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El señor CORNEJO ( Presidente)
En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión de Ética y Transparencia por el que somete a la consideración de la Corporación el proyecto de acuerdo que aprueba el reglamento de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
Diputado informante de la Comisión de Ética y Transparencia es el señor Romilio Gutiérrez .
Antecedentes:
Informe de la Comisión de Ética y Transparencia, sesión 84ª de la presente legislatura, en 22 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 14.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor GUTIÉRREZ, don Romilio (de pie).-
Señor Presidente, la Comisión de Ética y Transparencia me ha encomendado informar la propuesta para el reglamento de los registros de agenda pública de lobbistas y gestores de intereses particulares de esta Corporación, para dar cumplimiento a lo preceptuado en la ley N° 20.730, en especial lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 10, que establece la potestad de ambas ramas del Congreso Nacional para aprobar los reglamentos que regulan las materias comprendidas en dicho cuerpo legal.
Como se expresa en el informe, la Comisión de Ética y Transparencia efectuó su trabajo sobre la base de un anteproyecto de reglamento interno que se preparó en conjunto con el Senado y con un grupo de profesionales de la Cámara de Diputados, del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional.
El contenido del proyecto fue sometido a la opinión de toda la comunidad parlamentaria, y mediante su publicación en la internet, a la sociedad en general. Hoy presentamos a su consideración el fruto de un trabajo que ha tomado meses y muchas horas de sesión.
En una breve reseña de sus contenidos, me voy a permitir indicar que nuestra propuesta de reglamento detalla un conjunto de materias esbozadas en la ley y que requieren de normas complementarias para su ejecución práctica, por ejemplo, la publicidad de los registros, la determinación de lo que se considera día hábil, a los efectos de los plazos; la incorporación de ciertas definiciones, con el propósito de clarificar aspectos o conceptos poco definidos en la norma legal, que podrían dar lugar a equívocos o a una inadecuada interpretación. En este caso se encuentran las definiciones de audiencia o reunión, y donativo; una información que tenga el carácter de confidencial o estratégico, y cuando se esté en presencia de una persona interesada.
Especial atención prestamos a la regulación de diversas cuestiones propias del registro de agenda pública. Aquí nos centramos en estudiar en detalle las normas que determinan quiénes, dentro de los conceptos definidos en la norma legal, tendrán también la calidad de sujetos pasivos, el contenido mismo del registro y de los elementos que este contendrá; las normas que regularán el procedimiento respecto de las reuniones o viajes, de los que deberá darse cuenta en forma reservada; la información voluntaria de audiencias y reuniones, los contenidos de las solicitudes de audiencia, las normas sobre igualdad de trato, con especial énfasis en los casos en que podrá negarse fundadamente una audiencia; la incorporación de los sujetos activos en el registro de agenda pública y el tratamiento de las reuniones no programadas, entre otros asuntos relevantes.
Especial interés y preocupación se ha puesto en materia de infracciones y sanciones. Se ha tratado de singularizar la autoridad que deberá denunciar las posibles infracciones en que podrían incurrir los sujetos activos. Con el mismo interés estudiamos el procedimiento para aplicar las sanciones por infracciones en que podrían incurrir los sujetos pasivos, resguardando las normas del debido proceso, pero también creando un recurso jerárquico ante la Mesa de la Corporación.
No menos importantes son las normas relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la ley N° 20.730 por parte del contralor general de la República. Se trata de fijar una instancia que acometa esa labor e informe al pleno sobre las anomalías que se registren en la agenda pública de dicha autoridad. En estas materias recibimos la valiosa opinión de los expertos de ese organismo contralor.
Debo resaltar que somos uno de los pocos países no suman más de quince que ha aprobado una legislación que regule el lobby. Lo cierto es que nuestra ley, más que regularlo, es una extensión de la ley de transparencia, que, a partir de las de las agendas públicas de los sujetos pasivos, construye un registro público de lobbistas y gestores de interés.
Como todos recordarán, se trata de una iniciativa en trámite legislativo desde hace casi diez años, que muchas veces no pudo concretarse debido a la acción del propio lobby.
La tarea que comenzamos hoy es el inicio de un largo recorrido para aprender de nuestros errores y hacer las cosas mejor. Hay una constante exigencia ciudadana por conocer en detalle la forma como ejercemos el mandato que esta nos confirió, y esto es solo una parte de tal labor.
Probablemente, en un futuro cercano tendremos que ajustar la normativa a las nuevas exigencias que demande la aplicación práctica de la ley y de su reglamento. En este sentido, la Comisión de Ética y Transparencia tendrá una importante tarea rectora que se expresará según su propia jurisprudencia, pues la implementación de las normas sobre el lobby requiere de una adecuada coherencia institucional para su aplicación, para la profundización de las mismas y para la búsqueda de las mejores prácticas, tareas de las que están plenamente conscientes sus integrantes.
Hoy debemos votar en general este reglamento y tendremos un plazo de una semana para formular observaciones y presentar indicaciones que mejoren lo ya hecho. Luego, en la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara discutiremos esta propuesta en conjunto con los integrantes de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, con el objeto de afinar una propuesta única que deberemos votar antes del 29 de noviembre, fecha en la cual entrará en vigencia la ley N° 20.730.
Finalmente, no puedo dejar de reconocer el valioso aporte realizado por organizaciones como Ciudadano Inteligente y Chile Transparente, así como la colaboración del grupo de trabajo bicameral y de la Biblioteca del Congreso Nacional, así como las opiniones y contribuciones de las diferentes bancadas parlamentarias, a través de las indicaciones que presentaron durante el trámite del proyecto de acuerdo que aprueba este reglamento.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Enrique Jaramillo .
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente, agradezco al diputado Romilio Gutiérrez que haya informado el proyecto, aunque me habría gustado que hubiera aclarado un poco más la iniciativa, pues cada vez encuentro más compleja la materia.
A pesar de los estudios y de la tolerancia que debemos tener respecto de estas materias, siempre quedan interrogantes y dudas. Por eso digo que el asunto es complejo y difícil de regular, dadas sus múltiples dimensiones. Por ejemplo, a mi juicio por qué no decirlo, en el caso del Congreso Nacional son excesivos los sujetos pasivos que se consideraron, toda vez que no todos ellos deben tomar las decisiones finales. Pero así quedó establecido en la ley y, por lo mismo, estamos reglamentando la forma en que se aplicará la normativa al interior de nuestra Corporación. Por eso digo que es una cuestión compleja.
Cada día los ciudadanos quieren tener mayor conocimiento sobre las distintas personas y grupos de intereses que tratan de influir en las decisiones que deben adoptar las instituciones y las personas que actuamos en el ámbito público, toda vez que posteriormente tendrán efectos generales sobre ellos.
Me parece adecuado establecer un criterio de autorregulación, en el sentido de que las comisiones de Ética y Transparencia de la Cámara y del Senado determinarán la actitud que se deberá tener. Considero que actualmente son débiles. Por lo mismo, el reglamento les entrega esa fortaleza que requieren no solo para autorregularse, sino para entender -estoy hablando de buena fe- lo que todos queremos de ellas. Además, deberán velar por la correcta aplicación de la normativa, manteniendo la tradición histórica del Congreso Nacional en materia de autorregulación.
Me preocupa sobremanera la aplicación práctica que tendrá este reglamento; sin duda, a través del tiempo seguirá siendo materia de jurisprudencia. Que me digan lo contrario los estimados colegas que son abogados. El reglamento generará jurisprudencia, y su interpretación estará dada por la multiplicidad de situaciones que regulará, entre las cuales puedo mencionar algunas que son habituales entre nosotros, tales como reuniones, viajes, donaciones, etcétera.
Asimismo, me preocupa la delgada línea que habrá que establecer entre lo que es público y lo que es privado, ya que en algunos casos no será fácil hacerlo. Por ejemplo, si ahora nos cuesta determinar cuándo un parlamentario está interesado en el resultado de una votación, nos costará más aún en materia de lobby y de gestión de intereses. No obstante esto, es muy importante avanzar en materia de publicidad y de transparencia de la actividad pública, puesto que la ciudadanía está cada vez más interesada en saber de qué forma realizan su actividad los parlamentarios, que somos sus representantes. Sin duda, este reglamento puede contribuir a ello. Lo acepto y lo tolero; pero también quisiera que esa ciudadanía que nos juzga y a la cual representamos, lo mirara de buena fe.
Espero que se logren los objetivos planteados. Como se ha dicho, tendremos tiempo hasta el 11 de noviembre para presentar indicaciones. A sabiendas de que la aplicación de esta normativa no será fácil, por cierto aprobaré la proposición de la Comisión de Ética y Transparencia porque considero que la fortalece.
Esta materia ha estado en discusión durante muchos años, pero nunca ha existido pleno acuerdo. Creo que la ley N° 20.730, que regula esta actividad de intereses particulares, marcará un hito importante en materia de transparencia y de publicidad de la actividad pública, toda vez que permitirá a la ciudadanía mirarnos desde otro ángulo y, tal vez, de buena manera, no como ocurre actualmente.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevic .
El señor MIROSEVIC.-
Señor Presidente, estoy muy contento porque en Chile estamos inaugurando, después de once años de discusión parlamentaria, una legislación sobre el lobby. Se aprobó en la legislatura pasada y hoy estamos discutiendo su reglamento.
Considero que era muy necesario, porque después de la ley y de este reglamento aparecerá en nuestro país una nueva figura, que para la inmensa mayoría de los chilenos es bastante desconocida. Me refiero al lobbista, al cual la ley entregó una especie de ciudadanía por especial gracia. Por fin, aparecerá este nuevo personaje; ojalá que podamos verlo todo lo que sea posible y espero que aparezca en la discusión pública, porque el lobbista siempre ha estado presente en el proceso legislativo. Veamos lo que pasó con la ley de pesca. Allí hubo un tremendo despliegue de las empresas y del lobbismo para influir en las decisiones públicas que se tomarían en relación con dicha ley.
La verdad es que estamos atrasados en treinta años respecto de los países que forman la OCDE, y por lo menos en diez en comparación con países vecinos como Perú. Algunos se preguntarán por qué nos hemos demorado tanto. Lo cierto es que la ciudadanía recién ha comenzado a despertar y a darse cuenta de que estamos transformando a nuestra democracia en una “negociocracia”, en la cual las empresas son las que fijan las reglas del juego. ¿Por medio de quién? De este ciudadano: el lobbista, que hoy empieza a aparecer. Es decir, tenemos una democracia muy capturada por los intereses de las empresas, que, por cierto, son legítimos. El lobby es una actividad legítima; lo que no es legítimo es que opere por debajo de la mesa, mediante el tráfico de influencias al cual la ciudadanía no tiene acceso alguno. Esto cambiará gracias a la ley y a su reglamento.
En realidad, se pueden dar muchos ejemplos. Están los casos de la colusión de los productores de pollos, de las farmacias, etcétera, lo que demuestra que existe una desregulación que no es casual ni producto del azar, sino del tráfico de influencias y del poder desmedido del lobbismo, no solo en este Poder del Estado, sino también en muchas otras instituciones.
Se podría pensar que es una lástima que tengamos que legislar a propósito de escándalos; que sea necesario que estos se produzcan para que legislemos en materia de transparencia. Pero siempre ha sido así. Si miramos las legislaciones sobre transparencia y regulación del lobby que existen en los demás países, veremos que siempre han sido consecuencia de escándalos. Como digo, demoramos once años, pero aquí estamos.
¿Cuáles son los aspectos positivos de este reglamento? Terminarán las reuniones secretas. Ahora la ciudadanía podrá saber con quiénes nos reunimos los parlamentarios y qué tipo de peticiones nos hacen. También terminarán las peticiones y las influencias secretas, y los ciudadanos podrán saber exactamente lo que determinada empresa le está pidiendo a un parlamentario. De este modo, la representación de intereses será transparente para la ciudadanía.
Por último, es bueno que exista un registro de lobbistas, porque así se conocerá quién es y a quién representa cada uno de ellos. Es una lástima que no se aprobara la existencia de un registro previo, pero por supuesto que es valioso el establecimiento de un registro acumulativo.
¿Qué aspectos son insuficientes en este reglamento? El hecho de que los deberes recaigan en los parlamentarios y no en los lobbistas. En legislaciones de otros países el peso de la ley recae sobre el lobbista. En nuestro caso, los sujetos pasivos, los parlamentarios, deberemos responder. Me parece que están mal puestos los incentivos, pero esta discusión se dio en la legislatura pasada.
Una cuestión relevante que podemos corregir por la vía de indicaciones es que toda la argumentación y el contenido de las reuniones sean informados de manera obligatoria y no voluntaria. En las minutas de las reuniones de lobby debe señalarse exactamente, por ejemplo, qué está pidiendo una determinada empresa a un parlamentario. Reitero, eso debe tener carácter obligatorio y no voluntario.
Ese aspecto del reglamento debe ser modificado. En ese sentido, un conjunto de diputados presentaremos una indicación para que el contenido y los argumentos de las reuniones de lobby sean publicados.
En todo caso, la legislación del lobby no termina con este reglamento: también debemos terminar con la puerta giratoria que permite que un funcionario público que fue regulador, después de un tiempo pase a formar parte de la industria que él reguló. Por eso, debemos enfrentar los conflictos de intereses y regular el financiamiento de la política.
Reitero, este reglamento es solo el inicio, pues todavía falta mucho más por avanzar en esta materia.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín .
El señor VALLESPÍN.-
Señor Presidente, examinamos en general un reglamento que aborda un tema muy importante, que, a nivel mundial, se ha instalado como una de las prioridades de los congresos del mundo. Espero que los distinguidos colegas presenten indicaciones y realicen observaciones y aportes que perfeccionen este reglamento, para colocarnos a la vanguardia a nivel mundial en materia de lobby o gestión de intereses.
Todos los colegas deben saber que se ha trabajado con mucho rigor. En mi calidad de presidente de la Comisión de Ética y Transparencia en el período legislativo anterior, formé parte de la comisión bicameral que estudió el tema del lobby. Puedo dar garantías de que el trabajo conjunto de ambas corporaciones nos colocará a la vanguardia en esta materia.
En otros países, el lobby no es visto de forma negativa ni maligna, como he escuchado en algunas intervenciones. El lobby y la gestión de intereses forman parte del buen legislar de la gran mayoría de los congresos. No por el hecho de que un parlamentario se reúna con un interesado con ocasión de tal o cual proyecto, significa que ese parlamentario se pondrá de rodillas y actuará como le señala ese interesado. Eso no es así en el mundo.
Cuando uno comenta con parlamentarios extranjeros sobre la reglamentación que estamos discutiendo y sobre los contenidos de la ley, nos dicen que quieren implementar en sus respectivos congresos una parte de lo que apliquemos.
Reitero, el lobby y la gestión de intereses forman parte del buen legislar. No hay nada que esconder y sí mucho que mostrar. Con esta reglamentación se busca transparentar con quiénes se junta un parlamentario y qué intereses representan los lobbistas, situación que es pan de cada día en el mundo. Eso queremos lograr en Chile.
Estamos avanzando y es muy importante que la gente se dé cuenta de que todo se hace de cara a la ciudadanía. Por cierto, este reglamento se ha tratado de conciliar con propuestas del Senado, a fin de que ambas ramas del Congreso Nacional tengan una misma mirada sobre el tema. Sería muy raro que existiera una reglamentación del lobby en el Senado y otra distinta en la Cámara de Diputados. Hemos tratado de conciliar el tema.
Las indicaciones que presentarán los diputados en esta semana, junto con las de los senadores, harán una versión integrada, única, que –insisto- nos va a dejar muy bien parados a nivel internacional.
La gran discusión que se produjo fue acerca de contar con un registro ex ante de lobbistas, pero, salvo honrosas excepciones, nadie quería aparecer en el registro de lobbistas, porque existe en la opinión pública la idea de que se trata de algo negativo. Ese registro se irá construyendo, y no solo será de nuestra responsabilidad. Recordemos que el Ejecutivo ha diseñado y probado, a nivel piloto, un reglamento similar en seis o siete ministerios. Por lo tanto, no solo nosotros somos objeto de esta reglamentación, sino también las instituciones públicas. Así se formará este registro de lobbistas.
Tengo un pequeño matiz de diferencia en relación con lo expresado por el diputado Mirosevic . Considero que el reglamento es bastante claro. Si uno tiene una reunión con alguien que viene a plantear un tema en particular, debe entregar la información acerca de con quién se juntó, cuál era el objeto de la reunión, qué antecedentes se le entregaron, qué interés se manifestó en esa reunión, etcétera. Eso queda bastante claro, a mi modo de ver, en el reglamento.
La práctica nos permitirá perfeccionar esta materia, pero acá hay coherencia en lo que se está planteando, hay consistencia con respecto a lo que fue el contenido de la ley y también hay prudencia. Si se revisa la experiencia internacional, se concluye que hemos ido mucho más allá de lo que en el mundo entero se está haciendo en materia de gestión de intereses y de lobby. La práctica nos va a demostrar que después, probablemente, deberemos realizar algunos ajustes a esta reglamentación, porque esta va a dejar en evidencia lo compleja que es esta materia.
Los colegas diputados pueden estar tranquilos porque se ha hecho un trabajo riguroso, consistente, coherente y prudente para que la gestión del lobby sea un tema que quede bien reglamentado.
He dicho.
El señor CORNEJO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-
Señor Presidente, en marzo de este año se promulgó, después de mucha espera, la ley del lobby, que nos pone a la vanguardia de muchos países en la materia, aunque nos demoramos en sacarla adelante.
Queremos regular -no prohibir- el lobby y hacer transparente e igualitario el acceso hacia la autoridad en el ejercicio del derecho de petición y en la gestión de intereses particulares.
El reglamento que estamos elaborando como pieza fundamental radica en la Comisión de Ética y Transparencia la administración del corazón de la ley del lobby, así como la generación de una agenda pública y un registro de lobbistas.
La Comisión de Ética y Transparencia tendrá facultades para dictar instructivos, resolver consultas y requerimientos, fiscalizar la aplicación de la ley y sancionar cuando se incumpla.
Sin duda, la propuesta de reglamento que hoy estamos estudiando requiere ciertos perfeccionamientos.
Quiero hacer algunas reflexiones en términos generales.
En primer lugar, debemos tener cuidado en querer conceptualizar cada uno de los términos respecto de los cuales la ley ya lo había hecho con anterioridad o que expresamente no quiso definir. Cada vez que conceptualizamos, al mismo describimos y excluimos otras situaciones que expresamente no definimos. Eso puede alterar el espíritu de la legislación, que intenta dar transparencia y acceso igualitario a todas las gestiones de intereses a las que las autoridades puedan verse expuestas.
En segundo lugar, podemos caer en una excesiva burocratización de los procesos que regulan el lobby, lo que puede afectar el libre ejercicio del derecho de petición que tiene el sujeto activo de lobby y el propio cumplimiento de la norma que tenemos los sujetos pasivos de lobby, es decir, quienes podemos vernos expuestos a él.
La burocratización y los procedimientos engorrosos para hacer cumplir la ley muchas veces pueden resultar contraproducentes. Obviamente, debe haber ciertos procedimientos que aseguren su cumplimiento, pero el excesivo establecimiento de plazos y etapas puede perjudicar en vez de ayudar.
En cuanto a los donativos y a la regulación de los mismos, sin duda, debemos hacer ciertos cambios en el reglamento. El articulado habla de donativos aceptables e impone la obligación de que sean públicos, entendiendo como donativos aceptables aquellos oficiales o protocolares, los que autorizan la costumbre, la cortesía y la buena educación. Sin embargo, ni la ley ni el reglamento se refieren a aquellos otros donativos que se pueden recibir y que no entran en la categoría de aceptables, ya sea porque están prohibidos o porque exceden el monto establecido en el reglamento.
Por lo tanto, sería ilustrativo señalar si esos donativos están prohibidos o, en caso de que no lo estén, obligar a que sean igualmente públicos. Cabe señalar que este tema ha sido zanjado en los reglamentos establecidos en otros servicios públicos; sin embargo, en el nuestro aún existe un vacío al respecto.
Una reflexión final.
Los dos principios fundamentales que tanto en la ley como en el reglamento debemos salvaguardar son, en primer lugar, la igualdad de trato, esto es, el deber de los sujetos pasivos de considerar siempre los requerimientos y las peticiones de audiencia o reuniones con igualdad en el trato, lo cual significa no escuchar solo a una parte y abstenerse de escuchar a la otra, y con respeto, de modo hacer eficaz el derecho de expresar ambos puntos de vista. En segundo lugar, es necesario proteger la transparencia tanto del sujeto activo como del pasivo. Es decir, el sujeto activo que va a hablar con la autoridad debe señalar con claridad qué representa, quién lo financia, cuáles son sus intereses, etcétera. Por su parte, el sujeto pasivo debe actuar con la misma transparencia en la transmisión de esa información.
Por último, es fundamental que en la etapa de redacción y corrección del reglamento no nos asilemos solo en el cumplimiento del tenor literal de la norma, porque es imposible que la letra, la norma, el reglamento, incluya la totalidad de las situaciones existentes y de las posibles que puedan existir en la práctica del derecho de petición o de la gestión de intereses.
Por lo tanto, asilarse en el tenor literal de lo que podamos redactar en el reglamento puede excluir situaciones y alterar el espíritu de la norma, que, insisto, es cubrir con transparencia y con igualdad en el trato todas las gestiones de lobby, independientemente -insisto- de la estructura física o de la descripción literal de la norma.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Marcela Hernando .
La señora HERNANDO (doña Marcela).-
Señor Presidente, ¿quién podría poner en duda el esfuerzo que estamos haciendo para introducir mejoras en materia de transparencia? Hemos tenido varias semanas para analizar, reflexionar y formular algunas observaciones a este reglamento. No obstante, no puedo menos que ser escéptica respecto de algunos de los aspectos del mismo.
La ley N° 20.730, publicada en el Diario Oficial el 8 de marzo de este año, regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Desde ese punto de vista, quiero hacer presente que los lobbistas no solo son personas o empresas remuneradas cuyos objetivos obedecen a intereses económicos directos de algunas empresas; también hacen lobby -me interesa dejarlo señalado- los grupos de comunidades organizadas que persiguen un determinado interés, generalmente altruista o ético. Sin embargo, lo que diferencia a los lobbistas de los no lobbistas, o a los lobbistas buenos de los lobbistas malos no es solo el hecho de que sean más o menos éticos. Hacen lobby quienes nos visitan para influir en nuestras decisiones en materias medioambientales, educacionales, legales, de salud, etcétera, porque finalmente nuestras decisiones, en todos esos ámbitos, también tienen implicancias económicas.
Por lo anterior, creo que hay que poner el acento en la transparencia con el fin de que la ciudadanía pueda juzgar, con todos los antecedentes, respecto de los encuentros sostenidos por las autoridades con diferentes grupos o personas.
En Antofagasta, por ejemplo, uno de los temas más críticos tiene que ver con el Ministerio de Bienes Nacionales y el manejo de los terrenos. Habitualmente, estamos recibiendo demandas de personas naturales, microempresarios muchos de ellos al borde de la pobreza, medianos empresarios, etcétera. Sin embargo, cada vez que me acerco al Ministerio de Bienes Nacionales me queda la sensación -y el temor- de ser vista o calificada de lobbista, independientemente de que exponga determinadas materias en términos muy generales.
Cabe señalar que en esa ciudad el precio de los terrenos en zonas industriales ha subido más de mil veces su valor, sobre todo durante la última administración. Un terreno equis, de una persona que empezó a arrendar con compromiso de compra y cuyo valor era de 200 millones de pesos, hoy cuesta dos mil millones de pesos.
En ese sentido, creo que nuestra labor es ser transparentes por sobre todas las cosas. La desconfianza que prima hoy en la ciudadanía hace juzgar el lobby en forma crítica. Es necesario hacer entender que las reuniones que sostienen los parlamentarios con diversos ministerios apuntan a favorecer el desarrollo económico en forma pareja, no a algún empresario en particular.
Insisto, la solución pasa por la transparencia. En ese sentido, la bancada del Partido Radical ha formulado observaciones y efectuado reflexiones respecto de la forma en que este reglamento debe operar. Los seis parlamentarios de nuestra bancada nos hemos comprometido a cumplir con todos aquellos aspectos abordados en el reglamento y a establecer algunas medidas administrativas para cumplir con sus objetivos.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia .
El señor URRUTIA (don Ignacio).-
Señor Presidente, como han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, hoy debemos votar el proyecto de acuerdo en general. Sin embargo, como sabemos, hay plazo hasta el martes de la próxima semana para presentar indicaciones, que probablemente serán muchas, lo que terminará cambiando por completo o en gran parte el proyecto.
Por consiguiente, creo que no viene al caso efectuar un análisis en particular, sino más bien en general, que es lo que han hecho –repito- cada uno de quienes ya han intervenido.
El lobby es una materia que se ha venido cuestionando fuertemente durante muchos años, en particular durante el último tiempo. Siempre ha existido y siempre seguirá existiendo. Por eso, lo que se intenta hacer, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es regularlo y transparentarlo a fin de que la ciudadanía tenga conocimiento exactamente de lo que se está haciendo, de quién está o no haciendo lobby y por qué lo hace. Finalmente, es lo que llevó a diseñar este reglamento, que busca precisamente transparentar la actividad del lobby en el Parlamento.
Tal como han señalado los diputados que han intervenido, en esta materia es necesario buscar un acuerdo con el Senado, porque no tiene razón de ser que cada cámara tenga una reglamentación distinta. Ello sería absolutamente inaudito.
Por lo tanto, es necesario buscar los consensos necesarios y trabajar en una comisión mixta para establecer un solo reglamento para ambas cámaras, lo más transparente posible, pero no engorroso, porque a veces, al tratar de mejorar o hacer más transparentes las cosas, se las termina complicando y se dificulta la labor parlamentaria. La idea es hacer las cosas bien y así tener una eficaz reglamentación en bien del trabajo parlamentario.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón .
El señor RINCÓN.-
Señor Presidente, agradezco a la bancada del Partido Socialista, en la persona del diputado Fidel Espinoza , el gesto de cedernos sus cinco minutos. Espero que mi intervención no solo represente a la bancada de la Democracia Cristiana, sino también a la del Partido Socialista.
En primer lugar, saludo a la Mesa de la Corporación por sus esfuerzos por tener un solo reglamento para el Congreso Nacional. Sería perjudicial tener dos reglamentos, uno para cada corporación, pues ello entregaría señales de diferenciación respecto de una misma ley.
En segundo lugar, no puedo no dejar asentado que no me parece bien, ni a la bancada de la Democracia Cristiana, y, según entiendo, tampoco al resto de los integrantes de este hemiciclo, que el reglamento y la propuesta que se nos trae repita un error conceptual de la ley de lobby. Ese cuerpo legal, que fue sancionado por todos nosotros hicimos el reparo en su oportunidad, parte de la base de que la obligación de transparentar la actividad de lobby no es de quienes lo hacen, sino de quienes son sujetos pasivos de la actividad, situación que a nosotros no nos parece correcta. El lobby es una actividad legítima y es necesario transparentarla; pero no puede ser que esa obligación recaiga en los parlamentarios o en los sujetos pasivos, sean estos ministros de Estado, etcétera. Si el reglamento, cumpliendo y ejecutando la ley apunta a aquello, entonces lo que debiéramos hacer es tener una ventana única, no que cada parlamentario deba completar formularios y gatillar procedimientos administrativos propios para cumplir con un reglamento que, a nuestro juicio, va a repetir, en indebida forma, errores conceptuales contenidos en dicha ley.
Por eso, que apelo a que esa ventana única para quienes van a hacer lobby sea el registro en donde ellos señalen que necesitan hablar con tal o cual parlamentario para tal o cual tema, de forma de hacer toda la identificación, y sean las secretarías de ambas corporaciones las que efectúen los ingresos con los formularios respectivos y consignen el sujeto pasivo correspondiente.
En tercer lugar, el reglamento tiene un error conceptual de fondo que debemos corregir: confunde la ley de lobby con la ley de transparencia, lo cual es peligroso. La ley de transparencia es total y absolutamente distinta de la ley de lobby. El reglamento es un ejecutor de la ley de lobby, no de la ley de transparencia. Si ustedes examinan el reglamento que se nos propone se observa que sus normas discurren como si estuviera ejecutando la ley de transparencia. No es admisible esta confusión conceptual, y lo demostraré a través del ejemplo de los viajes en misión oficial.
En estos días, varios diputados debíamos ir a Panamá en misión oficial. Sin embargo, pedí que el Secretario General cancelara mi asistencia porque he querido estar presente en la discusión de este reglamento. La Corporación, obviamente, se ahorrará los respectivos viáticos y pasajes; sin embargo, ese no es el punto. El punto es que los viajes oficiales no tienen por qué estar considerados dentro de la normativa del lobby. ¿Qué lobby hay en un viaje oficial? ¿Cómo Eurolat, en Panamá, va a tener un sentido de lobby? ¿Qué empresas e intereses privados se están defendiendo en Eurolat-Panamá, mañana, pasado y los siguientes días, más aun cuando este es un encuentro entre parlamentarios de Europa y de América Latina? Eso es Eurolat; sin embargo, este reglamento señala que las misiones oficiales, que son cargas para los parlamentarios, porque deben ausentarse de su actividad parlamentaria y de sus distritos, redactar informes y, además, permanecer más de 16 horas en un avión para ir y volver de dichas conferencias en representación de la Corporación, son una actividad de lobby. Este es un ejemplo del error conceptual de confundir la ley de lobby con la ley de transparencia, que hará no solo farragoso el reglamento, sino que desvirtuará su sentido, cual es la ejecución de una ley que esta Corporación ha aprobado.
Felicito el esfuerzo por hacer un reglamento para el Congreso Nacional y no uno para cada cámara. En ese sentido, considero muy buena la decisión tomada por la Mesa, en coordinación con su par del Senado. Con todo, reitero mi llamado a reparar estos errores, porque no remiten al sentido y objeto de una ley de lobby. La ciudadanía espera transparencia e información, pero no que se termine dando el carácter de lobby a un cúmulo de actividades inconducentes, que no tienen ningún sentido, que no acompañan el objetivo de la ley y que incluso desvirtúan la información que es necesario colocar sobre la mesa.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez .
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).-
Señor Presidente, sin duda, nuestra democracia da un gran paso cuando se comienza a regular el lobby.
Todos sabemos que esa actividad existe y, como bien se recordó recientemente, cuando no está regulada, genera lo que vimos en la tramitación de la ley de pesca, lo que produce un cuestionamiento de las bases mismas de esa legislación, puesto que los lobbistas prácticamente eran parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
Esa situación demostró que se requería con urgencia esta reglamentación. Sin embargo, el lobby debe ser bien regulado, porque debemos saber con precisión qué estamos regulando: ¿El tráfico de influencias, las donaciones políticas, los conflictos de intereses o reuniones privadas en el Club de La Unión?
A la ciudadanía le interesa que nosotros no seamos objeto del tráfico de influencias, ni que seamos beneficiarios de donaciones políticas espurias, viciadas e ilegales. Sin embargo, cuando se pretende regular más allá de la entrega adecuada, idónea y pertinente de información y se quiere que cada detalle de un parlamentario, incluso de su vida privada, sea de conocimiento público, ello traspasa un límite.
La opinión pública debe tomar conocimiento de todo aquello que, de una u otra forma, tenga algún tipo de injerencia en nuestras decisiones al momento de tramitar un proyecto de ley.
El lobby tiene que estar necesariamente circunscrito a lo que hacemos, que es la confección de la ley, proceso en el que no debemos ser objeto de persuasiones indebidas. Eso es lo que pretenden regular la ley N° 20.730 y el reglamento que hoy estamos discutiendo.
Por eso me parece adecuado el plazo que nos hemos dado para presentar indicaciones a dicha reglamentación, con el fin de enmendar aquello que va más allá de lo estrictamente adecuado. Con esto me refiero a que los parlamentarios también tenemos vida privada, lo que implica asistir a reuniones sociales y cócteles, donde nos podemos encontrar con pares y autoridades. Al respecto, me parece totalmente impertinente que nos veamos en la obligación de dar cuenta de la conversación informal que sostengamos, por ejemplo, con el comandante en jefe del Ejército en una fiesta, reunión o asamblea.
Por lo demás, a la ciudadanía le interesa lo que dice relación con los proyectos de ley en tramitación, donde, de alguna u otra forma, puede tener incidencia el lobby. Uno puede llevar a cabo muchas reuniones que no son pertinentes con las materias que se están tratando en el Parlamento. Por lo tanto, debemos ser prudentes.
Es necesario e indispensable regular bien el lobby, a fin de que la información que entreguemos al público sea la adecuada, correcta, que necesita para decir que un parlamentario no ha sido objeto de tráfico de influencias o de donaciones políticas, ni tiene algún tipo de conflicto de intereses. Ese es el objetivo de este reglamento.
Por lo tanto, insto a todos los diputados a aprovechar este plazo, con el fin de leer el reglamento y hacer llegar nuestras observaciones a la Comisión de Ética y Transparencia. Es una oportunidad para corregir algunos temas que ya han sido expuestos, que, sin duda, carecen de una mínima razonabilidad.
He dicho.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Cerrado el debate.
Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este informe en los siguientes términos:
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Corresponde votar en general el informe de la Comisión de Ética y Transparencia por el que somete a la consideración de la Corporación el proyecto de acuerdo que aprueba el reglamento de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 7 abstenciones.
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Álvarez Vera Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo ; Andrade Lara Osvaldo ; Arriagada Macaya Claudio ; Auth Stewart Pepe ; Barros Montero Ramón ; Becker Alvear Germán ; Bellolio Avaria Jaime ; Boric Font Gabriel ; Browne Urrejola Pedro ; Cariola Oliva Karol ; Carmona Soto Lautaro ; Carvajal Ambiado Loreto ; Castro González Juan Luis ; Chahin Valenzuela Fuad ; Chávez Velásquez Marcelo ; Coloma Alamos Juan Antonio ; Cornejo González Aldo ; De Mussy Hiriart Felipe ; Espejo Yaksic Sergio ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farcas Guendelman Daniel ; Farías Ponce Ramón ; Fernández Allende Maya ; Fuentes Castillo Iván ; Gahona Salazar Sergio ; Girardi Lavín Cristina ; Gutiérrez Gálvez Hugo ; Gutiérrez Pino Romilio ; Hasbún Selume Gustavo ; Hernández Hernández Javier ; Hernando Pérez Marcela ; Hoffmann Opazo María José ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Macaya Danús Javier ; Melero Abaroa Patricio ; Melo Contreras Daniel ; Mirosevic Verdugo Vlado ; Molina Oliva Andrea ; Monsalve Benavides Manuel ; Morales Muñoz Celso ; Morano Cornejo Juan Enrique ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Arancibia Daniel ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Pilowsky Greene Jaime ; Poblete Zapata Roberto ; Rincón González Ricardo ; Rivas Sánchez Gaspar ; Robles Pantoja Alberto ; Rocafull López Luis ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Espinoza René ; Saldívar Auger Raúl ; Sandoval Plaza David ; Schilling Rodríguez Marcelo ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Silva Méndez Ernesto ; Soto Ferrada Leonardo ; Squella Ovalle Arturo ; Tarud Daccarett Jorge ; Teillier Del Valle Guillermo ; Torres Jeldes Víctor ; Trisotti Martínez Renzo ; Tuma Zedan Joaquín ; Turres Figueroa Marisol ; Urízar Muñoz Christian ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Urrutia Soto Osvaldo ; Vallespín López Patricio ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Matías ; Ward Edwards Felipe .
Se abstuvieron los diputados señores:
Berger Fett Bernardo ; Fuenzalida Figueroa Gonzalo ; García García René Manuel ; Paulsen Kehr Diego ; Pérez Lahsen Leopoldo ; Rathgeb Schifferli Jorge ; Santana Tirachini Alejandro .
El señor CARMONA (Vicepresidente).-
En virtud del acuerdo de los Comités parlamentarios, el proyecto vuelve a la Comisión de Ética y Transparencia, fijándose como plazo máximo para la presentación de indicaciones el martes 11 de noviembre, hasta las 18.00 horas.
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