OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9866?04)
OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9866?04) El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Prosecretario acaba de dar cuenta de un proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga una bonificación por retiro voluntario a los profesionales de la educación que indica, el cual ha sido calificado con urgencia de discusión inmediata, por lo que corresponde tratarlo en primer lugar de la Tabla. Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son la señora Cristina Girardi y el señor Matías Walker , respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, sesión 116ª de la presente legislatura, en 20 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 2. -Informe de la Comisión de Educación. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones. -Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Educación. La señora GIRARDI, doña Cristina (de pie).- Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y con urgencia calificada de discusión inmediata, que otorga una bonificación de retiro voluntario a los profesionales de la educación que indica. Fundamentos y objetivos del proyecto. Según se expresa en el mensaje remitido por su excelencia la Presidenta de la República, este proyecto de ley, que es fruto de un acuerdo que alcanzaron el gobierno y el Colegio de Profesores de Chile, tiene por objeto establecer un plan de retiro para los profesionales de la educación del sector municipal y aquellos que se desempeñen en establecimientos educacionales regidos por el decreto ley N° 3166, de 1980, que hayan cumplido o cumplan 60 o más años de edad, si son mujeres, o 65 o más años de edad, si son hombres, al 31 de diciembre de 2015, dicha fecha inclusive. Agrega que aquellos profesionales de la educación que presenten la renuncia voluntaria a la totalidad de las horas que sirven, podrán acceder a una bonificación de hasta 21.500.000 pesos, dependiendo de las horas de contrato y los años de servicio que acrediten ante su empleador. Para el sector municipal, la bonificación -así se estableció en el mensajees de cargo de los sostenedores, los que podrán solicitar anticipos de la subvención de escolaridad para dichos efectos. La diferencia entre lo que corresponda pagar al sostenedor municipal y el monto de la bonificación por retiro que establece el presente proyecto de ley, será financiada con un aporte extraordinario del fisco. Respecto de los profesionales de la educación que se desempeñan en los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3166, de 1980, su financiamiento será de cargo de la institución administradora hasta un monto equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio del profesional de la educación y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses. En caso de existir diferencias entre lo que corresponde pagar a la entidad administradora y el monto de la bonificación por retiro antes dicho, el fisco otorgará un aporte extraordinario equivalente a la diferencia. Por último, respecto de los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal, ya sea por administración directa de las municipalidades o a través de corporaciones municipales, en calidad de titulares o contratados, que tengan derecho al bono establecido en la ley N° 20.305, por encontrarse en la cobertura del citado beneficio, se compatibilizan los plazos para acceder a él. Posteriormente, el Ejecutivo, a solicitud de los diputados miembros de la comisión, presentó una indicación que modificó la forma de financiamiento de la bonificación por retiro voluntario correspondiente al sector municipal, establecida en el artículo 6° del proyecto. Cabe precisar que se mantiene la regla general que establece que la bonificación será de cargo del sostenedor del sector municipal hasta el monto que le correspondiere pagar en el caso de la indemnización establecida en el artículo 73 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, para lo cual la municipalidad o corporación podrá solicitar anticipos de subvenciones. La diferencia entre la bonificación por retiro voluntario y el monto que le corresponde pagar al sostenedor municipal, si la hubiere, será cubierta por un aporte extraordinario de cargo fiscal. La indicación del Ejecutivo agrega una nueva norma que crea un aporte complementario, de cargo fiscal que, por una parte, reintegrará en 25 por ciento el financiamiento que el sostenedor destine al pago total o parcial de la bonificación por retiro voluntario sin que solicite anticipo de subvención de escolaridad y/o financiará el 25 por ciento de los anticipos de subvenciones que requiera el sostenedor municipal para el pago de dicha bonificación. Por otra parte, dicho aporte complementario de cargo fiscal financiará el monto total que requiera el sostenedor cuando las cuotas de reintegro de los anticipos superen el 3 por ciento de la subvención de escolaridad. El aporte complementario de cargo fiscal que reintegra el 25 por ciento de los aportes propios del sostenedor será entregado por el Ministerio de Educación, si es solicitado por los sostenedores municipales dentro de los dos meses siguientes al pago efectivo de la bonificación al docente. En tanto, el aporte complementario que contribuirá a financiar el 25 por ciento de los anticipos de subvenciones se hará efectivo rebajando dicho porcentaje a las cuotas de reintegro que se aplican a contar del undécimo mes siguiente a la percepción del anticipo. Por lo tanto -es importante tenerlo claro-, la nueva propuesta de financiamiento del plan de incentivo al retiro de docentes se basa en un esfuerzo en términos de recursos fiscales incrementados fuertemente respecto de la propuesta inicial, pasando de un financiamiento de solo el 11,2 por parte del fisco al 65,2 por ciento que asumirá el Ministerio de Educación. El plan de retiro generará ahorros para el sostenedor por concepto de remuneraciones. Para asegurar que este ahorro sea efectivo, solo se permitirá llenar los cupos dejados por los docentes que se retiren, en casos fundados que sean aprobados por el Ministerio de Educación, con especial resguardo a la calidad de la educación de los estudiantes del sector público. Existe una indicación presentada por diputados de la Nueva Mayoría, que plantea lo siguiente: “En todo caso, dichas contrataciones deberán ajustarse al respectivo Plan de Desarrollo Educativo Municipal (Padem), conforme a lo dispuesto en el inciso quinto de este artículo.”. Por otra parte, se entregará un apoyo a todos los municipios que lo soliciten para hacerse cargo de la bonificación por retiro, en especial a los que presentan dificultades financieras, dada su limitada capacidad de endeudamiento, y se aseguran los recursos necesarios para no poner en riesgo el ejercicio del derecho de los docentes. En ese sentido, existe otra indicación de diputados de la Nueva Mayoría, que plantea: “Este pago será una obligación del sostenedor y no podrá utilizar los recursos en ningún otro fin.”. En este contexto, los aportes del Estado para el sector municipal ascenderían a 115.596 millones de pesos, esto es, 65,2 por ciento de los costos del plan de retiro para esta dependencia. Estos aportes se dividirían entre un aporte extraordinario y un nuevo aporte complementario, destinado a financiar parcial o totalmente la bonificación que sigue siendo de cargo del sostenedor. Constancias reglamentarias I. Idea matriz del proyecto. La iniciativa legal tiene como propósito otorgar un incentivo a los profesionales de la educación que tengan las edades legales requeridas para pensionarse por vejez, permitiendo que puedan hacerlo en mejores condiciones económicas, conforme a su dignidad profesional. II. No hay artículos que deban ser calificados como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado. III. El proyecto de ley fue conocido en su totalidad por la Comisión de Hacienda. IV. No hubo artículos ni indicaciones rechazados. V. Aprobación en general. El proyecto fue aprobado por mayoría de votos, con los votos a favor de las diputadas María José Hoffmann Opazo , Camila Vallejo Dowling y Cristina Girardi Lavín , y de los diputados Jaime Bellolio Avaria , Romilio Gutiérrez Pino , Giorgio Jackson Drago , Juan Morano Cornejo -en reemplazo de la diputada Yasna Provoste Campillay -, Alberto Robles Pantoja y Mario Venegas Cárdenas (Presidente). Se abstuvo el diputado Felipe Kast Sommerhoff. VI. Votación en particular. El proyecto, con la indicación sustitutiva del Ejecutivo y dos indicaciones parlamentarias, fue aprobado por unanimidad. Los artículos 1°, 2°, 4°, 5 ° y 8° fueron aprobados por 9 votos a favor, y los artículos 3°, 6° y 7°, por 10 votos afirmativos. VII.- Finalmente, en nombre de la Comisión, deseo agradecer en especial la excelente disposición del Ejecutivo, que, junto con hacer un gran esfuerzo para aumentar de modo considerable el financiamiento fiscal de esta bonificación, acogió y plasmó en el texto del proyecto, mediante la presentación de una indicación sustitutiva, las inquietudes planteadas por los miembros de la comisión. Es todo cuanto puedo informar a esta honorable Sala. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor WALKER (de pie).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo saludar al ministro Eyzaguirre y a los dirigentes del Colegio de Profesores. Me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, con urgencia calificada de discusión inmediata y de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación. Al tenor del informe de la comisión técnica, la totalidad del proyecto es de competencia de la Comisión de Hacienda. El texto aprobado por la Comisión de Educación fue tratado en una única sesión, en la que se contó con la participación de la señora Valentina Quiroga , subsecretaria de Educación, y del señor Jorge Rodríguez , subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos. Como señaló la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, el proyecto tiene como objeto otorgar una bonificación por retiro de hasta 21.500.000 pesos, la que se calculará en proporción a las horas contratadas y años de servicio y fracción superior a seis meses, considerando un máximo de 37 horas y 11 años. Con tal objeto, la iniciativa contempla un mecanismo de financiamiento mixto por parte del fisco y los sostenedores. En el caso de los sostenedores municipales, el financiamiento estatal alcanza al 65,2 por ciento en términos agregados; esto es, el monto del aporte extraordinario y el aporte complementario, mientras que el monto del aporte fiscal a cada uno de ellos dependerá de su nivel de endeudamiento actual y de la cantidad de profesores que se acojan al beneficio. Respecto de la parte que corresponderá pagar al sostenedor, se podrán solicitar adelantos de subvención, que se reintegrarán a partir del mes 11 y en 144 cuotas mensuales iguales y, en el caso de establecimientos de administración delegada, se financiará con cargo al aporte anual que el Ministerio de Educación les entrega para su operación. En el informe financiero sustitutivo Nº 28, de 3 de marzo de 2015, se señala que el costo total que demanda la bonificación por retiro voluntario de los profesionales de la educación asciende a 183.741 millones de pesos. Se precisa que el costo de la bonificación del sector municipal, de cargo fiscal, alcanza a 115.599 millones de pesos, lo que es equivalente al referido 65,2 por ciento del costo total para este sector y que corresponde a la suma del aporte extraordinario y del aporte complementario. Por su parte, el costo de la bonificación para los establecimientos de administración delegada por concepto de aporte extraordinario es de 1.496 millones de pesos. En resumen, el mayor gasto fiscal estimado por el proyecto de ley es de 117.095 millones de pesos, el cual para el 2015 será financiado con el presupuesto del Ministerio de Educación y, en lo que faltare, con traspasos del presupuesto del Tesoro Público. La diferencia de 66.646 millones de pesos es de cargo de los sostenedores. Adicionalmente, se hizo presente por el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos que, en relación con las finanzas municipales, el proyecto implica una potencial reducción de costos debido a que los profesores que se acojan a retiro serán reemplazados por profesores más jóvenes y con menor remuneración o, en parte, no serán reemplazados. En el primer caso, dicha reducción se estima en 80.300 millones de pesos al año y, en el segundo, la reducción de costos sería de 173.000 millones de pesos anuales. La Comisión, en consideración al mérito del proyecto y sus fundamentos expresados, lo aprobó por unanimidad en los mismos términos que la comisión técnica, y del mismo modo recomienda su aprobación a la Sala. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez . El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente, en primer lugar, aprovecho la ocasión para saludar al ministro de Educación, presente en la Sala. Cabe recordar que cuando ingresó a tramitación este proyecto de ley, que en las comisiones que lo estudiaron contó con los votos favorables de todos los sectores políticos, se advirtió que su financiamiento era muy complejo para las municipalidades -así lo hizo presente la Asociación Chilena de Municipalidades-, ya que del monto total de financiamiento, que se estimaba en algo más de 177.000 millones de pesos, 157.000 millones de pesos tenían que ser financiados por los municipios, con un aporte de 19.783 millones de pesos de parte del Estado. Esa situación cambió completamente y hoy el aporte comprometido por el gobierno supera los 115.000 millones de pesos. Evidentemente, esto cambia el contexto. Todos conocemos la dramática situación en materia de financiamiento que sufren algunos municipios a consecuencia del financiamiento del sistema educacional, lo cual obliga a las municipalidades a poner mensualmente recursos para financiar los costos de operación de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, creemos que la fórmula que se aprobó en la Comisión de Educación favorece sustancialmente un mejor mecanismo de financiamiento, pero, a la vez, permite que en relación con el objetivo final de este programa de incentivo al retiro, se reconozca a los profesores que están en condiciones de jubilar. Agradezco la favorable disposición y la acogida del gobierno a las propuestas que se le hicieron en la Comisión de Educación respecto de la necesidad de mejorar el financiamiento de esta futura ley. Tenemos más de diez mil profesores que, al 31 de diciembre del presente año, estarán en condiciones de acogerse a un merecido descanso. Lo que se busca con la entrega de este bono es compensar en parte un problema que arrastramos desde hace muchos años relacionado con las bajas pensiones. Debemos considerar que en el caso que nos ocupa, se trata de profesionales de la educación que tienen rentas cercanas a ochocientos mil pesos, un millón de pesos o un millón doscientos mil pesos, quienes cuando dejen de trabajar quedarán con un ingreso mensual en torno a los 200 mil pesos. Estamos ante una situación que preocupa. Por eso, el bono en comento les ayudará a enfrentar los primeros años tras optar por el retiro y el merecido descanso. Como país, tenemos el desafío de mejorar nuestro sistema de pensiones, para así elevar los montos que perciben las personas que se acogen a jubilación, de manera que puedan mantener su vida con un cierto nivel de seguridad y calidad. El Colegio de Profesores -a cuyos representantes, que nos acompañan en las tribunas, aprovecho de saludar hizo presente que este beneficio no se debe mantener solo por una determinada cantidad de años. En efecto, cada cierto tiempo tenemos que legislar para establecer una ley de incentivo al retiro que tiene vigencia solo por un período acotado. Así, por ejemplo, la que se encuentra en tramitación rige solo por el 2015. Por eso, señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al señor ministro que espero que cuando ingrese el proyecto de ley sobre carrera docente, ojalá se consideren, más allá de la formación, el ingreso a la carrera, la mantención en ella y el desarrollo profesional, las condiciones de egreso del profesor. Ojalá se establezcan beneficios permanentes en favor de los profesionales de la educación, de manera que cuando estos terminen su ejercicio profesional, se puedan pensionar en buenas condiciones, de acuerdo con su dignidad profesional, y con un reconocimiento del país. En suma, pido que, en lo sucesivo, respecto de esta materia no se legisle por una determinada cantidad de tiempo, sino que en la carrera docente queden establecidos los derechos y beneficios que tendrán los profesores cuando se acojan a jubilación. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad para dar una señal contundente de cómo creemos que debe ser una carrera moderna y efectiva, que premie y reconozca el mejor desempeño, pero que también sea un reconocimiento a los años de ejercicio profesional. Por último, agradezco a todos los colegas integrantes de las dos comisiones que estudiaron la iniciativa, por haberle entregado su aprobación, y anuncio que la UDI la va a votar favorablemente. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas . El señor VENEGAS.- Señor Presidente, quiero contextualizar cómo se ha dado la tramitación de este proyecto de ley. Como es sabido, cada cierto tiempo nos vemos en la obligación de aprobar proyectos de ley de esta naturaleza, que generan un incentivo al retiro no solo de profesores, sino también de funcionarios públicos y funcionarios municipales. Cabe aprovechar la ocasión para denunciar que esto no sería necesario si tuviéramos un sistema previsional justo y adecuado, y no este sistema impuesto, que, en el caso de los profesores, de los funcionarios públicos y de los funcionarios municipales, termina entregando pensiones indignas, casi miserables. Creo que es importante decirlo, porque a veces, con liviandad, se dice que “tenemos que legislar al respecto”, sin considerar cuál es la causa basal -como diría alguie nde este problema: el sistema previsional que rige para quienes fuimos obligados a incorporarnos al sistema de administradoras de fondos de pensiones. Esto lo digo a propósito de que hoy algunos señalan que han hecho una gran contribución a la patria por ser dueños de una AFP. A lo largo de muchos años, diferentes colegios profesionales y gremios han negociado con los gobiernos de turno para conseguir una reparación al daño previsional que han sufrido miles de empleados públicos y, por cierto, profesores. La fórmula que se ha usado en el caso de los profesores ha sido financiar el pago de la respectiva bonificación de incentivo al retiro con cargo al sostenedor. En ese sentido, por lo general el Ministerio de Educación hacía entrega de una suerte de préstamo, por la vía del adelanto de subvenciones, a pagar en el futuro, pero ponía una regla: los sostenedores -el departamento de administración de la educación municipal o la corporación, según sea el caso no podían endeudarse más allá del 3 por ciento del total de la subvención. Es decir, ponía un límite a los municipios más complicados. Al respecto, es conocido que la inmensa mayoría de los municipios, salvo honrosas excepciones, tienen problemas financieros muy graves. El costo total potencial del proyecto original para el sistema municipal, que voy a poner en números gruesos, es del orden de los 180 mil millones de pesos. El informe financiero de enero pasado sobre el proyecto original señalaba que el aporte fiscal directo era de 20 mil millones de pesos, y el resto, como he señalado, se financiaría por la vía de que los sostenedores pidieran adelantos de subvención, es decir, con más endeudamiento. Junto con los diputados miembros de la comisión, hicimos notar al gobierno, con el mayor de los respetos, pero también con energía, que esa fórmula -seguir endeudando a los municipios y contribuyendo al aumento de su crisis financiera no parecía razonable, dado el contexto actual de discusión de la reforma educacional y de creación de una nueva institucionalidad para la educación pública y para el fortalecimiento de la misma. Al respecto, quiero hacer un reconocimiento -nobleza obliga-: el gobierno, en las personas del ministro de Educación, de la subsecretaria de esa cartera y del director de Presupuestos, señor Sergio Granados , nos escuchó y se comprometió a estudiar durante febrero una nueva fórmula de financiamiento, que nos daría a conocer cuando reiniciáramos el proceso legislativo. Quiero ser muy sincero: la fórmula presentada -dada la experiencia que existe en relación con las negociaciones que hemos llevado a cabo con Hacienda y con la Dirección de Presupuestos nos sorprendió por lo generosa, porque de los 20 mil millones de pesos iniciales de aporte fiscal directo, se pasó a un aporte fiscal directo de 115 mil millones de pesos; es decir, inicialmente teníamos un aporte fiscal directo de 11,2 por ciento, que aumentó a 65,2 por ciento. Primer elemento positivo del proyecto que estamos discutiendo. En segundo lugar, el bono de incentivo al retiro es mejor que los bonos que se han dado en otras ocasiones, no solo por el monto -21.500.000 pesos-, sino porque además la estructura de entrega del beneficio es mejor que antes. En efecto, en el pasado el bono máximo se entregaba a los profesores que tenían cuarenta y cuatro horas contratadas, o sea, el máximo. Hoy el monto máximo de la bonificación favorecerá a los profesores que tengan un contrato de 37 a 44 horas. El resto la recibirá en proporción al número de horas contratadas. Adicionalmente, el proyecto de ley contiene otro elemento nuevo y positivo: incorporó -acto que me parece de entera justicia a todos los profesores regidos por el decreto ley N° 3.166. Para los que no lo conocen, dicho decreto ley, dictado durante el gobierno militar, entregó los colegios técnico-profesionales a organizaciones de empresarios, por lo que tienen un régimen de financiamiento distinto. Sus profesores nunca fueron beneficiados por las leyes que entregaron estos bonos. Esta vez fueron incorporados. Estamos hablando de alrededor de quinientos profesores beneficiados por la iniciativa, de los diez mil y algo más que lo serán en todo el país. De manera que el sistema de financiamiento del proyecto es significativamente mejor, pues hay un mayor esfuerzo fiscal. En consecuencia, si las municipalidades aprovechan esta oportunidad para racionalizar sus dotaciones, para hacer reducción de costos, entonces podría significar un impacto muy positivo en cuanto a mejorar su situación financiera. Es más, asesores nuestros con experiencia en la materia han señalado que si los municipios hicieran bien las cosas, el otorgamiento de este beneficio podría no costarles ni un peso, pues se financiaría por la vía de la reducción de costos, lo que significa no reemplazar profesores que están asignados o reemplazarlos por profesores que tienen un costo menor, porque los profesores beneficiados cumplen los requisitos para jubilar, por lo que están en el nivel más alto de ingresos. Además, un tema importante que se discutió en la comisión es que no se repita que logremos por esta vía la jubilación de una buena cantidad de profesores, pero que después municipios, en una actitud un poquito irresponsable, vuelvan a contratar la misma cantidad de profesores y, en algunos casos, una mayor, con lo cual no resuelven el problema crítico de su financiamiento. Por esa razón, presentamos una indicación que dispone que cuando quieran contratar o reemplazar a los profesores que se van, deberán consultar al departamento provincial respectivo, el que deberá estudiar la dotación y elaborar un informe favorable. Incluso más, el alcalde tendrá que informar a los concejales respecto de las nuevas contrataciones. Lo que se busca es racionalizar, hacer algo que tenga sentido común, para que esto se transforme en una oportunidad para que los departamentos de educación y las corporaciones racionalicen sus dotaciones docentes y, en consecuencia, alivien su precaria situación financiera. Hay muchos establecimientos que ya coparon el 3 por ciento, los que tienen garantizado el financiamiento. Los otros tendrán un financiamiento en relación con su nivel del endeudamiento. Este es un gran proyecto, que ha sido mejorado significativamente y que profesoras y profesores de Chile esperan con ansias, por lo que debemos votarlo favorablemente. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana . El señor SANTANA.- Señor Presidente, los potenciales beneficiados con este incentivo al retiro son 10.300 profesores. En la discusión llevada a cabo ayer en la Comisión de Hacienda, le consultamos a la subsecretaria de Educación cuántas personas, en promedio, se acogen en definitiva a estos incentivos. Claramente no es el ciento por ciento, porque me imagino que cada uno va evaluando si esta bonificación cubre sus expectativas, entendiendo que los requisitos que se les solicitan son, entre otros, tener 60 años de edad, en el caso de las mujeres, y 65, en el caso de los hombres, y presentar su renuncia correspondiente. En el pasado se han aprobado otros proyectos destinados a incentivar el retiro de profesores, lo que se entiende como una compensación por la precaria condición en que quedan muchos de ellos al momento de jubilar. Lo que echamos de menos en el proyecto es por qué el gobierno no financia el ciento por ciento del beneficio, como ha sucedido en otros proyectos que incentivan al retiro; por qué comparte con las corporaciones o con los municipios este 33,66 por ciento, que es una fórmula para concretar el beneficio y proponerlo a quienes quieran recibirlo. Sabemos que las condiciones económicas de muchos municipios están devastadas, por lo que una fórmula mejorada sería que el Estado hubiera financiado el total a través de un aporte fiscal directo. Sin embargo, hay que mirar el vaso medio lleno. Sin lugar a dudas, muchos profesores están esperando este beneficio, por lo que se acogerán a él, ya que resuelve en parte sus expectativas. Se hacen muchos cálculos para determinar el monto del aumento de la jubilación si siguen trabajando cinco años más, pero creo que la existencia de este bono, que beneficiará a más de 10.300 profesores, se debe a que existe la demanda necesaria para obtenerlo. Así, anuncio que, mayoritariamente, votaremos a favor este proyecto. Como manifesté, hay que mirar el vaso medio lleno. Sí creemos que habría sido importante -en la materia era la señal más significativa que el Estado hubiera financiado ciento por ciento la iniciativa. Ello no fue así, pero se valora lo relativo a los beneficiarios. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve . El señor MONSALVE.- Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Educación, quien se encuentra en la Sala y, con mucho afecto, a los dirigentes del Colegio de Profesores tanto del nivel nacional como del regional, quienes están presenciando este debate desde las tribunas. Este, sin duda, es un logro de la lucha de los profesores de Chile. No habrá reforma educacional sin enfrentar la tarea pendiente de entregar al país y a los profesores una carrera docente justa que les permita hacer su aporte tan indispensable al objetivo de una educación de calidad. Sabemos que el gobierno permitirá durante el transcurso del presente año que el Parlamento y la sociedad chilena discutan respecto de la carrera docente que el país requiere. Pero los docentes entendieron con mucha claridad que previo a ese debate había que resolver temas urgentes. Por eso propusieron una agenda corta. En ese sentido, valoro el que se estén cumpliendo los acuerdos contenidos en ella. Eso da cuenta no solo de lo correcto de las luchas, sino también de lo correcto de los acuerdos, que se valoran en la medida en que se van cumpliendo. Lo concerniente al ingreso mínimo docente está resuelto. Valoro mucho que hayamos podido aprobar el proyecto de ley de titularidad docente, que tuvo su origen en una moción -el planteamiento nació de parlamentarios y dirigentes del Colegio de Profesores y que finalmente fue recogido en la agenda corta de Educación impulsada por el gobierno. Dicha ley está posibilitando que cerca de 32 mil profesores que se encontraban en una condición precaria temporal hoy tengan la titularidad de sus cargos. Asimismo, valoro el que podamos debatir, aprobar y despachar, en el marco de la referida agenda corta, el proyecto de ley de incentivo al retiro de profesionales de la educación. Considero que esto es parte de un proceso y que hay que mantener la lucha y el trabajo por una carrera docente justa. Es un trabajo que habrá que realizar de manera permanente durante 2015 tanto por parte del Colegio de Profesores como del Parlamento y el gobierno. De igual forma, cada vez que se discute un incentivo al retiro surge la discusión respecto del sistema previsional, que es el problema de fondo. En Chile nadie quiere jubilar: no quieren jubilar los profesores, las personas que trabajan en los sistemas de salud, los funcionarios municipales, porque cuando lo hacen, a veces la tasa de reemplazo está en 30 por ciento y, por tanto, no les es posible seguir viviendo con la pensión que les corresponde recibir. Les recuerdo a los colegas que en el marco del protocolo de acuerdo suscrito durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2015, el Congreso Nacional llegó a un acuerdo con el gobierno para que este, en conjunto con los gremios del sector público, durante el primer semestre del año en curso avanzara en un mecanismo más permanente de incentivo al retiro y así no tener que discutir cada dos o tres años un nuevo proyecto de ley sobre la materia. Ojalá que ese compromiso adquirido pueda cumplirse y que a mitad de año tengamos una propuesta más global respecto de cómo abordaremos el incentivo al retiro. Esperamos -aquí se planteó que en el caso particular de los profesores, en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre carrera docente, podamos enfrentar no solo los mecanismos de su ingreso y desarrollo, sino también los mecanismos de su egreso, que así como el ingreso y el desarrollo docente, deben ser justos. De igual forma -lo hemos reiterado aquí varias veces y la Presidenta de la República asumió un compromiso al respecto-, esperamos poder debatir una modificación profunda al sistema previsional que, en la práctica, hoy no constituye seguridad social para los trabajadores cuando termina su vida laboral. La iniciativa de ley que hoy aprobaremos -también se expresó aquí presenta una positiva modificación, que se produjo durante el diálogo que tuvo lugar entre el Congreso Nacional y el gobierno, cual es el aumento del porcentaje de aporte del Estado para el financiamiento de la futura ley, que tiene un costo global de 183 mil millones de pesos. De esa cifra, 116 mil millones de pesos serán de aporte directo del Estado, y 66 mil millones de los sostenedores. También es importante destacar que de los más de diez mil profesores que tendrán derecho a acogerse al incentivo al retiro durante 2015, poco más de seis mil; es decir, poco más del 60 por ciento, tienen contrato de más de 37 horas, y, por tanto, su bonificación será de ciento por ciento. Ello me parece altamente positivo. Por último, señalo que estamos en un proceso. Este año será importante para la educación, y espero que así como vamos avanzando en la agenda corta en esta materia, cuando terminemos la discusión del proyecto sobre nueva institucionalidad para la educación pública y del proyecto sobre carrera docente, podamos entregar a Chile una carrera docente a la altura de sus demandas, pero, sobre todo, que sea justa para los profesores. Por lo expuesto, anuncio que la bancada del Partido Socialista votará favorablemente este proyecto de ley. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo González . El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, por su intermedio, junto con saludar al señor ministro de Educación, saludo también a los representantes del Colegio de Profesores presentes en las tribunas durante este debate tan importante para los docentes y la educación chilena. El proyecto en discusión viene a hacer justicia y a satisfacer un anhelo muy sentido del profesorado chileno, en especial de una cantidad muy importante de docentes que teniendo hoy la necesidad de jubilar, el deseo del merecido descanso por una función largamente ejercida, no pueden hacerlo. En la actualidad, los profesores no pueden jubilar porque las pensiones que reciben son ínfimas e indignas en relación con la labor docente que desarrollaron. Por eso se requieren estos “parches”, estos apoyos a una institucionalidad absolutamente deficitaria, como es el actual sistema previsional que nos heredó la dictadura militar y que ha venido consolidándose y generando problemas mayores para los trabajadores de Chile, en particular para los profesores, entre otras cosas en relación con las compensaciones que deben recibir, con la deuda histórica que se mantiene con ellos y con las pensiones miserables que hoy perciben. A muchos docentes, incluso, se les adeudan remuneraciones. Por eso era tan importante que el gobierno apoyara este proyecto y, como muy bien dijeron los diputados Venegas , Monsalve y otros que me antecedieron en el uso de la palabra, con gran generosidad resolviera el dilema existente, que no permitía que los profesores tuvieran su merecido descanso. Esta iniciativa tiene lugar precisamente a raíz de la larga lucha llevada a cabo por el Colegio de Profesores. Quiero felicitar a los representantes de dicha entidad aquí presentes y a todos los profesores de Chile, porque esta agenda corta, como muy bien lo expresó el diputado Monsalve , existe gracias a que los profesores han hecho presente no solo las grandes reformas estructurales que requiere el sistema educacional, sino también el que estas deben ir precedidas por medidas fundamentales, absolutamente indispensables para que puedan sembrarse en un buen terreno. Y tales medidas -lo manifestó muy bien el diputado Monsalve dicen relación con el otorgamiento de la titularidad de su cargo a los docentes que durante tantos y tantos años han ejercido su función sin tener la garantía de estabilidad en el trabajo, ya que sus contratos fueron prorrogados al margen de la ley sin consideración de sus derechos fundamentales; con el establecimiento de la remuneración mínima docente, con el pago de la deuda histórica de los profesores y, especialmente, con el incentivo al retiro. Este proyecto constituye un logro muy importante, pues no solo beneficiará a los profesores del sector municipal, sino también a los del sistema de administración delegada en virtud del decreto ley N° 3166. Por lo tanto, más de diez mil profesores podrán ejercer este derecho. Es muy importante la actitud que ha tenido el gobierno en esta materia. Es fundamental que quede absolutamente claro para la historia fidedigna de la ley que este proyecto, no obstante que tiene un financiamiento mixto y que una parte de él deberá ser completada por los municipios con los fondos que reciben de las subvenciones, está completamente financiado y no significará una carga para las municipalidades. En efecto, 61.637 millones de pesos serán de cargo del sostenedor municipal, monto que podrá ser financiado por los municipios mediante adelantos de las futuras subvenciones y futuros aportes del Estado. Sin embargo, los municipios, en un período de dos a cuatro años, con la menor carga financiera que les significará la renuncia y posterior jubilación de los profesores, podrán recuperar íntegramente esa cifra. Sin perjuicio de ello, habrá un período de doce años para que puedan hacer el reintegro de los adelantos de subvención que hayan solicitado. Por lo tanto -insisto-, la iniciativa no traerá consigo un déficit para las municipalidades. Es muy importante que este mensaje llegue a los alcaldes, porque existe gran inquietud entre ellos en esta materia. Por ejemplo, en mi región se ha anunciado que los alcaldes podrían iniciar movilizaciones en razón de dicha inquietud y de que exigen el pronto envío del proyecto de ley que establece un nuevo sistema de educación pública. En la Comisión de Educación hemos hecho presente a los representantes del Ministerio de Educación la necesidad de que todos los proyectos que benefician a los municipios tengan financiamiento completo, porque no se puede continuar profundizando la deuda municipal. La idea es que el proceso de desmunicipalización de la educación se desarrolle íntegramente, con la mayor rapidez posible y con la mayor cantidad de voluntades y acuerdos en ese sentido, a fin de que sea implementado de la manera que requiere un sistema de educación pública. Ojalá se cumpla íntegramente no solo el texto de esta futura ley, sino también su espíritu, de modo que todos los profesores beneficiados reciban prontamente su bono de incentivo al retiro. No ha ocurrido lo mismo con el proyecto, despachado por el Congreso Nacional, sobre titularidad docente. Por su intermedio, señor Presidente, pido al ministro de Educación aquí presente que escuche lo que estoy señalando. Aunque fueron dadas las instrucciones por el Ministerio de Educación, la ley sobre titularidad docente no está siendo aplicada con el debido rigor, ni implementada como corresponde por los municipios. Incluso, algunas municipalidades han organizado acciones y actividades para reducir la inclusión de muchos profesores en la titularidad. Por lo tanto, es muy importante cuidar el cumplimiento de esta futura ley, de manera que el bono de incentivo al retiro de los profesores sea pagado prontamente. Es indispensable que no se produzcan las mismas deficiencias –reitero que se están produciendo en la implementación de la Ley de Titularidad Docente. Debemos estar alertas para que esta ley se cumpla plenamente, de manera que no queden fuera los educadores de la educación diferencial, que se consideren todas las horas desempeñadas en aulas de recursos, que se otorgue la titularidad a todos quienes tienen derecho y que no se desconozcan los reemplazos realizados por docentes del mismo empleador. Por lo expuesto, anuncio que el Partido por la Democracia va a apoyar este proyecto y pedirá al Ministerio de Educación un especial cuidado en su implementación. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda . La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, nos alegra mucho que el ministro de Educación esté participando de esta sesión. Lo echamos de menos el martes pasado, porque esperábamos votar el proyecto de ley que crea dos universidades estatales regionales. Esperamos que el próximo martes no posterguemos nuevamente la votación -ya lo hemos hecho tres veces y contemos con su presencia, pues es muy importante aprobar esta iniciativa, que es una de las medidas planteadas por la Presidenta de la República en materia de educación. Valoro lo que ha hecho el Colegio de Profesores, cuyos representantes se encuentran presentes en las tribunas, y valoro la iniciativa en discusión desde tres dimensiones distintas. En primer lugar, se hace cargo del problema que planteó el diputado Venegas al comienzo de su intervención: la deuda que tenemos en materia previsional. Lo mismo hemos dicho cuando hemos aprobado los distintos proyectos de incentivo al retiro para funcionarios del área de la salud, de la educación e, incluso, de las universidades. Ojalá podamos tener, lo antes posible, noticias de la comisión asesora presidencial encargada de revisar el sistema previsional, a fin de que no sigamos haciendo estos parches para entregar, entre comillas, una situación un poco más digna, en este caso, a los profesionales del área de la educación. En segundo lugar, es importante que el Estado se haga cargo del tema, pensando en lo que ocurrirá a futuro, es decir, en cómo se trasladará esta deuda no a los municipios, sino al gobierno. El Estado debe asumir las complicaciones que existen en ese sentido en materia de educación. En tercer lugar, por fin se considera a los profesores de los establecimientos de administración delegada, del decreto ley N° 3.166, quienes nunca fueron tomados en cuenta en la ley SEP ni en otras asignaciones. En San Fernando , el Liceo Industrial y el Liceo Técnico han reclamado permanentemente por esta ingratitud de los gobiernos de no tomarlos en cuenta. Nos alegra que en esta iniciativa hayan sido considerados. Esperamos que en los futuros proyectos de ley sobre educación sean incorporados permanentemente los establecimientos educacionales del decreto ley N° 3.166. Lo último que quiero señalar tiene que ver con una lógica: como vamos caminando hacia una reforma educacional, con profesores más jóvenes, que tengan una especialización distinta y una capacidad de motivación que, a lo mejor, les puede dar su corta edad, que permita una estimulación distinta al sistema educacional. Entendemos este proceso con una visión más general; no como un palo de fósforo, sino como un eslabón de la reforma educacional. Por lo expuesto, anuncio que vamos a concurrir con nuestro voto favorable al proyecto. Reitero al ministro de Educación, aquí presente, que lo esperamos el próximo martes para la votación del proyecto de ley que crea universidades estatales regionales. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol) .- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Educación y, por supuesto, al presidente del Colegio de Profesores, señor Jaime Gajardo , y a su directiva, presentes en las tribunas. Al iniciar mi intervención, quiero saludar y felicitar el esfuerzo hecho por las profesoras y profesores chilenos, quienes llevaron adelante un trabajo constante y cotidiano, una lucha permanente y consecuente por conseguir mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación. En verdad, este no ha sido un desafío fácil de abordar. Todos somos testigos de la infinidad de veces en que nuestros profesores educaban a todos los chilenos en la calle. Porque ellos lo decían así: luchar también es educar. Gracias a esa lucha se han obtenido frutos concretos, que hoy vemos reflejados en las políticas públicas que se han comenzado a aplicar. En este aspecto, no puedo dejar de reconocer la actitud y disposición de este gobierno, el de la Nueva Mayoría, para abrirse al diálogo, a la discusión y a buscar mecanismos para llegar a acuerdos. Lo destaco porque, si damos una mirada hacia atrás, hace unos años nada más, durante el gobierno anterior, el gobierno de la derecha, vimos falta de disposición al diálogo para llegar a acuerdos y establecer mecanismos que resolvieran de manera concreta los problemas laborales de los trabajadores de la educación. Esto no es un secreto para nadie: cuando vivimos una de las movilizaciones más grandes que ha conocido el país, en 2011, dicho gobierno lo único que hizo fue cerrar las puertas a la discusión y al diálogo. Por ello, debemos valorar y reconocer la actitud del actual gobierno, especialmente porque hoy somos testigos de que se está concretando la agenda corta, que se da en el contexto de la discusión política de una reforma educacional profunda, estructural y que esperábamos desde hace años. En efecto, ya logramos la primera parte con la aprobación del proyecto que pone fin al lucro, a la selección y al copago. Sin embargo, queda mucho por hacer. Debemos abordar materias como la carrera docente, el nuevo sistema de educación pública, la educación superior y el nuevo sistema de financiamiento para avanzar hacia la gratuidad, de modo que todos los estudiantes tengan el derecho, incuestionable, a la educación. En tal sentido, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de la agenda corta -trabajo conjunto del Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación-, quiero destacar el cumplimiento de dos de las medidas planteadas. Una de ellas es la aprobación del proyecto que otorga titularidad docente, que beneficiará a casi el 85 por ciento de los maestros chilenos que no tenían estabilidad laboral. ¡Cómo no vamos a reconocer ese logro como un gran triunfo de las profesoras y profesores chilenos! Hoy haremos realidad la segunda medida considerada en la agenda corta, cual es la entrega de un bono de incentivo al retiro de 21.500.000 pesos para aquellos profesores que cumplan con la edad para pensionarse y que tengan un contrato de 37 a 44 horas. Quienes trabajen por menos horas también recibirán una bonificación, proporcional a la cantidad de horas estipuladas en su contrato. Lo destaco, porque esta materia ha sido abordada con una visión y una discusión integrales. Nadie puede desconocer el hecho de que nuestros maestros han sido muy maltratados y vulnerados durante muchos años. Por eso, me asiste la convicción de que si seguimos avanzando por el camino de mejorar las condiciones laborales y de formación de los profesores, si avanzamos profundamente en el establecimiento de una carrera docente real, también estaremos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la educación para nuestros niños. No se trata de hablar solo de derechos laborales, que son tremendamente relevantes, sino también de la calidad de la educación, del derecho a la educación y de que existan condiciones dignas para los profesores chilenos. Por eso, hacemos un llamado a que se cumplan de manera integral los compromisos de la agenda corta. De esa forma, haremos justicia ante el tremendo daño que la municipalización ha provocado a la educación y a los docentes. Queda pendiente la ejecución de las recomendaciones emanadas de la comisión encargada de tratar los temas de Agobio Laboral, trabajo desarrollado entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Las esperaremos y ojalá que se cumplan cabalmente. Por supuesto, también esperamos que se consideren las conclusiones de la mesa de trabajo que discute cómo generar la reparación de la deuda histórica con los profesores, que por primera vez ha sido reconocida por autoridades de gobierno. Con estos elementos podremos avanzar con tranquilidad hacia un proceso de discusión más profundo sobre materias como la carrera docente y el nuevo sistema de educación pública, reformas que por tanto tiempo hemos esperado y en las que sin duda los profesores tienen mucho que aportar. Para el buen cumplimiento y aplicación de estas leyes -tanto de las que aprobamos como de la que aprobaremos hoy, espero, con una amplia mayoría también necesitamos de la voluntad política de los actores involucrados. Particularmente, hacemos un llamado a los municipios a que apliquen integralmente la ley de titularidad docente. Es necesario. No basta con que hayamos aprobado esa ley; también debe ser cumplida y en el corto plazo. Es una ley que se hace cargo de una deuda importante que debe ser reparada. Asimismo, si los municipios tampoco cumplen el compromiso conjunto de aportar para el otorgamiento del bono de incentivo al retiro, tampoco podremos cumplir con el objetivo que nos hemos propuesto y todo se transformará en letra muerta. Tienen el apoyo para hacerlo. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Educación: se buscaron todos los mecanismos para entregar a los alcaldes condiciones para que puedan cumplir con esta iniciativa. Una vez más saludo este proyecto de ley y anuncio que la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana aprobará con gusto este gran triunfo de las profesoras y profesores chilenos, que significa un avance, sin perjuicio de que existen cosas pendientes. Desde ya entregamos nuestro apoyo a cada una de las iniciativas que surjan de esta lucha social, para que se transformen en políticas públicas que beneficien a los profesores de Chile. He dicho. -Aplausos. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles . El señor ROBLES.- Señor Presidente, una de las condiciones básicas que requiere la reforma educacional para lograr, en el futuro, una educación de mayor calidad, es la dignificación de los profesores. Una educación sin profesores con voluntad y vocación para enseñar difícilmente podrá ser de calidad. En el pasado nuestro país contaba con un cuerpo de profesores extraordinario: todos eran formados en las escuelas normales, a las que ingresaban desde muy jóvenes para dedicarse con posterioridad a la enseñanza. Por lo tanto, se trataba de personas con una alta vocación de servicio. Sin embargo, luego de que la dictadura cerrara las escuelas normales, cambió el esquema educacional en Chile. Por eso, hoy debemos recuperar esa dignidad que tenían los profesores de antaño, en términos de su formación inicial, del trato que debe dárseles en los diversos establecimientos, pero también de sus remuneraciones y, por cierto, de sus jubilaciones. Es muy importante que los docentes, sobre todo de las escuelas públicas, tengan un alto nivel de dignidad. Valoro tremendamente que esté presente en las tribunas el cuerpo directivo del Colegio de Profesores, encabezado por su presidente señor Jaime Gajardo . Quiero destacar también a uno de sus directores, mi correligionario Sergio Gajardo . Un saludo para ambos. Reitero: es muy relevante apoyar este proyecto de ley que aborda un tema que hemos discutido desde hace mucho tiempo. No necesitaríamos otorgar incentivos al retiro si tuviésemos un sistema de jubilación que permitiera que la tasa de retorno, es decir el monto de la jubilación de un profesor, se acerque lo más posible al sueldo que recibía cuando estaba en servicio activo. Dentro de la sociedad chilena los únicos que reciben montos incluso equivalentes a su último sueldo como trabajadores activos son los miembros de las Fuerzas Armadas. El gobierno militar del dictador Pinochet solo dejó a las Fuerzas Armadas con un sistema de reparto que permite a sus funcionarios jubilar con pensiones casi equivalentes a sus últimas remuneraciones. El resto de los pensionados recibe, en su mayoría, jubilaciones absolutamente precarias, de no más allá del 30 por ciento de su última remuneración. Lo anterior hace que sea necesario presentar proyectos de incentivo al retiro, que fueron diseñados en la época de la Concertación. De acuerdo con la presente iniciativa, nuestros profesores recibirán un monto razonable, que fue concordado con el Colegio de Profesores y que asciende a 21.500.000 pesos para aquellos docentes cuyo contrato sea de 37 a 44 horas. Con esta medida se busca otorgar un incentivo al retiro para que las profesoras mayores de 60 años y los profesores mayores de 65 puedan jubilar. Uno de los aspectos importantes del proyecto de ley es el aporte del fisco. En ese sentido, agradezco a los ministros de Educación y de Hacienda porque aceptaron el planteamiento que les hicimos en la Comisión de Educación en cuanto a que la mayor parte de los 183.741 millones de pesos que cuesta esta iniciativa sea pagada por el fisco. El proyecto ingresó con una mayor proporción de costo municipal y una menor proporción de costo del fisco, pero ello varió durante su discusión. En febrero, en los ministerios de Educación y de Hacienda se hicieron los ajustes necesarios. Fue así que el ministro de Educación anunció que el fisco aportará una cantidad mucho mayor desde las arcas fiscales que la que estaba presupuestada originalmente para cubrir los recursos que requiere este incentivo al retiro. El Estado aportará 117.095 millones de pesos, lo que nos satisface mucho. Otro tema relevante que abordaremos en la reforma educacional es la desmunicipalización de la educación. Soy uno de los que sostiene que todos los profesores municipalizados deben ser incorporados en la nueva estructura. Los servicios locales de educación que se crearán deberán necesariamente incorporar a todos los docentes dentro de su planilla, sin solución de continuidad en términos de sus derechos laborales. Esto es importante, si consideramos que 10.331 docentes cumplen con los requisitos para acceder a este incentivo. Si la cifra es correcta y jubila alrededor de ese número de docentes, solo deberán proveerse los cargos que sean estrictamente necesarios. Valoro que el Ministerio de Educación haya incorporado dos normas muy relevantes. Una acerca de los sostenedores, los alcaldes, quienes deberán informar al respectivo Departamento Provincial de Educación si requieren contratar nuevos docentes para los cargos que queden vacantes. Esa norma es muy importante, porque hay municipios que siguen contratando nuevos docentes a pesar de que la matrícula haya disminuido y de que no se requiera de ellos. Es muy importante que no se afecte a los profesores que hoy desarrollan su carrera en los distintos establecimientos municipales, de modo que no sean objeto de dudas en términos del número de profesores que deben traspasarse al nuevo sistema. Reitero: es muy importante que esté técnicamente avalada la recontratación en algunos casos. Otro asunto que incorporamos en la discusión es que no sea solo el alcalde, sino el concejo en pleno el que decida cuándo es necesario volver a contratar nuevos docentes. No puede ser que los concejales no participen de las decisiones sobre las plantas de profesores que requiere mantener cada municipio. La bancada del Partido Radical Social Demócrata votará a favor el proyecto porque entendemos que es un avance significativo en la dignificación de nuestros profesores. Nuestro partido siempre estará con los profesores para atender sus requerimientos. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio . El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, por su intermedio, vaya mi saludo a la directiva del Colegio de Profesores. La discusión que hoy llevamos a cabo nos permite hablar, aunque sea de manera parcial, en un solo aspecto de nuestros docentes, que considero que debieron haber sido siempre el foco y la prioridad de cualquier reforma educacional que quiera tocar el tema de la calidad. El proyecto no aborda un aspecto de fondo, sino más bien establece una medida transitoria, como es el otorgamiento de un bono de incentivo al retiro. La selección, la formación, el egreso, la inducción de los profesores, el trabajo en el aula, sus horas en el aula y sus horas de preparación, su carrera, su desarrollo y su jubilación son aspectos que espero que podamos empezar a conversar con mayor detención cuando ingrese el proyecto sobre carrera docente, que desconocemos en qué fase se encuentra. La iniciativa, tal como ingresó, contenía una propuesta completamente ilusoria, pues disponía que los profesores tuvieran derecho a 21.500.000 pesos, sin establecer la forma de financiamiento para ello. Asumía que eran los municipios los que debían pagar ese costo. Es decir, entregaba a los profesores un beneficio que no iba a concretarse. Los alcaldes dijeron que se estaba rompiendo el compromiso del gobierno, en el sentido de que el ciento por ciento del beneficio iba a ser financiado por el fisco, pues solo se estaba entregando el 11 por ciento del total. Además, el primer informe financiero que se nos entregó era completa y totalmente insuficiente. Por eso, quiero pedir que, desde ahora en adelante, no tengamos nunca más un informe financiero de tal deficiencia, de tal insuficiencia, que no permita tener la información mínima para adoptar una decisión seria y responsable. Lo bueno es que ese llamado de atención no solo lo hice yo, sino también otros diputados; es decir, fue compartido en forma transversal. Fue así que durante los últimos días recibimos la información que necesitábamos. Espero que la información que los diputados requerimos -como la que en el caso de esta iniciativa se entregó durante los últimos días-, la tengamos respecto de todos los proyectos de ley, no solo de aquellos que tengan que ver con educación. Agradezco la apertura del Ministerio de Educación y también de la Dipres para cambiar gran parte de la propuesta. Espero que esa disposición también se mantenga para los próximos proyectos de ley. Una discusión que surgió y que en mi opinión fue muy interesante -fue planteada por el alcalde Navarrete el día martes en la Comisión dice relación con el costo de educar. Como se nos informó, hay muchos municipios -exactamente veinticuatro que están endeudados por sobre el 3 por ciento. ¿Por qué era relevante esa información? Porque solo aquellos que estaban endeudados bajo ese porcentaje podían adelantar subvenciones. La Asociación Chilena de Municipalidades nos dice que hay 87 municipios que están al borde de ese endeudamiento, es decir, en torno al 2,5 por ciento y más. O sea, tienen escasa posibilidad de endeudarse. ¿Por qué ocurre ese endeudamiento? Porque la subvención es completamente insuficiente y porque el Padem no puede ser ajustado ni menos entregar una educación de calidad sin el aporte adicional del municipio. Son inquietudes de fondo que hoy no estamos discutiendo y que el alcalde Navarrete puso sobre la mesa. Me parece fundamental tenerlas presentes en las próximas discusiones, especialmente en relación con los cambios que se harán en la educación pública. Ahora, ¿cuál es la calidad que se quiere financiar? ¿Cómo se obtiene esa calidad? ¿Cuáles son los factores principales que inciden en esa calidad? ¿Cuánto es el valor de aquello? Si uno mira la evidencia chilena, no podría decir que es exclusivamente la cantidad de alumnos en un colegio municipal lo que implica que este sea más caro o más barato; tampoco podría decir que es exclusivamente la vulnerabilidad lo que hace que sea más económico o más caro, con mejores o peores resultados. Existe una gran heterogeneidad. No son cada uno de esos factores por separado los que inciden, sino todos ellos en forma simultánea. Otro aspecto que se discutió y que considero relevante es que deben considerarse las particularidades de la educación para saber cuánto hay que financiar y cómo lograr una enseñanza de calidad. Esas particularidades de la educación no podremos advertirlas si se centraliza todavía más la educación. Si se reconoce que educar en Arica es distinto que hacerlo en Antofagasta, en las periferias de Santiago o en el sur de nuestro país, con las riquezas que existe en cada uno de esos lugares, no se entendería una propuesta que tienda a centralizar la educación en el Ministerio de Educación o a agrupar muchas comunas o regiones. Lo que debería hacerse es exactamente lo contrario, a fin de atender precisamente esa particularidad y ese contexto. Por lo demás, tenemos evidencias sobre cuáles son aquellos aspectos que realmente inciden en la calidad de la educación. Muchas de ellas tienen que ver con lo que ocurre al interior de la escuela. Espero que a futuro tomemos en serio esa evidencia, como lamentablemente no pudimos hacerlo en la primera parte del estudio de la reforma educacional. En segundo lugar, la forma de administrar, gestionar y gobernar las escuelas no es obvia. La evidencia nos muestra que los mejores resultados se han obtenido cuando la administración es más local. Espero que también atendamos esa evidencia. Por último, hay que tener cuidado con los incentivos y con las señales que se entregan. Para aquellos municipios que estaban endeudados por sobre el 3 por ciento se financiará el ciento por ciento del incentivo al retiro que otorga esta iniciativa; me parece bien. De lo contrario, no habría ninguna opción para que los profesores de esos establecimientos pudiesen tener derecho al bono. ¿Pero cuál es la razón -vuelvo a lo anterior por la que hay municipios endeudados por sobre el 3 por ciento, y otros, por menos que esa cifra? ¿Cómo diferenciar entre aquellos que efectivamente hicieron sus ajustes al Padem? ¿Cómo diferenciar entre aquellos que efectivamente hicieron un esfuerzo de gestión para provisionar su indemnización, versus aquellos que no lo hicieron? La señal que se da con esta iniciativa es que aquellos que no lo hicieron tendrán el ciento por ciento de financiamiento y aquellos que sí lo hicieron deberán poner de su bolsillo. No es una señal razonable. Una buena política pública tiene que saber diferenciar esos aspectos para entregar un buen incentivo y una buena señal. Anuncio que votaré a favor el proyecto en general. Lamentablemente, no pude participar de su discusión en particular debido a una enfermedad. Reitero que estamos ante una medida transitoria, que no apunta al fondo, pero que apoyaremos porque nuestros profesores se lo merecen. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste . La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar de manera especial a la directiva del Colegio de Profesores que hoy nos acompaña en las tribunas, como asimismo a tantas profesoras y profesores que han dado su vida a una tarea tan noble, como es educar. Muchas de las intervenciones que hemos escuchado han puesto como punto central que el hecho de tener que discutir una iniciativa que otorgue una bonificación al retiro voluntario se debe al precario régimen previsional que tenemos. Por ello, más allá de las frases que se pronuncian una y otra vez cada vez que hablamos acerca del incentivo al retiro para los docentes, para los asistentes de la educación y para otros profesionales, quiero que avancemos de verdad en la transformación del sistema previsional. Si existe tanta voluntad, como se manifiesta en los discursos, hagamos realidad la eliminación del sistema de AFP en nuestro país. Por otra parte, en este debate pareciera olvidarse -lo dijo muy bien el diputado Bellolio que existía un acuerdo entre los municipios, el gobierno y los profesores, en términos de que el proyecto iba a contar con financiamiento en un ciento por ciento del fisco. No se trata de que con ello se haya querido innovar, porque reconocemos que en años anteriores las bonificaciones al retiro han tenido un régimen de financiamiento similar; no obstante, es necesario honrar la palabra de un acuerdo suscrito –repito entre la Asociación de Municipalidades, el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. Valoramos que en la tramitación de este proyecto de ley se hayan aumentado la participación y los aportes del Estado; pero también debemos ser claros en que tan importante como esa valoración es respetar y cumplir los acuerdos. En la Comisión de Educación, la diputada Girardi , el diputado Juan Morano y quien habla presentamos una indicación para rebajar la exigencia del número de horas de contrato de 37 a 30. No es algo que se nos haya ocurrido; existe un conocimiento extendido sobre la realidad en que se encuentra el grueso de los profesores y profesoras. Por lo demás, no estábamos innovando, pues en 2006 se tramitó un proyecto similar, en el que se partía de 30 horas y no de 37 como plantea la presente iniciativa. Lamentablemente, esa indicación fue declarada inadmisible y no tuvimos la voluntad del gobierno para avanzar en esa materia. Con el diputado Marcelo Chávez discutíamos por qué todos los años debemos someternos a estos procesos de negociación de la bonificación por el retiro. ¿Por qué no podemos dar tranquilidad a los profesores y profesoras en edad de jubilar, que lo han entregado todo, de que no estarán sometidos a negociaciones con las administraciones de turno? Creemos que hay un desafío en ese sentido. Esperamos que el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores busquen un mecanismo que permita dejar atrás que esta bonificación se negocie año a año con la administración de turno. Son más de diez mil las profesoras y profesores que se verán beneficiados con esta medida. Por ello, nos felicitamos por la iniciativa. Finalmente existe una disposición positiva para apoyar este incentivo al retiro, que –insisto no es todo lo que hubiésemos querido, pero que constituye un avance que compatibiliza las expectativas transmitidas por el gremio de los maestros. Es la manera en que el país valora y reconoce una tarea que es central en el desarrollo de un país, como es la educación. Hago presente que en una iniciativa similar –reitero tramitada durante 2006 se hizo extensivo un bono al grueso de los maestros que tuvieran jornadas por sobre las 30 horas, y se incorporó también a los profesores de establecimientos de educación técnico-profesional, del decreto ley N° 3.166, a los cuales hacía alusión mi colega Mario Venegas . De manera que con este proyecto no es la primera vez que son incorporados, pues hubo experiencias anteriores. Si el Congreso Nacional aprueba esta iniciativa, lo hará como una forma de reconocer la noble tarea de educar. Sabemos que profesores y profesoras se han sometido a largos estudios y a exigentes pruebas de conocimientos disciplinarios. Día tras día ponen a disposición su paciencia, sus dotes de sicólogos y sus competencias para desplegar las capacidades y talentos de sus alumnos. Sé que la tarea de enseñar es exigente, pero, a la vez, maravillosa. Sé que muchas veces es difícil e ingrata, sobre todo cuando los problemas de esta sociedad se trasladan a la escuela, como la violencia y la desigualdad. Tenemos plena conciencia de que el estatus social de los docentes se ha degradado y de que ha disminuido la posibilidad de profesoras y profesores para acceder a remuneraciones justas y adecuadas. Por eso, el incentivo al retiro que establece el proyecto de alguna manera viene a retribuir esta tarea noble y necesaria. Antiguamente, el docente tenía un lugar de reconocimiento en la sociedad. La república estaba orgullosa de sus escuelas y de aquellos a quienes había confiando la responsabilidad de enseñar: los profesores. Pero el docente también estaba orgulloso de su oficio, orgulloso de servir a la república y de contribuir al desarrollo del ser humano y al progreso. Debemos reencontrarnos con ese orgullo y con esa escuela que se sintetiza en la tarea de revitalizar la educación pública; debemos ser capaces de tener a profesores y profesoras mejor considerados en el desarrollo de nuestra sociedad. Al revés de la igualdad que ha prevalecido durante tanto tiempo, quisiéramos que en la nueva política docente se ponga un énfasis importante en aquellos maestros que hacen un esfuerzo por enseñar en la escuela pública, que tanto orgullo ha traído al desarrollo de la república. Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable a la iniciativa. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Germán Verdugo . El señor VERDUGO.- Señor Presidente, honorable Sala, en la mayoría de las intervenciones que me ha correspondido hacer en temas de educación he señalado que hemos invertido en infraestructura y en implementación, pero no lo suficiente en los actores principales del proceso educativo: los profesores. Por eso, me alegro de que con este proyecto de ley los profesores tengan la posibilidad de acogerse a retiro con un beneficio como el que establece la iniciativa. Me llama la atención que se haya dicho que este proyecto otorgará mejores beneficios que iniciativas anteriores. ¿Por qué los profesores a quienes va dirigido tendrán mejores beneficios que otros que cumplieron, con la misma mística, la función de educar a nuestros niños? Por eso, creo absolutamente necesario de que exista una ley de carácter permanente, que otorgue la bonificación al retiro a los profesores y quizá también a los funcionarios públicos. Al leer el proyecto de ley me llama profundamente la atención un aspecto que puede crear confusión. Su artículo 2º dispone que los profesionales de la educación que hayan cumplido el requisito de edad al 31 de diciembre de 2012, deben renunciar hasta el 1 de junio de 2015. Por otra parte, la iniciativa establece que los profesionales que hayan cumplido o cumplan el requisito de edad durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 deberán formalizar su renuncia hasta el 2 de noviembre de 2015. Sin duda, esto va a acarrear más de algún problema. Ya tuvimos la experiencia cuando algunos profesores presentaron sus antecedentes a las municipalidades, pero estas interpretaron de manera distinta los plazos para acogerse a estos beneficios. Después de una larga tramitación, se dictó una nueva ley para otorgarles el beneficio que les correspondía a todos los profesores por igual y que por esta confusión o incumplimiento de los plazos, en uno o dos días, quedaron fuera del beneficio. Cabe señalar que el proyecto que resolvió el problema, con efecto retroactivo, tardó dos o tres años. Entonces, al otorgar estos beneficios, en la ley debe quedar establecido un plazo igual para todos los beneficiarios. Espero que este punto se aclare en el Senado y se estipule una sola fecha. El proyecto de ley es muy específico -en educación se pueden incorporar muchos temas-, pero lo relacionado con los beneficios que se deben otorgar a los profesores deben considerarse en la nueva ley de carrera docente con especial cuidado. Durante la tramitación del proyecto de ley de titularidad docente, para profesores que habían cumplido tres años continuos o cuatro años discontinuos, me llamó la atención el hecho de que se hubiera fijado un plazo que reducía la cantidad de profesores que se podían acoger a este beneficio. Creo que en esta iniciativa debemos tener una actitud distinta y pensar que todos los recursos que se destinan a los profesores es, finalmente, una inversión en calidad de la educación. Y si no invertimos para mejorar la condición de nuestros docentes, será prácticamente imposible alcanzar el objetivo que el país necesita para una mejor calidad de la educación. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo . El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, antes de comentar el proyecto, quiero saludar de manera muy especial al ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre , pues es el gestor de la reforma educacional por el bien de las nuevas generaciones. No me cabe duda de que el señor ministro tendrá un importante sitial en la historia de la educación del país. Además, quiero dar la bienvenida a quienes se hacen parte de esta reforma en su lucha gremial y que nos acompañan desde las tribunas: la dirección del Colegio de Profesores de Chile. Ahora bien, ayer, durante la discusión del proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, manifesté el agrado que nos da tramitar esta iniciativa, porque es el resultado de un largo clamor de los profesionales dedicados a enseñar, que son la piedra angular de la formación, de la educación de los que mañana tendrán a cargo la dirección del país o que simplemente vivirán en él. Felicito al Colegio de Profesores por su constante lucha por las reivindicaciones de su gremio, el del magisterio nacional. Sin duda, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está dando respuesta a quienes perdieron derechos, pero no su dignidad, durante un gobierno que no vale la pena recordar. Hoy comienza a abrirse un nuevo espacio para los educadores de nuestro país. También dije algo crítico, pero constructivo. No como esas críticas que hacen en este Hemiciclo quienes llevaron a la educación al mercado y provocaron los problemas que hoy viven los educadores y la educación misma. Por eso hay que tener cuidado al criticar. Hay que recordar el pasado y lo que fuimos y mirar lo que hoy somos. Saludo también a esos municipios que debieron sacrificar medios económicos que originalmente estaban destinados a financiar otras obras de sus comunas, para darle prioridad al cumplimiento del presupuesto de educación. Aunque los recursos son escasos, igual lo hicieron. O sea, no endeudaron a sus departamentos de educación, pero hoy no se les aporta el cien por ciento de los recursos a quienes cumplieron con su deber. Esa es mi crítica, que compartimos con el colega José Miguel Ortiz . Pero sabemos que ahí hay años de plazo, por lo que espero que, más temprano que tarde, esos plazos disminuyan, porque hoy debe tener prioridad la desmunicipalización de la educación. Con el nuevo sistema, ya no tendremos tantos problemas como los que hoy presenta la educación. Por eso me entusiasmó la discusión que sostuvimos ayer en la comisión cuando debatimos este proyecto. En todo caso, solicito que se me excuse porque no participaré en la votación de esta iniciativa hoy en la Sala, debido al artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que me obliga a inhabilitarme. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson . El señor JACKSON.- Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Educación, quien nos acompaña. Es cierto que al discutir esta iniciativa uno advierte que no cambiará radicalmente la educación o el sistema educativo de nuestro país, pero no quisiera esquivar la duda que algunos quisieron instalar en la discusión en cuanto a que si se trataba meramente de una medida de parche. Es una manera de verlo, pero también lo podemos evaluar como un acto de justicia tardía. Es un acto de justicia para con algunos profesores ante las precarias condiciones en que quedaron quienes fueron víctimas de la municipalización en los años 80. Lo más valorable es que este acto de justicia no se habría discutido ni estaríamos pronto a aprobarlo en su primer trámite constitucional sin la fuerte y constante movilización de sus actores principales: los profesores, y sin el apoyo de sus comunidades educativas, integrada además por apoderados y estudiantes, y de la gente en general, que reconoció la legitimidad de esta demanda de los profesores, que hoy reciben pensiones de hambre, lo que provoca que muchos educadores que están edad de hacerlo no quieran jubilarse, con lo cual se produce un problema de falta de rotación de profesores y de dinamismo en las aulas y escuelas de nuestro país. La primera versión de este proyecto desconocía la responsabilidad del gobierno en el financiamiento del beneficio, no obstante que se había comprometido a ello con el Colegio de Profesores. El Fisco dejaba esa responsabilidad a los municipios. Además, el proyecto venía acompañado de un vergonzoso informe financiero, lo que denunciamos transversalmente los integrantes de la Comisión de Educación; incluso, su Presidente, el señor Mario Venegas , fue muy enfático en señalar al gobierno que fuera más riguroso tanto al momento de elaborar el informe como en cuanto al esfuerzo económico que debía hacerse. No obstante, el texto que hoy ponemos a disposición de la Sala es muy distinto al original, ya que el gobierno accedió a aumentar del 11 al 65 por ciento su aporte de los fondos totales que se requieren, con mecanismos de flexibilización que permitirán financiar la diferencia a aquellos municipios que no tengan el tope del 3 por ciento de deuda, lo que hace al proyecto algo mucho más digerible y, por supuesto, un avance sustantivo respecto de lo que se planteó en un primer momento. En consecuencia, anuncio de antemano mi voto favorable a la iniciativa, pero no sin antes hacer un llamado transversal para dejar de lado el doble estándar que ha habido en la política chilena, en especial cuando decimos que educar es la labor más importante para el país. Por un lado, nos lavamos la boca con la necesidad de contar con una educación de calidad, pero, por otro, destinamos muy poco a quienes se encargan de realizar esa tarea vital y tratamos de vapulearlos. Muchas veces ellos son el chivo expiatorio de los malos resultados que se producen, pero cuando los resultados son buenos, parece que nunca se debe a los profesores, sino a las políticas que implementa el gobierno de turno. Hagámonos cargo del hecho de que si los profesores son los actores principales, también deben tener un mayor reconocimiento social y, por cierto, monetario por la labor que realizan. La oportunidad de realizar ese cambio se dará cuando discutamos dos proyectos que se presentarán a tramitación este año: el de desmunicipalización o fortalecimiento de la educación pública y el de carrera docente. Son iniciativas que involucrarán fuertemente la labor docente. El diputado Bellolio reconoció implícitamente que el voucher es una medida que no sirve para financiar la educación, pues señaló que las situaciones son distintas y que no es lo mismo educar en un lado que hacerlo en otro. Él lo ocupa como un argumento para sostener la municipalización, cosa que no comparto, pero es ese mismo argumento el que demuestra que el sistema de voucher no tiene asidero. No tiene sentido destinar el mismo monto para educar en contextos completamente distintos. Por lo tanto, animo al gobierno a que, cuando se presenten esos proyectos, el énfasis, tanto de los nuevos fondos en carrera docente como de la desmunicipalización, vayan direccionados a la oferta que pueda proveer la educación, y no a la demanda, porque esto nos llevaría, lamentablemente, a situaciones en que la escala no permitirá que haya buena educación o a despilfarrar recursos en aquellos lugares donde haya una escala muy grande, recursos que podrían ser muy valiosos en otro lado. Así que reitero mi voto a favor de la iniciativa. Antes de terminar, saludo la presencia de los profesores en las tribunas, representados por los dirigentes de su colegio profesional. Y agrego un saludo especial para todos los profesores del país que recibirán el bono que establece el proyecto en debate, aunque será un acto de justicia tardía para muchos profesores que llevan 20, 30 o quizás 40 años realizando esta labor fundamental. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Camila Vallejo . La señorita VALLEJO (doña Camila) .- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Educación y a los dirigentes del Colegio de Profesores que nos acompañan, que han hecho un gran aporte al magisterio de nuestro país, no solo por lo que se ha evidenciado desde 2011 a la fecha, sino que por su lucha histórica, que ha logrado poner sobre la mesa de discusión no solo la necesidad de brindarles mejores condiciones laborales, sino de mejor enseñanza para nuestros niños. Cuando mejoramos la situación de los profesores, mejoramos la calidad de nuestro sistema educacional. Es por ello que los profesores no solo plantean la necesidad de mejorar sus condiciones laborales, sus deficitarias remuneraciones, sino también el problema estructural y sistémico que afecta a la educación nacional. Incluso han salido a las calles insistentemente, desde antes de 2011, para manifestar la necesidad de desmunicipalizar la educación pública, de “desvoucherizar” su sistema de financiamiento y terminar con el financiamiento compartido, en lo que, por suerte, ya trabajamos, y obtuvimos un proyecto de ley que se hace cargo de ello. Es decir, son los profesores de nuestro país los que han dicho que tenemos que mejorar la educación, pero estos problemas no se resuelven solo con un nuevo trato con los docentes, sino también atacando los problemas estructurales que se han denunciado. Por eso decimos que el proyecto en debate se da dentro de un contexto -así lo han señalado también otros colegas parlamentarios-, que no solo se enmarca en el cumplimiento de una agenda corta por parte del Ministerio de Educación, que aborda la titularidad de los profesores, la necesidad de conformar una mesa de trabajo para tratar el agobio laboral de los docentes y, por cierto, también este proyecto, sino que tiene un contexto estructural. O sea, el carácter de urgente de entregar esta bonificación, para que puedan retirarse los profesores que están en edad de jubilar, se da en un contexto en el que el sistema todavía es municipalizado y en que tenemos un sistema de pensiones totalmente irrisorio y vergonzoso. Por lo tanto, este proyecto no resolverá los problemas estructurales que han denunciado tanto la Asociación Chilena de Municipalidades como los parlamentarios e, incluso, los profesores. Eso deberemos resolverlo con los proyectos que vienen, que ciertamente están incluidos en la agenda del programa de la Nueva Mayoría que está trabajando el Ministerio de Educación. Es decir, necesitamos desmunicipalizar, con un sistema de administración estatal que sea descentralizado. En eso tiene mucha razón el diputado Jaime Bellolio cuando señala que un nuevo sistema de administración de la educación pública por parte del Estado debe atender a las particularidades de las escuelas públicas de nuestro país. No porque sea el Estado se va a desentender de la diversidad o heterogeneidad de la realidad de nuestras regiones, comunas y poblados. También necesitamos resolver el sistema de pensiones, que constituye el origen el problema que estamos tratando de mejorar. O sea, tenemos un problema muy grande. Por eso, como las pensiones son tan miserables, debemos generar un incentivo para que los profesores quieran jubilar y salir del sistema. Además, otro problema estructural, que se va a analizar en la reforma educacional con el Plan Nacional Docente, tiene relación con las bajas remuneraciones de los profesores. En ese sentido, debemos hacer un esfuerzo significativo a la entrada, en los primeros años, cuando los profesores comienzan su ejercicio profesional, para que vayan mejorando sus condiciones remuneracionales en la medida en que vayan progresando en la carrera profesional docente. Ahora, independientemente de eso, este proyecto de incentivo al retiro no resolverá esos problemas estructurales, porque son materia de otras iniciativas. Sin embargo, no podemos dejar de saludar y mencionar el esfuerzo que se ha hecho y lo importante que es esta iniciativa. En la comisión señalamos que la cobertura del 11 por ciento era insuficiente por parte del fisco. De hecho, se hizo un esfuerzo importante para pasar del 11 al 65 por ciento del total de recursos que se necesitan para que los más de diez mil profesores que están en edad de jubilar puedan hacerlo. Asimismo, como indicó la diputada Alejandra Sepúlveda , se avanza para que no sean solo los docentes del sector municipal, sino también aquellos de la administración delegada. Además, otro esfuerzo que también es importante de destacar, que se planteó en la comisión, tiene que ver con atender a las particularidades de las municipalidades, pues no todas tienen la misma cantidad de profesores en condiciones de jubilar ni las mismas capacidades en términos de recursos para cubrir las diferencias para pagar las bonificaciones y el incentivo al retiro. En consecuencia, hay una consideración que debe atender a la diversidad de necesidades de los municipios. Por ejemplo, aquellos que se encuentran en el 3 por ciento, es decir, en el tope de endeudamiento de sus recursos para educación, a fin de que tengan una cobertura estatal del ciento por ciento para pagar el incentivo al retiro. Asimismo, el resto de las municipalidades que se vayan acercando a ese tope también tendrán una gradualidad progresiva en la cobertura por parte del Estado para el pago de las bonificaciones. Es decir, estamos hablando de un proyecto que no solo se hace cargo de garantizar un derecho de los profesores, sino que también de atender a las particularidades de las distintas municipalidades del país. Insisto en algo que manifestó la diputada Karol Cariola , en cuanto a que esto no solo es una responsabilidad del Ministerio de Educación y del Congreso Nacional, que debe aprobar -y espero que sea así este proyecto, sino que también de las mismas municipalidades. Está bien que los alcaldes digan que existen importantes déficits en el sistema municipalizado y que, muchas veces, deben sacar recursos de otras áreas para cubrir las necesidades de educación, porque las subvenciones no les alcanzan, pero también vemos que en muchos municipios -y así lo hemos advertido en la Comisión Investigadora de la ley SEP-, lamentablemente, los mismos recursos para educación que entrega el Estado para pagar las bonificaciones de incentivos al retiro son utilizados para otros propósitos. Obviamente, queremos que esa práctica termine. Por eso, hacemos un llamado a las municipalidades no solo a cumplir con el pago a los profesores, y que efectivamente destinen a los profesores que están en edad de jubilar los recursos que les llegan de parte del Estado, sino también a que todos los recursos para educación sean destinados íntegramente a ese objetivo. Finalmente, espero que por el sentido de urgencia que tiene esta iniciativa, porque hay más de diez mil profesores esperando su incentivo al retiro, tengamos un trámite expedito, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero . El señor MELERO.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro Nicolás Eyzaguirre . Me tocó conocer este proyecto desde la aproximación de la Comisión de Hacienda, más que desde la de Educación. Desde luego, los diputados señores Bellolio y Romilio Gutiérrez , de mi bancada, ya se han expresado desde el punto de vista educacional. Pero quiero hacer mi planteamiento desde la perspectiva de la inquietud salarial y previsional que se genera sobre el magisterio. El proyecto establece claramente que su objetivo fundamental es otorgar un incentivo a los profesionales de la educación que tengan las edades legales requeridas para jubilar por vejez, permitiendo que puedan hacerlo en mejores condiciones económicas en conformidad con su dignidad profesional. No escapará al elevado criterio de la Sala que si los profesores tuvieran sueldos acordes y más altos que los que hoy poseen y una previsión adecuada, los bonos de incentivo al retiro no serían necesarios, porque la dignidad que reclama esta iniciativa -que estoy de acuerdo en otorgar a través de estos bonos la tendrían producto de los ingresos y de la previsión que se hubieran generado. En la Comisión de Hacienda tuvimos este debate con la subsecretaria de Educación, quien, requerida sobre los porcentajes de profesores que ocupaban ese beneficio, señala que, de los últimos dos -este no es el primer bono de incentivo al retiro que se entrega-, aproximadamente el 82 por ciento de los profesores había hecho uso de él, y dentro de ese grupo, muy mayoritariamente, pues así es la composición del magisterio, mujeres más que hombres. Y también sabemos que en nuestro sistema previsional las mujeres jubilan cinco años antes que los hombres. El proyecto establece, además, que el bono no tiene efecto impositivo -es decir, no mejora la densidad ni la masa de los recursos destinados a la previsióny que será incompatible con toda indemnización o bonificación que por concepto de término de la relación de los años de servicio le pudiera corresponder al profesional. Es decir, renuncia a todo lo que significan los derechos laborales que emanan de eso y solo se queda con el bono, que sabemos es de 21,5 millones de pesos para la mayor cantidad de años que tengan los profesores. Al respecto, me gustaría llamar la atención del ministro, a objeto de hacer un seguimiento sobre el efecto que tienen esos bonos. Así como sabemos que se acoge al bono el 82 por ciento de los profesores, sería interesante conocer qué ocurre con los profesores que se acogen a ello. Por ejemplo, ¿ellos tienden mayoritariamente a recontratarse en el sector particular o particular subvencionado? ¿Se retiran efectivamente? ¿Qué ocurre con la vida de esos profesores, a los cuales hemos incentivado a abandonar la estructura del Estado municipal, pero que, probablemente muchos de ellos busquen en el ámbito particular o particular subvencionado un complemento a su sueldo, lo que también tiene un efecto sobre profesores jóvenes que buscan trabajo por primera vez? Creo muy necesario observar el comportamiento laboral y previsional de los profesores que se retiran. Estoy seguro de que podemos avanzar -creo que hay un gran consenso en tal sentido en la sociedad chilena en mejorar las remuneraciones de los profesores y, además, en preocupamos de fortalecer más nuestro sistema previsional, que es un tema pendiente -pareciera ser que, afortunadamente, el gobierno de la Nueva Mayoría abandonó la peregrina idea de crear la AFP estatal, porque no soluciona el problema a futuro de los ingresos previsionales de los trabajadores-, con un mejoramiento del componente solidario y con la búsqueda de formas que permitan que la densidad de recursos que se destinan a la vejez sean mayores. En la situación actual, en que la mujer jubila a los 60 años, por mucho que el sistema previsional de las AFP haya sido muy eficiente en su rentabilidad desde sus inicios. Hoy fueron publicadas las cifras que indican cómo los multifondos, que debutaron hace varios años, han entregado una rentabilidad promedio superior al 8 por ciento. Me pregunto qué tipo de ahorro, qué libreta de ahorros, qué depósito a plazo entrega la rentabilidad que hoy está dando el sistema de AFP y de multifondos. Esa mejoría parece imposible. Entonces, para terminar, quiero llamar la atención sobre la necesidad de procurar un sistema de mayores y mejores sueldos, con mejores y más justas imposiciones que permita, ojalá, que el Parlamento no tenga que aprobar nuevos bonos de incentivo al retiro, porque el sistema, por sí solo y por la dignidad de los profesores, permite que ellos puedan irse, a la edad de jubilar, con una buena previsión, y no tener que recurrir a estos bonos, que si bien transitoriamente hay que aprobarlos, no debieran constituirse en una política permanente. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Ha concluido el Orden del Día. ¿Habría acuerdo de la Sala para que las señoras y señores diputados inscritos que no alcanzaron a hacer uso de la palabra puedan insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones? Acordado. -En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario: El señor JARPA.- Quiero recordar que el lema del Presidente Pedro Aguirre Cerda fue Gobernar es Educar y tenemos claro que la herramienta para disminuir la brecha que existe hoy en la desigualdad de oportunidades en un mundo supuestamente inclusivo, es la educación gratuita, de calidad e igualitaria. Tenemos que reconocer que sólo y por medio de personas con una real vocación, que cumplen un rol fundamental para nuestra sociedad son los profesores. Es por eso que hoy estamos aprobando este proyecto que repara en parte la dignidad de los docentes, quienes cumplen un rol prioritario en la formación de las personas y que lamentablemente producto de un período nefasto de nuestra historia se desvirtuó su labor. Debemos recordar cuales son las causas que derivaron en el deterioro y descredito hacia los profesores en cuanto a su profesión, las cuales se originaron en el traspaso de la educación a los municipios, la creación de las AFP que además trajeron consigo una deuda histórica que aún no logramos subsanar. Deseo mencionar que el diario La Discusión de Chillán, en un artículo publicado el pasado 26 de febrero, da a conocer que el alcalde de la época de la capital provincial de Ñuble, reconocía en el año 1990 una deuda de 450 millones de pesos, dejando en claro además que lo que se realizó no fue una municipalización, sino que una alcaldización de los profesores, con las consecuencias que apreciamos hoy en día. Quiero señalar que este proyecto de ley, el cual aplaudo y en el cual aprovecho de manifestar que espero que las reformas estructurales que se están discutiendo actualmente en este Congreso, permitan hacer cambios de fondo en un modelo nefasto, que sólo ha traído inconvenientes y malos tratos a los profesores, termine de una vez por todas con estos incentivos al retiro, los cuales aprobamos cada cierto tiempo, como una forma de reparar en parte el gran daño causado a una profesión fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y que ha dificultado a quienes ejercen la docencia, sus legitimas demandas por una mejor estabilidad laboral y cambios en su sistema previsional, entregando tranquilidad y el reconocimiento que se merecen como formadores de una nación. Este proyecto que estamos aprobando hoy ha incrementado los recursos por parte del Estado, precisamente después que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados anunciara que no aprobaría la iniciativa original, por lo cual el ministerio de Hacienda y educación escucharon nuestras voces, permitiendo que hoy no sea a costo municipal, sino que estatal con un aporte de un 65 por ciento. El porcentaje restante será financiado por los respectivos municipios de acuerdo a la readecuación del sistema educacional por medio de adelantos solicitados al Ejecutivo. Es por este motivo que deseo destacar la buena predisposición del Ministerio de Hacienda y del Colegio de Profesores, lo que nos ha permitido que hoy podamos estar aprobando esta normativa legal por unanimidad de los parlamentarios con el beneplácito de los docentes. Finalmente anuncio nuestro voto favorable como radicales a este proyecto que va a paliar la injusticia en materia previsional que permanentemente se manifiesta en intranquilidad a quienes desempeñan la labor docente, resaltando que se ha escuchado la voz de los profesores del decreto ley 3.166, de 1980, quienes también fueron incorporados en este beneficio, haciendo la mayor justicia posible. Reitero y espero que no sea necesario más adelante volver a aprobar este tipo de normativas, confiando en las reformas estructurales que estamos realizando para construir una mejor sociedad, más justa e igualitaria en la que el reconocimiento de la deuda histórica sea una solución que el Estado entregue a los profesores. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres . El señor TORRES.- Señor Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, me voy a inhabilitar de votar. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo . El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en mi intervención sobre el proyecto hice el mismo alcance que mi colega Víctor Torres: que de acuerdo con el artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, me abstendré de votar. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz . El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ayer participé activamente en la Comisión de Hacienda, pero, en virtud del artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, también me inhabilito de votar, porque un hijo mío es alcalde de Concepción. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero . El señor MELERO.- Señor Presidente, me voy a referir a una materia reglamentaria. Desde hace un tiempo, se ha ido haciendo habitual que algunos parlamentarios se inhiban de votar, desde mi punto de vista, en una mala e incorrecta interpretación del artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Considero que los diputados señores Enrique Jaramillo y José Miguel Ortiz no tienen por qué inhabilitarse porque sus hijos sean alcaldes. Este proyecto de ley va en beneficio directo de los profesores, de la comunidad, del municipio y de sus arcas, porque afortunadamente el gobierno pone más recursos, pero no de los alcaldes. Me parece que estas prácticas van sentando una suerte de precedente y de complejo, en que los diputados nos inhabilitamos de votar en materias en las que no tenemos por qué hacerlo. Respeto el derecho de un parlamentario a no votar, pero no invoquemos una causal reglamentaria por la cual el día de mañana otro parlamentario podría decir: “Tú lo hiciste en su momento, pero yo no”, y se va generando un cuadro no deseado. A mi juicio, la Mesa debe representar a un parlamentario cuando está haciendo una interpretación equívoca de la ley, para que nos vayamos acotando a lo que estrictamente establece la norma. Y esta dice que no se debe votar en aquellas materias que vayan en directo beneficio del parlamentario, y no es el caso de este proyecto de ley. Incluso, el inciso segundo entrega mayor claridad al respecto. Creo que hay un exceso de escrúpulos en esta materia, y nos estamos inhibiendo de votar, sin necesidad de hacerlo. El señor ANDRADE.- ¡No se enoje, señor diputado! El señor MELERO.- No me enojo, diputado Andrade . Simplemente me inspira la intención de hacer una interpretación justa, equitativa y adecuada de la norma, para no actuar de la forma en que se está haciendo. Quizás nos empezamos a inhibir en todo, por lo que está sucediendo en el país. No debemos inhibirnos de votar en lo que no corresponde. Por lo tanto, llamo a la Mesa a fijar una suerte de criterio y, si es necesario, llamar la atención de un diputado, en un sentido positivo, cuando se está inhibiendo de votar sin mayor fundamento. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth . El señor AUTH.- Señor Presidente, estaría completamente de acuerdo con el diputado Patricio Melero si el Congreso Nacional hubiera pecado más por exceso que por omisión. Pero aquí no han sobrado las inhibiciones para votar; más bien, han faltado inhibiciones. Por lo tanto, si el diputado Melero sugiere trasladar a la Mesa la decisión relativa a cuando un diputado se autoinhabilita, estaría de acuerdo solo si le dejamos a la Mesa la responsabilidad en todos los casos, incluso cuando un diputado no se pronuncia, para que la Mesa le haga presente que tiene que inhabilitarse. Reitero: aquí ha faltado decisión y coraje de los diputados para inhabilitarse; no ha sobrado. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio . El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, estoy muy sorprendido por la intervención del diputado Patricio Melero , porque la facultad de inhabilitarse de votar en determinadas materias es personalísima del diputado que asume la decisión. De forma tal que enaltece al Congreso Nacional, en particular a los diputados que se abstienen de emitir su voto, cuando por sí y ante sí definen y resuelven que se encuentran en la causal del artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. El gran defecto de esta Cámara ha sido que, aunque muchos diputados han tenido claramente intereses en los asuntos que se debaten, no hagan uso de esta facultad de inhabilitarse para votar, con lo cual dañan y afectan gravemente la percepción que los ciudadanos tienen del Congreso Nacional y, en particular, de la Cámara de Diputados. Entonces, rechazo con toda la fuerza de mis convicciones las expresiones del diputado Melero , y respaldo y hago mías las expresiones del diputado Pepe Auth . El señor CORNEJO (Presidente).- La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, en dos oportunidades -entiendo que por unanimidad-, ha señalado que ella pueda intervenir con posterioridad, cuando un parlamentario se ha encontrado en una situación en que ha estado obligado a inhabilitarse, pero que no lo ha hecho. De modo que no quisiera tomar partido en una u otra dirección, porque no me corresponde, como me lo recuerda el diputado Andrade . Como ha sido planteado, el derecho de inhabilitarse es exclusivo del diputado, y solo se interviene cuando, debiendo inhabilitarse en una votación, no lo hizo, y eso se hace con posterioridad. Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio . El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, cada cual podrá hacer la lectura que quiera, pero el artículo 5º B, en su segundo inciso, señala: “No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara.”. Cada cual sabrá cuándo corresponde y cuándo no. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez . El señor NÚÑEZ (don Daniel).- Señor Presidente, en relación con la discusión y lo que usted ha planteado, en el sentido de que no le compete a la presidencia de la Cámara de Diputados referirse a esta inhabilidad y respecto de cuando es pertinente o no hacer uso de ella por parte de los diputados, y que es la Comisión de Ética quien debe hacerlo, aprovecho de pedir que la Comisión de Ética efectivamente lo haga. Hace varias semanas hicimos una presentación, pero la comisión todavía no se ha reunido. Como este es un tema de debate público, y la opinión pública tiene opinión, pareciera ser que los diputados no queremos abordar el tema. Al respecto, pido respetuosamente a la Comisión de Ética que lo hagamos, porque de otra manera pareciera ser que estamos eludiendo el debate. En ese sentido, hay cosas que aclarar. Además, respaldo plenamente las palabras del diputado Pepe Auth . He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Entonces, corresponde votar en general el proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario. Hago presente a la Sala que todas las normas de la iniciativa tratan materias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención, y 3 inhabilitaciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio ; Alvarez Vera Jenny ; Andrade Lara Osvaldo ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bellolio Avaria Jaime ; Berger Fett Bernardo ; Browne Urrejola Pedro ; Campos Jara Cristián ; Cariola Oliva Karol ; Carmona Soto Lautaro ; Carvajal Ambiado Loreto ; Castro González Juan Luis ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cicardini Milla Daniella ; Coloma Alamos Juan Antonio ; Cornejo González Aldo ; Edwards Silva José Manuel ; Espejo Yaksic Sergio ; Espinosa Monardes Marcos ; Farcas Guendelman Daniel ; Fernández Allende Maya ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; Gahona Salazar Sergio ; García García René Manuel ; Girardi Lavín Cristina ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Gutiérrez Pino Romilio ; Hasbún Selume Gustavo ; Hernández Hernández Javier ; Hernando Pérez Marcela ; Hoffmann Opazo María José ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jackson Drago Giorgio ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Lavín León Joaquín ; Letelier Norambuena Felipe ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Melo Contreras Daniel ; Meza Moncada Fernando ; Mirosevic Verdugo Vlado ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Urrutia Paulina ; Ojeda Uribe Sergio ; Paulsen Kehr Diego ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Pilowsky Greene Jaime ; Provoste Campillay Yasna ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Rincón González Ricardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Rubilar Barahona Karla ; Sabat Fernández Marcela ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Santana Tirachini Alejandro ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Méndez Ernesto ; Soto Ferrada Leonardo ; Squella Ovalle Arturo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urízar Muñoz Christian ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Urrutia Soto Osvaldo ; Vallejo Dowling Camila ; Vallespín López Patricio ; Van Rysselberghe Herrera Enrique ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Matías . -Se abstuvo el diputado señor Boric Font Gabriel . -Se inhabilita con los diputados señores Jaramillo Becker Enrique , Ortiz Novoa José Miguel, Torres Jeldes Víctor . El señor BORIC.- Señor Presidente, mi voto apareció como abstención, pero es a favor. El señor CORNEJO (Presidente).- Se dejará constancia de su precisión en el acta, señor diputado. Y por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular. Despachado el proyecto. -Aplausos.
OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9866-04) El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Prosecretario acaba de dar cuenta de un proyecto de ley, iniciado en mensaje, que otorga una bonificación por retiro voluntario a los profesionales de la educación que indica, el cual ha sido calificado con urgencia de discusión inmediata, por lo que corresponde tratarlo en primer lugar de la Tabla. Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son la señora Cristina Girardi y el señor Matías Walker , respectivamente. Antecedentes: -Mensaje, sesión 116ª de la presente legislatura, en 20 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 2. -Informe de la Comisión de Educación. Documentos de la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones. -Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 4 de este boletín de sesiones. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Educación. La señora GIRARDI, doña Cristina (de pie).- Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y con urgencia calificada de discusión inmediata, que otorga una bonificación de retiro voluntario a los profesionales de la educación que indica. Fundamentos y objetivos del proyecto. Según se expresa en el mensaje remitido por su excelencia la Presidenta de la República, este proyecto de ley, que es fruto de un acuerdo que alcanzaron el gobierno y el Colegio de Profesores de Chile, tiene por objeto establecer un plan de retiro para los profesionales de la educación del sector municipal y aquellos que se desempeñen en establecimientos educacionales regidos por el decreto ley N° 3166, de 1980, que hayan cumplido o cumplan 60 o más años de edad, si son mujeres, o 65 o más años de edad, si son hombres, al 31 de diciembre de 2015, dicha fecha inclusive. Agrega que aquellos profesionales de la educación que presenten la renuncia voluntaria a la totalidad de las horas que sirven, podrán acceder a una bonificación de hasta 21.500.000 pesos, dependiendo de las horas de contrato y los años de servicio que acrediten ante su empleador. Para el sector municipal, la bonificación -así se estableció en el mensajees de cargo de los sostenedores, los que podrán solicitar anticipos de la subvención de escolaridad para dichos efectos. La diferencia entre lo que corresponda pagar al sostenedor municipal y el monto de la bonificación por retiro que establece el presente proyecto de ley, será financiada con un aporte extraordinario del fisco. Respecto de los profesionales de la educación que se desempeñan en los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3166, de 1980, su financiamiento será de cargo de la institución administradora hasta un monto equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio del profesional de la educación y fracción superior a seis meses, con un máximo de once meses. En caso de existir diferencias entre lo que corresponde pagar a la entidad administradora y el monto de la bonificación por retiro antes dicho, el fisco otorgará un aporte extraordinario equivalente a la diferencia. Por último, respecto de los profesionales de la educación que se desempeñen en el sector municipal, ya sea por administración directa de las municipalidades o a través de corporaciones municipales, en calidad de titulares o contratados, que tengan derecho al bono establecido en la ley N° 20.305, por encontrarse en la cobertura del citado beneficio, se compatibilizan los plazos para acceder a él. Posteriormente, el Ejecutivo, a solicitud de los diputados miembros de la comisión, presentó una indicación que modificó la forma de financiamiento de la bonificación por retiro voluntario correspondiente al sector municipal, establecida en el artículo 6° del proyecto. Cabe precisar que se mantiene la regla general que establece que la bonificación será de cargo del sostenedor del sector municipal hasta el monto que le correspondiere pagar en el caso de la indemnización establecida en el artículo 73 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, para lo cual la municipalidad o corporación podrá solicitar anticipos de subvenciones. La diferencia entre la bonificación por retiro voluntario y el monto que le corresponde pagar al sostenedor municipal, si la hubiere, será cubierta por un aporte extraordinario de cargo fiscal. La indicación del Ejecutivo agrega una nueva norma que crea un aporte complementario, de cargo fiscal que, por una parte, reintegrará en 25 por ciento el financiamiento que el sostenedor destine al pago total o parcial de la bonificación por retiro voluntario sin que solicite anticipo de subvención de escolaridad y/o financiará el 25 por ciento de los anticipos de subvenciones que requiera el sostenedor municipal para el pago de dicha bonificación. Por otra parte, dicho aporte complementario de cargo fiscal financiará el monto total que requiera el sostenedor cuando las cuotas de reintegro de los anticipos superen el 3 por ciento de la subvención de escolaridad. El aporte complementario de cargo fiscal que reintegra el 25 por ciento de los aportes propios del sostenedor será entregado por el Ministerio de Educación, si es solicitado por los sostenedores municipales dentro de los dos meses siguientes al pago efectivo de la bonificación al docente. En tanto, el aporte complementario que contribuirá a financiar el 25 por ciento de los anticipos de subvenciones se hará efectivo rebajando dicho porcentaje a las cuotas de reintegro que se aplican a contar del undécimo mes siguiente a la percepción del anticipo. Por lo tanto -es importante tenerlo claro-, la nueva propuesta de financiamiento del plan de incentivo al retiro de docentes se basa en un esfuerzo en términos de recursos fiscales incrementados fuertemente respecto de la propuesta inicial, pasando de un financiamiento de solo el 11,2 por parte del fisco al 65,2 por ciento que asumirá el Ministerio de Educación. El plan de retiro generará ahorros para el sostenedor por concepto de remuneraciones. Para asegurar que este ahorro sea efectivo, solo se permitirá llenar los cupos dejados por los docentes que se retiren, en casos fundados que sean aprobados por el Ministerio de Educación, con especial resguardo a la calidad de la educación de los estudiantes del sector público. Existe una indicación presentada por diputados de la Nueva Mayoría, que plantea lo siguiente: “En todo caso, dichas contrataciones deberán ajustarse al respectivo Plan de Desarrollo Educativo Municipal (Padem), conforme a lo dispuesto en el inciso quinto de este artículo.”. Por otra parte, se entregará un apoyo a todos los municipios que lo soliciten para hacerse cargo de la bonificación por retiro, en especial a los que presentan dificultades financieras, dada su limitada capacidad de endeudamiento, y se aseguran los recursos necesarios para no poner en riesgo el ejercicio del derecho de los docentes. En ese sentido, existe otra indicación de diputados de la Nueva Mayoría, que plantea: “Este pago será una obligación del sostenedor y no podrá utilizar los recursos en ningún otro fin.”. En este contexto, los aportes del Estado para el sector municipal ascenderían a 115.596 millones de pesos, esto es, 65,2 por ciento de los costos del plan de retiro para esta dependencia. Estos aportes se dividirían entre un aporte extraordinario y un nuevo aporte complementario, destinado a financiar parcial o totalmente la bonificación que sigue siendo de cargo del sostenedor. Constancias reglamentarias I. Idea matriz del proyecto. La iniciativa legal tiene como propósito otorgar un incentivo a los profesionales de la educación que tengan las edades legales requeridas para pensionarse por vejez, permitiendo que puedan hacerlo en mejores condiciones económicas, conforme a su dignidad profesional. II. No hay artículos que deban ser calificados como normas orgánicas constitucionales o de quórum calificado. III. El proyecto de ley fue conocido en su totalidad por la Comisión de Hacienda. IV. No hubo artículos ni indicaciones rechazados. V. Aprobación en general. El proyecto fue aprobado por mayoría de votos, con los votos a favor de las diputadas María José Hoffmann Opazo , Camila Vallejo Dowling y Cristina Girardi Lavín , y de los diputados Jaime Bellolio Avaria , Romilio Gutiérrez Pino , Giorgio Jackson Drago , Juan Morano Cornejo -en reemplazo de la diputada Yasna Provoste Campillay -, Alberto Robles Pantoja y Mario Venegas Cárdenas (Presidente). Se abstuvo el diputado Felipe Kast Sommerhoff. VI. Votación en particular. El proyecto, con la indicación sustitutiva del Ejecutivo y dos indicaciones parlamentarias, fue aprobado por unanimidad. Los artículos 1°, 2°, 4°, 5 ° y 8° fueron aprobados por 9 votos a favor, y los artículos 3°, 6° y 7°, por 10 votos afirmativos. VII.- Finalmente, en nombre de la Comisión, deseo agradecer en especial la excelente disposición del Ejecutivo, que, junto con hacer un gran esfuerzo para aumentar de modo considerable el financiamiento fiscal de esta bonificación, acogió y plasmó en el texto del proyecto, mediante la presentación de una indicación sustitutiva, las inquietudes planteadas por los miembros de la comisión. Es todo cuanto puedo informar a esta honorable Sala. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda. El señor WALKER (de pie).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo saludar al ministro Eyzaguirre y a los dirigentes del Colegio de Profesores. Me corresponde rendir el informe relativo al proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario, con urgencia calificada de discusión inmediata y de conformidad con el artículo 226 del Reglamento de la Corporación. Al tenor del informe de la comisión técnica, la totalidad del proyecto es de competencia de la Comisión de Hacienda. El texto aprobado por la Comisión de Educación fue tratado en una única sesión, en la que se contó con la participación de la señora Valentina Quiroga , subsecretaria de Educación, y del señor Jorge Rodríguez , subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos. Como señaló la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, el proyecto tiene como objeto otorgar una bonificación por retiro de hasta 21.500.000 pesos, la que se calculará en proporción a las horas contratadas y años de servicio y fracción superior a seis meses, considerando un máximo de 37 horas y 11 años. Con tal objeto, la iniciativa contempla un mecanismo de financiamiento mixto por parte del fisco y los sostenedores. En el caso de los sostenedores municipales, el financiamiento estatal alcanza al 65,2 por ciento en términos agregados; esto es, el monto del aporte extraordinario y el aporte complementario, mientras que el monto del aporte fiscal a cada uno de ellos dependerá de su nivel de endeudamiento actual y de la cantidad de profesores que se acojan al beneficio. Respecto de la parte que corresponderá pagar al sostenedor, se podrán solicitar adelantos de subvención, que se reintegrarán a partir del mes 11 y en 144 cuotas mensuales iguales y, en el caso de establecimientos de administración delegada, se financiará con cargo al aporte anual que el Ministerio de Educación les entrega para su operación. En el informe financiero sustitutivo Nº 28, de 3 de marzo de 2015, se señala que el costo total que demanda la bonificación por retiro voluntario de los profesionales de la educación asciende a 183.741 millones de pesos. Se precisa que el costo de la bonificación del sector municipal, de cargo fiscal, alcanza a 115.599 millones de pesos, lo que es equivalente al referido 65,2 por ciento del costo total para este sector y que corresponde a la suma del aporte extraordinario y del aporte complementario. Por su parte, el costo de la bonificación para los establecimientos de administración delegada por concepto de aporte extraordinario es de 1.496 millones de pesos. En resumen, el mayor gasto fiscal estimado por el proyecto de ley es de 117.095 millones de pesos, el cual para el 2015 será financiado con el presupuesto del Ministerio de Educación y, en lo que faltare, con traspasos del presupuesto del Tesoro Público. La diferencia de 66.646 millones de pesos es de cargo de los sostenedores. Adicionalmente, se hizo presente por el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos que, en relación con las finanzas municipales, el proyecto implica una potencial reducción de costos debido a que los profesores que se acojan a retiro serán reemplazados por profesores más jóvenes y con menor remuneración o, en parte, no serán reemplazados. En el primer caso, dicha reducción se estima en 80.300 millones de pesos al año y, en el segundo, la reducción de costos sería de 173.000 millones de pesos anuales. La Comisión, en consideración al mérito del proyecto y sus fundamentos expresados, lo aprobó por unanimidad en los mismos términos que la comisión técnica, y del mismo modo recomienda su aprobación a la Sala. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Romilio Gutiérrez . El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente, en primer lugar, aprovecho la ocasión para saludar al ministro de Educación, presente en la Sala. Cabe recordar que cuando ingresó a tramitación este proyecto de ley, que en las comisiones que lo estudiaron contó con los votos favorables de todos los sectores políticos, se advirtió que su financiamiento era muy complejo para las municipalidades -así lo hizo presente la Asociación Chilena de Municipalidades-, ya que del monto total de financiamiento, que se estimaba en algo más de 177.000 millones de pesos, 157.000 millones de pesos tenían que ser financiados por los municipios, con un aporte de 19.783 millones de pesos de parte del Estado. Esa situación cambió completamente y hoy el aporte comprometido por el gobierno supera los 115.000 millones de pesos. Evidentemente, esto cambia el contexto. Todos conocemos la dramática situación en materia de financiamiento que sufren algunos municipios a consecuencia del financiamiento del sistema educacional, lo cual obliga a las municipalidades a poner mensualmente recursos para financiar los costos de operación de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, creemos que la fórmula que se aprobó en la Comisión de Educación favorece sustancialmente un mejor mecanismo de financiamiento, pero, a la vez, permite que en relación con el objetivo final de este programa de incentivo al retiro, se reconozca a los profesores que están en condiciones de jubilar. Agradezco la favorable disposición y la acogida del gobierno a las propuestas que se le hicieron en la Comisión de Educación respecto de la necesidad de mejorar el financiamiento de esta futura ley. Tenemos más de diez mil profesores que, al 31 de diciembre del presente año, estarán en condiciones de acogerse a un merecido descanso. Lo que se busca con la entrega de este bono es compensar en parte un problema que arrastramos desde hace muchos años relacionado con las bajas pensiones. Debemos considerar que en el caso que nos ocupa, se trata de profesionales de la educación que tienen rentas cercanas a ochocientos mil pesos, un millón de pesos o un millón doscientos mil pesos, quienes cuando dejen de trabajar quedarán con un ingreso mensual en torno a los 200 mil pesos. Estamos ante una situación que preocupa. Por eso, el bono en comento les ayudará a enfrentar los primeros años tras optar por el retiro y el merecido descanso. Como país, tenemos el desafío de mejorar nuestro sistema de pensiones, para así elevar los montos que perciben las personas que se acogen a jubilación, de manera que puedan mantener su vida con un cierto nivel de seguridad y calidad. El Colegio de Profesores -a cuyos representantes, que nos acompañan en las tribunas, aprovecho de saludar hizo presente que este beneficio no se debe mantener solo por una determinada cantidad de años. En efecto, cada cierto tiempo tenemos que legislar para establecer una ley de incentivo al retiro que tiene vigencia solo por un período acotado. Así, por ejemplo, la que se encuentra en tramitación rige solo por el 2015. Por eso, señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al señor ministro que espero que cuando ingrese el proyecto de ley sobre carrera docente, ojalá se consideren, más allá de la formación, el ingreso a la carrera, la mantención en ella y el desarrollo profesional, las condiciones de egreso del profesor. Ojalá se establezcan beneficios permanentes en favor de los profesionales de la educación, de manera que cuando estos terminen su ejercicio profesional, se puedan pensionar en buenas condiciones, de acuerdo con su dignidad profesional, y con un reconocimiento del país. En suma, pido que, en lo sucesivo, respecto de esta materia no se legisle por una determinada cantidad de tiempo, sino que en la carrera docente queden establecidos los derechos y beneficios que tendrán los profesores cuando se acojan a jubilación. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad para dar una señal contundente de cómo creemos que debe ser una carrera moderna y efectiva, que premie y reconozca el mejor desempeño, pero que también sea un reconocimiento a los años de ejercicio profesional. Por último, agradezco a todos los colegas integrantes de las dos comisiones que estudiaron la iniciativa, por haberle entregado su aprobación, y anuncio que la UDI la va a votar favorablemente. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas . El señor VENEGAS.- Señor Presidente, quiero contextualizar cómo se ha dado la tramitación de este proyecto de ley. Como es sabido, cada cierto tiempo nos vemos en la obligación de aprobar proyectos de ley de esta naturaleza, que generan un incentivo al retiro no solo de profesores, sino también de funcionarios públicos y funcionarios municipales. Cabe aprovechar la ocasión para denunciar que esto no sería necesario si tuviéramos un sistema previsional justo y adecuado, y no este sistema impuesto, que, en el caso de los profesores, de los funcionarios públicos y de los funcionarios municipales, termina entregando pensiones indignas, casi miserables. Creo que es importante decirlo, porque a veces, con liviandad, se dice que “tenemos que legislar al respecto”, sin considerar cuál es la causa basal -como diría alguie nde este problema: el sistema previsional que rige para quienes fuimos obligados a incorporarnos al sistema de administradoras de fondos de pensiones. Esto lo digo a propósito de que hoy algunos señalan que han hecho una gran contribución a la patria por ser dueños de una AFP. A lo largo de muchos años, diferentes colegios profesionales y gremios han negociado con los gobiernos de turno para conseguir una reparación al daño previsional que han sufrido miles de empleados públicos y, por cierto, profesores. La fórmula que se ha usado en el caso de los profesores ha sido financiar el pago de la respectiva bonificación de incentivo al retiro con cargo al sostenedor. En ese sentido, por lo general el Ministerio de Educación hacía entrega de una suerte de préstamo, por la vía del adelanto de subvenciones, a pagar en el futuro, pero ponía una regla: los sostenedores -el departamento de administración de la educación municipal o la corporación, según sea el caso no podían endeudarse más allá del 3 por ciento del total de la subvención. Es decir, ponía un límite a los municipios más complicados. Al respecto, es conocido que la inmensa mayoría de los municipios, salvo honrosas excepciones, tienen problemas financieros muy graves. El costo total potencial del proyecto original para el sistema municipal, que voy a poner en números gruesos, es del orden de los 180 mil millones de pesos. El informe financiero de enero pasado sobre el proyecto original señalaba que el aporte fiscal directo era de 20 mil millones de pesos, y el resto, como he señalado, se financiaría por la vía de que los sostenedores pidieran adelantos de subvención, es decir, con más endeudamiento. Junto con los diputados miembros de la comisión, hicimos notar al gobierno, con el mayor de los respetos, pero también con energía, que esa fórmula -seguir endeudando a los municipios y contribuyendo al aumento de su crisis financiera no parecía razonable, dado el contexto actual de discusión de la reforma educacional y de creación de una nueva institucionalidad para la educación pública y para el fortalecimiento de la misma. Al respecto, quiero hacer un reconocimiento -nobleza obliga-: el gobierno, en las personas del ministro de Educación, de la subsecretaria de esa cartera y del director de Presupuestos, señor Sergio Granados , nos escuchó y se comprometió a estudiar durante febrero una nueva fórmula de financiamiento, que nos daría a conocer cuando reiniciáramos el proceso legislativo. Quiero ser muy sincero: la fórmula presentada -dada la experiencia que existe en relación con las negociaciones que hemos llevado a cabo con Hacienda y con la Dirección de Presupuestos nos sorprendió por lo generosa, porque de los 20 mil millones de pesos iniciales de aporte fiscal directo, se pasó a un aporte fiscal directo de 115 mil millones de pesos; es decir, inicialmente teníamos un aporte fiscal directo de 11,2 por ciento, que aumentó a 65,2 por ciento. Primer elemento positivo del proyecto que estamos discutiendo. En segundo lugar, el bono de incentivo al retiro es mejor que los bonos que se han dado en otras ocasiones, no solo por el monto -21.500.000 pesos-, sino porque además la estructura de entrega del beneficio es mejor que antes. En efecto, en el pasado el bono máximo se entregaba a los profesores que tenían cuarenta y cuatro horas contratadas, o sea, el máximo. Hoy el monto máximo de la bonificación favorecerá a los profesores que tengan un contrato de 37 a 44 horas. El resto la recibirá en proporción al número de horas contratadas. Adicionalmente, el proyecto de ley contiene otro elemento nuevo y positivo: incorporó -acto que me parece de entera justicia a todos los profesores regidos por el decreto ley N° 3.166. Para los que no lo conocen, dicho decreto ley, dictado durante el gobierno militar, entregó los colegios técnico-profesionales a organizaciones de empresarios, por lo que tienen un régimen de financiamiento distinto. Sus profesores nunca fueron beneficiados por las leyes que entregaron estos bonos. Esta vez fueron incorporados. Estamos hablando de alrededor de quinientos profesores beneficiados por la iniciativa, de los diez mil y algo más que lo serán en todo el país. De manera que el sistema de financiamiento del proyecto es significativamente mejor, pues hay un mayor esfuerzo fiscal. En consecuencia, si las municipalidades aprovechan esta oportunidad para racionalizar sus dotaciones, para hacer reducción de costos, entonces podría significar un impacto muy positivo en cuanto a mejorar su situación financiera. Es más, asesores nuestros con experiencia en la materia han señalado que si los municipios hicieran bien las cosas, el otorgamiento de este beneficio podría no costarles ni un peso, pues se financiaría por la vía de la reducción de costos, lo que significa no reemplazar profesores que están asignados o reemplazarlos por profesores que tienen un costo menor, porque los profesores beneficiados cumplen los requisitos para jubilar, por lo que están en el nivel más alto de ingresos. Además, un tema importante que se discutió en la comisión es que no se repita que logremos por esta vía la jubilación de una buena cantidad de profesores, pero que después municipios, en una actitud un poquito irresponsable, vuelvan a contratar la misma cantidad de profesores y, en algunos casos, una mayor, con lo cual no resuelven el problema crítico de su financiamiento. Por esa razón, presentamos una indicación que dispone que cuando quieran contratar o reemplazar a los profesores que se van, deberán consultar al departamento provincial respectivo, el que deberá estudiar la dotación y elaborar un informe favorable. Incluso más, el alcalde tendrá que informar a los concejales respecto de las nuevas contrataciones. Lo que se busca es racionalizar, hacer algo que tenga sentido común, para que esto se transforme en una oportunidad para que los departamentos de educación y las corporaciones racionalicen sus dotaciones docentes y, en consecuencia, alivien su precaria situación financiera. Hay muchos establecimientos que ya coparon el 3 por ciento, los que tienen garantizado el financiamiento. Los otros tendrán un financiamiento en relación con su nivel del endeudamiento. Este es un gran proyecto, que ha sido mejorado significativamente y que profesoras y profesores de Chile esperan con ansias, por lo que debemos votarlo favorablemente. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro Santana . El señor SANTANA.- Señor Presidente, los potenciales beneficiados con este incentivo al retiro son 10.300 profesores. En la discusión llevada a cabo ayer en la Comisión de Hacienda, le consultamos a la subsecretaria de Educación cuántas personas, en promedio, se acogen en definitiva a estos incentivos. Claramente no es el ciento por ciento, porque me imagino que cada uno va evaluando si esta bonificación cubre sus expectativas, entendiendo que los requisitos que se les solicitan son, entre otros, tener 60 años de edad, en el caso de las mujeres, y 65, en el caso de los hombres, y presentar su renuncia correspondiente. En el pasado se han aprobado otros proyectos destinados a incentivar el retiro de profesores, lo que se entiende como una compensación por la precaria condición en que quedan muchos de ellos al momento de jubilar. Lo que echamos de menos en el proyecto es por qué el gobierno no financia el ciento por ciento del beneficio, como ha sucedido en otros proyectos que incentivan al retiro; por qué comparte con las corporaciones o con los municipios este 33,66 por ciento, que es una fórmula para concretar el beneficio y proponerlo a quienes quieran recibirlo. Sabemos que las condiciones económicas de muchos municipios están devastadas, por lo que una fórmula mejorada sería que el Estado hubiera financiado el total a través de un aporte fiscal directo. Sin embargo, hay que mirar el vaso medio lleno. Sin lugar a dudas, muchos profesores están esperando este beneficio, por lo que se acogerán a él, ya que resuelve en parte sus expectativas. Se hacen muchos cálculos para determinar el monto del aumento de la jubilación si siguen trabajando cinco años más, pero creo que la existencia de este bono, que beneficiará a más de 10.300 profesores, se debe a que existe la demanda necesaria para obtenerlo. Así, anuncio que, mayoritariamente, votaremos a favor este proyecto. Como manifesté, hay que mirar el vaso medio lleno. Sí creemos que habría sido importante -en la materia era la señal más significativa que el Estado hubiera financiado ciento por ciento la iniciativa. Ello no fue así, pero se valora lo relativo a los beneficiarios. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Manuel Monsalve . El señor MONSALVE.- Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Educación, quien se encuentra en la Sala y, con mucho afecto, a los dirigentes del Colegio de Profesores tanto del nivel nacional como del regional, quienes están presenciando este debate desde las tribunas. Este, sin duda, es un logro de la lucha de los profesores de Chile. No habrá reforma educacional sin enfrentar la tarea pendiente de entregar al país y a los profesores una carrera docente justa que les permita hacer su aporte tan indispensable al objetivo de una educación de calidad. Sabemos que el gobierno permitirá durante el transcurso del presente año que el Parlamento y la sociedad chilena discutan respecto de la carrera docente que el país requiere. Pero los docentes entendieron con mucha claridad que previo a ese debate había que resolver temas urgentes. Por eso propusieron una agenda corta. En ese sentido, valoro el que se estén cumpliendo los acuerdos contenidos en ella. Eso da cuenta no solo de lo correcto de las luchas, sino también de lo correcto de los acuerdos, que se valoran en la medida en que se van cumpliendo. Lo concerniente al ingreso mínimo docente está resuelto. Valoro mucho que hayamos podido aprobar el proyecto de ley de titularidad docente, que tuvo su origen en una moción -el planteamiento nació de parlamentarios y dirigentes del Colegio de Profesores y que finalmente fue recogido en la agenda corta de Educación impulsada por el gobierno. Dicha ley está posibilitando que cerca de 32 mil profesores que se encontraban en una condición precaria temporal hoy tengan la titularidad de sus cargos. Asimismo, valoro el que podamos debatir, aprobar y despachar, en el marco de la referida agenda corta, el proyecto de ley de incentivo al retiro de profesionales de la educación. Considero que esto es parte de un proceso y que hay que mantener la lucha y el trabajo por una carrera docente justa. Es un trabajo que habrá que realizar de manera permanente durante 2015 tanto por parte del Colegio de Profesores como del Parlamento y el gobierno. De igual forma, cada vez que se discute un incentivo al retiro surge la discusión respecto del sistema previsional, que es el problema de fondo. En Chile nadie quiere jubilar: no quieren jubilar los profesores, las personas que trabajan en los sistemas de salud, los funcionarios municipales, porque cuando lo hacen, a veces la tasa de reemplazo está en 30 por ciento y, por tanto, no les es posible seguir viviendo con la pensión que les corresponde recibir. Les recuerdo a los colegas que en el marco del protocolo de acuerdo suscrito durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2015, el Congreso Nacional llegó a un acuerdo con el gobierno para que este, en conjunto con los gremios del sector público, durante el primer semestre del año en curso avanzara en un mecanismo más permanente de incentivo al retiro y así no tener que discutir cada dos o tres años un nuevo proyecto de ley sobre la materia. Ojalá que ese compromiso adquirido pueda cumplirse y que a mitad de año tengamos una propuesta más global respecto de cómo abordaremos el incentivo al retiro. Esperamos -aquí se planteó que en el caso particular de los profesores, en el marco de la discusión del proyecto de ley sobre carrera docente, podamos enfrentar no solo los mecanismos de su ingreso y desarrollo, sino también los mecanismos de su egreso, que así como el ingreso y el desarrollo docente, deben ser justos. De igual forma -lo hemos reiterado aquí varias veces y la Presidenta de la República asumió un compromiso al respecto-, esperamos poder debatir una modificación profunda al sistema previsional que, en la práctica, hoy no constituye seguridad social para los trabajadores cuando termina su vida laboral. La iniciativa de ley que hoy aprobaremos -también se expresó aquí presenta una positiva modificación, que se produjo durante el diálogo que tuvo lugar entre el Congreso Nacional y el gobierno, cual es el aumento del porcentaje de aporte del Estado para el financiamiento de la futura ley, que tiene un costo global de 183 mil millones de pesos. De esa cifra, 116 mil millones de pesos serán de aporte directo del Estado, y 66 mil millones de los sostenedores. También es importante destacar que de los más de diez mil profesores que tendrán derecho a acogerse al incentivo al retiro durante 2015, poco más de seis mil; es decir, poco más del 60 por ciento, tienen contrato de más de 37 horas, y, por tanto, su bonificación será de ciento por ciento. Ello me parece altamente positivo. Por último, señalo que estamos en un proceso. Este año será importante para la educación, y espero que así como vamos avanzando en la agenda corta en esta materia, cuando terminemos la discusión del proyecto sobre nueva institucionalidad para la educación pública y del proyecto sobre carrera docente, podamos entregar a Chile una carrera docente a la altura de sus demandas, pero, sobre todo, que sea justa para los profesores. Por lo expuesto, anuncio que la bancada del Partido Socialista votará favorablemente este proyecto de ley. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo González . El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, por su intermedio, junto con saludar al señor ministro de Educación, saludo también a los representantes del Colegio de Profesores presentes en las tribunas durante este debate tan importante para los docentes y la educación chilena. El proyecto en discusión viene a hacer justicia y a satisfacer un anhelo muy sentido del profesorado chileno, en especial de una cantidad muy importante de docentes que teniendo hoy la necesidad de jubilar, el deseo del merecido descanso por una función largamente ejercida, no pueden hacerlo. En la actualidad, los profesores no pueden jubilar porque las pensiones que reciben son ínfimas e indignas en relación con la labor docente que desarrollaron. Por eso se requieren estos “parches”, estos apoyos a una institucionalidad absolutamente deficitaria, como es el actual sistema previsional que nos heredó la dictadura militar y que ha venido consolidándose y generando problemas mayores para los trabajadores de Chile, en particular para los profesores, entre otras cosas en relación con las compensaciones que deben recibir, con la deuda histórica que se mantiene con ellos y con las pensiones miserables que hoy perciben. A muchos docentes, incluso, se les adeudan remuneraciones. Por eso era tan importante que el gobierno apoyara este proyecto y, como muy bien dijeron los diputados Venegas , Monsalve y otros que me antecedieron en el uso de la palabra, con gran generosidad resolviera el dilema existente, que no permitía que los profesores tuvieran su merecido descanso. Esta iniciativa tiene lugar precisamente a raíz de la larga lucha llevada a cabo por el Colegio de Profesores. Quiero felicitar a los representantes de dicha entidad aquí presentes y a todos los profesores de Chile, porque esta agenda corta, como muy bien lo expresó el diputado Monsalve , existe gracias a que los profesores han hecho presente no solo las grandes reformas estructurales que requiere el sistema educacional, sino también el que estas deben ir precedidas por medidas fundamentales, absolutamente indispensables para que puedan sembrarse en un buen terreno. Y tales medidas -lo manifestó muy bien el diputado Monsalve dicen relación con el otorgamiento de la titularidad de su cargo a los docentes que durante tantos y tantos años han ejercido su función sin tener la garantía de estabilidad en el trabajo, ya que sus contratos fueron prorrogados al margen de la ley sin consideración de sus derechos fundamentales; con el establecimiento de la remuneración mínima docente, con el pago de la deuda histórica de los profesores y, especialmente, con el incentivo al retiro. Este proyecto constituye un logro muy importante, pues no solo beneficiará a los profesores del sector municipal, sino también a los del sistema de administración delegada en virtud del decreto ley N° 3166. Por lo tanto, más de diez mil profesores podrán ejercer este derecho. Es muy importante la actitud que ha tenido el gobierno en esta materia. Es fundamental que quede absolutamente claro para la historia fidedigna de la ley que este proyecto, no obstante que tiene un financiamiento mixto y que una parte de él deberá ser completada por los municipios con los fondos que reciben de las subvenciones, está completamente financiado y no significará una carga para las municipalidades. En efecto, 61.637 millones de pesos serán de cargo del sostenedor municipal, monto que podrá ser financiado por los municipios mediante adelantos de las futuras subvenciones y futuros aportes del Estado. Sin embargo, los municipios, en un período de dos a cuatro años, con la menor carga financiera que les significará la renuncia y posterior jubilación de los profesores, podrán recuperar íntegramente esa cifra. Sin perjuicio de ello, habrá un período de doce años para que puedan hacer el reintegro de los adelantos de subvención que hayan solicitado. Por lo tanto -insisto-, la iniciativa no traerá consigo un déficit para las municipalidades. Es muy importante que este mensaje llegue a los alcaldes, porque existe gran inquietud entre ellos en esta materia. Por ejemplo, en mi región se ha anunciado que los alcaldes podrían iniciar movilizaciones en razón de dicha inquietud y de que exigen el pronto envío del proyecto de ley que establece un nuevo sistema de educación pública. En la Comisión de Educación hemos hecho presente a los representantes del Ministerio de Educación la necesidad de que todos los proyectos que benefician a los municipios tengan financiamiento completo, porque no se puede continuar profundizando la deuda municipal. La idea es que el proceso de desmunicipalización de la educación se desarrolle íntegramente, con la mayor rapidez posible y con la mayor cantidad de voluntades y acuerdos en ese sentido, a fin de que sea implementado de la manera que requiere un sistema de educación pública. Ojalá se cumpla íntegramente no solo el texto de esta futura ley, sino también su espíritu, de modo que todos los profesores beneficiados reciban prontamente su bono de incentivo al retiro. No ha ocurrido lo mismo con el proyecto, despachado por el Congreso Nacional, sobre titularidad docente. Por su intermedio, señor Presidente, pido al ministro de Educación aquí presente que escuche lo que estoy señalando. Aunque fueron dadas las instrucciones por el Ministerio de Educación, la ley sobre titularidad docente no está siendo aplicada con el debido rigor, ni implementada como corresponde por los municipios. Incluso, algunas municipalidades han organizado acciones y actividades para reducir la inclusión de muchos profesores en la titularidad. Por lo tanto, es muy importante cuidar el cumplimiento de esta futura ley, de manera que el bono de incentivo al retiro de los profesores sea pagado prontamente. Es indispensable que no se produzcan las mismas deficiencias –reitero que se están produciendo en la implementación de la Ley de Titularidad Docente. Debemos estar alertas para que esta ley se cumpla plenamente, de manera que no queden fuera los educadores de la educación diferencial, que se consideren todas las horas desempeñadas en aulas de recursos, que se otorgue la titularidad a todos quienes tienen derecho y que no se desconozcan los reemplazos realizados por docentes del mismo empleador. Por lo expuesto, anuncio que el Partido por la Democracia va a apoyar este proyecto y pedirá al Ministerio de Educación un especial cuidado en su implementación. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda . La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, nos alegra mucho que el ministro de Educación esté participando de esta sesión. Lo echamos de menos el martes pasado, porque esperábamos votar el proyecto de ley que crea dos universidades estatales regionales. Esperamos que el próximo martes no posterguemos nuevamente la votación -ya lo hemos hecho tres veces y contemos con su presencia, pues es muy importante aprobar esta iniciativa, que es una de las medidas planteadas por la Presidenta de la República en materia de educación. Valoro lo que ha hecho el Colegio de Profesores, cuyos representantes se encuentran presentes en las tribunas, y valoro la iniciativa en discusión desde tres dimensiones distintas. En primer lugar, se hace cargo del problema que planteó el diputado Venegas al comienzo de su intervención: la deuda que tenemos en materia previsional. Lo mismo hemos dicho cuando hemos aprobado los distintos proyectos de incentivo al retiro para funcionarios del área de la salud, de la educación e, incluso, de las universidades. Ojalá podamos tener, lo antes posible, noticias de la comisión asesora presidencial encargada de revisar el sistema previsional, a fin de que no sigamos haciendo estos parches para entregar, entre comillas, una situación un poco más digna, en este caso, a los profesionales del área de la educación. En segundo lugar, es importante que el Estado se haga cargo del tema, pensando en lo que ocurrirá a futuro, es decir, en cómo se trasladará esta deuda no a los municipios, sino al gobierno. El Estado debe asumir las complicaciones que existen en ese sentido en materia de educación. En tercer lugar, por fin se considera a los profesores de los establecimientos de administración delegada, del decreto ley N° 3.166, quienes nunca fueron tomados en cuenta en la ley SEP ni en otras asignaciones. En San Fernando , el Liceo Industrial y el Liceo Técnico han reclamado permanentemente por esta ingratitud de los gobiernos de no tomarlos en cuenta. Nos alegra que en esta iniciativa hayan sido considerados. Esperamos que en los futuros proyectos de ley sobre educación sean incorporados permanentemente los establecimientos educacionales del decreto ley N° 3.166. Lo último que quiero señalar tiene que ver con una lógica: como vamos caminando hacia una reforma educacional, con profesores más jóvenes, que tengan una especialización distinta y una capacidad de motivación que, a lo mejor, les puede dar su corta edad, que permita una estimulación distinta al sistema educacional. Entendemos este proceso con una visión más general; no como un palo de fósforo, sino como un eslabón de la reforma educacional. Por lo expuesto, anuncio que vamos a concurrir con nuestro voto favorable al proyecto. Reitero al ministro de Educación, aquí presente, que lo esperamos el próximo martes para la votación del proyecto de ley que crea universidades estatales regionales. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol) .- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Educación y, por supuesto, al presidente del Colegio de Profesores, señor Jaime Gajardo , y a su directiva, presentes en las tribunas. Al iniciar mi intervención, quiero saludar y felicitar el esfuerzo hecho por las profesoras y profesores chilenos, quienes llevaron adelante un trabajo constante y cotidiano, una lucha permanente y consecuente por conseguir mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación. En verdad, este no ha sido un desafío fácil de abordar. Todos somos testigos de la infinidad de veces en que nuestros profesores educaban a todos los chilenos en la calle. Porque ellos lo decían así: luchar también es educar. Gracias a esa lucha se han obtenido frutos concretos, que hoy vemos reflejados en las políticas públicas que se han comenzado a aplicar. En este aspecto, no puedo dejar de reconocer la actitud y disposición de este gobierno, el de la Nueva Mayoría, para abrirse al diálogo, a la discusión y a buscar mecanismos para llegar a acuerdos. Lo destaco porque, si damos una mirada hacia atrás, hace unos años nada más, durante el gobierno anterior, el gobierno de la derecha, vimos falta de disposición al diálogo para llegar a acuerdos y establecer mecanismos que resolvieran de manera concreta los problemas laborales de los trabajadores de la educación. Esto no es un secreto para nadie: cuando vivimos una de las movilizaciones más grandes que ha conocido el país, en 2011, dicho gobierno lo único que hizo fue cerrar las puertas a la discusión y al diálogo. Por ello, debemos valorar y reconocer la actitud del actual gobierno, especialmente porque hoy somos testigos de que se está concretando la agenda corta, que se da en el contexto de la discusión política de una reforma educacional profunda, estructural y que esperábamos desde hace años. En efecto, ya logramos la primera parte con la aprobación del proyecto que pone fin al lucro, a la selección y al copago. Sin embargo, queda mucho por hacer. Debemos abordar materias como la carrera docente, el nuevo sistema de educación pública, la educación superior y el nuevo sistema de financiamiento para avanzar hacia la gratuidad, de modo que todos los estudiantes tengan el derecho, incuestionable, a la educación. En tal sentido, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de la agenda corta -trabajo conjunto del Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación-, quiero destacar el cumplimiento de dos de las medidas planteadas. Una de ellas es la aprobación del proyecto que otorga titularidad docente, que beneficiará a casi el 85 por ciento de los maestros chilenos que no tenían estabilidad laboral. ¡Cómo no vamos a reconocer ese logro como un gran triunfo de las profesoras y profesores chilenos! Hoy haremos realidad la segunda medida considerada en la agenda corta, cual es la entrega de un bono de incentivo al retiro de 21.500.000 pesos para aquellos profesores que cumplan con la edad para pensionarse y que tengan un contrato de 37 a 44 horas. Quienes trabajen por menos horas también recibirán una bonificación, proporcional a la cantidad de horas estipuladas en su contrato. Lo destaco, porque esta materia ha sido abordada con una visión y una discusión integrales. Nadie puede desconocer el hecho de que nuestros maestros han sido muy maltratados y vulnerados durante muchos años. Por eso, me asiste la convicción de que si seguimos avanzando por el camino de mejorar las condiciones laborales y de formación de los profesores, si avanzamos profundamente en el establecimiento de una carrera docente real, también estaremos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la educación para nuestros niños. No se trata de hablar solo de derechos laborales, que son tremendamente relevantes, sino también de la calidad de la educación, del derecho a la educación y de que existan condiciones dignas para los profesores chilenos. Por eso, hacemos un llamado a que se cumplan de manera integral los compromisos de la agenda corta. De esa forma, haremos justicia ante el tremendo daño que la municipalización ha provocado a la educación y a los docentes. Queda pendiente la ejecución de las recomendaciones emanadas de la comisión encargada de tratar los temas de Agobio Laboral, trabajo desarrollado entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Las esperaremos y ojalá que se cumplan cabalmente. Por supuesto, también esperamos que se consideren las conclusiones de la mesa de trabajo que discute cómo generar la reparación de la deuda histórica con los profesores, que por primera vez ha sido reconocida por autoridades de gobierno. Con estos elementos podremos avanzar con tranquilidad hacia un proceso de discusión más profundo sobre materias como la carrera docente y el nuevo sistema de educación pública, reformas que por tanto tiempo hemos esperado y en las que sin duda los profesores tienen mucho que aportar. Para el buen cumplimiento y aplicación de estas leyes -tanto de las que aprobamos como de la que aprobaremos hoy, espero, con una amplia mayoría también necesitamos de la voluntad política de los actores involucrados. Particularmente, hacemos un llamado a los municipios a que apliquen integralmente la ley de titularidad docente. Es necesario. No basta con que hayamos aprobado esa ley; también debe ser cumplida y en el corto plazo. Es una ley que se hace cargo de una deuda importante que debe ser reparada. Asimismo, si los municipios tampoco cumplen el compromiso conjunto de aportar para el otorgamiento del bono de incentivo al retiro, tampoco podremos cumplir con el objetivo que nos hemos propuesto y todo se transformará en letra muerta. Tienen el apoyo para hacerlo. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Educación: se buscaron todos los mecanismos para entregar a los alcaldes condiciones para que puedan cumplir con esta iniciativa. Una vez más saludo este proyecto de ley y anuncio que la bancada del Partido Comunista y de la Izquierda Ciudadana aprobará con gusto este gran triunfo de las profesoras y profesores chilenos, que significa un avance, sin perjuicio de que existen cosas pendientes. Desde ya entregamos nuestro apoyo a cada una de las iniciativas que surjan de esta lucha social, para que se transformen en políticas públicas que beneficien a los profesores de Chile. He dicho. -Aplausos. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles . El señor ROBLES.- Señor Presidente, una de las condiciones básicas que requiere la reforma educacional para lograr, en el futuro, una educación de mayor calidad, es la dignificación de los profesores. Una educación sin profesores con voluntad y vocación para enseñar difícilmente podrá ser de calidad. En el pasado nuestro país contaba con un cuerpo de profesores extraordinario: todos eran formados en las escuelas normales, a las que ingresaban desde muy jóvenes para dedicarse con posterioridad a la enseñanza. Por lo tanto, se trataba de personas con una alta vocación de servicio. Sin embargo, luego de que la dictadura cerrara las escuelas normales, cambió el esquema educacional en Chile. Por eso, hoy debemos recuperar esa dignidad que tenían los profesores de antaño, en términos de su formación inicial, del trato que debe dárseles en los diversos establecimientos, pero también de sus remuneraciones y, por cierto, de sus jubilaciones. Es muy importante que los docentes, sobre todo de las escuelas públicas, tengan un alto nivel de dignidad. Valoro tremendamente que esté presente en las tribunas el cuerpo directivo del Colegio de Profesores, encabezado por su presidente señor Jaime Gajardo . Quiero destacar también a uno de sus directores, mi correligionario Sergio Gajardo . Un saludo para ambos. Reitero: es muy relevante apoyar este proyecto de ley que aborda un tema que hemos discutido desde hace mucho tiempo. No necesitaríamos otorgar incentivos al retiro si tuviésemos un sistema de jubilación que permitiera que la tasa de retorno, es decir el monto de la jubilación de un profesor, se acerque lo más posible al sueldo que recibía cuando estaba en servicio activo. Dentro de la sociedad chilena los únicos que reciben montos incluso equivalentes a su último sueldo como trabajadores activos son los miembros de las Fuerzas Armadas. El gobierno militar del dictador Pinochet solo dejó a las Fuerzas Armadas con un sistema de reparto que permite a sus funcionarios jubilar con pensiones casi equivalentes a sus últimas remuneraciones. El resto de los pensionados recibe, en su mayoría, jubilaciones absolutamente precarias, de no más allá del 30 por ciento de su última remuneración. Lo anterior hace que sea necesario presentar proyectos de incentivo al retiro, que fueron diseñados en la época de la Concertación. De acuerdo con la presente iniciativa, nuestros profesores recibirán un monto razonable, que fue concordado con el Colegio de Profesores y que asciende a 21.500.000 pesos para aquellos docentes cuyo contrato sea de 37 a 44 horas. Con esta medida se busca otorgar un incentivo al retiro para que las profesoras mayores de 60 años y los profesores mayores de 65 puedan jubilar. Uno de los aspectos importantes del proyecto de ley es el aporte del fisco. En ese sentido, agradezco a los ministros de Educación y de Hacienda porque aceptaron el planteamiento que les hicimos en la Comisión de Educación en cuanto a que la mayor parte de los 183.741 millones de pesos que cuesta esta iniciativa sea pagada por el fisco. El proyecto ingresó con una mayor proporción de costo municipal y una menor proporción de costo del fisco, pero ello varió durante su discusión. En febrero, en los ministerios de Educación y de Hacienda se hicieron los ajustes necesarios. Fue así que el ministro de Educación anunció que el fisco aportará una cantidad mucho mayor desde las arcas fiscales que la que estaba presupuestada originalmente para cubrir los recursos que requiere este incentivo al retiro. El Estado aportará 117.095 millones de pesos, lo que nos satisface mucho. Otro tema relevante que abordaremos en la reforma educacional es la desmunicipalización de la educación. Soy uno de los que sostiene que todos los profesores municipalizados deben ser incorporados en la nueva estructura. Los servicios locales de educación que se crearán deberán necesariamente incorporar a todos los docentes dentro de su planilla, sin solución de continuidad en términos de sus derechos laborales. Esto es importante, si consideramos que 10.331 docentes cumplen con los requisitos para acceder a este incentivo. Si la cifra es correcta y jubila alrededor de ese número de docentes, solo deberán proveerse los cargos que sean estrictamente necesarios. Valoro que el Ministerio de Educación haya incorporado dos normas muy relevantes. Una acerca de los sostenedores, los alcaldes, quienes deberán informar al respectivo Departamento Provincial de Educación si requieren contratar nuevos docentes para los cargos que queden vacantes. Esa norma es muy importante, porque hay municipios que siguen contratando nuevos docentes a pesar de que la matrícula haya disminuido y de que no se requiera de ellos. Es muy importante que no se afecte a los profesores que hoy desarrollan su carrera en los distintos establecimientos municipales, de modo que no sean objeto de dudas en términos del número de profesores que deben traspasarse al nuevo sistema. Reitero: es muy importante que esté técnicamente avalada la recontratación en algunos casos. Otro asunto que incorporamos en la discusión es que no sea solo el alcalde, sino el concejo en pleno el que decida cuándo es necesario volver a contratar nuevos docentes. No puede ser que los concejales no participen de las decisiones sobre las plantas de profesores que requiere mantener cada municipio. La bancada del Partido Radical Social Demócrata votará a favor el proyecto porque entendemos que es un avance significativo en la dignificación de nuestros profesores. Nuestro partido siempre estará con los profesores para atender sus requerimientos. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime Bellolio . El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, por su intermedio, vaya mi saludo a la directiva del Colegio de Profesores. La discusión que hoy llevamos a cabo nos permite hablar, aunque sea de manera parcial, en un solo aspecto de nuestros docentes, que considero que debieron haber sido siempre el foco y la prioridad de cualquier reforma educacional que quiera tocar el tema de la calidad. El proyecto no aborda un aspecto de fondo, sino más bien establece una medida transitoria, como es el otorgamiento de un bono de incentivo al retiro. La selección, la formación, el egreso, la inducción de los profesores, el trabajo en el aula, sus horas en el aula y sus horas de preparación, su carrera, su desarrollo y su jubilación son aspectos que espero que podamos empezar a conversar con mayor detención cuando ingrese el proyecto sobre carrera docente, que desconocemos en qué fase se encuentra. La iniciativa, tal como ingresó, contenía una propuesta completamente ilusoria, pues disponía que los profesores tuvieran derecho a 21.500.000 pesos, sin establecer la forma de financiamiento para ello. Asumía que eran los municipios los que debían pagar ese costo. Es decir, entregaba a los profesores un beneficio que no iba a concretarse. Los alcaldes dijeron que se estaba rompiendo el compromiso del gobierno, en el sentido de que el ciento por ciento del beneficio iba a ser financiado por el fisco, pues solo se estaba entregando el 11 por ciento del total. Además, el primer informe financiero que se nos entregó era completa y totalmente insuficiente. Por eso, quiero pedir que, desde ahora en adelante, no tengamos nunca más un informe financiero de tal deficiencia, de tal insuficiencia, que no permita tener la información mínima para adoptar una decisión seria y responsable. Lo bueno es que ese llamado de atención no solo lo hice yo, sino también otros diputados; es decir, fue compartido en forma transversal. Fue así que durante los últimos días recibimos la información que necesitábamos. Espero que la información que los diputados requerimos -como la que en el caso de esta iniciativa se entregó durante los últimos días-, la tengamos respecto de todos los proyectos de ley, no solo de aquellos que tengan que ver con educación. Agradezco la apertura del Ministerio de Educación y también de la Dipres para cambiar gran parte de la propuesta. Espero que esa disposición también se mantenga para los próximos proyectos de ley. Una discusión que surgió y que en mi opinión fue muy interesante -fue planteada por el alcalde Navarrete el día martes en la Comisión dice relación con el costo de educar. Como se nos informó, hay muchos municipios -exactamente veinticuatro que están endeudados por sobre el 3 por ciento. ¿Por qué era relevante esa información? Porque solo aquellos que estaban endeudados bajo ese porcentaje podían adelantar subvenciones. La Asociación Chilena de Municipalidades nos dice que hay 87 municipios que están al borde de ese endeudamiento, es decir, en torno al 2,5 por ciento y más. O sea, tienen escasa posibilidad de endeudarse. ¿Por qué ocurre ese endeudamiento? Porque la subvención es completamente insuficiente y porque el Padem no puede ser ajustado ni menos entregar una educación de calidad sin el aporte adicional del municipio. Son inquietudes de fondo que hoy no estamos discutiendo y que el alcalde Navarrete puso sobre la mesa. Me parece fundamental tenerlas presentes en las próximas discusiones, especialmente en relación con los cambios que se harán en la educación pública. Ahora, ¿cuál es la calidad que se quiere financiar? ¿Cómo se obtiene esa calidad? ¿Cuáles son los factores principales que inciden en esa calidad? ¿Cuánto es el valor de aquello? Si uno mira la evidencia chilena, no podría decir que es exclusivamente la cantidad de alumnos en un colegio municipal lo que implica que este sea más caro o más barato; tampoco podría decir que es exclusivamente la vulnerabilidad lo que hace que sea más económico o más caro, con mejores o peores resultados. Existe una gran heterogeneidad. No son cada uno de esos factores por separado los que inciden, sino todos ellos en forma simultánea. Otro aspecto que se discutió y que considero relevante es que deben considerarse las particularidades de la educación para saber cuánto hay que financiar y cómo lograr una enseñanza de calidad. Esas particularidades de la educación no podremos advertirlas si se centraliza todavía más la educación. Si se reconoce que educar en Arica es distinto que hacerlo en Antofagasta, en las periferias de Santiago o en el sur de nuestro país, con las riquezas que existe en cada uno de esos lugares, no se entendería una propuesta que tienda a centralizar la educación en el Ministerio de Educación o a agrupar muchas comunas o regiones. Lo que debería hacerse es exactamente lo contrario, a fin de atender precisamente esa particularidad y ese contexto. Por lo demás, tenemos evidencias sobre cuáles son aquellos aspectos que realmente inciden en la calidad de la educación. Muchas de ellas tienen que ver con lo que ocurre al interior de la escuela. Espero que a futuro tomemos en serio esa evidencia, como lamentablemente no pudimos hacerlo en la primera parte del estudio de la reforma educacional. En segundo lugar, la forma de administrar, gestionar y gobernar las escuelas no es obvia. La evidencia nos muestra que los mejores resultados se han obtenido cuando la administración es más local. Espero que también atendamos esa evidencia. Por último, hay que tener cuidado con los incentivos y con las señales que se entregan. Para aquellos municipios que estaban endeudados por sobre el 3 por ciento se financiará el ciento por ciento del incentivo al retiro que otorga esta iniciativa; me parece bien. De lo contrario, no habría ninguna opción para que los profesores de esos establecimientos pudiesen tener derecho al bono. ¿Pero cuál es la razón -vuelvo a lo anterior por la que hay municipios endeudados por sobre el 3 por ciento, y otros, por menos que esa cifra? ¿Cómo diferenciar entre aquellos que efectivamente hicieron sus ajustes al Padem? ¿Cómo diferenciar entre aquellos que efectivamente hicieron un esfuerzo de gestión para provisionar su indemnización, versus aquellos que no lo hicieron? La señal que se da con esta iniciativa es que aquellos que no lo hicieron tendrán el ciento por ciento de financiamiento y aquellos que sí lo hicieron deberán poner de su bolsillo. No es una señal razonable. Una buena política pública tiene que saber diferenciar esos aspectos para entregar un buen incentivo y una buena señal. Anuncio que votaré a favor el proyecto en general. Lamentablemente, no pude participar de su discusión en particular debido a una enfermedad. Reitero que estamos ante una medida transitoria, que no apunta al fondo, pero que apoyaremos porque nuestros profesores se lo merecen. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Yasna Provoste . La señora PROVOSTE (doña Yasna).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar de manera especial a la directiva del Colegio de Profesores que hoy nos acompaña en las tribunas, como asimismo a tantas profesoras y profesores que han dado su vida a una tarea tan noble, como es educar. Muchas de las intervenciones que hemos escuchado han puesto como punto central que el hecho de tener que discutir una iniciativa que otorgue una bonificación al retiro voluntario se debe al precario régimen previsional que tenemos. Por ello, más allá de las frases que se pronuncian una y otra vez cada vez que hablamos acerca del incentivo al retiro para los docentes, para los asistentes de la educación y para otros profesionales, quiero que avancemos de verdad en la transformación del sistema previsional. Si existe tanta voluntad, como se manifiesta en los discursos, hagamos realidad la eliminación del sistema de AFP en nuestro país. Por otra parte, en este debate pareciera olvidarse -lo dijo muy bien el diputado Bellolio que existía un acuerdo entre los municipios, el gobierno y los profesores, en términos de que el proyecto iba a contar con financiamiento en un ciento por ciento del fisco. No se trata de que con ello se haya querido innovar, porque reconocemos que en años anteriores las bonificaciones al retiro han tenido un régimen de financiamiento similar; no obstante, es necesario honrar la palabra de un acuerdo suscrito –repito entre la Asociación de Municipalidades, el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. Valoramos que en la tramitación de este proyecto de ley se hayan aumentado la participación y los aportes del Estado; pero también debemos ser claros en que tan importante como esa valoración es respetar y cumplir los acuerdos. En la Comisión de Educación, la diputada Girardi , el diputado Juan Morano y quien habla presentamos una indicación para rebajar la exigencia del número de horas de contrato de 37 a 30. No es algo que se nos haya ocurrido; existe un conocimiento extendido sobre la realidad en que se encuentra el grueso de los profesores y profesoras. Por lo demás, no estábamos innovando, pues en 2006 se tramitó un proyecto similar, en el que se partía de 30 horas y no de 37 como plantea la presente iniciativa. Lamentablemente, esa indicación fue declarada inadmisible y no tuvimos la voluntad del gobierno para avanzar en esa materia. Con el diputado Marcelo Chávez discutíamos por qué todos los años debemos someternos a estos procesos de negociación de la bonificación por el retiro. ¿Por qué no podemos dar tranquilidad a los profesores y profesoras en edad de jubilar, que lo han entregado todo, de que no estarán sometidos a negociaciones con las administraciones de turno? Creemos que hay un desafío en ese sentido. Esperamos que el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores busquen un mecanismo que permita dejar atrás que esta bonificación se negocie año a año con la administración de turno. Son más de diez mil las profesoras y profesores que se verán beneficiados con esta medida. Por ello, nos felicitamos por la iniciativa. Finalmente existe una disposición positiva para apoyar este incentivo al retiro, que –insisto no es todo lo que hubiésemos querido, pero que constituye un avance que compatibiliza las expectativas transmitidas por el gremio de los maestros. Es la manera en que el país valora y reconoce una tarea que es central en el desarrollo de un país, como es la educación. Hago presente que en una iniciativa similar –reitero tramitada durante 2006 se hizo extensivo un bono al grueso de los maestros que tuvieran jornadas por sobre las 30 horas, y se incorporó también a los profesores de establecimientos de educación técnico-profesional, del decreto ley N° 3.166, a los cuales hacía alusión mi colega Mario Venegas . De manera que con este proyecto no es la primera vez que son incorporados, pues hubo experiencias anteriores. Si el Congreso Nacional aprueba esta iniciativa, lo hará como una forma de reconocer la noble tarea de educar. Sabemos que profesores y profesoras se han sometido a largos estudios y a exigentes pruebas de conocimientos disciplinarios. Día tras día ponen a disposición su paciencia, sus dotes de sicólogos y sus competencias para desplegar las capacidades y talentos de sus alumnos. Sé que la tarea de enseñar es exigente, pero, a la vez, maravillosa. Sé que muchas veces es difícil e ingrata, sobre todo cuando los problemas de esta sociedad se trasladan a la escuela, como la violencia y la desigualdad. Tenemos plena conciencia de que el estatus social de los docentes se ha degradado y de que ha disminuido la posibilidad de profesoras y profesores para acceder a remuneraciones justas y adecuadas. Por eso, el incentivo al retiro que establece el proyecto de alguna manera viene a retribuir esta tarea noble y necesaria. Antiguamente, el docente tenía un lugar de reconocimiento en la sociedad. La república estaba orgullosa de sus escuelas y de aquellos a quienes había confiando la responsabilidad de enseñar: los profesores. Pero el docente también estaba orgulloso de su oficio, orgulloso de servir a la república y de contribuir al desarrollo del ser humano y al progreso. Debemos reencontrarnos con ese orgullo y con esa escuela que se sintetiza en la tarea de revitalizar la educación pública; debemos ser capaces de tener a profesores y profesoras mejor considerados en el desarrollo de nuestra sociedad. Al revés de la igualdad que ha prevalecido durante tanto tiempo, quisiéramos que en la nueva política docente se ponga un énfasis importante en aquellos maestros que hacen un esfuerzo por enseñar en la escuela pública, que tanto orgullo ha traído al desarrollo de la república. Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable a la iniciativa. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Germán Verdugo . El señor VERDUGO.- Señor Presidente, honorable Sala, en la mayoría de las intervenciones que me ha correspondido hacer en temas de educación he señalado que hemos invertido en infraestructura y en implementación, pero no lo suficiente en los actores principales del proceso educativo: los profesores. Por eso, me alegro de que con este proyecto de ley los profesores tengan la posibilidad de acogerse a retiro con un beneficio como el que establece la iniciativa. Me llama la atención que se haya dicho que este proyecto otorgará mejores beneficios que iniciativas anteriores. ¿Por qué los profesores a quienes va dirigido tendrán mejores beneficios que otros que cumplieron, con la misma mística, la función de educar a nuestros niños? Por eso, creo absolutamente necesario de que exista una ley de carácter permanente, que otorgue la bonificación al retiro a los profesores y quizá también a los funcionarios públicos. Al leer el proyecto de ley me llama profundamente la atención un aspecto que puede crear confusión. Su artículo 2º dispone que los profesionales de la educación que hayan cumplido el requisito de edad al 31 de diciembre de 2012, deben renunciar hasta el 1 de junio de 2015. Por otra parte, la iniciativa establece que los profesionales que hayan cumplido o cumplan el requisito de edad durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 deberán formalizar su renuncia hasta el 2 de noviembre de 2015. Sin duda, esto va a acarrear más de algún problema. Ya tuvimos la experiencia cuando algunos profesores presentaron sus antecedentes a las municipalidades, pero estas interpretaron de manera distinta los plazos para acogerse a estos beneficios. Después de una larga tramitación, se dictó una nueva ley para otorgarles el beneficio que les correspondía a todos los profesores por igual y que por esta confusión o incumplimiento de los plazos, en uno o dos días, quedaron fuera del beneficio. Cabe señalar que el proyecto que resolvió el problema, con efecto retroactivo, tardó dos o tres años. Entonces, al otorgar estos beneficios, en la ley debe quedar establecido un plazo igual para todos los beneficiarios. Espero que este punto se aclare en el Senado y se estipule una sola fecha. El proyecto de ley es muy específico -en educación se pueden incorporar muchos temas-, pero lo relacionado con los beneficios que se deben otorgar a los profesores deben considerarse en la nueva ley de carrera docente con especial cuidado. Durante la tramitación del proyecto de ley de titularidad docente, para profesores que habían cumplido tres años continuos o cuatro años discontinuos, me llamó la atención el hecho de que se hubiera fijado un plazo que reducía la cantidad de profesores que se podían acoger a este beneficio. Creo que en esta iniciativa debemos tener una actitud distinta y pensar que todos los recursos que se destinan a los profesores es, finalmente, una inversión en calidad de la educación. Y si no invertimos para mejorar la condición de nuestros docentes, será prácticamente imposible alcanzar el objetivo que el país necesita para una mejor calidad de la educación. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo . El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, antes de comentar el proyecto, quiero saludar de manera muy especial al ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre , pues es el gestor de la reforma educacional por el bien de las nuevas generaciones. No me cabe duda de que el señor ministro tendrá un importante sitial en la historia de la educación del país. Además, quiero dar la bienvenida a quienes se hacen parte de esta reforma en su lucha gremial y que nos acompañan desde las tribunas: la dirección del Colegio de Profesores de Chile. Ahora bien, ayer, durante la discusión del proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, manifesté el agrado que nos da tramitar esta iniciativa, porque es el resultado de un largo clamor de los profesionales dedicados a enseñar, que son la piedra angular de la formación, de la educación de los que mañana tendrán a cargo la dirección del país o que simplemente vivirán en él. Felicito al Colegio de Profesores por su constante lucha por las reivindicaciones de su gremio, el del magisterio nacional. Sin duda, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet está dando respuesta a quienes perdieron derechos, pero no su dignidad, durante un gobierno que no vale la pena recordar. Hoy comienza a abrirse un nuevo espacio para los educadores de nuestro país. También dije algo crítico, pero constructivo. No como esas críticas que hacen en este Hemiciclo quienes llevaron a la educación al mercado y provocaron los problemas que hoy viven los educadores y la educación misma. Por eso hay que tener cuidado al criticar. Hay que recordar el pasado y lo que fuimos y mirar lo que hoy somos. Saludo también a esos municipios que debieron sacrificar medios económicos que originalmente estaban destinados a financiar otras obras de sus comunas, para darle prioridad al cumplimiento del presupuesto de educación. Aunque los recursos son escasos, igual lo hicieron. O sea, no endeudaron a sus departamentos de educación, pero hoy no se les aporta el cien por ciento de los recursos a quienes cumplieron con su deber. Esa es mi crítica, que compartimos con el colega José Miguel Ortiz . Pero sabemos que ahí hay años de plazo, por lo que espero que, más temprano que tarde, esos plazos disminuyan, porque hoy debe tener prioridad la desmunicipalización de la educación. Con el nuevo sistema, ya no tendremos tantos problemas como los que hoy presenta la educación. Por eso me entusiasmó la discusión que sostuvimos ayer en la comisión cuando debatimos este proyecto. En todo caso, solicito que se me excuse porque no participaré en la votación de esta iniciativa hoy en la Sala, debido al artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, que me obliga a inhabilitarme. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Giorgio Jackson . El señor JACKSON.- Señor Presidente, por su intermedio saludo al ministro de Educación, quien nos acompaña. Es cierto que al discutir esta iniciativa uno advierte que no cambiará radicalmente la educación o el sistema educativo de nuestro país, pero no quisiera esquivar la duda que algunos quisieron instalar en la discusión en cuanto a que si se trataba meramente de una medida de parche. Es una manera de verlo, pero también lo podemos evaluar como un acto de justicia tardía. Es un acto de justicia para con algunos profesores ante las precarias condiciones en que quedaron quienes fueron víctimas de la municipalización en los años 80. Lo más valorable es que este acto de justicia no se habría discutido ni estaríamos pronto a aprobarlo en su primer trámite constitucional sin la fuerte y constante movilización de sus actores principales: los profesores, y sin el apoyo de sus comunidades educativas, integrada además por apoderados y estudiantes, y de la gente en general, que reconoció la legitimidad de esta demanda de los profesores, que hoy reciben pensiones de hambre, lo que provoca que muchos educadores que están edad de hacerlo no quieran jubilarse, con lo cual se produce un problema de falta de rotación de profesores y de dinamismo en las aulas y escuelas de nuestro país. La primera versión de este proyecto desconocía la responsabilidad del gobierno en el financiamiento del beneficio, no obstante que se había comprometido a ello con el Colegio de Profesores. El Fisco dejaba esa responsabilidad a los municipios. Además, el proyecto venía acompañado de un vergonzoso informe financiero, lo que denunciamos transversalmente los integrantes de la Comisión de Educación; incluso, su Presidente, el señor Mario Venegas , fue muy enfático en señalar al gobierno que fuera más riguroso tanto al momento de elaborar el informe como en cuanto al esfuerzo económico que debía hacerse. No obstante, el texto que hoy ponemos a disposición de la Sala es muy distinto al original, ya que el gobierno accedió a aumentar del 11 al 65 por ciento su aporte de los fondos totales que se requieren, con mecanismos de flexibilización que permitirán financiar la diferencia a aquellos municipios que no tengan el tope del 3 por ciento de deuda, lo que hace al proyecto algo mucho más digerible y, por supuesto, un avance sustantivo respecto de lo que se planteó en un primer momento. En consecuencia, anuncio de antemano mi voto favorable a la iniciativa, pero no sin antes hacer un llamado transversal para dejar de lado el doble estándar que ha habido en la política chilena, en especial cuando decimos que educar es la labor más importante para el país. Por un lado, nos lavamos la boca con la necesidad de contar con una educación de calidad, pero, por otro, destinamos muy poco a quienes se encargan de realizar esa tarea vital y tratamos de vapulearlos. Muchas veces ellos son el chivo expiatorio de los malos resultados que se producen, pero cuando los resultados son buenos, parece que nunca se debe a los profesores, sino a las políticas que implementa el gobierno de turno. Hagámonos cargo del hecho de que si los profesores son los actores principales, también deben tener un mayor reconocimiento social y, por cierto, monetario por la labor que realizan. La oportunidad de realizar ese cambio se dará cuando discutamos dos proyectos que se presentarán a tramitación este año: el de desmunicipalización o fortalecimiento de la educación pública y el de carrera docente. Son iniciativas que involucrarán fuertemente la labor docente. El diputado Bellolio reconoció implícitamente que el voucher es una medida que no sirve para financiar la educación, pues señaló que las situaciones son distintas y que no es lo mismo educar en un lado que hacerlo en otro. Él lo ocupa como un argumento para sostener la municipalización, cosa que no comparto, pero es ese mismo argumento el que demuestra que el sistema de voucher no tiene asidero. No tiene sentido destinar el mismo monto para educar en contextos completamente distintos. Por lo tanto, animo al gobierno a que, cuando se presenten esos proyectos, el énfasis, tanto de los nuevos fondos en carrera docente como de la desmunicipalización, vayan direccionados a la oferta que pueda proveer la educación, y no a la demanda, porque esto nos llevaría, lamentablemente, a situaciones en que la escala no permitirá que haya buena educación o a despilfarrar recursos en aquellos lugares donde haya una escala muy grande, recursos que podrían ser muy valiosos en otro lado. Así que reitero mi voto a favor de la iniciativa. Antes de terminar, saludo la presencia de los profesores en las tribunas, representados por los dirigentes de su colegio profesional. Y agrego un saludo especial para todos los profesores del país que recibirán el bono que establece el proyecto en debate, aunque será un acto de justicia tardía para muchos profesores que llevan 20, 30 o quizás 40 años realizando esta labor fundamental. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Camila Vallejo . La señorita VALLEJO (doña Camila) .- Señor Presidente, por su intermedio, saludo al ministro de Educación y a los dirigentes del Colegio de Profesores que nos acompañan, que han hecho un gran aporte al magisterio de nuestro país, no solo por lo que se ha evidenciado desde 2011 a la fecha, sino que por su lucha histórica, que ha logrado poner sobre la mesa de discusión no solo la necesidad de brindarles mejores condiciones laborales, sino de mejor enseñanza para nuestros niños. Cuando mejoramos la situación de los profesores, mejoramos la calidad de nuestro sistema educacional. Es por ello que los profesores no solo plantean la necesidad de mejorar sus condiciones laborales, sus deficitarias remuneraciones, sino también el problema estructural y sistémico que afecta a la educación nacional. Incluso han salido a las calles insistentemente, desde antes de 2011, para manifestar la necesidad de desmunicipalizar la educación pública, de “desvoucherizar” su sistema de financiamiento y terminar con el financiamiento compartido, en lo que, por suerte, ya trabajamos, y obtuvimos un proyecto de ley que se hace cargo de ello. Es decir, son los profesores de nuestro país los que han dicho que tenemos que mejorar la educación, pero estos problemas no se resuelven solo con un nuevo trato con los docentes, sino también atacando los problemas estructurales que se han denunciado. Por eso decimos que el proyecto en debate se da dentro de un contexto -así lo han señalado también otros colegas parlamentarios-, que no solo se enmarca en el cumplimiento de una agenda corta por parte del Ministerio de Educación, que aborda la titularidad de los profesores, la necesidad de conformar una mesa de trabajo para tratar el agobio laboral de los docentes y, por cierto, también este proyecto, sino que tiene un contexto estructural. O sea, el carácter de urgente de entregar esta bonificación, para que puedan retirarse los profesores que están en edad de jubilar, se da en un contexto en el que el sistema todavía es municipalizado y en que tenemos un sistema de pensiones totalmente irrisorio y vergonzoso. Por lo tanto, este proyecto no resolverá los problemas estructurales que han denunciado tanto la Asociación Chilena de Municipalidades como los parlamentarios e, incluso, los profesores. Eso deberemos resolverlo con los proyectos que vienen, que ciertamente están incluidos en la agenda del programa de la Nueva Mayoría que está trabajando el Ministerio de Educación. Es decir, necesitamos desmunicipalizar, con un sistema de administración estatal que sea descentralizado. En eso tiene mucha razón el diputado Jaime Bellolio cuando señala que un nuevo sistema de administración de la educación pública por parte del Estado debe atender a las particularidades de las escuelas públicas de nuestro país. No porque sea el Estado se va a desentender de la diversidad o heterogeneidad de la realidad de nuestras regiones, comunas y poblados. También necesitamos resolver el sistema de pensiones, que constituye el origen el problema que estamos tratando de mejorar. O sea, tenemos un problema muy grande. Por eso, como las pensiones son tan miserables, debemos generar un incentivo para que los profesores quieran jubilar y salir del sistema. Además, otro problema estructural, que se va a analizar en la reforma educacional con el Plan Nacional Docente, tiene relación con las bajas remuneraciones de los profesores. En ese sentido, debemos hacer un esfuerzo significativo a la entrada, en los primeros años, cuando los profesores comienzan su ejercicio profesional, para que vayan mejorando sus condiciones remuneracionales en la medida en que vayan progresando en la carrera profesional docente. Ahora, independientemente de eso, este proyecto de incentivo al retiro no resolverá esos problemas estructurales, porque son materia de otras iniciativas. Sin embargo, no podemos dejar de saludar y mencionar el esfuerzo que se ha hecho y lo importante que es esta iniciativa. En la comisión señalamos que la cobertura del 11 por ciento era insuficiente por parte del fisco. De hecho, se hizo un esfuerzo importante para pasar del 11 al 65 por ciento del total de recursos que se necesitan para que los más de diez mil profesores que están en edad de jubilar puedan hacerlo. Asimismo, como indicó la diputada Alejandra Sepúlveda , se avanza para que no sean solo los docentes del sector municipal, sino también aquellos de la administración delegada. Además, otro esfuerzo que también es importante de destacar, que se planteó en la comisión, tiene que ver con atender a las particularidades de las municipalidades, pues no todas tienen la misma cantidad de profesores en condiciones de jubilar ni las mismas capacidades en términos de recursos para cubrir las diferencias para pagar las bonificaciones y el incentivo al retiro. En consecuencia, hay una consideración que debe atender a la diversidad de necesidades de los municipios. Por ejemplo, aquellos que se encuentran en el 3 por ciento, es decir, en el tope de endeudamiento de sus recursos para educación, a fin de que tengan una cobertura estatal del ciento por ciento para pagar el incentivo al retiro. Asimismo, el resto de las municipalidades que se vayan acercando a ese tope también tendrán una gradualidad progresiva en la cobertura por parte del Estado para el pago de las bonificaciones. Es decir, estamos hablando de un proyecto que no solo se hace cargo de garantizar un derecho de los profesores, sino que también de atender a las particularidades de las distintas municipalidades del país. Insisto en algo que manifestó la diputada Karol Cariola , en cuanto a que esto no solo es una responsabilidad del Ministerio de Educación y del Congreso Nacional, que debe aprobar -y espero que sea así este proyecto, sino que también de las mismas municipalidades. Está bien que los alcaldes digan que existen importantes déficits en el sistema municipalizado y que, muchas veces, deben sacar recursos de otras áreas para cubrir las necesidades de educación, porque las subvenciones no les alcanzan, pero también vemos que en muchos municipios -y así lo hemos advertido en la Comisión Investigadora de la ley SEP-, lamentablemente, los mismos recursos para educación que entrega el Estado para pagar las bonificaciones de incentivos al retiro son utilizados para otros propósitos. Obviamente, queremos que esa práctica termine. Por eso, hacemos un llamado a las municipalidades no solo a cumplir con el pago a los profesores, y que efectivamente destinen a los profesores que están en edad de jubilar los recursos que les llegan de parte del Estado, sino también a que todos los recursos para educación sean destinados íntegramente a ese objetivo. Finalmente, espero que por el sentido de urgencia que tiene esta iniciativa, porque hay más de diez mil profesores esperando su incentivo al retiro, tengamos un trámite expedito, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero . El señor MELERO.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo al ministro Nicolás Eyzaguirre . Me tocó conocer este proyecto desde la aproximación de la Comisión de Hacienda, más que desde la de Educación. Desde luego, los diputados señores Bellolio y Romilio Gutiérrez , de mi bancada, ya se han expresado desde el punto de vista educacional. Pero quiero hacer mi planteamiento desde la perspectiva de la inquietud salarial y previsional que se genera sobre el magisterio. El proyecto establece claramente que su objetivo fundamental es otorgar un incentivo a los profesionales de la educación que tengan las edades legales requeridas para jubilar por vejez, permitiendo que puedan hacerlo en mejores condiciones económicas en conformidad con su dignidad profesional. No escapará al elevado criterio de la Sala que si los profesores tuvieran sueldos acordes y más altos que los que hoy poseen y una previsión adecuada, los bonos de incentivo al retiro no serían necesarios, porque la dignidad que reclama esta iniciativa -que estoy de acuerdo en otorgar a través de estos bonos la tendrían producto de los ingresos y de la previsión que se hubieran generado. En la Comisión de Hacienda tuvimos este debate con la subsecretaria de Educación, quien, requerida sobre los porcentajes de profesores que ocupaban ese beneficio, señala que, de los últimos dos -este no es el primer bono de incentivo al retiro que se entrega-, aproximadamente el 82 por ciento de los profesores había hecho uso de él, y dentro de ese grupo, muy mayoritariamente, pues así es la composición del magisterio, mujeres más que hombres. Y también sabemos que en nuestro sistema previsional las mujeres jubilan cinco años antes que los hombres. El proyecto establece, además, que el bono no tiene efecto impositivo -es decir, no mejora la densidad ni la masa de los recursos destinados a la previsióny que será incompatible con toda indemnización o bonificación que por concepto de término de la relación de los años de servicio le pudiera corresponder al profesional. Es decir, renuncia a todo lo que significan los derechos laborales que emanan de eso y solo se queda con el bono, que sabemos es de 21,5 millones de pesos para la mayor cantidad de años que tengan los profesores. Al respecto, me gustaría llamar la atención del ministro, a objeto de hacer un seguimiento sobre el efecto que tienen esos bonos. Así como sabemos que se acoge al bono el 82 por ciento de los profesores, sería interesante conocer qué ocurre con los profesores que se acogen a ello. Por ejemplo, ¿ellos tienden mayoritariamente a recontratarse en el sector particular o particular subvencionado? ¿Se retiran efectivamente? ¿Qué ocurre con la vida de esos profesores, a los cuales hemos incentivado a abandonar la estructura del Estado municipal, pero que, probablemente muchos de ellos busquen en el ámbito particular o particular subvencionado un complemento a su sueldo, lo que también tiene un efecto sobre profesores jóvenes que buscan trabajo por primera vez? Creo muy necesario observar el comportamiento laboral y previsional de los profesores que se retiran. Estoy seguro de que podemos avanzar -creo que hay un gran consenso en tal sentido en la sociedad chilena en mejorar las remuneraciones de los profesores y, además, en preocupamos de fortalecer más nuestro sistema previsional, que es un tema pendiente -pareciera ser que, afortunadamente, el gobierno de la Nueva Mayoría abandonó la peregrina idea de crear la AFP estatal, porque no soluciona el problema a futuro de los ingresos previsionales de los trabajadores-, con un mejoramiento del componente solidario y con la búsqueda de formas que permitan que la densidad de recursos que se destinan a la vejez sean mayores. En la situación actual, en que la mujer jubila a los 60 años, por mucho que el sistema previsional de las AFP haya sido muy eficiente en su rentabilidad desde sus inicios. Hoy fueron publicadas las cifras que indican cómo los multifondos, que debutaron hace varios años, han entregado una rentabilidad promedio superior al 8 por ciento. Me pregunto qué tipo de ahorro, qué libreta de ahorros, qué depósito a plazo entrega la rentabilidad que hoy está dando el sistema de AFP y de multifondos. Esa mejoría parece imposible. Entonces, para terminar, quiero llamar la atención sobre la necesidad de procurar un sistema de mayores y mejores sueldos, con mejores y más justas imposiciones que permita, ojalá, que el Parlamento no tenga que aprobar nuevos bonos de incentivo al retiro, porque el sistema, por sí solo y por la dignidad de los profesores, permite que ellos puedan irse, a la edad de jubilar, con una buena previsión, y no tener que recurrir a estos bonos, que si bien transitoriamente hay que aprobarlos, no debieran constituirse en una política permanente. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Ha concluido el Orden del Día. ¿Habría acuerdo de la Sala para que las señoras y señores diputados inscritos que no alcanzaron a hacer uso de la palabra puedan insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones? Acordado. -En conformidad con el artículo 85 del Reglamento, se incluye la siguiente intervención no pronunciada en la Sala y que cumple con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario: El señor JARPA.- Quiero recordar que el lema del Presidente Pedro Aguirre Cerda fue Gobernar es Educar y tenemos claro que la herramienta para disminuir la brecha que existe hoy en la desigualdad de oportunidades en un mundo supuestamente inclusivo, es la educación gratuita, de calidad e igualitaria. Tenemos que reconocer que sólo y por medio de personas con una real vocación, que cumplen un rol fundamental para nuestra sociedad son los profesores. Es por eso que hoy estamos aprobando este proyecto que repara en parte la dignidad de los docentes, quienes cumplen un rol prioritario en la formación de las personas y que lamentablemente producto de un período nefasto de nuestra historia se desvirtuó su labor. Debemos recordar cuales son las causas que derivaron en el deterioro y descredito hacia los profesores en cuanto a su profesión, las cuales se originaron en el traspaso de la educación a los municipios, la creación de las AFP que además trajeron consigo una deuda histórica que aún no logramos subsanar. Deseo mencionar que el diario La Discusión de Chillán, en un artículo publicado el pasado 26 de febrero, da a conocer que el alcalde de la época de la capital provincial de Ñuble, reconocía en el año 1990 una deuda de 450 millones de pesos, dejando en claro además que lo que se realizó no fue una municipalización, sino que una alcaldización de los profesores, con las consecuencias que apreciamos hoy en día. Quiero señalar que este proyecto de ley, el cual aplaudo y en el cual aprovecho de manifestar que espero que las reformas estructurales que se están discutiendo actualmente en este Congreso, permitan hacer cambios de fondo en un modelo nefasto, que sólo ha traído inconvenientes y malos tratos a los profesores, termine de una vez por todas con estos incentivos al retiro, los cuales aprobamos cada cierto tiempo, como una forma de reparar en parte el gran daño causado a una profesión fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad y que ha dificultado a quienes ejercen la docencia, sus legitimas demandas por una mejor estabilidad laboral y cambios en su sistema previsional, entregando tranquilidad y el reconocimiento que se merecen como formadores de una nación. Este proyecto que estamos aprobando hoy ha incrementado los recursos por parte del Estado, precisamente después que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados anunciara que no aprobaría la iniciativa original, por lo cual el ministerio de Hacienda y educación escucharon nuestras voces, permitiendo que hoy no sea a costo municipal, sino que estatal con un aporte de un 65 por ciento. El porcentaje restante será financiado por los respectivos municipios de acuerdo a la readecuación del sistema educacional por medio de adelantos solicitados al Ejecutivo. Es por este motivo que deseo destacar la buena predisposición del Ministerio de Hacienda y del Colegio de Profesores, lo que nos ha permitido que hoy podamos estar aprobando esta normativa legal por unanimidad de los parlamentarios con el beneplácito de los docentes. Finalmente anuncio nuestro voto favorable como radicales a este proyecto que va a paliar la injusticia en materia previsional que permanentemente se manifiesta en intranquilidad a quienes desempeñan la labor docente, resaltando que se ha escuchado la voz de los profesores del decreto ley 3.166, de 1980, quienes también fueron incorporados en este beneficio, haciendo la mayor justicia posible. Reitero y espero que no sea necesario más adelante volver a aprobar este tipo de normativas, confiando en las reformas estructurales que estamos realizando para construir una mejor sociedad, más justa e igualitaria en la que el reconocimiento de la deuda histórica sea una solución que el Estado entregue a los profesores. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres . El señor TORRES.- Señor Presidente, en virtud de lo establecido en el artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, me voy a inhabilitar de votar. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo . El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en mi intervención sobre el proyecto hice el mismo alcance que mi colega Víctor Torres: que de acuerdo con el artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, me abstendré de votar. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz . El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ayer participé activamente en la Comisión de Hacienda, pero, en virtud del artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, también me inhabilito de votar, porque un hijo mío es alcalde de Concepción. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero . El señor MELERO.- Señor Presidente, me voy a referir a una materia reglamentaria. Desde hace un tiempo, se ha ido haciendo habitual que algunos parlamentarios se inhiban de votar, desde mi punto de vista, en una mala e incorrecta interpretación del artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Considero que los diputados señores Enrique Jaramillo y José Miguel Ortiz no tienen por qué inhabilitarse porque sus hijos sean alcaldes. Este proyecto de ley va en beneficio directo de los profesores, de la comunidad, del municipio y de sus arcas, porque afortunadamente el gobierno pone más recursos, pero no de los alcaldes. Me parece que estas prácticas van sentando una suerte de precedente y de complejo, en que los diputados nos inhabilitamos de votar en materias en las que no tenemos por qué hacerlo. Respeto el derecho de un parlamentario a no votar, pero no invoquemos una causal reglamentaria por la cual el día de mañana otro parlamentario podría decir: “Tú lo hiciste en su momento, pero yo no”, y se va generando un cuadro no deseado. A mi juicio, la Mesa debe representar a un parlamentario cuando está haciendo una interpretación equívoca de la ley, para que nos vayamos acotando a lo que estrictamente establece la norma. Y esta dice que no se debe votar en aquellas materias que vayan en directo beneficio del parlamentario, y no es el caso de este proyecto de ley. Incluso, el inciso segundo entrega mayor claridad al respecto. Creo que hay un exceso de escrúpulos en esta materia, y nos estamos inhibiendo de votar, sin necesidad de hacerlo. El señor ANDRADE.- ¡No se enoje, señor diputado! El señor MELERO.- No me enojo, diputado Andrade . Simplemente me inspira la intención de hacer una interpretación justa, equitativa y adecuada de la norma, para no actuar de la forma en que se está haciendo. Quizás nos empezamos a inhibir en todo, por lo que está sucediendo en el país. No debemos inhibirnos de votar en lo que no corresponde. Por lo tanto, llamo a la Mesa a fijar una suerte de criterio y, si es necesario, llamar la atención de un diputado, en un sentido positivo, cuando se está inhibiendo de votar sin mayor fundamento. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth . El señor AUTH.- Señor Presidente, estaría completamente de acuerdo con el diputado Patricio Melero si el Congreso Nacional hubiera pecado más por exceso que por omisión. Pero aquí no han sobrado las inhibiciones para votar; más bien, han faltado inhibiciones. Por lo tanto, si el diputado Melero sugiere trasladar a la Mesa la decisión relativa a cuando un diputado se autoinhabilita, estaría de acuerdo solo si le dejamos a la Mesa la responsabilidad en todos los casos, incluso cuando un diputado no se pronuncia, para que la Mesa le haga presente que tiene que inhabilitarse. Reitero: aquí ha faltado decisión y coraje de los diputados para inhabilitarse; no ha sobrado. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio . El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, estoy muy sorprendido por la intervención del diputado Patricio Melero , porque la facultad de inhabilitarse de votar en determinadas materias es personalísima del diputado que asume la decisión. De forma tal que enaltece al Congreso Nacional, en particular a los diputados que se abstienen de emitir su voto, cuando por sí y ante sí definen y resuelven que se encuentran en la causal del artículo 5º B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. El gran defecto de esta Cámara ha sido que, aunque muchos diputados han tenido claramente intereses en los asuntos que se debaten, no hagan uso de esta facultad de inhabilitarse para votar, con lo cual dañan y afectan gravemente la percepción que los ciudadanos tienen del Congreso Nacional y, en particular, de la Cámara de Diputados. Entonces, rechazo con toda la fuerza de mis convicciones las expresiones del diputado Melero , y respaldo y hago mías las expresiones del diputado Pepe Auth . El señor CORNEJO (Presidente).- La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, en dos oportunidades -entiendo que por unanimidad-, ha señalado que ella pueda intervenir con posterioridad, cuando un parlamentario se ha encontrado en una situación en que ha estado obligado a inhabilitarse, pero que no lo ha hecho. De modo que no quisiera tomar partido en una u otra dirección, porque no me corresponde, como me lo recuerda el diputado Andrade . Como ha sido planteado, el derecho de inhabilitarse es exclusivo del diputado, y solo se interviene cuando, debiendo inhabilitarse en una votación, no lo hizo, y eso se hace con posterioridad. Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio . El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, cada cual podrá hacer la lectura que quiera, pero el artículo 5º B, en su segundo inciso, señala: “No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones o en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara.”. Cada cual sabrá cuándo corresponde y cuándo no. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez . El señor NÚÑEZ (don Daniel).- Señor Presidente, en relación con la discusión y lo que usted ha planteado, en el sentido de que no le compete a la presidencia de la Cámara de Diputados referirse a esta inhabilidad y respecto de cuando es pertinente o no hacer uso de ella por parte de los diputados, y que es la Comisión de Ética quien debe hacerlo, aprovecho de pedir que la Comisión de Ética efectivamente lo haga. Hace varias semanas hicimos una presentación, pero la comisión todavía no se ha reunido. Como este es un tema de debate público, y la opinión pública tiene opinión, pareciera ser que los diputados no queremos abordar el tema. Al respecto, pido respetuosamente a la Comisión de Ética que lo hagamos, porque de otra manera pareciera ser que estamos eludiendo el debate. En ese sentido, hay cosas que aclarar. Además, respaldo plenamente las palabras del diputado Pepe Auth . He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Entonces, corresponde votar en general el proyecto de ley que otorga a los profesionales de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario. Hago presente a la Sala que todas las normas de la iniciativa tratan materias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención, y 3 inhabilitaciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio ; Alvarez Vera Jenny ; Andrade Lara Osvaldo ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bellolio Avaria Jaime ; Berger Fett Bernardo ; Browne Urrejola Pedro ; Campos Jara Cristián ; Cariola Oliva Karol ; Carmona Soto Lautaro ; Carvajal Ambiado Loreto ; Castro González Juan Luis ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Cicardini Milla Daniella ; Coloma Alamos Juan Antonio ; Cornejo González Aldo ; Edwards Silva José Manuel ; Espejo Yaksic Sergio ; Espinosa Monardes Marcos ; Farcas Guendelman Daniel ; Fernández Allende Maya ; Flores García Iván ; Fuentes Castillo Iván ; Gahona Salazar Sergio ; García García René Manuel ; Girardi Lavín Cristina ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Gutiérrez Pino Romilio ; Hasbún Selume Gustavo ; Hernández Hernández Javier ; Hernando Pérez Marcela ; Hoffmann Opazo María José ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jackson Drago Giorgio ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Lavín León Joaquín ; Letelier Norambuena Felipe ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Melo Contreras Daniel ; Meza Moncada Fernando ; Mirosevic Verdugo Vlado ; Molina Oliva Andrea ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Monsalve Benavides Manuel ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Urrutia Paulina ; Ojeda Uribe Sergio ; Paulsen Kehr Diego ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Pilowsky Greene Jaime ; Provoste Campillay Yasna ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Rincón González Ricardo ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Rubilar Barahona Karla ; Sabat Fernández Marcela ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Santana Tirachini Alejandro ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silva Méndez Ernesto ; Soto Ferrada Leonardo ; Squella Ovalle Arturo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Turres Figueroa Marisol ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urízar Muñoz Christian ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Urrutia Soto Osvaldo ; Vallejo Dowling Camila ; Vallespín López Patricio ; Van Rysselberghe Herrera Enrique ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Matías . -Se abstuvo el diputado señor Boric Font Gabriel . -Se inhabilita con los diputados señores Jaramillo Becker Enrique , Ortiz Novoa José Miguel, Torres Jeldes Víctor . El señor BORIC.- Señor Presidente, mi voto apareció como abstención, pero es a favor. El señor CORNEJO (Presidente).- Se dejará constancia de su precisión en el acta, señor diputado. Y por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular. Despachado el proyecto. -Aplausos.
OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9866-04)