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El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos y medio, el diputado señor Patricio Vallespín .
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, la aprobación de este proyecto marcará la historia, pues iniciaremos el cambio del paradigma educacional impuesto por la dictadura.
Este proyecto de ley es la primera etapa de una reforma integral para enfrentar la desigualdad y modificar la aberración de considerar la educación como un bien de consumo más; es refundar las bases en que ha operado nuestro sistema educativo durante las últimas décadas; no es acabar con el sistema mixto, como falsamente señalan los colegas de derecha, sino corregirlo para recuperar una senda que entienda la educación como un derecho social que, en tanto bien público, busca convertirla en una herramienta efectiva de justicia social.
Estamos, por tanto, ante una discusión profundamente ideológica, porque tiene que ver con el tipo de sociedad que queremos construir. En este plano, le digo al diputado Ignacio Urrutia -por su intermedio, señor Presidente- que hay grandes diferencias con la derecha. Es difícil llegar a acuerdos cuando unos vemos la educación como un derecho social garantizado, y otros, como un bien de consumo. En eso no existe posibilidad de concordar.
Este proyecto es la histórica aspiración de las fuerzas progresistas para que los niños y jóvenes chilenos concurran a la llamada “escuela común”, que es para todos y que incluye a todos en su diversidad: ricos y pobres, talentosos y los que no lo son tanto, con handicap y sin él, inmigrantes y nativos, culturas e identidades diversas; en suma, todos, sin distinción ni discriminación. Lo propuesto no va contra la historia, sino que busca reconectarse con la tradición de corrientes educativas progresistas que ven la educación como eje de la justicia social, el sueño de instalar, en verdad, una escuela común para todos, que sea un espacio de inclusión y encuentro de todos.
Los colegas de derecha, que predican que este proyecto atenta contra las bases de un sistema que históricamente operó como lo conocemos hoy, parten de una premisa falsa. Olvidan la historia o, peor aún, para ellos la historia comienza en septiembre de 1973, cuando el sistema educativo que tenemos hoy se impuso desde arriba, sin consultar a nadie, por la fuerza y no por la razón o el apoyo ciudadano. Además, ha demostrado que no funciona, puesto que no convierte a la educación en un medio para lograr la justicia social.
La lucha por el progresismo educativo para avanzar hacia la llamada escuela común se inició en 1920 con la dictación de la ley de educación primaria obligatoria. Progresistas como Enrique Mac-Iver y Darío Salas se enfrentaban a conservadores de la derecha tradicional como Errázuriz y Subercaseaux , que en ese tiempo ya decían: “Es una pretensión fútil intentar enviar a la fuerza a los niños a las escuelas. Puede ser negativo enviarlos a una educación en manos del Estado.”. También sostenían: “La subvención a los privados debe ser igual que la que reciben los establecimientos públicos.”. Pues bien, ¿no hemos escuchado las mismas argumentaciones en estos días? Es increíble que en pleno siglo XXI escuchemos de la derecha los mismos añejos argumentos de hace casi cien años. Nuevos rostros, otras palabras, pero las mismas ideas. No han aprendido nada; quieren mantener todo igual, pues no quieren ciudadanos educados y conscientes, sino mantener solo consumidores obedientes.
Luego, en la década de los 60, es decir, casi cincuenta años después, se realiza una segunda gran reforma educativa, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que estableció una enseñanza secundaria media para todos. Fue otro gran avance. Sin embargo, tampoco se llegó a conformar la escuela común, pues en 1973 ese progreso se interrumpió, y se impuso, en dictadura, la educación como un bien de consumo más.
Ya en 2004, la OCDE nos decía que una política educativa con tanta autonomía, sin contención ni acompañamiento, es, en rigor, fomentar la heterogeneidad y los resultados mediocres. En ese entonces nos faltó fuerza y convicción para emprender los cambios de los cuales hoy nos estamos haciendo cargo. Logramos, eso sí, un gran avance: que todos los niños y jóvenes estén en el sistema educativo. Sin embargo, se encuentran segregados y estratificados según su clase social, lo que no puede continuar, porque consolida la desigualdad.
Esta escuela común que existe en los países con desarrollo equitativo será realidad en Chile cuando cada familia, de altos o bajos ingresos, sienta y vea que la escuela del barrio es como el Instituto Nacional o el Colegio Alemán. Este proyecto transita por esa senda; es lo que pienso como hijo de la educación pública, nacido en un asentamiento precario en la zona sur de Santiago, que estudió en la Escuela Consolidada de la Población Dávila y, luego, en el Liceo de Aplicación. Aún recuerdo a algunos compañeros de educación básica con quienes nos disputábamos los primeros lugares del curso, como Miguel, Aníbal y Silvia , quienes, tal vez, no pudieron llegar tan alto y tan lejos como sus capacidades se lo habrían permitido, pues el sistema educacional no lo promueve.
Por ellos y por los miles de jóvenes como ellos, de los que no hemos sabido aprovechar su talento y su capacidad, y por muchos profesores que han sido inspiradores de jóvenes para salir adelante, como la profesora Ana Mendoza Ramos, quien en Santiago, Hualpén , Concepción y Purén formó personas para que fueran hacedoras de imposibles, aprobaré este proyecto, pues comparto su objetivo de terminar con el lucro en la educación con fondos públicos.
Creo que la escuela común que Chile necesita será una realidad más cercana y alcanzable si eliminamos el copago y la selección.
He dicho.
-Aplausos en las tribunas.
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