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El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
El señor VENEGAS.-
Señor Presidente, quiero contextualizar cómo se ha dado la tramitación de este proyecto de ley.
Como es sabido, cada cierto tiempo nos vemos en la obligación de aprobar proyectos de ley de esta naturaleza, que generan un incentivo al retiro no solo de profesores, sino también de funcionarios públicos y funcionarios municipales.
Cabe aprovechar la ocasión para denunciar que esto no sería necesario si tuviéramos un sistema previsional justo y adecuado, y no este sistema impuesto, que, en el caso de los profesores, de los funcionarios públicos y de los funcionarios municipales, termina entregando pensiones indignas, casi miserables. Creo que es importante decirlo, porque a veces, con liviandad, se dice que “tenemos que legislar al respecto”, sin considerar cuál es la causa basal -como diría alguie nde este problema: el sistema previsional que rige para quienes fuimos obligados a incorporarnos al sistema de administradoras de fondos de pensiones.
Esto lo digo a propósito de que hoy algunos señalan que han hecho una gran contribución a la patria por ser dueños de una AFP.
A lo largo de muchos años, diferentes colegios profesionales y gremios han negociado con los gobiernos de turno para conseguir una reparación al daño previsional que han sufrido miles de empleados públicos y, por cierto, profesores.
La fórmula que se ha usado en el caso de los profesores ha sido financiar el pago de la respectiva bonificación de incentivo al retiro con cargo al sostenedor. En ese sentido, por lo general el Ministerio de Educación hacía entrega de una suerte de préstamo, por la vía del adelanto de subvenciones, a pagar en el futuro, pero ponía una regla: los sostenedores -el departamento de administración de la educación municipal o la corporación, según sea el caso no podían endeudarse más allá del 3 por ciento del total de la subvención. Es decir, ponía un límite a los municipios más complicados. Al respecto, es conocido que la inmensa mayoría de los municipios, salvo honrosas excepciones, tienen problemas financieros muy graves.
El costo total potencial del proyecto original para el sistema municipal, que voy a poner en números gruesos, es del orden de los 180 mil millones de pesos.
El informe financiero de enero pasado sobre el proyecto original señalaba que el aporte fiscal directo era de 20 mil millones de pesos, y el resto, como he señalado, se financiaría por la vía de que los sostenedores pidieran adelantos de subvención, es decir, con más endeudamiento.
Junto con los diputados miembros de la comisión, hicimos notar al gobierno, con el mayor de los respetos, pero también con energía, que esa fórmula -seguir endeudando a los municipios y contribuyendo al aumento de su crisis financiera no parecía razonable, dado el contexto actual de discusión de la reforma educacional y de creación de una nueva institucionalidad para la educación pública y para el fortalecimiento de la misma.
Al respecto, quiero hacer un reconocimiento -nobleza obliga-: el gobierno, en las personas del ministro de Educación, de la subsecretaria de esa cartera y del director de Presupuestos, señor Sergio Granados , nos escuchó y se comprometió a estudiar durante febrero una nueva fórmula de financiamiento, que nos daría a conocer cuando reiniciáramos el proceso legislativo.
Quiero ser muy sincero: la fórmula presentada -dada la experiencia que existe en relación con las negociaciones que hemos llevado a cabo con Hacienda y con la Dirección de Presupuestos nos sorprendió por lo generosa, porque de los 20 mil millones de pesos iniciales de aporte fiscal directo, se pasó a un aporte fiscal directo de 115 mil millones de pesos; es decir, inicialmente teníamos un aporte fiscal directo de 11,2 por ciento, que aumentó a 65,2 por ciento.
Primer elemento positivo del proyecto que estamos discutiendo.
En segundo lugar, el bono de incentivo al retiro es mejor que los bonos que se han dado en otras ocasiones, no solo por el monto -21.500.000 pesos-, sino porque además la estructura de entrega del beneficio es mejor que antes. En efecto, en el pasado el bono máximo se entregaba a los profesores que tenían cuarenta y cuatro horas contratadas, o sea, el máximo. Hoy el monto máximo de la bonificación favorecerá a los profesores que tengan un contrato de 37 a 44 horas. El resto la recibirá en proporción al número de horas contratadas.
Adicionalmente, el proyecto de ley contiene otro elemento nuevo y positivo: incorporó -acto que me parece de entera justicia a todos los profesores regidos por el decreto ley N° 3.166. Para los que no lo conocen, dicho decreto ley, dictado durante el gobierno militar, entregó los colegios técnico-profesionales a organizaciones de empresarios, por lo que tienen un régimen de financiamiento distinto. Sus profesores nunca fueron beneficiados por las leyes que entregaron estos bonos. Esta vez fueron incorporados. Estamos hablando de alrededor de quinientos profesores beneficiados por la iniciativa, de los diez mil y algo más que lo serán en todo el país.
De manera que el sistema de financiamiento del proyecto es significativamente mejor, pues hay un mayor esfuerzo fiscal. En consecuencia, si las municipalidades aprovechan esta oportunidad para racionalizar sus dotaciones, para hacer reducción de costos, entonces podría significar un impacto muy positivo en cuanto a mejorar su situación financiera. Es más, asesores nuestros con experiencia en la materia han señalado que si los municipios hicieran bien las cosas, el otorgamiento de este beneficio podría no costarles ni un peso, pues se financiaría por la vía de la reducción de costos, lo que significa no reemplazar profesores que están asignados o reemplazarlos por profesores que tienen un costo menor, porque los profesores beneficiados cumplen los requisitos para jubilar, por lo que están en el nivel más alto de ingresos.
Además, un tema importante que se discutió en la comisión es que no se repita que logremos por esta vía la jubilación de una buena cantidad de profesores, pero que después municipios, en una actitud un poquito irresponsable, vuelvan a contratar la misma cantidad de profesores y, en algunos casos, una mayor, con lo cual no resuelven el problema crítico de su financiamiento.
Por esa razón, presentamos una indicación que dispone que cuando quieran contratar o reemplazar a los profesores que se van, deberán consultar al departamento provincial respectivo, el que deberá estudiar la dotación y elaborar un informe favorable. Incluso más, el alcalde tendrá que informar a los concejales respecto de las nuevas contrataciones.
Lo que se busca es racionalizar, hacer algo que tenga sentido común, para que esto se transforme en una oportunidad para que los departamentos de educación y las corporaciones racionalicen sus dotaciones docentes y, en consecuencia, alivien su precaria situación financiera. Hay muchos establecimientos que ya coparon el 3 por ciento, los que tienen garantizado el financiamiento. Los otros tendrán un financiamiento en relación con su nivel del endeudamiento.
Este es un gran proyecto, que ha sido mejorado significativamente y que profesoras y profesores de Chile esperan con ansias, por lo que debemos votarlo favorablemente.
He dicho.
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