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El señor CORNEJO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son los señores Mario Venegas y José Miguel Ortiz , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 28ª de la presente legislatura, en 3 de junio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 76ª de la presente legislatura, en 7 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 20.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 80ª de la presente legislatura, en 14 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Recuerdo a los señores diputados que, de conformidad con los acuerdos adoptados ayer por los Comités, una vez rendidos los informes de las comisiones de Educación y de Hacienda, se otorgarán diez minutos por bancada para la discusión de las ideas globales de las enmiendas. A continuación, el saldo del tiempo restante se distribuirá en forma proporcional entre las bancadas.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Educación.
El señor VENEGAS (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y con urgencia calificada de suma, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
Antecedentes
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo modificaba cuatro cuerpos legales: la Ley General de Educación, la ley de Subvenciones, la ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Las principales modificaciones que introducía el proyecto original decían relación con las siguientes materias:
-Se regulaban materias relacionadas con los derechos humanos y el principio de no discriminación e inclusión en todo el sistema educativo.
-Se establecía que los sostenedores educacionales que reciben financiamiento público deberán estar organizados como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.
-Se regulaban los usos que se pueden dar a la subvención educacional.
-Se prohibían las operaciones con personas relacionadas, con el propósito de evitar retiros de utilidades que encubrieran lucro.
-Se prohibía la selección en establecimientos educacionales subvencionados y se establecía un proceso de admisión aleatorio y transparente.
-Se ponía fin al financiamiento compartido, y se establecían dos instrumentos para lograr dicho objetivo: el aporte por gratuidad y una subvención especial para alumnos preferentes. Asimismo, se contemplaba un aumento de 20 por ciento en los recursos para la subvención especial preferencial.
-Se establecía un régimen de transitoriedad para la implementación de dichas políticas.
Aprobación del proyecto
La iniciativa original fue objeto de numerosas indicaciones parlamentarias, así como de dos grupos de indicaciones por parte del Ejecutivo -24 en total-, algunas de las cuales fueron motivadas en las observaciones efectuadas por diputados, así como por las 55 personas e instituciones que concurrieron a exponer a la comisión.
A continuación, paso a reseñar los principales contenidos del proyecto aprobado por la comisión.
I.- Modificaciones a la Ley General de Educación
1.- Se establece el principio de no discriminación e inclusión en la legislación, lo que implica el deber del Estado de velar por la inclusión e integración en todos los establecimientos educacionales.
2.- Se dispone el deber del Estado de fomentar una cultura de laicidad en los establecimientos educacionales del Estado.
3.- Se instituye el principio de no considerar el rendimiento pasado o potencial de los estudiantes como criterio de admisión en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.
4.- Se determina que en todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, el cambio de estado civil de los padres de los alumnos no podrá ser considerado como causal para la cancelación o no renovación de la matrícula.
5.- Se establece que en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado no es posible cancelar la matrícula, durante el año escolar, a causa del no pago de los derechos de matrícula.
6.- Se instituye el principio de no selección en todos los niveles educativos en los establecimientos subvencionados.
II.- Modificaciones a la Ley de Subvenciones
1) Se establecen nuevos requisitos para impetrar la subvención estatal.
Los sostenedores particulares deben estar constituidos como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones educacionales y corporaciones de derecho público.
Se establece un plazo de dos años para que los sostenedores que no se encuentren constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro puedan cambiar su figura, adecuándose al nuevo régimen, lo que permitirá transferir la calidad de sostenedor. Asimismo, se protegen los derechos de los trabajadores del establecimiento educacional.
El financiamiento que obtengan de parte del Estado se debe destinar, de manera íntegra y exclusiva, a “fines educativos”.
Se enumera una lista de operaciones en las cuales se entenderá que la subvención se destina a fines educativos. Entre ellas están: la adquisición de toda clase de servicios, gastos de mantención y reparación de inmuebles, costos asociados a las dependencias o el funcionamiento del establecimiento educacional, gastos asociados al proyecto educativo, inversiones en activos financieros, entre otros.
Se prohíbe la celebración de operaciones (actos y contratos) con personas relacionadas y se deben respetar los precios de transferencia que prevalecen en el mercado. Estas serán consideradas para relaciones que existan dos años hacia atrás desde la entrada en vigencia de la ley.
Se establecen criterios para delimitar la remuneración de la persona natural que cumple funciones de administración superior de la entidad sostenedora.
En relación con la propiedad donde funciona el establecimiento educacional, existen las siguientes opciones:
1.- La entidad sostenedora sin fines de lucro debe ser propietaria del o de los inmuebles esenciales en los que funciona el establecimiento educacional y estos deben estar libres de gravámenes.
Para cumplir este requisito, se faculta al sostenedor para comprar la propiedad con cargo a la subvención escolar, a través de un crédito bancario que puede ser garantizado con hipoteca.
A los actuales sostenedores se les da un plazo de tres años para adquirir la propiedad del inmueble educacional, para lo cual se les permitirá contraer un crédito bancario que podrá estar garantizado por el Fogape. Podrán comprar el inmueble con cargo a la subvención e imputar anualmente hasta el 11 por ciento del avalúo fiscal del inmueble. En caso de que el vendedor no sea relacionado, el Estado podrá garantizar el pago de las cuotas de la compraventa, a fin de estimular la compra de dicho inmueble.
Los sostenedores tendrán un plazo de tres años, contado desde que el sostenedor se encuentre constituido como persona jurídica sin fines de lucro, para cumplir con el requisito de ser dueño o adoptar las opciones de los números 2 o 3.
2.- También se autoriza que la entidad sostenedora celebre un contrato de comodato.
3.- Se permiten los contratos de arrendamiento en los siguientes casos:
En forma excepcional cuando, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, no se pueda cumplir el requisito de ser propietario, como, por ejemplo, en el caso de una catástrofe que inhabilite completamente la infraestructura.
A aquellos sostenedores que al inicio del año escolar 2014 se encuentren arrendando el inmueble en el cual funciona el establecimiento, se les permite, durante el plazo de tres años, contado desde que el sostenedor se encuentre constituido como persona jurídica sin fines de lucro, que continúe arrendando el establecimiento, de conformidad con los contratos existentes. Finalizado dicho plazo, para continuar arrendando, los contratos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1°.- No podrán celebrarse con personas relacionadas, de acuerdo con las reglas establecidas en la letra a) del inciso quinto del artículo 3° y en el artículo 3° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, salvo que el arrendador sea una persona jurídica sin fines de lucro o una persona jurídica de derecho público. Es la nueva figura que se puede crear en el marco de la futura ley, toda vez que se puede constituir con mayor rapidez.
2°.- Deberán estar inscritos en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
3°.- Deberán celebrarse con una duración de, a lo menos, veinte años. En caso de que se quieran cambiar las reglas, a los diez años deben avisar oportunamente. De no ocurrir así, el contrato será prorrogado por otros veinte años.
4°.- La renta máxima mensual de estos contratos no podrá exceder el 11 por ciento del avalúo fiscal del inmueble arrendado, dividido en doce mensualidades.
5°.- Los gastos en mejoras útiles o necesarias serán de cargo del propietario del bien inmueble.
Estas son los cinco requisitos que deben cumplir los contratos de arrendamiento.
4.- En casos excepcionales, para garantizar el derecho a la educación, el Estado podrá adquirir aquellos inmuebles en los cuales funcione el establecimiento educacional de propiedad de aquel sostenedor que haya manifestado expresamente al Ministerio de Educación su voluntad de no continuar prestando el servicio educacional. El precio de la compraventa no podrá exceder el monto que resulte de restar al valor del inmueble lo recibido por concepto de aportes por Jornada Escolar Completa. Me refiero al aporte que hizo el Ministerio de Educación en su momento. Para estos efectos, el valor del inmueble será de hasta 1,7 veces el avalúo fiscal.
Los reglamentos internos de los establecimientos educacionales deben contemplar expresamente la prohibición de toda forma de discriminación en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Asimismo, deben establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento académico y de apoyo a la convivencia escolar.
Los reglamentos internos deben reconocer expresamente el derecho de asociación de los estudiantes, padres y apoderados, personal docente y asistentes de la educación.
Para el caso de un sostenedor particular que solicite impetrar por primera vez la subvención estatal, se deberá acreditar la existencia de la demanda por matrícula en el territorio donde pretenda desarrollar su proyecto educativo, que pueda ser cubierta por un establecimiento educacional privado con financiamiento estatal.
Se establece también como exigencia contar con un consejo escolar para poder impetrar la subvención escolar.
Se regulan las medidas de cancelación de matrícula y de expulsión de alumnos, principalmente. Se establece que el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de matrícula. Estas medidas solo podrán decretarse en los siguientes casos:
-Cuando sus causales se encuentren claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y afecten gravemente la convivencia escolar.
-Cuando se desarrolle un procedimiento previo y transparente que permita hacer sus descargos al estudiante afectado. La expulsión o cancelación de matrícula solo podrá adoptarse por acuerdo mayoritario del consejo de profesores. Dichas medidas son apelables ante el director, previa consulta al consejo escolar.
-Para el caso de la medida de expulsión, el director no podrá aplicarla si con anterioridad no se han implementado todas las medidas de apoyo pedagógico y psicosocial respecto del estudiante afectado. Tampoco podrá decretarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda matricularse en otro establecimiento educacional.
-Para el caso de la medida de cancelación de matrícula o de expulsión, estas no podrán decretarse por motivos que deriven de la situación socioeconómica, del rendimiento académico o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales transitorias del estudiante que se presenten durante sus estudios. En caso de repitencia, se mantiene el derecho del estudiante a repetir al menos una vez en enseñanza básica y al menos una vez en enseñanza media en un mismo establecimiento.
No se deben implementar procesos de selección; por el contrario, se deben realizar los procesos de admisión y postulación conforme a la ley y según los criterios que se detallan a continuación.
Proceso de postulación
1.- Se realizará a través de un registro que contendrá la información relativa a los establecimientos educacionales.
2.- Los padres, madres y apoderados podrán acceder al registro en el o los establecimientos educacionales de su preferencia y en forma directa.
3.- Los padres y apoderados que deseen postular a más de un establecimiento educacional deberán manifestar su orden de preferencia al momento de hacerlo.
4.- Para postular a un establecimiento es requisito que los padres y apoderados adhieran en forma expresa al proyecto educativo declarado por el establecimiento y a su reglamento interno.
Proceso de admisión
1.- Los establecimientos educacionales estarán encargados de implementar el proceso de admisión.
2.- Este proceso deberá admitir a todos los estudiantes que hayan postulado al establecimiento si hay capacidad para ello.
3.- En caso de haber mayor número de postulantes que de vacantes, se deberá aplicar un proceso de selección aleatorio y ciego.
Este proceso de selección considerará los siguientes criterios en orden sucesivo:
a) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento.
b) Incorporación del 15 por ciento de estudiantes prioritarios, de conformidad a los requisitos exigidos a los establecimientos para impetrar subvención escolar.
c) La condición de hijo o hija de un profesor, un asistente de la educación del establecimiento educacional, una manipuladora de alimentos o un trabajador que preste servicios permanentes en la escuela. Por lo tanto, los funcionarios tienen preferencia a la hora de poder matricular a sus hijos en ese colegio.
4.- Este proceso de selección debe velar por hacer efectivo el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional de su preferencia.
5.- El Ministerio de Educación pondrá a disposición de los establecimientos educacionales un mecanismo para realizar este proceso de admisión, cuyo uso será voluntario.
6.- Se exceptúan de este proceso de selección -ciego y aleatoriolos liceos con modalidad artística, los cuales, previa autorización del Ministerio de Educación, podrán implementar su propio sistema de admisi��n, que dé cuenta de las aptitudes y talentos individuales de los estudiantes.
7.- Aquellos establecimientos que, atendidas sus características históricas de rendimiento académico destacado en su región y que hayan implementado procesos de selección académica, podrán desarrollar el proceso antes señalado solo entre aquellos estudiantes que pertenezcan al 20 por ciento de mejor desempeño escolar relativo a las generaciones anteriores del establecimiento escolar de procedencia. Estos establecimientos serán definidos por medio de un reglamento, en atención a ciertos criterios a determinar.
8.- Se establece que el régimen comenzará el año subsiguiente al de la publicación de esta ley en proyecto, dando un plazo de dos años para que los establecimientos educacionales puedan adecuarse al nuevo régimen de admisión. Este plazo se amplía en un año más para los establecimientos emblemáticos, a los que hacía referencia en el punto anterior.
2) Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE).
Se establece que deben estar organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro y se les aplicarán las restricciones de las personas relacionadas. Deben ser elegidas por medio de licitación.
3) Sanción penal a la desviación de fondos de la subvención.
Como el proyecto establece expresamente cuáles son los usos que se deben dar a los recursos que pone el Estado, cualquier uso distinto será sancionado. El proyecto contempla, en primer lugar, la obligación de que aquel que incumplió la ley devuelva el monto de lo mal usado.
A lo anterior, se agrega una sanción pecuniaria correspondiente al 50 por ciento del valor mal usado.
Si la persona se negase a devolver el dinero y a pagar la multa respectiva, se contempla un mecanismo que podría, eventualmente, llevarla a ser condenada con privación de libertad. Esto, naturalmente, será visto por un tribunal de la república, con un adecuado proceso, y se establece una mención que deberá resolver el juez de la causa. En todo caso, se trata de la última medida, pues la primera es de carácter pecuniario.
4) Se detalla la información que debe ser entregada a la Superintendencia de Educación. Los sostenedores que reciben subvención estatal deben entregar la información en relación con el destino que dieron a los recursos percibidos por concepto de financiamiento estatal, de acuerdo a las operaciones que por ley se entienden que se realizan con fines educativos; información sobre el gasto en remuneraciones de directivos y/o administradores de la entidad sostenedora; los estados financieros consolidados y auditados, y un listado actualizado con la individualización completa de sus miembros o asociados, y directivos.
5) Transparencia activa.
Se exige que el sostenedor tenga a disposición del público información relacionada con el destino que se da a los recursos públicos y el gasto en remuneraciones de directivos o administradores de la entidad, tanto de manera física como en plataformas informáticas.
6) Creación de las corporaciones educacionales.
El proyecto contempla la creación de corporaciones para el efecto de esta futura ley, que son de más fácil creación y de tramitación menos engorrosa que la contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Ellas se constituyen en el Ministerio de Educación y son una alternativa más para que los sostenedores -valga la redundancia- se constituyan como personas jurídicas sin fines de lucro. Este sistema busca agilizar el proceso de creación de estas corporaciones sin fines de lucro.
7) Eliminación del sistema de financiamiento compartido.
Los establecimientos educacionales que actualmente se encuentren adscritos al sistema de financiamiento compartido podrán seguir en él hasta que los aumentos de la subvención general reemplacen a cabalidad el aporte de los padres y apoderados. Para estos efectos, el actual aporte se congela en unidades de fomento, de manera tal que, como la UF crece a un ritmo menor que el de crecimiento de la subvención escolar, en algún momento la subvención alcanzará el valor del aporte de los apoderados. En ese momento terminará el financiamiento compartido y se tendrá derecho a la subvención de gratuidad y también a la SEP, en el caso del tercer y cuarto quintil.
8) Creación del aporte por gratuidad.
Se establece un aporte por gratuidad destinado a los establecimientos educacionales gratuitos y sin fines de lucro, que se impetrará por los estudiantes que estén cursando primer y segundo nivel de transición de educación parvularia, educación general básica y enseñanza media, incluidos la educación especial y de adultos, y los estudiantes de los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, y que estén adscritos al régimen de subvención preferencial. Este aporte será de 0,45 unidades de subvención escolar (USE) el 2018.
III.- Modificaciones a la ley de aseguramiento de la calidad
1.- Aumentan las facultades de fiscalización en establecimientos particulares pagados.
En caso de que se trate de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Título Preliminar de la Ley General de Educación, que contiene los principios y fines de la educación y los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, se permitirá el ingreso a establecimientos particulares pagados, y la citación a declarar a los representantes legales, administradores y dependientes, sin existencia de una denuncia previa. Nadie puede no cumplir en los fines declarados en nuestra legislación.
2.- Aumenta fiscalización respecto al uso de la subvención estatal.
Se establece como infracción grave el incumplimiento de las normas sobre uso de la subvención para fines educativos y los requisitos para impetrar la subvención.
IV. Modificación a la Ley de Subvención Escolar Preferencial
Se crea subvención preferencial para alumnos preferentes, que pertenecerán a los quintiles tercero y cuarto, la que hoy no existe.
El monto de esta subvención es de la mitad de la que corresponde a los alumnos prioritarios (SEP actual).
Se aumenta el valor de la subvención y aportes que reciben los alumnos de la ley SEP en 20 por ciento, lo que constituye una muy buena noticia.
Constancias Reglamentarias
I) La idea matriz o fundamental de la iniciativa legal consiste en poner fin al lucro, en el término de la selección escolar y en la eliminación progresiva del sistema de financiamiento compartido en establecimientos que reciben recursos públicos, aspectos que apuntan a dar un marco sustentable que permita avanzar en asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y garantizar, de manera efectiva, la libertad de los padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos.
II) De acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, las siguientes normas del proyecto de ley aprobado por la Comisión deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda:
Los Nos 13) y 16) del artículo 2°.
Los Nos 1), 2), 6), 7), 8), 9), 10), 11) y 12) del artículo 4°, y
Los artículos sexto, noveno, duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto transitorios.
III) El proyecto fue aprobado en general por 8 votos a favor y 5 en contra, con el voto favorable de las diputadas señoras Cristina Girardi, Yasna Provoste y Camila Vallejo, y de los diputados señores Fidel Espinoza, Rodrigo González, Giorgio Jackson, Alberto Robles y Mario Venegas (Presidente), y el voto en contra de la diputada señora María José Hoffmann y de los diputados señores Jaime Bellolio, Romilio Gutiérrez, José Antonio Kast y Felipe Kast.
En nombre de la Comisión, deseo agradecer la colaboración y asistencia del ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre ; de la subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga ; del secretario ejecutivo de la reforma educacional, señor Andrés Palma , y de los asesores señores Patricio Espinoza , Exequiel Silva , Misleya Vergara , Tatiana Klima , Hugo Arias y Valeria Ortega .
Asimismo, es necesario dejar constancia de que la Comisión recibió en audiencia a numerosas personas e instituciones, en cuyos valiosos aportes y observaciones se inspiraron muchas de las indicaciones presentadas, tanto por el Ejecutivo como por los parlamentarios integrantes de la Comisión. Dedicamos meses a escuchar a un total de 55 personas e instituciones, por lo que no nos podrán acusar de no haber hecho el trabajo de manera adecuada en la Cámara de Diputados.
Las personas son las siguientes: el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), hermano Jesús Triguero ; la coordinadora del Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación de la CUT, señora Yobana Salinas ; el vicerrector académico y estudiantil del Instituto Nacional, profesor Mario Vega ; el presidente de la Red de Colegios Particulares Subvencionados del Biobío ( Redcol Biobío) , señor Andrés Carter ; el presidente de Educación 2020, señor Mario Waissbluth ; el director ejecutivo de Res Publica, señor Jorge Acosta ; el presidente de la Comisión de Educación de Alcaldes y Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Lo Prado, señor Gonzalo Navarrete ; el presidente nacional de Colegios Particulares de Chile A.G. (Conacep), señor Hernán Herrera ; la gerente general de la Corporación Educacional de la Construcción (Coreduc), señora Rosana Sprovera ; el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, señor Cristián Bellei ; el ejecutivo de la Secretaría Técnica del Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe de la Orealc/Unesco, señor Carlos Beca ; el presidente de la Corporación de la Educación AptusChile, señor Tomás Ariztía ; la consejera del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Patricia Matte ; el director ejecutivo de Acción Educar, señor Raúl Figueroa ; el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Fernando Atria ; el subdirector nacional subrogante del Servicio Nacional de Discapacitados (Senadis), señor Christian Finsterbusch ; el profesor del Magíster en Gestión Educacional de Calidad de la Escuela de Administración de Servicios de la Universidad de Los Andes, señor Rodrigo Bosch ; la directora académica del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, señora Alejandra Mizala ; el director del Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales, señor Gregory Elacqua ; el profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor José Francisco García ; el profesor de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, señor Juan Carlos Ferrada ; el socio y representante de la Sociedad Educacional Homel Ltda., señor Wladimir Homel ; la presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa), señora Erika Muñoz ; la directora de la Escuela Francisco Ramírez, de la comuna de San Ramón, señora María Cristina Barahona ; el alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza ; el director del Centro de Estudios Públicos (CEP), señor Harald Beyer ; el exrector de la Universidad de Chile y gran maestro de la Gran Logia de Chile, señor Luis Riveros ; el presidente nacional del Colegio de Profesores de Chile A.G., señor Jaime Gajardo ; el subdirector ejecutivo de la Corporación Horizontal Chile, señor Ignacio Parot ; la investigadora y la directora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, señoras María Paz Arzola y Alejandra Candia , respectivamente; el vicario de la Educación del Arzobispado de Santiago, presbítero Tomás Scherz ; el vicario de la Educación del Obispado de Valparaíso, presbítero Edgardo Fernández ; el director de la Oficina Regional de la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), señor Jorge Sequeira ; la presidenta y el director regional de la Asociación de Sostenedores de Escuelas Especiales de Lenguaje (Aseel A.G.) de la Zona Metropolitana, señora Gloria Véliz y señor Alejandro Aguilar , respectivamente; el director de la Asociación de Colegios Particulares Subvencionados de Los Lagos A.G., señor Roberto Gálvez ; el presidente ejecutivo internacional de la Fundación América Solidaria, señor Benito Baranda ; el director de Investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), señor Pablo Ortúzar ; el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, doctor Óscar Nail ; los voceros de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) señores Ricardo Paredes y Tomás Leighton ; las voceras de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), señoritas Melissa Sepúlveda y Naschla Aburman ; la exministra de Educación y directora de la Corporación Aprender, señora Mariana Aylwin ; el profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland e Investigador Internacional Asociado a Clapes-UC, señor Sergio Urzúa ; el asesor del Programa Legislativo de la Fundación Jaime Guzmán , señor Jorge Barrera ; la presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), señora Dafne Concha ; la directora académica y la asesora del directorio de la Fundación Astoreca, señoras Ximena Torres y Bárbara Eyzaguirre , respectivamente; el gerente general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA Educa), señor Arsenio Fernández ; el profesor de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Julio Pertuzé ; la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile, señora Hai Kyung Jun , y el consultor del Área Educación de la Unicef en Santiago, señor Daniel Contreras ; el rector de la Universidad Alberto Hurtado, padre Fernando Montes ; el director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), señor Juan Eduardo García-Huidobro ; el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Chilena (Conatech) y secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT Chile), señor Alfonso Pastene ; el presidente de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas de Chile, señor Emiliano Soto ; en representación del presidente del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, el señor Luis Alberto González ; el presidente del Consejo de Obispos y Pastores de Chile y presidente de Cuprem, señor Jorge Méndez ; el presidente de la corporación en la zona sur de Chile y pastor de la Iglesia adventista, señor Milton Alaña ; el director ejecutivo de Enseña Chile, señor Tomás Recart ; el presidente de la Corporación de Promoción Universitaria (CPU), señor Jaime Lavados ; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, señor Jaime Bassa ; el presidente de la Federación Regional de Funcionarios de los DEM o DAEM (Ferfudem), Región del Biobío, señor Iván Zambrano , y la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores Diferenciales, señora Antonieta Amar .
Como pueden apreciar, recibimos a una enorme y diversa cantidad de personas e instituciones -ruego que me excusen por haber leído la nómina completa- que quisieron expresar su acercamiento a este proyecto. Muchos de esos planteamientos quedaron recogidos en las indicaciones presentadas tanto por el Ejecutivo como por las señoras diputadas y los señores diputados de nuestra Comisión.
Por último, agradezco a la secretaría de la Comisión de Educación y a los funcionarios de la Corporación que colaboraron y trabajaron extraordinariamente para alcanzar los objetivos propuestos.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente, colegas diputadas y diputados, ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre ; jóvenes y dirigentes que nos escuchan desde la tribuna de este hemiciclo:
En nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre este proyecto de ley tan importante y trascendental, que va a cambiar el destino de la educación en nuestro país.
Escuchamos al ministro de Educación, el que fue muy claro y objetivo respecto de esta iniciativa, que pretende convertir la educación en un derecho social y no en una actividad que derive en utilidades increíbles para sectores que han confundido la educación con un negocio, que ven en ella rendimiento económico y que, dependiendo de ello, continúan o no invirtiendo en educación, materia fundamental para Chile.
El proyecto establece gratuidad en todos los colegios que reciben subvención estatal, y pone fin a la discriminación en los procesos de admisión escolar y al lucro en todos los colegios que reciben aportes públicos.
Quiero recordar que, desde hace muchos años, el financiamiento de la educación en nuestro país se lleva a cabo en función de la Unidad de Subvención Educacional (USE). Todos reciben ese financiamiento, con excepción de alrededor del 7,5 por ciento de los colegios, que pertenecen al sector particular.
La iniciativa es una más de las no menos de once que deberemos tramitar durante estos años, con el fin de cubrir efectivamente todos los sectores, no solo la educación pre básica, básica y media, sino también la educación superior.
El proyecto que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado -para que definitivamente haya claridad y no se tergiversen las informaciones-, plantea una transición ordenada hacia el nuevo marco legal, protegiendo siempre el derecho a la educación de los estudiantes. Por ejemplo, se pondrá fin al copago y los recursos para educación aumentan progresivamente a medida que se avanza en la reforma. Como resultado final del término del financiamiento compartido, los recursos que aportará el Estado, en adición a los derivados del aumento de la subvención general, más que duplican lo que hoy pagan las familias al sistema, que llegan a los 600.000.000 de dólares; aumentan los aportes del Estado de manera progresiva, empezando por los sectores más vulnerables, porque este proyecto de ley va en la dirección de la igualdad y de poner término a las discriminaciones.
Solo por aporte de gratuidad y SEP, los colegios públicos recibirán más de 460.000.000 millones de dólares al tercer año de vigencia de la ley.
Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, según el informe de la Comisión de Educación, quiero recordar que la Comisión de Hacienda tuvo que examinar 22 disposiciones: cuatro relativas al fin del sistema de financiamiento compartido; dos respecto de la creación y entrada en vigencia del aporte por gratuidad; nueve, relacionadas con la creación de la subvención para alumnos preferentes, SEP ampliada y su entrada en vigencia; tres, que establecen el aumento del 20 por ciento de la SEP, su entrada en vigencia y su ampliación a terceros y cuartos medios, y tres referentes a garantías públicas eventuales para los procesos de traspasos de sostenedor a corporaciones sin fines de lucro.
Naturalmente, corresponde autorizar a la Comisión de Hacienda para que incluya los recursos asociados al proyecto en las respectivas leyes de presupuestos que discutimos año a año.
El Presidente de la Comisión de Educación, diputado Mario Venegas , dio cuenta de las audiencias que se llevaron a cabo y los meses durante los cuales se trabajó. Nadie puede negar que hubo participación en esta iniciativa.
En el caso de la Comisión de Hacienda, el proyecto fue tratado en cuatro sesiones, a las que asistieron y en las que intervinieron los señores Nicolás Eyzaguirre , ministro de Educación; Andrés Palma , secretario ejecutivo de la reforma, y Patricio Espinoza , asesor legislativo del mismo ministerio. Del mismo modo, asistió en representación de la Dirección de Presupuestos, el señor José Espinoza , jefe del sector Educación. En representación de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), con otros colegios más que se han integrado a ella, asistió el señor Guido Crino ; por la Conacep, Colegios Particulares de Chile A.G., el señor Hernán Herrera , presidente nacional, y don Eduardo Escalona , asesor jurídico; por la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, Confepa , la señora Erika Muñoz Bravo , presidenta nacional.
A continuación daré cuenta de la discusión particular.
Mediante el número 13) del artículo 2° se elimina el Título II de dicho cuerpo legal, referido a la Subvención a Establecimientos Educacionales de Financiamiento Compartido y del Sistema de Becas.
Por su parte, mediante el número 16) del mismo artículo, se introduce un nuevo Párrafo 9º en el Título III de la ley, estableciendo y regulando el aporte por gratuidad destinado a los establecimientos educacionales que se indican.
Los números 1), 2), 6), 7), 8), 9), 10), 11) y 12) del artículo 4°, que modifica la ley N° 20.248, que establece una ley de Subvención Escolar Preferencial, extienden la subvención que dicho texto regula a los denominados “alumnos preferentes”.
En tal sentido, a través de esos números se define a los nuevos beneficiarios de esta subvención, conocida como SEP ampliada, y, adicionalmente, se aumentan los montos del valor unitario de la subvención escolar para alumnos prioritarios.
Del mismo modo, se adapta el texto de la ley, principalmente en lo que dice relación con el aporte adicional que reciben los sostenedores de establecimientos educacionales clasificados como autónomos o emergentes, y el aporte extraordinario, cuyo monto se calculará desde ahora sobre la base de los dos tipos de subvenciones.
Al respecto, el ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre , manifestó en la comisión que, por las normas antes señaladas, se crea un nuevo aporte por gratuidad que recibirán los colegios gratuitos y sin lucro. Parte en 0,25 USE, es decir, en 5.300 pesos, y crece, en tres años, a 0,45 USE, esto es, a 9.500 pesos; se eleva en 20 por ciento el valor actual de la Subvención SEP y se crea una nueva SEP ampliada, focalizada en el tercer y cuarto quintiles, y que será equivalente a la mitad de la SEP.
El artículo 5° señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo a los recursos que contemple anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público en la partida 09 del Ministerio de Educación.
Hago presente que los trece diputados titulares de la comisión votaron favorablemente y por unanimidad el financiamiento. De lo contrario, no habría reforma educacional.
Por su parte, los artículos sexto, noveno, duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto transitorios se refieren, entre otras materias, al acceso al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), con el fin de garantizar los créditos contraídos.
Al respecto, como se consigna en el punto N° 1 de la Cuenta de la sesión de hoy, se ha recibido un oficio de la Presidenta de la República por el hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que faculta al ministro de Hacienda para realizar un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile, y amplía el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, contemplado en el decreto ley N° 3.472, del Ministerio de Hacienda, de 1980, en el equivalente a 50.000.000 de dólares, moneda de los Estados Unidos de América. En la Comisión de Hacienda nos va a tocar examinar esta materia en los próximos días.
Hasta el momento, estamos todos de acuerdo en aumentar el financiamiento al Fogape, a las pymes y en otorgar créditos especiales. Por lo tanto, estamos avanzando respecto del financiamiento.
Respecto de las disposiciones que la Comisión de Hacienda estimó de su competencia, cumplo con informar lo siguiente:
Los números 3), respecto del artículo 3° ter, y 6), respecto del artículo 7° sexies del artículo 2°, se refieren a las multas a beneficio fiscal, por la destinación indebida de los recursos estatales recibidos y por las infracciones al sistema de admisión, respectivamente. Se trata de un tema que corresponde analizar a la Comisión de Hacienda, por lo que se explica que no haya sido incluido en el informe de la Comisión de Educación.
El artículo séptimo transitorio permite que las partes que se propongan celebrar un contrato de compraventa conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo transitorio, puedan requerir el consentimiento por parte del Ministerio de Educación para incorporar como cláusula la facultad de descontar de la subvención el monto adeudado al vendedor.
El artículo decimonoveno transitorio establece que la Subvención Escolar Preferencial por alumnos preferentes se comenzará a pagar a contar del inicio del año escolar subsiguiente al de la publicación de la ley.
El artículo vigésimo transitorio establece la vigencia de los nuevos valores de la Subvención Escolar Preferencial.
Finalmente, el artículo vigesimoprimero transitorio señala que los niveles de tercer y cuarto año de enseñanza media se incorporarán gradualmente a la Subvención Escolar Preferencial de alumnos preferentes y a los aportes adicional y extraordinario correspondientes, señalados en los artículos 14 bis, 20 y 27 de la ley N° 20.248, en la misma gradualidad establecida en el artículo duodécimo transitorio.
En la Comisión de Hacienda analizamos, además, la incidencia presupuestaria del proyecto.
El informe financiero, que sustituyó el informe financiero original N° 46, de 22 de mayo de 2014, relativo al proyecto de ley en comento, luego de describir las normas que tienen impacto financiero, explica que por aplicación de los artículos 2° y 4° del proyecto representa un mayor gasto fiscal en régimen estimado de 663.326 millones de pesos, cuyo impacto en el erario se refleja de la siguiente manera: primer año de aplicación, 429.674 millones de pesos; segundo año, 513.934 millones de pesos; tercer año, 594.499 millones de pesos; en régimen, 663.326 millones de pesos. Estos gastos se desglosan en aportes por gratuidad, incremento del 20 por ciento de la SEP por alumnos prioritarios, SEP para alumnos preferentes y por no descuento de subvenciones, en este caso, de financiamiento compartido.
Señor Presidente, el mayor gasto fiscal en régimen se hace bajo los siguientes supuestos:
a) Se mantiene la matrícula del año 2013 de los alumnos de los establecimientos educacionales subvencionados, incluidos los de los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980. Quiero recordar que estos son los establecimientos técnicos industriales que están traspasados a corporaciones privadas.
b) En el período de transición se asume que los establecimientos educacionales se incorporan voluntariamente a la subvención escolar preferencial y al aporte por gratuidad, en la medida en que los nuevos aportes superen los ingresos que obtienen por financiamiento compartido.
c) En régimen, se asume que toda la matrícula subvencionada se ha incorporado al aporte por gratuidad y a la subvención escolar preferencial.
Se presentaron cinco indicaciones al proyecto de ley, las cuales figuran en el informe que cada uno de ustedes tiene en su poder; cuatro se declararon inadmisibles, ya que necesitan del patrocinio del Ejecutivo, y solo una se aprobó por unanimidad. Se trata de la presentada por las diputadas Cristina Girardi y Yasna Provoste , y los diputados Sergio Aguiló , Pablo Lorenzini, Juan Enrique Morano , Felipe Letelier , Enrique Jaramillo y quien les habla, José Miguel Ortiz , al artículo 2°, número 3), para modificar el número vi) del artículo 3°, que tiene por objeto limitar la reinversión de excedentes que pueden efectuar los sostenedores solo en instrumentos de renta fija, de modo de eliminar el riesgo de las actividades de renta variable y resguardar aún más los recursos públicos destinados al fin educativo.
En consecuencia, tras haberse sometido el proyecto a consideración de la Comisión de Hacienda, la inmensa mayoría de las disposiciones fue aprobada por unanimidad, a excepción de los números 3), 6) y 13) del artículo 2°, que fueron aprobados por 8 votos a favor y 5 en contra, y los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno, duodécimo, decimotercero y decimocuarto, que se aprobaron con la misma votación.
Es cuanto puedo informar a la honorable Sala sobre la discusión que realizamos sobre el proyecto en cuatro sesiones de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los apoderados, sostenedores y familias que nos acompañan.
(Manifestaciones en las tribunas)
Lo hago esperando el respeto de quienes no comparten mis ideas, así como los escucho ahora y como los escuché a lo largo de todo Chile.
He tenido la oportunidad de estar en más de sesenta asambleas a lo largo de todo Chile, en más de veinte debates; me he juntado con cerca de 2.000 sostenedores; he visitado más de cien escuelas; he hablado directamente con más de 10.000 padres y apoderados. Lo que dicen hoy las encuestas es completa y totalmente cierto, cual es que la mayoría de los chilenos no quiere esta reforma educacional; quiere una reforma a la educación, pero no de esta forma.
(Aplausos)
Lamentablemente, para el Gobierno lo justo es escuchar exclusivamente a quienes se manifiestan y gritan, a quienes legítimamente tienen la oportunidad de manifestarse en las calles o agruparse en distintas instancias, como la Cones, la Aces, la Confech. Pero eso no es lo justo, sino una parte de lo justo.
También es justo saber interpretar a las personas que no vemos, a los más débiles, a los que no tienen la opción de manifestarse, a los padres y apoderados que están trabajando y que han escogido matricular a sus hijos en las escuelas subvencionadas durante los últimos veinte años.
(Aplausos)
Lamentablemente, estamos perdiendo esta oportunidad. Aprobamos una reforma tributaria que inyecta más de 8.000 millones de dólares a la educación, pero que en vez de inyectarlos en calidad lo hace solo en ideología, en algo teórico, en un experimento.
Las personas que fueron a la comisión para decir que la reforma es buena no trabajan en las salas de clases; en cambio, las personas que dijeron que esta no es la reforma que debemos hacer, realmente están educando a niños, especialmente a los que están educando en calidad.
Esta es una reforma que, lamentablemente, desprecia la calidad, ignora a los profesores y mira con sospecha y desconfianza a los sostenedores y a sus familias.
(Aplausos)
Esta no es una reforma de calidad. Y no se queda solo en eso, sino que, además, insulta a las familias, las trata de ignorantes y de incautas, mientras que a los sostenedores los moteja de potenciales delincuentes.
Lamentablemente, no se habla del fondo de la educación, de por qué 700.000 jóvenes no egresan de 4° medio, de la forma en que estamos enseñando, que claramente ya no sirve, pues tenemos escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX, pero alumnos del siglo XXI; de que tenemos un currículo completamente atrasado y obsoleto, que enseña para atrás en vez de para adelante. En vez de discutir cosas que realmente tienen que ver con la calidad de la educación, debatimos solo de ideología y de eslóganes.
(Aplausos)
Quiero terminar diciendo con mucho orgullo que soy hijo de una profesora. Vi como mi madre, por treinta años, hizo clases en una escuela, llegaba con tareas para la casa y recibía un salario inadecuado.
Ese es el foco de nuestra reforma de la educación, pero, lamentablemente, estamos perdiendo la opción.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Debo precisar que las respectivas bancadas establecieron los tiempos para intervenir.
Tiene la palabra el diputado Juan Morano .
El señor MORANO.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor ministro y a quienes nos acompañan, alumnos y alumnas, padres y apoderados, sujetos de la reforma que discutimos.
Hoy estamos escribiendo en conjunto un mejor futuro para millares de niños y jóvenes de los más débiles de nuestro país; estamos escribiendo una nueva y mejor historia para Chile.
Por momentos como este, por los vividos en el trabajo de la Comisión de Educación y por las horas dedicadas comunitariamente en el trabajo de nuestra bancada, valieron la pena los días y horas de recorrer las calles de mi región, de golpear las puertas de las casas, bajo la lluvia, con nieve, con viento.
Hoy estamos dando un paso decidido para terminar con el lucro, la selección y la discriminación en nuestro sistema educacional. Todas las chilenas y todos los chilenos merecen no ser discriminados; la “ley Zamudio” es para todos y para todas.
La normativa que aprobaremos modificará cuatro leyes: la Ley General de Educación, la ley de Subvención, la ley de Aseguramiento de la Calidad y la ley de Subvención Escolar Preferencial, subvención que, como se ha dicho, se gasta principalmente con la intermediación de las ATES.
Hay voces que señalan que debe permitirse el lucro a los colegios vinculados con las ATES; pero otros decimos con fuerza: “No al lucro en la educación”, y por cierto que nuestro “no” incluye a las ATES y a quienes desean lucrar con los dineros enfocados y dirigidos a los más vulnerables, a través de la subvención escolar preferencial.
(Aplausos)
Nunca jamás nos opondremos a la justa y adecuada retribución y remuneración de quienes trabajan y prestan sus servicios en las diversas actividades y quehaceres del ser humano.
Soy y fui docente por más de 25 años. Por eso planteo que los límites y señales que el proyecto original entregaba eran insuficientes y confundían los topes para previsión y salud con los posibles ingresos máximos para quienes trabajan en la educación.
Así, presentamos una indicación al respecto, la cual se aprobó en la comisión. Para velar por el correcto uso de los recursos, nos opusimos a que los sostenedores con posibles excedentes pudieran concurrir al mercado de capitales sin regulaciones. También en conjunto presentamos una indicación para que, en caso de acudirse al mercado de capitales, los beneficios se destinen integralmente al proyecto educativo. Y solo estuvimos disponibles para permitir la inversión en instrumentos de renta fija.
Habrá que romper muchos mitos. La insistente propaganda de quienes ven en la educación un negocio genera dudas e incertidumbre, pero el paso del tiempo se ha ido encargando de aclarar eso.
Las encuestas mencionadas por el colega que me antecedió en el uso de la palabra de verdad señalan algo distinto. Chile quiere una reforma educacional potente que diga nunca más al lucro, nunca más a la discriminación. Asimismo, revaloriza la reforma y afirma, sin dudas, que se trata de uno de los cambios que se requiere para construir un país más justo, solidario y de igualdad de oportunidades.
Lo que no compartimos y nunca apoyaremos es que quienes no trabajan, los que no se dedican a la educación, lucren por el simple hecho de aportar capital.
La educación no es ni será nunca más en Chile un negocio.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que hoy estamos viviendo un día histórico para nuestro país. Es un día histórico porque el proyecto de ley que discutimos tiene como objetivo central regular la admisión de nuestros estudiantes para impedir, como ocurre hasta la fecha, discriminaciones arbitrarias por parte de algunos sostenedores; eliminar el copago, para impedir que los padres tengan que pagar un precio para acceder a un derecho, como debe ser en todo país que considere la educación como un derecho social, y prohibir el lucro, aunque eso les duela a algunos colegas de enfrente, para asegurar que cada peso del Estado, de todos los chilenos, sea gastado única y exclusivamente en fines educativos.
Eso busca esta iniciativa de ley.
(Aplausos)
Muchas veces los colegas de enfrente han cuestionado y manifestado que este proyecto no contiene elementos que busquen configurar el mejoramiento de la calidad de la educación. Al manifestar esa postura no comprenden que cuando se desvían recursos para fines que no son educativos se está atentando contra la educación chilena.
Por eso, amparados en un principio básico, cual es que la educación es un derecho social, hoy defenderemos con fuerza la aprobación de este proyecto. Creemos que quienes piensan lo contrario simplemente ven que la educación no es un derecho en nuestro país y que, como manifesté, solo pueden acceder a ella los que tengan recursos.
Quienes han recorrido Chile, con distintos rostros -algunos, más jóvenes, pero tan anticuados como los otros-, son los mismos que en el pasado, también en la Cámara de Diputados, decían que la reforma agraria era un caos para Chile. Sin reforma agraria hoy no tendríamos pequeña agricultura.
Quienes se oponen a este proyecto y rasgan vestiduras manifestando que es negativo para el país, son los mismos que en 2006 se oponían a la reforma de la salud y que hoy piden que incorporemos más enfermedades al plan AUGE porque fue una buena idea. Hoy, han recorrido el país desinformando a la gente y causando temor entre los sostenedores de los colegios particulares subvencionados al decir que esta iniciativa prácticamente viene a terminar con la educación particular subvencionada. ¡Qué afirmación más alejada de la verdad! El proyecto no solo fortalecerá la educación pública, sino también, de mejor manera, a aquellos establecimientos particulares subvencionados -hay miles en todo Chile- que lo hacen muy bien. Vienen a mi memoria los colegios que más conozco: el Felmer Niklitschek , colegio particular subvencionado que cumple una excelente labor con alumnos vulnerables de la comuna de Puerto Varas; el Inmaculada Concepción, de esa misma comuna; el San José , de Puerto Montt; el Purísimo Corazón de María, de Fresia; el Preciosa Sangre II, de Purranque; el San Vicente de Paul , en Puerto Octay; el Ramón Ángel Jara , de Los Muermos, y tantos otros.
Cuando uno entra a esos colegios se da cuenta de que ahí está la plata de la educación: buena calidad de los establecimientos, buenas salas de clases para los alumnos, hermosos gimnasios para que hagan educación física; calidad y, complementariamente, un buen sistema que atiende y cobija a los alumnos día a día.
Pero también existen los otros establecimientos, los que lucran. No nos hagamos los tontos. Hay colegios particulares subvencionados en los que, cuando uno entra en ellos, se da cuenta de que existe lucro, que los baños se encuentran en pésimo estado, que las salas de clases son verdaderas ratoneras, que los profesores no tienen espacio para moverse, que ni siquiera cuentan con calefacción en invierno.
Por lo tanto, decimos que este proyecto busca mejorar la calidad de la educación. Los colegios con grandes sostenedores no tienen nada que temer, porque la iniciativa garantiza e incluso mejora su situación actual.
Por eso, en los pocos minutos que me quedan, quiero destacar algunos elementos que consideramos importantes, que terminarán con ciertos aspectos negativos para la educación chilena.
Por ejemplo, el proyecto contempla medidas para terminar con la discriminación, para que nunca más en Chile ocurra que a un joven no se le permita estudiar porque sus padres no están casados; para que incluso tengan el derecho a no ser echados de los establecimientos cuando repitan un curso.
Incluso en esta iniciativa incorporamos la “ley Zamudio”, para impedir que el mero precepto de la libertad de enseñanza pueda ser utilizado por algunos para no permitir que ciertos estudiantes puedan educarse.
Cuántos alumnos en todo Chile no han podido educarse porque se les pide un certificado de matrimonio de sus padres, o un certificado de bautizo. En algunos colegios particulares pagados hoy están pidiendo prácticamente las cartolas de las cuentas bancarias de los padres para ver si los niños pueden acceder a ellos.
Eso no es lo que queremos para nuestro país.
Por ello, vamos a luchar -lo hemos dicho desde el primer momento- para que en Chile la educación se convierta –repito- en un derecho social, como corresponde.
El proyecto está imbuido de un principio básico, un principio que debe orientar al sistema educacional chileno: la gratuidad; una gratuidad que se irá dando progresivamente, pero que posibilitará que más del 90 por ciento de los padres y apoderados de todo Chile que hoy pagan financiamiento compartido, paguen cero peso al término del gobierno de nuestra Presidenta. Se terminará progresivamente con el financiamiento compartido incluso en aquellos establecimientos que cobran el copago límite o tope, como se le denomina.
Lucharemos por eliminar uno de los principales flagelos de la educación chilena: el lucro. Al respecto, como señalé al comienzo de mi intervención, queremos que cada peso que se invierta en la educación vaya a la sala de clases; que cada peso que llegue por subvención a un establecimiento, quede en el aula para mejorar la situación de los profesores.
Además -es un aspecto que hemos defendido los socialistas-, está la situación de los asistentes de la educación y de las manipuladoras de alimentos, que también forman parte del sistema educativo y que generalmente quedan fuera de todos los sistemas.
(Aplausos)
Por eso, como socialistas nos sentimos orgullosos de haber promovido una indicación en el sentido de que no solo los hijos de los profesores y los hijos de los asistentes de la educación puedan estudiar en el mismo establecimiento donde ellos desempeñan sus labores, sino también los hijos de las manipuladoras de alimentos. Una vez aprobado el proyecto, esas trabajadoras podrán educar a sus hijos en el mismo colegio donde trabajan para alimentar a decenas de niños.
No cabe duda de que la eliminación del lucro será un elemento de gran trascendencia para mejorar la calidad de la educación. De hecho, en el proyecto queda establecido con claridad para qué y cómo se deben gastar los recursos destinados a educación, por ejemplo, para la entrega de una remuneración adecuada para los sostenedores y para el personal docente y los asistentes de la educación, para gastos operativos en los establecimientos educacionales, para la adquisición de servicios, materiales e insumos, para la inversión en activos no financieros, para la mantención y reparación de todo lo relacionado con la operatividad del sistema, para el pago de hipotecas y para gastos del proyecto educativo.
Por lo tanto, el objetivo de la iniciativa, como lo he dicho en forma reiterada, es que cada peso se invierta y se destine al ámbito de la educación. Una indicación que presentamos en tal sentido causó gran resquemor en algunos, en circunstancias de que no tiene nada de negativa, puesto que señala que si un sostenedor desvía recursos, deberá ser multado, por el consecuente daño que con ello puede generar al proyecto educativo. Sin embargo, si el sostenedor no devuelve los recursos -posibilidad que se contempla en la indicación-, podrá ser objeto de una pena privativa de libertad. En todo caso, quiero reiterar que el sostenedor podrá ser objeto de esa pena contemplada en nuestro ordenamiento jurídico solo en caso de que se niegue a devolver los recursos malversados.
Tal como señalé, algunos han planteado que esa indicación es un escándalo, puesto que establece que los sostenedores que incurran en ese tipo de conductas pueden llegar a la cárcel. Sin embargo, los buenos sostenedores, aquellos que utilizan los recursos de manera correcta, no tienen nada que temer.
Por último, hago un llamado a la responsabilidad de la Oposición, puesto que muchos diputados de ese sector han dicho de todo fuera de esta Sala respecto del proyecto en discusión, con el propósito de atemorizar a la población. Los mismos que hoy están inmersos en un escándalo público y político por el caso Penta han señalado que queremos destruir el sistema educativo chileno. ¡Qué situación más lejana a la realidad! Nuestro objetivo es construir un Chile más igualitario, en el que el hijo de un obrero, de un campesino y de una asesora del hogar también pueda llegar a ser un profesional. Eso es lo que queremos, y por eso vamos a luchar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast .
El señor KAST (don Felipe).-
Señor Presidente, además de saludar al ministro de Educación, quiero decir, con tristeza, que hemos perdido una tremenda oportunidad de construir una reforma educacional de acuerdo con la visión y el sueño compartido por todos los chilenos, cual es alcanzar una educación más justa, que permita reducir la brecha de oportunidades existente entre aquellos que tienen el dinero para pagar un colegio particular para educar a sus hijos y los que dependen de la subvención del Estado para hacerlo.
Entre los objetivos del proyecto en discusión, los dos primeros señalan que se pretende lograr mayor inclusión y mayor calidad educacional; pero, por desgracia, ninguno de ellos se podrá cumplir, razón por la que esperamos que el Senado haga la pega, dado que la Cámara no la hizo. En todo caso, la razón por la que no se logrará mayor inclusión se debe a que lo que hará esta reforma, por desgracia, será aumentar los colegios particulares pagados. Eso significa que la clase media, que hoy puede acceder a un colegio particular subvencionado, no podrá hacerlo más cuando ese colegio cambie y deje de recibir la subvención del Estado.
Por otro lado, tampoco se logrará que la educación mejore su calidad, porque, paradójicamente, como algunos lo han dicho en forma pública, muchos de los colegios que entregan mayor calidad procederán a cerrar sus puertas.
Por desgracia, el proceso ha sido completamente improvisado. Llevamos aproximadamente ocho meses de discusión y todavía no se cuenta con un estudio que señale cuál será el impacto en materia de inclusión, de reducción de la segregación, objetivos que han sido la gran bandera de lucha. ¿Cómo se puede decir a todo Chile que la reforma educacional que se quiere hacer generará más inclusión, en circunstancias de que no se ha elaborado estudio alguno en tal sentido?
Asimismo, se ha planteado que este proyecto permitirá mejorar la calidad de la educación, pero tampoco se ha elaborado ningún estudio en materia de calidad que haga referencia a lo que pasa en las aulas ni respecto de la situación de los profesores. Sabemos que más adelante tendremos que discutir una iniciativa que apunta en esa dirección, pero hasta el momento no se ha dicho palabra alguna al respecto.
Desgraciadamente, el proyecto en debate es un traje a la medida de algunos grupos de presión, pero durante su tramitación los apoderados no han sido escuchados, los que, debido a su desesperación, han debido salir a la calle para pedir ser escuchados, situación que nunca había ocurrido.
(Aplausos en las tribunas)
Por primera vez han salido a la calle cien mil apoderados a lo largo de Chile para pedir una sola cosa: no ser discriminados. No se ha escuchado a la gente ni a los apoderados, pero, obviamente, sí se ha escuchado al Partido Comunista y a la Confech, a todos los dirigentes y militantes de partidos políticos que en esta materia han actuado sobre la base de una agenda.
Por lo tanto, señor Presidente, por su intermedio solicito al ministro de Educación que transparentemos la situación, puesto que si bien es legítimo que el Gobierno quiera hacer favores políticos, en este caso se han postergado las urgencias sociales, las que nada tienen que ver con destinar los recursos de la reforma tributaria para el establecimiento de la gratuidad en la educación universitaria de los más ricos, sino que estas dicen relación con la necesidad de nivelar hacia arriba.
Este proyecto tuvo una serie de improvisaciones. La primera y más grave es que en su primera versión se proponía obligar a 500.000 estudiantes a educarse con menos recursos, con lo cual se nivelaba hacia abajo de manera brutal. Esos estudiantes se veían enfrentados a la paradoja de tener una reforma tributaria que recaudaría tres puntos del PIB, mientras sus familias se verían enfrentadas a tener que educar a sus hijos con menos recursos. Afortunadamente, esa disposición se modificó.
El otro gran detalle era escuchar a la OCDE e invertir 3.500 millones de dólares para reducir la brecha entre ese tipo de familias y aquellas que disponen de los recursos necesarios para enviar a sus hijos a un colegio particular pagado, lo que, al final, no se llevó a cabo. De hecho, en la última sesión de la Comisión de Hacienda el ministro nos confesó que para la educación escolar se agregaban recursos frescos por 700 millones de dólares, monto que no equivale siquiera al 10 por ciento de los recursos adicionales que recaudará la reforma tributaria en su conjunto.
Por lo tanto, debemos ser un poco más humildes como clase política cuando se señala que la reforma educacional logrará mayor inclusión y calidad, a fin de no jugar con las expectativas de los chilenos. Lo que hay que decir, con todas sus letras, es que lo único que logrará esta reforma es dar en el gusto ideológico a un grupo de la población, lo cual, desgraciadamente, significará el cierre de muchos colegios.
Transcurridos alrededor de ocho meses desde el inicio de la discusión de la reforma todavía no conocemos cuál es la arquitectura completa ni sabemos cuántos recursos se destinarán para los profesores y para las universidades, de manera que estamos legislando a ciegas.
Como Oposición, siempre tuvimos una actitud propositiva para con el Ministerio de Educación, a cuyos representantes les planteamos la necesidad de suscribir un acuerdo transversal, pero con dos condiciones. Les señalamos que apoyaríamos la reforma si se inyectaban los 3.500 millones de dólares solicitados por la OCDE para alcanzar el estándar medio de ese organismo en materia de inversión por alumno en educación escolar, y si no se discriminaba en forma negativa a los colegios particulares subvencionados. Desgraciadamente, no se cumplió con ninguno de esos requerimientos.
Hago presente esa situación porque todos los recursos adicionales generados para la subvención de la clase media serán destinados exclusivamente a colegios sin copago, en circunstancias de que uno de los aspectos positivos que esperábamos de este proyecto era que todas las familias de clase media que envían a estudiar a sus hijos a un colegio con copago verían disminuir el monto de lo que se les cobra. Lamentablemente, eso no ocurrirá, porque esta reforma viene con una letra chica muy importante, a través de la cual se establece el impedimento de ocupar la subvención.
Entonces, no se entiende que ante una oportunidad tan importante para avanzar en materia de educación, para lo cual hay una reforma tributaria recién aprobada, al final se proponga una reforma mediocre en materia educacional, porque no se logra avanzar en el ámbito de la inclusión, lo que puede generar el aumento de los colegios particulares pagados. Tampoco se logra avanzar en calidad, lo que puede significar el cierre de muchos colegios de calidad. Incluso, se arriesga la posibilidad que se abran colegios de calidad en comunas que no cuentan con establecimiento alguno con esas características. Entonces, uno se pregunta por qué tanta obsesión con la utilización de eslóganes, por qué no se aplica un poquito más de rigurosidad y se considera la evidencia, y por qué no llevan a cabo reformas basadas en estudios empíricos.
Nuestro país siempre tuvo la tradición de elaborar reformas bien pensadas, sobre la base de estudios serios. Hoy, en cambio, se nos presenta una reforma basada completamente en eslóganes. Entonces, ¿por qué no se quiso hacer lo que todos sabíamos que se debía hacer?
¿Por qué no se niveló hacia arriba, a partir de donde se genera la desigualdad en nuestro país? De hecho, está completamente documentado que la desigualdad estructural en Chile se genera antes de los diez años de vida; pero lo que estamos diciendo a todos los chilenos desde esta Cámara es que, en realidad, vamos a dedicar menos del 20 por ciento de los recursos de la reforma tributaria a un elemento que era central.
Probablemente, hoy vamos a tener la paradoja de lograr la gratuidad en la educación universitaria antes que en la educación escolar. ¿Quién explica eso? Desgraciadamente, vemos a muchos dirigentes que, se supone, representan a los escolares, defendiendo las consignas de los estudiantes universitarios que piden gratuidad en la educación superior antes de que se termine con el copago.
Digamos las cosas con todas sus letras: aquí no se termina con el copago. En la comisión, el ministro nos explicó que, en realidad, el término del copago dependía de los próximos gobiernos y que si crecía la subvención general básica en 5 por ciento, se podía demorar hasta treinta años.
Entonces, paremos de vender humo, paremos de decirles a los chilenos que vamos a lograr cosas que no son ciertas, porque aquí no se termina con el copago y se discrimina a las familias cuyos hijos están en colegios particulares subvencionados.
En relación con nuestras indicaciones, colegas del oficialismo han dicho que algunos no quieren cambiar nada. Queremos que cambien muchas cosas. Teníamos la esperanza de que lo hiciera esta reforma, pero, desgraciadamente, no lo hace.
Como muestra, voy a señalar algunas indicaciones que presentamos.
Si es cierto que el lucro empeora la calidad, como se han esmerado en decir, a pesar de que no hay ningún estudio que lo demuestre, ¿acaso no bastaría con decir que se van a cerrar todos los colegios de mala calidad? Presentamos una indicación para que colegios que tienen buena calidad, clasificados por la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, no sean obligados a cerrar, y sus sostenedores no sean tratados como delincuentes que pueden terminar en la cárcel. Se dijo que no.
Planteamos otra indicación para abrir nuevos colegios en las comunas en que haya mala calidad de la educación. Es decir, que en aquellos territorios donde miles de estudiantes dependen de la calidad disponible, puedan abrirse nuevos colegios. Se les cerró la puerta en la cara a todos esos estudiantes.
Planteamos que se permitieran los arriendos, incluso bajo la fórmula regulada por el Gobierno, entre partes relacionadas. Sabemos que las partes relacionadas son un elemento importante dentro del mundo subvencionado. Tampoco se permitió. Estoy seguro de que el Senado lo va a arreglar y que, una vez más, la Cámara de Diputados va a quedar completamente desacreditada después de lo que, imagino, va a ocurrir en el Senado, para evitar un Transantiago en la educación, que después tendremos que arreglar con una “ley del mono” en un año más.
(Aplausos)
Planteamos otra indicación que era aún más interesante: permitir que la subvención se pueda ocupar en colegios particulares pagados. De esa manera, la familia que lo quiera podría postular con esa subvención a un colegio de esa naturaleza. ¿Acaso no queremos más integración? También se nos dijo que no.
Planteamos que se permita la selección por mérito en colegios deportivos, en colegios artísticos y en colegios como el Instituto Nacional. Desgraciadamente, eso quedó a medio camino y no pasó absolutamente nada. Hoy va a estar prohibido, y los colegios artísticos o deportivos que quieran seleccionar a los mejores, no podrán hacerlo.
También planteamos que no exista discriminación, que es uno de los elementos centrales.
¿Quién se explica que, tras ser tomadas en consideración las mismas características de vulnerabilidad, el estudiante que va un colegio particular subvencionado con copago hoy reciba menos recursos? ¿Quién se explica que una familia que manda a su hijo a un colegio con copago se vea impedida de recibir la subvención de clase media?
(Manifestaciones en las tribunas)
Para algunos esto es un juego, pero desgraciadamente no lo es. Aquí están en juego las oportunidades de miles de familias chilenas. Por lo mismo, estoy seguro de que este error de diseño también se va a corregir en el Senado.
Entonces, la pregunta -también se la hizo Mario Waissbluth al ministro cuando nos visitó en la comisiones la siguiente: ¿Por qué no se partió al revés? ¿Por qué no se partió mejorando la calidad de la educación pública? Debieron haber partido por preguntarse por qué un millón de estudiantes han tenido que arrancar de la educación pública. ¿O acaso la decisión de esos padres fue tomada simplemente por el nombre en inglés del colegio al que se fueron sus hijos? Creo que esa es una falta de respeto hacia los apoderados de Chile. Los apoderados necesitan ser tratados con respeto. Discriminarlos negativamente con recursos públicos que les pertenecen es completamente inconstitucional.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Señor diputado, su tiempo ha terminado.
El señor KAST (don Felipe).-
Señor Presidente, tengo hasta quince minutos. Ocuparé tiempo de la bancada.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero preguntar al ministro -espero que en algún minuto se manifieste sobre esta materia- por qué se discrimina. En verdad, el proyecto de ley no termina con el copago. Desgraciadamente, termina con la selección por mérito y no con la selección arbitraria. Cuando se lo pregunté en su minuto, me confidenció que no terminará con la discriminación arbitraria, porque no se incluye el sistema al interior de los colegios. Entonces, ¿por qué no reconocerles a los chilenos que este proyecto no va a lograr lo que les hemos prometido, sino que, simplemente, logrará hacerle un check a un programa del Gobierno?
Como Cámara de Diputados tenemos la obligación de hacer una buena política. Esta se hace con estudios y con buenos diseños. No se hace con eslóganes, sino garantizando la no discriminación y la libertad de enseñanza; no se hace poniendo en riesgo, simplemente para quedar bien con algún grupo de presión, a miles de apoderados que se sienten completamente abandonados.
Espero que la Cámara de Diputados rechace este proyecto y que podamos tener un diálogo sincero, porque todos queremos una educación de calidad para nuestros niños.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas no manifestarse y respetar las intervenciones de los señores diputados.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señor Presidente, creo que una reforma educacional en cualquier país genera discusión; pero es importante mirar ciertos aspectos a la hora de discutirla. Uno de ellos es preguntarse qué pasa en los países que tienen similar ingreso per capita que Chile y mejor educación que nuestro país. ¿Qué los hace diferentes? No es la cantidad de recursos, sino su sistema educativo. Claramente, los países que tienen mejores resultados a nivel mundial tienen un sistema educativo público, gratuito, sin selección, sin copago y sin lucro. Esas son sus características. Si realmente queremos tener una buena educación para nuestros niños, es importante pensar qué han hecho esos países para lograrla. Insisto, no solo es un problema de recursos; también tiene que ver con el modelo educativo que se construye.
Si pregunto a cualquiera en esta Sala si está de acuerdo con la política del apartheid que se practicó en Sudáfrica, con que separara a los niños blancos de los niños negros para ir al colegio, para transportarse en una micro, para ser atendidos en un consultorio, probablemente todos me van a decir que no, que es horroroso y que cómo se pudo separar a los niños blancos de los negros. Pues bien, en nuestro actual sistema educativo separamos a los niños: estudian los ricos con los ricos, los pobres con los pobres y los de clase media con los de clase media. Es lo que ha hecho el sistema en nuestro país.
Todos dicen que para tener un buen sistema educacional debemos mezclarnos; para tener una buena sociedad, debemos mezclarnos; para poder aprender a convivir, debemos mezclarnos. Eso es lo que pretende hacer este proyecto cuando dispone terminar con la selección.
Si pregunto en esta Sala si alguien está de acuerdo con el nazismo, todos me van a decir que están en desacuerdo. El nazismo plantea algo clarito: hay seres inferiores y seres superiores. Cuando en un colegio decido seleccionar a un niño, estoy diciendo: “este es mejor y aquel es peor”, “este es superior y aquel es inferior”, “este me sirve y aquel no me sirve”.
En este hemiciclo se ha dicho que es importante que las familias puedan elegir los colegios donde quieren que vayan sus hijos. Pero ello implica una contrapartida: que los colegios no elijan al niño o a la familia. Para que una familia de verdad pueda elegir, tiene que darse la posibilidad de que el colegio no la elija.
Hemos dicho que el sistema educacional actual se basa en la teoría de Darwin, cuyo principio fundamental es la sobrevivencia del más apto. Pues bien, en realidad el sistema creado en Chile es neodarwinista, ya que solo los más aptos y los mejores pueden estudiar; solo los elegidos tienen derecho a la educación. Eso hemos creado en nuestro país: un sistema neodarwinista de educación, donde sobrevive el que tiene más derechos, el más apto y con mayores posibilidades. Por el contrario, el niño que tiene problemas, ¡fuera! El niño que tiene dificultades, ¡fuera! Eso hemos creado en nuestro país.
Me da una tristeza enorme la encuesta Casen de 2011, que señala que 307.000 niños, entre seis y diecinueve años de edad, no asisten a la escuela o no han concluido la escolaridad obligatoria, debido, según los estudios, a que no los aceptan, a que han sido expulsados o a que les han cancelado la matrícula.
Un buen sistema educacional no es el que se hace cargo de los mejores, sino aquel capaz de hacerse cargo de todos los niños: de los que tienen problemas y de los que tienen mejores condiciones, pues todos deben tener iguales posibilidades de desarrollarse, ya que les asiste el mismo derecho a educarse.
Nosotros presentamos una indicación -ojalá se mantenga en el Senado- para que se establezca que ningún colegio aplique test de selección a los niños en educación básica, sean particulares pagados, particulares subvencionados o municipales, por cuanto todo niño tiene derecho a educarse.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos, el diputado señor Joaquín Godoy .
El señor GODOY.-
Señor Presidente, desde el primer minuto, Amplitud estuvo abierta al diálogo respecto de este proyecto, porque entendimos que era la gran oportunidad para cambiar un sistema que profundiza la segregación, que puede ser regulado para evitar los abusos y al cual se le pueden inyectar mayores recursos para aumentar la libertad de elección de los padres y apoderados.
Con este ánimo, entregamos una propuesta al ministro de Educación en el sentido de que se impida la selección, bajo ninguna condición, hasta el sexto año básico -ni siquiera con el argumento de que en virtud de la libertad de enseñanza se podría seleccionar al niño, conforme al proyecto educativo del colegio-, pero que se permita que cualquier sostenedor, después del sexto año básico, aspire a tener una institución educacional de excelencia o especializada en el área deportiva o artística. Es decir, le propusimos al ministro que sí podía haber selección con posterioridad al sexto año básico. No se trata de una selección desde la cuna, sino conforme a los méritos del alumno. En definitiva, no habría razones arbitrarias.
En segundo lugar, compartimos el hecho de que el Estado cubra el copago, por cuanto, desde nuestro punto de vista, ello generará una oportunidad enorme a las familias de escasos recursos y a las de clase media, pues aquellas que no pueden elegir y tienen una gama pequeña de instituciones para optar, podrán tener un gran abanico de establecimientos educacionales y mayor libertad para elegir, con lo cual ganarán la familia y sus niños.
Finalmente, en cuanto al lucro, entendemos que se han producido abusos y que debe ser regulado. Al respecto, Amplitud plantea que a aquellos sostenedores que han hecho bien su trabajo y que han entregado educación de calidad a los alumnos de su establecimiento no se les exija reinvertir el ciento por ciento de los recursos, sino que puedan retirar parte de ellos, y que, por el contrario, a aquellos que hagan mal su trabajo se les obligue a reinvertirlos en su totalidad.
Creemos que de esta forma se eliminarán los abusos. Nuestra idea es lograr calidad para todos los estudiantes.
Sin embargo, lo que uno conversa con el ministro en privado difiere de lo que se hace de manera pública. De esa reunión, privada, salimos muy contentos, pues creímos que podríamos acercar posiciones; pero lamentablemente ganó gente como Fidel Espinoza , que es extremista en estas cuestiones. Como resultado, la situación se polarizó: en lugar de tener una discusión sana, que nos llevara a buenos acuerdos, terminamos en los extremos, en una propuesta cargada de ideología.
Quiero contar una anécdota a propósito de una pregunta del diputado Pedro Browne a Mario Waissbluth , en una reunión que sostuvimos en la sede de Amplitud, a fin de que nos diera a conocer su posición. Luego de entender que una de las razones por las cuales algunas instituciones supuestamente tienen mejores resultados académicos es que “descreman”, es decir, eligen y seleccionan a los mejores alumnos, el diputado Pedro Browne preguntó al señor Waissbluth lo siguiente: si no hay copago ni selección, pero la institución entrega buena educación, ¿por qué su sostenedor no puede lucrar? ¿Por qué no podría lucrar si está cumpliendo con lo que queremos, esto es, que los niños tengan una buena educación y que no se les seleccione?
Entonces, nos dimos cuenta de que lo que hay detrás de esto es, simplemente -es lo más lamentable-, una ideologización del debate, que lo transforma en una cuestión inerte y estéril.
Preferimos eso en lugar de haber concordado en dejar fuera a las instituciones que hacen mal su trabajo o en dejar fuera a los “gallos” que se llevan la plata para la casa en lugar de entregar una buena educación a los niños. Escuché a la diputada Yasna Provoste decir: “¡Es que esta gente lo único que quiere es hacer un gran negocio!”.
Pues bien, nosotros hicimos el peor negocio del mundo: limitamos a nuestros niños a tener una educación de muy mala calidad. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque los niños no podrán elegir, y será el Estado, que es el peor educador, el que los eduque.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, durante estos seis meses de discusión, escuchamos largamente a muchos actores relacionados con la educación. No solo estuvimos en nuestros distritos para escuchar a los padres y apoderados, a los jóvenes y a los ciudadanos en general; también en la comisión escuchamos y debatimos, latamente y en profundidad, el tema de la educación con nuestros invitados.
Lamento que algunos diputados digan que no hemos escuchado ni dialogado lo suficiente. Creo que es una gran falta a la verdad.
Pero más allá de haber desarrollado un profundo debate sobre la materia -algunos se han expresado con más fundamentos que otros-, quiero resaltar el objetivo que persigue el proyecto y lo importante que es ir tras de él: concebir la educación como un derecho social, principio profundamente relevante y conocido, pero que para algunos, al parecer, es un cliché o un eslogan.
Concebir la educación como un derecho social consiste en garantizar a cada niño, a cada niña y a cada joven de nuestro país, independientemente de su origen social, racial o de su lugar de nacimiento o de procedencia, el acceso y permanencia, sin discriminación, en un sistema educacional que respete su dignidad humana y promueva su sentido de pertenencia a la sociedad.
Ahora bien, por muy obvia que parezca esta definición, el debate democrático ha sido bastante manipulado a través de encuestas tendenciosas y de medios de comunicación funcionales a los intereses mercantiles, que priman en nuestro sistema educacional y que han servido, por cierto, para confundir al pueblo y generar incertidumbre no solo en muchos sostenedores, sino también entre padres y apoderados.
Pero la controversia política es simple: o entendemos la educación como un derecho socialmente garantizado o la seguimos comprendiendo como una mercancía.
Por cierto, sabemos que la tarea es compleja porque está fuera del sentido común individualista y clientelista que prima en nuestra sociedad, según el cual los derechos se compran; es decir, mientras más plata ponga yo en comparación con el otro, mejor calidad tendrá la educación para mí. Es una hegemonía neoliberal que, por supuesto, la Derecha defiende en materia cultural, lo cual promueve una visión segregacionista en nuestro sistema educacional.
¿Qué significa que la educación pase a ser un derecho y deje de ser tratada como una mercancía? En términos simples y concretos, significa que los proveedores del servicio educacional deberán relacionarse con ciudadanos y no con clientes. También significa que los sostenedores deberán orientar su acción y sus objetivos exclusivamente a educar. En consecuencia, no podrán poner su interés particular de obtener ganancias por sobre la justa retribución por el trabajo educativo entregado; cuando el objetivo es el lucro, los sostenedores buscan aumentar el margen de utilidad que genera la actividad, es decir, disminuir costos para aumentar sus ganancias. Por cierto, ello perjudica el proceso educativo.
La afirmación anterior me obliga a preguntar lo siguiente: ¿Qué fines se oponen, entonces, al interés público de educar? La respuesta es, precisamente, lo que este proyecto de ley busca eliminar: el lucro de los proveedores del servicio educacional, la discriminación de los alumnos y de las alumnas y el copago de las familias.
Bien sabemos que la educación no es solo contenido; la educación entendida como un derecho está llamada a cumplir una importante función respecto de la equidad, la cohesión y la diversidad social. En efecto, tal como lo plantea la Unesco -en la comisión también tuvimos oportunidad de escuchar a sus representantes-, son los estados los llamados no solo a asegurar a todos los ciudadanos una educación de calidad, sino a fomentar la integración de estudiantes provenientes de distintos contextos socioculturales, pues constituye una herramienta para el desarrollo humano de los países y el fundamento para la construcción de una sociedad justa y democrática. La calidad no está disociada de la equidad ni de la inclusión. La herramienta movilizadora fundamental es la educación a través de la inclusión y la equidad social.
En este sentido, la lógica de mercado es un despropósito, toda vez que sus incentivos inherentes llevan a los sostenedores a seleccionar, a segregar, a excluir a las niñas y a los niños que perjudiquen el desempeño competitivo del colegio, porque la dinámica del mercado conduce a la identificación de ciertos nichos que los lleva a desarrollar la actividad económica de manera más eficiente o rentable, lo que económicamente se denomina segmentación de la demanda. Esto lo saben todos los conocedores de la forma en que funciona el mercado, que opera de la misma forma en el sistema educacional.
En estricto rigor, es incomprensible sostener que no es un problema público que nuestro sistema provea educación de buena calidad para los ricos y de mala calidad para los pobres. Pero esto no es solo injustificable, sino altamente dañino para la sociedad, pues profundiza la desconfianza entre las distintas clases sociales. Es como dice la canción que todos conocemos, “El baile de los que sobran”: “A otros enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación”.
Al respecto, para no terminar con la selección, la Derecha se ha escudado en la libertad de los sostenedores para desarrollar un proyecto educativo particular, pero jamás se ha referido al motivo por el cual debemos permitir que el Estado de Chile no se ocupe de la segregación escolar, a pesar de ser uno de los países más desiguales del mundo. Es más, con el pretexto de defender los proyectos educativos, justifica la discriminación por pensamiento o condición de género. Es lo que argumentaron los parlamentarios de Derecha en la comisión, lo que vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo es posible que por proteger un proyecto educativo justifiquemos la discriminación por pensar distinto o por ser homosexual?
(Aplausos en las tribunas)
Me pregunto, ¿dónde está la libertad de elección que ellos dicen defender? ¿En la libertad de los padres para elegir? No; la que ha existido ha sido más bien la libertad para discriminar y emprender negocios, a costa de la educación de nuestros niños y niñas. Esa es la libertad que han defendido sistemáticamente los parlamentarios de Oposición.
(Aplausos en las tribunas)
Respecto de las fuertes críticas que han formulado al término del copago, ellas apuntan al supuesto severo costo de la libertad de los padres para aportar a la educación de sus hijos.
Asimismo, sostuvieron que se trata de una tendencia estatizadora o totalitaria, que excluiría la posibilidad de proyectos educativos diversos entre los cuales sea posible elegir. Sin embargo, lo que nunca dijeron es que el problema social que genera el cobro, es decir, la exigencia a las familias de pagar para que sus hijos puedan estudiar en determinado colegio, priva, selecciona y discrimina a aquellos que tienen menos recursos, a las familias que apenas sobreviven con sus bajos ingresos, que es la realidad de la mayoría de los padres de nuestro país. Es necesario decir que el copago privilegia a quienes tienen más recursos; por eso la Derecha quiere mantenerlo. No es posible afirmar que este sistema garantiza la libertad de elección, cuando hay padres que pueden tener a sus hijos en determinado colegio solo porque pueden pagar diez, veinte, treinta, y así sucesivamente. Este sistema segrega; no permite la libertad de elección. Con esto queremos terminar.
Además, existe abundante evidencia empírica que confirma los efectos segregadores del copago. Ya lo dijimos cuando nos referimos a la capacidad de pago por establecimiento. En las comunas en las cuales el copago es mayor, los establecimientos son más segregados. Evidentemente, el término del financiamiento compartido no solucionará el problema de la desigualdad, pero sí propiciará igualdad de oportunidades para la mayoría de nuestros niños en el acceso a la educación. Tampoco disminuirá los recursos que la sociedad chilena destina a la educación; por el contrario, el proyecto nivela hacia arriba. La Derecha ha dicho que nivela hacia abajo e imposibilita que los estudiantes tengan más recursos; pero no es así porque por cada copago alto que sea reemplazado, todos los niños recibirán el mismo copago. Es decir, cuando se reemplacen, por ejemplo, 85.000 pesos de copago, todos los niños que están en el sistema que es beneficiado con recursos del Estado recibirán 85.000 pesos adicionales. De manera que no estamos nivelando hacia abajo, sino hacia arriba.
Respecto del lucro, cabe señalar que este se instaló de tal forma en la estructura educacional que todo el sistema está influido por él. Es decir, la lógica de la competencia, que promueve el lucro, no afecta solo a los que persiguen fines lucrativos, sino también a los que no lo hacen, porque los obliga a competir dentro de un sistema de mercado. Obviamente, esto también distorsiona el proceso educativo porque obliga, bajo la herramienta de la competencia, a operar sobre la base del estímulo de la “rankingmanía”, que se mide con pruebas estandarizadas, lo que es totalmente contrario al objetivo de lograr la calidad de la educación.
Quiero referirme a la calidad. La Derecha ha dicho que este proyecto no soluciona el problema de la calidad de la educación. Sin embargo, la OCDE, que no tiene nada de socialista ni de izquierda, ni está sobreideologizada, dice que es difícil que el lucro mejore la educación y que los mejores colegios del mundo -como lo dijo la diputada Cristina Girardison los que no persiguen fines lucrativos, no seleccionan, son gratuitos y, además, públicos. Entonces, ¿estamos hablando de calidad? Por cierto, es lo que estamos haciendo con este proyecto.
Un sistema educativo socialmente deseable debe incentivar una mayor integración que impulse, primero, un desarrollo cultural y socioeconómico superior; segundo, niveles más altos de equidad; tercero, cohesión social. Son tres pilares que no están ajenos a la calidad de la educación, sino que forman parte de ella. Un sistema inequitativo y segregador, como el modelo neoliberal impuesto en Chile, es, por definición, un ejemplo de mala calidad educativa, pues es demostrativo de diferencias inmorales.
Esto es de suma importancia porque el punto de partida para el análisis de la calidad del sistema educacional en su totalidad es, precisamente, la equidad. Para ello, no debe considerarse cada colegio en forma aislada, sino todo el sistema.
Ahora bien, ¿por qué se justifica penalizar el lucro en la educación, cuestión que ha sido bastante criticada por algunos personeros de Derecha e, incluso -hay que decirlo-, de la Nueva Mayoría? ¿Qué está haciendo el Estado con este proyecto? Está asumiendo una función educadora, pues quedará como agente financiador del 93 por ciento de la matrícula del sistema al inyectar una enorme cantidad de recursos, similar a lo que ocurre en casi todo el mundo. Con ello estamos asumiendo que existirá un gasto permanente y creciente, mediante el cual el Estado asumirá su rol bajo la forma de un derecho para todos los habitantes.
Entonces, ¿tiene sentido establecer responsabilidades en forma estricta cuando los recursos públicos sean objeto de malversación o cuando los sostenedores se apropien indebidamente de ellos? Por supuesto que sí. Es una obligación de probidad y fe pública que los recursos sean debidamente invertidos en los fines para los cuales se destinaron. Si los recursos de la SEP son para mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables, entonces deben ser destinados a ese fin y no ir a los bolsillos de los sostenedores o a los de las ATE relacionadas con los colegios.
Como dice la Derecha, ¿estamos castigando con cárcel la libertad de emprendimiento? De ninguna manera. En primer lugar, porque el derecho a la educación no puede admitir actividad empresarial financiada por el Estado. Por eso se exige que todos los establecimientos que reciban financiamiento estatal no tengan fines de lucro.
En segundo término, la actual redacción del tipo penal supone que el sostenedor declarado culpable por un tribunal de la república, que no haya restituido los dineros desviados de sus fines ni pagado la multa correspondiente, recién arriesgará una pena, que será de similar magnitud a la que arriesgan los funcionarios públicos que administran recursos públicos. Es decir, nada nuevo hay bajo el sol.
¿Vamos a llenar las páginas policiales con la educación? No. Lo único que estamos haciendo es crear una figura penal como la última razón para ser usada en el caso de que un sostenedor burle y afecte seriamente el derecho a la educación de niños y de niñas.
Este proyecto de ley constituye un avance para garantizar el derecho de las familias a elegir, a ser incluidas, a no estar obligadas a pagar por la educación de sus hijos. Además, garantiza que el Estado destine más recursos para nivelar hacia arriba a aquella mayoría que ha estado por décadas recibiendo menos educación.
Combatir las desigualdades e injusticias del sistema educacional chileno, desde esta perspectiva, es fundamental para la transformación de la realidad social. Mejorar la calidad de la educación no es un asunto puramente técnico, sino que es esencialmente político, pues combate en el mediano y largo plazo la pobreza cultural y económica del país, que es una de las mayores injusticias ante las cuales el movimiento social chileno se ha revelado en los últimos años.
Es nuestro deber como legisladores cumplir y defender el mandato soberano del pueblo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann .
La señora HOFFMANN (doña María José).-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención diciendo las cosas por su nombre.
Hoy estamos frente a un proyecto de ley que tiene un objetivo político claro: cerrar colegios y terminar con la educación particular subvencionada.
En el proyecto no hay una sola coma sobre la calidad de la educación. No se busca perfeccionar nuestro sistema de provisión mixta, sino que se busca que muchos sostenedores no quieran o no puedan seguir desarrollando sus proyectos educativos, con lo que las familias pierden su derecho a elegir.
¡Con valentía y convicción defenderemos al 54 por ciento de las familias que hoy eligen libremente dónde educar a sus hijos!
Con mucha fuerza decimos: ¡Ellas no están solas! ¡La oposición social ha llegado para quedarse! Estamos con ellas y con su derecho a elegir sobre el futuro de sus hijos.
Lo que más indigna es la tozudez y el sesgo ideológico con el cual, terrible e irresponsablemente, ha actuado la Izquierda.
¿Cómo podemos explicarles a los padres que un buen colegio cierre solo para darle el gusto a algunas consignas de sectores que han hecho de la educación un campo de batalla ideológico? ¿Cómo les vamos a explicar que la Nueva Mayoría no quiso partir realizando una reforma a la educación municipal? Es ahí donde debería ponerse el foco de atención y la especial preocupación del Estado.
No quisieron corregir y dignificar la labor del profesor. Que alguien me explique cómo, cambiándole el RUT al sostenedor, seleccionando a través de una tómbola e impidiendo que los padres puedan aportar a la educación de sus hijos, se mejorará la calidad de la educación de más de 1.800.000 niños que están en la educación particular subvencionada. ¡No tienen respuesta para ello!
Además, esta reforma es de mentira, porque no termina con el copago, tampoco con el lucro y mantiene la selección de forma discrecional.
¿Cómo no va a ser relevante que una familia pueda invertir en el futuro de sus hijos en lugar de comprar un bien de consumo como un televisor plasma? ¿Cómo no va a ser escandaloso que a las familias que hagan ese aporte se les descuente hasta 40 por ciento de la subvención general?
El ministro de Educación, después de varios lapsus respecto de si se terminaba o no con el copago, nos explicó que ello podría demorar hasta treinta años. ¡Eso es una vergüenza! ¡Si fuera realmente importante, lo habrían hecho más rápido!
Si no se corrige esta situación y no se aumenta rápidamente la forma no solo de reemplazar, sino de permitir que las familias puedan aumentar su aporte, vamos a generar mucha más discriminación y segregación. Esta reforma discrimina porque permite que solo algunos niños reciban ese beneficio a través de las dos nuevas subvenciones.
La reforma educacional termina con la diversidad de los proyectos educativos. Si un sostenedor implementa en su colegio un proyecto diverso y distinto, que no esté dentro de los fines educativos, no podrá seguir con ese proyecto y será criminalizado.
Esta reforma convierte a los sostenedores en meros administradores y los obliga a emplearse con sueldo fijo.
La reforma no cumple con la promesa de calidad, pues maltrata y se ensaña con los sostenedores. Solo busca educación estatal sin diversidad y sin libertad.
Vamos a seguir saliendo a la calle para defender la libertad y la calidad de la educación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por doce minutos, el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, los seres humanos somos distintos, desde el punto de vista genético y biológico, a partir de nuestro nacimiento.
No obstante, en las sociedades hay algo que permite que las personas, hombres y mujeres, nos podamos desarrollar de acuerdo con nuestras capacidades y potencialidades, y que los estados deben ser capaces de entregar a todos por igual para que haya una verdadera igualdad de oportunidades. Eso no es otra cosa que la educación. Es un deber del Estado, cualquiera que sea, entregar a todos los ciudadanos la posibilidad de recibir una educación de calidad.
La República de Chile avanzó en ese aspecto durante el siglo pasado. En gran medida, los gobiernos del Partido Radical, que represento en esta Sala, se desarrollaron con valores como el de entregar a los hombres y mujeres de nuestro país una verdadera igualdad de oportunidades. Por eso se hicieron reformas muy importantes en Chile.
Quiero recordar que en su discurso presidencial del 21 de mayo de 1939, uno de los líderes de nuestro partido, don Pedro Aguirre Cerda , dijo: “Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud es necesario que sea gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza; única, en el sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares; obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social; laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el período formativo.”.
Hoy, estamos ante una reforma educacional imprescindible en el Chile del siglo XXI. Mario Waissbluth señala que la reforma educacional no opera como las matemáticas, en que el orden de los factores no altera el producto. En este caso no da lo mismo por dónde comenzar. Las prioridades deben ser el eje central para avanzar. En ese sentido, me parece que estas deberían centrarse en la primera infancia, pues en ella se moldea el ser humano en sus características neurobiológicas. En la primera infancia se entrega la impronta más importante que ese ser humano tendrá en el futuro. Por lo tanto, la primerísima prioridad debería ser la educación en la primera infancia.
También, una de las prioridades, por cierto, debería ser la formación de los educadores. Nuestro país tenía un extraordinario sistema de formación de profesores a través de las escuelas normales, que costó mucho desarrollar, pero que el dictador eliminó de un plumazo.
Hoy, egresan educadores de distintos niveles. Algunos, por cierto, son profesionales de calidad; pero otros no logran llegar al aula con la formación mínima para entregar la educación que requieren los niños.
Otra tarea que debe efectuarse es la desmunicipalización de la educación. Llevamos treinta años inmersos en un proyecto instaurado en la dictadura, que no ha logrado que la educación llegue a todos por igual.
Hay que avanzar en el currículo y revisarlo. Es necesario actuar en el aula para que desde allí se puedan hacer los cambios. Debemos modificar nuestra educación superior para que los futuros profesores se formen de manera amplia, libertaria y con todas las capacidades y competencias que deben recibir. Por eso estamos ante una reforma educacional que nuestra Presidenta Michelle Bachelet planteó al país durante su campaña.
Hoy estamos discutiendo el primer proyecto de dicha reforma, en virtud del cual, una vez que se convierta en ley, tendremos dos sistemas: uno estatal y uno particular privado o pagado. En el sistema estatal tendremos dos vertientes: un sistema estatal público, administrado por el sector público, y un sistema estatal privado. Este último será estatal porque todos los recursos los dispondrá el Estado a través de los impuestos generales. Es decir, el Estado pagará esta educación privada.
Ahora bien, durante la discusión avanzamos en orden a que esa nueva forma de educación “estatal privada” sea gratuita. Para ello, se establece una fórmula que consiste en eliminar el copago -algo que hicimos en los gobiernos de la Concertación- y en establecer que los recursos del Estado irán a esos colegios en la medida en que sean gratuitos. Hacia allá se encamina el proyecto, por la vía de eliminar el copago.
La segunda medida que propone el proyecto es entregar acceso universal a la educación. Es decir, cualquier niño que quiera ir a los colegios del sistema “estatal privado”, podrá hacerlo en la medida en que postule. En efecto, el proyecto elimina la selección y apunta a disminuir las barreras de entrada que tenían los colegios de ese tipo, que seleccionaban con pruebas de ingreso o con exigencias a los apoderados.
El proyecto también avanza hacia el sistema estatal privado por la vía de establecer la eliminación del lucro. Para ello obliga a las sociedades, fundaciones y corporaciones que quieran dar educación estatal a que esta sea sin fines de lucro.
Estos tres elementos -gratuidad, acceso universal y eliminación del lucro- generan este pilar “estatal privado”.
Se decía del proyecto que elimina la libertad de las personas para poder elegir el establecimiento al que irán sus hijos. Eso no es así. Es más, debo decir que el Estado de Chile, a través de esta futura ley, establecerá una concepción que, en mi modesto modo de entender, es un poco errónea, ya que autoriza a cada sostenedor privado a que desarrolle, de acuerdo con su filosofía, su doctrina o su ética, el proyecto educativo que estime pertinente. Por lo tanto, tendremos una cantidad importante de proyectos educativos definidos por los sostenedores, es decir, proyectos educativos de iglesias, laicos o que impartirán la formación que el sostenedor disponga, a los cuales las personas podrán adscribir voluntariamente. En este aspecto estoy en desacuerdo, porque me parece que el Estado debe ser capaz de establecer un mínimo de requerimientos para que toda la educación estatal permita concretar, a lo menos, lo que señaló Pedro Aguirre Cerda : “... que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares.”.
Con esta iniciativa avanzamos hacia un sistema distinto. Por eso, en la Comisión de Educación hice presente algunas propuestas que escuché de algunos actores que concurrieron a esa instancia. Por ejemplo, se propuso que la selección se hiciera en forma absolutamente ciega, a través del Estado -de las secretarías regionales ministeriales de Educación-, de tal forma que el niño que quiera ir a un colegio particular subvencionado no tenga ningún tipo de reparos desde el colegio. La idea es que no exista la posibilidad de que el proceso de selección se haga en el colegio.
Se avanzó en ello. Sin embargo, según la iniciativa, parte de la selección se seguirá haciendo de acuerdo con el colegio. Ello, sin perjuicio de que se establecen algunas normas que disponen que si el colegio continúa seleccionando, se le quitará la posibilidad de que pueda hacerlo en su propia institución.
Me gusta más el sistema que planteó uno de los invitados a la Comisión de Educación. Para ello, se refirió a la selección universitaria, en la cual el sistema es cerrado, es decir, el alumno postula a la universidad que elige, y es el sistema el que determina si, con el puntaje que obtuvo, quedó o no seleccionado en esa universidad. En el caso de los establecimientos educacionales que nos ocupan, como no se establecen puntajes de selección, son las otras consideraciones de la iniciativa las que deberían entregar esa opción. De lo contrario, debería ser el sistema estatal el que determine, de manera ciega, dónde quedará estudiando el alumno.
Finalmente, dado que el sistema será estatal privado, se debería tratar de que siempre fuese absolutamente sin lucro, sin ninguna ventana para el lucro. Hemos visto que hay universidades que son instituciones sin fines de lucro, pero que lucran, pues venden sus activos, que finalmente son sus alumnos. De hecho, venden la matrícula completa, porque con eso lucra el sostenedor. También lucran a través de empresas inmobiliarias. Por eso, yo entendía que no era bueno que se arrendaran los establecimientos educacionales. Me parecía mejor lo que planteó el proyecto en su texto original, en el sentido de que los sostenedores fuesen dueños de su infraestructura.
Estamos avanzando en un camino que espero que no tenga vuelta. Ojalá que los próximos proyectos vayan en el sentido de las prioridades ya planteadas: primera infancia, formación de educadores, desmunicipalización, currículo y educación superior.
Queremos una educación pública que real y verdaderamente se fortalezca, de manera de tener en Chile un sistema que permita hacer realidad y carne la propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet : una educación más inclusiva, de calidad y que tenga por objeto que todos nuestros niños y niñas puedan desplegar sus potencialidades al máximo y ser igualmente capaces para lograr su desarrollo y felicidad en nuestro país.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA .-
Señor Presidente, una de las acciones que más prestigian a la política es el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Durante su campaña, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que antes de los primeros cien días de su gobierno enviaría al Congreso Nacional los primeros proyectos de ley que darían inicio al proceso de reforma educacional, que asegurara a todos los niños y jóvenes de Chile una educación gratuita y de calidad.
Hoy asistimos a esta Sala para aprobar el proyecto de inclusión, que termina con el lucro con fondos públicos, con la discriminación de la selección y con el copago. Por ello nos es muy grato intervenir para apoyar el proyecto, que, cuando se convierta en ley, dará a nuestros niños y jóvenes la posibilidad de participar en un sistema educativo que los acoja de manera inclusiva y sin ningún tipo de discriminación.
Durante mucho tiempo el sistema escolar chileno ha sido una fuente de segregación, pues ha replicado, de generación en generación, inaceptables condiciones de desigualdad, que han trazado el destino de cada uno de los estudiantes, dependiendo de la capacidad económica de las familias en que nacieron.
Cambiar aquello está en la base de la construcción de una sociedad auténticamente democrática. En efecto, demuestra la vocación democrática de nuestras autoridades el hecho de que hayan desarrollado diálogos ciudadanos en todo el país -más de treinta en la Región de Los Lagos- en los que no solo fue acogida la información, sino también la opinión de las comunidades, de manera de construir, entre todos, la educación y la sociedad en que queremos vivir. Lo propio hizo esta Corporación, al haber escuchado en la Comisión de Educación a más de 55 personas e instituciones respecto del tema.
Tenemos la esperanza de que al término de la tramitación de los proyectos de ley que componen la reforma les podremos decir a los niños y a sus familias que en Chile nunca más se aceptará la discriminación, que la educación será de calidad para todos, independiente de su condición económica; que los padres podrán elegir el colegio para sus hijos, y no al revés; que se habrá mejorado la condición de nuestros docentes y asistentes de la educación, y que la familia participará en los consejos escolares activos.
Señor Presidente, permítame una reflexión respecto de la calidad, tema tan enarbolado por la Oposición conservadora. En la década del 40 del siglo pasado, en Estados Unidos de América, los conservadores decían que no importaba que hubiera escuelas para blancos y escuelas para negros, separadas; lo que importaba era que en unas y otras se diera educación de calidad. Es decir, bien segregados, pero con una educación de calidad.
Todos sabemos que así no se construye ni una buena educación ni una sólida democracia. Nada de ello es verdaderamente importante para los conservadores de ayer y de hoy, aquí o allá.
Nosotros entendemos que la inclusión, obligación ineludible del proceso educativo, permite a los menores y jóvenes del país prefigurar el Chile en que quieren vivir, que para todos será el de una democracia que tiene como base la integración de todos.
Esto es, en verdad, lo que nos separa de nuestros adversarios, pues para nosotros educación inclusiva y democracia son elementos inseparables.
Por todo esto, hemos seguido con atención el trámite legislativo de los proyectos y los diálogos ciudadanos. Respaldamos la reforma, porque queremos que todos los niños sepan que su país los acoge sin discriminación, ya que sabemos que el futuro de la nación depende de la educación de todos ellos.
Apoyaremos el proyecto y todas las indicaciones del Ejecutivo y de la Nueva Mayoría, tanto las referidas a establecer que las agencias de asistencia técnica sean sin fines de lucro, como, también, las que establecen sanciones penales para aquellos que destinen a otros fines los fondos para la educación.
Aquí estamos para cumplir el mandato que la ciudadanía nos entregó. Fuimos elegidos porque mostramos un programa que gustó a la gente. Adoptamos un compromiso y debemos cumplirlo.
En nuestros discursos durante la campaña dijimos: reforma educacional con sus tres pilares fundamentales indivisibles y como una sola bandera: gratuidad de la educación, término del copago y término de la selección. Siempre hemos hablado de las desigualdades, de las diferencias sociales, de la mala calidad de la educación y de la discriminación, aspectos que deben ser corregidos, porque hay un punto negro que lo entraba todo, como es el lucro, impropio en la educación con fondos estatales.
Señor Presidente, hubo una voz, un grito en la calle y en las aulas, que debimos escuchar. Gracias a Dios, escuchamos ese grito que pide una educación gratuita y democrática, y el término del copago y de la selección.
Por lo expuesto, anuncio que voy a aprobar este proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Daniel Melo .
El señor MELO.-
Señor Presidente, en 1962 se publicó el libro La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn , físico que intentaba responder cuáles eran los factores que explicaban los cambios en una ciencia o una teoría. Kuhn constató que durante mucho tiempo se impone en una sociedad lo que denomina un “paradigma”, constituido por supuestos teóricos generales, leyes y técnicas para su aplicación, que son asumidos como universalmente válidos para una sociedad.
Sin embargo, Kuhn notó que eventualmente surgirían problemas, fenómenos que no quedarían explicados por el paradigma y se podría llegar a una crisis que se podría resolver solo desde un nuevo paradigma.
Durante más de cuarenta años nuestro sistema educativo se fundó en el paradigma de que sería el mercado, con sus supuestos, leyes y técnicas, el que podría dar respuesta a las necesidades de educación de la sociedad chilena. Estos, básicamente, consisten en un verdadero culto a la propiedad privada, la pauperización de los derechos fundamentales y su sumisión a una quimérica libertad para contratar.
El Estado queda reducido a un rol de mero productor de normas para garantizar que estas relaciones se perpetúen, y a actuar judicial y policialmente para disciplinar a quienes se opongan a este orden de cosas.
En palabras del gran jurista italiano Luigi Ferrajoli , lo que aquí ocurre es que un derecho, quizá el más caro para una sociedad, como es la educación, en nuestro ordenamiento jurídico es concebido como un instrumento de un determinado paradigma; en este caso, el anacrónico y anquilosado aparato teórico neoliberal, en circunstancias de que este se encuentra ampliamente superado por una verdadera revolución, en los términos que describía Thomas Kuhn .
Señor Presidente, la educación es el reflejo del modelo de sociedad desigual que tenemos. Por eso, es deber del Parlamento dotar a nuestra sociedad de un nuevo paradigma, donde el Estado garantice un conjunto de derechos fundamentales y bienes públicos, como, sin duda, lo es la educación.
En este contexto, el proyecto de ley en debate responde a este cambio de paradigma, elevando la educación al nivel de un derecho social fundamental.
En palabras del gran jurista italiano, en materia de educación el cambio de paradigma se entiende como un derecho social que implica, primero, que no se puede comprar ni vender; segundo, que corresponde universalmente a todos los seres humanos, en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o de sujetos con capacidad de obrar, y tercero, que todas las expectativas, positivas o negativas, deben estar explícitas en una norma jurídica positiva.
El gobierno de la Presidenta Bachelet entendió que estos derechos, para ser fundamentales, han de ser sancionados positivamente por el legislador, por lo que presentó un proyecto de ley que satisface todas y cada una de estas condiciones, que se resumen en tres ejes fundamentales: primero, fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos; segundo, término de la selección escolar, y tercero, derogación del sistema de financiamiento compartido.
Por ello, señor Presidente, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa, que apunta a dar un marco sustentable que permita asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y garantizar, de manera efectiva, la libertad de padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos.
Devolver el prestigio al quehacer público pasa, necesariamente, por cumplir los compromisos contraídos con la ciudadanía.
El paso que estamos dando al aprobar este proyecto de ley, sin duda, va en la dirección correcta, pues se fortalecerá la educación pública, mejorará su calidad y se avanzará decididamente en un sistema educacional inclusivo, sin discriminación, gratuito y sin lucro.
La Derecha encubre sus verdaderos intereses al oponerse a esta reforma educacional; lo ha hecho en cada reforma que signifique terminar con sus privilegios y grandes negocios. Se ampara en una campaña del terror y la desinformación. No le interesa terminar con las desigualdades del sistema educacional chileno.
Quiero concluir mi intervención con mi compromiso de avanzar para que prontamente contemos con una Carta Fundamental que consagre este y otros derechos en los términos que hemos expuesto. Así se lo debemos al movimiento estudiantil, a sus familias, a los defensores del medio ambiente, a los trabajadores y trabajadoras; en definitiva, a todos los que han marchado y han abogado por una sociedad de derechos y garantías para todas las chilenas y todos los chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, este proyecto es parte de una gran reforma a la educación chilena. Como se recordará, durante la campaña presidencial la Presidenta Bachelet comprometió a todas las chilenas y a todos los chilenos una educación de calidad, gratuita y sin lucro.
Sin duda, esos derechos están garantizados para todas y todos los estudiantes y para todas y todos los sostenedores que tengan vocación de educar y que quieran usar los fondos públicos exclusivamente para la educación de los niños, no para su beneficio personal e individual.
(Aplausos en las tribunas)
Este cambio de fondo que exige la educación chilena para cumplir este objetivo, está reflejado en este proyecto, que construye nuevos cimientos y nuevas formas de funcionamiento del sistema educacional, permitiendo terminar con el lucro -a través de la competencia desregulada, este ha impedido que exista un sistema de calidad, en el cual todos tengan iguales oportunidades-, con la selección y con el mecanismo perverso del financiamiento compartido y del copago, que posibilita que algunos padres puedan poner a sus hijos en los colegios que pueden pagar.
Con este proyecto nos estamos alineando con los grandes sistemas mundiales de educación, que tienen siempre un sistema público que garantiza y asegura la calidad, que es el eje y el motor de un sistema educacional. En ellos se permite el funcionamiento privado, pero se asegura que los fondos públicos que son utilizados por establecimientos privados tengan un fin directamente educacional.
Con este proyecto se propone una condición indispensable, pero no la única ni suficiente para logar un sistema de calidad. Por eso va acompañado de otros proyectos, como el que crea un sistema nacional docente, la reforma a la educación superior, el que cambia la educación parvularia y el relativo a los cambios estructurales que requiere el sistema municipal. Al respecto, cabe recordar que la iniciativa en estudio es indispensable para que esos otros pilares del sistema educativo puedan funcionar, pues constituye los cimientos, la base sobre la cual se desmercantilizará un sistema que durante años ha permitido la segregación, la discriminación y todas esas características del sistema educacional chileno, muy bien descritas por la OCDE y por todos los expertos mundiales, las que han hecho que tengamos una educación con plena desigualdad y con las más absolutas formas de discriminación.
Este proyecto busca eliminar y terminar con el lucro a costa de fondos públicos. Para eso, favorece y facilita que los actuales sostenedores -crea todas las condiciones para ello- puedan transformarse en entidades sin fines de lucro. Les da, por un lado, la misión que tienen y los fines en los cuales pueden invertir los fondos públicos; al mismo tiempo, crea las condiciones para que puedan transformarse en corporaciones educacionales o fundaciones sin fines de lucro para cumplir su cometido.
Asegura, también, que no haya discriminación ni selección en el sistema, permitiendo que todos los establecimientos que usan fondos públicos puedan inscribir a los alumnos para un sistema de admisión. Cuando haya mayor demanda que oferta en esos colegios, en los procesos de admisión se establece un sistema que no es discriminatorio.
Además, asegura que los padres puedan elegir los colegios de sus hijos, sin que el dinero juegue un papel en esa selección, y sin que otros factores permitan que se discrimine o seleccione a los alumnos sobre la base de otros elementos que no sean brindar la oportunidad y el derecho a la educación de todos los niños chilenos.
Si se aseguran esas condiciones, se reafirma el derecho a la educación. Por lo tanto, la bancada del Partido por la Democracia va a dar su aprobación al proyecto.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Gaspar Rivas .
El señor RIVAS.-
Señor Presidente, desde ya quiero hacer presente a la Mesa de la Corporación que me asisten motivos personales para inhabilitarme en la votación de este proyecto. A ellos me referiré al final de mi discurso.
Lo anterior no obsta a que pueda expresar mi opinión sobre el proyecto.
Siempre he manifestado que estoy en contra del lucro en la educación, en cualquiera de sus niveles. Eso es intransable, pues considero que la educación es un derecho social y no una mercancía de consumo o de trueque.
No soy de aquellas personas que cree que el Estado cumple la labor de entregar educación por la vía de comprar un servicio a un privado.
Sin embargo, hace seis meses, a pesar de que no soy miembro de la Comisión de Educación, le dije al ministro de Educación que si bien compartía los objetivos del proyecto, estimaba que partía al revés, pues estaba tan mal diseñado como una casa que se empieza a construir por el techo. Así de ilógico. Sin embargo, el objetivo es positivo: la casa se va a construir.
No creo en los colegios particulares subvencionados. Pero eso no impide darme cuenta de que cumplen una función que es necesaria.
Por desgracia, en el Congreso Nacional estamos enfrentando posturas extremistas, en blanco y negro. Por un lado, una Izquierda que quiere hacer desaparecer a como dé lugar y anticipadamente, a mi juicio, la educación particular subvencionada; y, por otro lado, una Derecha que la quiere mantener conectada al respirador, incluso aunque deje de ser necesaria, porque cree estructural e ideológicamente en el lucro.
Comparto los objetivos de esta reforma, pero considero que se partió equivocadamente. En política, el camino más corto, que es el que se eligió, no necesariamente es el mejor.
Cuando veo que marchan los sostenedores, los políticos de Derecha y los apoderados, distingo -tengo capacidad para hacerlo- tres tipos de marchantes: los políticos de Derecha, que marchan porque creen estructuralmente en el lucro. No marchan para proteger a los apoderados, sino que los utilizan porque creen ideológicamente en el lucro. Eso lo sé, porque viví cuatro años con ellos, y no me cuentan cuentos.
(Aplausos)
Por otro lado, están los dueños de los colegios y los sostenedores, que marchan para favorecer el órgano más sensible del ser humano: su billetera, que es más sensible que su corazón, que sus pulmones, que su cerebro.
Finalmente, están los apoderados -a los únicos a los que les hago caso-, que marchan por la educación de sus hijos. Para mí, son los únicos que valen.
(Aplausos en las tribunas)
Seguramente, alguien va a decir que el diputado Gaspar Rivas hace puras críticas y no tiene ninguna propuesta. Bueno, desgraciadamente, no soy Presidente de la República. Pero, en caso de serlo, ¿sabe lo qué habría hecho, señor Presidente? Habría partido renacionalizando el cobre para obtener los recursos que se necesitan para mejorar la educación. ¡Ahí está la plata! Se trata de una cantidad enorme de plata. Los de allá no lo harían jamás. Los de acá se han llenado la boca diciendo en sus discursos que lo van a hacer, que lo hacen, que lo hacen, que lo hacen. ¡Basta de amenazas! ¡Háganlo ya!
¿Y qué hacer luego? Inyectar recursos a la educación pública -esto es, millones de dólares-, pagar la deuda histórica a los profesores y cuadruplicar su sueldo. ¿Quieren cincuenta horas lectivas? Se les dan. ¿Quieren salas más chicas? Se les dan, porque se construye la infraestructura.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor diputado.
El señor RIVAS .-
Perdón, señor Presidente, pero dispongo de un minuto más.
El señor CARMONA Vicepresidente).-
Es efectivo, señor diputado. Puede continuar.
El señor RIVAS.-
Señor Presidente, con una educación pública con infraestructura y con tecnología de punta, los profesores no irían a paro, porque tendrían lo que el Estado les ha negado durante tanto tiempo; si se les pagara bien, no tendrían necesidad de ir a paro, porque se produciría un efecto natural: la gente se reencantaría.
Recordemos que este país fue construido por quienes egresaron de liceos con número. Nadie se acuerda de eso. La misma gente que hoy marcha con los parlamentarios de Derecha, cuando vea que se produce el reencanto con la educación pública, va a decir: “Sabe, señor, a partir de mañana no lo acompaño más en sus marchas ideológicas, porque la educación pública pasó a ser buena”.
No quiero matar a los colegios particulares subvencionados. Quiero que se mueran solos, porque sueño con un Chile donde la educación pública sea tan buena que no se necesite de colegios particulares subvencionados.
Quiero agregar -es el motivo de mi inhabilidadque tengo una pariente consanguínea que es sostenedora. Nadie elige a los parientes.
No puedo votar en contra el proyecto, porque creo que el lucro es negativo y que la educación no es una mercancía; pero tampoco lo puedo votar a favor, porque está hecho al revés. Debería abstenerme; pero un genio inventó en el Reglamento que las abstenciones se suman al rechazo.
No quiero que nadie diga que Rivas se dio vuelta la chaqueta y está quedando bien con todo el mundo. Como caballero, debo señalar que tengo intereses consanguíneos, por lo que informo inmediatamente a la Mesa que me inhabilitaré de votar el proyecto, e invito a todos mis colegas parlamentarios a que adviertan si tienen alguna inhabilidad, porque es un tema muy importante.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Debo comunicar que el tiempo extra que usó el diputado Rivas será de cargo de su bancada.
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort .
El señor KORT.-
Señor Presidente, qué duda cabe de que el país requiere modificaciones al sistema educacional, una reforma que apunte a mejorar y corregir los focos más débiles, es decir, dar énfasis a la calidad de la educación y enfrentar la compleja segregación social que la caracteriza.
Sin embargo, la reforma que propone el Gobierno no apunta a focalizar realmente los esfuerzos para realizar una mejora real y concreta de la calidad de la educación de nuestros niños.
Se ha afirmado incansablemente que la educación pública actual es de mala calidad. Entonces, ¿por qué no se parte por mejorarla y fortalecerla?
Las medidas no apuntan a mejorar la educación, pero afectan directamente a la clase media, pues restringen su libertad. La clase media será perjudicada irreversiblemente con el proyecto, porque limita la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos, e incrementa el predominio estatal en la educación, bajo la creencia ilusa de que mayor provisión estatal significa necesariamente una mejor educación.
El proyecto atenta contra la participación de las familias, lo que necesariamente afectará la calidad de la educación de los niños de clase media y, como dije, de los más vulnerables.
El fin a la selección termina con el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que es derecho preferente de los padres elegir la educación que quieren para sus hijos, y que el Estado debe ser garante de ello. Esta misma garantía es recogida por nuestra Constitución en el artículo 19, número 11°, inciso cuarto.
Sería importante saber en qué se sustenta la aseveración de que los padres y los apoderados no saben elegir el establecimiento educacional de sus hijos. Este ninguneo a las familias es inaceptable.
(Aplausos)
El 91 por ciento de los padres y apoderados asevera que sus hijos están en el establecimiento que ellos querían. Entonces, cabe preguntarse: ¿Es realmente un problema la selección? Lo peligroso es que al parecer estamos legislando solo a base de consignas y jugando, por tanto, con el futuro de generaciones de niños.
En relación con la prohibición del lucro, caben dudas sobre la posibilidad real de financiamiento que tendrán los nuevos colegios que se enfocan hacia sectores vulnerables. Más del 80 por ciento de los sostenedores son profesores y gestionan un solo colegio. El 95 por ciento de los colegios particulares subvencionados ha sido fundado por profesores.
El financiamiento compartido constituye una contribución de los padres a financiar el costo de la formación de sus hijos en los establecimientos subvencionados por el Estado, cuyo impacto económico se estima actualmente en 600 millones de dólares anuales.
Señor Presidente, lamento que el ministro de Educación se haya retirado de este diálogo y lamento profundamente que el Gobierno haga oídos sordos una vez más a lo que tiene que decir la ciudadanía.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en primer lugar, como bancada democratacristiana, no podemos menos que compartir los propósitos y objetivos del proyecto. Compartimos el objetivo de terminar con el lucro con fondos públicos en la educación y creemos que la escuela común será una realidad más cercana y alcanzable si eliminamos el copago y la selección.
Soy un convencido de que los primeros educadores son los padres y los apoderados; no es el Estado, tampoco el mercado.
Evidentemente, el proyecto de ley toca a estos actores y, por cierto, produce efectos que se han traducido en manifestaciones de los padres y apoderados que ven con preocupación la reforma.
Nosotros creemos que este es un avance, porque, como se ha dicho, la educación no puede ser un objeto mercantil; quienes se dedican a la educación, los sostenedores, deben tener una vocación genuina.
Por eso valoramos los cambios en la educación particular subvencionada, la que no se eliminará, a pesar de lo que han dicho algunos parlamentarios, sino que continuará existiendo, pero deberá acatar el requisito que establece la ley, cual es que no se puede lucrar. Es decir, los actuales sostenedores con fines de lucro tendrán que transformarse en sociedades sin fines de lucro, y deberán eliminar los mecanismos de selección, para garantizar la no discriminación y el libre acceso a la educación de los niños, independientemente de su origen económico, ya que el copago se va a reemplazar por fondos públicos. Respecto de estos, manifiesto mi deseo de que en el Senado se aumenten sus montos, con el objeto de evitar el cierre de establecimientos educacionales por el bajo monto del copago estatal, lo que impedirá que continúen subsistiendo muchos proyectos educativos.
Esa es una preocupación que tenemos.
La otra preocupación es que el objetivo de todos estos proyectos, a mi juicio, es fortalecer la educación pública, pero aquí todavía no se ha presentado el proyecto sobre la nueva educación pública. Aquí nos preocupa el efecto que tendrá esta legislación sobre la educación pública, como el posible éxodo de matrícula pública al sector de establecimientos particulares subvencionados, cuando estos se transformen en gratuitos. Es evidente que si en la educación particular subvencionada va a haber un copago estatal, se producirá un éxodo hacia esa educación, que, de acuerdo con las estadísticas, es de una mejor calidad, en promedio, que la educación municipalizada.
Por lo tanto, esperamos que el Gobierno presente pronto el proyecto de la nueva educación pública, ya que lo que nos interesa es fortalecer la educación de los más vulnerables de nuestro país, de manera que el día de mañana tengamos una educación pública de calidad, en la cual sea indiferente el origen y también el establecimiento donde estudiar.
También me preocupa -valoro que se haya mejorado en esta discusión- el hecho de que originalmente se pretendía comprar los establecimientos particulares subvencionados por parte del Estado. Incluso, se habló de un monto de 5.000 millones de dólares. Nosotros, en la Democracia Cristiana, respaldamos a nuestro presidente Ignacio Walker , en el sentido de que eso era escandaloso. Como se recordará, en este hemiciclo nosotros peleamos por la deuda histórica de los profesores, y finalmente todos los gobiernos les dijeron que no se podía pagar, porque era una cantidad enorme de dinero. Por eso, resultaba impresentable aparecer ahora con una chequera con 5.000 millones de dólares para comprar colegios.
(Aplausos)
Felicito al ministro, que no está presente, por haber tenido una apertura para introducir modificaciones al proyecto de ley, que no es la Biblia ni la última palabra. Por eso, tendrá que estar abierto para introducirle modificaciones durante su implementación, puesto que aquí nadie es perfecto y tenemos que escuchar a todos, en especial a los padres y apoderados, y a los sostenedores, porque esta reforma se tiene que construir con todos y no contra los principales actores de la educación, que, a mi juicio, son los padres. El Estado es fundamental y debe fijar las reglas del juego, pero nunca perder de vista que los padres son los primeros educadores, y ellos deben decidir en qué colegio colocan a sus niños.
(Aplausos)
Evidentemente, el Estado tiene que tener la capacidad de entregar una educación tanto o mejor que la que otorgan los sostenedores particulares sin fines de lucro.
Señor Presidente, la Democracia Cristiana apoya al Gobierno de la Presidenta Bachelet . Creemos que esta es una apuesta muy audaz, en la cual se va a jugar, a mi juicio, el futuro de este Gobierno, porque creemos que esta reforma será un éxito. Nosotros hemos estado disponibles para colaborar e introducir modificaciones al proyecto de ley en la Cámara de Diputados, y también lo haremos en el trámite que tendrá en el Senado.
Queremos una educación para todos, de manera que no sea el origen económico el que discrimine el futuro de los chilenos.
Hoy, nuestra educación está demasiado segregada. Como dijo Mario Waissbluth , es un tren en que hay vagones de primera, segunda, tercera y cuarta.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor SABAG.-
Llegó la hora de establecer una educación que contribuya a destruir las desigualdades que hoy existen en nuestro país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado señor Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, se ha hablado acá del derecho a la educación como un derecho social.
Antes de esta reforma, ¿cuándo se puso en tela de juicio el derecho a la educación? Si eso pasó efectivamente, ¿qué se hizo en los veinte años de la Concertación? En veinte años se crearon muchos colegios particulares subvencionados. ¿Por qué se les engañó en ese momento y hoy se les da la espalda? En política eso no se hace.
Se ha hablado de calidad. ¿Qué se mejorará? ¿Se mejorará la calidad en los alumnos, los profesores, los asistentes de la educación, los manipuladores o las manipuladoras de alimentos, los funcionarios de los departamentos de educación municipal? ¿Qué pasará con el hijo del obrero en Traiguén, en Angol o en Collipulli; con el hijo del comunero indígena en Ercilla o en Lumaco, o con el hijo de la temporera en Renaico, Los Sauces , Purén , Malleco , las comunas más pobres de la provincia? Ese niño estudia cinco días a la semana, porque los sábados y domingos debe trabajar. ¿Con esta reforma podrá tener ese niño en algún momento la posibilidad de ser profesional? Aparentemente, no. Esta reforma, lamentablemente, no quiebra ese círculo.
¿Por qué esta reforma no sigue aumentando la cantidad de liceos Bicentenario, que han sido tan exitosos?
(Aplausos)
En mi provincia, el Liceo Bicentenario Indómito de Purén ha destacado a nivel nacional. Nivelemos hacia arriba, no hacia abajo. Hagamos las cosas bien.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor RATHGEB.-
Esta reforma tiene que ser cambiada.
De esta forma no nos gusta la reforma.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos 45 segundos, el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, saludo a los muy pocos diputados presentes en la Sala, donde debatimos este tan importante proyecto.
Quiero resaltar los cinco meses de arduo trabajo en la Comisión de Educación, como se expresó en el completo informe emitido por el diputado Mario Venegas , que nos dio muchas luces sobre la materia, y, en especial, el informe de la Comisión de Hacienda, entregado por el profesor y economista don José Miguel Ortiz , que hace notar el costo en régimen del proyecto: 663.000 millones de pesos.
A partir de la presente semana, en que estamos ad portas de despachar el proyecto que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior, y debatiendo este proyecto, que pretende poner fin al lucro, la selección y el copago en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado de Chile, la educación se encamina hacia la mayor reforma que haya conocido nuestro país durante las últimas décadas.
En esta iniciativa no solo se establecen normas tendientes a regular la actividad educacional, sino que también se afirman principios de gran importancia para nuestro desarrollo republicano, entre ellos el de la no discriminación, el de la no selección, el de la formación laica y ciudadana en los establecimientos públicos, y, sobre todo, el principio de no lucrar con los recursos que entrega el Estado para la educación de nuestra juventud, con el consecuente impacto en las futuras generaciones.
Todos sabemos que la educación pública en el país, que ha avanzado de la mano de la municipalización de los que eran establecimientos del Estado, ha ido en franco deterioro a consecuencia del mal manejo de los establecimientos por parte de algunos municipios y algunos particulares, y de la competencia desigual con los establecimientos educacionales privados que reciben recursos del Estado y que además cobran un copago a los alumnos que estudian en ellos. A eso lo llamo “negocio”.
Además, no existen por parte del Estado adecuados mecanismos de fiscalización para garantizar que los dineros entregados lleguen a los alumnos y no se presten para convertirse en un mecanismo de lucro para algunos sostenedores, recursos con los cuales pueden realizar otras actividades económicas para su beneficio y enriquecimiento personal: “Inmobiliarias”.
Este proyecto pretende prohibir que se lucre con los recursos que entrega el Estado, sin que se niegue, como dicen algunos, la posibilidad de una adecuada retribución económica a los sostenedores.
Busca, además, evitar discriminaciones como las generadas como efecto de los procesos de selección, que discrimina entre los alumnos de menores recursos y los que merecen mayor atención psicopedagógica.
También pretende eliminar el copago que realizan los alumnos y que, según la OCDE, lleva a que Chile sea uno de los pocos países que integran el organismo en que las familias tienen que hacer grandes aportes para educar a sus hijos, en circunstancias de que ello es labor prioritaria del Estado.
Considero muy beneficioso, más allá de los miedos que algunos intentan introducir, que los sostenedores se transformen en personas jurídicas sin fines de lucro; el hecho de que tengan que ser propietarios o comodatarios del establecimiento que dirigen, para lo cual se crean mecanismos de transitoriedad; el que en los reglamentos se deban incorporar normas antidiscriminación; el contar con planes de apoyo académico para los alumnos más atrasados; el contar con consejos escolares, y, lo más importante, el que las subvenciones que reciban del Estado sean dedicadas a fines educacionales, no a “inmobiliarias” ni a otros fines propios del sostenedor, y que se termine con el copago por parte de los alumnos, haciendo realidad el que el Estado sea un Estado docente, como lo han planteado los gobernantes del país desde su independencia.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor JARAMILLO.-
Votar a favor este proyecto es votar a favor de Chile, de nuestro futuro y del de las familias que lo integran, porque el único bien que no se deteriora con el paso del tiempo ni se pierde por un mal momento económico es la educación, y nuestro país debe entregarla gratuita, laica y sin discriminación a quienes son los futuros sostenedores de la patria.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Romilio Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).-
Señor Presidente, en primer lugar, por su intermedio quiero saludar al ministro de Educación.
En segundo término, deseo señalar que este es uno de los proyectos que forman parte de la reforma educacional y que creemos necesario abordar la estructura del sistema educacional chileno en su conjunto.
Pero en un primer minuto manifestamos que, a nuestro juicio, esta iniciativa no era prioridad, no era lo urgente, sino que teníamos una necesidad y una urgencia mayores: cómo mejorar la educación pública que hoy imparten las municipalidades.
En los colegios municipales ha habido un éxodo de muchos alumnos, por diferentes razones, especialmente porque lo que buscan los papás es calidad, una mejor formación integral de sus hijos y que ellos puedan desarrollar al máximo sus potencialidades.
Por eso, creemos -se lo hemos dicho al ministro en varias oportunidades- que es urgente un plan que permita recuperar la educación pública, de manera de ponerla en el sitial que le corresponde, para que así los papás puedan de verdad elegir entre un colegio municipal o un colegio particular subvencionado, y que los factores de decisión sean más bien otros y no la diferencia de aprendizaje o calidad de la formación de sus hijos. Así, estaremos resguardando el derecho a elegir de las familias.
Por otro lado, este proyecto restringe la libertad de elección de los padres, porque tiene una norma que hace casi imposible la construcción de nuevos establecimientos educacionales. Esperamos que en el Senado ello pueda ser corregido, pues esa libertad no debe depender de la demanda o de una necesidad en determinado lugar geográfico, sino de la iniciativa de diferentes emprendedores en materia de educación para generar diferentes oportunidades en un proyecto educativo distinto.
Esta iniciativa toca tres aspectos: lucro, selección y copago. El señor Venegas , diputado informante de la Comisión de Educación, dio cuenta de una larga lista de sesiones e invitados. En realidad, ahí no llegamos al convencimiento de que el lucro afecte la calidad. Es cierto que tampoco podemos afirmar lo contrario: que el lucro implique calidad.
Por lo tanto, el desafío no es solo eliminar el lucro, sino determinar cómo se invertirán esos recursos y de qué forma eso impactará, de manera efectiva, en el mejoramiento de la calidad de la educación en ese colegio. Lo señalo porque hay colegios con fines de lucro que entregan una calidad de educación muy buena, pero otros en los que ocurre exactamente lo contrario.
En ese contexto, espero que podamos avanzar en la búsqueda de un mejor proyecto, con el objeto de asegurar igualdad de oportunidades y educación de calidad a todos los chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto y 45 segundos, el diputado señor Giorgio Jackson .
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, junto con saludar al ministro de Educación y a quienes presencian esta sesión desde las tribunas de la Cámara de Diputados, quiero hacer algunas precisiones para contribuir al debate del proyecto, el cual continuará en los próximos días.
¿La iniciativa en discusión es todo cuanto se ha señalado que se quiere hacer en materia de reforma educacional? No es así. De hecho, nosotros estaríamos muy en contra si esto fuese toda la reforma; pero no es el caso. De hecho, han sido ingresados a tramitación legislativa en el Senado otros proyectos de ley que buscan mejorar la educación, como los referidos a la educación inicial y a la institucionalidad que se requiere establecer. Además, se deberá debatir respecto de la reestructuración de la educación pública, la carrera y formación docente, la medición y políticas de aula, y la restructuración del sistema de educación superior, con la finalidad de tener educación gratuita y de calidad.
Deseo destacar la importancia de este proyecto, porque se hace cargo de materias por las que hemos luchado hace tiempo. Desde 1990, esta es la primera iniciativa que intenta terminar con el desastroso experimento neoliberal que en materia educacional se instaló durante la dictadura.
Algunos han señalado que durante su discusión no han sido escuchadas las demandas de los padres y los sostenedores. En 1980 no se le preguntó a nadie; menos en 1990, cuando se dejó instalada la LOCE días antes del término de la dictadura.
(Aplausos)
¿Alguien se atreve a decir que habrá menos libertad de elegir si el Estado reemplaza los recursos que hoy ponen los padres, si se nivela hacia arriba a todos los establecimientos y si se prohíbe que sean los colegios y sus sostenedores los que elijan a sus alumnos? ¡Por favor! Quienes lo señalan solo contribuyen a la desinformación, lo que muy difícilmente puede ser considerado como una crítica de buena fe.
¿Se cerrarán colegios si se aprueba este proyecto? Nos hemos preocupado de que la única razón para que un colegio quiera cerrar sea que nunca haya tenido vocación para impartir educación, sino interés en maximizar sus utilidades. He recibido a sostenedores con vocación, preocupados por la educación que imparten, los que me han planteado sus dudas respecto de la reforma educacional, a los que les he explicado este proyecto en detalle, así como las modificaciones que introdujimos en la Comisión de Educación. Después de conocerlas, ellos quedaron muchísimo más tranquilos.
No podemos ser presa del chantaje y la desinformación que pretenden imponer unos pocos. De hecho, tuve que explicar lo mismo a grupos de padres y apoderados.
En consecuencia, la invitación que quiero hacer es a que en los próximos dos días que quedan para el debate de esta iniciativa, llevemos a cabo una discusión honesta e ideológica, como corresponde, en vez de repetir eslóganes.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Antes de ofrecer la palabra al último diputado que intervendrá en esta sesión, recuerdo a la Sala que el debate de este proyecto continuará mañana y el próximo martes, sesiones en las que se debe mantener el quorum requerido.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, ya concluyó el Orden del Día.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Se contabilizan dos horas después de rendidos los informes respectivos, señor diputado.
El señor SCHILLING.-
Así es, señor Presidente. Por lo tanto, corresponde levantar la sesión.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Aún no, señor diputado.
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Javier Macaya .
El señor MACAYA.-
Señor Presidente, aprovecho de saludar al ministro de Educación, a quien quiero señalar, por su intermedio, al igual que a los diputados de las bancadas de enfrente, que el diagnóstico compartido es que tenemos un problema gigante en educación. Creo que nadie puede desconocer que la educación es y tiene que ser el gran tema de nuestra sociedad, porque de esa forma seremos capaces de sacar adelante el desarrollo de nuestro capital humano, de nuestra gente, de nuestro país, para dar igualdad de oportunidades.
Lamentablemente, a pesar de que hay un diagnóstico compartido, el cual llevamos muchos años poniendo en el tapete público, en la palestra de las materias más importantes que deben tratar nuestra sociedad, el Congreso Nacional y el Estado, tenemos serias diferencias, las que se han expresado en los últimos meses. Por ejemplo, tenemos discrepancias profundas en cuanto a las herramientas que se tienen que aplicar.
Llevamos aproximadamente ocho meses de gobierno, de manera que quiero señalar a los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra que yo tampoco espero que este proyecto sea toda la reforma educacional; tengo la esperanza de que haya más iniciativas en materia de educación. Sin embargo, en estos ocho meses este ha sido el proyecto más relevante. En matemáticas el orden de los factores no altera el producto; pero en materia educacional, el orden de los factores que han sido puestos encima de la mesa -las distintas propuestas del Gobierno- sí altera el resultado final.
(Aplausos)
Lamentablemente, al hacer las cosas al revés, al partir por la puerta chica, por decirlo de alguna manera, se corre el riesgo de poner en juego el futuro de muchos niños.
La diferencia de lo que puede ocurrir con un punto más de impuesto en la alteración de la tasa de crecimiento es una cuestión que se puede solucionar; pero en relación con la educación y el futuro de los niños, un error puede terminar por impactar a una generación completa de estudiantes, situación para la que no hay remedio. No estamos hablando de algo que pueda tener la solución, de que la medida económica del impuesto que hemos aplicado en determinada área la vamos a corregir en unos años más para crecer mejor, sino del futuro de una generación completa. Se pagarán caros los errores que se cometan en ese aspecto.
(Aplausos)
Respecto de la supuesta campaña del terror de la cual aquí se ha hablado, el proyecto de ley no señala en ninguna parte que se cerrarán colegios; pero las reglas del juego sí cambiarán, lo cual ha sido reconocido por las propias autoridades. Ya hay una evidencia de que miles de padres cambiarán a sus hijos de los establecimientos educacionales que eligieron, porque al cambiar las reglas del juego, muchos colegios deberán cerrar.
En consecuencia, espero que podamos enmendar este proyecto en el Senado. He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
"
- rdf:value = " REGULACIÓN DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES, ELIMINACIÓN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHIBICIÓN DEL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 9366?04)
El señor CORNEJO (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
Diputados informantes de las comisiones de Educación y de Hacienda son los señores Mario Venegas y José Miguel Ortiz , respectivamente.
Antecedentes:
-Mensaje, sesión 28ª de la presente legislatura, en 3 de junio de 2014. Documentos de la Cuenta N° 1.
-Informe de la Comisión de Educación, sesión 76ª de la presente legislatura, en 7 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 20.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 80ª de la presente legislatura, en 14 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 8.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Recuerdo a los señores diputados que, de conformidad con los acuerdos adoptados ayer por los Comités, una vez rendidos los informes de las comisiones de Educación y de Hacienda, se otorgarán diez minutos por bancada para la discusión de las ideas globales de las enmiendas. A continuación, el saldo del tiempo restante se distribuirá en forma proporcional entre las bancadas.
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Educación.
El señor VENEGAS (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República y con urgencia calificada de suma, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.
Antecedentes
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo modificaba cuatro cuerpos legales: la Ley General de Educación, la ley de Subvenciones, la ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Las principales modificaciones que introducía el proyecto original decían relación con las siguientes materias:
-Se regulaban materias relacionadas con los derechos humanos y el principio de no discriminación e inclusión en todo el sistema educativo.
-Se establecía que los sostenedores educacionales que reciben financiamiento público deberán estar organizados como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.
-Se regulaban los usos que se pueden dar a la subvención educacional.
-Se prohibían las operaciones con personas relacionadas, con el propósito de evitar retiros de utilidades que encubrieran lucro.
-Se prohibía la selección en establecimientos educacionales subvencionados y se establecía un proceso de admisión aleatorio y transparente.
-Se ponía fin al financiamiento compartido, y se establecían dos instrumentos para lograr dicho objetivo: el aporte por gratuidad y una subvención especial para alumnos preferentes. Asimismo, se contemplaba un aumento de 20 por ciento en los recursos para la subvención especial preferencial.
-Se establecía un régimen de transitoriedad para la implementación de dichas políticas.
Aprobación del proyecto
La iniciativa original fue objeto de numerosas indicaciones parlamentarias, así como de dos grupos de indicaciones por parte del Ejecutivo -24 en total-, algunas de las cuales fueron motivadas en las observaciones efectuadas por diputados, así como por las 55 personas e instituciones que concurrieron a exponer a la comisión.
A continuación, paso a reseñar los principales contenidos del proyecto aprobado por la comisión.
I.- Modificaciones a la Ley General de Educación
1.- Se establece el principio de no discriminación e inclusión en la legislación, lo que implica el deber del Estado de velar por la inclusión e integración en todos los establecimientos educacionales.
2.- Se dispone el deber del Estado de fomentar una cultura de laicidad en los establecimientos educacionales del Estado.
3.- Se instituye el principio de no considerar el rendimiento pasado o potencial de los estudiantes como criterio de admisión en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.
4.- Se determina que en todos los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, el cambio de estado civil de los padres de los alumnos no podrá ser considerado como causal para la cancelación o no renovación de la matrícula.
5.- Se establece que en todos los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado no es posible cancelar la matrícula, durante el año escolar, a causa del no pago de los derechos de matrícula.
6.- Se instituye el principio de no selección en todos los niveles educativos en los establecimientos subvencionados.
II.- Modificaciones a la Ley de Subvenciones
1) Se establecen nuevos requisitos para impetrar la subvención estatal.
Los sostenedores particulares deben estar constituidos como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones educacionales y corporaciones de derecho público.
Se establece un plazo de dos años para que los sostenedores que no se encuentren constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro puedan cambiar su figura, adecuándose al nuevo régimen, lo que permitirá transferir la calidad de sostenedor. Asimismo, se protegen los derechos de los trabajadores del establecimiento educacional.
El financiamiento que obtengan de parte del Estado se debe destinar, de manera íntegra y exclusiva, a “fines educativos”.
Se enumera una lista de operaciones en las cuales se entenderá que la subvención se destina a fines educativos. Entre ellas están: la adquisición de toda clase de servicios, gastos de mantención y reparación de inmuebles, costos asociados a las dependencias o el funcionamiento del establecimiento educacional, gastos asociados al proyecto educativo, inversiones en activos financieros, entre otros.
Se prohíbe la celebración de operaciones (actos y contratos) con personas relacionadas y se deben respetar los precios de transferencia que prevalecen en el mercado. Estas serán consideradas para relaciones que existan dos años hacia atrás desde la entrada en vigencia de la ley.
Se establecen criterios para delimitar la remuneración de la persona natural que cumple funciones de administración superior de la entidad sostenedora.
En relación con la propiedad donde funciona el establecimiento educacional, existen las siguientes opciones:
1.- La entidad sostenedora sin fines de lucro debe ser propietaria del o de los inmuebles esenciales en los que funciona el establecimiento educacional y estos deben estar libres de gravámenes.
Para cumplir este requisito, se faculta al sostenedor para comprar la propiedad con cargo a la subvención escolar, a través de un crédito bancario que puede ser garantizado con hipoteca.
A los actuales sostenedores se les da un plazo de tres años para adquirir la propiedad del inmueble educacional, para lo cual se les permitirá contraer un crédito bancario que podrá estar garantizado por el Fogape. Podrán comprar el inmueble con cargo a la subvención e imputar anualmente hasta el 11 por ciento del avalúo fiscal del inmueble. En caso de que el vendedor no sea relacionado, el Estado podrá garantizar el pago de las cuotas de la compraventa, a fin de estimular la compra de dicho inmueble.
Los sostenedores tendrán un plazo de tres años, contado desde que el sostenedor se encuentre constituido como persona jurídica sin fines de lucro, para cumplir con el requisito de ser dueño o adoptar las opciones de los números 2 o 3.
2.- También se autoriza que la entidad sostenedora celebre un contrato de comodato.
3.- Se permiten los contratos de arrendamiento en los siguientes casos:
En forma excepcional cuando, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, no se pueda cumplir el requisito de ser propietario, como, por ejemplo, en el caso de una catástrofe que inhabilite completamente la infraestructura.
A aquellos sostenedores que al inicio del año escolar 2014 se encuentren arrendando el inmueble en el cual funciona el establecimiento, se les permite, durante el plazo de tres años, contado desde que el sostenedor se encuentre constituido como persona jurídica sin fines de lucro, que continúe arrendando el establecimiento, de conformidad con los contratos existentes. Finalizado dicho plazo, para continuar arrendando, los contratos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1°.- No podrán celebrarse con personas relacionadas, de acuerdo con las reglas establecidas en la letra a) del inciso quinto del artículo 3° y en el artículo 3° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, salvo que el arrendador sea una persona jurídica sin fines de lucro o una persona jurídica de derecho público. Es la nueva figura que se puede crear en el marco de la futura ley, toda vez que se puede constituir con mayor rapidez.
2°.- Deberán estar inscritos en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.
3°.- Deberán celebrarse con una duración de, a lo menos, veinte años. En caso de que se quieran cambiar las reglas, a los diez años deben avisar oportunamente. De no ocurrir así, el contrato será prorrogado por otros veinte años.
4°.- La renta máxima mensual de estos contratos no podrá exceder el 11 por ciento del avalúo fiscal del inmueble arrendado, dividido en doce mensualidades.
5°.- Los gastos en mejoras útiles o necesarias serán de cargo del propietario del bien inmueble.
Estas son los cinco requisitos que deben cumplir los contratos de arrendamiento.
4.- En casos excepcionales, para garantizar el derecho a la educación, el Estado podrá adquirir aquellos inmuebles en los cuales funcione el establecimiento educacional de propiedad de aquel sostenedor que haya manifestado expresamente al Ministerio de Educación su voluntad de no continuar prestando el servicio educacional. El precio de la compraventa no podrá exceder el monto que resulte de restar al valor del inmueble lo recibido por concepto de aportes por Jornada Escolar Completa. Me refiero al aporte que hizo el Ministerio de Educación en su momento. Para estos efectos, el valor del inmueble será de hasta 1,7 veces el avalúo fiscal.
Los reglamentos internos de los establecimientos educacionales deben contemplar expresamente la prohibición de toda forma de discriminación en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Asimismo, deben establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento académico y de apoyo a la convivencia escolar.
Los reglamentos internos deben reconocer expresamente el derecho de asociación de los estudiantes, padres y apoderados, personal docente y asistentes de la educación.
Para el caso de un sostenedor particular que solicite impetrar por primera vez la subvención estatal, se deberá acreditar la existencia de la demanda por matrícula en el territorio donde pretenda desarrollar su proyecto educativo, que pueda ser cubierta por un establecimiento educacional privado con financiamiento estatal.
Se establece también como exigencia contar con un consejo escolar para poder impetrar la subvención escolar.
Se regulan las medidas de cancelación de matrícula y de expulsión de alumnos, principalmente. Se establece que el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de matrícula. Estas medidas solo podrán decretarse en los siguientes casos:
-Cuando sus causales se encuentren claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y afecten gravemente la convivencia escolar.
-Cuando se desarrolle un procedimiento previo y transparente que permita hacer sus descargos al estudiante afectado. La expulsión o cancelación de matrícula solo podrá adoptarse por acuerdo mayoritario del consejo de profesores. Dichas medidas son apelables ante el director, previa consulta al consejo escolar.
-Para el caso de la medida de expulsión, el director no podrá aplicarla si con anterioridad no se han implementado todas las medidas de apoyo pedagógico y psicosocial respecto del estudiante afectado. Tampoco podrá decretarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda matricularse en otro establecimiento educacional.
-Para el caso de la medida de cancelación de matrícula o de expulsión, estas no podrán decretarse por motivos que deriven de la situación socioeconómica, del rendimiento académico o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales transitorias del estudiante que se presenten durante sus estudios. En caso de repitencia, se mantiene el derecho del estudiante a repetir al menos una vez en enseñanza básica y al menos una vez en enseñanza media en un mismo establecimiento.
No se deben implementar procesos de selección; por el contrario, se deben realizar los procesos de admisión y postulación conforme a la ley y según los criterios que se detallan a continuación.
Proceso de postulación
1.- Se realizará a través de un registro que contendrá la información relativa a los establecimientos educacionales.
2.- Los padres, madres y apoderados podrán acceder al registro en el o los establecimientos educacionales de su preferencia y en forma directa.
3.- Los padres y apoderados que deseen postular a más de un establecimiento educacional deberán manifestar su orden de preferencia al momento de hacerlo.
4.- Para postular a un establecimiento es requisito que los padres y apoderados adhieran en forma expresa al proyecto educativo declarado por el establecimiento y a su reglamento interno.
Proceso de admisión
1.- Los establecimientos educacionales estarán encargados de implementar el proceso de admisión.
2.- Este proceso deberá admitir a todos los estudiantes que hayan postulado al establecimiento si hay capacidad para ello.
3.- En caso de haber mayor número de postulantes que de vacantes, se deberá aplicar un proceso de selección aleatorio y ciego.
Este proceso de selección considerará los siguientes criterios en orden sucesivo:
a) Existencia de hermanas o hermanos que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento.
b) Incorporación del 15 por ciento de estudiantes prioritarios, de conformidad a los requisitos exigidos a los establecimientos para impetrar subvención escolar.
c) La condición de hijo o hija de un profesor, un asistente de la educación del establecimiento educacional, una manipuladora de alimentos o un trabajador que preste servicios permanentes en la escuela. Por lo tanto, los funcionarios tienen preferencia a la hora de poder matricular a sus hijos en ese colegio.
4.- Este proceso de selección debe velar por hacer efectivo el derecho de los padres a elegir el establecimiento educacional de su preferencia.
5.- El Ministerio de Educación pondrá a disposición de los establecimientos educacionales un mecanismo para realizar este proceso de admisión, cuyo uso será voluntario.
6.- Se exceptúan de este proceso de selección -ciego y aleatoriolos liceos con modalidad artística, los cuales, previa autorización del Ministerio de Educación, podrán implementar su propio sistema de admisión, que dé cuenta de las aptitudes y talentos individuales de los estudiantes.
7.- Aquellos establecimientos que, atendidas sus características históricas de rendimiento académico destacado en su región y que hayan implementado procesos de selección académica, podrán desarrollar el proceso antes señalado solo entre aquellos estudiantes que pertenezcan al 20 por ciento de mejor desempeño escolar relativo a las generaciones anteriores del establecimiento escolar de procedencia. Estos establecimientos serán definidos por medio de un reglamento, en atención a ciertos criterios a determinar.
8.- Se establece que el régimen comenzará el año subsiguiente al de la publicación de esta ley en proyecto, dando un plazo de dos años para que los establecimientos educacionales puedan adecuarse al nuevo régimen de admisión. Este plazo se amplía en un año más para los establecimientos emblemáticos, a los que hacía referencia en el punto anterior.
2) Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE).
Se establece que deben estar organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro y se les aplicarán las restricciones de las personas relacionadas. Deben ser elegidas por medio de licitación.
3) Sanción penal a la desviación de fondos de la subvención.
Como el proyecto establece expresamente cuáles son los usos que se deben dar a los recursos que pone el Estado, cualquier uso distinto será sancionado. El proyecto contempla, en primer lugar, la obligación de que aquel que incumplió la ley devuelva el monto de lo mal usado.
A lo anterior, se agrega una sanción pecuniaria correspondiente al 50 por ciento del valor mal usado.
Si la persona se negase a devolver el dinero y a pagar la multa respectiva, se contempla un mecanismo que podría, eventualmente, llevarla a ser condenada con privación de libertad. Esto, naturalmente, será visto por un tribunal de la república, con un adecuado proceso, y se establece una mención que deberá resolver el juez de la causa. En todo caso, se trata de la última medida, pues la primera es de carácter pecuniario.
4) Se detalla la información que debe ser entregada a la Superintendencia de Educación. Los sostenedores que reciben subvención estatal deben entregar la información en relación con el destino que dieron a los recursos percibidos por concepto de financiamiento estatal, de acuerdo a las operaciones que por ley se entienden que se realizan con fines educativos; información sobre el gasto en remuneraciones de directivos y/o administradores de la entidad sostenedora; los estados financieros consolidados y auditados, y un listado actualizado con la individualización completa de sus miembros o asociados, y directivos.
5) Transparencia activa.
Se exige que el sostenedor tenga a disposición del público información relacionada con el destino que se da a los recursos públicos y el gasto en remuneraciones de directivos o administradores de la entidad, tanto de manera física como en plataformas informáticas.
6) Creación de las corporaciones educacionales.
El proyecto contempla la creación de corporaciones para el efecto de esta futura ley, que son de más fácil creación y de tramitación menos engorrosa que la contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Ellas se constituyen en el Ministerio de Educación y son una alternativa más para que los sostenedores -valga la redundancia- se constituyan como personas jurídicas sin fines de lucro. Este sistema busca agilizar el proceso de creación de estas corporaciones sin fines de lucro.
7) Eliminación del sistema de financiamiento compartido.
Los establecimientos educacionales que actualmente se encuentren adscritos al sistema de financiamiento compartido podrán seguir en él hasta que los aumentos de la subvención general reemplacen a cabalidad el aporte de los padres y apoderados. Para estos efectos, el actual aporte se congela en unidades de fomento, de manera tal que, como la UF crece a un ritmo menor que el de crecimiento de la subvención escolar, en algún momento la subvención alcanzará el valor del aporte de los apoderados. En ese momento terminará el financiamiento compartido y se tendrá derecho a la subvención de gratuidad y también a la SEP, en el caso del tercer y cuarto quintil.
8) Creación del aporte por gratuidad.
Se establece un aporte por gratuidad destinado a los establecimientos educacionales gratuitos y sin fines de lucro, que se impetrará por los estudiantes que estén cursando primer y segundo nivel de transición de educación parvularia, educación general básica y enseñanza media, incluidos la educación especial y de adultos, y los estudiantes de los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, y que estén adscritos al régimen de subvención preferencial. Este aporte será de 0,45 unidades de subvención escolar (USE) el 2018.
III.- Modificaciones a la ley de aseguramiento de la calidad
1.- Aumentan las facultades de fiscalización en establecimientos particulares pagados.
En caso de que se trate de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Título Preliminar de la Ley General de Educación, que contiene los principios y fines de la educación y los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, se permitirá el ingreso a establecimientos particulares pagados, y la citación a declarar a los representantes legales, administradores y dependientes, sin existencia de una denuncia previa. Nadie puede no cumplir en los fines declarados en nuestra legislación.
2.- Aumenta fiscalización respecto al uso de la subvención estatal.
Se establece como infracción grave el incumplimiento de las normas sobre uso de la subvención para fines educativos y los requisitos para impetrar la subvención.
IV. Modificación a la Ley de Subvención Escolar Preferencial
Se crea subvención preferencial para alumnos preferentes, que pertenecerán a los quintiles tercero y cuarto, la que hoy no existe.
El monto de esta subvención es de la mitad de la que corresponde a los alumnos prioritarios (SEP actual).
Se aumenta el valor de la subvención y aportes que reciben los alumnos de la ley SEP en 20 por ciento, lo que constituye una muy buena noticia.
Constancias Reglamentarias
I) La idea matriz o fundamental de la iniciativa legal consiste en poner fin al lucro, en el término de la selección escolar y en la eliminación progresiva del sistema de financiamiento compartido en establecimientos que reciben recursos públicos, aspectos que apuntan a dar un marco sustentable que permita avanzar en asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y garantizar, de manera efectiva, la libertad de los padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos.
II) De acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, las siguientes normas del proyecto de ley aprobado por la Comisión deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda:
Los Nos 13) y 16) del artículo 2°.
Los Nos 1), 2), 6), 7), 8), 9), 10), 11) y 12) del artículo 4°, y
Los artículos sexto, noveno, duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto transitorios.
III) El proyecto fue aprobado en general por 8 votos a favor y 5 en contra, con el voto favorable de las diputadas señoras Cristina Girardi, Yasna Provoste y Camila Vallejo, y de los diputados señores Fidel Espinoza, Rodrigo González, Giorgio Jackson, Alberto Robles y Mario Venegas (Presidente), y el voto en contra de la diputada señora María José Hoffmann y de los diputados señores Jaime Bellolio, Romilio Gutiérrez, José Antonio Kast y Felipe Kast.
En nombre de la Comisión, deseo agradecer la colaboración y asistencia del ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre ; de la subsecretaria de Educación, señora Valentina Quiroga ; del secretario ejecutivo de la reforma educacional, señor Andrés Palma , y de los asesores señores Patricio Espinoza , Exequiel Silva , Misleya Vergara , Tatiana Klima , Hugo Arias y Valeria Ortega .
Asimismo, es necesario dejar constancia de que la Comisión recibió en audiencia a numerosas personas e instituciones, en cuyos valiosos aportes y observaciones se inspiraron muchas de las indicaciones presentadas, tanto por el Ejecutivo como por los parlamentarios integrantes de la Comisión. Dedicamos meses a escuchar a un total de 55 personas e instituciones, por lo que no nos podrán acusar de no haber hecho el trabajo de manera adecuada en la Cámara de Diputados.
Las personas son las siguientes: el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), hermano Jesús Triguero ; la coordinadora del Consejo Nacional de Trabajadores de la Educación de la CUT, señora Yobana Salinas ; el vicerrector académico y estudiantil del Instituto Nacional, profesor Mario Vega ; el presidente de la Red de Colegios Particulares Subvencionados del Biobío ( Redcol Biobío) , señor Andrés Carter ; el presidente de Educación 2020, señor Mario Waissbluth ; el director ejecutivo de Res Publica, señor Jorge Acosta ; el presidente de la Comisión de Educación de Alcaldes y Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Lo Prado, señor Gonzalo Navarrete ; el presidente nacional de Colegios Particulares de Chile A.G. (Conacep), señor Hernán Herrera ; la gerente general de la Corporación Educacional de la Construcción (Coreduc), señora Rosana Sprovera ; el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, señor Cristián Bellei ; el ejecutivo de la Secretaría Técnica del Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe de la Orealc/Unesco, señor Carlos Beca ; el presidente de la Corporación de la Educación AptusChile, señor Tomás Ariztía ; la consejera del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Patricia Matte ; el director ejecutivo de Acción Educar, señor Raúl Figueroa ; el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Fernando Atria ; el subdirector nacional subrogante del Servicio Nacional de Discapacitados (Senadis), señor Christian Finsterbusch ; el profesor del Magíster en Gestión Educacional de Calidad de la Escuela de Administración de Servicios de la Universidad de Los Andes, señor Rodrigo Bosch ; la directora académica del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, señora Alejandra Mizala ; el director del Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Diego Portales, señor Gregory Elacqua ; el profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor José Francisco García ; el profesor de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, señor Juan Carlos Ferrada ; el socio y representante de la Sociedad Educacional Homel Ltda., señor Wladimir Homel ; la presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa), señora Erika Muñoz ; la directora de la Escuela Francisco Ramírez, de la comuna de San Ramón, señora María Cristina Barahona ; el alcalde de Las Condes, señor Francisco de la Maza ; el director del Centro de Estudios Públicos (CEP), señor Harald Beyer ; el exrector de la Universidad de Chile y gran maestro de la Gran Logia de Chile, señor Luis Riveros ; el presidente nacional del Colegio de Profesores de Chile A.G., señor Jaime Gajardo ; el subdirector ejecutivo de la Corporación Horizontal Chile, señor Ignacio Parot ; la investigadora y la directora del Programa Social del Instituto Libertad y Desarrollo, señoras María Paz Arzola y Alejandra Candia , respectivamente; el vicario de la Educación del Arzobispado de Santiago, presbítero Tomás Scherz ; el vicario de la Educación del Obispado de Valparaíso, presbítero Edgardo Fernández ; el director de la Oficina Regional de la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), señor Jorge Sequeira ; la presidenta y el director regional de la Asociación de Sostenedores de Escuelas Especiales de Lenguaje (Aseel A.G.) de la Zona Metropolitana, señora Gloria Véliz y señor Alejandro Aguilar , respectivamente; el director de la Asociación de Colegios Particulares Subvencionados de Los Lagos A.G., señor Roberto Gálvez ; el presidente ejecutivo internacional de la Fundación América Solidaria, señor Benito Baranda ; el director de Investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), señor Pablo Ortúzar ; el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, doctor Óscar Nail ; los voceros de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) señores Ricardo Paredes y Tomás Leighton ; las voceras de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), señoritas Melissa Sepúlveda y Naschla Aburman ; la exministra de Educación y directora de la Corporación Aprender, señora Mariana Aylwin ; el profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Maryland e Investigador Internacional Asociado a Clapes-UC, señor Sergio Urzúa ; el asesor del Programa Legislativo de la Fundación Jaime Guzmán , señor Jorge Barrera ; la presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), señora Dafne Concha ; la directora académica y la asesora del directorio de la Fundación Astoreca, señoras Ximena Torres y Bárbara Eyzaguirre , respectivamente; el gerente general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA Educa), señor Arsenio Fernández ; el profesor de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Julio Pertuzé ; la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile, señora Hai Kyung Jun , y el consultor del Área Educación de la Unicef en Santiago, señor Daniel Contreras ; el rector de la Universidad Alberto Hurtado, padre Fernando Montes ; el director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), señor Juan Eduardo García-Huidobro ; el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Chilena (Conatech) y secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT Chile), señor Alfonso Pastene ; el presidente de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas de Chile, señor Emiliano Soto ; en representación del presidente del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, el señor Luis Alberto González ; el presidente del Consejo de Obispos y Pastores de Chile y presidente de Cuprem, señor Jorge Méndez ; el presidente de la corporación en la zona sur de Chile y pastor de la Iglesia adventista, señor Milton Alaña ; el director ejecutivo de Enseña Chile, señor Tomás Recart ; el presidente de la Corporación de Promoción Universitaria (CPU), señor Jaime Lavados ; el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, señor Jaime Bassa ; el presidente de la Federación Regional de Funcionarios de los DEM o DAEM (Ferfudem), Región del Biobío, señor Iván Zambrano , y la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores Diferenciales, señora Antonieta Amar .
Como pueden apreciar, recibimos a una enorme y diversa cantidad de personas e instituciones -ruego que me excusen por haber leído la nómina completa- que quisieron expresar su acercamiento a este proyecto. Muchos de esos planteamientos quedaron recogidos en las indicaciones presentadas tanto por el Ejecutivo como por las señoras diputadas y los señores diputados de nuestra Comisión.
Por último, agradezco a la secretaría de la Comisión de Educación y a los funcionarios de la Corporación que colaboraron y trabajaron extraordinariamente para alcanzar los objetivos propuestos.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor ORTIZ (de pie).-
Señor Presidente, colegas diputadas y diputados, ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre ; jóvenes y dirigentes que nos escuchan desde la tribuna de este hemiciclo:
En nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre este proyecto de ley tan importante y trascendental, que va a cambiar el destino de la educación en nuestro país.
Escuchamos al ministro de Educación, el que fue muy claro y objetivo respecto de esta iniciativa, que pretende convertir la educación en un derecho social y no en una actividad que derive en utilidades increíbles para sectores que han confundido la educación con un negocio, que ven en ella rendimiento económico y que, dependiendo de ello, continúan o no invirtiendo en educación, materia fundamental para Chile.
El proyecto establece gratuidad en todos los colegios que reciben subvención estatal, y pone fin a la discriminación en los procesos de admisión escolar y al lucro en todos los colegios que reciben aportes públicos.
Quiero recordar que, desde hace muchos años, el financiamiento de la educación en nuestro país se lleva a cabo en función de la Unidad de Subvención Educacional (USE). Todos reciben ese financiamiento, con excepción de alrededor del 7,5 por ciento de los colegios, que pertenecen al sector particular.
La iniciativa es una más de las no menos de once que deberemos tramitar durante estos años, con el fin de cubrir efectivamente todos los sectores, no solo la educación pre básica, básica y media, sino también la educación superior.
El proyecto que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado -para que definitivamente haya claridad y no se tergiversen las informaciones-, plantea una transición ordenada hacia el nuevo marco legal, protegiendo siempre el derecho a la educación de los estudiantes. Por ejemplo, se pondrá fin al copago y los recursos para educación aumentan progresivamente a medida que se avanza en la reforma. Como resultado final del término del financiamiento compartido, los recursos que aportará el Estado, en adición a los derivados del aumento de la subvención general, más que duplican lo que hoy pagan las familias al sistema, que llegan a los 600.000.000 de dólares; aumentan los aportes del Estado de manera progresiva, empezando por los sectores más vulnerables, porque este proyecto de ley va en la dirección de la igualdad y de poner término a las discriminaciones.
Solo por aporte de gratuidad y SEP, los colegios públicos recibirán más de 460.000.000 millones de dólares al tercer año de vigencia de la ley.
Para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, según el informe de la Comisión de Educación, quiero recordar que la Comisión de Hacienda tuvo que examinar 22 disposiciones: cuatro relativas al fin del sistema de financiamiento compartido; dos respecto de la creación y entrada en vigencia del aporte por gratuidad; nueve, relacionadas con la creación de la subvención para alumnos preferentes, SEP ampliada y su entrada en vigencia; tres, que establecen el aumento del 20 por ciento de la SEP, su entrada en vigencia y su ampliación a terceros y cuartos medios, y tres referentes a garantías públicas eventuales para los procesos de traspasos de sostenedor a corporaciones sin fines de lucro.
Naturalmente, corresponde autorizar a la Comisión de Hacienda para que incluya los recursos asociados al proyecto en las respectivas leyes de presupuestos que discutimos año a año.
El Presidente de la Comisión de Educación, diputado Mario Venegas , dio cuenta de las audiencias que se llevaron a cabo y los meses durante los cuales se trabajó. Nadie puede negar que hubo participación en esta iniciativa.
En el caso de la Comisión de Hacienda, el proyecto fue tratado en cuatro sesiones, a las que asistieron y en las que intervinieron los señores Nicolás Eyzaguirre , ministro de Educación; Andrés Palma , secretario ejecutivo de la reforma, y Patricio Espinoza , asesor legislativo del mismo ministerio. Del mismo modo, asistió en representación de la Dirección de Presupuestos, el señor José Espinoza , jefe del sector Educación. En representación de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), con otros colegios más que se han integrado a ella, asistió el señor Guido Crino ; por la Conacep, Colegios Particulares de Chile A.G., el señor Hernán Herrera , presidente nacional, y don Eduardo Escalona , asesor jurídico; por la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, Confepa , la señora Erika Muñoz Bravo , presidenta nacional.
A continuación daré cuenta de la discusión particular.
Mediante el número 13) del artículo 2° se elimina el Título II de dicho cuerpo legal, referido a la Subvención a Establecimientos Educacionales de Financiamiento Compartido y del Sistema de Becas.
Por su parte, mediante el número 16) del mismo artículo, se introduce un nuevo Párrafo 9º en el Título III de la ley, estableciendo y regulando el aporte por gratuidad destinado a los establecimientos educacionales que se indican.
Los números 1), 2), 6), 7), 8), 9), 10), 11) y 12) del artículo 4°, que modifica la ley N° 20.248, que establece una ley de Subvención Escolar Preferencial, extienden la subvención que dicho texto regula a los denominados “alumnos preferentes”.
En tal sentido, a través de esos números se define a los nuevos beneficiarios de esta subvención, conocida como SEP ampliada, y, adicionalmente, se aumentan los montos del valor unitario de la subvención escolar para alumnos prioritarios.
Del mismo modo, se adapta el texto de la ley, principalmente en lo que dice relación con el aporte adicional que reciben los sostenedores de establecimientos educacionales clasificados como autónomos o emergentes, y el aporte extraordinario, cuyo monto se calculará desde ahora sobre la base de los dos tipos de subvenciones.
Al respecto, el ministro de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre , manifestó en la comisión que, por las normas antes señaladas, se crea un nuevo aporte por gratuidad que recibirán los colegios gratuitos y sin lucro. Parte en 0,25 USE, es decir, en 5.300 pesos, y crece, en tres años, a 0,45 USE, esto es, a 9.500 pesos; se eleva en 20 por ciento el valor actual de la Subvención SEP y se crea una nueva SEP ampliada, focalizada en el tercer y cuarto quintiles, y que será equivalente a la mitad de la SEP.
El artículo 5° señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo a los recursos que contemple anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público en la partida 09 del Ministerio de Educación.
Hago presente que los trece diputados titulares de la comisión votaron favorablemente y por unanimidad el financiamiento. De lo contrario, no habría reforma educacional.
Por su parte, los artículos sexto, noveno, duodécimo, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto transitorios se refieren, entre otras materias, al acceso al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), con el fin de garantizar los créditos contraídos.
Al respecto, como se consigna en el punto N° 1 de la Cuenta de la sesión de hoy, se ha recibido un oficio de la Presidenta de la República por el hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que faculta al ministro de Hacienda para realizar un aporte extraordinario de capital al Banco del Estado de Chile, y amplía el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, contemplado en el decreto ley N° 3.472, del Ministerio de Hacienda, de 1980, en el equivalente a 50.000.000 de dólares, moneda de los Estados Unidos de América. En la Comisión de Hacienda nos va a tocar examinar esta materia en los próximos días.
Hasta el momento, estamos todos de acuerdo en aumentar el financiamiento al Fogape, a las pymes y en otorgar créditos especiales. Por lo tanto, estamos avanzando respecto del financiamiento.
Respecto de las disposiciones que la Comisión de Hacienda estimó de su competencia, cumplo con informar lo siguiente:
Los números 3), respecto del artículo 3° ter, y 6), respecto del artículo 7° sexies del artículo 2°, se refieren a las multas a beneficio fiscal, por la destinación indebida de los recursos estatales recibidos y por las infracciones al sistema de admisión, respectivamente. Se trata de un tema que corresponde analizar a la Comisión de Hacienda, por lo que se explica que no haya sido incluido en el informe de la Comisión de Educación.
El artículo séptimo transitorio permite que las partes que se propongan celebrar un contrato de compraventa conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo transitorio, puedan requerir el consentimiento por parte del Ministerio de Educación para incorporar como cláusula la facultad de descontar de la subvención el monto adeudado al vendedor.
El artículo decimonoveno transitorio establece que la Subvención Escolar Preferencial por alumnos preferentes se comenzará a pagar a contar del inicio del año escolar subsiguiente al de la publicación de la ley.
El artículo vigésimo transitorio establece la vigencia de los nuevos valores de la Subvención Escolar Preferencial.
Finalmente, el artículo vigesimoprimero transitorio señala que los niveles de tercer y cuarto año de enseñanza media se incorporarán gradualmente a la Subvención Escolar Preferencial de alumnos preferentes y a los aportes adicional y extraordinario correspondientes, señalados en los artículos 14 bis, 20 y 27 de la ley N° 20.248, en la misma gradualidad establecida en el artículo duodécimo transitorio.
En la Comisión de Hacienda analizamos, además, la incidencia presupuestaria del proyecto.
El informe financiero, que sustituyó el informe financiero original N° 46, de 22 de mayo de 2014, relativo al proyecto de ley en comento, luego de describir las normas que tienen impacto financiero, explica que por aplicación de los artículos 2° y 4° del proyecto representa un mayor gasto fiscal en régimen estimado de 663.326 millones de pesos, cuyo impacto en el erario se refleja de la siguiente manera: primer año de aplicación, 429.674 millones de pesos; segundo año, 513.934 millones de pesos; tercer año, 594.499 millones de pesos; en régimen, 663.326 millones de pesos. Estos gastos se desglosan en aportes por gratuidad, incremento del 20 por ciento de la SEP por alumnos prioritarios, SEP para alumnos preferentes y por no descuento de subvenciones, en este caso, de financiamiento compartido.
Señor Presidente, el mayor gasto fiscal en régimen se hace bajo los siguientes supuestos:
a) Se mantiene la matrícula del año 2013 de los alumnos de los establecimientos educacionales subvencionados, incluidos los de los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980. Quiero recordar que estos son los establecimientos técnicos industriales que están traspasados a corporaciones privadas.
b) En el período de transición se asume que los establecimientos educacionales se incorporan voluntariamente a la subvención escolar preferencial y al aporte por gratuidad, en la medida en que los nuevos aportes superen los ingresos que obtienen por financiamiento compartido.
c) En régimen, se asume que toda la matrícula subvencionada se ha incorporado al aporte por gratuidad y a la subvención escolar preferencial.
Se presentaron cinco indicaciones al proyecto de ley, las cuales figuran en el informe que cada uno de ustedes tiene en su poder; cuatro se declararon inadmisibles, ya que necesitan del patrocinio del Ejecutivo, y solo una se aprobó por unanimidad. Se trata de la presentada por las diputadas Cristina Girardi y Yasna Provoste , y los diputados Sergio Aguiló , Pablo Lorenzini, Juan Enrique Morano , Felipe Letelier , Enrique Jaramillo y quien les habla, José Miguel Ortiz , al artículo 2°, número 3), para modificar el número vi) del artículo 3°, que tiene por objeto limitar la reinversión de excedentes que pueden efectuar los sostenedores solo en instrumentos de renta fija, de modo de eliminar el riesgo de las actividades de renta variable y resguardar aún más los recursos públicos destinados al fin educativo.
En consecuencia, tras haberse sometido el proyecto a consideración de la Comisión de Hacienda, la inmensa mayoría de las disposiciones fue aprobada por unanimidad, a excepción de los números 3), 6) y 13) del artículo 2°, que fueron aprobados por 8 votos a favor y 5 en contra, y los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno, duodécimo, decimotercero y decimocuarto, que se aprobaron con la misma votación.
Es cuanto puedo informar a la honorable Sala sobre la discusión que realizamos sobre el proyecto en cuatro sesiones de la Comisión de Hacienda.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio .
El señor BELLOLIO.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo a los apoderados, sostenedores y familias que nos acompañan.
(Manifestaciones en las tribunas)
Lo hago esperando el respeto de quienes no comparten mis ideas, así como los escucho ahora y como los escuché a lo largo de todo Chile.
He tenido la oportunidad de estar en más de sesenta asambleas a lo largo de todo Chile, en más de veinte debates; me he juntado con cerca de 2.000 sostenedores; he visitado más de cien escuelas; he hablado directamente con más de 10.000 padres y apoderados. Lo que dicen hoy las encuestas es completa y totalmente cierto, cual es que la mayoría de los chilenos no quiere esta reforma educacional; quiere una reforma a la educación, pero no de esta forma.
(Aplausos)
Lamentablemente, para el Gobierno lo justo es escuchar exclusivamente a quienes se manifiestan y gritan, a quienes legítimamente tienen la oportunidad de manifestarse en las calles o agruparse en distintas instancias, como la Cones, la Aces, la Confech. Pero eso no es lo justo, sino una parte de lo justo.
También es justo saber interpretar a las personas que no vemos, a los más débiles, a los que no tienen la opción de manifestarse, a los padres y apoderados que están trabajando y que han escogido matricular a sus hijos en las escuelas subvencionadas durante los últimos veinte años.
(Aplausos)
Lamentablemente, estamos perdiendo esta oportunidad. Aprobamos una reforma tributaria que inyecta más de 8.000 millones de dólares a la educación, pero que en vez de inyectarlos en calidad lo hace solo en ideología, en algo teórico, en un experimento.
Las personas que fueron a la comisión para decir que la reforma es buena no trabajan en las salas de clases; en cambio, las personas que dijeron que esta no es la reforma que debemos hacer, realmente están educando a niños, especialmente a los que están educando en calidad.
Esta es una reforma que, lamentablemente, desprecia la calidad, ignora a los profesores y mira con sospecha y desconfianza a los sostenedores y a sus familias.
(Aplausos)
Esta no es una reforma de calidad. Y no se queda solo en eso, sino que, además, insulta a las familias, las trata de ignorantes y de incautas, mientras que a los sostenedores los moteja de potenciales delincuentes.
Lamentablemente, no se habla del fondo de la educación, de por qué 700.000 jóvenes no egresan de 4° medio, de la forma en que estamos enseñando, que claramente ya no sirve, pues tenemos escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX, pero alumnos del siglo XXI; de que tenemos un currículo completamente atrasado y obsoleto, que enseña para atrás en vez de para adelante. En vez de discutir cosas que realmente tienen que ver con la calidad de la educación, debatimos solo de ideología y de eslóganes.
(Aplausos)
Quiero terminar diciendo con mucho orgullo que soy hijo de una profesora. Vi como mi madre, por treinta años, hizo clases en una escuela, llegaba con tareas para la casa y recibía un salario inadecuado.
Ese es el foco de nuestra reforma de la educación, pero, lamentablemente, estamos perdiendo la opción.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Debo precisar que las respectivas bancadas establecieron los tiempos para intervenir.
Tiene la palabra el diputado Juan Morano .
El señor MORANO.-
Señor Presidente, por su intermedio, saludo al señor ministro y a quienes nos acompañan, alumnos y alumnas, padres y apoderados, sujetos de la reforma que discutimos.
Hoy estamos escribiendo en conjunto un mejor futuro para millares de niños y jóvenes de los más débiles de nuestro país; estamos escribiendo una nueva y mejor historia para Chile.
Por momentos como este, por los vividos en el trabajo de la Comisión de Educación y por las horas dedicadas comunitariamente en el trabajo de nuestra bancada, valieron la pena los días y horas de recorrer las calles de mi región, de golpear las puertas de las casas, bajo la lluvia, con nieve, con viento.
Hoy estamos dando un paso decidido para terminar con el lucro, la selección y la discriminación en nuestro sistema educacional. Todas las chilenas y todos los chilenos merecen no ser discriminados; la “ley Zamudio” es para todos y para todas.
La normativa que aprobaremos modificará cuatro leyes: la Ley General de Educación, la ley de Subvención, la ley de Aseguramiento de la Calidad y la ley de Subvención Escolar Preferencial, subvención que, como se ha dicho, se gasta principalmente con la intermediación de las ATES.
Hay voces que señalan que debe permitirse el lucro a los colegios vinculados con las ATES; pero otros decimos con fuerza: “No al lucro en la educación”, y por cierto que nuestro “no” incluye a las ATES y a quienes desean lucrar con los dineros enfocados y dirigidos a los más vulnerables, a través de la subvención escolar preferencial.
(Aplausos)
Nunca jamás nos opondremos a la justa y adecuada retribución y remuneración de quienes trabajan y prestan sus servicios en las diversas actividades y quehaceres del ser humano.
Soy y fui docente por más de 25 años. Por eso planteo que los límites y señales que el proyecto original entregaba eran insuficientes y confundían los topes para previsión y salud con los posibles ingresos máximos para quienes trabajan en la educación.
Así, presentamos una indicación al respecto, la cual se aprobó en la comisión. Para velar por el correcto uso de los recursos, nos opusimos a que los sostenedores con posibles excedentes pudieran concurrir al mercado de capitales sin regulaciones. También en conjunto presentamos una indicación para que, en caso de acudirse al mercado de capitales, los beneficios se destinen integralmente al proyecto educativo. Y solo estuvimos disponibles para permitir la inversión en instrumentos de renta fija.
Habrá que romper muchos mitos. La insistente propaganda de quienes ven en la educación un negocio genera dudas e incertidumbre, pero el paso del tiempo se ha ido encargando de aclarar eso.
Las encuestas mencionadas por el colega que me antecedió en el uso de la palabra de verdad señalan algo distinto. Chile quiere una reforma educacional potente que diga nunca más al lucro, nunca más a la discriminación. Asimismo, revaloriza la reforma y afirma, sin dudas, que se trata de uno de los cambios que se requiere para construir un país más justo, solidario y de igualdad de oportunidades.
Lo que no compartimos y nunca apoyaremos es que quienes no trabajan, los que no se dedican a la educación, lucren por el simple hecho de aportar capital.
La educación no es ni será nunca más en Chile un negocio.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado señor Fidel Espinoza .
El señor ESPINOZA (don Fidel).-
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que hoy estamos viviendo un día histórico para nuestro país. Es un día histórico porque el proyecto de ley que discutimos tiene como objetivo central regular la admisión de nuestros estudiantes para impedir, como ocurre hasta la fecha, discriminaciones arbitrarias por parte de algunos sostenedores; eliminar el copago, para impedir que los padres tengan que pagar un precio para acceder a un derecho, como debe ser en todo país que considere la educación como un derecho social, y prohibir el lucro, aunque eso les duela a algunos colegas de enfrente, para asegurar que cada peso del Estado, de todos los chilenos, sea gastado única y exclusivamente en fines educativos.
Eso busca esta iniciativa de ley.
(Aplausos)
Muchas veces los colegas de enfrente han cuestionado y manifestado que este proyecto no contiene elementos que busquen configurar el mejoramiento de la calidad de la educación. Al manifestar esa postura no comprenden que cuando se desvían recursos para fines que no son educativos se está atentando contra la educación chilena.
Por eso, amparados en un principio básico, cual es que la educación es un derecho social, hoy defenderemos con fuerza la aprobación de este proyecto. Creemos que quienes piensan lo contrario simplemente ven que la educación no es un derecho en nuestro país y que, como manifesté, solo pueden acceder a ella los que tengan recursos.
Quienes han recorrido Chile, con distintos rostros -algunos, más jóvenes, pero tan anticuados como los otros-, son los mismos que en el pasado, también en la Cámara de Diputados, decían que la reforma agraria era un caos para Chile. Sin reforma agraria hoy no tendríamos pequeña agricultura.
Quienes se oponen a este proyecto y rasgan vestiduras manifestando que es negativo para el país, son los mismos que en 2006 se oponían a la reforma de la salud y que hoy piden que incorporemos más enfermedades al plan AUGE porque fue una buena idea. Hoy, han recorrido el país desinformando a la gente y causando temor entre los sostenedores de los colegios particulares subvencionados al decir que esta iniciativa prácticamente viene a terminar con la educación particular subvencionada. ¡Qué afirmación más alejada de la verdad! El proyecto no solo fortalecerá la educación pública, sino también, de mejor manera, a aquellos establecimientos particulares subvencionados -hay miles en todo Chile- que lo hacen muy bien. Vienen a mi memoria los colegios que más conozco: el Felmer Niklitschek , colegio particular subvencionado que cumple una excelente labor con alumnos vulnerables de la comuna de Puerto Varas; el Inmaculada Concepción, de esa misma comuna; el San José , de Puerto Montt; el Purísimo Corazón de María, de Fresia; el Preciosa Sangre II, de Purranque; el San Vicente de Paul , en Puerto Octay; el Ramón Ángel Jara , de Los Muermos, y tantos otros.
Cuando uno entra a esos colegios se da cuenta de que ahí está la plata de la educación: buena calidad de los establecimientos, buenas salas de clases para los alumnos, hermosos gimnasios para que hagan educación física; calidad y, complementariamente, un buen sistema que atiende y cobija a los alumnos día a día.
Pero también existen los otros establecimientos, los que lucran. No nos hagamos los tontos. Hay colegios particulares subvencionados en los que, cuando uno entra en ellos, se da cuenta de que existe lucro, que los baños se encuentran en pésimo estado, que las salas de clases son verdaderas ratoneras, que los profesores no tienen espacio para moverse, que ni siquiera cuentan con calefacción en invierno.
Por lo tanto, decimos que este proyecto busca mejorar la calidad de la educación. Los colegios con grandes sostenedores no tienen nada que temer, porque la iniciativa garantiza e incluso mejora su situación actual.
Por eso, en los pocos minutos que me quedan, quiero destacar algunos elementos que consideramos importantes, que terminarán con ciertos aspectos negativos para la educación chilena.
Por ejemplo, el proyecto contempla medidas para terminar con la discriminación, para que nunca más en Chile ocurra que a un joven no se le permita estudiar porque sus padres no están casados; para que incluso tengan el derecho a no ser echados de los establecimientos cuando repitan un curso.
Incluso en esta iniciativa incorporamos la “ley Zamudio”, para impedir que el mero precepto de la libertad de enseñanza pueda ser utilizado por algunos para no permitir que ciertos estudiantes puedan educarse.
Cuántos alumnos en todo Chile no han podido educarse porque se les pide un certificado de matrimonio de sus padres, o un certificado de bautizo. En algunos colegios particulares pagados hoy están pidiendo prácticamente las cartolas de las cuentas bancarias de los padres para ver si los niños pueden acceder a ellos.
Eso no es lo que queremos para nuestro país.
Por ello, vamos a luchar -lo hemos dicho desde el primer momento- para que en Chile la educación se convierta –repito- en un derecho social, como corresponde.
El proyecto está imbuido de un principio básico, un principio que debe orientar al sistema educacional chileno: la gratuidad; una gratuidad que se irá dando progresivamente, pero que posibilitará que más del 90 por ciento de los padres y apoderados de todo Chile que hoy pagan financiamiento compartido, paguen cero peso al término del gobierno de nuestra Presidenta. Se terminará progresivamente con el financiamiento compartido incluso en aquellos establecimientos que cobran el copago límite o tope, como se le denomina.
Lucharemos por eliminar uno de los principales flagelos de la educación chilena: el lucro. Al respecto, como señalé al comienzo de mi intervención, queremos que cada peso que se invierta en la educación vaya a la sala de clases; que cada peso que llegue por subvención a un establecimiento, quede en el aula para mejorar la situación de los profesores.
Además -es un aspecto que hemos defendido los socialistas-, está la situación de los asistentes de la educación y de las manipuladoras de alimentos, que también forman parte del sistema educativo y que generalmente quedan fuera de todos los sistemas.
(Aplausos)
Por eso, como socialistas nos sentimos orgullosos de haber promovido una indicación en el sentido de que no solo los hijos de los profesores y los hijos de los asistentes de la educación puedan estudiar en el mismo establecimiento donde ellos desempeñan sus labores, sino también los hijos de las manipuladoras de alimentos. Una vez aprobado el proyecto, esas trabajadoras podrán educar a sus hijos en el mismo colegio donde trabajan para alimentar a decenas de niños.
No cabe duda de que la eliminación del lucro será un elemento de gran trascendencia para mejorar la calidad de la educación. De hecho, en el proyecto queda establecido con claridad para qué y cómo se deben gastar los recursos destinados a educación, por ejemplo, para la entrega de una remuneración adecuada para los sostenedores y para el personal docente y los asistentes de la educación, para gastos operativos en los establecimientos educacionales, para la adquisición de servicios, materiales e insumos, para la inversión en activos no financieros, para la mantención y reparación de todo lo relacionado con la operatividad del sistema, para el pago de hipotecas y para gastos del proyecto educativo.
Por lo tanto, el objetivo de la iniciativa, como lo he dicho en forma reiterada, es que cada peso se invierta y se destine al ámbito de la educación. Una indicación que presentamos en tal sentido causó gran resquemor en algunos, en circunstancias de que no tiene nada de negativa, puesto que señala que si un sostenedor desvía recursos, deberá ser multado, por el consecuente daño que con ello puede generar al proyecto educativo. Sin embargo, si el sostenedor no devuelve los recursos -posibilidad que se contempla en la indicación-, podrá ser objeto de una pena privativa de libertad. En todo caso, quiero reiterar que el sostenedor podrá ser objeto de esa pena contemplada en nuestro ordenamiento jurídico solo en caso de que se niegue a devolver los recursos malversados.
Tal como señalé, algunos han planteado que esa indicación es un escándalo, puesto que establece que los sostenedores que incurran en ese tipo de conductas pueden llegar a la cárcel. Sin embargo, los buenos sostenedores, aquellos que utilizan los recursos de manera correcta, no tienen nada que temer.
Por último, hago un llamado a la responsabilidad de la Oposición, puesto que muchos diputados de ese sector han dicho de todo fuera de esta Sala respecto del proyecto en discusión, con el propósito de atemorizar a la población. Los mismos que hoy están inmersos en un escándalo público y político por el caso Penta han señalado que queremos destruir el sistema educativo chileno. ¡Qué situación más lejana a la realidad! Nuestro objetivo es construir un Chile más igualitario, en el que el hijo de un obrero, de un campesino y de una asesora del hogar también pueda llegar a ser un profesional. Eso es lo que queremos, y por eso vamos a luchar.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast .
El señor KAST (don Felipe).-
Señor Presidente, además de saludar al ministro de Educación, quiero decir, con tristeza, que hemos perdido una tremenda oportunidad de construir una reforma educacional de acuerdo con la visión y el sueño compartido por todos los chilenos, cual es alcanzar una educación más justa, que permita reducir la brecha de oportunidades existente entre aquellos que tienen el dinero para pagar un colegio particular para educar a sus hijos y los que dependen de la subvención del Estado para hacerlo.
Entre los objetivos del proyecto en discusión, los dos primeros señalan que se pretende lograr mayor inclusión y mayor calidad educacional; pero, por desgracia, ninguno de ellos se podrá cumplir, razón por la que esperamos que el Senado haga la pega, dado que la Cámara no la hizo. En todo caso, la razón por la que no se logrará mayor inclusión se debe a que lo que hará esta reforma, por desgracia, será aumentar los colegios particulares pagados. Eso significa que la clase media, que hoy puede acceder a un colegio particular subvencionado, no podrá hacerlo más cuando ese colegio cambie y deje de recibir la subvención del Estado.
Por otro lado, tampoco se logrará que la educación mejore su calidad, porque, paradójicamente, como algunos lo han dicho en forma pública, muchos de los colegios que entregan mayor calidad procederán a cerrar sus puertas.
Por desgracia, el proceso ha sido completamente improvisado. Llevamos aproximadamente ocho meses de discusión y todavía no se cuenta con un estudio que señale cuál será el impacto en materia de inclusión, de reducción de la segregación, objetivos que han sido la gran bandera de lucha. ¿Cómo se puede decir a todo Chile que la reforma educacional que se quiere hacer generará más inclusión, en circunstancias de que no se ha elaborado estudio alguno en tal sentido?
Asimismo, se ha planteado que este proyecto permitirá mejorar la calidad de la educación, pero tampoco se ha elaborado ningún estudio en materia de calidad que haga referencia a lo que pasa en las aulas ni respecto de la situación de los profesores. Sabemos que más adelante tendremos que discutir una iniciativa que apunta en esa dirección, pero hasta el momento no se ha dicho palabra alguna al respecto.
Desgraciadamente, el proyecto en debate es un traje a la medida de algunos grupos de presión, pero durante su tramitación los apoderados no han sido escuchados, los que, debido a su desesperación, han debido salir a la calle para pedir ser escuchados, situación que nunca había ocurrido.
(Aplausos en las tribunas)
Por primera vez han salido a la calle cien mil apoderados a lo largo de Chile para pedir una sola cosa: no ser discriminados. No se ha escuchado a la gente ni a los apoderados, pero, obviamente, sí se ha escuchado al Partido Comunista y a la Confech, a todos los dirigentes y militantes de partidos políticos que en esta materia han actuado sobre la base de una agenda.
Por lo tanto, señor Presidente, por su intermedio solicito al ministro de Educación que transparentemos la situación, puesto que si bien es legítimo que el Gobierno quiera hacer favores políticos, en este caso se han postergado las urgencias sociales, las que nada tienen que ver con destinar los recursos de la reforma tributaria para el establecimiento de la gratuidad en la educación universitaria de los más ricos, sino que estas dicen relación con la necesidad de nivelar hacia arriba.
Este proyecto tuvo una serie de improvisaciones. La primera y más grave es que en su primera versión se proponía obligar a 500.000 estudiantes a educarse con menos recursos, con lo cual se nivelaba hacia abajo de manera brutal. Esos estudiantes se veían enfrentados a la paradoja de tener una reforma tributaria que recaudaría tres puntos del PIB, mientras sus familias se verían enfrentadas a tener que educar a sus hijos con menos recursos. Afortunadamente, esa disposición se modificó.
El otro gran detalle era escuchar a la OCDE e invertir 3.500 millones de dólares para reducir la brecha entre ese tipo de familias y aquellas que disponen de los recursos necesarios para enviar a sus hijos a un colegio particular pagado, lo que, al final, no se llevó a cabo. De hecho, en la última sesión de la Comisión de Hacienda el ministro nos confesó que para la educación escolar se agregaban recursos frescos por 700 millones de dólares, monto que no equivale siquiera al 10 por ciento de los recursos adicionales que recaudará la reforma tributaria en su conjunto.
Por lo tanto, debemos ser un poco más humildes como clase política cuando se señala que la reforma educacional logrará mayor inclusión y calidad, a fin de no jugar con las expectativas de los chilenos. Lo que hay que decir, con todas sus letras, es que lo único que logrará esta reforma es dar en el gusto ideológico a un grupo de la población, lo cual, desgraciadamente, significará el cierre de muchos colegios.
Transcurridos alrededor de ocho meses desde el inicio de la discusión de la reforma todavía no conocemos cuál es la arquitectura completa ni sabemos cuántos recursos se destinarán para los profesores y para las universidades, de manera que estamos legislando a ciegas.
Como Oposición, siempre tuvimos una actitud propositiva para con el Ministerio de Educación, a cuyos representantes les planteamos la necesidad de suscribir un acuerdo transversal, pero con dos condiciones. Les señalamos que apoyaríamos la reforma si se inyectaban los 3.500 millones de dólares solicitados por la OCDE para alcanzar el estándar medio de ese organismo en materia de inversión por alumno en educación escolar, y si no se discriminaba en forma negativa a los colegios particulares subvencionados. Desgraciadamente, no se cumplió con ninguno de esos requerimientos.
Hago presente esa situación porque todos los recursos adicionales generados para la subvención de la clase media serán destinados exclusivamente a colegios sin copago, en circunstancias de que uno de los aspectos positivos que esperábamos de este proyecto era que todas las familias de clase media que envían a estudiar a sus hijos a un colegio con copago verían disminuir el monto de lo que se les cobra. Lamentablemente, eso no ocurrirá, porque esta reforma viene con una letra chica muy importante, a través de la cual se establece el impedimento de ocupar la subvención.
Entonces, no se entiende que ante una oportunidad tan importante para avanzar en materia de educación, para lo cual hay una reforma tributaria recién aprobada, al final se proponga una reforma mediocre en materia educacional, porque no se logra avanzar en el ámbito de la inclusión, lo que puede generar el aumento de los colegios particulares pagados. Tampoco se logra avanzar en calidad, lo que puede significar el cierre de muchos colegios de calidad. Incluso, se arriesga la posibilidad que se abran colegios de calidad en comunas que no cuentan con establecimiento alguno con esas características. Entonces, uno se pregunta por qué tanta obsesión con la utilización de eslóganes, por qué no se aplica un poquito más de rigurosidad y se considera la evidencia, y por qué no llevan a cabo reformas basadas en estudios empíricos.
Nuestro país siempre tuvo la tradición de elaborar reformas bien pensadas, sobre la base de estudios serios. Hoy, en cambio, se nos presenta una reforma basada completamente en eslóganes. Entonces, ¿por qué no se quiso hacer lo que todos sabíamos que se debía hacer?
¿Por qué no se niveló hacia arriba, a partir de donde se genera la desigualdad en nuestro país? De hecho, está completamente documentado que la desigualdad estructural en Chile se genera antes de los diez años de vida; pero lo que estamos diciendo a todos los chilenos desde esta Cámara es que, en realidad, vamos a dedicar menos del 20 por ciento de los recursos de la reforma tributaria a un elemento que era central.
Probablemente, hoy vamos a tener la paradoja de lograr la gratuidad en la educación universitaria antes que en la educación escolar. ¿Quién explica eso? Desgraciadamente, vemos a muchos dirigentes que, se supone, representan a los escolares, defendiendo las consignas de los estudiantes universitarios que piden gratuidad en la educación superior antes de que se termine con el copago.
Digamos las cosas con todas sus letras: aquí no se termina con el copago. En la comisión, el ministro nos explicó que, en realidad, el término del copago dependía de los próximos gobiernos y que si crecía la subvención general básica en 5 por ciento, se podía demorar hasta treinta años.
Entonces, paremos de vender humo, paremos de decirles a los chilenos que vamos a lograr cosas que no son ciertas, porque aquí no se termina con el copago y se discrimina a las familias cuyos hijos están en colegios particulares subvencionados.
En relación con nuestras indicaciones, colegas del oficialismo han dicho que algunos no quieren cambiar nada. Queremos que cambien muchas cosas. Teníamos la esperanza de que lo hiciera esta reforma, pero, desgraciadamente, no lo hace.
Como muestra, voy a señalar algunas indicaciones que presentamos.
Si es cierto que el lucro empeora la calidad, como se han esmerado en decir, a pesar de que no hay ningún estudio que lo demuestre, ¿acaso no bastaría con decir que se van a cerrar todos los colegios de mala calidad? Presentamos una indicación para que colegios que tienen buena calidad, clasificados por la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, no sean obligados a cerrar, y sus sostenedores no sean tratados como delincuentes que pueden terminar en la cárcel. Se dijo que no.
Planteamos otra indicación para abrir nuevos colegios en las comunas en que haya mala calidad de la educación. Es decir, que en aquellos territorios donde miles de estudiantes dependen de la calidad disponible, puedan abrirse nuevos colegios. Se les cerró la puerta en la cara a todos esos estudiantes.
Planteamos que se permitieran los arriendos, incluso bajo la fórmula regulada por el Gobierno, entre partes relacionadas. Sabemos que las partes relacionadas son un elemento importante dentro del mundo subvencionado. Tampoco se permitió. Estoy seguro de que el Senado lo va a arreglar y que, una vez más, la Cámara de Diputados va a quedar completamente desacreditada después de lo que, imagino, va a ocurrir en el Senado, para evitar un Transantiago en la educación, que después tendremos que arreglar con una “ley del mono” en un año más.
(Aplausos)
Planteamos otra indicación que era aún más interesante: permitir que la subvención se pueda ocupar en colegios particulares pagados. De esa manera, la familia que lo quiera podr��a postular con esa subvención a un colegio de esa naturaleza. ¿Acaso no queremos más integración? También se nos dijo que no.
Planteamos que se permita la selección por mérito en colegios deportivos, en colegios artísticos y en colegios como el Instituto Nacional. Desgraciadamente, eso quedó a medio camino y no pasó absolutamente nada. Hoy va a estar prohibido, y los colegios artísticos o deportivos que quieran seleccionar a los mejores, no podrán hacerlo.
También planteamos que no exista discriminación, que es uno de los elementos centrales.
¿Quién se explica que, tras ser tomadas en consideración las mismas características de vulnerabilidad, el estudiante que va un colegio particular subvencionado con copago hoy reciba menos recursos? ¿Quién se explica que una familia que manda a su hijo a un colegio con copago se vea impedida de recibir la subvención de clase media?
(Manifestaciones en las tribunas)
Para algunos esto es un juego, pero desgraciadamente no lo es. Aquí están en juego las oportunidades de miles de familias chilenas. Por lo mismo, estoy seguro de que este error de diseño también se va a corregir en el Senado.
Entonces, la pregunta -también se la hizo Mario Waissbluth al ministro cuando nos visitó en la comisiones la siguiente: ¿Por qué no se partió al revés? ¿Por qué no se partió mejorando la calidad de la educación pública? Debieron haber partido por preguntarse por qué un millón de estudiantes han tenido que arrancar de la educación pública. ¿O acaso la decisión de esos padres fue tomada simplemente por el nombre en inglés del colegio al que se fueron sus hijos? Creo que esa es una falta de respeto hacia los apoderados de Chile. Los apoderados necesitan ser tratados con respeto. Discriminarlos negativamente con recursos públicos que les pertenecen es completamente inconstitucional.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Señor diputado, su tiempo ha terminado.
El señor KAST (don Felipe).-
Señor Presidente, tengo hasta quince minutos. Ocuparé tiempo de la bancada.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero preguntar al ministro -espero que en algún minuto se manifieste sobre esta materia- por qué se discrimina. En verdad, el proyecto de ley no termina con el copago. Desgraciadamente, termina con la selección por mérito y no con la selección arbitraria. Cuando se lo pregunté en su minuto, me confidenció que no terminará con la discriminación arbitraria, porque no se incluye el sistema al interior de los colegios. Entonces, ¿por qué no reconocerles a los chilenos que este proyecto no va a lograr lo que les hemos prometido, sino que, simplemente, logrará hacerle un check a un programa del Gobierno?
Como Cámara de Diputados tenemos la obligación de hacer una buena política. Esta se hace con estudios y con buenos diseños. No se hace con eslóganes, sino garantizando la no discriminación y la libertad de enseñanza; no se hace poniendo en riesgo, simplemente para quedar bien con algún grupo de presión, a miles de apoderados que se sienten completamente abandonados.
Espero que la Cámara de Diputados rechace este proyecto y que podamos tener un diálogo sincero, porque todos queremos una educación de calidad para nuestros niños.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Ruego a las personas que se encuentran en las tribunas no manifestarse y respetar las intervenciones de los señores diputados.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada señora Cristina Girardi .
La señora GIRARDI (doña Cristina).-
Señor Presidente, creo que una reforma educacional en cualquier país genera discusión; pero es importante mirar ciertos aspectos a la hora de discutirla. Uno de ellos es preguntarse qué pasa en los países que tienen similar ingreso per capita que Chile y mejor educación que nuestro país. ¿Qué los hace diferentes? No es la cantidad de recursos, sino su sistema educativo. Claramente, los países que tienen mejores resultados a nivel mundial tienen un sistema educativo público, gratuito, sin selección, sin copago y sin lucro. Esas son sus características. Si realmente queremos tener una buena educación para nuestros niños, es importante pensar qué han hecho esos países para lograrla. Insisto, no solo es un problema de recursos; también tiene que ver con el modelo educativo que se construye.
Si pregunto a cualquiera en esta Sala si está de acuerdo con la política del apartheid que se practicó en Sudáfrica, con que separara a los niños blancos de los niños negros para ir al colegio, para transportarse en una micro, para ser atendidos en un consultorio, probablemente todos me van a decir que no, que es horroroso y que cómo se pudo separar a los niños blancos de los negros. Pues bien, en nuestro actual sistema educativo separamos a los niños: estudian los ricos con los ricos, los pobres con los pobres y los de clase media con los de clase media. Es lo que ha hecho el sistema en nuestro país.
Todos dicen que para tener un buen sistema educacional debemos mezclarnos; para tener una buena sociedad, debemos mezclarnos; para poder aprender a convivir, debemos mezclarnos. Eso es lo que pretende hacer este proyecto cuando dispone terminar con la selección.
Si pregunto en esta Sala si alguien está de acuerdo con el nazismo, todos me van a decir que están en desacuerdo. El nazismo plantea algo clarito: hay seres inferiores y seres superiores. Cuando en un colegio decido seleccionar a un niño, estoy diciendo: “este es mejor y aquel es peor”, “este es superior y aquel es inferior”, “este me sirve y aquel no me sirve”.
En este hemiciclo se ha dicho que es importante que las familias puedan elegir los colegios donde quieren que vayan sus hijos. Pero ello implica una contrapartida: que los colegios no elijan al niño o a la familia. Para que una familia de verdad pueda elegir, tiene que darse la posibilidad de que el colegio no la elija.
Hemos dicho que el sistema educacional actual se basa en la teoría de Darwin, cuyo principio fundamental es la sobrevivencia del más apto. Pues bien, en realidad el sistema creado en Chile es neodarwinista, ya que solo los más aptos y los mejores pueden estudiar; solo los elegidos tienen derecho a la educación. Eso hemos creado en nuestro país: un sistema neodarwinista de educación, donde sobrevive el que tiene más derechos, el más apto y con mayores posibilidades. Por el contrario, el niño que tiene problemas, ¡fuera! El niño que tiene dificultades, ¡fuera! Eso hemos creado en nuestro país.
Me da una tristeza enorme la encuesta Casen de 2011, que señala que 307.000 niños, entre seis y diecinueve años de edad, no asisten a la escuela o no han concluido la escolaridad obligatoria, debido, según los estudios, a que no los aceptan, a que han sido expulsados o a que les han cancelado la matrícula.
Un buen sistema educacional no es el que se hace cargo de los mejores, sino aquel capaz de hacerse cargo de todos los niños: de los que tienen problemas y de los que tienen mejores condiciones, pues todos deben tener iguales posibilidades de desarrollarse, ya que les asiste el mismo derecho a educarse.
Nosotros presentamos una indicación -ojalá se mantenga en el Senado- para que se establezca que ningún colegio aplique test de selección a los niños en educación básica, sean particulares pagados, particulares subvencionados o municipales, por cuanto todo niño tiene derecho a educarse.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos, el diputado señor Joaquín Godoy .
El señor GODOY.-
Señor Presidente, desde el primer minuto, Amplitud estuvo abierta al diálogo respecto de este proyecto, porque entendimos que era la gran oportunidad para cambiar un sistema que profundiza la segregación, que puede ser regulado para evitar los abusos y al cual se le pueden inyectar mayores recursos para aumentar la libertad de elección de los padres y apoderados.
Con este ánimo, entregamos una propuesta al ministro de Educación en el sentido de que se impida la selección, bajo ninguna condición, hasta el sexto año básico -ni siquiera con el argumento de que en virtud de la libertad de enseñanza se podría seleccionar al niño, conforme al proyecto educativo del colegio-, pero que se permita que cualquier sostenedor, después del sexto año básico, aspire a tener una institución educacional de excelencia o especializada en el área deportiva o artística. Es decir, le propusimos al ministro que sí podía haber selección con posterioridad al sexto año básico. No se trata de una selección desde la cuna, sino conforme a los méritos del alumno. En definitiva, no habría razones arbitrarias.
En segundo lugar, compartimos el hecho de que el Estado cubra el copago, por cuanto, desde nuestro punto de vista, ello generará una oportunidad enorme a las familias de escasos recursos y a las de clase media, pues aquellas que no pueden elegir y tienen una gama pequeña de instituciones para optar, podrán tener un gran abanico de establecimientos educacionales y mayor libertad para elegir, con lo cual ganarán la familia y sus niños.
Finalmente, en cuanto al lucro, entendemos que se han producido abusos y que debe ser regulado. Al respecto, Amplitud plantea que a aquellos sostenedores que han hecho bien su trabajo y que han entregado educación de calidad a los alumnos de su establecimiento no se les exija reinvertir el ciento por ciento de los recursos, sino que puedan retirar parte de ellos, y que, por el contrario, a aquellos que hagan mal su trabajo se les obligue a reinvertirlos en su totalidad.
Creemos que de esta forma se eliminarán los abusos. Nuestra idea es lograr calidad para todos los estudiantes.
Sin embargo, lo que uno conversa con el ministro en privado difiere de lo que se hace de manera pública. De esa reunión, privada, salimos muy contentos, pues creímos que podríamos acercar posiciones; pero lamentablemente ganó gente como Fidel Espinoza , que es extremista en estas cuestiones. Como resultado, la situación se polarizó: en lugar de tener una discusión sana, que nos llevara a buenos acuerdos, terminamos en los extremos, en una propuesta cargada de ideología.
Quiero contar una anécdota a propósito de una pregunta del diputado Pedro Browne a Mario Waissbluth , en una reunión que sostuvimos en la sede de Amplitud, a fin de que nos diera a conocer su posición. Luego de entender que una de las razones por las cuales algunas instituciones supuestamente tienen mejores resultados académicos es que “descreman”, es decir, eligen y seleccionan a los mejores alumnos, el diputado Pedro Browne preguntó al señor Waissbluth lo siguiente: si no hay copago ni selección, pero la institución entrega buena educación, ¿por qué su sostenedor no puede lucrar? ¿Por qué no podría lucrar si está cumpliendo con lo que queremos, esto es, que los niños tengan una buena educación y que no se les seleccione?
Entonces, nos dimos cuenta de que lo que hay detrás de esto es, simplemente -es lo más lamentable-, una ideologización del debate, que lo transforma en una cuestión inerte y estéril.
Preferimos eso en lugar de haber concordado en dejar fuera a las instituciones que hacen mal su trabajo o en dejar fuera a los “gallos” que se llevan la plata para la casa en lugar de entregar una buena educación a los niños. Escuché a la diputada Yasna Provoste decir: “¡Es que esta gente lo único que quiere es hacer un gran negocio!”.
Pues bien, nosotros hicimos el peor negocio del mundo: limitamos a nuestros niños a tener una educación de muy mala calidad. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque los niños no podrán elegir, y será el Estado, que es el peor educador, el que los eduque.
He dicho.
-Aplausos.
El señor GONZÁLEZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señorita Camila Vallejo .
La señorita VALLEJO (doña Camila) .-
Señor Presidente, durante estos seis meses de discusión, escuchamos largamente a muchos actores relacionados con la educación. No solo estuvimos en nuestros distritos para escuchar a los padres y apoderados, a los jóvenes y a los ciudadanos en general; también en la comisión escuchamos y debatimos, latamente y en profundidad, el tema de la educación con nuestros invitados.
Lamento que algunos diputados digan que no hemos escuchado ni dialogado lo suficiente. Creo que es una gran falta a la verdad.
Pero más allá de haber desarrollado un profundo debate sobre la materia -algunos se han expresado con más fundamentos que otros-, quiero resaltar el objetivo que persigue el proyecto y lo importante que es ir tras de él: concebir la educación como un derecho social, principio profundamente relevante y conocido, pero que para algunos, al parecer, es un cliché o un eslogan.
Concebir la educación como un derecho social consiste en garantizar a cada niño, a cada niña y a cada joven de nuestro país, independientemente de su origen social, racial o de su lugar de nacimiento o de procedencia, el acceso y permanencia, sin discriminación, en un sistema educacional que respete su dignidad humana y promueva su sentido de pertenencia a la sociedad.
Ahora bien, por muy obvia que parezca esta definición, el debate democrático ha sido bastante manipulado a través de encuestas tendenciosas y de medios de comunicación funcionales a los intereses mercantiles, que priman en nuestro sistema educacional y que han servido, por cierto, para confundir al pueblo y generar incertidumbre no solo en muchos sostenedores, sino también entre padres y apoderados.
Pero la controversia política es simple: o entendemos la educación como un derecho socialmente garantizado o la seguimos comprendiendo como una mercancía.
Por cierto, sabemos que la tarea es compleja porque está fuera del sentido común individualista y clientelista que prima en nuestra sociedad, según el cual los derechos se compran; es decir, mientras más plata ponga yo en comparación con el otro, mejor calidad tendrá la educación para mí. Es una hegemonía neoliberal que, por supuesto, la Derecha defiende en materia cultural, lo cual promueve una visión segregacionista en nuestro sistema educacional.
¿Qué significa que la educación pase a ser un derecho y deje de ser tratada como una mercancía? En términos simples y concretos, significa que los proveedores del servicio educacional deberán relacionarse con ciudadanos y no con clientes. También significa que los sostenedores deberán orientar su acción y sus objetivos exclusivamente a educar. En consecuencia, no podrán poner su interés particular de obtener ganancias por sobre la justa retribución por el trabajo educativo entregado; cuando el objetivo es el lucro, los sostenedores buscan aumentar el margen de utilidad que genera la actividad, es decir, disminuir costos para aumentar sus ganancias. Por cierto, ello perjudica el proceso educativo.
La afirmación anterior me obliga a preguntar lo siguiente: ¿Qué fines se oponen, entonces, al interés público de educar? La respuesta es, precisamente, lo que este proyecto de ley busca eliminar: el lucro de los proveedores del servicio educacional, la discriminación de los alumnos y de las alumnas y el copago de las familias.
Bien sabemos que la educación no es solo contenido; la educación entendida como un derecho está llamada a cumplir una importante función respecto de la equidad, la cohesión y la diversidad social. En efecto, tal como lo plantea la Unesco -en la comisión también tuvimos oportunidad de escuchar a sus representantes-, son los estados los llamados no solo a asegurar a todos los ciudadanos una educación de calidad, sino a fomentar la integración de estudiantes provenientes de distintos contextos socioculturales, pues constituye una herramienta para el desarrollo humano de los países y el fundamento para la construcción de una sociedad justa y democrática. La calidad no está disociada de la equidad ni de la inclusión. La herramienta movilizadora fundamental es la educación a través de la inclusión y la equidad social.
En este sentido, la lógica de mercado es un despropósito, toda vez que sus incentivos inherentes llevan a los sostenedores a seleccionar, a segregar, a excluir a las niñas y a los niños que perjudiquen el desempeño competitivo del colegio, porque la dinámica del mercado conduce a la identificación de ciertos nichos que los lleva a desarrollar la actividad económica de manera más eficiente o rentable, lo que económicamente se denomina segmentación de la demanda. Esto lo saben todos los conocedores de la forma en que funciona el mercado, que opera de la misma forma en el sistema educacional.
En estricto rigor, es incomprensible sostener que no es un problema público que nuestro sistema provea educación de buena calidad para los ricos y de mala calidad para los pobres. Pero esto no es solo injustificable, sino altamente dañino para la sociedad, pues profundiza la desconfianza entre las distintas clases sociales. Es como dice la canción que todos conocemos, “El baile de los que sobran”: “A otros enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación”.
Al respecto, para no terminar con la selección, la Derecha se ha escudado en la libertad de los sostenedores para desarrollar un proyecto educativo particular, pero jamás se ha referido al motivo por el cual debemos permitir que el Estado de Chile no se ocupe de la segregación escolar, a pesar de ser uno de los países más desiguales del mundo. Es más, con el pretexto de defender los proyectos educativos, justifica la discriminación por pensamiento o condición de género. Es lo que argumentaron los parlamentarios de Derecha en la comisión, lo que vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y jóvenes. ¿Cómo es posible que por proteger un proyecto educativo justifiquemos la discriminación por pensar distinto o por ser homosexual?
(Aplausos en las tribunas)
Me pregunto, ¿dónde está la libertad de elección que ellos dicen defender? ¿En la libertad de los padres para elegir? No; la que ha existido ha sido más bien la libertad para discriminar y emprender negocios, a costa de la educación de nuestros niños y niñas. Esa es la libertad que han defendido sistemáticamente los parlamentarios de Oposición.
(Aplausos en las tribunas)
Respecto de las fuertes críticas que han formulado al término del copago, ellas apuntan al supuesto severo costo de la libertad de los padres para aportar a la educación de sus hijos.
Asimismo, sostuvieron que se trata de una tendencia estatizadora o totalitaria, que excluiría la posibilidad de proyectos educativos diversos entre los cuales sea posible elegir. Sin embargo, lo que nunca dijeron es que el problema social que genera el cobro, es decir, la exigencia a las familias de pagar para que sus hijos puedan estudiar en determinado colegio, priva, selecciona y discrimina a aquellos que tienen menos recursos, a las familias que apenas sobreviven con sus bajos ingresos, que es la realidad de la mayoría de los padres de nuestro país. Es necesario decir que el copago privilegia a quienes tienen más recursos; por eso la Derecha quiere mantenerlo. No es posible afirmar que este sistema garantiza la libertad de elección, cuando hay padres que pueden tener a sus hijos en determinado colegio solo porque pueden pagar diez, veinte, treinta, y así sucesivamente. Este sistema segrega; no permite la libertad de elección. Con esto queremos terminar.
Además, existe abundante evidencia empírica que confirma los efectos segregadores del copago. Ya lo dijimos cuando nos referimos a la capacidad de pago por establecimiento. En las comunas en las cuales el copago es mayor, los establecimientos son más segregados. Evidentemente, el término del financiamiento compartido no solucionará el problema de la desigualdad, pero sí propiciará igualdad de oportunidades para la mayoría de nuestros niños en el acceso a la educación. Tampoco disminuirá los recursos que la sociedad chilena destina a la educación; por el contrario, el proyecto nivela hacia arriba. La Derecha ha dicho que nivela hacia abajo e imposibilita que los estudiantes tengan más recursos; pero no es así porque por cada copago alto que sea reemplazado, todos los niños recibirán el mismo copago. Es decir, cuando se reemplacen, por ejemplo, 85.000 pesos de copago, todos los niños que están en el sistema que es beneficiado con recursos del Estado recibirán 85.000 pesos adicionales. De manera que no estamos nivelando hacia abajo, sino hacia arriba.
Respecto del lucro, cabe señalar que este se instaló de tal forma en la estructura educacional que todo el sistema está influido por él. Es decir, la lógica de la competencia, que promueve el lucro, no afecta solo a los que persiguen fines lucrativos, sino también a los que no lo hacen, porque los obliga a competir dentro de un sistema de mercado. Obviamente, esto también distorsiona el proceso educativo porque obliga, bajo la herramienta de la competencia, a operar sobre la base del estímulo de la “rankingmanía”, que se mide con pruebas estandarizadas, lo que es totalmente contrario al objetivo de lograr la calidad de la educación.
Quiero referirme a la calidad. La Derecha ha dicho que este proyecto no soluciona el problema de la calidad de la educación. Sin embargo, la OCDE, que no tiene nada de socialista ni de izquierda, ni está sobreideologizada, dice que es difícil que el lucro mejore la educación y que los mejores colegios del mundo -como lo dijo la diputada Cristina Girardison los que no persiguen fines lucrativos, no seleccionan, son gratuitos y, además, públicos. Entonces, ¿estamos hablando de calidad? Por cierto, es lo que estamos haciendo con este proyecto.
Un sistema educativo socialmente deseable debe incentivar una mayor integración que impulse, primero, un desarrollo cultural y socioeconómico superior; segundo, niveles más altos de equidad; tercero, cohesión social. Son tres pilares que no están ajenos a la calidad de la educación, sino que forman parte de ella. Un sistema inequitativo y segregador, como el modelo neoliberal impuesto en Chile, es, por definición, un ejemplo de mala calidad educativa, pues es demostrativo de diferencias inmorales.
Esto es de suma importancia porque el punto de partida para el análisis de la calidad del sistema educacional en su totalidad es, precisamente, la equidad. Para ello, no debe considerarse cada colegio en forma aislada, sino todo el sistema.
Ahora bien, ¿por qué se justifica penalizar el lucro en la educación, cuestión que ha sido bastante criticada por algunos personeros de Derecha e, incluso -hay que decirlo-, de la Nueva Mayoría? ¿Qué está haciendo el Estado con este proyecto? Está asumiendo una función educadora, pues quedará como agente financiador del 93 por ciento de la matrícula del sistema al inyectar una enorme cantidad de recursos, similar a lo que ocurre en casi todo el mundo. Con ello estamos asumiendo que existirá un gasto permanente y creciente, mediante el cual el Estado asumirá su rol bajo la forma de un derecho para todos los habitantes.
Entonces, ¿tiene sentido establecer responsabilidades en forma estricta cuando los recursos públicos sean objeto de malversación o cuando los sostenedores se apropien indebidamente de ellos? Por supuesto que sí. Es una obligación de probidad y fe pública que los recursos sean debidamente invertidos en los fines para los cuales se destinaron. Si los recursos de la SEP son para mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables, entonces deben ser destinados a ese fin y no ir a los bolsillos de los sostenedores o a los de las ATE relacionadas con los colegios.
Como dice la Derecha, ¿estamos castigando con cárcel la libertad de emprendimiento? De ninguna manera. En primer lugar, porque el derecho a la educación no puede admitir actividad empresarial financiada por el Estado. Por eso se exige que todos los establecimientos que reciban financiamiento estatal no tengan fines de lucro.
En segundo término, la actual redacción del tipo penal supone que el sostenedor declarado culpable por un tribunal de la república, que no haya restituido los dineros desviados de sus fines ni pagado la multa correspondiente, recién arriesgará una pena, que será de similar magnitud a la que arriesgan los funcionarios públicos que administran recursos públicos. Es decir, nada nuevo hay bajo el sol.
¿Vamos a llenar las páginas policiales con la educación? No. Lo único que estamos haciendo es crear una figura penal como la última razón para ser usada en el caso de que un sostenedor burle y afecte seriamente el derecho a la educación de niños y de niñas.
Este proyecto de ley constituye un avance para garantizar el derecho de las familias a elegir, a ser incluidas, a no estar obligadas a pagar por la educación de sus hijos. Además, garantiza que el Estado destine más recursos para nivelar hacia arriba a aquella mayoría que ha estado por décadas recibiendo menos educación.
Combatir las desigualdades e injusticias del sistema educacional chileno, desde esta perspectiva, es fundamental para la transformación de la realidad social. Mejorar la calidad de la educación no es un asunto puramente técnico, sino que es esencialmente político, pues combate en el mediano y largo plazo la pobreza cultural y económica del país, que es una de las mayores injusticias ante las cuales el movimiento social chileno se ha revelado en los últimos años.
Es nuestro deber como legisladores cumplir y defender el mandato soberano del pueblo.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann .
La señora HOFFMANN (doña María José).-
Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención diciendo las cosas por su nombre.
Hoy estamos frente a un proyecto de ley que tiene un objetivo político claro: cerrar colegios y terminar con la educación particular subvencionada.
En el proyecto no hay una sola coma sobre la calidad de la educación. No se busca perfeccionar nuestro sistema de provisión mixta, sino que se busca que muchos sostenedores no quieran o no puedan seguir desarrollando sus proyectos educativos, con lo que las familias pierden su derecho a elegir.
¡Con valentía y convicción defenderemos al 54 por ciento de las familias que hoy eligen libremente dónde educar a sus hijos!
Con mucha fuerza decimos: ¡Ellas no están solas! ¡La oposición social ha llegado para quedarse! Estamos con ellas y con su derecho a elegir sobre el futuro de sus hijos.
Lo que más indigna es la tozudez y el sesgo ideológico con el cual, terrible e irresponsablemente, ha actuado la Izquierda.
¿Cómo podemos explicarles a los padres que un buen colegio cierre solo para darle el gusto a algunas consignas de sectores que han hecho de la educación un campo de batalla ideológico? ¿Cómo les vamos a explicar que la Nueva Mayoría no quiso partir realizando una reforma a la educación municipal? Es ahí donde debería ponerse el foco de atención y la especial preocupación del Estado.
No quisieron corregir y dignificar la labor del profesor. Que alguien me explique cómo, cambiándole el RUT al sostenedor, seleccionando a través de una tómbola e impidiendo que los padres puedan aportar a la educación de sus hijos, se mejorará la calidad de la educación de más de 1.800.000 niños que están en la educación particular subvencionada. ¡No tienen respuesta para ello!
Además, esta reforma es de mentira, porque no termina con el copago, tampoco con el lucro y mantiene la selección de forma discrecional.
¿Cómo no va a ser relevante que una familia pueda invertir en el futuro de sus hijos en lugar de comprar un bien de consumo como un televisor plasma? ¿Cómo no va a ser escandaloso que a las familias que hagan ese aporte se les descuente hasta 40 por ciento de la subvención general?
El ministro de Educación, después de varios lapsus respecto de si se terminaba o no con el copago, nos explicó que ello podría demorar hasta treinta años. ¡Eso es una vergüenza! ¡Si fuera realmente importante, lo habrían hecho más rápido!
Si no se corrige esta situación y no se aumenta rápidamente la forma no solo de reemplazar, sino de permitir que las familias puedan aumentar su aporte, vamos a generar mucha más discriminación y segregación. Esta reforma discrimina porque permite que solo algunos niños reciban ese beneficio a través de las dos nuevas subvenciones.
La reforma educacional termina con la diversidad de los proyectos educativos. Si un sostenedor implementa en su colegio un proyecto diverso y distinto, que no esté dentro de los fines educativos, no podrá seguir con ese proyecto y será criminalizado.
Esta reforma convierte a los sostenedores en meros administradores y los obliga a emplearse con sueldo fijo.
La reforma no cumple con la promesa de calidad, pues maltrata y se ensaña con los sostenedores. Solo busca educación estatal sin diversidad y sin libertad.
Vamos a seguir saliendo a la calle para defender la libertad y la calidad de la educación.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por doce minutos, el diputado señor Alberto Robles .
El señor ROBLES.-
Señor Presidente, los seres humanos somos distintos, desde el punto de vista genético y biológico, a partir de nuestro nacimiento.
No obstante, en las sociedades hay algo que permite que las personas, hombres y mujeres, nos podamos desarrollar de acuerdo con nuestras capacidades y potencialidades, y que los estados deben ser capaces de entregar a todos por igual para que haya una verdadera igualdad de oportunidades. Eso no es otra cosa que la educación. Es un deber del Estado, cualquiera que sea, entregar a todos los ciudadanos la posibilidad de recibir una educación de calidad.
La República de Chile avanzó en ese aspecto durante el siglo pasado. En gran medida, los gobiernos del Partido Radical, que represento en esta Sala, se desarrollaron con valores como el de entregar a los hombres y mujeres de nuestro país una verdadera igualdad de oportunidades. Por eso se hicieron reformas muy importantes en Chile.
Quiero recordar que en su discurso presidencial del 21 de mayo de 1939, uno de los líderes de nuestro partido, don Pedro Aguirre Cerda , dijo: “Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud es necesario que sea gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza; única, en el sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares; obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social; laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el período formativo.”.
Hoy, estamos ante una reforma educacional imprescindible en el Chile del siglo XXI. Mario Waissbluth señala que la reforma educacional no opera como las matemáticas, en que el orden de los factores no altera el producto. En este caso no da lo mismo por dónde comenzar. Las prioridades deben ser el eje central para avanzar. En ese sentido, me parece que estas deberían centrarse en la primera infancia, pues en ella se moldea el ser humano en sus características neurobiológicas. En la primera infancia se entrega la impronta más importante que ese ser humano tendrá en el futuro. Por lo tanto, la primerísima prioridad debería ser la educación en la primera infancia.
También, una de las prioridades, por cierto, debería ser la formación de los educadores. Nuestro país tenía un extraordinario sistema de formación de profesores a través de las escuelas normales, que costó mucho desarrollar, pero que el dictador eliminó de un plumazo.
Hoy, egresan educadores de distintos niveles. Algunos, por cierto, son profesionales de calidad; pero otros no logran llegar al aula con la formación mínima para entregar la educación que requieren los niños.
Otra tarea que debe efectuarse es la desmunicipalización de la educación. Llevamos treinta años inmersos en un proyecto instaurado en la dictadura, que no ha logrado que la educación llegue a todos por igual.
Hay que avanzar en el currículo y revisarlo. Es necesario actuar en el aula para que desde allí se puedan hacer los cambios. Debemos modificar nuestra educación superior para que los futuros profesores se formen de manera amplia, libertaria y con todas las capacidades y competencias que deben recibir. Por eso estamos ante una reforma educacional que nuestra Presidenta Michelle Bachelet planteó al país durante su campaña.
Hoy estamos discutiendo el primer proyecto de dicha reforma, en virtud del cual, una vez que se convierta en ley, tendremos dos sistemas: uno estatal y uno particular privado o pagado. En el sistema estatal tendremos dos vertientes: un sistema estatal público, administrado por el sector público, y un sistema estatal privado. Este último será estatal porque todos los recursos los dispondrá el Estado a través de los impuestos generales. Es decir, el Estado pagará esta educación privada.
Ahora bien, durante la discusión avanzamos en orden a que esa nueva forma de educación “estatal privada” sea gratuita. Para ello, se establece una fórmula que consiste en eliminar el copago -algo que hicimos en los gobiernos de la Concertación- y en establecer que los recursos del Estado irán a esos colegios en la medida en que sean gratuitos. Hacia allá se encamina el proyecto, por la vía de eliminar el copago.
La segunda medida que propone el proyecto es entregar acceso universal a la educación. Es decir, cualquier niño que quiera ir a los colegios del sistema “estatal privado”, podrá hacerlo en la medida en que postule. En efecto, el proyecto elimina la selección y apunta a disminuir las barreras de entrada que tenían los colegios de ese tipo, que seleccionaban con pruebas de ingreso o con exigencias a los apoderados.
El proyecto también avanza hacia el sistema estatal privado por la vía de establecer la eliminación del lucro. Para ello obliga a las sociedades, fundaciones y corporaciones que quieran dar educación estatal a que esta sea sin fines de lucro.
Estos tres elementos -gratuidad, acceso universal y eliminación del lucro- generan este pilar “estatal privado”.
Se decía del proyecto que elimina la libertad de las personas para poder elegir el establecimiento al que irán sus hijos. Eso no es así. Es más, debo decir que el Estado de Chile, a través de esta futura ley, establecerá una concepción que, en mi modesto modo de entender, es un poco errónea, ya que autoriza a cada sostenedor privado a que desarrolle, de acuerdo con su filosofía, su doctrina o su ética, el proyecto educativo que estime pertinente. Por lo tanto, tendremos una cantidad importante de proyectos educativos definidos por los sostenedores, es decir, proyectos educativos de iglesias, laicos o que impartirán la formación que el sostenedor disponga, a los cuales las personas podrán adscribir voluntariamente. En este aspecto estoy en desacuerdo, porque me parece que el Estado debe ser capaz de establecer un mínimo de requerimientos para que toda la educación estatal permita concretar, a lo menos, lo que señaló Pedro Aguirre Cerda : “... que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares.”.
Con esta iniciativa avanzamos hacia un sistema distinto. Por eso, en la Comisión de Educación hice presente algunas propuestas que escuché de algunos actores que concurrieron a esa instancia. Por ejemplo, se propuso que la selección se hiciera en forma absolutamente ciega, a través del Estado -de las secretarías regionales ministeriales de Educación-, de tal forma que el niño que quiera ir a un colegio particular subvencionado no tenga ningún tipo de reparos desde el colegio. La idea es que no exista la posibilidad de que el proceso de selección se haga en el colegio.
Se avanzó en ello. Sin embargo, según la iniciativa, parte de la selección se seguirá haciendo de acuerdo con el colegio. Ello, sin perjuicio de que se establecen algunas normas que disponen que si el colegio continúa seleccionando, se le quitará la posibilidad de que pueda hacerlo en su propia institución.
Me gusta más el sistema que planteó uno de los invitados a la Comisión de Educación. Para ello, se refirió a la selección universitaria, en la cual el sistema es cerrado, es decir, el alumno postula a la universidad que elige, y es el sistema el que determina si, con el puntaje que obtuvo, quedó o no seleccionado en esa universidad. En el caso de los establecimientos educacionales que nos ocupan, como no se establecen puntajes de selección, son las otras consideraciones de la iniciativa las que deberían entregar esa opción. De lo contrario, debería ser el sistema estatal el que determine, de manera ciega, dónde quedará estudiando el alumno.
Finalmente, dado que el sistema será estatal privado, se debería tratar de que siempre fuese absolutamente sin lucro, sin ninguna ventana para el lucro. Hemos visto que hay universidades que son instituciones sin fines de lucro, pero que lucran, pues venden sus activos, que finalmente son sus alumnos. De hecho, venden la matrícula completa, porque con eso lucra el sostenedor. También lucran a través de empresas inmobiliarias. Por eso, yo entendía que no era bueno que se arrendaran los establecimientos educacionales. Me parecía mejor lo que planteó el proyecto en su texto original, en el sentido de que los sostenedores fuesen dueños de su infraestructura.
Estamos avanzando en un camino que espero que no tenga vuelta. Ojalá que los próximos proyectos vayan en el sentido de las prioridades ya planteadas: primera infancia, formación de educadores, desmunicipalización, currículo y educación superior.
Queremos una educación pública que real y verdaderamente se fortalezca, de manera de tener en Chile un sistema que permita hacer realidad y carne la propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet : una educación más inclusiva, de calidad y que tenga por objeto que todos nuestros niños y niñas puedan desplegar sus potencialidades al máximo y ser igualmente capaces para lograr su desarrollo y felicidad en nuestro país.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda .
El señor OJEDA .-
Señor Presidente, una de las acciones que más prestigian a la política es el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Durante su campaña, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que antes de los primeros cien días de su gobierno enviaría al Congreso Nacional los primeros proyectos de ley que darían inicio al proceso de reforma educacional, que asegurara a todos los niños y jóvenes de Chile una educación gratuita y de calidad.
Hoy asistimos a esta Sala para aprobar el proyecto de inclusión, que termina con el lucro con fondos públicos, con la discriminación de la selección y con el copago. Por ello nos es muy grato intervenir para apoyar el proyecto, que, cuando se convierta en ley, dará a nuestros niños y jóvenes la posibilidad de participar en un sistema educativo que los acoja de manera inclusiva y sin ningún tipo de discriminación.
Durante mucho tiempo el sistema escolar chileno ha sido una fuente de segregación, pues ha replicado, de generación en generación, inaceptables condiciones de desigualdad, que han trazado el destino de cada uno de los estudiantes, dependiendo de la capacidad económica de las familias en que nacieron.
Cambiar aquello está en la base de la construcción de una sociedad auténticamente democrática. En efecto, demuestra la vocación democrática de nuestras autoridades el hecho de que hayan desarrollado diálogos ciudadanos en todo el país -más de treinta en la Región de Los Lagos- en los que no solo fue acogida la información, sino también la opinión de las comunidades, de manera de construir, entre todos, la educación y la sociedad en que queremos vivir. Lo propio hizo esta Corporación, al haber escuchado en la Comisión de Educación a más de 55 personas e instituciones respecto del tema.
Tenemos la esperanza de que al término de la tramitación de los proyectos de ley que componen la reforma les podremos decir a los niños y a sus familias que en Chile nunca más se aceptará la discriminación, que la educación será de calidad para todos, independiente de su condición económica; que los padres podrán elegir el colegio para sus hijos, y no al revés; que se habrá mejorado la condición de nuestros docentes y asistentes de la educación, y que la familia participará en los consejos escolares activos.
Señor Presidente, permítame una reflexión respecto de la calidad, tema tan enarbolado por la Oposición conservadora. En la década del 40 del siglo pasado, en Estados Unidos de América, los conservadores decían que no importaba que hubiera escuelas para blancos y escuelas para negros, separadas; lo que importaba era que en unas y otras se diera educación de calidad. Es decir, bien segregados, pero con una educación de calidad.
Todos sabemos que así no se construye ni una buena educación ni una sólida democracia. Nada de ello es verdaderamente importante para los conservadores de ayer y de hoy, aquí o allá.
Nosotros entendemos que la inclusión, obligación ineludible del proceso educativo, permite a los menores y jóvenes del país prefigurar el Chile en que quieren vivir, que para todos será el de una democracia que tiene como base la integración de todos.
Esto es, en verdad, lo que nos separa de nuestros adversarios, pues para nosotros educación inclusiva y democracia son elementos inseparables.
Por todo esto, hemos seguido con atención el trámite legislativo de los proyectos y los diálogos ciudadanos. Respaldamos la reforma, porque queremos que todos los niños sepan que su país los acoge sin discriminación, ya que sabemos que el futuro de la nación depende de la educación de todos ellos.
Apoyaremos el proyecto y todas las indicaciones del Ejecutivo y de la Nueva Mayoría, tanto las referidas a establecer que las agencias de asistencia técnica sean sin fines de lucro, como, también, las que establecen sanciones penales para aquellos que destinen a otros fines los fondos para la educación.
Aquí estamos para cumplir el mandato que la ciudadanía nos entregó. Fuimos elegidos porque mostramos un programa que gustó a la gente. Adoptamos un compromiso y debemos cumplirlo.
En nuestros discursos durante la campaña dijimos: reforma educacional con sus tres pilares fundamentales indivisibles y como una sola bandera: gratuidad de la educación, término del copago y término de la selección. Siempre hemos hablado de las desigualdades, de las diferencias sociales, de la mala calidad de la educación y de la discriminación, aspectos que deben ser corregidos, porque hay un punto negro que lo entraba todo, como es el lucro, impropio en la educación con fondos estatales.
Señor Presidente, hubo una voz, un grito en la calle y en las aulas, que debimos escuchar. Gracias a Dios, escuchamos ese grito que pide una educación gratuita y democrática, y el término del copago y de la selección.
Por lo expuesto, anuncio que voy a aprobar este proyecto de ley.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Daniel Melo .
El señor MELO.-
Señor Presidente, en 1962 se publicó el libro La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn , físico que intentaba responder cuáles eran los factores que explicaban los cambios en una ciencia o una teoría. Kuhn constató que durante mucho tiempo se impone en una sociedad lo que denomina un “paradigma”, constituido por supuestos teóricos generales, leyes y técnicas para su aplicación, que son asumidos como universalmente válidos para una sociedad.
Sin embargo, Kuhn notó que eventualmente surgirían problemas, fenómenos que no quedarían explicados por el paradigma y se podría llegar a una crisis que se podría resolver solo desde un nuevo paradigma.
Durante más de cuarenta años nuestro sistema educativo se fundó en el paradigma de que sería el mercado, con sus supuestos, leyes y técnicas, el que podría dar respuesta a las necesidades de educación de la sociedad chilena. Estos, básicamente, consisten en un verdadero culto a la propiedad privada, la pauperización de los derechos fundamentales y su sumisión a una quimérica libertad para contratar.
El Estado queda reducido a un rol de mero productor de normas para garantizar que estas relaciones se perpetúen, y a actuar judicial y policialmente para disciplinar a quienes se opongan a este orden de cosas.
En palabras del gran jurista italiano Luigi Ferrajoli , lo que aquí ocurre es que un derecho, quizá el más caro para una sociedad, como es la educación, en nuestro ordenamiento jurídico es concebido como un instrumento de un determinado paradigma; en este caso, el anacrónico y anquilosado aparato teórico neoliberal, en circunstancias de que este se encuentra ampliamente superado por una verdadera revolución, en los términos que describía Thomas Kuhn .
Señor Presidente, la educación es el reflejo del modelo de sociedad desigual que tenemos. Por eso, es deber del Parlamento dotar a nuestra sociedad de un nuevo paradigma, donde el Estado garantice un conjunto de derechos fundamentales y bienes públicos, como, sin duda, lo es la educación.
En este contexto, el proyecto de ley en debate responde a este cambio de paradigma, elevando la educación al nivel de un derecho social fundamental.
En palabras del gran jurista italiano, en materia de educación el cambio de paradigma se entiende como un derecho social que implica, primero, que no se puede comprar ni vender; segundo, que corresponde universalmente a todos los seres humanos, en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o de sujetos con capacidad de obrar, y tercero, que todas las expectativas, positivas o negativas, deben estar explícitas en una norma jurídica positiva.
El gobierno de la Presidenta Bachelet entendió que estos derechos, para ser fundamentales, han de ser sancionados positivamente por el legislador, por lo que presentó un proyecto de ley que satisface todas y cada una de estas condiciones, que se resumen en tres ejes fundamentales: primero, fin al lucro en establecimientos que reciben recursos públicos; segundo, término de la selección escolar, y tercero, derogación del sistema de financiamiento compartido.
Por ello, señor Presidente, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa, que apunta a dar un marco sustentable que permita asegurar el derecho a una educación de calidad, reducir las desigualdades y garantizar, de manera efectiva, la libertad de padres, madres y apoderados para elegir la educación de sus hijos.
Devolver el prestigio al quehacer público pasa, necesariamente, por cumplir los compromisos contraídos con la ciudadanía.
El paso que estamos dando al aprobar este proyecto de ley, sin duda, va en la dirección correcta, pues se fortalecerá la educación pública, mejorará su calidad y se avanzará decididamente en un sistema educacional inclusivo, sin discriminación, gratuito y sin lucro.
La Derecha encubre sus verdaderos intereses al oponerse a esta reforma educacional; lo ha hecho en cada reforma que signifique terminar con sus privilegios y grandes negocios. Se ampara en una campaña del terror y la desinformación. No le interesa terminar con las desigualdades del sistema educacional chileno.
Quiero concluir mi intervención con mi compromiso de avanzar para que prontamente contemos con una Carta Fundamental que consagre este y otros derechos en los términos que hemos expuesto. Así se lo debemos al movimiento estudiantil, a sus familias, a los defensores del medio ambiente, a los trabajadores y trabajadoras; en definitiva, a todos los que han marchado y han abogado por una sociedad de derechos y garantías para todas las chilenas y todos los chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rodrigo González .
El señor GONZÁLEZ.-
Señor Presidente, este proyecto es parte de una gran reforma a la educación chilena. Como se recordará, durante la campaña presidencial la Presidenta Bachelet comprometió a todas las chilenas y a todos los chilenos una educación de calidad, gratuita y sin lucro.
Sin duda, esos derechos están garantizados para todas y todos los estudiantes y para todas y todos los sostenedores que tengan vocación de educar y que quieran usar los fondos públicos exclusivamente para la educación de los niños, no para su beneficio personal e individual.
(Aplausos en las tribunas)
Este cambio de fondo que exige la educación chilena para cumplir este objetivo, está reflejado en este proyecto, que construye nuevos cimientos y nuevas formas de funcionamiento del sistema educacional, permitiendo terminar con el lucro -a través de la competencia desregulada, este ha impedido que exista un sistema de calidad, en el cual todos tengan iguales oportunidades-, con la selección y con el mecanismo perverso del financiamiento compartido y del copago, que posibilita que algunos padres puedan poner a sus hijos en los colegios que pueden pagar.
Con este proyecto nos estamos alineando con los grandes sistemas mundiales de educación, que tienen siempre un sistema público que garantiza y asegura la calidad, que es el eje y el motor de un sistema educacional. En ellos se permite el funcionamiento privado, pero se asegura que los fondos públicos que son utilizados por establecimientos privados tengan un fin directamente educacional.
Con este proyecto se propone una condición indispensable, pero no la única ni suficiente para logar un sistema de calidad. Por eso va acompañado de otros proyectos, como el que crea un sistema nacional docente, la reforma a la educación superior, el que cambia la educación parvularia y el relativo a los cambios estructurales que requiere el sistema municipal. Al respecto, cabe recordar que la iniciativa en estudio es indispensable para que esos otros pilares del sistema educativo puedan funcionar, pues constituye los cimientos, la base sobre la cual se desmercantilizará un sistema que durante años ha permitido la segregación, la discriminación y todas esas características del sistema educacional chileno, muy bien descritas por la OCDE y por todos los expertos mundiales, las que han hecho que tengamos una educación con plena desigualdad y con las más absolutas formas de discriminación.
Este proyecto busca eliminar y terminar con el lucro a costa de fondos públicos. Para eso, favorece y facilita que los actuales sostenedores -crea todas las condiciones para ello- puedan transformarse en entidades sin fines de lucro. Les da, por un lado, la misión que tienen y los fines en los cuales pueden invertir los fondos públicos; al mismo tiempo, crea las condiciones para que puedan transformarse en corporaciones educacionales o fundaciones sin fines de lucro para cumplir su cometido.
Asegura, también, que no haya discriminación ni selección en el sistema, permitiendo que todos los establecimientos que usan fondos públicos puedan inscribir a los alumnos para un sistema de admisión. Cuando haya mayor demanda que oferta en esos colegios, en los procesos de admisión se establece un sistema que no es discriminatorio.
Además, asegura que los padres puedan elegir los colegios de sus hijos, sin que el dinero juegue un papel en esa selección, y sin que otros factores permitan que se discrimine o seleccione a los alumnos sobre la base de otros elementos que no sean brindar la oportunidad y el derecho a la educación de todos los niños chilenos.
Si se aseguran esas condiciones, se reafirma el derecho a la educación. Por lo tanto, la bancada del Partido por la Democracia va a dar su aprobación al proyecto.
He dicho.
-Aplausos y manifestaciones en las tribunas.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Gaspar Rivas .
El señor RIVAS.-
Señor Presidente, desde ya quiero hacer presente a la Mesa de la Corporación que me asisten motivos personales para inhabilitarme en la votación de este proyecto. A ellos me referiré al final de mi discurso.
Lo anterior no obsta a que pueda expresar mi opinión sobre el proyecto.
Siempre he manifestado que estoy en contra del lucro en la educación, en cualquiera de sus niveles. Eso es intransable, pues considero que la educación es un derecho social y no una mercancía de consumo o de trueque.
No soy de aquellas personas que cree que el Estado cumple la labor de entregar educación por la vía de comprar un servicio a un privado.
Sin embargo, hace seis meses, a pesar de que no soy miembro de la Comisión de Educación, le dije al ministro de Educación que si bien compartía los objetivos del proyecto, estimaba que partía al revés, pues estaba tan mal diseñado como una casa que se empieza a construir por el techo. Así de ilógico. Sin embargo, el objetivo es positivo: la casa se va a construir.
No creo en los colegios particulares subvencionados. Pero eso no impide darme cuenta de que cumplen una función que es necesaria.
Por desgracia, en el Congreso Nacional estamos enfrentando posturas extremistas, en blanco y negro. Por un lado, una Izquierda que quiere hacer desaparecer a como dé lugar y anticipadamente, a mi juicio, la educación particular subvencionada; y, por otro lado, una Derecha que la quiere mantener conectada al respirador, incluso aunque deje de ser necesaria, porque cree estructural e ideológicamente en el lucro.
Comparto los objetivos de esta reforma, pero considero que se partió equivocadamente. En política, el camino más corto, que es el que se eligió, no necesariamente es el mejor.
Cuando veo que marchan los sostenedores, los políticos de Derecha y los apoderados, distingo -tengo capacidad para hacerlo- tres tipos de marchantes: los políticos de Derecha, que marchan porque creen estructuralmente en el lucro. No marchan para proteger a los apoderados, sino que los utilizan porque creen ideológicamente en el lucro. Eso lo sé, porque viví cuatro años con ellos, y no me cuentan cuentos.
(Aplausos)
Por otro lado, están los dueños de los colegios y los sostenedores, que marchan para favorecer el órgano más sensible del ser humano: su billetera, que es más sensible que su corazón, que sus pulmones, que su cerebro.
Finalmente, están los apoderados -a los únicos a los que les hago caso-, que marchan por la educación de sus hijos. Para mí, son los únicos que valen.
(Aplausos en las tribunas)
Seguramente, alguien va a decir que el diputado Gaspar Rivas hace puras críticas y no tiene ninguna propuesta. Bueno, desgraciadamente, no soy Presidente de la República. Pero, en caso de serlo, ¿sabe lo qué habría hecho, señor Presidente? Habría partido renacionalizando el cobre para obtener los recursos que se necesitan para mejorar la educación. ¡Ahí está la plata! Se trata de una cantidad enorme de plata. Los de allá no lo harían jamás. Los de acá se han llenado la boca diciendo en sus discursos que lo van a hacer, que lo hacen, que lo hacen, que lo hacen. ¡Basta de amenazas! ¡Háganlo ya!
¿Y qué hacer luego? Inyectar recursos a la educación pública -esto es, millones de dólares-, pagar la deuda histórica a los profesores y cuadruplicar su sueldo. ¿Quieren cincuenta horas lectivas? Se les dan. ¿Quieren salas más chicas? Se les dan, porque se construye la infraestructura.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Terminó su tiempo, señor diputado.
El señor RIVAS .-
Perdón, señor Presidente, pero dispongo de un minuto más.
El señor CARMONA Vicepresidente).-
Es efectivo, señor diputado. Puede continuar.
El señor RIVAS.-
Señor Presidente, con una educación pública con infraestructura y con tecnología de punta, los profesores no irían a paro, porque tendrían lo que el Estado les ha negado durante tanto tiempo; si se les pagara bien, no tendrían necesidad de ir a paro, porque se produciría un efecto natural: la gente se reencantaría.
Recordemos que este país fue construido por quienes egresaron de liceos con número. Nadie se acuerda de eso. La misma gente que hoy marcha con los parlamentarios de Derecha, cuando vea que se produce el reencanto con la educación pública, va a decir: “Sabe, señor, a partir de mañana no lo acompaño más en sus marchas ideológicas, porque la educación pública pasó a ser buena”.
No quiero matar a los colegios particulares subvencionados. Quiero que se mueran solos, porque sueño con un Chile donde la educación pública sea tan buena que no se necesite de colegios particulares subvencionados.
Quiero agregar -es el motivo de mi inhabilidadque tengo una pariente consanguínea que es sostenedora. Nadie elige a los parientes.
No puedo votar en contra el proyecto, porque creo que el lucro es negativo y que la educación no es una mercancía; pero tampoco lo puedo votar a favor, porque está hecho al revés. Debería abstenerme; pero un genio inventó en el Reglamento que las abstenciones se suman al rechazo.
No quiero que nadie diga que Rivas se dio vuelta la chaqueta y está quedando bien con todo el mundo. Como caballero, debo señalar que tengo intereses consanguíneos, por lo que informo inmediatamente a la Mesa que me inhabilitaré de votar el proyecto, e invito a todos mis colegas parlamentarios a que adviertan si tienen alguna inhabilidad, porque es un tema muy importante.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Debo comunicar que el tiempo extra que usó el diputado Rivas será de cargo de su bancada.
Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort .
El señor KORT.-
Señor Presidente, qué duda cabe de que el país requiere modificaciones al sistema educacional, una reforma que apunte a mejorar y corregir los focos más débiles, es decir, dar énfasis a la calidad de la educación y enfrentar la compleja segregación social que la caracteriza.
Sin embargo, la reforma que propone el Gobierno no apunta a focalizar realmente los esfuerzos para realizar una mejora real y concreta de la calidad de la educación de nuestros niños.
Se ha afirmado incansablemente que la educación pública actual es de mala calidad. Entonces, ¿por qué no se parte por mejorarla y fortalecerla?
Las medidas no apuntan a mejorar la educación, pero afectan directamente a la clase media, pues restringen su libertad. La clase media será perjudicada irreversiblemente con el proyecto, porque limita la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos, e incrementa el predominio estatal en la educación, bajo la creencia ilusa de que mayor provisión estatal significa necesariamente una mejor educación.
El proyecto atenta contra la participación de las familias, lo que necesariamente afectará la calidad de la educación de los niños de clase media y, como dije, de los más vulnerables.
El fin a la selección termina con el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que es derecho preferente de los padres elegir la educación que quieren para sus hijos, y que el Estado debe ser garante de ello. Esta misma garantía es recogida por nuestra Constitución en el artículo 19, número 11°, inciso cuarto.
Sería importante saber en qué se sustenta la aseveración de que los padres y los apoderados no saben elegir el establecimiento educacional de sus hijos. Este ninguneo a las familias es inaceptable.
(Aplausos)
El 91 por ciento de los padres y apoderados asevera que sus hijos están en el establecimiento que ellos querían. Entonces, cabe preguntarse: ¿Es realmente un problema la selección? Lo peligroso es que al parecer estamos legislando solo a base de consignas y jugando, por tanto, con el futuro de generaciones de niños.
En relación con la prohibición del lucro, caben dudas sobre la posibilidad real de financiamiento que tendrán los nuevos colegios que se enfocan hacia sectores vulnerables. Más del 80 por ciento de los sostenedores son profesores y gestionan un solo colegio. El 95 por ciento de los colegios particulares subvencionados ha sido fundado por profesores.
El financiamiento compartido constituye una contribución de los padres a financiar el costo de la formación de sus hijos en los establecimientos subvencionados por el Estado, cuyo impacto económico se estima actualmente en 600 millones de dólares anuales.
Señor Presidente, lamento que el ministro de Educación se haya retirado de este diálogo y lamento profundamente que el Gobierno haga oídos sordos una vez más a lo que tiene que decir la ciudadanía.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag .
El señor SABAG.-
Señor Presidente, en primer lugar, como bancada democratacristiana, no podemos menos que compartir los propósitos y objetivos del proyecto. Compartimos el objetivo de terminar con el lucro con fondos públicos en la educación y creemos que la escuela común será una realidad más cercana y alcanzable si eliminamos el copago y la selección.
Soy un convencido de que los primeros educadores son los padres y los apoderados; no es el Estado, tampoco el mercado.
Evidentemente, el proyecto de ley toca a estos actores y, por cierto, produce efectos que se han traducido en manifestaciones de los padres y apoderados que ven con preocupación la reforma.
Nosotros creemos que este es un avance, porque, como se ha dicho, la educación no puede ser un objeto mercantil; quienes se dedican a la educación, los sostenedores, deben tener una vocación genuina.
Por eso valoramos los cambios en la educación particular subvencionada, la que no se eliminará, a pesar de lo que han dicho algunos parlamentarios, sino que continuará existiendo, pero deberá acatar el requisito que establece la ley, cual es que no se puede lucrar. Es decir, los actuales sostenedores con fines de lucro tendrán que transformarse en sociedades sin fines de lucro, y deberán eliminar los mecanismos de selección, para garantizar la no discriminación y el libre acceso a la educación de los niños, independientemente de su origen económico, ya que el copago se va a reemplazar por fondos públicos. Respecto de estos, manifiesto mi deseo de que en el Senado se aumenten sus montos, con el objeto de evitar el cierre de establecimientos educacionales por el bajo monto del copago estatal, lo que impedirá que continúen subsistiendo muchos proyectos educativos.
Esa es una preocupación que tenemos.
La otra preocupación es que el objetivo de todos estos proyectos, a mi juicio, es fortalecer la educación pública, pero aquí todavía no se ha presentado el proyecto sobre la nueva educación pública. Aquí nos preocupa el efecto que tendrá esta legislación sobre la educación pública, como el posible éxodo de matrícula pública al sector de establecimientos particulares subvencionados, cuando estos se transformen en gratuitos. Es evidente que si en la educación particular subvencionada va a haber un copago estatal, se producirá un éxodo hacia esa educación, que, de acuerdo con las estadísticas, es de una mejor calidad, en promedio, que la educación municipalizada.
Por lo tanto, esperamos que el Gobierno presente pronto el proyecto de la nueva educación pública, ya que lo que nos interesa es fortalecer la educación de los más vulnerables de nuestro país, de manera que el día de mañana tengamos una educación pública de calidad, en la cual sea indiferente el origen y también el establecimiento donde estudiar.
También me preocupa -valoro que se haya mejorado en esta discusión- el hecho de que originalmente se pretendía comprar los establecimientos particulares subvencionados por parte del Estado. Incluso, se habló de un monto de 5.000 millones de dólares. Nosotros, en la Democracia Cristiana, respaldamos a nuestro presidente Ignacio Walker , en el sentido de que eso era escandaloso. Como se recordará, en este hemiciclo nosotros peleamos por la deuda histórica de los profesores, y finalmente todos los gobiernos les dijeron que no se podía pagar, porque era una cantidad enorme de dinero. Por eso, resultaba impresentable aparecer ahora con una chequera con 5.000 millones de dólares para comprar colegios.
(Aplausos)
Felicito al ministro, que no está presente, por haber tenido una apertura para introducir modificaciones al proyecto de ley, que no es la Biblia ni la última palabra. Por eso, tendrá que estar abierto para introducirle modificaciones durante su implementación, puesto que aquí nadie es perfecto y tenemos que escuchar a todos, en especial a los padres y apoderados, y a los sostenedores, porque esta reforma se tiene que construir con todos y no contra los principales actores de la educación, que, a mi juicio, son los padres. El Estado es fundamental y debe fijar las reglas del juego, pero nunca perder de vista que los padres son los primeros educadores, y ellos deben decidir en qué colegio colocan a sus niños.
(Aplausos)
Evidentemente, el Estado tiene que tener la capacidad de entregar una educación tanto o mejor que la que otorgan los sostenedores particulares sin fines de lucro.
Señor Presidente, la Democracia Cristiana apoya al Gobierno de la Presidenta Bachelet . Creemos que esta es una apuesta muy audaz, en la cual se va a jugar, a mi juicio, el futuro de este Gobierno, porque creemos que esta reforma será un éxito. Nosotros hemos estado disponibles para colaborar e introducir modificaciones al proyecto de ley en la Cámara de Diputados, y también lo haremos en el trámite que tendrá en el Senado.
Queremos una educación para todos, de manera que no sea el origen económico el que discrimine el futuro de los chilenos.
Hoy, nuestra educación está demasiado segregada. Como dijo Mario Waissbluth , es un tren en que hay vagones de primera, segunda, tercera y cuarta.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor SABAG.-
Llegó la hora de establecer una educación que contribuya a destruir las desigualdades que hoy existen en nuestro país.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto y medio, el diputado señor Jorge Rathgeb .
El señor RATHGEB.-
Señor Presidente, se ha hablado acá del derecho a la educación como un derecho social.
Antes de esta reforma, ¿cuándo se puso en tela de juicio el derecho a la educación? Si eso pasó efectivamente, ¿qué se hizo en los veinte años de la Concertación? En veinte años se crearon muchos colegios particulares subvencionados. ¿Por qué se les engañó en ese momento y hoy se les da la espalda? En política eso no se hace.
Se ha hablado de calidad. ¿Qué se mejorará? ¿Se mejorará la calidad en los alumnos, los profesores, los asistentes de la educación, los manipuladores o las manipuladoras de alimentos, los funcionarios de los departamentos de educación municipal? ¿Qué pasará con el hijo del obrero en Traiguén, en Angol o en Collipulli; con el hijo del comunero indígena en Ercilla o en Lumaco, o con el hijo de la temporera en Renaico, Los Sauces , Purén , Malleco , las comunas más pobres de la provincia? Ese niño estudia cinco días a la semana, porque los sábados y domingos debe trabajar. ¿Con esta reforma podrá tener ese niño en algún momento la posibilidad de ser profesional? Aparentemente, no. Esta reforma, lamentablemente, no quiebra ese círculo.
¿Por qué esta reforma no sigue aumentando la cantidad de liceos Bicentenario, que han sido tan exitosos?
(Aplausos)
En mi provincia, el Liceo Bicentenario Indómito de Purén ha destacado a nivel nacional. Nivelemos hacia arriba, no hacia abajo. Hagamos las cosas bien.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor RATHGEB.-
Esta reforma tiene que ser cambiada.
De esta forma no nos gusta la reforma.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos 45 segundos, el diputado señor Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, saludo a los muy pocos diputados presentes en la Sala, donde debatimos este tan importante proyecto.
Quiero resaltar los cinco meses de arduo trabajo en la Comisión de Educación, como se expresó en el completo informe emitido por el diputado Mario Venegas , que nos dio muchas luces sobre la materia, y, en especial, el informe de la Comisión de Hacienda, entregado por el profesor y economista don José Miguel Ortiz , que hace notar el costo en régimen del proyecto: 663.000 millones de pesos.
A partir de la presente semana, en que estamos ad portas de despachar el proyecto que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior, y debatiendo este proyecto, que pretende poner fin al lucro, la selección y el copago en los establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado de Chile, la educación se encamina hacia la mayor reforma que haya conocido nuestro país durante las últimas décadas.
En esta iniciativa no solo se establecen normas tendientes a regular la actividad educacional, sino que también se afirman principios de gran importancia para nuestro desarrollo republicano, entre ellos el de la no discriminación, el de la no selección, el de la formación laica y ciudadana en los establecimientos públicos, y, sobre todo, el principio de no lucrar con los recursos que entrega el Estado para la educación de nuestra juventud, con el consecuente impacto en las futuras generaciones.
Todos sabemos que la educación pública en el país, que ha avanzado de la mano de la municipalización de los que eran establecimientos del Estado, ha ido en franco deterioro a consecuencia del mal manejo de los establecimientos por parte de algunos municipios y algunos particulares, y de la competencia desigual con los establecimientos educacionales privados que reciben recursos del Estado y que además cobran un copago a los alumnos que estudian en ellos. A eso lo llamo “negocio”.
Además, no existen por parte del Estado adecuados mecanismos de fiscalización para garantizar que los dineros entregados lleguen a los alumnos y no se presten para convertirse en un mecanismo de lucro para algunos sostenedores, recursos con los cuales pueden realizar otras actividades económicas para su beneficio y enriquecimiento personal: “Inmobiliarias”.
Este proyecto pretende prohibir que se lucre con los recursos que entrega el Estado, sin que se niegue, como dicen algunos, la posibilidad de una adecuada retribución económica a los sostenedores.
Busca, además, evitar discriminaciones como las generadas como efecto de los procesos de selección, que discrimina entre los alumnos de menores recursos y los que merecen mayor atención psicopedagógica.
También pretende eliminar el copago que realizan los alumnos y que, según la OCDE, lleva a que Chile sea uno de los pocos países que integran el organismo en que las familias tienen que hacer grandes aportes para educar a sus hijos, en circunstancias de que ello es labor prioritaria del Estado.
Considero muy beneficioso, más allá de los miedos que algunos intentan introducir, que los sostenedores se transformen en personas jurídicas sin fines de lucro; el hecho de que tengan que ser propietarios o comodatarios del establecimiento que dirigen, para lo cual se crean mecanismos de transitoriedad; el que en los reglamentos se deban incorporar normas antidiscriminación; el contar con planes de apoyo académico para los alumnos más atrasados; el contar con consejos escolares, y, lo más importante, el que las subvenciones que reciban del Estado sean dedicadas a fines educacionales, no a “inmobiliarias” ni a otros fines propios del sostenedor, y que se termine con el copago por parte de los alumnos, haciendo realidad el que el Estado sea un Estado docente, como lo han planteado los gobernantes del país desde su independencia.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor diputado.
El señor JARAMILLO.-
Votar a favor este proyecto es votar a favor de Chile, de nuestro futuro y del de las familias que lo integran, porque el único bien que no se deteriora con el paso del tiempo ni se pierde por un mal momento económico es la educación, y nuestro país debe entregarla gratuita, laica y sin discriminación a quienes son los futuros sostenedores de la patria.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Romilio Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).-
Señor Presidente, en primer lugar, por su intermedio quiero saludar al ministro de Educación.
En segundo término, deseo señalar que este es uno de los proyectos que forman parte de la reforma educacional y que creemos necesario abordar la estructura del sistema educacional chileno en su conjunto.
Pero en un primer minuto manifestamos que, a nuestro juicio, esta iniciativa no era prioridad, no era lo urgente, sino que teníamos una necesidad y una urgencia mayores: cómo mejorar la educación pública que hoy imparten las municipalidades.
En los colegios municipales ha habido un éxodo de muchos alumnos, por diferentes razones, especialmente porque lo que buscan los papás es calidad, una mejor formación integral de sus hijos y que ellos puedan desarrollar al máximo sus potencialidades.
Por eso, creemos -se lo hemos dicho al ministro en varias oportunidades- que es urgente un plan que permita recuperar la educación pública, de manera de ponerla en el sitial que le corresponde, para que así los papás puedan de verdad elegir entre un colegio municipal o un colegio particular subvencionado, y que los factores de decisión sean más bien otros y no la diferencia de aprendizaje o calidad de la formación de sus hijos. Así, estaremos resguardando el derecho a elegir de las familias.
Por otro lado, este proyecto restringe la libertad de elección de los padres, porque tiene una norma que hace casi imposible la construcción de nuevos establecimientos educacionales. Esperamos que en el Senado ello pueda ser corregido, pues esa libertad no debe depender de la demanda o de una necesidad en determinado lugar geográfico, sino de la iniciativa de diferentes emprendedores en materia de educación para generar diferentes oportunidades en un proyecto educativo distinto.
Esta iniciativa toca tres aspectos: lucro, selección y copago. El señor Venegas , diputado informante de la Comisión de Educación, dio cuenta de una larga lista de sesiones e invitados. En realidad, ahí no llegamos al convencimiento de que el lucro afecte la calidad. Es cierto que tampoco podemos afirmar lo contrario: que el lucro implique calidad.
Por lo tanto, el desafío no es solo eliminar el lucro, sino determinar cómo se invertirán esos recursos y de qué forma eso impactará, de manera efectiva, en el mejoramiento de la calidad de la educación en ese colegio. Lo señalo porque hay colegios con fines de lucro que entregan una calidad de educación muy buena, pero otros en los que ocurre exactamente lo contrario.
En ese contexto, espero que podamos avanzar en la búsqueda de un mejor proyecto, con el objeto de asegurar igualdad de oportunidades y educación de calidad a todos los chilenos.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, por un minuto y 45 segundos, el diputado señor Giorgio Jackson .
El señor JACKSON.-
Señor Presidente, junto con saludar al ministro de Educación y a quienes presencian esta sesión desde las tribunas de la Cámara de Diputados, quiero hacer algunas precisiones para contribuir al debate del proyecto, el cual continuará en los próximos días.
¿La iniciativa en discusión es todo cuanto se ha señalado que se quiere hacer en materia de reforma educacional? No es así. De hecho, nosotros estaríamos muy en contra si esto fuese toda la reforma; pero no es el caso. De hecho, han sido ingresados a tramitación legislativa en el Senado otros proyectos de ley que buscan mejorar la educación, como los referidos a la educación inicial y a la institucionalidad que se requiere establecer. Además, se deberá debatir respecto de la reestructuración de la educación pública, la carrera y formación docente, la medición y políticas de aula, y la restructuración del sistema de educación superior, con la finalidad de tener educación gratuita y de calidad.
Deseo destacar la importancia de este proyecto, porque se hace cargo de materias por las que hemos luchado hace tiempo. Desde 1990, esta es la primera iniciativa que intenta terminar con el desastroso experimento neoliberal que en materia educacional se instaló durante la dictadura.
Algunos han señalado que durante su discusión no han sido escuchadas las demandas de los padres y los sostenedores. En 1980 no se le preguntó a nadie; menos en 1990, cuando se dejó instalada la LOCE días antes del término de la dictadura.
(Aplausos)
¿Alguien se atreve a decir que habrá menos libertad de elegir si el Estado reemplaza los recursos que hoy ponen los padres, si se nivela hacia arriba a todos los establecimientos y si se prohíbe que sean los colegios y sus sostenedores los que elijan a sus alumnos? ¡Por favor! Quienes lo señalan solo contribuyen a la desinformación, lo que muy difícilmente puede ser considerado como una crítica de buena fe.
¿Se cerrarán colegios si se aprueba este proyecto? Nos hemos preocupado de que la única razón para que un colegio quiera cerrar sea que nunca haya tenido vocación para impartir educación, sino interés en maximizar sus utilidades. He recibido a sostenedores con vocación, preocupados por la educación que imparten, los que me han planteado sus dudas respecto de la reforma educacional, a los que les he explicado este proyecto en detalle, así como las modificaciones que introdujimos en la Comisión de Educación. Después de conocerlas, ellos quedaron muchísimo más tranquilos.
No podemos ser presa del chantaje y la desinformación que pretenden imponer unos pocos. De hecho, tuve que explicar lo mismo a grupos de padres y apoderados.
En consecuencia, la invitación que quiero hacer es a que en los próximos dos días que quedan para el debate de esta iniciativa, llevemos a cabo una discusión honesta e ideológica, como corresponde, en vez de repetir eslóganes.
He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Antes de ofrecer la palabra al último diputado que intervendrá en esta sesión, recuerdo a la Sala que el debate de este proyecto continuará mañana y el próximo martes, sesiones en las que se debe mantener el quorum requerido.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente, ya concluyó el Orden del Día.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Se contabilizan dos horas después de rendidos los informes respectivos, señor diputado.
El señor SCHILLING.-
Así es, señor Presidente. Por lo tanto, corresponde levantar la sesión.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Aún no, señor diputado.
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Javier Macaya .
El señor MACAYA.-
Señor Presidente, aprovecho de saludar al ministro de Educación, a quien quiero señalar, por su intermedio, al igual que a los diputados de las bancadas de enfrente, que el diagnóstico compartido es que tenemos un problema gigante en educación. Creo que nadie puede desconocer que la educación es y tiene que ser el gran tema de nuestra sociedad, porque de esa forma seremos capaces de sacar adelante el desarrollo de nuestro capital humano, de nuestra gente, de nuestro país, para dar igualdad de oportunidades.
Lamentablemente, a pesar de que hay un diagnóstico compartido, el cual llevamos muchos años poniendo en el tapete público, en la palestra de las materias más importantes que deben tratar nuestra sociedad, el Congreso Nacional y el Estado, tenemos serias diferencias, las que se han expresado en los últimos meses. Por ejemplo, tenemos discrepancias profundas en cuanto a las herramientas que se tienen que aplicar.
Llevamos aproximadamente ocho meses de gobierno, de manera que quiero señalar a los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra que yo tampoco espero que este proyecto sea toda la reforma educacional; tengo la esperanza de que haya más iniciativas en materia de educación. Sin embargo, en estos ocho meses este ha sido el proyecto más relevante. En matemáticas el orden de los factores no altera el producto; pero en materia educacional, el orden de los factores que han sido puestos encima de la mesa -las distintas propuestas del Gobierno- sí altera el resultado final.
(Aplausos)
Lamentablemente, al hacer las cosas al revés, al partir por la puerta chica, por decirlo de alguna manera, se corre el riesgo de poner en juego el futuro de muchos niños.
La diferencia de lo que puede ocurrir con un punto más de impuesto en la alteración de la tasa de crecimiento es una cuestión que se puede solucionar; pero en relación con la educación y el futuro de los niños, un error puede terminar por impactar a una generación completa de estudiantes, situación para la que no hay remedio. No estamos hablando de algo que pueda tener la solución, de que la medida económica del impuesto que hemos aplicado en determinada área la vamos a corregir en unos años más para crecer mejor, sino del futuro de una generación completa. Se pagarán caros los errores que se cometan en ese aspecto.
(Aplausos)
Respecto de la supuesta campaña del terror de la cual aquí se ha hablado, el proyecto de ley no señala en ninguna parte que se cerrarán colegios; pero las reglas del juego sí cambiarán, lo cual ha sido reconocido por las propias autoridades. Ya hay una evidencia de que miles de padres cambiarán a sus hijos de los establecimientos educacionales que eligieron, porque al cambiar las reglas del juego, muchos colegios deberán cerrar.
En consecuencia, espero que podamos enmendar este proyecto en el Senado. He dicho.
-Aplausos.
El señor CARMONA (Presidente).-
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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