en mi solicitud de envío de los oficios a las autoridades indicadas. El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. ENTREGA DE FORRAJE A AGRICULTORES DE ZONAS PRECORDILLERANAS DE PROVINCIAS DE BIOBÍO Y DE ÑUBLE (OFICIO) El señor SABAG.- En segundo lugar, la sequía está afectando fuertemente a las provincias de Biobío y de Ñuble, por lo que solicito que se oficie al director nacional del Indap, con el fin de que inicie el proceso de licitación y compra de forraje para abastecer desde ya a los agricultores de las zonas precordilleranas, de manera que esa ayuda no llegue demasiado tarde durante la temporada de invierno. El siniestro está, la emergencia existe. Por eso, debemos anticiparnos ante esa situación, que es un hecho cierto. El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. DECLARACIÓN DE ZONA DE EMERGENCIA AGRÍCOLA A COMUNAS DE RÁNQUIL Y QUILLÓN (OFICIOS) El señor SABAG.- Finalmente, solicito que se oficie al ministro de Agricultura y al intendente de la Región del Biobío, con el fin de que las comunas de Ránquil y Quillón sean declaradas zonas de emergencia agrícola, debido a la grave situación de sequía que viven, a lo que debemos agregar el incendio que la semana pasada sufrió la comuna de Ránquil, que arrasó con más de veinte hectáreas de viñedos. Para liberar recursos, se requiere la declaración de zona de emergencia agrícola. Por eso, pido que esos oficios se despachen a la brevedad. He dicho. El señor PÉREZ, don José (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE SUMARIO RELACIONADO CON PARALIZACIÓN DE OBRA “CRUCE CAMINO ANTUCO”, PROVINCIA DEL BIOBÍO (OFICIOS) El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado José Pérez. El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, me voy a referir nuevamente a la obra denominada “Cruce camino Antuco”, en Los Ángeles. En 2012 se puso la primera piedra de dicha obra, tremendamente importante para conectar Los Ángeles con las comunas ubicadas al oriente, como Antuco, Quilleco, Tucapel, donde vive una gran cantidad de gente. Luego de algunos meses de trabajo, la empresa adjudicataria abandonó la obra como consecuencia de una serie de situaciones irregulares, entre otras, una relacionada con el equipo de arquitectos que diseñó el proyecto original que se construiría, pues una vez que se visitó el lugar con el dibujo arquitectónico, se dieron cuenta de que la obra no cabría en el espacio expropiado con esa finalidad. De ahí entonces comenzaran las rectificaciones y los ir y venir, hasta que la empresa decidió abandonar la obra. Sin embargo, antes de retirarse, demandó al Serviu y obtuvo una buena cantidad de recursos -cerca de 300 millones de pesospor concepto de indemnización. ¿Por qué se los dieron? No sé. Cuando pregunté a la ministra qué pasa con las boletas de garantía que entregó la empresa, me dijo que la primera venció y que la segunda era de bajo valor. ¡Vaya, no! Como mencioné, la obra se inició en 2012 y fue abandonada a los pocos meses. Desde que comenzó el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, lamentablemente no ha habido avances sustantivos. Estuve conversando con la ministra en septiembre de 2014, ocasión en la que le pedí que le diera urgencia a la obra, pues es de vital importancia para toda la provincia de Biobío. Le advertí que seguramente habría tomas del camino, como las ha habido. La última ocurrió la semana pasada, oportunidad en la cual se responsabilizó a los parlamentarios por no apurar los trabajos, en circunstancias de que no tenemos absolutamente nada que ver en eso, ya que se trata de una responsabilidad o de una irresponsabilidad del Ministerio de Vivienda y del Serviu. El 18 de octubre de 2014 el seremi de Vivienda, en una conferencia de prensa que entregó en el municipio angelino, informó que el 15 de noviembre se iniciarían las obras para terminar la tarea pendiente. Lamentablemente, hasta la fecha eso no ha ocurrido y, como dije, ha habido tomas y manifestaciones de distinto orden. Me parece que como consecuencia del trabajo mal hecho por los arquitectos se instruyó un sumario, pero no conocemos las conclusiones del mismo. Seguramente se habrán aplicado sanciones importantes a los responsables del trabajo mal ejecutado, pero no conocemos cuáles son esas sanciones. Por eso, pido que se oficie a la ministra de Vivienda para que nos envíe los antecedentes del sumario y para expresarle que lamentamos que la obra no esté en funciones, como corresponde. Este es, sin duda, un monumento a la burocracia del país. Se trata de una obra que, como dije, se inició en el gobierno pasado, pero que después de haber quedado abandonada no hemos sido capaces de retomar, probablemente por no darle la importancia que tiene. Quizá se deba a que está en una región del sur del país; no sé. En todo caso, nos parece una tremenda irresponsabilidad. Los anuncios que se han hecho no dan cuenta de lo acontecido. Por consiguiente, pido que se oficie al contralor general de la República para que se investiguen detalladamente los pormenores de lo ocurrido con esa obra, desde su inicio hasta la fecha. Tengo entendido que recién hace más o menos 15 o 16 días se habría solicitado al Ministerio de Obras Públicas que verificara el estado de los muros que dejó la empresa que abandonó la obra, para ver si se puede continuar con ella o no. Es un paso sobre nivel que nunca debió diseñarse de esa manera, sino que debió haber sido bajo nivel, igual al que tenemos en San Carlos. Esa obra es, como expresé, un monumento a la irresponsabilidad, a la burocracia y a la tardanza en hacer cosas que requieren un poco más de celeridad. De tal manera que pido que se envíen los oficios mencionados a la ministra de Vivienda y al contralor general de la República, y que se envíe copia de mi intervención al señor ministro del Interior, porque lo ocurrido es realmente vergonzoso. Ya no tenemos explicaciones que dar a la ciudadanía; solo podemos levantar los hombros y lamentar que el Ministerio de Vivienda no cumpla oportunamente con estos compromisos. He dicho. El señor SABAG (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.45 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR RIVAS, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL, QUE DISPONE EL CESE DEL CARGO PARA EL PARLAMENTARIO QUE COMETA LOS DELITOS E IRREGULARIDADES QUE INDICA, ESTABLECIENDO LA INHABILIDAD PERPETUA PARA OPTAR A CARGOS PÚBLICOS”. (BOLETÍN N° 9932‐07) “En el último tiempo la ciudadanía ha sido testigo del vergonzoso episodio del que han sido protagonistas determinados parlamentarios en los denominados casos Penta y Soquimich. La ética propia del alto cargo parlamentario exige que, además de las actuales causales de cesación en el cargo, se agregue una nueva que diga relación con la comisión de actos de cohecho, defraudación o desvío de caudales públicos o irregularidades financieras o tributarias graves, disponiendo, además, la inhabilidad a perpetuidad del cesado para optar a cualquier cargo o función pública, sea ésta o no de elección popular. En base a lo anterior, el presente proyecto de ley reforma la Constitución Política de la República a fin de incorporar a su artículo 60 esta nueva causal de cesación de cargo, lo que viene a satisfacer el emergente clamor de transparencia y probidad que hoy en día exige la ciudadanía. Por tanto, en virtud de los fundamentos expuestos, vengo en presentar a este Honorable Congreso el siguiente proyecto de ley: PROYECTO DE LEY Artículo único: Agréguense los siguientes incisos, a continuación del inciso séptimo del artículo 60 de la Constitución Política de la República: “De igual forma, cesará en su cargo el diputado o senador que durante su ejercicio cometiere actos de cohecho, defraudación o desvío de caudales públicos o irregularidades financieras o tributarias de carácter grave. Para el caso de irregularidades financieras o tributarias de carácter grave se aplicará esta sanción incluso si éstas se hubieren cometido con motivo de la elección por la que el diputado o senador resultó electo o reelecto en su cargo. Quien perdiere el cargo de diputado o senador por motivo de lo señalado en el inciso anterior quedará inhabilitado a perpetuidad para optar a cualquier función o empleo público, sea o no ésta de elección popular”. 7. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES OJEDA, ARRIAGADA, FLO‐ RES, RINCÓN, SAFFIRIO, TARUD, VALLESPÍN Y VENEGAS, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS PROVOSTE Y SEPÚLVEDA, QUE “AUTORIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO EN HOMENAJE AL EXSENADOR Y CANCILLER DE LA REPÚBLICA DON GABRIEL VALDÉS SUBERCASEAUX”. (BOLETÍN N° 9933‐24) Consideraciones Preliminares “Gabriel Valdes Subercaseaux, enriqueció y honró, pintando con letras de oro las páginas de la historia política de Chile. Fue un gran político, académico, Ministro de Estado, Diplomático, Senador de la República, cultor del arte y de la música, deportista y representante chileno en diversos organismos internacionales. Fue un baluarte en la lucha por la recuperación de la democracia. Encabezó los movimientos de defensa de las libertades públicas suprimidos en la época de la dictadura. Sufrió el rigor de la represión, se enfrentó en abierto desafío a la fuerza bruta empleada y puso su vida en la defensa de los Derechos Humanos. Fue perseguido y encarcelado. Amenazado de muerte mientras desempeñaba el cargo de Subsecretario General de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Estados Unidos. Estaba en la lista. Pero la intervención del Secretario General de las Naciones Unidas de la época Kurt Waldheim impidió que ello ocurriese. Fue un republicano de verdad, un auténtico demócrata, consecuente y veras en sus palabras y acciones. Reconocemos y valoramos su lucha por la recuperación de nuestra democracia y de nuestros valores políticos tradicionales. Como también su inmenso y valioso aporte en el Senado que fue vital para restaurar y consolidar nuestra institucionalidad y lograr plasmar la paz y normalidad que Chile tenia perdida y que necesitaba recuperar con urgencia. Probablemente un período de gran inserción del país en el ámbito internacional, donde él fue protagonista, corresponda a los seis años transcurridos entre 1964 y 1970, cuando don Gabriel Valdés Subercaseaux desempeñó el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Vinculado desde siempre al servicio público, inició su desempeño profesional como abogado de la estatal Compañía de Aceros del Pacífico. Vivió en Italia desde el año 1929 a 1932. Allá estudio en la Scuola San Giuseppe, en Roma Italia. De vuelta, ingresó al Colegio San Ignacio en Santiago. Ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, titulándose de abogado, en 1945, con la tesis “Concepción cristiana del origen del poder”. Posteriormente, entre 1945 y 1946 fue Presidente de la Asociación de Universitarios Católicos. Hizo estudios de Economía y Legislación en el Instituto de Ciencias Políticas de París, entre 1951 y 1952, becado por el Gobierno Francés. Nació en Santiago el 13 de julio de 1919. Falleció en esta misma ciudad el 7 de septiembre de 2011. Fueron sus padres, el ingeniero Horacio Valdés Ortúzar y su madre, la escritora y artista plástica Blanca Subercaseaux Errázuriz. Contrajo matrimonio con Silvia Soublette Asmussen, tuvo tres hijos Maximiano, Juan Gabriel y María Gracia. Hoy su hermano Francisco, ex Obispo de Osorno esta en vísperas de ser canonizado. Su vocación por lo público y su inquietud social, aprendida desde niño, en un hogar con fuerte vocación por la cultura y los temas de interés común, lo llevaron a constituirse como uno de los fundadores de la Falange Nacional, raíz del Partido Demócrata Cristiano, en el cual militó durante toda su vida. Se vinculó y relacionó con las diferentes aéreas y personajes de la vida nacional e internacional, siendo el campo preferido por él, lo política y cultural. Conoció muy bien a Gabriela Mistral, la Insigne Poetisa y Premio Nobel de literatura de 1945, por cuanto ella vivió en su casa, por lo que la conoció en plenitud. Se codeo y vinculó con todos los personajes y dignatarios del mundo, con de los presidentes de múltiples y variados países, y con personalidades del mundo científico, cultural y político. Luego de dejar la cancillería, en 1971 fue nombrado Subsecretario General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para la Región de América Latina y El Caribe, donde se desempeñó hasta 1981. Después del golpe de estado de 1973, permaneció en el extranjero, como funcionario internacional, pero siempre como activo colaborador con todas las iniciativas que permitieran agrupar a los demócratas chilenos, en la perspectiva de recuperar la democracia en Chile. A la muerte del Presidente Frei Montalva, volvió al país para asumir como presidente del Partido Demócrata Cristiano, impulsando desde allí la creación de la Alianza Democrática, cuna de la Concertación de Partidos por la Democracia, donde fue el principal redactor del Acuerdo Nacional, que permitió que un amplio abanico de chilenos siguieran el camino de la recuperación pacífica de la democracia. Fue miembro, en esos años también, del Comité Mundial para la Reforma de la Unesco; miembro del Consejo del Club de Roma; consultor de las Naciones Unidas en América Latina, Asia, África. Fundador y Presidente del Foro Latinoamericano. Fundador y Presidente del directorio del Centro de Estudios del Desarrollo, CED. Miembro del Club de Viena, Austria. Una vez recuperada la democracia, el senador Valdés presidió el Senado de la República por más de seis años, (1990 a 1996), siendo reconocido unánimemente, por todos los sectores políticos, como una gestión brillante, que prestigió al Senado de la República. Fue transversal en sus acciones y resoluciones y convocó al país a crear y mantener un espíritu de verdadera reconciliación. La presidenta Michelle Bachelet Jeria, lo designó, en 2006, como embajador de Chile en Italia, como así también, en la Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Recibió numerosas distinciones y condecoraciones, como la “Legión de Honor” de Francia, la Gran Cruz de: Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, París, Panamá, Honduras, Salvador, Guatemala, México, República Dominicana; y Gran Cruz de la Orden de Malta. Por otra parte, obtuvo el Premio Nacional de Relaciones Públicas; Premio “Hombres por la Paz”, otorgado por la Fundación Internacional Together for Peace; Premio Diego Portales. En mayo de 2001 recibió el “Premio Bicentenario 2002”, por su gran trayectoria de “servidor público”. En octubre de 2008 recibió el premio de la Fundación “Eduardo Frei Montalva”, que le fue entregado, por la similitud con los valores de Frei Montalva y Doctor Honoris Causa, Universidad Austral de Chile. Fue también un prolífico escritor, autor de varios libros y numerosos artículos en el ámbito de las ciencias sociales, publicados en revistas, tanto en Chile, como en Europa, Estados Unidos y resto de América Latina. Fue un hombre culto, promovía e interpretaba diferentes áreas del conocimiento y de la música. Tanto es así que fue el creador de la Ley de Donaciones Culturales N° 18.985, del 28 de junio de 1990 conocida como la Ley Valdés. Su estampa, su forma de ser, su estilo diplomático, caballeresco le daba un aire señorial, con apellidos aristocráticos que lo llamaron “el Conde”, denominación que se le dio con cariño y mucha estima y que él recibía con mucha simpatía, además se le decía que era el aristócrata más demócrata. Gabriel Valdés debió ser más, debió der Presidente de la Republica, pero las circunstancias políticas no le fueron favorables. Generosamente desistió y termino por proclamar a Patricio Aylwin Azocar y el año 1990 le correspondió investirlo con la banda presidencial. Capacidad, aptitud, disposición y voluntad para asumir y ejercer dicho cargo lo tenía de sobra como también una adhesión ciudadana mayoritaria. Él dijo una vez “lo que pasa es que vocación política tengo, pero ambición, me falta mucha”. Eso retrataba la grandeza de este gran hombre que a veces resulta difícil igualar. El día de su muerte Chile se vistió de luto y así lo decreto el Gobierno con dos días oficiales de Duelo Nacional. Mucha gente fue a despedirlo y la asistencia fue multitudinaria tanto en su velatorio en la Catedral de Santiago, como en sus funerales. Ese día nos dimos cuenta, aunque ya lo percibíamos en vida de él, del cariño y aprecio que el pueblo de Chile sentía por Gabriel Valdés. Un funeral grandioso. A él llegaron autoridades políticas, sociales, culturales, religiosas y de todo tipo, tanto nacionales como internacionales. Gabriel Valdés Subercaseaux, nos dejó pero nos entregó un legado riquísimo de valores, virtudes, ideas y sentimientos humanos profundos que hoy persisten y que es necesario mantenerlos y aplicarlos en todo su rigor por el bien del país y de su gente. El monumento que se propone será una enseña material. Como un faro luminoso que recuerde su figura. Como un ejemplo real de un servidor público, de un gran luchador y de un hombre de Estado. Será para no olvidarlo, sino para recordarlo y tenerlo siempre y eternamente presente. Y agradecer y reconocer todo lo que hizo por Chile. Por lo anterior, es que venimos a presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo primero: Se autoriza erigir un monumento en homenaje Al ex senador y Canciller de la República de Chile don Gabriel Valdés Subercaseaux. Artículo segundo: El monumento se erigirá en la comuna de Santiago. Artículo tercero: Las obras se financiarán mediante erogaciones populares, obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas que determine la comisión especial que se crea en el artículo quinto, en coordinación con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Artículo cuarto: Créase un fondo con el mismo objeto señalado en el artículo anterior, el que además estará constituido por donaciones y aportes privados. Artículo quinto: Créase una Comisión Especial de cinco miembros ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por un Senador, un Diputado, un representante del Ministerio de Educación, el Alcalde o Alcaldesa de la Municipalidad de Santiago o el representante que designe y la hija de don Gabriel Valdés, señora María Gracia Valdés Soublette. El Senador y el Diputado serán nominados por las respectivas Cámaras y deberán representar el territorio donde se erigirá el monumento. Artículo sexto: La comisión tendrá las siguientes funciones: Llamar a concurso público de proyectos, fijar sus bases y condiciones y resolverlo. Determinar el sitio en que se ubicará el monumento, en coordinación con el alcalde de la municipalidad de Santiago y con el Consejo de Monumentos Nacionales. Organizar la realización de las colectas públicas a que se refiere el artículo tercero. Administrar el fondo creado por el artículo cuarto. Artículo Séptimo: Si al concluir la construcción del monumento resultaren excedentes de las erogaciones recibidas, estos serán destinados a los fines que la Comisión Especial determine. Artículo Octavo: El monumento deberá erigirse en un plazo de cinco años, contado desde la publicación de la presente ley. 8. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA MOLINA Y DEL DIPUTADO SEÑOR EDWARDS, QUE “MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA”. (BOLETÍN N° 9934‐03) 1. Antecedentes: La institucionalidad en Chile en materia de defensa de la competencia en encuentra en el Decreto Ley 211 de 1973, al que posteriormente se introdujeron algunos ajustes con las reformas que dieron origen a la ley Nº 19.610, que fortalece las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica; la ley Nº 19.911 que crea el Tribunal de Defensa de la libre Competencia y la ley Nº 20.361, que apunta a entregar más herramientas a los organismos de defensa de la competencia. La defensa de la competencia se refiere a la actividad directa de la Fiscalía Nacional Económica contra prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica, y el análisis de concentraciones empresariales que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente de los mercados y el bienestar del consumidor. Han sido varios los casos públicos de colusión que han hecho que la ciudadanía y las autoridades tomen conciencia de la importancia de contar con un sistema que proteja la libre competencia, y a la vez ha sido posible advertir una serie de falencias en la legislación vigente, dentro de las cuales se encuentran la falta disuasiva que poseen las actuales sanciones contempladas en la ley, la ausencia de una figura penal especial que contemple la colusión, y la falta de proporcionalidad de las multas con el beneficio obtenido. A lo anterior, se suma la imposibilidad que tienen los consumidores de reclamar una indemnización de perjuicios a través de un procedimiento especial, lo cual les impide obtener en forma expedita una indemnización por el daño sufrido. Según el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la colusión es entendida como un acuerdo respecto de la cantidad a producir, con miras a alcanzar determinados precios o rangos de precios, restringiendo o suprimiendo la competencia entre sus partícipes. La Fiscalía Nacional Económica ha señalado que la colusión entre competidores es la figura reconocida como más nociva para el funcionamiento de los mercados. Ella impide que los precios, la cantidad de producción y la calidad de los productos y servicios sean determinados libremente por la oferta y la demanda, en libre competencia. Como resultado de la colusión entre competidores, en los mercados afectados por ella, los precios son más elevados que los competitivos, hay menos productos disponibles y la calidad de los mismos es inferior a la que puede encontrarse en mercados competitivos. Ello porque desaparecida la rivalidad entre los competidores, estos carecen de todo incentivo para innovar y mejorar sus productos. Además, se afecta al consumidor, impidiendo que todas las personas que en competencia perfecta adquirían estos productos las adquieran luego de la colusión y que quienes estén en condiciones de pagar más, puedan gastar la diferencia en adquirir otros productos. Este comportamiento se agrava si los productos objeto de la colusión son de necesidad básica y responden a situaciones de monopolio o oligopolio como el caso de las farmacias. El adquirente de productos o servicios víctima de colusión entre competidores termina pagando más y/o recibiendo menos que si, en el caso, dichos competidores u oferentes hubieran competido efectivamente. La llamada “colusión” para fijar precios ha sido objeto de amplio debate y muchas propuestas legislativas han sido presentadas en el congreso, sin embargo, ninguna ha llegado a buen término. 2. Considerando: 2.1. La necesidad de una figura penal especial: En nuestro ordenamiento jurídico, las conductas atentatorias de la libre competencia se tipificaron como tales, por primera vez con la ley Nº 13.305 de 1959, donde se castigaba con penas de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa todo acto que tendiera a impedir la libre competencia dentro del país. Sin embargo, en el año 2003 la ley Nº 19.911 eliminó el carácter penal de las conductas consistentes en impedir, restringir o entorpecer la libre competencia mediante acuerdos expresos o tácitos entre agentes económicos, o las prácticas concertadas entre ellos, que tengan por objeto fijar precios de venta o de compra.1 A su vez, hay quienes han pretendido aplicar la figura del artículo 285 del Código Penal a la figura de la colusión, sin embargo, esta norma no contempla como modalidad típica la “coligación” o acuerdo de precios, expreso o tácito, el que estima lícito. Para la existencia de un delito, en la forma prescrita por este artículo, se exige el despliegue de medios fraudulentos para inducir a engaño o error alguno de los contratantes en la libre concurrencia de mercaderías. 2 Dentro de las principales críticas de los detractores a la penalización de la libre competencia es que todo tipo penal debe describir las conductas que sanciona de manera precisa, de forma que los sujetos a los cuales se dirige la norma tengan la certeza de lo que está prohibido por el legislador y que el escenario actual en el que se desenvuelven los agentes económicos es complejo, por lo que es importante no introducir reglas que señalen per se las conductas que constituyen atentados en contra de la libre competencia. También, se planteó, que pocas veces se dio paso a la acción penal, lo que en ningún caso constituye un argumento sólido para que no se contemple el tipo en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, pese a todo lo anterior, la experiencia ha demostrado que las conductas antimonopólicas muchas veces resultan ser altamente lucrativas, por lo que el costo de delinquir no es disuasivo para los infractores, ya que las ganancias pueden superar ostensiblemente los montos de las eventuales multas que se les podrían aplicar. En el caso de la colusión, el riesgo de cárcel tiene un efecto disuasivo importante, por lo que debiera restaurarse como pena adicional a las multas, ya que para los empresarios tiene un impacto social mayor el hecho de ser condenados por una sanción penal que podría traducirse en el cumplimiento de una pena efectiva en la cárcel, que el simple pago de la multa. La existencia de castigos como cárcel, multas y el pago de daños por parte de los responsables a sus víctimas pueden jugar un rol disuasivo importante, sobretodo en aquellos casos en que el infractor, a consecuencia de una conducta ilícita, aumenta su patrimonio en millones de pesos. 2.2 La ausencia disuasoria de las sanciones contempladas en la legislación vigente. A lo señalado en el punto anterior, hay que agregar que nuestra actual legislación contempla como sanción una multa a beneficio fiscal máxima de treinta mil unidades tributarias anua- NOTA AL PIE 1 Matus, Jean Pierre, “Acerca de la actual falta de punibilidad en Chile de los acuerdos de precios”, http://www.politicacriminal.cl/Vol_07/n_14/Vol7N14A3.pdf. 2 Idem. les en el caso de los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra otras condiciones de comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de licitación. Los hechos han demostrado que estas multas son absolutamente insuficientes, atendido el beneficio obtenido por quienes incurrieron en las conductas colusivas, por tanto es perfectible y se debe fortalecer el sistema de multas, sin topes y que se base en un porcentaje del beneficio económico obtenido por quienes incurrieron en la conducta, junto con establecer importantes inhabilidades a las personas que operan el sistema. A esto, se suma que en agosto del año 2012 se entregaron las conclusiones de una Comisión Asesora Presidencial para la defensa de la libre competencia, donde se planteo que había un espacio para perfeccionar las sanciones a aquellas personas naturales y/o jurídicas que participen de la ejecución o elaboración de actos anticompetitivos, y se recomendó establecer inhabilidades a cargos de representación pública incluyendo la participación en directorios de sociedades anónimas abiertas de aquellas personas involucradas en la elaboración y/o puesta en práctica de una colusión. Además, se recomendó que el TDLC adopte una política de multas basada en un porcentaje de las ventas materializada por los partícipes del ilícito. 2. 3 La dificultad de los consumidores para resarcir el perjuicio sufrido a raíz de los actos de colusión. En el marco de las actividades económicas del mercado, los agentes económicos pueden afectar a los individuos como consumidores, pero no en sentido individual, sino colectivo, pues lo que esta en juego es su derecho a gozar los beneficios obtenidos de la lucha competitiva libre y leal o por las regulaciones establecidas por el Estado en su favor. Sin embargo, en la práctica, los consumidores se encuentran muy desprotegidos, por tanto es necesario potenciar el servicio público que vela por el respeto y protección de los derechos de los consumidores, es decir el SERNAC, a fin de que pueda reclamar en forma colectiva, por sentencias dictadas por el tribunal de la libre competencia, ya que el procedimiento colectivo sólo procede cuando hay infracciones específicas a la Ley de Protección al Consumidor. Por tanto y en consideración a todo lo señalado precedentemente, los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo Primero: Para modificar del Decreto Ley 211 de 1973, refundido en el DFL 1 del año 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la siguiente manera: Artículo 1: Para agregar la siguiente frase final al inciso primero del artículo 3: “, y sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que correspondan”. Artículo 2: Para agregar el siguiente inciso segundo y tercero nuevo al artículo tercero, pasando el inciso segundo a ser cuarto y así sucesivamente: “Las personas naturales que ejecuten, acepten, u obtengan beneficios económicos de las conductas señaladas en el inciso anterior, serán sancionadas con presidio menor en su grado medio a máximo, sin perjuicio de las multas y sanciones establecidas en esta ley. Para efectos de hacer efectiva esta responsabilidad penal, serán competentes para conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, los Tribunales Ordinarios de Justicia.” Artículo 3: Para sustituir en la letra c) del artículo 26 la frase “ hasta por una suma equivalente a veinte mil unidades tributarias anuales y, en el caso de sancionar una conducta prevista en la letra a) del artículo 3°, hasta por una suma equivalente a treinta mil unidades tributarias anuales.”, por: “Hasta por una suma equivalente al doble del beneficio efectivamente obtenido por el infractor producto de la afectación a la libre competencia, y en caso de reincidencia se elevará al triple. Todo esto, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que correspondan.” Artículo 4: Para agregar el siguiente inciso final al artículo 26: “Esta sentencia definitiva deberá notificarse al Ministerio Público a fin de que se persigan las responsabilidades penales que de ella se pudieran desprender” Artículo 5: Para agregar una nueva letra d) al artículo 26. “Inhabilitar para optar a cargos públicos, sean de elección popular o no, y para participar en directorios de sociedades anónimas abiertas o ejercer como director o ejecutivo en empresas y/o sociedades del Estado por un término de hasta cinco años, a las personas naturales y/o jurídicas que participen de la ejecución o elaboración de actos anticompetitivos.” Artículo 6: Para agregar en el artículo 30 un inciso tercero que señale: “Cuando la infracción a la presente ley, afecte el interés difuso o colectivo de los consumidores según lo establecido en la ley 19.946, los legitimados activos podrán reclamar la indemnización de perjuicios mediante el procedimiento especial establecido en su párrafo 2 del título VI.” Artículo Segundo: Para modificar el Código Penal de la siguiente manera: Artículo 1: Incorpórese en el título VI, párrafo 7º el siguiente artículo 286 bis: “El que ordene, celebre o ejecute acuerdos expresos o tácitos, mediante los cuales se fijen precios de venta o de compra, se limite su producción, se asignen cuotas de mercado o zonas de desarrollo de la actividad, o se impida el ingreso de nuevos agentes, de tal manera que con dichos acuerdos o prácticas se impida la libre competencia, será penado con presidio o reclusión menor en su grado medio a máximo y una multa fiscal de hasta 1000 unidades tributarias mensuales.” Artículo Tercero: Para modificar la Ley 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, de la siguiente manera: Agregar, en el inciso primero del artículo 51, entre la palabra “consumidores” y el punto seguido que le sucede la expresión: “, sea por infracción a las normas de esta ley o del D.F.L. 1 de 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. 211 de 1973”. 9. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GUTIÉRREZ, DON HUGO; CASTRO; ESPINOZA, DON FIDEL; MONSALVE, POBLETE Y ROCAFULL, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE DELITOS DE COHECHO Y PREVARICACIÓN, Y EL CÓDIGO TRIBUTARIO EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL CASO DE DELITOS TRIBUTARIOS”. (BOLETÍN N° 9935‐07) “Vistos: Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Considerando: 1.Que la actual legislación, que cubre los casos que a nivel comparado se denominan “delitos de corrupción” para efectos de su sanción, se encuentran contemplados en el Código Penal, en los artículos 248, 248 bis, 249, 250 y 250 bis principalmente, cuando estos se refieren al delito de cohecho y soborno (funcionario público nacional y extranjero respectivamente). Teniendo en consideración los recientes casos en donde el Ministerio Público ha iniciado investigación, por primera vez en la historia nacional, se ha develado una zona de criminalidad que durante nuestros años como República no ha sido abordada con la fuerza necesaria para tratar de evitar conductas, ya sea de funcionarios públicos como de particulares, que busquen vulnerar el correcto funcionamiento de la administración pública, y de la confianza que en general deposita el ciudadanos1 en quienes ostentan alguna función pública al interior del aparato del Estado. Es bajo estas consideraciones, que este proyecto de ley busca introducir modificaciones al quantum de las penas asignadas a estos delitos, pues se estima que el legislador debe colocar especial atención a aquellas actividades que no solo colocan en peligro el bien consistente en el correcto funcionamiento de la administración, sino que, en concordancia con el sistema democrático estas conductas criminales ponen en serio riesgo la probidad, el profesionalismo y el legítimo ejercicio de funciones públicas que van en beneficio de millones de chilenos. Esta especial preocupación por la corrupción en el sector público se tradujo en la dictación de la ley Nº 19.645, publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 1999, que, básicamente, introdujo una serie de modificaciones en el título V del libro II del Código Penal. La propia denominación con que esta ley fue publicada (“Ley. 19.645. Modifica disposiciones del Código Penal que sancionan delitos de corrupción”) demuestra que para el legislador el problema de la corrupción se centra en el ámbito público, dado que sólo se hicieron cambios en la regulación de los delitos cometidos por empleados públicos. Además, esta ley tuvo como importante antecedente la Convención interamericana contra la corrupción, adoptada en Caracas el 29 de marzo de 1996, aprobada por el Congreso Nacional en septiembre de 1998 y promulgada mediante Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 1879, del 29 de octubre de 1998, que se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de febrero de 1999. NOTA AL PIE 1 Bacigalupo, Sobre la reforma de los delitos de funcionarios, en Documentación Jurídica, año 1983, p. 1100 Se estima que, si bien, no existen desde un punto de vista moral delitos más o menos graves. Sí se puede diferenciar respecto de la magnitud del daño que provocan en el entramado social. Un asesinato no es cualitativamente equiparable a un delito contra la propiedad, y un delito que corrompe el sistema de gestión pública tampoco es similar en su dañosidad a un simple delito de hurto o robo en lugar habitado. Lo que se quiere dejar en claro, es que los delitos denominados de corrupción vulneran una serie de valores apreciados para preservar la confianza en las instituciones públicas, y de paso, con ocasión de su baja penalidad, relativizan la importancia del discurso de probidad, transparencia y eficacia que se ha ido gestando en los últimos diez años con la aprobación de reformas y establecimiento de mecanismos para asegurar el correcto funcionamiento del aparato estatal. En la actualidad, dentro de la doctrina, al menos española2 que se ha ocupado del objeto de protección de este tipo de delitos se encuentra la idea de que el bien jurídico cautelado es el de la “imparcialidad en el ejercicio de la función pública” que entre sus defensores se encuentra la profesora María José Rodríguez Puerta que en sus palabras indica: “lo que propiamente se configura como objeto de tutela es el respeto al principio de imparcialidad, que vincula de un lado a los poderes públicos, en cuanto principio alumbrador del ejercicio de la actividad administrativa y judicial, y, circunscrita a la desviación del fin, a la actividad legislativa o política. El referido principio es proyectable también a los ciudadanos, en cuanto destinatarios de esa actividad pública, dado que la relación con estos últimos viene también limitada por el respeto a la Constitución y los principios en ella consagrados”3 Es en vista de lo anterior que a su vez, esta modificación en la cuantía de la pena alcance por cierto a quienes desde la vereda particular actúen delictivamente como sujetos activos del delito de cohecho, y no sean sólo los funcionarios públicos afectados por esta modificación. 2.Que en este contexto es importante dar un tratamiento más riguroso al delito de prevaricación de los abogados, aunque la argumentación argumentación es distinta al delito de cohecho con respecto al bien jurídico que implica y la protección a la cual se busca alcanzar. El ejercicio de la profesión de los abogados es uno de los más sensibles para la comunidad, puesto que está en juego aspectos tan importantes como el patrimonio o la libertad de las personas, quienes se ven en la obligación de depositar su confianza en estos profesionales, pero sienten que no están debidamente protegidos por la legislación frente a actos de deshonestidad del profesional en ejercicio de sus funciones. Los abogados, quienes ejercen el mandato de sus patrocinados deben ajustar su desempeño conforme a los patrones éticos a los cuales se ha comprometido solemnemente desde que uno de los Poderes del Estado (Poder Judicial) le otorga el título profesional de abogado, ante el Pleno de la Excma. Corte Suprema jurando respetar las leyes y la Constitución, y por cierto el Código de ética Profesional. Precisamente, lo que se protege con el delito contemplado en el artículo 231 del Código Penal en donde se sanciona no solo el descubrimiento de secretos del cliente, sino que también el perjuicio provocado maliciosamente, es por ello que es preferible hablar de deslealtad o infidelidad profesional, como términos que comprenden mejor el alcance y esfera de pro- NOTA AL PIE 2 Referencias bibliográficas certeras en RODRÍGUEZ COLLAO y OSSANDON WIDOW, “Delitos contra la función pública”, Editorial Jurídica de Chile, año 2008. 3 Rodríguez Puerta, El delito de cohecho: problemática jurídico-penal del soborno de funcionarios, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 83. tección de este delito, y no como comúnmente se denomina como “prevaricación de abogados y procuradores”. Ciertamente el bien jurídico protegido es el correcto desempeño de la función jurisdiccional, no obstante que se contemple en el Título V, Libro II “de los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos (…)”, de manera impropia. Puesto que los sujetos activos no son funcionarios públicos que infrinjan un deber funcionario en su actuar.4 Uno podría agregar que el desprestigio de la profesión legal se ve mermado constantemente con la actuación torcida del abogado, que incurre en alguna de las hipótesis típicas de los artículos antes mencionados. Por lo que su sanción que actualmente es la de “suspensión en su grado mínimo de la profesión”, debiese modificarse por la de “inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de la profesión”, en el entendido que con dicho incremento de penalidad quienes ejerzan la profesión se inhiban de realizar conductas que a diario colocan en entre dicho la confianza que los ciudadanos depositan en el abogado, pues muchas veces es e primer actor relevante para acceder a la justicia. Aquella deslealtad debe tener un costo no menos en la sanción para aquellos que utilizan maliciosamente la profesión para sacar provechos. 3. Que junto con aumentar las penas, para hacer más efectiva la persecución penal respecto a los delitos de cohecho, es necesario agregar una regla especial de prescripción para efectos de que aquellos funcionarios públicos que están siendo investigados por un delito de corrupción no gocen de ventajas con respecto a la posible oportunidad desde donde se cuente el plazo de prescripción del delito que estaba realizando o realizó al interior de la Administración del Estado. Es necesario que los plazos de prescripción de la acción penal comiencen a correr de una manera diversa a los demás delitos, estableciendo normas especiales, ya que sólo después que deje de ejercer sus funciones se puede hablar de negligencia de los órganos persecutores, que es lo que justifica la prescripción, por eso se dispone agregar un inciso final al artículo 248 bis del Código Penal en este sentido. Que, por último, para efectos de una mayor agilidad y transparencia en la persecución de estos delitos, que frecuentemente traen aparejados delitos contemplados en el Código Tributario, es necesario hacer una modificación en la legitimación activa para seguir la responsabilidad penal, puesto que según el artículo 162 del Código Tributario, las investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios sancionados con pena corporal sólo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Servicio. La ciudadanía ha apreciado, con suma desconfianza, la falta de apoyo en el trabajo del Ministerio Público respecto a la investigación de los hechos vinculados a SQM, al no presentar oportunamente una denuncia o querella que le permita investigar sin inconvenientes. Según se ha filtrado por los medios de comunicación social, existen personas vinculadas a la actual administración que también están relacionadas con delitos tributarios, razón por la que no deja de sorprender la diferencia de criterios del referido servicio en la investigación de la causa Penta y SQM. Insistimos, Esta norma no tiene razón de ser, puesto que deja una serie de dudas en el actuar del Servicio de Impuestos Internos, ya que si bien en algunos casos actúa de manera expedita, en otros deja la sensación de no querer denunciar ni querellarse, lo que pone en tela de juicio la imparcialidad de la resolución, ya que el Director del Servicio es designado por el Presidente de turno, por ende, es un cargo de exclusiva confianza y, aunque debería ser técnico, es político. Esta situación de hecho demuestra que se requiere con urgencia un cam NOTA AL PIE 4 Rodríguez Collao y Ossandon Widow, “Delitos contra la función…”, Op. Cit. Nª1, pp. 223. bio para no dejar la decisión persecutoria sólo en manos del Director del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, El diputado Hugo Gutiérrez Gálvez y los demás adherentes que suscriben vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente, PROYECTO DE LEY Artículo Primero: modificase el artículo 248 bis del Código Penal, de la siguiente manera: 1. En el inciso primero, se reemplaza la palabra “medio” por la frase “máximo a presidio mayor en su grado mínimo”. 2. Se agrega el siguiente inciso final “El término de prescripción de la acción penal los delitos sancionados en este artículo, empieza a correr desde la cesación en el cargo del funcionario público investigado.” Artículo Segundo: modificase el inciso tercero del artículo 250 del Código Penal, de la siguiente manera: Se reemplaza la frase “reclusión menor en su grado medio”, por “presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo”. Artículo Tercero: modificase el inciso tercero del artículo 231 del Código Penal, de la siguiente manera: Se reemplaza la frase “suspensión en su grado mínimo”, por “inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio”. Artículo Cuarto: modificase el inciso primero del artículo 162 del Código Tributario, de la siguiente manera: Se elimina el punto seguido y la frase siguiente y se agrega la siguiente frase después de la palabra Servicio “o del Consejo de Defensa del Estado”. 10. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS VALLEJO, CARIOLA, CARVAJAL, CICARDINI, PROVOSTE, RUBILAR Y SABAT, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BORIC, JACKSON Y MIROSEVIC, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”. (BOLETÍN N° 9936‐07) ANTECEDENTES I. DEL PROPÓSITO Y FIN DE ESTA LEY El presente proyecto de ley tiene como propósito contribuir a erradicar las prácticas de acoso sexual callejero que experimentan mujeres, hombres, niñas y niños en Chile. Por otro lado, plantea la importancia de reconocer el acoso sexual callejero como un tipo de violencia, por lo que es deber del Estado tomar las medidas necesarias para combatirlo y educar a la población para que la sociedad rechace este tipo de conductas. II. DEL OBJETO DE ESTA LEY Es por ello, que el objetivo de este proyecto es establecer una legislación responsable, considerando con especial atención quienes se ven más expuestos a este tipo de violencia: mujeres, adolescentes y niñas. En ese sentido, este proyecto considera los tratados internacionales suscritos por Chile, como Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y va de la mano con iniciativas más recientes a cargo de las Naciones Unidas, que tienen por objetivo crear ciudades y espacios públicos más seguros para niños y niñas. Por esta razón, es que otro de los objetivos de este proyecto es lograr mayor igualdad en los espacios públicos para estos grupos de población más vulnerable. III. DE LOS FUNDAMENTOS DE ESTA LEY 1. Población afectada y grupos vulnerables Los fundamentos de esta ley se basan en la gran cantidad de población que sufre acoso sexual callejero. En una encuesta realizada por el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), entre el 26 de noviembre de 2014 y el 21 de enero de 2015, aplicada a hogares de las 32 comunas de la provincia de Santiago, además de Puente Alto y de San Bernardo, se entrevistaron 800 personas mayores de 18 años, con un intervalo de confianza del 95%, y un error muestral de 3,5%, se concluyó lo siguiente: -Del total de la muestra, 3 de cada 4 personas han sido víctimas de acoso sexual callejero el último año. -Aproximadamente el 85% de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual callejero los últimos 12 meses, mientras que alrededor de un 55% de hombres declaró haber sido víctima de algún tipo de acoso sexual callejero en el mismo periodo de tiempo. Esto reafirma la necesidad de una ley transversal, donde la condición de victimario sea indistinta del sexo. -30% de las y los encuestados declaran ser víctimas de este tipo de violencia por lo menos una vez a la semana, mientras que esta cifra se eleva casi al 40% cuando se desglosa la información según edad, y se ve la categoría de joven, (entre los 18 y 34 años), lo cual pone en evidencia la mayor vulnerabilidad de este grupo de población. Por otro lado, la encuesta también evaluó el nivel de desacuerdo sobre prácticas de acoso sexual callejero, así como el grado de sancionabilidad pertinente. En ese sentido, la encuesta concluyó lo siguiente: -A nivel global, 84.22% de los encuestados se manifiesta en desacuerdo con las prácticas de acoso sexual callejero, lo que ocurre de manera similar entre hombres y mujeres, con 80.22% y 85.86% respectivamente. -En el caso de las prácticas de acoso sexual callejero verbal y no verbal, de forma general el desacuerdo alcanza 58%. -Al hablar de las prácticas físicas de acoso sexual callejero (entendidas como tocaciones y roces o presión de genitales contra el cuerpo) el desacuerdo es casi total, alcanzando 94,31%, y siendo muy parejos estos porcentajes entre hombres y mujeres (92,54% y 95,04% respectivamente). -El desacuerdo global hacia el acoso sexual callejero por grabaciones, se alcanza un desacuerdo de un 88,38%. -El desacuerdo hacia el acoso sexual callejero consistente en acercamientos intimidantes, las persecuciones, el exhibicionismo y la masturbación pública es de 95,22%. -El porcentaje de encuestados que manifestaron acuerdo con sancionar de cualquier forma los siguientes actos fueron: -Comentarios sexuales o “piropos”: 90.37% -Tomar fotografías sin el consentimiento de la víctima: 91,09% -Persecución: 93.92% -Exhibicionismo: 96,45% -Acercamientos intimidantes: 97.08% -Roces: 98.1% -Masturbación en público: 98.73% -El porcentaje de encuestados/as que manifestaron acuerdo con sancionar de forma grave o muy grave los siguientes actos fueron: -Comentarios sexuales o “piropos”: 35.74% -Tomar fotografías sin el consentimiento: 62.72% -Persecución: 73.92% -Exhibicionismo: 87.96% -Acercamientos intimidantes: 81.49% -Roces: 80.76% -Masturbación en público: 95.03% Por tanto, el acoso sexual callejero corresponde a prácticas comprendidas como agresiones de carácter sexual, que si bien sufren en su mayoría mujeres y niñas, también hay un gran porcentaje de varones involucrados. La seguridad ciudadana se ve comprometida, al igual que una gran cantidad de menores de edad, considerados uno de los principales focos de vulnerabilidad en lo que respecta a este tipo de violencia. 2. Insuficiencia de la legislación actual Actualmente, en nuestro país no se encuentra regulado el acoso sexual callejero. Es por esto, que en los casos en que se denuncia, los funcionarios habilitados para tal fin se ven en la obligación de intentar subsumir la conducta denunciada a una norma que se encuentre expresa en nuestra legislación, como el caso del delito de “ofensas al pudor” contemplado en el artículo 373 del Código Penal. Lo anterior conlleva un error de conceptos al identificar acoso sexual callejero con una ofensa al pudor y las buenas costumbres, olvidando que los bienes jurídicos que se pretenden proteger son la libertad e indemnidad sexual. Otra respuesta que se puede encontrar en la legislación para afrontar la falta de regulación, es el delito de abuso sexual contemplado en el artículo 366 y ss. del Código Penal, pero que por sus requisitos deja fuera la mayor parte de la conductas que configuran el acoso sexual callejero, que a pesar de ser actos de relevancia y connotación sexual, no implican necesariamente un “contacto corporal con la víctima o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima”. Ante el fracaso de las posibles respuestas que otorga el ordenamiento para subsanar la falta de regulación sobre acoso sexual callejero, es que resulta imperante la creación de un nuevo delito sexual que sancione dichas conductas. IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY El proyecto de ley que crea el delito de acoso sexual callejero pretende que se incorpore en artículo único el párrafo 11 al final del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, título que se refiere a los delitos sexuales. Para tales efectos, se establece qué se entiende por acoso sexual callejero, acordando sus requisitos: i) Acto de naturaleza o connotación sexual, ii) Ocurrido en lugares o espacios públicos o de acceso público, iii) En contra de una persona que no desea y/o rechaza la conducta, iv) Afectando la dignidad y/o derechos fundamentales de la víctima. En base a lo anterior, se crearon 3 conductas distintas constitutivas de acoso sexual callejero sancionadas como faltas, con una multa que varía de media a 15 UTM: -Acoso sexual callejero consistente en actos no verbales y verbales. En este caso se otorga la elección de reemplazar la multa por disculpas públicas que otorgue el acosador/a al acosado/a. -Acoso sexual callejero consistente en la captación de imágenes, videos o cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona o de alguna parte de él. -Acoso sexual callejero consistente en actos como abordajes intimidantes, exhibicionismo o masturbación, persecución a pie o en medios de transporte. Asimismo se estableció que el delito de acoso sexual callejero consistente en actos que involucren el contacto físico de carácter sexual, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de poder aumentarse en un grado esta pena, mediando las circunstancias detalladas en el proyecto. En concordancia con el enfoque preventivo que se pretende plasmar en el presente proyecto, se establece que sin perjuicio de las multas y penas aplicadas a las conductas de acoso sexual callejero, el tribunal estará facultado para decretar la medida alternativa de asistir a sesiones de un programa de sensibilización y concientización sobre el acoso sexual callejero, las cuales no podrán ser menos de cinco. Por tanto, considerando los antecedentes y fundamentos expuestos anteriormente, y teniendo por principal objetivo lograr que el espacio público sea un lugar seguro, sin agresiones ni agresores sexuales, reconociendo al acoso sexual callejero como un tipo de violencia y tomando medidas al respecto, los Diputados abajo firmantes presentan el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo único.- Incorpórase el siguiente párrafo 11 al Título VII del Libro Segundo del Código Penal: 11. Del delito de acoso sexual callejero. Artículo 389 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, se entenderá por: 1º Acoso sexual callejero: Todo acto de naturaleza o connotación sexual, cometido en contra de una persona en lugares o espacios públicos, o de acceso público, sin que mantengan el acosador y la acosada relación entre sí, sin que medie el consentimiento de la víctima y que produzca en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación, o un ambiente ofensivo en los espacios públicos. 2º Acosador/a: Toda persona que realice un acto o actos de acoso sexual callejero en los términos señalados en el presente párrafo. 3º Acosada/o: Toda persona víctima de un acto o actos de acoso sexual callejero en los términos señalados en el presente párrafo. Artículo 389 ter.- El que cometiere acoso sexual callejero consistente en actos no verbales como gestos obscenos, jadeos y cualquier sonido gutural de carácter sexual, así como también el que pronunciare palabras, comentarios, insinuaciones o expresiones verbales de tipo sexual alusivas al cuerpo, al acto sexual, o que resulten humillantes, hostiles u ofensivas hacia otra persona, será sancionado con una multa de media Unidad Tributaria Mensual. Sin perjuicio de lo anterior, la multa podrá ser sustituida por las disculpas públicas que ofrezca el acosador/a a la acosada/o. Artículo 389 quáter.- El que cometiere acoso sexual callejero consistente en la captación de imágenes, vídeos o cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona o de alguna parte de él, sin su consentimiento y mediando connotación sexual, será sancionado con una multa de 5 a 10 Unidades Tributarias Mensuales. Artículo 389 quinquies.- El que cometiere acoso sexual callejero consistente en actos como, abordajes intimidantes, exhibicionismo o masturbación, persecución a pie o en medios de transporte, será sancionado con multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales a 20 Unidades Tributarias Mensuales. Artículo 389 sexies.- El que cometiere acoso sexual callejero consistente en un acto que involucre el contacto corporal de carácter sexual, como tocaciones indebidas, roces o presión de genitales contra el cuerpo de otra persona, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo. Artículo 389 septies.- Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal estará facultado en todos los delitos descritos por este párrafo, para decretar la medida alternativa de asistir a un mínimo de cinco sesiones de un programa de sensibilización y concientización sobre el acoso sexual callejero. Artículo 389 octies.- La pena será aumentada en un grado si se cometiere el delito descrito en el artículo 389 sexies, mediando las siguientes circunstancias: Cometer el delito en contra de menores de edad, adultos mayores, personas discapacitadas, personas cuya movilidad se encuentre reducida y aquellas que se encuentren en estado de intoxicación temporal, cometer el delito en compañía de otras personas o con pluralidad de participantes”.