REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 362ª Sesión 103ª, en martes 9 de diciembre de 2014 (Ordinaria, de 11.15 a 14.04 horas) Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo, y Carmona Soto, don Lautaro. Presidencia accidental del señor Ortiz Novoa, don José Miguel. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES VIII.- ANEXO DE SESIÓN IX.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.- PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL Pág. I. ASISTENCIA..................................................................... 31 II. APERTURA DE LA SESIÓN....................................................... 35 III. ACTAS ......................................................................... 35 IV. CUENTA ....................................................................... 35 ACUERDOS DE LOS COMITÉS ............................................... 35 V. ORDEN DEL DÍA ................................................................. 36 SANCIÓN A TRANSPORTE DE DESECHOS HACIA VERTEDEROS CLANDESTINOS (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7908-15) [CONTINUACIÓN]............. 36 MODIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OBTENER CARTA DE NACIONALIZACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9455-06) [CONTINUACIÓN] ............... 42 MODIFICACIÓN DE LEY N° 20.285 PARA GARANTIZAR ACCESO UNIVERSAL A INFORMACIÓN CONTENIDA EN PÁGINAS WEB DE INSTITUCIONES PÚBLICAS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9629-19) ............................ 55 ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA ONEMI DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 8353-19)..................... 63 VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN .................................. 68 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE RURAL Y REACTIVACIÓN DE MESAS PROVINCIALES ANTIABIGEATO (PENDIENTE)................................... 68 OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A DIRIGENTES VECINALES EN APOYO Y RECONOCIMIENTO A SU LABOR ............................................. 71 ENVÍO DE PROYECTO DE LEY QUE FORTALEZCA Y ENTREGUE MAYORES ATRIBUCIONES A LA AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA ................... 73 VII. INCIDENTES ................................................................... 76 EXCESIVA TRAMITACIÓN EN ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y AUMENTO DEL PRECIO DEL METRO CUADRADO EN TERRENOS INDUSTRIALES (OFICIO) .......... 76 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE RUTA OSORNO Y ENTRE LAGOS, PUYEHUE (OFICIOS) ........................................................ 77 FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AGUA POTABLE RURAL DEL SECTOR DE ÑADI Y PICHIDAMAS, COMUNA DE PUYEHUE (OFICIOS) .............................. 77 INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROYECTO DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RURAL DEL SECTOR LOS NEGROS, COMUNA DE PUYEHUE (OFICIOS) ..... 78 PRIORIDAD EN RECONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL DE POBLACIÓN CARRASCO, COMUNA DE PURRANQUE (OFICIO) ........................................... 78 Pág. INFORMACIÓN SOBRE PROPIETARIO DE SECTOR FERROVIARIO SUR, COMUNA DE RÍO NEGRO (OFICIOS).................................................... 78 FISCALIZACIÓN DE CURSOS DE AGUA CONTAMINADOS CON AGUAS SERVIDAS EN NUEVA BRAUNAU, COMUNA DE PUERTO VARAS (OFICIOS) ................... 78 INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROYECTO DE OBRAS DE AGUAS LLUVIA EN NUEVA BRAUNAU, COMUNA DE PUERTO VARAS (OFICIO) ....................... 79 INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE RECONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO PEOPLE HELP PEOPLE DE PUYEHUE (OFICIO) .......................................... 79 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO Y CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE ASEO Y ORNATO DE LAS NUEVE COMUNAS DEL DISTRITO 56, REGIÓN DE LOS LAGOS (OFICIOS) .......................................... 79 PREOCUPACIÓN POR CIERRE DE UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE POR FALTA DE PERSONAL (OFICIOS) ........ 80 INFORMACIÓN DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES SOBRE PASO DE PERSONAL MUNICIPAL A TERRITORIO ARGENTINO (OFICIO)..................... 81 INFORMACIÓN SOBRE TERRENOS FISCALES DESTINADOS A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN COMUNA DE CALAMA (OFICIO) ....................... 81 MODIFICACIÓN DE FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN COMUNA DE CALAMA (OFICIO) .................................................................. 82 INFORMACIÓN SOBRE TÉRMINO DE OBRAS DE HOSPITAL DE CALAMA Y PRESTACIONES DE CLÍNICA DE CALAMA (OFICIO) .............................. 82 FISCALIZACIÓN A LICEO RENÉ DESCARTES, CIUDAD DE VIÑA DEL MAR (OFICIO) .. 83 APOYO A MOVILIZACIÓN DE PROFESORES ................................... 84 VIII. ANEXO DE SESIÓN ............................................................ 86 COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES... 86 INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS Y PROGRAMAS PARA PLANES DE EMERGENCIA HÍDRICA DE PROVINCIAS DEL HUASCO Y COPIAPÓ (OFICIO) ........ 86 INFORMACIÓN SOBRE CONCURSOS DEL INDAP PARA ESTUDIO DE CONSTRUCCIÓN DE CANALES EN PROVINCIAS DEL HUASCO Y DE COPIAPÓ (OFICIO) .................................................................. 86 INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA CAMBIO DE NOMBRE DE MEDALLA DEL EJÉRCITO (OFICIO) ......................................... 87 FELICITACIONES POR LABOR DESEMPEÑADA POR CUERPO DE BOMBEROS DE DOMEYKO, REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS) ................................... 87 IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA .................................................. 89 1. MENSAJE DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL DA INICIO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO QUE “CREA QUINCE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATALES”. (BOLETÍN N° 9766-04) .............................................. 89 2. OFICIOS DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9094-12) .............. 101 Pág. 3. OFICIOS DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N°8207-07) .............. 101 4. OFICIOS DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9628-08) .............. 101 5. OFICIOS DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9629-19) .............. 102 6. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9007-03) .............. 102 7. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9766-04) .............. 103 8. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9405-04) .............. 103 9. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, CON URGENCIA “SIMPLE”, QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL PARA CREAR EL ESTADO CIVIL DE SOLTERO Y SU MEDIO DE PRUEBA. ((BOLETÍN N° 8239- 07). ..................................................................... 104 10. INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SUMA”, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.327, EN LO TOCANTE A SU ÁMBITO DE APLICACIÓN Y AL ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN SANCIONATORIO EFECTIVO, Y LA LEY N° 20.502, EN MATERIA DE FUNCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO”. (BOLETÍN N° 9566-29) ....................................................... 107 11. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GODOY Y BROWNE, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA RUBILAR, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y LA LEY N° 17.288, PARA SANCIONAR EL RAYADO EN BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y AUMENTAR LAS SANCIONES POR DAÑO EN INMUEBLES UBICADOS EN SITIOS DECLARADOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD “. (BOLETÍN N° 9750-07) ....................................................... 114 12. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS PASCAL, ALVAREZ, CARVAJAL, CICARDINI Y FERNÁNDEZ, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CAMPOS, FARCAS, MONSALVE, NÚÑEZ, DON DANIEL, Y ROCAFULL, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO, CON EL OBJETO DE EQUIPARAR LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR CON LOS DEL RESTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO”. (BOLETÍN N° 9751-13) .............................................. 116 13. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CARMONA, AGUILÓ, BORIC, CORNEJO, JIMÉNEZ, SAFFIRIO, TEILLIER Y VALLESPÍN, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO Y PASCAL, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN EL SENTIDO DE ACOTAR LA POSIBILIDAD DE EXCLUIR DE LA LIMITACIÓN DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO A QUIENES SE DESEMPEÑEN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL”. (BOLETÍN N° 9752-13) ..... 118 14. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR ROCAFULL QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.327, CON EL PROPÓSITO DE SANCIONAR LAS CONDUCTAS RACISTAS Y DISCRIMINATORIAS EN QUE SE INCURRA CON MOTIVO U OCASIÓN DE UN ESPECTÁCULO DE FÚTBOL PROFESIONAL”. (BOLETÍN N° 9753-29) ....................................................... 121 15. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CHAHIN, ESPEJO, FARCAS, FLORES, GARCÍA, NÚÑEZ, DON DANIEL; PAULSEN, POBLETE Y RINCÓN, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA CARVAJAL, QUE “ESTABLECE EL DÍA NACIONAL DEL CONSUMIDOR”. (BOLETÍN N° 9756-03............................................................... 123 16. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR KAST, DON FELIPE, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE RESTRICCIONES A LA REELECCIÓN DE SENADORES Y DIPUTADOS”. (BOLETÍN N° 9757-07) .................................. 125 Pág. 17. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GAHONA, HASBÚN, HERNÁNDEZ, KORT, MACAYA, MORALES, SANDOVAL Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y NOGUEIRA, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR A QUIENES ATENTEN CONTRA MONUMENTOS NACIONALES O SITIOS DECLARADOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”. (BOLETÍN N° 9758-07) ............................................ 126 18.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, ALVAREZSALAMANCA, BELLOLIO, HASBÚN, HERNÁNDEZ, MACAYA, MORALES Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y MOLINA, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL OBJETO DE PERMITIR EL ESTABLECIMIENTO DE INSTANCIAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS”. (BOLETÍN N° 9759-06) ....................................................... 128 19. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA SEPÚLVEDA Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARRIAGADA, MIROSEVIC Y ROBLES, QUE “ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE OTORGAR SEGUROS A VIVIENDAS DECLARADAS MONUMENTOS NACIONALES O MONUMENTOS HISTÓRICOS”. (BOLETÍN N° 9760-24) ..................... 129 20. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES KORT, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HASBÚN, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MACAYA, MORALES, SANDOVAL, SILVA Y URRUTIA, DON OSVALDO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HOFFMANN, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL OBJETO DE FACULTAR A ESTAS ENTIDADES PARA RETIRAR LA BASURA ACUMULADA EN UNA PROPIEDAD PRIVADA EN EL CASO QUE INDICA “. (BOLETÍN N° 9761-06) ............................................ 132 21. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, BELLOLIO, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HASBÚN, MACAYA, MORALES, SILVA Y SQUELLA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y MOLINA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.600, QUE CREA LOS TRIBUNALES AMBIENTALES, CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR LOS PLAZOS QUE INDICA EN EL PROCEDIMIENTO POR DAÑO AMBIENTAL”. (BOLETÍN N° 9762-12) ..................... 133 22. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES NORAMBUENA, BARROS, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HASBÚN, HERNÁNDEZ, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; KORT, MORALES Y URRUTIA, DON OSVALDO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA TURRES, QUE “MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE EXIGIR LA INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO EN LOS AUTOMÓVILES PARA PREVENIR CHOQUES “. (BOLETÍN N° 9763-15)...................... 135 23. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES LAVÍN, GAHONA, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MACAYA, ULLOA, VAN RYSSELBERGHE Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN, MOLINA Y NOGUEIRA, QUE “REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN MATERIA DE GIRAS DE ESTUDIO”. (BOLETÍN N° 9764-03) ............................................... 137 24. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA SABAT Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BECKER, EDWARDS, FUENZALIDA; GARCÍA, MONCKEBERG, DON NICOLÁS; PAULSEN, PÉREZ, DON LEOPOLDO; RATHGEB Y SANTANA, QUE “MODIFICA LA LEY N° 18.056, PARA PERMITIR QUE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS TERRORISTAS SOLICITEN UNA PENSIÓN DE GRACIA”. (BOLETÍN N° 9765-25) ....................................................... 138 25. SÉPTIMO INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. ........................................ 140 X. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1. Comunicaciones: De la diputada señora Cariola por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 27 de noviembre de 2014 por actividades propias de la labor parlamentaria. Del diputado señor Castro por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 27 de noviembre de 2014 por actividades propias de la labor parlamentaria. De la diputada señora Sabat por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 27 de noviembre de 2014 por actividades propias de la labor parlamentaria. Del diputado señor Silva por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 27 de noviembre de 2014 por actividades propias de la labor parlamentaria. Del jefe de bancada de diputados del Partido Comunista por la cual informa que el diputado señor Núñez, don Daniel, reemplazará al diputado señor Gutiérrez, don Hugo, en la Comisión Especial Investigadora encargada de analizar las actuaciones del Servicio Electoral frente a las presuntas anomalías en los aportes privados a las campañas parlamentarias y presidenciales, y la participación del Estado en apoyo de una u otra candidatura. 2. Notas: Del diputado señor Carmona por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 4 de diciembre de 2014, para dirigirse a Panamá. Del diputado señor Campos, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 34 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días a contar del 5 de diciembre de 2014, para dirigirse a Israel e Italia. De la diputada señora Sabat por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 2 de diciembre de 2014, para dirigirse a Bogotá, Colombia. De la diputada señora Carvajal por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 29 de noviembre de 2014, para dirigirse a Costa Rica y a Los Ángeles, California. Del diputado señor García por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 2 de diciembre de 2014, para dirigirse a Argentina. Del diputado señor Cornejo por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 4 de diciembre de 2014, para dirigirse a Panamá. Del diputado señor León por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 3 de diciembre de 2014, para dirigirse a Panamá. Del diputado señor Rincón por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 3 de diciembre de 2014, para dirigirse a Panamá. Del diputado señor Vallespín por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 1 de diciembre de 2014, para dirigirse a Bolivia. Del diputado señor Browne por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 5 de diciembre de 2014, para dirigirse a Lima, Perú. Del diputado señor Farías, por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 5 de diciembre de 2014, para dirigirse a Estados Unidos. Del diputado señor Morales por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 5 de diciembre de 2014, para dirigirse a Israel. Del diputado señor Melo por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días a contar de hoy, 9 de diciembre, para dirigirse a Perú. De la diputada señora Pascal por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 6 de diciembre de 2014, para dirigirse a Perú. 3. Licencias médicas: Otorgada a la diputada señora Rubilar por la cual acredita que debió permanecer en reposo el 26 de noviembre de 2014. Otorgada al diputado señor Jaramillo por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de veinticinco días, a contar del 4 de diciembre de 2014. 4. Oficios: De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el que comunica, en virtud del Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales, que el diputado señor León concurrirá, en su calidad de Presidente del Grupo América Latina y el Caribe Grulac -, en las actividades que se desarrollarán con ocasión del cincuentenario del Parlamento Latinoamericano, que se realizarán en Panamá, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2014 (492). De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Campos concurrirá en misión oficial al “V Seminario Internacional de Senadores y Miembros del Parlamento Andino de Latino América”, que se realizará en Jerusalén, entre el 6 y el 12 de diciembre de 2014 (493). De la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual comunica que el diputado señor Browne acompañará a S.E. la Presidenta de la República en su gira oficial a Lima, Perú, los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2014 (494). De la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento por el cual comunica que el diputado señor Carmona concurrirá a las actividades que se desarrollarán con ocasión del cincuentenario del Parlamento Latinoamericano, en Panamá, entre el 3 y el 7 de diciembre de 2014 (495). Respuestas a Oficios Contraloría General de la República Diputado Espinosa don Marcos, Diputada Hernando doña Marcela, Antecedentes del dictamen, que nunca se cursó, relativo a la contratación de asesoría para la inspección técnica de obras para la construcción del Hospital Carlos Cisternas de Cama, II Región y solicitarle se sirva informar sobre la existencia de estados de pago cursados por dicho concepto. (91108 al 1120). Ministerio de Interior Diputada Sabat doña Marcela, informar a esta Corporación las razones por las cuales no se envió a toma de razón una resolución de designación de cargos de más de 80 funcionarios públicos que han cumplido las normas legales y reglamentarias que exigen los concursos públicos de la Administración del Estado, precisando lo que acontecerá en los próximos meses en relación a este proceso de invalidación de nombramientos de cargos que han iniciado en la Contraloría General de la República (18143 al 2217). Diputado Martínez, Posibilidad de asignar recursos de emergencia para la reposición del cuartel de bomberos de la localidad de Los Lleuques en la comuna de Pinto, provincia de Ñuble. (20112 al 1230). Diputado Ward, Trámite de toma de razón de los nombramientos de Gobernadores e Intendentes, cumplimiento de la obligación de remitir los antecedentes dentro del plazo legal, responsabilidades involucradas y situación jurídica y administrativa de quienes no cumplieron con esta exigencia, en los términos que plantea en la solicitud que se acompaña. (20113al 2915). Diputado Ward, Diputado Kast, informe a esta Cámara sobre los contratos celebrados entre este Ministerio y cada una de sus dependencias con la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Arcis, desde 2004 al mes de agosto de 2014, indicando sus objetivos, montos involucrados y representantes de la institución señalada. (20116 al 3988). Diputado Santana, Diputado Fuenzalida, Funcionarios que se desempeñan en las Delegaciones Presidenciales de Arica y Parinacota, Tarapacá y Valparaíso, que se individualizan en la solicitud que se acompaña, respecto del motivo de la contratación, las funciones concretas que desempeñan, los informes que respaldan las labores realizadas y la justificación de sus sueldos. (20117 al 3223). Diputado Urízar, Posibilidad de considerar en su base presupuestario, recursos destinados a la adquisición de 10 hectáreas para la concreción de un proyecto habitacional, en la comuna de Nogales, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (5664 al 4680). Diputado Hernández, Herramientas y tecnologías con las que cuentan las entidades policiales, particularmente, en materia de drogas. (974 al 5128). Ministerio de Relaciones Exteriores Diputado Mirosevic, Se condene los crímenes, delitos y hechos de violencia acaecidos el 26 y 27 de septiembre del presente año, en la ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México, en el cual seis personas murieron, veinte resultaron heridas y cuarenta y tres estudiantes desaparecidos. Asimismo, manifieste el apoyo y la confianza que nuestro Estado tiene en que esa institucionalidad sabrá restablecer la paz social y la vigencia del Estado de Derecho, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (00 al 518). Diputado Hasbún, Diputada Molina doña Andrea, remita a esta Corporación la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el presupuesto asignado a las embajadas chilenas en el exterior. (646 al 5103). Proyecto de Resolución 200, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la condena por la desaparición de 43 estudiantes del estado de Guerrero, México y que instruya al Canciller, a fin de que exprese a los organismos internacionales y al Gobierno mexicano, la preocupación y rechazo. 00. Proyecto de Resolución 219, “Solicitar a S.E. la Presidenta de la República, manifieste el rechazo de nuestro país a las inaceptables desapariciones y crímenes en Iguala, México y solicitar a las autoridades del país el pronto esclarecimiento de la desaparición de 43 estudiantes en dicha ciudad.” 00. Proyecto de Resolución 223, “Solicitar a S.E. la Presidenta de la República medidas ante la desaparición forzada de 43 estudiantes en los Estados Unidos Mexicanos.” Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Diputado Rathgeb, Reitera Oficio N° 3.076. (2381 al 5612). Diputada Hoffmann doña María José, Remitir a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la situación del señor Luis González Muñoz, de oficio pescador artesanal, domiciliado en la comuna de El Quisco, a quién se le revocó su permiso de pesca con artes de redes de merluza común; sin perjuicio que, si lo tiene a bien, gestione una solución para el problema laboral que le afecta. (55887 al 3707). Diputado Gutiérrez don Hugo, remita a esta Cámara, la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el proceso de selección y elección de los miembros del Directorio de la empresa Zona Franca Iquique S.A. (8127 al 4621). Diputado Fuenzalida, Medidas que se tomarán por ese Ministerio para combatir el ciclo de desaceleración económica que enfrenta el país. (8128 al 5241). Diputado Rathgeb, Personal bajo su dependencia beneficiado con la asignación por desempeño de funciones críticas, en conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley N° 19.882, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (8129 al 3103). Diputado Rathgeb, Reitera Oficio N° 3.103. (8129 al 5620). Diputado Ward, informe a esta Cámara sobre las remuneraciones pagadas y percibidas a los Consejeros del Comité Innova de la Corporación de Fomento de la Producción (8135 al 4594). Diputado Ward, Remita a esta Cámara toda la información respecto a las dietas y remuneraciones pagadas y percibidas por los Consejeros del Comité Innova Chile, de la Corporación de fomento de la Producción, desde el mes de abril a septiembre del presente año, desagregados por mes y consejero. (8135 al 5372). Proyecto de Resolución 104, “Solicita término de cobro de comisiones por “consulta de saldo” y “giros” por BancoEstado.”2426. Diputado Letelier, Factibilidad de reincorporar la formación cívica en los planes de estudio de la educación media para motivar la participación de los jóvenes en la vida pública. (1698 al 3317). Diputado Letelier, Factibilidad de reincorporar la formación cívica en los planes de estudio de la educación media para motivar la participación de los jóvenes en la vida pública. (1698 al 3322). Diputado Ward, Diputado Kast, informe a esta Cámara sobre los contratos celebrados entre este Ministerio y cada una de sus dependencias con la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Arcis, desde 2004 al mes de agosto de 2014, indicando sus objetivos, montos involucrados y representantes de la institución señalada. (1725 al 3981). Diputado Jarpa, Posibilidad de disponer un estudio de ingeniería que permita efectuar las mejoras infraestructurales que requiere el Liceo de Yungay y, asimismo, buscar los mecanismos necesarios para reparar las dependencias del Liceo Industrial de la Ciudad de Chillán, ambos establecimientos de la provincia de Ñuble, en los términos que precisa en la solicitud adjunta. (1727 al 3826). Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Razones por las cuales se ha retrasado el término del diseño del proyecto de construcción de las nuevas dependencias del Liceo Industrial de la comuna de San Fernando. (1729 al 4334). Diputado Ward, Informar respecto de las asignaciones económicas entregadas al ministro, subsecretario, jefes de servicio, secretarios regionales ministeriales, asesores y a cualquiera otra persona vinculada, bajo cualquiera modalidad, al Ministerio a su cargo, desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, por los conceptos que se detallan en la solicitud adjunta. (1731 al 3526). Diputado Coloma, Remita a esta Cámara, la información detallada en la petición adjunta respecto de las charlas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (1732 al 4512). Diputado Kast, Diputado Bellolio, Funciones que asumirá el señor Andrés Palma en el Ministerio de Educación, las razones técnicas de la creación de su cargo, las competencias, duración y remuneración del cargo y acerca de las demás interrogantes que plantea en la solicitud que se acompaña. (1733 al 2069). Diputado Sandoval, Plan de inversiones contemplado a desarrollar en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, desagregado por comunas, incluyendo los programas e iniciativas a ejecutar. Asimismo, precise la inversión a implementar, su prioridad, incluyendo un cuadro comparativo respecto a lo desarrollado en la administración anterior, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (3637 al 5225). Diputado Ward, Funciones que asumirá el señor Andrés Palma en el Ministerio de Educación, remitiendo copia de la resolución de toma de razón de su nombramiento y acerca de las demás interrogantes que plantea en la solicitud que se acompaña. (374 al 2046). Ministerio de Justicia Diputado Flores, Instruir se reconsidere la eventual decisión de redistribuir internos desde los recintos penitenciarios de la Región Metropolitana de Santiago hacia centros de reclusión ubicados en otras regiones del país. (10148 al 391). Diputado Monckeberg don Cristián, Antecedentes sobre el funcionamiento y operación del Centro Metropolitano Norte, comuna de Til Til, que depende del Servicio Nacional de Menores. (10271 al 4573). Diputado Santana, Remitir un pronunciamiento respecto de la solicitud de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, provincial Chiloé y, además, informar sobre el destino de la dotación comprometida para el año 2015, en razón de la aplicación de la ley N° 20.426, que moderniza Gendarmería de Chile incrementando su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria, y respecto de la reposición de 41 vehículos de ese servicio en base al proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2015. (10448 al 5334). Diputada Álvarez doña Jenny, Informar respecto de los alcances de la investigación realizada en relación con una presunta red de abuso y explotación de menores de edad en las comunas de Osorno, Puerto Montt y Castro; además, sobre las gestiones realizadas y el número de denuncias y las acciones judiciales en curso en la Región de Los Lagos, en estos casos. Asimismo, señale el número de denuncias que se han recibido en el país, desde los últimos tres años a la fecha, particularmente en la Región de Los Lagos, por casos de abusos y explotación de menores; el número de acciones judiciales iniciadas por el servicio a su cargo en los casos antes referidos; los resultados obtenidos en las causas ya concluidas; y, finalmente, las medidas y acciones implementadas en apoyo de las víctimas. (384 al 3859). Diputada Hoffmann doña María José, Causas del cierre del hogar de menores El Redil de la comuna de San Antonio y las medidas adoptadas para la reubicación de sus acogidos y para la instalación de un centro de menores alta complejidad. Asimismo, S. S. requiere antecedentes sobre la entrega de subvenciones a los distintos hogares del mismo tipo en la provincia de San Antonio. (703 al 5479). Ministerio de Obras Públicas Diputado Morales, Informar sobre la existencia de un estudio para la pavimentación de la Ruta J-80, desde el sector La Higuera hasta la Rada Llico, en la provincia de Curicó. (1019 al 4749). Diputado Chahin, Si lo tiene a bien, disponga ordenar la instalación de señalizaciones preventivas en el camino que une a las comunas de Galvarino con Piedra, en la Región de La Araucanía, específicamente frente al establecimiento educacional Escuela La Piedra, ubicada en el sector Ranquilco Grande, en los términos que se indican en la petición adjunta. (3107 al 452). Diputado Sabag, Reactivar el proyecto de pavimentación de la ruta costera que une Cobquecura y Dichato (3109 al 14276). Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre los derechos de aguas otorgados en el canal “La Laja”, en Cabildo. (3111 al 5067). Diputado Walker, Realizar una visita inspectiva para comprobar en terreno las condiciones en que se encuentra la calle principal de Los Molles. (3112 al 307). Diputado Martínez, Posibilidad de disponer la reposición del viaducto, ubicado en el kilómetro 62, camino a Las Trancas, comuna de Pinto. (3113 al 89). Diputado Chahin, Disponer las medidas necesarias para solucionar los problemas de infraestructura vial, detallados en la solicitud adjunta, que afectan a la comunidad Pelon Mapu, en la comuna de Victoria. (3114 al 364). Diputado Soto, Posibilidad de adoptar las medidas técnicas necesarias parar trasladar la pasarela ubicada en la Autopista Central en la comuna de San Bernardo, a la altura de la calle Eucaliptus, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (3115 al 4275). Diputado De Urresti, Proceso de reposición de la Ruta T-835 T-905 Crucero Trapi-Cayurruca, de la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos. (3117 al 14203). Diputado Rathgeb, reiterar el oficio N° 2717 de esta Corporación de fecha 14 de julio de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara sobre el resultado de la consulta realizada a comunidades indígenas y no indígenas respecto a la construcción de dobles vías e instalación de peajes en la provincia de Malleco (3121 al 5142). Diputado Fuentes, Todos los proyectos que se están ejecutando o que se ejecutarán en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, indicando los montos, fechas de ejecución, financiamiento, fecha estimada de entrega y, en general, toda la información relevante respecto a los mismos. (3122 al 5091). Diputado Coloma, Informe detalladamente a esta Cámara sobre los proyectos de obras públicas en estado de estudio y ejecución, los montos previstos y los plazos estimados para su conclusión o entrega, en los términos que se precisan en la solicitud adjunta. (3123 al 4137). Diputada Vallejo doña Camila, informar a esta Corporación sobre el cumplimiento de los estándares de construcción por parte de la empresa española encargada de construir el hospital de La Florida (3126 al 1901). Diputado Flores, Informar sobre la situación actual de las obras de construcción del centro de rehabilitación perteneciente a la Fundación Teletón, en la ciudad de Valdivia, y respecto de las fechas previstas para la reanudación de las mencionadas obras. (3127 al 3639). Diputado Kort, Informar sobre las eventuales extracciones ilegales de áridos en el cauce del río Cachapoal, en el sector ubicado aguas abajo del puente Peumo, en la comuna de Peumo y, además, verificar el eventual abandono de las causas judiciales a que se refiere la solicitud adjunta, por parte de la Dirección General de Aguas, y fiscalizar en el sector antes mencionado el cumplimiento de la prohibición para realizar nuevas extracciones de áridos. (3128 al 5065). Diputado Squella, Estado de tramitación del Proyecto de mejoramiento programa de vialidad urbana del troncal Viña del Mar Quilpué, indicando el número de expropiaciones realizadas, individualizando los propietarios afectados, en los términos de la solicitud adjunta. (762 al 5468). Ministerio de Agricultura Diputada Molina doña Andrea, Uso que se estaría dando al área verde de carácter comunitaria que contempla el Plan Regulador del Municipio de Quintero, ubicada en la localidad de Loncura Alto, ya que dicha área estaría siendo talada sin que se efectúen las fiscalizaciones correspondientes. (618 al 3740). Diputada Molina doña Andrea, Condonación de deudas de los deudores de créditos, que se contará desde el año 2009 hacia atrás, especificando si la deuda se extinguirá o sólo se les prorrogará el plaza para el pago. Asimismo, señale la situación legal de las personas que se encuentran en situación de deudores con posterioridad al año 2009. (67055 al 4774). Ministerio de Bienes Nacionales Diputado Rathgeb, Reitera Oficio N° 2.937. (592 al 5583). Proyecto de Resolución 144, “Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la dictación de un decreto a fin de establecer la “casa 100 de Coya” como Palacio Presidencial.” 873. Diputado Campos, Posibilidad de disponer los estudios para la apertura de oficinas del Instituto de Previsión Social en las comunas de Chiguayante, Hualqui, Penco y Santa Juana. (27729al 4743). Diputado Letelier, Posibilidad de interponer sus buenos oficios con el propósito de colaborar en la búsqueda de una solución que permita poner término a la huelga legal de los trabajadores del Colegio San Antonio del Baluarte de la comuna de Rengo. (470 al 5054). Ministerio de Salud Diputada Molina doña Andrea, Posibilidad de evaluar los antecedentes médicos del señor Pablo Barrios Roa de la comuna de Quintero, con el propósito de facilitarle el acceso a los beneficios sociales que correspondan. (1421 al 5649). Diputado Squella, Reclamo efectuado por el señor Gerardo Gazmuri Méndez y la señora Raquel Sanhueza Estay, el 17 de octubre del presente año, por la presunta falta de oportunidad e ineficiencia de atención médica en el Hospital de Peñablanca, remitiendo la copia del reclamo, resoluciones y medidas de fiscalización instruidas, en los términos de la solicitud adjunta. (1742 al 5469). Diputado Urízar, Situación que afecta a 27 trabajadores del hospital San Agustín de La Ligua, quienes se encuentran sometidos a un régimen de trabajo denominado “compra de servicios”, el que se encontraría al margen de la legalidad vigente, disponiendo la investigación que corresponda y adoptando la solución que se amerite, a la brevedad. (1743 al 5163). Diputada Molina doña Andrea, Proyecto de Centro Comunitario de Salud Familiar, que beneficiará al sector norte de la comuna de Quillota y, en específico, indique el estado de avance de las obras y el tiempo estimado de entrega del mismo. (1745 al 5532). Diputada Molina doña Andrea, Proyecto de Centro Comunitario de Salud Familiar, que beneficiará al sector norte de la comuna de Quillota y, en específico, indique el estado de avance de las obras y el tiempo estimado de entrega del mismo. (1763 al 5532). Diputado Fuenzalida, Disponga que se efectúe un análisis estructural de las fosas sépticas del sector Caupolicán Alto, La Unión, solucionando los problemas graves de sanidad que se presentan en aquella comunidad. (1966 al 374). Diputado Rathgeb, Desvinculaciones efectuadas, entre los meses de marzo y septiembre de 2014, en la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Fondo Nacional de Salud, la Central Nacional de Abastecimiento del Estado y el Instituto de Salud Pública, en los términos que expone en la solicitud que se adjunta. (2759 al 4525). Ministerio de Minería Diputado Carmona, informe a esta Cámara respecto de las normas que regulan el transporte de mineral y, además tenga a bien tomar las acciones pertinentes para el cumplimiento de las mismas. (2217 al 5678). Ministerio de Minería Y Energía Diputado Rathgeb, Reitera Oficio N° 3.032. (842 al 5602). Proyecto de Resolución 42, “Solicita la creación de una sucursal de Banco Estado en las comunas de Mejillones y Futrono.” 2417. Proyecto de Resolución 104, “Solicita término de cobro de comisiones por “consulta de saldo” y “giros” por BancoEstado.”2426. Diputado Rocafull, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada el consumo de energía eléctrica en la Región de Arica y Parinacota entre los años 2012 y el primer semestre del 2014. (1586 al 4808). Diputado Monckeberg don Cristián, Antecedentes con los que cuente ese ministerio, sobre el estudio elaborado por las consultoras Valgesta y Mercados Energéticos, respecto al análisis de las rentabilidades de las distribuidoras de gas. (1588 al 4571). Ministerio de Vivienda y Urbanismo Diputado Urrutia don Osvaldo, Informar, primero, la cantidad de loteos irregulares que todavía existen en cada una de las comunas de su región, en seguida, respecto del programa de saneamiento que respecto de esos terrenos propone el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y, finalmente, la cantidad de loteos que en cada comuna de esa región se han saneado por aplicación de las leyes Nos. 20.234 y 20.562. (1587 al 4897). Diputado Sandoval, Posibilidad de tener presente la postulación de la señora Selmira Arriagada Martínez, cédula nacional de identificación N° 5.364.773-1, domiciliada en la comuna de Coyhaique, al subsidio habitacional para construcción en sitio propio, puesto que cumpliría con los requisitos legales para ello y, sin embargo, se le habría rechazado en tres oportunidades el otorgamiento del referido beneficio, en los términos que se indican en la petición adjunta. (2392 al 5237). Diputado Urrutia don Osvaldo, Informar, primero, la cantidad de loteos irregulares que todavía existen en cada una de las comunas de su región, en seguida, respecto del programa de saneamiento que respecto de esos terrenos propone el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y, finalmente, la cantidad de loteos que en cada comuna de esa región se han saneado por aplicación de las leyes Nos. 20.234 y 20.562. (3285 al 4897). Diputado Urrutia don Osvaldo, Informar, primero, la cantidad de loteos irregulares que todavía existen en cada una de las comunas de su región, en seguida, respecto del programa de saneamiento que respecto de esos terrenos propone el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y, finalmente, la cantidad de loteos que en cada comuna de esa región se han saneado por aplicación de las leyes Nos. 20.234 y 20.562. (5968 al 4911). Diputado Urizar, Posibilidad de disponer una solución al problema del monto de los dividendos que pagan los propietarios de viviendas sociales de la Villa Las Américas II de la localidad de Artificio, comuna de La Calera, considerando una rebaja en proporción al avalúo real de las propiedades. (688 al 5440). Diputado Rathgeb, Reitera Oficio N° 3.088. (728 al 5616). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Diputada Pacheco doña Clemira, Informe a esta Cámara sobre el estado de avance y cronología prevista para cada una de las iniciativas viales anunciadas recientemente y destinadas a mejorar la conectividad al sur de la Región del Biobío, las cuales se encuentran enumeradas en la solicitud adjunta. (3118 al 13698). Diputado Rathgeb, Personal bajo su dependencia beneficiado con la asignación por desempeño de funciones críticas, en conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley N° 19.882, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (8561 al 3111). Diputado Rathgeb, Reitera Oficio N° 3.111. (8561 al 5622). Diputado Rathgeb, Personal bajo su dependencia beneficiado con la asignación por desempeño de funciones críticas, en conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley N° 19.882, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (8622 al 3087). Diputado Rathgeb, Reitera Oficio N° 3.087. (8622 al 5615). Ministerio Secretaría General de la Presidencia Diputado Pérez don Leopoldo, Denuncia formulada por funcionarios de Carabineros de Chile a esa Fiscalía, N° 8310 del 08 de octubre de 2014, por infracción a la ley 20.000. (552 al 5515). Diputado Jackson, Informar sobre las medidas administrativas tomadas por el Ministerio Público respecto de la investigación RUC 1200597905-4, RIT 1136-2012, a cargo del fiscal señor Eduardo Fajardo de la Cuba. (995 al 573). Ministerio de Desarrollo Social Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de incorporar en el Programa Puente o Chile Solidario, a la señora María Carolina Valenzuela Ugalde, cédula nacional de identidad N° 11.367.804-6, domiciliada en la comuna de San Fernando. Asimismo, solicito que se le realice una nueva Ficha de Protección Social, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (2558 al 5295). Diputado Trisotti, Metas trazadas en torno a la implementación de políticas públicas en materia de discapacidad y los montos estimados año a año para su total desarrollo. (2593al 3383). Diputado Trisotti, Reiterar el oficio de esta Corporación N° 3383, de fecha 29 de julio de 2014. (2593 al 5393). Diputado Trisotti, Fecha de inicio, la ejecución presupuestaria, número de beneficiados por comuna en la Región de Tarapacá y la fecha estimada de término, de cada programa social a cargo de esa cartera, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (619 al 4780). Diputado Paulsen, informe a esta Cámara sobre el estado del procedimiento, tasación y otros elementos necesarios para la compra de tierras del lonco señor Francisco Paillaleo Linco, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (805 al 4821). Ministerio Público Diputado Monckeberg don Cristián, Declaración, como testigo, realizada por el señor Darío Calderón González, en el proceso RUC N° 1310036609-0, a cargo del fiscal José Morales Opazo y, en específico, indique si en ella hizo alguna mención a una eventual participación del señor Sebastián Piñera Echenique, en los hechos que motivan ese proceso. (5118 al 602). Ministerio Medio Ambiente Diputado Vallespín, Remitir información relacionada con el proyecto “Mina El Turco”, ubicado en la localidad de El Turco, comuna de Cartagena. (142036 al 4995). Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre si existe certeza que las edificaciones destinadas al almacenamiento de concentrado de cobre de la empresa Codelco en la zona de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, se encuentran en condiciones de soportar un tsunami, inundación o cualquier otro fenómeno de la naturaleza, y así evitar efectos negativos para la salud de las personas y el medio ambiente. (429 al 5073). Diputado Rathgeb, Existencia de un estudio que indique grado de contaminación de los ríos y lagos de La Araucanía, remitiendo, en el caso de ser así, el resultado de éstos y el nivel de contaminación de cada uno de ellos. (445 al 5214). Empresas del Estado Diputado Monckeberg don Cristián, Cantidad de cajeros automáticos existentes en la comuna de Lo Barnechea, la ubicación de los mismo, indicando la posibilidad de aumenta el número de los mismos. (50 al 5460). Intendencias Diputado Robles, Razones de los recientes despidos de trabajadores de las plantas de pellets de la Compañía Minera del Pacífico. (152 al 5345). Diputado Urizar, Posibilidad de disponer un estudio, por algún organismo independiente, de los agentes externos que causan enfermedades a los adultos mayores de la comuna de Nogales. (1737 al 5064). Diputado Espinosa don Marcos, informe a esta Cámara, al tenor de la petición adjunta, sobre el estado actual del procedimiento sumario, por infracción a las normas sanitarias, al que fue sometido la línea 31 de taxis colectivos de la ciudad de Calama. (1871 al 4532). Diputado Urrutia don Ignacio, informe a esta Cámara sobre las entidades que se adjudicaron proyectos deportivos en los meses de marzo a agosto del presente año, indicando en cada caso, el nombre de la persona natural o jurídica, rol único tributario, los montos asignados, comunas, número de beneficiarios y fines de cada actividad. (20115 al 4318). Diputado Paulsen, remita esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el beneficio al que pueden acogerse los funcionarios públicos del área de la salud al retirarse voluntariamente del servicio público. (2585 al 4822). Diputado Campos, Ejecución del proyecto de reparación de la sede social de la Junta de Vecinos 43-B, Osvaldo Muñoz Carrasco de la comuna de Hualpén, adjudicado con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, impetrando la agilización de dicho proceso. (2913 al 5032). Diputado Campos, Ejecución del proyecto de reparación de la sede social de la Junta de Vecinos 43-B, Osvaldo Muñoz Carrasco de la comuna de Hualpén, adjudicado con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, impetrando la agilización de dicho proceso. (3116 al 5032). Diputado Urizar, Posibilidad de disponer un estudio, por algún organismo independiente, de los agentes externos que causan enfermedades a los adultos mayores de la comuna de Nogales. (428 al 5064). Diputado Rathgeb, Personal bajo su dependencia beneficiado con la asignación por desempeño de funciones críticas, en conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley N° 19.882, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (8129 al 3080). Servicios Diputado Urrutia don Osvaldo, Factibilidad de proceder con prontitud a la cirugía de artrosis que requiere el señor Angel Bustamante Ojeda, quien se encuentra a la espera de la respectiva intervención desde abril de 2013 en el hospital Gustavo Fricke. (1744 al 5351). Diputado Rathgeb, Personal bajo su dependencia beneficiado con la asignación por desempeño de funciones críticas, en conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la ley N° 19.882, con las especificaciones que señala en la solicitud que se acompaña. (1975 al 3016). Diputado Rathgeb, Reitera Oficio N° 3.016. (1975 al 5600). Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Analizar la factibilidad de retasar todos los terrenos que posee el Ministerio de Bienes Nacionales y el Servicio Agrícola y Ganadero en la Región de O´Higgins, que permita dimensionar las características productivas que tienen y tener una referencia sobre el canon de arriendo que cobran a pequeños agricultores (2149 al 1685). Diputado Rathgeb, estado en que se encuentra la hora médica para la operación de la señora Katherine López López, cédula nacional de identidad N° 18.995.188-4, domiciliada la comuna de Traiguén, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (2382 al 5216). Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra la postulación a los beneficios que le corresponderían en su calidad de exonerado político al señor Antonio Palomino Moreno. (27779 al 4044). Diputado Jaramillo, Posibilidad de considerar la instalación de una carpeta de asfalto en el camino que une las localidades de Liquiñe y Río Huaico de la comuna de Panguipulli. (3108 al 294). Diputado Silber, remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con las condiciones del agua potable que se distribuye en la comuna de Quilicura. (5479 al 5506). Varios Diputado Pilowsky, Remitir información relacionada con los cortes del suministro de energía eléctrica domiciliaria que han afectado a la comuna de La Reina desde el año 2012 a la fecha. (12877 al 4559). Diputada Turres doña Marisol, Copia de los informes de los estudios denominados “Estudios en Derecho” y “Estudio en Derecho sobre la Responsabilidad y Deberes de los Directores de Sociedades Anónimas”; el contrato y documentos que aprueban el pago de los servicios prestados por la empresa Atria y Fuentes Limitada, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (31272 al 5523). Diputado Van Rysselberghe, Informe detalladamente a esta Cámara sobre la variación del cobro del seguro de cesantía desde enero del presente año a la fecha, en la Región del Biobío. (524 al 4591). Diputada Molina doña Andrea, Denuncias en la que estaría involucrado el Gobernador de Petorca, señor Mario Fuentes, señalando en específico si son efectivos o no esos hechos. Asimismo, indique las medidas adoptadas por el alto mando, respecto a las denuncias. (983 al 4827). Empresas del Estado Diputada Molina doña Andrea, Remita a esta Cámara la nómina de pescadores artesanales que recibieron remuneración por las labores de limpieza de la bahía de Quintero, tras el último derrame de petróleo, indicando los montos pagados. (126 al 5753). Municipalidades Diputado Trisotti, Catastro de micro basurales existentes en su comuna (1009 al 3381). Diputado Boric, Denuncias realizadas en contra de la profesora de la Escuela Brasilia de Limache, señora Miroslava Martinovic Paris, a raíz de las denuncias efectuadas por apoderadas del establecimiento, por presuntos maltratos a niños de primer año básico. (619 al 5446). XI. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. Diputado Espejo, Tenga a bien adoptar las medidas necesarias para asegurar que las cuotas aún no entregadas del bono de mitigación para pescadores artesanales de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins, afectados por las restricciones vigentes a la extracción del recurso de Merluza e informe a esta Cámara oportunamente respecto de las medidas adoptadas. (5816 de 20/11/2014). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Diputado Farcas, informe a esta Cámara sobre eventuales infracciones a la normativa vigente, en lo que se refiere a inversiones de fondos, por parte del Banco BBVA, por la situación detallada en la solicitud adjunta, que afecta a la señora Norma Figueroa. (5851 de 21/11/2014). A varios. Diputada Molina doña Andrea, informe a esta Cámara sobre los requisitos necesarios para poder acceder a la pensión, que le corresponde a la señora Gloria Sánchez Solar por tener el cuidado personal del menor individualizado en al solitud adjunta. (5852 de 21/11/2014). A varios. Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra el reclamo realizado en el Hospital Carlos Van Buren en el mes de enero del presente año, pon una eventual negligencia médica, que según se indica, habría provocado serios daños físicos y neurológicos al señor Carlos Márquez Morales. (5855 de 21/11/2014). A director del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Diputado Chahin, razones por las cuales no operó el seguro de gravamen del señor René Cares Hidalgo, por la deuda contraída por un crédito social con la Caja de compensación Los Héroes, en los términos que se indican en la petición adjunta. (5919 de 26/11/2014). A varios. Diputado Espejo, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con el corte de suministro eléctrico que afectara a una parte significativa de las provincias de Cardenal Caro y Colchagua, el día domingo 23 de noviembre del presente año. (5939 de 26/11/2014). A varios. Diputado García don René Manuel, Informe a esta Cámara respecto de las señaleticas de disco pare o ceda el paso que existen en las entradas de los caminos secundarios en la ruta S-199, entre el puente Huichatio y el puente Locotraro y si se está cumpliendo con la normativa legal vigente. (5940 de 26/11/2014). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado García don René Manuel, Informe a esta Cámara sobre el estado de las bermas y la posibilidad de ampliarlas, en la ruta que une Villarrica con Pucón, en especial en los sectores de Molco Bajo, Molco Medio, Molco Alto, Playa Linda, Loncotraro, Huicacara y Villa Iturrieta González. (5941 de 26/11/2014). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado García don René Manuel, informe a esta Cámara sobre cuántas señaleticas adecuadas con demarcación de velocidad de 50 kilómetros por hora existen en la ruta S-199, entre los puentes Molco y Huichatio y si se está cumpliendo con la normativa legal vigente. (5942 de 26/11/2014). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado García don René Manuel, Informe a esta Cámara respecto de la factibilidad de construir una Estación Médico Rural de salud que preste servicios en los sectores de Molco bajo, Molco Medio, Molco Alto, Playa Linda, Loncotraro, Huicacara y Villa Iturrieta González. (5943 de 26/11/2014). A intendencias. Diputado García don René Manuel, informe a esta Cámara respecto de la factibilidad de construir una plaza recreacional en la ruta S-199 que une Villarrica con Pucón, que permita a los vecinos de los sectores de Molco bajo, Molco Medio, Molco Alto, Playa Linda, Loncotraro, Huicacara y Villa Iturrieta González realizar ejercicios para tener una mejor salud. (5944 de 26/11/2014). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado García don René Manuel, informe a esta Cámara respecto de la factibilidad de contar con una brigada o cuadrilla de bomberos que preste servicios en los sectores de s Molco bajo, Molco Medio, Molco Alto, Playa Linda, Loncotraro, Huicacara y Villa Iturrieta González, sin perjuicio que dicha brigada o cuadrilla quede bajo supervisión del Cuerpo de Bomberos de Villarrica. (5945 de 26/11/2014). A Ministerio de Interior. Diputado García don René Manuel, informe a esta Cámara si se está cumpliendo con la normativa legal vigente en la ruta S-199 que une Villarrica con Pucón, en lo que se refiere al uso y acceso a las playas, ya que conforme con el Código Civil estas constituyen bienes nacionales de uso público. (5946 de 26/11/2014). A intendencias. Diputado Espejo, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con el corte de suministro eléctrico que afectara a una parte significativa de las provincias de Cardenal Caro y Colchagua, el día domingo 23 de noviembre del presente año. (5947 de 26/11/2014). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Diputado Núñez, remita a esta Cámara todos los antecedentes que obren en poder del Ministerio de Minería respecto del Proyecto Minero Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo y, además, todas las solicitudes efectuadas a dicha cartera por la Minera Andes Iron Limitada. (5948 de 26/11/2014). A Ministerio de Minería. Diputada Molina doña Andrea, Diputado Ulloa, Informe a esta Cámara respecto del número de personas desaparecidas y de denuncias por presunta desgracia registradas en la Región de Valparaíso y en la Región del Biobío. (5949 de 26/11/2014). A Ministerio de Interior. Diputada Molina doña Andrea, Diputado Ulloa, informe a esta Cámara respecto del número de personas desaparecidas y de denuncias por presunta desgracia registradas en la Región de Valparaíso y en la Región del Biobío. (5950 de 26/11/2014). A Varios. Diputada Girardi doña Cristina, Informe de investigación especial, de fecha 20 de noviembre de 2014, N° 090215, de esa Contraloría, en relación de uso de recursos transferidos por el Ministerio de Educación para el pago de las bonificaciones por retiro voluntario de docentes educacionales. (5987 de 27/11/2014). A Contraloría General de la República. Diputado Jackson, Eventual existencia de alumnos fantasmas y de irregularidades contables y financieras, en el establecimiento educacional particular subvencionado, Colegio Especial Alameda, ubicado en la calle Titán N° 4947, comuna de Estación Central. (5988 de 27/11/2014). A Ministerio de Educación. Diputado Kast, Proceso de acreditación de la Universidad Arcis (5989 de 27/11/2014). A secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Acreditación. Diputado Kast, Viajes, destinos, y montos en los que han sido beneficiados los Clubes de Adultos Mayor de las comunas de la Reina y Peñalolén, entre el 20 de julio y 20 de noviembre del presente año. (5990 de 27/11/2014). A servicios. Diputada Molina doña Andrea, Posibilidad de instalar una planta desalinizadora, en la provincia de Petorca. (5991 de 27/11/2014). A Ministerio de Obras Públicas. Diputada Molina doña Andrea, Calidad de las aguas que se están entregando en la provincia de Petorca, especialmente en la comuna de Cabildo y, en el evento de no contar con esa información, instruya una fiscalización en las aguas de dicha zona. (5992 de 27/11/2014). A Ministerio de Salud. Diputada Molina doña Andrea, Presunto robo de 30 motocicletas, pertenecientes a la institución de Carabineros de Chile (5993 de 27/11/2014). A Ministerio de Interior. Diputada Molina doña Andrea, Presunto robo de 30 motocicletas, pertenecientes a la institución de Carabineros de Chile. (5994 de 27/11/2014). A Ministerio de Interior. Diputado Paulsen, Listado de comunidades que recibieron el beneficio de concentrado entregado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, como aquellas que no lo recibieron, indicando las razones por las cuales no fueron otorgados, en cada caso. (5995de 27/11/2014). A alcalde de la Municipalidad de Lautaro. Diputado Paulsen, Estado en que se encuentran los esteros Cunaco y Collico, ubicados en el camino entre las comunas de Lautaro y Vilcún por Quilacura. (5996 de 27/11/2014). A director regional de Obras Públicas de la Región de La Araucanía. Diputado Paulsen, Estado de avance de la segunda etapa de pavimentación del camino que se encuentra situado entre las comunas de Lautaro y Vilcún por Quilacura. (5997 de 27/11/2014). A secretario regional ministerial de Obras Públicas de la Región de La Araucanía. Diputado Farías, Reiterar el oficio N° 5333 de esta Corporación, de fecha 04 de noviembre de 2014; y, en definitiva, informe a esta Cámara sobre el estado de tramitación, motivo del retardo, y fecha estimada de cumplimiento de la ejecución de los proyectos de cierres perimetrales postulados por el “Comité Seguridad al 100%” de la Villa Jaime Eyzaguirre, comuna de Macul. (5998 de 27/11/2014). A director del servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana de Santiago. Diputado Sandoval, Posibilidad de instalar, en la localidad de Valle Simpson, comuna de Coyhaique, una antena de recepción de televisiones nacionales abiertas. (5999 de 27/11/2014). A alcalde de la Municipalidad de Coyhaique. Diputado Sandoval, Posibilidad de instalar, en la localidad de Valle Simpson, comuna de Coyhaique, una antena de recepción de televisiones nacionales abiertas. (6000 de 27/11/2014). A Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Diputado Walker, Diputado Silber, Diputado RINCÓN, No funcionamiento del Centro Sismológico Nacional, informando el resultado de la auditoría llevada a cabo por en la Oficina Nacional de Emergencias. Asimismo, en el caso de que corresponda, inicie los procedimientos disciplinarios correspondientes. (6001 de 27/11/2014). A Contraloría General de la República. Diputado Squella, Evaluación médica y resolución de pago de las licencias médicas pendientes, desde agosto del presente año, a la señora Nelly Escobar Norambuena, cédula nacional de identidad N° 3.414.299-8, domiciliada en la comuna de Villa Alemana. (6002 de 27/11/2014). A varios. Diputado Teillier, Presunta precariedad, en materia previsional, de los exonerados políticos, con motivo de su falta de reconocimiento por parte del Ministerio del Interior, como asimismo producto de los montos exiguos de sus pensiones no contributivas. (6003 de 27/11/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputado Fuenzalida, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la reposición del colector de aguas servidas, ubicado en la calle 21 de mayo en la localidad de Nontuelá, comuna de Futrono. (6037 de 27/11/2014). A alcaldesa de Futrono. Diputado Fuenzalida, Informe a esta Cámara respecto de las irregularidades observadas en la prueba Simce 2014, desarrollada en los Colegios Cultura y Difusión Artística; Colegio Santa Marta de la comuna de La Unión. (6038 de 27/11/2014). A director del Departamento de Administración de Educación Municipal de la comuna de La unión. Diputado Fuenzalida, Remita esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la nueva estrategia de trabajo del Comité Regional de Producción Limpia de la Región de Los Ríos. (6039 de 27/11/2014). A seremi de Economía de la Región de Los Ríos. Diputado Fuenzalida, informe a esta Cámara respecto de la ejecución de la nueva estrategia de trabajo aprobada por la Intendencia, para efectos de conocer el cronograma de trabajo del Comité Regional de Producción Limpia de Los Ríos. (6040 de 27/11/2014). A intendencias. Diputado Fuenzalida, remita a esta Cámara la información disponible acerca de la planificación de emergencias sísmicas tales como los planes de evacuación, servicios médicos, entre otras. (6041 de 27/11/2014). A director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Diputado Fuenzalida, informe a esta Cámara sobre todos los proyectos de riego y drenaje intrapredial existentes en la comuna de Paillaco (6042 de 27/11/2014). A director del Instituto Desarrollo Agropecuario de la Región de Los Ríos. Diputado Fuenzalida, remita a esta la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con los costos asociados por la extensión del horario de emergencia de la tarjeta Bip del Transantiago. (6043 de 27/11/2014). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Diputado Fuenzalida, informe a esta Cámara respecto de la tasa de desempleo de la Región de Los Ríos, en especial de la comuna de La Unión, Futrono, Lago Ranco, Los Lagos, Panguipulli, Paillaco y Rio Bueno y, además, sobre las medias paliativas que se están desarrollando para disminuir esas cifras en los lugares referidos anteriormente. (6044 de 27/11/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputado Fuenzalida, informe a esta Cámara respecto de la cantidad de subsidios de vivienda y proyectos habitacionales sociales que han sido entregados este año en la Región de Los Ríos, sistematizados por comuna. (6045 de 27/11/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Diputado Fuenzalida, remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la situación ocurrida el día 24 de noviembre del presente año en el cuartel de la Brigada de Homicidios de la comuna de Providencia. (6046 de 27/11/2014). A Ministerio de Interior. Diputado Fuenzalida, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la situación en que se encuentran los colegios de las comunas de La Unión, Futrono, Lago Ranco, Los Lagos, Panguipulli, Paillaco y Río Bueno por la paralización nacional de profesores. (6047 de 27/11/2014). A seremi de Educación de la Región de Los Ríos. Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra la apelación presentada ante la Superintendencia de Seguridad Social, por el señor José Gómez Zambrano, ante el rechazo y no pago de las licencias médicas emitidas en septiembre y noviembre del presente año (6048 de 27/11/2014). A Varios. Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra el reclamo presentado ante la Caja de Compensación Los Andes, por la señora Doralisa Romero Urra, por el cobro de un seguro de desgravamen al que ella renunció en los meses de julio y agosto del presente año. (6049 de 27/11/2014). A varios. Diputada Sepúlveda doña Alejandra, informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra el reclamo presentado ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), por la señora Natalia Gutiérrez Soto, ante el rechazo y no pago de las licencias médicas detalladas en la solitud adjunta. (6050 de 27/11/2014). A varios. Diputado Sandoval, Informe a esta Cámara sobre la distribución de los fondos del decreto con fuerza de ley N° 15 “Bonificación a la inversión de los pequeños y medianos inversionistas en las zonas extremas”, desglosado por comuna, en los últimos tres años. (6051 de 27/11/2014). A Ministerio de Interior. Diputado Sandoval, informe a esta Cámara sobre la distribución de los fondos del decreto con fuerza de ley N° 15 “Bonificación a la inversión de los pequeños y medianos inversionistas en las zonas extremas”, desglosado por comuna, en los últimos tres años. (6052 de 27/11/2014). A Ministerio de Interior. Diputado Sandoval, informe a esta Cámara sobre la distribución de los fondos del decreto con fuerza de ley N° 15 “Bonificación a la inversión de los pequeños y medianos inversionistas en las zonas extremas”, desglosado por comuna, en los últimos tres años. (6053 de 27/11/2014). A Ministerio de Interior. Diputado Sandoval, informe a esta Cámara sobre la distribución de los fondos del decreto con fuerza de ley N° 15 “Bonificación a la inversión de los pequeños y medianos inversionistas en las zonas extremas”, desglosado por comuna, en los últimos tres años. (6054 de 27/11/2014). A Ministerio de Interior. Diputado Sandoval, informe a esta Cámara sobre la distribución de los fondos del decreto con fuerza de ley N° 15 “Bonificación a la inversión de los pequeños y medianos inversionistas en las zonas extremas”, desglosado por comuna, en los últimos tres años. (6055 de 27/11/2014). A Intendencias. Diputado Fuenzalida, Antecedentes que fundan la efectividad de las políticas preventivas de consumo de alcohol y tabaco. Asimismo, indique los eventuales convenios que se pudieren concretar con el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, dirigido a tratar con especial atención a los condenados primerizos, cuyo delito haya sido cometido bajo las influencias de estupefacientes. (6056 de 01/12/2014). A directora nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. Diputado Fuenzalida, catastro nacional sobre aprovechamientos de agua entregados, sus titulares y su efectiva utilización. Asimismo, indique las zonas que enfrentan incertidumbres respecto a la disponibilidad de agua potable, durante los próximos meses. (6057 de 01/12/2014). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado Fuenzalida, fiscalizaciones realizadas por conducir bajo los efectos del alcohol. Asimismo, indique las Razones del aumento de los accidentes automovilísticos por exceso de alcohol, entre el año 2012 y 2013, como los procedimientos utilizados en las eventualidades como la ocurrida el día 24 de noviembre de 2014, en el cuartel de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en Providencia. (6058 de 01/12/2014). A varios. Diputado Fuenzalida, Cantidad de delitos, en el último año, por robo en lugar no habitado, que se han cometido en la comuna de La unión, en los términos que se indican en la petición adjunta. (6059 de 01/12/2014). A varios. Diputado Kast, Documentación en que aparezca actuando o participando la Organización No Gubernamental de Desarrollo, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschuts (ONG ICAL). (6060 de 01/12/2014). A director del Archivo Nacional de la Administración. Diputado Kort, Presentación de la Orquesta de Cámara de chile, el día 28 de octubre del presente año, en la Parroquia Espíritu Santo, ubicado en la comuna de Rancagua. (6061 de 01/12/2014). A Ministerio de Cultura y de las Artes. Diputado Rathgeb, Destino de los recursos otorgados a la señorita Martina González Zambrano, cédula nacional de identidad N° 23.785.759-3, quien sería intervenida quirúrgicamente en junio del presente año y que, por decisión de su equipo médico, se sustituyó por la administración de medicamentos. Asimismo, indique la posibilidad de utilizar esos recursos asignados, en la adquisición de la medicina necesaria por la paciente. (6062 de 01/12/2014). a director del hospital regional de Temuco Doctor Hernán Henríquez Aravena. Diputado Rathgeb, Destino de los recursos otorgados a la señorita Martina González Zambrano, cédula nacional de identidad N° 23.785.759-3, quien sería intervenida quirúrgicamente en junio del presente año y que, por decisión de su equipo médico, se sustituyó por la administración de medicamentos. Asimismo, indique la posibilidad de utilizar esos recursos asignados, en la adquisición de la medicina necesaria por la paciente. (6063 de 01/12/2014). A Ministerio de Salud. Diputado Rathgeb, Destino de los recursos otorgados a la señorita Martina González Zambrano, cédula nacional de identidad N° 23.785.759-3, quien sería intervenida quirúrgicamente en junio del presente año y que, por decisión de su equipo médico, se sustituyó por la administración de medicamentos. Asimismo, indique la posibilidad de utilizar esos recursos asignados, en la adquisición de la medicina necesaria por la paciente. (6064 de 01/12/2014). A secretario regional ministerial de Salud de la Región de La Araucanía. Diputado Sandoval, Regularización de los títulos de propiedad de los pobladores de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, analizando la creación de un nuevo marco jurídico, que de solución a sus problemas. (6065 de 01/12/2014). A Ministerio de Bienes Nacionales. Diputado Sandoval, Aplicación del Fondo de Fomento y Desarrollo de las regiones extremas y las provincias de Palena y Chiloé. (6066 de 01/12/2014). A Ministerio de Hacienda. Diputado Sandoval, Perfeccionamiento e impacto de la aplicación del Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones Extremas y las Provincias de Palena y Chiloé, decreto con fuerza de ley N° 15 (6067 de 01/12/2014). A Ministerio de Interior. Diputado Teillier, Solicitud de extender la frecuencia del servicio H05, operado por la empresa Buses Vule S.A, en dirección al Centro de Salud Familiar CESFAM, ubicado en la calle Varas Mena N° 785, comuna de San Miguel. (6068 de 01/12/2014). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Diputada Álvarez doña Jenny, Tasa de accidentes laborales, en el sector agrícola e industrial pesquero, de la Región de Los Lagos, en los últimos dos años. Asimismo, indique las iniciativas, planes y programas contemplados para enfrentar y prevenir accidentes laborales, especialmente en estas dos áreas productivas. (6069 de 02/12/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputada Álvarez doña Jenny, Recursos aprobados por el Consejo Regional de la Región de Los Lagos, con el objeto de apoyar la pesca artesanal en la región. Asimismo, indique la ejecución del Fondo de Administración de Peca Artesanal y del Fondo de fomento de la Pesca Artesanal. (6070 de 02/12/2014). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Diputada Álvarez doña Jenny, Asignación y ejecución de los recursos aprobados por el Consejo Regional de la Región de los Lagos, en la sesión N° 23 del 04 de diciembre de 2013. (6071 de 02/12/2014). A intendencias. Diputado Gahona, Fiscalizaciones realizadas en el sector del Cobre, comuna de Andacollo, y las medidas que se han dispuesto por ese Servicio, en el marco del accidente ocurrido el 24 de noviembre del presente año, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (6072 de 02/12/2014). A director regional del Servicio Nacional de Geología y Minería de la Región de Coquimbo. Diputado Hasbún, Recursos otorgados por el Ministerio del Interior a la Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago, para los efectos de establecer medidas efectivas para el combate contra el terrorismo en Chile. (6073 de 02/12/2014). A Contraloría General de la República. Diputado Kort, Si se encuentra dentro de las facultades y, en qué normativa legal se sustentaría, el organizar encuentros políticos, por parte de la Superintendencia de Educación Escolar, en los términos que se indican en a petición adjunta. (6074 de 02/12/2014). A Contraloría General de la República. Diputado Sandoval, Informe detallado y desagregado por comuna, de las solicitudes pendientes de saneamiento de títulos de propiedad, ingresadas a esa Secretaría, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Asimismo, indique el estado en que se encuentran las solicitudes de los pobladores del Fiordo Steffens, comuna de Tortel, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (6075 de 02/12/2014). A Ministerio de Bienes Nacionales. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6076 de 02/12/2014). A Ministerio de Desarrollo Social. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6077 de 02/12/2014). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6078 de 02/12/2014). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6079 de 02/12/2014). A Ministerio de Minería. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6080 de 02/12/2014). A Ministerio de Salud. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6081 de 02/12/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6082 de 02/12/2014). A Ministerio del Deporte. Diputado Farcas, Factibilidad de implementar un sistema de subsidio a la contratación de personas con capacidades especiales. (6083 de 02/12/2014). A Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6084 de 02/12/2014). A Ministerio de Agricultura. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6085 de 02/12/2014). A Ministerio de Bienes Nacionales. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6086 de 02/12/2014). A Ministerio de Defensa Nacional. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6087 de 02/12/2014). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6088 de 02/12/2014). A Ministerio de Educación. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6089 de 02/12/2014). A Ministerio de Energía. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6090 de 02/12/2014). A Ministerio de Hacienda. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6091 de 02/12/2014). A Ministerio de Justicia. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6092 de 02/12/2014). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado Kast, funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6093 de 02/12/2014). A Ministerio de Relaciones Exteriores. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6094 de 02/12/2014). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6095 de 02/12/2014). A Ministerio de Interior. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6096 de 02/12/2014). A Ministerio Medio Ambiente. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6097 de 02/12/2014). A Ministerio Secretaría General de Gobierno. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6098 de 02/12/2014). A Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (6099 de 02/12/2014). A Ministerio de Cultura y de las Artes. Diputado Farcas, posibilidad de disponer todas las medidas necesarias para detener las alzas en el cobro del sistema TAG, en las autopistas urbanas. (6101 de 03/12/2014). A Ministerio de Obras Públicas. Diputado Farcas, Posibilidad de hacer universal la pensión de invalidez y, de esta forma, extenderla a todas las personas que sufran algún tipo de discapacidad física o mental, sin importar su condición socioeconómica. (6102 de 03/12/2014). A Ministerio de Minería y Energía. Diputado Gutiérrez don Hugo, Número total de la población penal existente en la Región de Tarapacá, desagregados según su rango etario, sexo y distribución. Asimismo, indique los avances de reconstrucción de los recintos penales de la región, en los términos que se indican en la solicitud adjunto. (6103 de 03/12/2014). A Ministerio de Justicia. Diputado Teillier, Implementación, respecto del personal, en los Servicios de Urgencia de Alta Resolución (SAR), de los servicios de laboratorio e imageonología. (6104 de 03/12/2014). A Ministerio de Salud. Diputado Van Rysselberghe, Asesoría prestada por los señores Alberto Undurraga, Ignacio Corcuera y Daniel Pizarro, pertenecientes a la Fundación Ciudad Justa, que fue contratada por esa Municipalidad. (6105 de 03/12/2014). A alcaldesa de la Municipalidad de Tomé. Diputado Trisotti, No renovación del personal vinculado a la Gobernación Provincial de Iquique y Del Tamarugal, que se encontraba a contrata y honorarios, como respecto del cierre de programas para el año 2015. (6106 de 03/12/2014). A Ministerio de Interior. Diputado Trisotti, No renovación del personal vinculado a la Intendencia y el Gobierno Regional de Tarapacá, que se encontraba a contrata y honorarios, como respecto del cierre de programas para el año 2015. (6107 de 03/12/2014). A Ministerio de Interior. Diputado Trisotti, No renovación del personal a contrata y honorarios, como del cierre de programas para el año 2015, respecto de los servicios que se indican en dicha solicitud. (6108de 03/12/2014). A Ministerio de Desarrollo Social. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Andrade Lara, Osvaldo -Arriagada Macaya, Claudio -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -García García, René Manuel -Girardi Lavín, Cristina -Godoy Ibáñez, Joaquín -González Torres, Rodrigo -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Insunza Gregorio de las Heras, Jorge -Jackson Drago, Giorgio -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Kast Sommerhoff, Felipe -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Lorenzini Basso, Pablo -Melero Abaroa, Patricio -Mirosevic Verdugo, Vlado -Molina Oliva, Andrea -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Santana Tirachini, Alejandro -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Teillier del Valle, Guillermo -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrió, además, la ministra secretaria general de la Presidencia, señora Ximena Rincón González. -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: Los diputados señores Pedro Browne Urrejola y Celso Morales Muñoz. -Con permiso constitucional: Los diputados señores Cristián Campos Jara y Fernando Meza Moncada. -Con licencia médica: El diputado señor Enrique Jaramillo Becker.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 11.15 horas. El señor CORNEJO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 95ª se declara aprobada. El acta de la sesión 96ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. ACUERDOS DE LOS COMITÉS El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités. El señor LANDEROS (Secretario).- Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Cornejo, adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: 1.- Tomar conocimiento de las Tablas de las sesiones ordinarias de la semana, documento que se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados en sus pupitres electrónicos. 2.- Trasladar la sesión especial pedida para hoy, para analizar los problemas de seguridad pública y ciudadana, para el próximo miércoles 17. 3.- Rendir los siguientes homenajes: a) Conmemoración del trigésimo aniversario del “Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina”, en la sesión ordinaria del miércoles 7 de enero próximo, después del Orden del Día, con la intervención de un señor diputado o señora diputada por bancada, con un límite de cinco minutos cada uno. b) A don Andrés Aylwin Azócar, en la sesión ordinaria del miércoles 14 de enero próximo, inmediatamente después de la Cuenta, con la intervención de hasta dos señores diputados o señoras diputadas, por hasta cinco minutos cada uno. c) A don Jaime Castillo Velasco, en la sesión ordinaria del miércoles 21 de enero próximo, después del Orden del Día, con la intervención de hasta dos señores diputados o señoras diputadas, por hasta cinco minutos cada uno. V. ORDEN DEL DÍA SANCIÓN A TRANSPORTE DE DESECHOS HACIA VERTEDEROS CLANDESTINOS (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7908‐15) [CONTINUACIÓN] El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos. Antecedentes: -La discusión del proyecto se inició en la sesión 69ª de la presente legislatura, en 11 de septiembre de 2014. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, a la luz de la realidad del país, este es un proyecto que va en la línea correcta. Creo que todos los diputados vemos con preocupación, en nuestros distritos, la proliferación de vertederos clandestinos que aumentan diariamente su capacidad, a raíz de la participación de vehículos destinados al transporte de residuos tóxicos, pero que no están sometidos a ningún tipo de control. Por tanto, aquí tenemos un problema de fondo que debemos enfrentar. Al respecto, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y su ministro de Medio Ambiente, lideran un proyecto de ley para la gestión de residuos y que introduce la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), respecto de diez áreas generadoras de residuos. En tal sentido, el instrumento, de enfoque amplio, obliga a las empresas productoras -fabricantes e importadoras a hacerse cargo de sus productos una vez terminada su vida útil. La materia está en discusión en la Comisión de Medio Ambiente, y es probable que en enero o marzo esté en esta Sala, para que continúe su tramitación en el Senado. Con todo, lo cierto es que los vertederos clandestinos van a seguir operando. Por eso, la aplicación de multas, junto con el aumento de sus montos, no solo inhibirá la actividad ilegal, también permitirá llevar un seguimiento de quienes persistan en ella, por lo cual los reincidentes recibirán sanciones mayores. Además, dispone que los municipios estarán obligados a dictar una ordenanza que establezca las exigencias, que hoy prácticamente no existen, para el transporte de desechos. Hoy, en cualquier lugar y en cualquier minuto podemos ver camiones de distinto tamaño depositando escombros en vertederos que los municipios no están en condiciones de fiscalizar. La ordenanza en cuestión permitirá que los municipios realicen un mejor control de los vertimientos de basura que realizan algunas personas en forma completamente ilegal, en circunstancias de que debieran transportarlos a vertederos legalmente establecidos. Por eso, considero que el aumento de las multas va en la dirección correcta. Quiero resaltar otro punto que me parece fundamental. El artículo 192 quáter se refiere a la responsabilidad social -por denominarla de alguna manera de los ciudadanos de resguardar nuestro medio ambiente ante el incremento de los rellenos clandestinos, toda vez que establece que cualquier persona, adjuntando las pruebas pertinentes (fotografías, filmaciones u otros medios de pruebas), podrá ejercer el rol de fiscalizador social de este tipo de situaciones que, obviamente, no solo afean el lugar, sino que dañan el medio ambiente y atentan contra la posibilidad de realizar un turismo sustentable, actividad tan fundamental para nuestro país. No tendremos turismo ni desarrollo sustentables con rellenos sanitarios clandestinos que cada vez se van llenando más de escombros, debido a la acción de personas irresponsables que no son sancionadas. El proyecto hace también algunas precisiones. Por ejemplo, muchas veces los conductores de los vehículos son obligados por los propietarios de estos a realizar estas acciones que dañan el medio ambiente. Por eso, considero que debe existir una diferenciación para protegerlos. Obviamente, es una consideración adicional. Entiendo que el diputado Fuad Chahin presentó una indicación sobre esta materia, que considero razonable, porque no podemos permitir que estos conductores pierdan su fuente laboral o su licencia debido a la realización de un acto al que fueron obligados. Considero que es un aspecto que hay que mejorar. En suma, considero que estamos ante un proyecto que va en la línea correcta, razón por la cual, tal como lo hicimos en el primer trámite reglamentario, contará con el apoyo de la bancada democratacristiana. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, tal como lo han manifestado los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto ya fue tratado por la Sala en primer trámite reglamentario, pero volvió a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para segundo informe. Pues bien, como integrante de dicha Comisión, quiero precisar que esta iniciativa se ocupa de una parte de la cadena compuesta por los vertederos clandestinos, los generadores de basura y el transporte de la misma. Lo que hace este proyecto es legislar respecto del transporte y detener el transporte ilegal de escombros y la acción de los inescrupulosos de siempre que dañan el medio ambiente y afectan la salud de las personas de las ciudades, de las comunas, de las zonas periurbanas o de expansión urbana y, en particular, de los sectores y caminos rurales, en los cuales se vierten desechos, muchas veces a cero costo. Por otra parte, están los vertederos ilegales que pertenecen a personas que lucran con ellos y que, por lo general, están ubicados en bienes nacionales de uso público, asociados a cursos de aguas como ríos, canales, etcétera. La bancada de Renovación Nacional apoyará este proyecto de ley porque es muy necesario legislar sobre esta materia a la brevedad. Espero que sea aprobado por la Cámara en esta sesión y, posteriormente, también por el Senado, a fin de que se convierta en ley de la República. Con ello estaremos protegiendo la salud de la población y el medio ambiente, así como también los recursos de las municipalidades. Digo esto porque las sanciones que se aplicarán a los infractores permitirán recaudar los recursos que actualmente estas deben destinar a la limpieza de las ciudades. Asimismo, por imperio de la ley, se creará una especie de cultura medioambiental, de manera que la ciudadanía, empoderada, denunciará a estas personas inescrupulosas, responsabilidad que ya no recaerá solo en las autoridades municipales, a través de la respectiva ordenanza. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señor Presidente, me parece de toda pertinencia la modificación legislativa que estamos discutiendo, toda vez que pone el acento en un problema real y palpable que, al final del día, deben enfrentar las municipalidades y los vecinos. Me refiero a la constante aparición de vertederos clandestinos en las distintas comunas. De ahí que resulte rescatable y destacable la ampliación del rango de las sanciones que contiene el proyecto, a fin de castigar no solo a los que tratan y depositan basura de manera ilegal, sino también a quienes encargan su traslado. Con tal objetivo, el proyecto eleva los rangos sancionatorios y establece nuevas agravantes para las personas que están originando un verdadero problema ambiental en las ciudades. Por cierto, la propuesta recoge lo que los municipios ya habían consagrado en sus respectivas ordenanzas, lo que también representa un avance importante en esta materia. Quienes hemos administrado municipios e integrado asociaciones regionales para estos fines conocemos la compleja situación ambiental y sanitaria que afecta a las familias, ocasionada por los basurales y los vertederos ilegales. Pero remediar este problema tiene un alto costo económico para los gobiernos locales y requiere herramientas efectivas para llevar a cabo una labor fiscalizadora adecuada. Junto con valorar la presentación de esta moción, que considero necesario aprobar, quiero llamar la atención sobre la necesidad de que no signifique mayores gastos para los municipios. Entiendo que se espera que esta iniciativa genere aumentos sustantivos en los ingresos de las municipalidades, a través de los juzgados de policía local; sin embargo, todos sabemos que antes de que ello ocurra deberá transcurrir un buen tiempo. Además, se requieren supuestos básicos, como una fiscalización potente que alguien deberá financiar, si se pretende obtener resultados reales, aspecto que no es abordado por este proyecto ni lo ha sido por otras iniciativas. Por eso, es oportuno pensar en la forma en que se apoyará a los municipios para que puedan cumplir con su función fiscalizadora, de manera que no terminemos con una nueva ley que será letra muerta, toda vez que actualmente se sanciona la proliferación de vertederos y basurales clandestinos. De modo que no se trata solo de reforzar las normas existentes, aunque ello es bienvenido. El problema más grave -en esto me apoyarán los colegas presentes que han sido alcaldes radica en la fiscalización; es necesario que esta sea adecuada para poder sancionar a los infractores. Pero esta debilidad no es antojadiza, sino que pasa por falta de recursos en la mayoría de las municipalidades del país para poder destinar personal de planta y en forma exclusiva a esta tarea que demanda gran responsabilidad administrativa del funcionario que la ejerce. Junto con reiterar que me parece oportuno aprobar este proyecto, debo manifestar que es doblemente oportuno, en lo que resta de la tramitación legislativa de esta iniciativa o en el contexto de nuevos proyectos de ley sobre la materia, resolver esta debilidad que seguirá presente, mientras no le pongamos atajo como corresponde. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevic. El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención contando una anécdota. En Arica, donde nací y me crié, siempre miramos a Tacna como una ciudad sucia, desordenada y no muy próspera. Increíblemente, la situación se ha dado vuelta por completo y hoy los ariqueños miramos con admiración el orden público, la vocación que tienen por el cuidado de sus áreas verdes y la limpieza general de la ciudad de Tacna. Una de las razones de este cambio es que en Perú, y especialmente en Tacna, se multa con mucha dureza a quienes contaminan o ensucian la ciudad. En Arica, tal como sucede en otras ciudades de nuestro país, hay muy poca fiscalización, a diferencia de lo que sucede en Tacna. Hoy, discutimos un proyecto de ley que sanciona a quienes contribuyen a la formación de microvertederos ilegales en las ciudades. En la práctica, estamos hablando de civilidad, porque nos referimos a los espacios comunes, a los espacios destinados a áreas verdes, al esparcimiento que terminan transformados en verdaderos vertederos debido a la irresponsabilidad de algunos vecinos. Muchas veces se culpa al Estado o al municipio por este hecho, pero en realidad, se trata de un tema de civilidad de los propios vecinos. Es lamentable que tengamos que penalizar, perseguir y fiscalizar, pero me parece que es la única manera de empezar a educar a la gente. En Arica, durante la campaña parlamentaria, discutimos mucho cómo hacemos para que los sectores periféricos de la ciudad no se transformen en vertederos ilegales, porque los vecinos de esos sectores sufren las consecuencias de la actitud irresponsable y antidemocrática de algunas personas. Considero que es una actitud antidemocrática porque afecta directamente la convivencia entre los ciudadanos. Votaré a favor de este proyecto de ley, pero hago la salvedad de que debemos apuntar a un tema más profundo, que dice relación con el cuidado de nuestros espacios comunes. Me parece que en Tacna, en particular, y en Perú, en general, hace mucho tiempo que cambiaron la mentalidad, lo que ha transformado a esa ciudad limítrofe en una de las más prósperas y limpias no solo por la penalización, sino que por la responsabilidad común que existe. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde pronunciarse en general sobre el proyecto de ley que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos, con la salvedad de los incisos cuarto y quinto del artículo 192 bis de la Ley de Tránsito, introducido por el artículo único del proyecto, por tratar sobre materias propias de ley orgánica. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Chahin Valenzuela Fuad; Norambuena Farías Iván. El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar en general los incisos cuarto y quinto del artículo 192 bis, de la ley de Tránsito, que requieren para su aprobación del voto favorable de 67 señoras y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 2 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobados. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chávez Velásquez Marcelo; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Chahin Valenzuela Fuad; Norambuena Farías Iván. El señor CORNEJO (Presidente).- Por haber sido presentada una indicación, vuelve a comisión. MODIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA OBTENER CARTA DE NACIONALIZACIÓN (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9455‐06) [CONTINUACIÓN] El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica los requisitos para obtener la carta de nacionalización. Antecedentes: -La discusión del proyecto se inició en la sesión 100ª de la presente legislatura, en 26 de noviembre de 2014. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada. El señor ARRIAGADA.- Señor Presidente, este año la Cámara de Diputados aprobó la nacionalización por gracia de un deportista. Su situación refleja la de muchos jóvenes menores de 21 años que, pudiendo ser sujetos del beneficio de nacionalizarse, no pueden acceder a ella porque no cumplen con el requisito de la edad que establece la ley. Quiero relacionar el proyecto de ley que hoy votaremos a favor, que surge de una moción del diputado Jaime Pilowsky, entre otros, con una situación que afecta a miles de personas en nuestro país: los migrantes que viven de manera ilegal en el país, que sufren la vulneración de muchos de sus derechos. Los chilenos nos caracterizamos por ser los campeones del abuso. A saber, el abuso laboral, el abuso sexual y el abuso de competencias y derechos de los adultos mayores, de nuestros compatriotas, pero en particular de los extranjeros. Esta iniciativa, que busca disminuir los años que la ley exige para entregar la nacionalidad chilena, se encuentra ligada a nuestras leyes que regulan la migración, la última de las cuales data de 1975. Los parlamentarios han presentado en el Congreso Nacional distintas mociones sobre la materia. Hace pocos días, en un esfuerzo parecido, algunos diputados solicitamos una amnistía migratoria para miles de personas mediante la aprobación de un proyecto de resolución. Además, junto con la diputada Cariola y otros parlamentarios impulsamos otro proyecto en ese sentido. El tema en cuestión requiere ser enfrentado de manera urgente, porque no solo es una situación de derecho el tener una patria, sino que también hay otros derechos que se están vulnerando debido a la realidad que nuestro país enfrenta. Las leyes que regulan las normas de extranjería, tal como ya señalé, datan de 1975. Desde entonces, se han agregado una serie de modificaciones y dictado decretos que han agravado mucho más la situación. Lo ocurrido -hago un llamado de atención a mis colegasen Antofagasta en un incendio que dejó a más de 200 personas damnificadas, en su gran mayoría migrantes pobres, hizo que la alcaldesa de esa ciudad dijera que no contaba con los instrumentos legales para resolver el problema humanitario. Lamentablemente, eso es así. En Chile han muerto niños bolivianos y peruanos en distintas circunstancias. Se han producido numerosos incendios en los lugares insalubres donde viven los inmigrantes en Santiago. Se trata de viviendas antiguas en barrios viejos, administradas por verdaderos explotadores. Allí, veinte o treinta familias viven hacinadas en lugares donde se les cobran elevados arriendos. Quiero aprovechar este gran proyecto que disminuye la edad para obtener la nacionalidad chilena para decir que este es el momento para que el país reaccione frente a esta situación. El proyecto de ley de migración enviado por el Presidente Piñera duerme largo tiempo en el Parlamento. Espero que el actual Gobierno envíe las indicaciones sustitutivas. En la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios nos informaron que esto ocurriría durante noviembre de 2014. Hoy se anuncia para marzo de 2015. Esta realidad afecta a muchas personas, varias de las cuales reúnen los requisitos suficientes, además de la dignidad, para nacionalizarse chileno antes de cumplir los 21 años de edad. He querido aprovechar esta situación para poner en el tapete la urgente necesidad de dar una respuesta integral al tema de la migración a través de una nueva ley de extranjería, que resuelva tanta irregularidad y tanto sufrimiento de muchas personas que han buscado a Chile como un destino para vivir mejor. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, este proyecto de ley, sin ninguna duda, constituye un tremendo avance en la materia. Quiero felicitar a todos los diputados que han impulsado esta iniciativa. Comparto en gran medida los argumentos entregados por el diputado Arriagada, que planteó varios elementos fundamentales en una discusión que, lamentablemente, ha estado desprovista de la seriedad que requeriría nuestro país para darle condiciones mejores, más dignas a aquellos migrantes que deciden venir, por diversas razones, a Chile. Este es un proyecto que rebaja de 21 a 18 años la edad para optar a la nacionalidad chilena cuando el padre o la madre ya la hubieran obtenido. También, establece la posibilidad de nacionalizar a los menores de 18 años cuando sus padres sean extranjeros con autorización de quien detente su cuidado personal. Por último, permite que los hijos menores de 14 años, de padre o madre refugiados, de acuerdo a la normativa vigente, puedan nacionalizarse desde el momento en que uno de sus padres obtenga su carta de nacionalización. Si bien este proyecto es un avance importante, no apunta al problema de fondo que sufren los hijos de inmigrantes en nuestro país. Lamentablemente, el verdadero problema que tienen esos niños sin patria, que no tienen nacionalidad, es que no ostentan el derecho a la salud, a la educación y a la protección frente a los abusos. Son cientos de niños inmigrantes en Chile que lamentablemente no pueden acceder, por ejemplo, a la educación. Uno podría preguntarse qué significa que a niños que viven en un país distinto al que nacieron se les niegue el acceso a la educación por no tener un carné de identidad. Es ahí donde debemos lograr avances importantes. Lamentablemente, nuestro país ha tratado a los inmigrantes como si fueran verdaderos enemigos; prácticamente, se ha generado una xenofobia precisamente por no tomar las medidas correspondientes, tema bastante lamentable en aquellos sectores donde habitan. Faltan políticas de destinación, de recursos, de determinación y de regulación. Represento a dos comunas en esta Corporación de las cuatro de la Región Metropolitana que concentran la mayor cantidad de inmigrantes en Chile. Lamentablemente, es una realidad que debemos tomar en cuenta; sin embargo, no existen políticas reales que ayuden a mejorar esas condiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de las viviendas que habitan los inmigrantes en nuestro país, lamentablemente, nos damos cuenta que aún existen personas que abusan de esa condición con el solo propósito de generar espacios limitados o verdaderos cités, en donde prácticamente viven hasta nueve o diez familias, sin condiciones sanitarias básicas que afectan tremendamente su calidad de vida, en particular, de los niños. Por lo tanto, cuando el diputado Arriagada hace referencia a la necesidad de avanzar determinadamente a una nueva ley migratoria para Chile, precisamente, proyectos como estos son los que nos deben incentivar a tener una discusión más profunda respecto de la calidad de vida que están teniendo aquellas personas que por diversas razones llegan a nuestro país. Ahora, cuando hablamos de los inmigrantes que viven en situaciones complejas, no nos estamos refiriendo precisamente a quienes vienen de Europa o de países más acomodados, sino a nuestros hermanos y hermanas de América Latina que son quienes llegan a Chile y viven en condiciones completamente inhumanas. Sin embargo, nosotros, a pesar de ser testigos de estas situaciones, no hemos adoptado las medidas necesarias para subsanarlas. Comparto los objetivos de la iniciativa; sin embargo, creo que aún no son suficientes, pero considero que constituyen un gran avance al respecto. Por ello, anuncio mi voto favorable al proyecto. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, el tema en discusión trata de un derecho trascendental, esencial en la vida humana: la nacionalidad. No por nada nuestra Constitución Política del Estado se refiere a la nacionalidad en el mismo capítulo que lo hace de la ciudadanía, precisamente, para dar a entender que la ciudadanía es importante en el derecho interno y la nacionalidad para el aspecto externo. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado determinado y que, desde luego, genera derechos y deberes, sobre todo derechos, como una necesidad de protección y de amparo. Se funda, además, en la naturaleza o en el derecho positivo. Sabemos que su regulación se entrega a la ley y la otorga el Presidente de la República a través de un decreto refrendado por el Ministerio del Interior. Como sabemos, todos la tienen, menos aquellas personas que por distintos motivos, ya sea por conflictos internos, de guerra o de transformación de fronteras, se trasladan o son desplazadas a otros países y pasan a llamarse injustamente apátridas. El proyecto al que me ha invitado a participar el diputado Jaime Pilowsky, quien es el autor y redactor de la iniciativa, se refiere a cambio de edades y de exigencias al respecto. Son diversas las circunstancias que llevan a las personas a dirigirse o a permanecer en un país determinado, el cual debe otorgarles protección y seguridad. Por ejemplo, en nuestro país existe un número importante de extranjeros. El mismo informe habla de 1.743 personas en condiciones de refugiadas. Respecto de la solicitud de nacionalizados, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señala que, desde 2009, la evolución de la nacionalización ha sido importantísima o considerable en los últimos seis años. Por ejemplo, un total de 5.434 extranjeros de 105 países han sido nacionalizados en nuestro país. Perú, 1.219; Cuba, 727; Ecuador, 646; Colombia, 602; Bolivia, 579, etcétera. Ello indica que hay una demanda importante de solicitudes de extranjeros que quieren obtener la nacionalidad chilena. Sin embargo, muchas veces, existen trabas e inconvenientes para solicitarla, razón por la cual un porcentaje importante de ellos no la ha podido obtener por el requisito de edad. Por ello, la reforma que el diputado Pilowsky presenta al decreto ley N° 747, de 1925, cuyo texto refundido y fijado por el decreto supremo N° 5142, de 1960, del Ministerio del Interior, pretende actualizar los requisitos para obtener la nacionalización y adaptarlos a las actuales exigencias de nuestro derecho interno. Eso es lo que el proyecto pretende. Nuestra legislación ha tenido cambios internos que no se reflejan en el derecho internacional ni concuerdan con las exigencias de los tratados y convenios internacionales relacionados con esta materia. Hace muchos años, en 1993, se rebajó la mayoría de edad de 21 a 18 años, mediante la ley N° 19.221. En cambio hoy la edad para tener derechos de todo tipo es de 18 años. Asimismo, también se rebajó la edad para la responsabilidad penal de menores, a 14 años. Ello, presumiendo que tienen discernimiento; es decir, que a esa edad saben distinguir entre el bien y el mal. Por lo tanto, nuestro derecho interno ha evolucionado y cambiado, pero repito aún no se ha adaptado a las exigencias de otros estándares como el derecho internacional, por ejemplo. No ha sido funcional en el plano internacional en términos de refugiados extranjeros. Se sigue exigiendo la edad de 21 años para optar a la nacionalidad chilena, cuando debiera ser 18, de acuerdo con nuestra Constitución Política. Como asimismo que a los hijos de los extranjeros se les exija 18 años de edad, cuando debiera ser a los 14. Por lo tanto, para conseguir la nacionalidad chilena existe una diferencia entre la Constitución Política, la ley y este decreto que queremos reformar. Como dije, es una verdadera incongruencia que no está en relación con la evolución institucional de nuestras leyes; tampoco concuerda con el derecho natural y positivo respecto de la nacionalidad y su obtención para los extranjeros y los hijos de estos. Ahora, ¿por qué hablar de 21 y 18 años? Esto es impedir, retardar o retrasar la obtención de un derecho. Así se señala además en el Pacto de San José de Costa Rica y en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, al igual que la ciudadanía dentro de lo que respecta al derecho interno, salvo impedimentos legales como, por ejemplo, tener un vínculo que lo una con el Estado donde reside. Sin embargo, toda persona debe tener un vínculo, toda persona debe tener una nacionalidad, gozar de los derechos y cumplir con las obligaciones que le impone el Estado a sus nacionales, y a nadie se le puede privar arbitrariamente de su nacionalidad, ni del derecho de cambiarla. De alguna manera, estamos contraviniendo estos preceptos sustanciales, fundamentales y superiores de justicia en materia de nacionalidad, por lo que el Estado chileno está obligado a concederles una nueva nacionalidad, cumpliendo con los requisitos que nuestra ley impone. Por eso, felicito la sabiduría y la certeza del diputado Pilowsky para reparar este error de nuestro ordenamiento jurídico que, como sabemos, constituye un verdadero pacto que aún en nuestro país no se cumple como debiera. Me refiero a que estos requisitos deben ser los que corresponda por lógica legislativa, de acuerdo a los parámetros y exigencias que sean favorables para ellos. Los extranjeros vienen a Chile porque les surge un atractivo y les resulta muy placentero para su vida y sus necesidades. Entonces, no podemos rechazar el proyecto de ley, porque estas exigencias perturban y retrasan a los extranjeros que quieren obtener la nacionalidad chilena. Señor Presidente, rebajar la edad para la obtención de la nacionalidad no es solo cumplir con una obligación de estado, sino que implica una serie de efectos positivos para el país y el nacionalizado. Es acoger potenciales intelectuales, talentos o capacidades profesionales, como los médicos cubanos y ecuatorianos, o como el joven deportista japonés Yutaka Matsubara. Además, la idea es que la nacionalidad no solo favorezca al titular, sino que a toda su familiar y darles toda la protección a estas personas, como habitación, una vida digna, que no vivan marginalmente, sino que se inserten en nuestro país y considerarlos como nuestros hermanos, como chilenos, porque vinieron para vivir con nosotros, ya que vislumbraron una vida mejor y, por lo tanto, no podemos darles una vida peor, porque respetan a nuestro país y consideran que pueden ser cobijados. Ahora bien, la iniciativa trata de evitar exigencias en nuestro país a los apátridas, personas sin nacionalidad, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a través de los tratados fundamentales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, tratan de evitar. Es un muy buen proyecto de ley, que nos va a dejar muy bien a nivel internacional, conforme a los estatutos, los pactos y las convenciones internacionales. Hay que recibir a los extranjeros que han querido venir a Chile, pero rápidamente debemos rebajar la exigencia de la edad, conforme a nuestro derecho interno. No tenemos por qué discriminarlos y exigirles mayor edad. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, algunos parlamentarios rasgaron vestiduras para otorgar rápidamente la nacionalidad al cura párroco O’Reilly, que resultó ser un fiasco. Espero que con la misma fuerza que se entregó la nacionalización a O’Reilly, se otorgue a gente con menos títulos, más modesta, que llega a Chile buscando nuevas oportunidades. El debate está instalado. Un grupo de parlamentarios asistimos al 50° Aniversario del Parlatino, celebrado en Panamá, donde el tema de la migración no pasó desapercibido en una política de integración y cooperación latinoamericana, no solo desde el punto de vista económico, sino social, cultural y humanamente hablando, pues no hay foros en que lo relacionado con la migración no esté presente. Quiero felicitar a los autores de esta moción, aprobada en general y en particular por unanimidad en la comisión, lo que significa que hay un interés real en que se legisle sobre la materia. Una indicación suprime la mención de la ley N° 20.430, por lo que felicito a los diputados Pilowsky, Becker, Chávez, Farías, Mirosevic y Ojeda, pues estamos ante un proyecto de ley relacionado con la actualidad, dado que hay una migración fuerte hacia Chile de muchos hermanos colombianos, peruanos. La semana pasada recibimos la visita de integrantes del Parlamento Andino y manifesté que cientos de miles de compatriotas migramos a países de los distintos continentes y lo único que puedo decir son palabras de agradecimiento por la solidaridad internacional demostrada hacia chilenas y chilenos que, principalmente por razones político-ideológicas, debimos salir de nuestro país. Eso nos dejó una escuela, una marca. Es por eso que, al igual que la Comisión, debemos aprobar por unanimidad este proyecto de ley, pues se trata de una situación humana, social, ya que los hermanos colombianos, peruanos, ecuatorianos y de otros países que están en Chile vienen a probar suerte, a rehacer su vida y, obviamente, en base a las condiciones que plantea la iniciativa, debemos respaldarla. Aun más, esta Corporación debería llevar a cabo una sesión especial para analizar el tema de la migración, que no es algo menor. Está en el tapete, es una realidad instalada en nuestro país y por eso es que con otros parlamentarios daremos forma a la petición formal de sesión especial para tocar in extenso este tema. Por eso, vamos a aprobar con mucha fuerza esta moción. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Germán Becker. El señor BECKER.- Señor Presidente, hace poco aprobamos un proyecto de ley que otorga la nacionalidad chilena al joven tenimesista de origen japonés Yutaka Matsubara. Se trató de una iniciativa particular: el tenimesista jugaba por Chile, pero no de forma oficial, y, a pesar de haber residido por alrededor de diez años en nuestro país, no podía optar a la nacionalidad chilena por no haber cumplido 21 años. Este proyecto de ley del diputado Pilowsky, a quien felicito, soluciona este tipo de problemas y mejora el decreto supremo N° 5.142, de 1960, que tiene más de 50 años de vigencia. Ya era hora de hacerle algunas correcciones y creo que esta iniciativa avanza en ese sentido. En primer lugar, rebaja la edad de 21 a 18 años para que un joven que ha vivido durante cinco años en Chile pueda optar a la nacionalidad. Esto me parece de toda lógica, ya que la mayoría de edad en nuestro país es de 18 años y creo que la exigencia de 21 años para obtener la nacionalidad se mantuvo porque en ese entonces la mayoría de edad era de 21 años. En segundo lugar, se agrega que los jóvenes mayores de 14 años, con más de cinco años de residencia en nuestro país, podrán optar a la nacionalidad chilena con la autorización de quienes estén a cargo de su cuidado. La verdad es que me parece una buena idea, ya que un joven de 14 años perfectamente puede pedir ser chileno; sin embargo, es bueno que la persona que esté a cargo de su cuidado dé la autorización, porque es un tema bastante importante. En tercer lugar, se agregó un inciso final mediante el cual se establece que los hijos menores de 18 años, de padre o madre con calidad de refugiados reconocidos por Chile, podrán nacionalizarse chilenos desde el momento en que, al menos, uno de sus padres haya obtenido la carta de nacionalización. Esto es de una obviedad muy lógica, porque un joven cuyos padres ya obtuvieron la nacionalidad chilena tiene toda la posibilidad de ser chileno, no importando su edad. Por eso, al igual como ocurrió en la Comisión, la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto, porque representa un avance importante en temas de nacionalidad, legislación que siempre apoyará. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Pilowsky. El señor PILOWSKY.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que estoy muy agradecido de los diputados Arriagada, Chahin, Chávez, Espejo, Farías, Jiménez, Ojeda, Urrutia, don Osvaldo, y Walker con quienes firmé esta moción, y de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización por la rápida tramitación que le dio. Este proyecto viene a actualizar una legislación que proviene de los años 60. Pareció bastante absurdo no adecuarla en este sentido, en 1993, cuando se introdujeron las modificaciones respecto de la mayoría de edad. ¿Cuál es la diferencia entre lo que existe y lo que busca esta iniciativa, que espero sea aprobada por este Hemiciclo por unanimidad, al igual como sucedió en la Comisión de Gobierno Interior? Primero, me gustaría explicar que para nacionalizarse por carta de nacionalización, es decir, por un decreto firmado por la Presidenta de la República y por el ministro del Interior y Seguridad Pública, hoy se requiere tener 21 años. Esa es la edad que exige nuestra legislación para nacionalizarse chileno. Sin embargo, establece una excepción, cual es que las personas de 18 años podrán optar a la nacionalidad chilena cuando el padre o la madre estuvieren ya nacionalizados. En definitiva, las personas de 18 años que no tengan un padre o madre que se haya nacionalidad, hoy no pueden nacionalizarse. Deben esperar hasta los 21 años. ¿Qué pretende el proyecto? Que tal como la mayoría de edad se fija a los 18 años, cualquier persona pueda optar a la nacionalidad chilena cuando cumpla esa edad, naturalmente satisfaciendo los demás requisitos legales. Esa será la norma general que existirá, si se aprueba la moción. Los autores de la iniciativa también pensamos que cuando una persona lleva mucho tiempo viviendo en Chile, es absurdo esperar hasta los 18 años. Imaginemos una familia de migrantes que vive en el país con un niño desde los dos años. Este tendría que esperar 16 años para nacionalizarse chileno. Por eso, proponemos una norma especial respecto del joven mayor de 14 años cuyo padre o madre sean extranjeros y que sea autorizado al efecto por quienes estén a cargo de su cuidado personal y cumplan con las demás exigencias legales. Es decir, tenemos los 18 años de edad para nacionalizarse. Pero entre los 14 y 18 años también se pueden nacionalizar, si tienen el permiso del padre o de la madre o de quienes tienen el cuidado personal del menor. Por último, conjuntamente con el diputado Chahin trabajamos una última indicación que viene a dar solución a los hijos de los refugiados en Chile. En ella se consigna que los hijos menores de 14 años, de padre o madre con calidad de refugiados reconocidos por Chile, podrán nacionalizarse chilenos desde el momento en que, al menos, uno de sus padres haya obtenido la carta de nacionalización, sin necesidad de cumplir los demás requisitos exigidos por el presente decreto. Deseo clarificar que con este proyecto de ley quisimos actualizar los requisitos legales en materia de edad sobre una legislación que no da el ancho de lo que se requiere en este mundo globalizado. Todo esto porque, por un lado, es necesario actualizar la materia, lo que propone la iniciativa, y por el otro, trabajo que debe desarrollar el Gobierno, es cómo damos cuenta de una nueva ley de nacionalización y migración en Chile. En un mundo globalizado, en el que hay intercambio y traslado no solo de bienes, sino también de personas, las que por distintas razones deciden vivir en un determinado país, es menester la adecuación de la legislación con la entrega de algunos derechos, como el de la nacionalización cuando hay un vínculo que la una a un determinado país. En este sentido, no solo hemos obtenido la colaboración de la Comisión de Gobierno Interior, que preside el diputado Ramón Farías, sino también el apoyo, no el patrocinio, de parte del Departamento de Extranjería y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Por otra parte, invitamos al Gobierno a que junto con el envío de este proyecto de ley, que ojalá sea aprobado, ingrese otro con una nueva ley de Extranjería, que dé cuenta de este mundo globalizado, de un país que acoge al extranjero y le otorga los derechos necesarios para su desarrollo. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel Jiménez. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, seré breve, porque después de la intervención del diputado Jaime Pilowsky, autor del proyecto, no queda mucho por decir. Solo clarificar muy bien su importancia, porque sabemos que la ley en vigencia sobre esta materia es de 1960. Luego, solo cabe su actualización, tomando en consideración la realidad del país y del mundo en general. Hoy, la carta de nacionalización se otorga a los 21 años cumplidos, con más de cinco años de residencia continuada. Con la moción, el primer guarismo se baja a los 18 años y se elimina el requisito de que la residencia sea continuada. También podrán solicitar la carta de nacionalización los hijos de extranjeros que hayan cumplido 14 años y cuenten con la autorización de los padres. Según el colega Becker, esto nace justo cuando se presentó en la oficina del diputado Jaime Pilowsky nuestro amigo japonés Yutaka Matsubara, jugador de tenis de mesa que, con 16 años, caso especial, quería representar a Chile, y no podía hacerlo. No obstante cumplir todas las condiciones requeridas y habiendo llegado de dos meses al país, por lo que se sentía completamente chileno, no podía representarnos, debido a que la ley le impedía obtener la nacionalidad por tener 16 años. En un proyecto que se aprobó acá por unanimidad, se le dio la nacionalidad por gracia. En ese debate, surgió la discusión de que tal vez haya mucho más jóvenes con talento deportivo o con el anhelo de tener la nacionalidad chilena y no la podían obtener. En ese contexto nació este proyecto, respecto del cual aplaudo la rapidez con que llegó a la Sala, porque algunos quedan durmiendo en las comisiones. Es bueno que haya llegado en forma expedita. Decidimos que se presentaría en forma paralela al que concedía la nacionalidad por gracia para solucionar el caso especial de nuestro representante de tenis de mesa. Se presentó este otro para casos futuros similares o de otros jóvenes que tuvieran la intención de ser chilenos y no lo podían ser. Imagino que vamos a aprobar esta iniciativa, ya que, en razón de los discursos que he escuchando de mis colegas, me parece que no habrá oposición. Y espero que el Senado despache rápidamente la iniciativa, porque repito es necesario actualizar nuestra normativa. Pero también creo que aquí se ha escuchado un grito de exigencia en orden a actualizar nuestra legislación de extranjería, sobre migraciones y extranjería, pues cada día llegan más extranjeros a vivir en Chile. La mayoría de esos migrantes, sino la totalidad, vienen a hacer realidad sus sueños y con la perspectiva de aportar al país. Muchos de ellos ya han tenido hijos nacidos en nuestro territorio, no obstante lo cual esos niños y adolescentes ni siquiera cuentan con una cédula de identidad chilena. Por lo tanto -insisto-, urge actualizar nuestra legislación sobre extranjeros en Chile. Ya lo hemos conversado en la Comisión de Derechos Humanos, y el diputado Claudio Arriagada organizó un seminario con inmigrantes, no solo para tratar los problemas relativos a su nacionalización, sino todo el conjunto de problemas que los afecta. En consecuencia, el Gobierno debe acoger nuestro llamado, como parlamentarios, para modernizar y actualizar la ley sobre migraciones y extranjería, porque doy por descontado que la iniciativa que hoy estamos debatiendo se va a aprobar. Muchos chilenos salieron de nuestro país en épocas difíciles y fueron recibidos con los brazos abiertos por otras naciones. Yo mismo estuve fuera. Debemos reciprocidad y, en consecuencia, tenemos que dar todas las facilidades a los extranjeros que vienen a avecindarse en Chile, no solo porque harán un aporte laboral, sino también cultural y, en general, en todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad. Así es que, dado que esto se va a aprobar, ojalá que -insistoel Gobierno acoja el llamado a mejorar, actualizar y perfeccionar nuestra legislación sobre migraciones, pensando especialmente en los niños y en los jóvenes, que encuentran tantas limitaciones para adaptarse y vivir adecuadamente en nuestro país. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, valoro esta iniciativa, por cuanto viene a adecuar nuestras normas relativa a la obtención de nacionalidad con el resto de la legislación nacional. En efecto, debemos tener presente que hace ya varios años se rebajó la edad para alcanzar la mayoría de edad, de 21 a 18 años. Por lo tanto, estas disposiciones que vamos a modificar vienen a actualizar una normativa que se había quedado rezagada respecto del resto de nuestra legislación. Por otro lado, está todo lo que se vincula con las exigencias para que un joven pueda obtener la nacionalidad chilena con autorización de aquella persona que lo tiene bajo su cuidado. Me refiero particularmente a los jóvenes de entre los 14 y 18 años, para lo cual también debemos adecuar la legislación vigente. En definitiva, respaldamos esta iniciativa y la votaremos a favor, pues pondrá en concordancia esta normativa con el resto de nuestra legislación. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra al diputado René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, junto con hacerme eco de todos los conceptos que se han vertido en relación con este proyecto, quiero agradecer particularmente al diputado Pilowsky, y también a los diputados Arriagada, Chahin, Chávez, Espejo, Farías, Jiménez, Ojeda, Urrutia y Walker, por haber impulsado esta iniciativa, que es de aquellos proyectos que no solo tienen que ver con innovar, en este caso respecto de la forma en que abordamos la problemática de los migrantes en Chile, sino porque tiene una relevancia mucho mayor, ya que se vincula con el concepto de sociedad que queremos construir: una sociedad que sea, por sobre todas las cosas, plural y diversa y en la que la frontera sea concebida como un punto de encuentro entre dos naciones y no como un muro infranqueable. Discúlpeme que siempre recurra a lo mismo, pero no puedo dejar de aplicar lo que me enseñaron en la universidad. Si uno pone en una balanza distintos valores, que es lo que ocurre cuando legislamos respecto de determinadas materias, como en este caso, en que por un lado tenemos una ley sobre migración y, por otro, la dignidad humana, la libertad, la seguridad, la felicidad de personas que, por circunstancias de la vida, nacieron más allá de nuestras fronteras. Entonces, cuando se pone en esa balanza una norma que restringe, limita los procesos migratorios, en el fondo lo que estamos haciendo es darle el carácter de muro infranqueable a nuestras fronteras y no el de punto de encuentro y de relaciones permanentes entre dos naciones. Razonablemente, uno podría preguntarse qué importa el lugar de nacimiento de una persona, si a partir de esa circunstancia se puede poner en peligro, en riesgo evidente su dignidad, su seguridad, su vida, su libertad o simplemente la esperanza que todo ser humano tiene de llevar una vida mejor. Nos estamos refiriendo a personas que, además, ya tuvieron que pasar por el proceso de vivir la dolorosa experiencia de resolver abandonar su patria de origen. Lo que logramos con la legislación vigente en nuestro país en estas materias es generar las condiciones normativas para hacerles más difícil y compleja la vida a esas personas que buscan insertarse en un país distinto a aquel en que nacieron. ¡Por eso les doy las gracias a los diputados que mencioné! Porque en este proyecto se refleja el intento verdadero de construir una sociedad moderna, que interactúa, que se relaciona permanentemente con sus pares, más aún si son nuestros pares latinoamericanos. Nuestro país pasa por dificultades económicas, es cierto, como muchas naciones en el mundo; sin embargo, ya hace rato que comenzó a ser destino de migrantes. Fíjense que en la discusión ya se abandonaron los antiguos conceptos de inmigrantes o emigrantes; hoy se habla de migrantes, de personas que se trasladan, que se mueven de un lugar a otro, porque la movilidad es parte de la naturaleza misma del ser humano. No son solo extranjeros; son personas respecto de las cuales nuestra sociedad debe tener capacidad de acogida, para lo cual se requiere una legislación moderna que reconozca, como ya he dicho -y pido excusas por repetirlo, por reiterarlo que la frontera que divide nuestro territorio con el de otras naciones no debe ser más que un punto de encuentro. ¿Por qué razón es tan fácil transferir bienes materiales desde cualquier punto del planeta hacia nuestro país o desde nuestro país hacia cualquier otro punto del planeta y, por el contrario, por qué una persona que quiere vivir con dignidad, con seguridad, en libertad, que no quiere ser víctima de una guerra, de un grupo terrorista, que no quiere ser víctima de las redes del narcotráfico y busca nuestro país para construir en él sus relaciones de amistad y de familia, deba salvar tantos obstáculos? Señor Presidente, no debemos actuar como en la Francia de Le Pen. El entonces Presidente galo logró modificar su política migratoria en momentos económica y políticamente complejos, pero en un sentido inverso: transformó los principios de la revolución francesa -libertad, igualdad y fraternidad en un espejismo. Hoy, los conflictos que hay en Francia, debido al retraso en su política migratoria, perfectamente podrían replicarse en nuestro país si no logramos adecuar la legislación a los tiempos modernos. La vida no se detiene; es una rueda que gira permanentemente. Muchos de los que hoy alzan la voz despreciando la condición de extranjero, no recuerdan que los mismos países de origen de aquellos a quienes estigmatizan acogieron a cientos de miles de chilenos y les salvaron la vida. Señor Presidente, voto favorablemente el proyecto reiterando mi reconocimiento al diputado Jaime Pilowsky y a los parlamentarios que lo suscribieron, porque nos sitúa a la altura de un país que busca un mejor escenario para quienes viven en su territorio. He dicho. -Aplausos. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención agradeciendo al diputado Jaime Pilowsky, en primer lugar, por la invitación a suscribir el proyecto que, inicialmente, buscaba, como se establece en sus ideas matrices, rebajar la edad para adquirir la nacionalidad chilena, y, en segundo lugar, por permitirme incorporar una norma para resolver la situación en que se encuentran los hijos de los refugiados que nuestro país ha acogido. En aquello quiero detenerme. “Que o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión.”, dice el himno nacional, porque desde siempre nuestro país ha sido cobijo de los perseguidos; desde siempre nuestro país ha sido refugio para quienes han debido dejar su patria de origen, no por mera voluntad, sino porque las circunstancias los han obligado. Persecuciones y conflictos bélicos han provocado que muchas personas deban abandonar sus hogares, sus tierras y sus familias para partir a un lugar que les proporcione refugio. Me ha tocado conocer, muy de cerca, el caso de 117 refugiados palestinos que nuestro país acogió en 2008. Se trata de familias que pasaron toda su vida en un campo de refugiados en Al Tanfen medio del desierto, entre Irak y Siria-, viviendo un segundo despojo, pues el primero se produjo en 1948, cuando debieron abandonar Palestina para dirigirse a Irak y luego al desierto. Con generosidad nuestro país acogió a estos 117 refugiados. Sin embargo, solo este año los mayores de edad personas con más de 21 años como lo consagra la ley han podido obtener la nacionalidad. Para optar a la nacionalidad chilena cuando el padre o la madre ya la hubieren obtenido, la presente iniciativa rebaja la edad a 18 años y, en caso de contar con la autorización de sus padres, a 14 años. Se trata de una muy buena señal, como lo dijo el diputado René Saffirio. Los hijos de refugiados nacidos en nuestro territorio son chilenos, pero se genera una anomalía: los hijos que llegaron con padres en calidad de refugiados y que aún no cumplen los 21 años de edad son apátridas y no pueden optar a la nacionalidad chilena. Es decir, tienen hermanos, padre, madre y tíos chilenos, pero son apátridas: no tienen nacionalidad. Por lo tanto, no se está cumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 7° establece el derecho del niño a adquirir una nacionalidad. Asimismo, se está incumpliendo el artículo 34 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el cual consagra el deber de facilitar la naturalización, o sea, la obligación de generar las condiciones para que, en el país que los acoja, puedan naturalizarse, realizar su vida, reunir su familia y empezar de nuevo en libertad. Tampoco estamos cumpliendo con el principio de la reunificación familiar, que es uno de los que inspira la legislación internacional en materia de refugiados. Por ello, incorporamos una norma que permite a todos los hijos de refugiados acceder a la nacionalidad chilena conjuntamente con sus padres, quienes después de cinco años pueden obtenerla. La idea es que los hijos menores de edad no nacidos en Chile puedan nacionalizarse junto con sus padres y echar raíces definitivamente en nuestro país. Aquello es “el asilo contra la opresión”; es hacer carne en nuestra legislación la letra de nuestro himno. Pero, también, tal como lo señaló el diputado René Saffirio, es entender que hoy estamos en un mundo globalizado donde las fronteras son mucho más relativas, donde las personas se mueven. Por Dios, que este país sea capaz de tener una legislación que permita acceder a la nacionalidad con mayor facilidad a quienes han llegado, por distintos motivos, a radicarse, no es otra cosa que un acto de justicia y reciprocidad, porque cuántos chilenos en momentos de persecución fueron recibidos y acogidos en otros países y no solo se les acogió con la nacionalidad, sino que se les otorgó un conjunto de derechos sociales y políticos que les permitieron hacer su vida fuera de nuestras fronteras en los tiempos más duros que vivió la patria. El presente proyecto es un acto de justicia, es una señal de modernidad y de que nuestro país realmente empieza a ser coherente entre lo que declara y lo que hace, a través de su legislación. Una vez más agradezco al diputado Jaime Pilowsky la invitación a formar parte de la iniciativa y el haber permitido que incluyéramos esta norma especial para los refugiados. Ojalá, el proyecto se apruebe con una amplia mayoría en la Sala. He dicho. -Aplausos. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que modifica el texto refundido de las disposiciones sobre nacionalización de extranjeros, en los requisitos para obtener la carta de nacionalización. Hago presente a la Sala que sus normas son propias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Espinosa Monardes Marcos; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Ulloa Aguillón Jorge. El señor CORNEJO (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular. Despachado el proyecto. MODIFICACIÓN DE LEY N° 20.285 PARA GARANTIZAR ACCESO UNIVERSAL A INFORMACIÓN CONTENIDA EN PÁGINAS WEB DE INSTITUCIONES PÚBLICAS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9629‐19) El señor CARMONA (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.285, para garantizar el acceso universal a la información contenida en las páginas web de las instituciones públicas. Diputado informante de la Comisión de Ciencias y Tecnología es el señor Víctor Torres. Antecedentes: -Moción, sesión 77ª de la presente legislatura, en 8 de octubre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 9. -Primer Informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, sesión 98ª de la presente legislatura, en 25 de noviembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 6. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor TORRES (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Ciencias y Tecnología, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto que modifica la ley N° 20.285, para garantizar el acceso universal a la información contenida en las páginas web de las instituciones públicas, iniciado en moción de las diputadas señoras María José Hoffmann Opazo, Yasna Provoste Campillay, Karla Rubilar Barahona y Alejandra Sepúlveda Orbenes y los diputados señores Ramón Farías Ponce, Daniel Núñez Arancibia, Sergio Ojeda Uribe, Alberto Robles Pantoja, Matías Walker Prieto y de quien habla. La idea matriz o fundamental del proyecto es introducir modificaciones en la ley de Transparencia de la Función Pública, para permitir que las personas que se encuentran en situación de discapacidad puedan acceder con mayor facilidad y en forma plena a los actos e información general que emana de la administración pública. Para lograr esos objetivos, esta iniciativa legal está estructurada en base a un artículo único. Durante el análisis de esta iniciativa legal, en la discusión general, la Comisión escuchó la opinión del director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Mauro Tamayo Rozas. En los fundamentos de la moción se señala que la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, en su artículo primero, regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información emitida por los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de dicha información. Asimismo, dicha ley define que el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso a cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley. Lo anterior constituye la piedra angular de la transparencia de la actuación pública, tanto de sus órganos como de sus agentes, generando un marco de universalidad de acceso que solo puede entenderse como aquella que incluye a todas las personas, sin distinción alguna. Sin embargo, en la práctica, un porcentaje de la población está ajena y lejana al conocimiento pleno de la actuación pública, atendido que son personas con alguna discapacidad, y no pueden acceder a sus sitios web, porque éstos no son adaptados para que sean accesibles por ellos. Dichas personas con alguna discapacidad, y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, demandan acceso a la información, a la cual obviamente tienen derecho, pero lo hacen en el marco de una obligación legal ya existente, que presupone facilitar el acceso de cualquier persona a esa información. Respecto de las normas legales o reglamentarias que se propone modificar o que inciden, directa o indirectamente, en esta iniciativa legal, podemos señalar las siguientes: La ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, en su artículo primero, que aprueba la ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, consta de 49 artículos permanentes y dos transitorios. De estos, la iniciativa legal propone modificar su artículo 7°. El artículo 7°, incluido dentro del Título III sobre transparencia activa, establece los antecedentes y documentos que deben estar permanentemente a disposición del público, a través de los respectivos sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado, actualizados al menos una vez al mes. Dicha información debe incorporarse de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Aquellos órganos y servicios que no cuenten con sitios electrónicos propios, deben mantener esa información en el medio electrónico del ministerio del cual dependen o se relacionen con el Ejecutivo, sin perjuicio de lo cual serán responsables de preparar la automatización, presentación y contenido de la información que les corresponda. En cuanto a la discusión general del proyecto, el director del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), señor Mauro Tamayo, hizo presente que en las fuentes del ordenamiento jurídico están consagrados el “principio de igualdad y no discriminación”. Agregó que el principio de igualdad se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos; la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de 1999, ratificada por Chile en 2002, las que nos rigen y obligan directamente. Por su parte, en el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución Política de la República contempla dicho principio en diversas disposiciones, como los artículos 1° y 19, número 2°. A su vez, rigen las leyes números 20.422, de 2010, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, y 20.609, de 2012, que establece medidas contra la discriminación. El señor Tamayo hizo hincapié en que la normativa jurídica internacional también contempla la accesibilidad a la información y a la participación. El artículo 2° de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone expresamente lo siguiente: “La comunicación incluirá lenguaje, visualización de textos, Braille, comunicación táctil, macrotipos, dispositivos multimedia de fácil acceso, lenguaje escrito, sistemas auditivos, lenguaje sencillo, medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;…”. A su vez, en cuanto a la participación, el artículo 19 de la misma Convención consagra el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Agregó que, en el mismo sentido, su artículo 26 obliga a los Estados parte a adoptar las medidas para que las personas con discapacidad puedan ser incluidas y participar en todos los aspectos de la vida. Respecto del proyecto de ley en estudio, el director del Senadis indicó que se encuentra en plena armonía con los tratados internacionales en materia de derechos humanos al considerar, por una parte, el principio de igualdad y no discriminación y, por otra, el principio de accesibilidad universal. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que el proyecto utiliza la expresión “personas con capacidades diferentes”, mientras que de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley N° 20.422, el concepto legal para referirse a las personas que integran esta colectividad es “persona con discapacidad”, expresión utilizada ampliamente por la mayoría de los ordenamientos jurídicos, por lo que sugirió la sustitución de esta. No obstante lo anterior, por sobre dicha expresión, recomendó el uso de la expresión “persona en situación de discapacidad”, concepto que de manera literal pone el foco en una situación construida por la sociedad. Luego, el señor Tamayo abordó lo relativo a la accesibilidad en sitios electrónicos, señalando que el proyecto de ley tiene por objeto garantizar el acceso universal a portales web en instituciones públicas, y tomando en consideración que el artículo 6° de la ley hace alusión al deber de la Administración para mantener a disposición permanente del público cierta información relevante en sitios electrónicos, sugirió incorporar en él el principio de accesibilidad universal. En relación con la votación general del proyecto, la Comisión, compartiendo los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción, y luego de recibir las explicaciones del invitado, que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tienen las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de los diputados señores Germán Becker Alvear, Ramón Farías Ponce, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Alberto Robles Pantoja, diputada señora Karla Rubilar Barahona; señores Víctor Torres Jeldes y Enrique van Rysselberghe Herrera. Se hace presente que, durante la discusión particular, la Comisión acogió los planteamientos expresados por el director del Senadis e incorporó, vía indicación, dichas sugerencias, por cuanto su terminología se adecua con mayor realidad a la situación que viven las personas con discapacidad. Por los motivos expuestos, solicito a la Sala que apruebe el proyecto de ley. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María José Hoffmann. La señora HOFFMANN (doña María José).- Señor Presidente, me sumo a valorar esta iniciativa presentada por un conjunto de diputados liderados por el señor Víctor Torres y que busca mejorar el acceso a la información entregada por la Administración Pública a las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Al respecto, voy a hacer breves comentarios sobre el porqué nos parece relevante el proyecto. En primer lugar, porque da un paso importante en cuanto a la transparencia que debe haber en la función pública, lo cual representa una necesidad de la ciudadanía que nos pide avanzar y profundizar en ella. Y, en segundo término, porque permite acercar información a personas en situación de discapacidad, y que hoy se encuentran ajenas a ella. Como es sabido, muchas veces quedan fuera por no contar con facilidades para acceder a ella. Por último, como lo mencionaba el diputado señor Víctor Torres, el principio de igualdad se encuentra consagrado en varias instituciones internacionales y también en nuestra Constitución Política. Sobre esta materia, aún tenemos una gran deuda, como es viabilizar o incluir con más fuerza a las personas con discapacidad en nuestro ordenamiento. Este proyecto, que es simple, reconoce la existencia de la diferencia y da un pequeño paso, pero muy relevante. Por lo tanto, anuncio que también la bancada de la UDI va a apoyar este proyecto de ley. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres. El señor TORRES.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero ratificar lo expuesto en el informe a fin de hacer un llamado a la honorable Sala a aprobar el proyecto que, como bien dijo la diputada señora María José Hoffmann, es transversal de parte de los diputados miembros de la Comisión de Ciencias y Tecnología, de la que formo parte. En Chile, según la última encuesta de prevalencia de la discapacidad que fuera realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se declara esta realidad que muchas veces no parece ser vista por la mayoría de los chilenos. En nuestro país tenemos 2.068.072 personas que sufre algún tipo de discapacidad. Es decir, el 12,9 por ciento de nuestra población. Es más, uno de cada ocho chilenos sufre una discapacidad. ¿Por qué ilustro sobre esta cifra? Para dar cuenta de que, hoy, si una persona presenta algún grado de discapacidad, debe dirigirse a alguna página web del Gobierno, ya sea de un ministerio, de una intendencia, de una gobernación o de un servicio público, para hallar información o realizar algún trámite. Además, muchas veces deben acercarse al Servicio de Registro Civil e Identificación y se ven imposibilitadas, ya que dichas páginas no están adecuadas en su tecnología a fin de satisfacer o atender dichas solicitudes o consultas. El derecho a la información, que se define como el que tiene una persona para buscar, recibir y difundir información en poder del Gobierno, para la Organización de las Naciones Unidas, tal como lo sostuvo en una de sus primeras asambleas generales, representa un derecho humano fundamental. En otras palabras, se trata de un derecho instrumental que puede ser utilizado para garantizar el cumplimiento de otros derechos esenciales. En Chile, como dije, tenemos entonces 2 millones y tanto de personas que demandan, como cualquiera otra, acceso universal a la información. Este proyecto busca hacer justicia respecto de esa realidad, ante la cual muchas veces pasamos de largo o se mira con indolencia por parte de las autoridades. Si la honorable Cámara aprueba el proyecto, se estará avanzando en niveles de inclusión que son necesarios para las personas que requieren de herramientas especiales para desenvolverse en este mundo globalizado y lleno de limitaciones, y no se siga avalando a la discapacidad solo como el mero hecho social de atender a las personas con problemas físicos o mentales que lamentablemente se dan en determinados ciudadanos o ciudadanas de nuestro país. Por lo tanto, pido que la honorable Sala apruebe esta iniciativa que representa un pequeño avance, ya que va a permitir que las instituciones públicas de nuestro país estén a la altura de los requerimientos ciudadanos y también de lo que se espera en un país, como el nuestro, que avanza hacia el desarrollo y la inclusión. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, quizás éste sea uno de los proyectos de ley que no nos gustaría aprobar en el Congreso Nacional por resultar demasiado obvio. Además, diría que es uno de los proyectos de ley que, cuando lo firmamos, sentimos la enorme necesidad de que se convirtiera en un mandato desde el punto de vista legal. Al respecto, me pregunto por qué tienen que ocurrir estas cosas. ¿Por qué tenemos que dictar leyes para que las personas con discapacidad gocen de los mismos derechos y oportunidades que tienen los demás? Me parece obvio el acceso universal a la información y también la transparencia en la función pública. Entonces, en el Congreso Nacional vamos a aprobar una iniciativa de ley para personas “normales”, pese a que se trata de una situación obvia, y en la que no debería haber ninguna dificultad para que las personas puedan acceder a información. Hace algún tiempo, efectuamos varias modificaciones que tenían que ver con el acceso a desplazarse en los espacios públicos. ¡Por Dios que es difícil para las personas con discapacidad! Sin duda, dimos un salto importante al legislar respecto del acceso universal, pero no le colocamos un apellido. Dijimos: acceso universal, más bien a lo que tenía que ver con territorialidad, con espacios, con edificios. Es decir, con ese tipo de cosas que deberían ser consideradas obvias y que lamentablemente en nuestra sociedad no se dan como tales. Durante la semana distrital, tuvimos la oportunidad de fiscalizar varios edificios públicos, pero, lamentablemente, a pesar de que llevamos varios años con cultura -diría-, menos mal que hemos logrado tener mayor conocimiento y sensibilidad respecto de las personas con capacidades distintas. Todavía contamos con municipalidades y direcciones de obras que entregan permisos de edificación en un segundo piso o en construcciones nuevas que no cumplen con las especificaciones que contempla la ley. Por eso, es muy importante lo que tiene que ver con la fiscalización. Además, debemos dictar leyes acorde con el espíritu que debe imperar. Sin embargo, como la fiscalización ha sido nula o deficiente hasta ahora, debemos tomar conciencia de las condiciones en que se encuentra nuestro aparato público y responder en soluciones en forma urgente. Por lo tanto, vamos a apoyar esta moción, de la que también soy autora. Espero que, a través del Ministerio de Desarrollo Social, cartera que debe velar por las personas con capacidades distintas, se brinden también las oportunidades de acceso universal a contar con información. Me han dicho que a las personas con discapacidad les resulta muy difícil entrar a internet; también a los adultos mayores, donde podrían tener información, que es un derecho. Queremos, con mucha fuerza, que tengan acceso a ese derecho tan fundamental como es que se les responda a las inquietudes, a que puedan averiguar cuáles son los procedimientos y todo ello expuesto en forma simple. ¿Por qué siempre tienen que ser tan engorrosos? ¿Por qué tenemos que hacer todo tan complejo para las personas? Por lo tanto, anuncio que vamos a votar favorablemente el proyecto. Al mismo tiempo, después de aprobada la moción, se podría solicitar, a través del Senadis o del Ministerio de Desarrollo Social, que se monitoree y se simplifiquen los procedimientos, a fin de contar con vías rápidas de repuesta a las personas con capacidades distintas. Felicito también al diputado informante, señor Víctor Torres, quien ha interpretado con mucha certeza esta moción parlamentaria. Por lo tanto, llamo a todos los diputados y diputadas a votar favorablemente la iniciativa. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, aplaudo la iniciativa del diputado Víctor Torres, quien nos invitó a firmarla. Él ha definido muy bien el proyecto. Seguramente, en su intervención reafirmará las modificaciones que introduce la iniciativa, por lo que solo quiero hacer presente la necesidad de que todos los ministerios tengan una mirada integral respecto de la discapacidad. No es posible que digamos que queremos inclusión; pero que, como me dijo muy bien el concejal de San Carlos Héctor Guzmán, no quepa una silla de ruedas por las puertas de las viviendas sociales. No puede ser que exista desde hace mucho tiempo la obligación de que los edificios públicos cuenten con acceso para las personas con discapacidad, pero que nos sigamos encontrando con que eso no se cumple. No parece lógico que recién estemos tramitando un proyecto que permite a las personas con discapacidad ocupar los cargos de jueces. Y eso se debe a que no existe una mirada transversal respecto de la discapacidad. La discapacidad es enorme, más aún si se incluye a la discapacidad mental, que es otro tema, que es un mundo tremendo, ya que se trata de personas que serán niños toda su vida y cuyos padres se preocupan todos los días de qué pasará con sus hijos cuando ellos ya no estén para cuidarlos. Además, las escuelas diferenciales no tienen subvención especial preferencial para atenderlos; los niños con discapacidad no tienen posibilidad de que se les entregue la subvención para asistir a un colegio cuando pasan de cierta edad; no hay una institucionalidad que realmente nos permita mirar esto; hace algunos años presentamos un proyecto en la Cámara que aumenta las sanciones para quienes se estacionan en los cupos destinados a los discapacitados y que obliga a los establecimientos respectivos a denunciar esas faltas; pero esa iniciativa duerme en alguna parte. Eso también pasa porque no tenemos una mirada integral sobre la discapacidad y porque nuestra sensibilidad con la discapacidad dura poco rato, mientras está la Teletón o cuando tenemos un problema directo de una agrupación de nuestras comunas, pero no hay una política nacional clara al respecto. Por lo tanto, aplaudo el anuncio de la creación de una subsecretaría de la discapacidad, pero necesitamos que se concrete pronto y que no solo signifique un poco más de burocracia o un nombre rimbombante, sino que sea realmente una subsecretaría que coordine las acciones de los diferentes ministerios, lo que nos evitaría discutir, como lo hacemos hoy, de un tema muy puntual, pero que es muy importante, como es el acceso universal a las páginas web de las instituciones públicas. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley que modifica la ley N°20.285, para garantizar el acceso universal a la información contenida en las páginas web de las instituciones públicas. Hago presente a la Sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor CORNEJO (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular. Despachado el proyecto. ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA ONEMI DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 8353‐19) El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas para el acceso a la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la Onemi. Diputado informante de la Comisión de Ciencias y Tecnología es el diputado señor Alberto Robles. Antecedentes: -Nuevo primer informe de la Comisión de Ciencias y Tecnología, sesión 91ª de la presente legislatura, en 12 de noviembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 1. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Ciencias y Tecnología, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la Onemi, iniciado en moción de los diputados Pedro Browne, Gustavo Hasbún, Alberto Robles, David Sandoval y Alejandra Sepúlveda, y de los exdiputados Juan Carlos Latorre, Carlos Montes, Iván Moreira, Manuel Rojas y Mónica Zalaquett. La idea matriz o fundamental del proyecto es establecer la obligación mediante ley para que los medios de comunicación televisiva transmitan los informativos oficiales que emita la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) sobre catástrofes públicas u otras emergencias mediante sistemas audiovisuales que hagan comprensible su contenido a las personas con discapacidad auditiva. La Comisión de Ciencias y Tecnología emitió un primer informe respecto de la iniciativa, pero cuando estaba para ser puesta en Tabla en la Sala, simultáneamente se dictó una ley que modificaba parte de la legislación que este proyecto venía modificando. Por esa razón, la comisión elaboró un nuevo primer informe, que tuvo por objeto adecuar las normas del proyecto a las modificaciones efectuadas por esa ley, las que eran concordantes con los cambios propuestos por uno de los artículos de la iniciativa en discusión. En los fundamentos de la moción se señala que Chile es uno de los países con mayor ocurrencia sísmica y de gran intensidad en el mundo, lo que ha afectado directamente a gran porcentaje de la población nacional a través de los años. Por su parte, la población con discapacidad de distinto tipo, según la encuesta Casen de 2006, está constituida por 1.119.867 personas, 6,9 por ciento de la población total del país, de las cuales 198.000 padecen de discapacidad auditiva. Indica la moción que cada vez que ocurre una catástrofe, sea natural o de otro tipo, la población con discapacidad auditiva se encuentra en situación desmejorada en relación con el resto de la población en cuanto al acceso a la información oficial que emite el Estado, sea para enfrentar la catástrofe o para evitar consecuencias perniciosas con su ocurrencia. Para subsanar dicha situación desventajosa, se dictó la resolución N° 2.050, exenta, publicada el 5 de octubre de 2009, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprobó la Norma General sobre Participación Ciudadana. No obstante ello, no se ha logrado un acceso pleno a la información de la población con discapacidad auditiva. Por tal motivo, a juicio de los autores de la moción, se hace necesaria la dictación de una ley que determine en forma concreta y precisa la obligación de garantizar que dicho grupo de la población acceda a la información que se emita por la Onemi en situaciones de catástrofe. La iniciativa propone modificar la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En lo pertinente, el artículo 25 de esa ley que se propone modificar dispone: “Los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, según lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los ministerios de Planificación, de Transportes y Telecomunicaciones y Secretaría General de Gobierno. Toda campaña de servicio público financiada con fondos públicos, la propaganda electoral, debates presidenciales y cadenas nacionales que se difundan a través de medios televisivos o audiovisuales, deberán ser transmitidas o emitidas con subtitulado y lengua de señas.” Esta es la norma que se proyecta complementar. Discusión general. Durante la discusión general de esta iniciativa legal, la comisión escuchó la opinión del subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pedro Huichalaf; del director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Mauro Tamayo Rozas; de la ministra de Desarrollo Social, señora María Fernanda Villegas Acevedo, y de otros actores relevantes. El subsecretario de Telecomunicaciones señaló que Subtel da soporte técnico a la Onemi para el envío de los mensajes que emite. Consultado por los diputados si, a juicio de esa subsecretaría de Estado, los canales de televisión estaban habilitados técnicamente para emitir la programación y los informes oficiales despachados por la Onemi a través de lenguaje de señas, y si esa información podía ser entendida por las personas con discapacidad auditiva del país, respondió que los medios de comunicación de radiodifusión televisiva sí se encuentran capacitados técnicamente para tal circunstancia. Por su parte, el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, destacó, en forma positiva, la preocupación de los diputados para regular la materia, la cual es de gran interés para la población con discapacidad auditiva, en especial porque se trata de información que alerta respecto de situaciones de catástrofe. Recordó que la normativa que regula el empleo de los mecanismos de comunicación audiovisual que deben aplicar los canales de televisión abierta y los proveedores de televisión por cable sobre sus programaciones está descrita en la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. En ese orden de ideas, propuso que la iniciativa sometida a consideración de la Sala incluyera la modificación del inciso segundo del artículo 25 del mencionado cuerpo legal, con el objeto de incorporar a los bloques noticiosos por situación de emergencia o calamidad pública la traducción en lenguaje de señas y la incorporación de subtitulados. Por último, señaló que los canales de televisión y los proveedores de televisión por cable, al igual que en el caso de los debates presidenciales, cadenas nacionales o propaganda electoral, debieran transmitir los bloques referidos a situaciones de emergencia o calamidad pública con subtitulado abierto y lenguaje de señas, no con la utilización del sistema close caption. Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, señora María Fernanda Villegas Acevedo, expresó que el subtitulado abierto es más comprensivo que el sistema close caption, ya que este presenta deficiencias e imprecisiones en la comunicación de la información. Además, la captación escrita depende de la calidad de pronunciación del hablante. Agregó que la utilización de subtitulado abierto ha sido solicitada por las organizaciones de la sociedad civil que agrupa a personas en situación de discapacidad auditiva. En relación con la consulta formulada respecto de la diferencia entre el subtitulado abierto y el close caption, explicó que este último sistema consiste en un programa que lee la voz, proceso que genera deficiencias, por ejemplo, debido a una lectura deficiente. En cambio, el subtitulado abierto es una transcripción en tiempo on line. La Comisión compartió los objetivos y fundamentos tenidos en consideración en la moción, de manera que luego de recibir las explicaciones de los invitados, las que permitieron a sus miembros formarse una idea sobre las implicancias y la incidencia real que tienen las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, procedió a aprobar la idea de legislar por la unanimidad de los diputados presentes, señores Germán Becker, Ramón Farías, Gonzalo Fuenzalida, la diputada señora Karla Rubilar, y el diputado señor Enrique van Rysselberghe. Por último, cabe hacer presente que en la discusión particular se acogieron por unanimidad las sugerencias efectuadas por los invitados. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para autorizar el uso de la palabra de dos diputados antes de proceder a la votación de los proyectos de ley tratados en la presente sesión. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, estamos frente a un proyecto de gran incidencia, pues contempla una visión inclusiva de enorme significado social para un país como el nuestro, el que debido a su geografía cada cierto tiempo se caracteriza por la comisión de situaciones de emergencia y desastres naturales, como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas e inundaciones, entre otras. Junto con felicitar a los autores de la moción, la cual tuve la fortuna de suscribir, quiero señalar, como lo han hecho algunos diputados y algunas diputadas que me antecedieron en el uso de la palabra, que la iniciativa sometida a nuestra consideración es de aquellas que no deberían ser sometidas a tramitación legislativa, por la naturaleza de su contenido, pues es de toda lógica la importancia para la población con discapacidad auditiva de acceder a la información proporcionada por la Oficina Nacional de Emergencia ante la ocurrencia de desastres naturales. Ante hechos como esos, deben existir mecanismos que aseguren el acceso a la información para todos los sectores, incluidas las personas con discapacidad auditiva, las que debido a su condición a veces se ven marginadas de la realidad. La iniciativa en debate apunta en la dirección correcta, ya que nos pone a tono con la urgente necesidad de establecer expresiones de inclusión efectivas en materia de políticas públicas, razón por la que contará con el apoyo unánime de nuestra bancada. De hecho, debido a que se trata de un proyecto de ley con sentido social, cuyas disposiciones apuntan al corazón de las políticas que se requieren en materia de inclusión, no nos cabe duda alguna que será también respaldado por la totalidad de la Sala. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas. El señor FARCAS.- Señor Presidente, resulta muy satisfactorio e importante para la Cámara de Diputados tratar proyectos de ley como el que hoy se somete a nuestra consideración, el cual dice relación con un grupo de nuestra población que generalmente es discriminado y que necesita ser integrado a la sociedad. Cuando hablamos de un Chile de todos, nos referimos a que también debe serlo para las personas con distintas formas de discapacidad. En ese sentido, al colocar en la discusión pública iniciativas de ley que tienen que ver con la integración, estamos cumpliendo un rol público muy importante. Nos consta que se plantea como de gran importancia el acceso de la población con discapacidad cuando nos toca tratar de cerca problemas que afectan a vecinos de los distritos que representamos que padecen algún tipo de discapacidad, situación que les impide conectarse con la sociedad o ser parte de distintas actividades sociales, políticas, económicas o de otra índole. En tal sentido, si bien el proyecto en debate tiene por objeto subsanar una de esas anomalías, espero que en un futuro cercano seamos capaces de incorporar e integrar, de manera definitiva, a los distintos grupos con discapacidad que forman parte de nuestra sociedad, los que en muchas ocasiones, lamentablemente, son olvidados o dejados de lado. La iniciativa busca subsanar una situación que es absolutamente anormal, referida a la imposibilidad de acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la Onemi, razón por la que, a mi juicio, es imposible que el proyecto no sea aprobado por unanimidad, porque permitirá mejorar la comunicación con un grupo de personas que requiere ser informado de manera oportuna frente a situaciones de emergencia. Sin embargo, quiero aprovechar la ocasión para dejar en claro que aún nos falta mucho por avanzar en esta materia. Si bien es cierto, hoy deberemos pronunciarnos sobre dos proyectos de ley, los que espero sean aprobados por unanimidad, ya que tienen por finalidad legislar en favor de las personas con algún tipo de discapacidad mediante el establecimientos de mayores formas de integración, todavía nos falta mucho por avanzar. Por lo tanto, espero que se cree una subsecretaría dedicada a las materias relacionadas con la discapacidad o que se fortalezca el Senadis, a fin de contribuir a que las personas con algún tipo de discapacidad se sientan integradas al país. No es posible que solo cuando se lleva a cabo la Teletón o algún evento especial dedicado a la discapacidad esta sea objeto de discusión pública y parte de nuestras preocupaciones. De manera que es responsabilidad de esta Cámara incorporar, en forma creciente, ojalá lo más rápido posible, todo este tipo de materias, para que efectivamente tengamos un Chile de todos, un país en el que se sientan integradas todas las minorías, en particular aquellas que son injustamente discriminadas. En consecuencia, junto con felicitar a los autores de la moción, hago un llamado a la Sala a aprobar por unanimidad el proyecto en discusión. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que establece normas para el acceso de la población con discapacidad auditiva a la información proporcionada por la Onemi, cuya aprobación requiere del voto favorable de 67 señoras y señores diputados. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; Gahona Salazar Sergio; García García René Manuel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. El señor CORNEJO (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular. Despachado el proyecto. VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PLAN CUADRANTE RURAL Y REACTIVACIÓN DE MESAS PROVINCIALES ANTIABIGEATO (PENDIENTE) El señor CORNEJO (Presidente).- En el tiempo de los proyectos de acuerdo y de resolución, el señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N°163, de los diputados señores Coloma, Hernández, Morales, Álvarez-Salamanca, Barros, Gutiérrez, Bellolio, Macaya, de la diputada señora Andrea Molina y del diputado señor Ignacio Urrutia, en virtud del cual la Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República para que en conjunto con el Ministerio del Interior y de Carabineros de Chile, implementen un sistema plan cuadrante rural, toda vez que esta medida permitirá un eficaz control respecto del delito de abigeato, propendiendo a la coordinación de Carabineros de Chile con juntas de vecinos y fiscales y de esta manera lograr una mayor eficacia en el combate contra este delito. Adicionalmente, solicitan reactivar las mesas provinciales antiabigeato, compuestas por el gobernador provincial, representantes del Ministerio de Agricultura, policías, Ministerio Público, asociaciones gremiales de agricultores y parlamentarios, con la finalidad de proponer planes de acción en el ámbito administrativo, legal y económico y de este modo incorporar a todos los sectores involucrados, haciéndose partícipes de la solución integral en la prevención del delito de abigeato. El señor CORNEJO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, quiero felicitar a los autores del proyecto. Recordemos que en la legislatura anterior aprobamos un proyecto de ley que aportó una serie de herramientas para fiscalizar y sancionar el delito de abigeato. En consecuencia, hoy la persecución penal de la infracción es más exitosa y se ha logrado desbaratar distintas bandas dedicadas al robo o hurto de ganado. Sin perjuicio de lo anterior, este instrumento de acción legal, que incluso tiene incidencia en la ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, al entregar facultades para fiscalizar las entregas vigiladas -hablamos de un delito que se comete de manera organizada-, tiene que tener como correlato una mayor coordinación entre los actores: agricultores, Carabineros, transportistas y el mismo Servicio Agrícola y Ganadero. De ahí que sea tan importante también la reactivación de las mesas provinciales de abigeato. Asimismo, se incluye un sistema de plan cuadrante rural. No sé si es la metodología, pero hay que fortalecer lo que hasta hoy se ha creado, esto es, las juntas de vigilancia rural, que deben fortalecer sus vínculos con Carabineros, con el SAG, en fin, por cuanto es un delito que afecta a todos los ganaderos por igual. La diferencia es el tamaño del productor. Es decir, si a un pequeño ganadero de Curacautín, Lonquimay, Vilcún, Lautaro o Galvarino le roban una yunta de bueyes, pierde el ahorro de toda su vida, y si es un par de terneros, la utilidad del año. Por lo tanto, quedan absolutamente descapitalizados y abandonados. Por eso, creemos que es muy importante adoptar medidas para controlar este tipo de delitos. Finalmente, aunque no está en el proyecto, creo importante que la subsecretaría de Prevención del Delito tenga una línea de financiamiento para los delitos de abigeato, por cuanto la mayoría está pensada para la delincuencia urbana, no la rural. Hemos presentado varios proyectos, pero solo algunos fueron aprobados, porque en las bases está considerada justamente la delincuencia urbana, pero no este tipo de delitos, tan comunes en nuestros campos. Por lo tanto, pido el apoyo de la Sala para aprobar el proyecto de resolución. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por dos minutos y veinticuatro segundos, el diputado señor Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, esta iniciativa cumple varios objetivos, entre otros, dar más tranquilidad, particularmente a los pequeños agricultores -como señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra respecto de la descapitalización que se produce cuando una persona sufre el robo de su yunta de bueyes. Es como si le robaran toda la maquinaria al gran agricultor. Por consiguiente, el proyecto de resolución tiende a proteger la actividad y recursos de los pequeños agricultores. La implementación de un plan cuadrante en el sector rural, daría solución al estado de intranquilidad existente entre los pequeños productores agrícolas, muchos de los cuales ya ni se atreven a salir de sus domicilios, dada la inseguridad existente en algunos sectores. Lo planteo particularmente respecto de la Región de La Araucanía, donde el abigeato es practicado por verdaderas bandas, que no solo roban los animales, sino también los faenan y comercializan en lugares ilegales. Por lo tanto, anuncio que votaremos favorablemente el proyecto de resolución. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lavín León Joaquín; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Morano Cornejo Juan Enrique; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS A DIRIGENTES VECINALES EN APOYO Y RECONOCIMIENTO A SU LABOR El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 164, de los diputados señores Jorge Sabag, Sergio Ojeda, Víctor Torres, señoras Alejandra Sepúlveda y Jenny Álvarez, y señores Marcelo Chávez, Patricio Vallespín, Joaquín Tuma, Daniel Melo y Romilio Gutiérrez, por el cual la Cámara de Diputados acuerda: 1.- Solicitar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que otorgue una asignación a las personas que cumplen labores como dirigentes vecinales para cubrir sus gastos de traslado, mientras desempeñen su cargo. 2.- Pedir al Ministerio del Trabajo y Previsión Social que considere el otorgamiento de un beneficio previsional a los dirigentes vecinales, en función de los años que han desempeñado sus cargos. 3.- Proponer al Ministerio de Salud que otorgue cobertura en el sistema público a los dirigentes vecinales, durante el tiempo que desempeñen su cargo, ya sea para atender enfermedades de normal ocurrencia o para resolver urgencias que pudieran estar originadas en el cumplimiento de sus funciones. 4.- Requerir al Ministerio de Hacienda que incluya en el proyecto de Ley de Presupuestos de cada año una partida destinada a garantizar la protección de los dirigentes vecinales, que sea canalizada a través de los ministerios e instituciones públicas encargadas de ejecutar los programas de apoyo a este grupo de personas. El señor CORNEJO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, en realidad, quien debiera intervenir sobre este proyecto de resolución es el colega Iván Fuentes, ex destacado dirigente social que logró acceder a la Cámara de Diputados gracias a su permanente trabajo en beneficio de la gente de la Región de Aysén. Por eso, aunque soy autor del proyecto de resolución, quiero cederle la palabra porque fue él quien me impulsó intelectualmente a presentarlo. El señor CORNEJO (Presidente).- ¿Ha terminado, señor diputado? El señor SABAG.- Señor Presidente, cedo mi derecho a intervenir al diputado Iván Fuentes. El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, quien da la palabra es el Presidente. El señor SABAG.- Perdón, señor Presidente. Así es. El señor CORNEJO (Presidente).- Además, no pueden intervenir a favor dos diputados de la misma bancada. Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para hablar en contra. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez Vera Jenny; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Cariola Oliva Karol; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Espinoza Sandoval Fidel; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Pino Romilio; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Sommerhoff Felipe; Kort Garriga Issa; Lorenzini Basso Pablo; Mirosevic Verdugo Vlado; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paulsen Kehr Diego; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto Ferrada Leonardo; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Vallejo Dowling Camila; Van Rysselberghe Herrera Enrique. ENVÍO DE PROYECTO DE LEY QUE FORTALEZCA Y ENTREGUE MAYORES ATRIBUCIONES A LA AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Prosecretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución, en virtud del cual se solicita a su excelencia la Presidenta de la República el pronto envío de un proyecto de ley que fortalezca y entregue mayores atribuciones a la Agencia Nacional de Inteligencia. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 165, de los diputados señores Matías Walker, Gabriel Silber, Jaime Pilowsky y José Pérez, por el cual la Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el pronto envío de un proyecto de ley que fortalezca y entregue mayores atribuciones a la Agencia Nacional de Inteligencia, a fin de prevenir de manera eficiente acciones contra la seguridad del Estado y la Defensa Nacional. El señor CORNEJO (Presidente).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señor Presidente, este año ha estado marcado por hechos de violencia que, desde el punto de vista delictual, resultan lamentables, y por hechos que, desde la perspectiva de la capacidad operativa de quienes los cometen, demuestran un grado de logística para operar con mayor nivel de sofisticación, lo que revela la feble capacidad con que opera nuestro sistema de inteligencia a nivel nacional. No podemos desconocer los esfuerzos realizados por el anterior y por el actual Gobierno para robustecer la capacidad operativa de nuestras policías. De hecho, durante este año, aprobamos un proyecto que creó 10.000 nuevas plazas en Carabineros de Chile y 1.200 en la Policía de Investigaciones; sin embargo, en lo que se refiere a la prevención de actos terroristas o delictuales -estamos hablando de bandas cuya capacidad logística es superior a la de las policías, gracias a robos como el del aeropuerto de Pudahuel-, tenemos un sistema de inteligencia prácticamente de baquelita. Desde esta perspectiva, lo que pretendemos con este proyecto de resolución -enhorabuena que el Gobierno haya asumido el problema con la misma fuerza es dotar a nuestro sistema de inteligencia de una capacidad operativa acorde con un Estado moderno como el nuestro, obviamente, en el marco del estado de derecho y en el entendido de que somos una democracia. Pero, claramente, la parte operativa de nuestro sistema de inteligencia es bastante pobre, deficiente y con poca capacidad para anticiparse a ciertos escenarios o para adelantarse a nuevas amenazas, que en el futuro pueden convertirse en delitos, en hechos de connotación importante o en una amenaza para la seguridad de nuestro país. Por eso, los autores del proyecto de resolución entendemos que es importante que, a través de él, la Cámara de Diputados dé una señal de respaldo a la decisión del Ejecutivo de implementar un nuevo sistema de inteligencia en nuestro país. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, si bien es cierto que siempre es deseable tener mayores recursos para desarrollar el sistema de inteligencia que necesitamos, creo que los fundamentos expresados aquí están absolutamente alejados de la realidad. Cuando uno escucha decir que el sistema nacional de inteligencia es de baquelita y que no ha servido para nada, lo único que nos queda claro es que existe un profundo desconocimiento sobre su funcionamiento. Debo decir también que ni la ANI ni ninguno de los servicios de inteligencia que existen pueden andar promocionándose ni informando sobre lo que hicieron o no hicieron. Lo que está claro es que el país sí produce inteligencia, aunque, por cierto, puede ser perfeccionada. Una cuestión completamente distinta es que esta producción de inteligencia sea considerada por quien toma las decisiones. En esto hay que hacer diferencia. Pienso que la intención de los autores del proyecto de resolución es válida, pero su argumentación no puede ser peor porque está basada en premisas completa y absolutamente falsas. Es más, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia que, en este caso, es nombrado por la Presidenta de la República, es una persona que no solo conoce su trabajo, sino que, además, cada vez que la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado, creada por ley aprobada por nuestra Corporación, le pide información, concurre a la Cámara con el fin de proporcionarla. Una cuestión distinta es que esta Comisión, de acuerdo con la propia ley que aprobamos, acuerde que todas sus sesiones son secretas y, por tanto, no habrá información pública sobre una materia de inteligencia. Pero no puedo dejar pasar que la Cámara declare tan livianamente que todo lo que existe es malo porque eso es, francamente, una mentira. Los siete parlamentarios que componen la especialísima Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado tienen más que claro lo que ocurre en nuestro país respecto de inteligencia: cuándo funciona, cuándo no funciona, qué es posible perfeccionar y qué no es posible perfeccionar. Tienen más que claro lo que ocurre en nuestro país respecto de cómo funciona y cómo no funciona la inteligencia, qué aspectos se pueden perfeccionar y cuáles no. Me parece que expresar juicios como los que aquí se han emitido, sinceramente, no ayudan en nada a fortalecer la labor de la inteligencia del país. Por esa razón, votaré en contra del proyecto de resolución. El señor CORNEJO (Presidente).- Para hablar en contra del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, con respecto a este proyecto de resolución, comparto lo señalado por el diputado señor Ulloa. Soy presidente de la Comisión especial de Control del Sistema de Inteligencia Nacional, en cuyo ámbito de acción se encuentra la Agencia Nacional de Inteligencia. La labor de esta última no puede ser puesta en cuestión a través de expresiones como las que hemos escuchado, que ponen en tela de juicio su labor. No comparto las expresiones de mi distinguido colega diputado y amigo Gabriel Silber, porque sus palabras, lejos de fortalecer, que es lo que se busca a través de este proyecto de resolución, lo único que hacen es debilitar ante la opinión pública a una institución que está realizando un enorme esfuerzo de coordinación, pero además de colaboración recíproca con todas las instituciones de la Defensa Nacional y de las policías que están trabajando en esta área. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 19 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Carvajal Ambiado Loreto; Chávez Velásquez Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Flores García Iván; Hernando Pérez Marcela; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa Wevar Carlos Abel; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Morano Cornejo Juan Enrique; Ortiz Novoa José Miguel; Pilowsky Greene Jaime; Provoste Campillay Yasna; Robles Pantoja Alberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Walker Prieto Matías. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Boric Font Gabriel; Coloma Alamos Juan Antonio; Gahona Salazar Sergio; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Lavín León Joaquín; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Sandoval Plaza David; Silva Méndez Ernesto; Trisotti Martínez Renzo; Ulloa Aguillón Jorge; Van Rysselberghe Herrera Enrique. -Se abstuvieron los diputados señores: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arriagada Macaya Claudio; Bellolio Avaria Jaime; Cariola Oliva Karol; De Mussy Hiriart Felipe; Espejo Yaksic Sergio; Fuentes Castillo Iván; Gutiérrez Pino Romilio; Kast Sommerhoff Felipe; Mirosevic Verdugo Vlado; Ojeda Uribe Sergio; Paulsen Kehr Diego; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rocafull López Luis; Saffirio Espinoza René; Vallejo Dowling Camila; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTES EXCESIVA TRAMITACIÓN EN ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y AUMENTO DEL PRECIO DEL METRO CUADRADO EN TERRENOS INDUSTRIALES (OFICIO) El señor CORNEJO (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Radical Social Demócrata. Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada señora Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, como es sabido, nuestra economía ha perdido competitividad, dinamismo, y sigue basada en la explotación de materias primas. Este Gobierno se comprometió a ejecutar una agenda de productividad, de innovación y de crecimiento económico, sin embargo, el Ejecutivo debe considerar situaciones que pueden limitar sus objetivos en el mediano plazo. Nuestro país ha ido desindustrializándose en forma progresiva y nuestra economía interna pivotea sobre los pequeños y medianos empresarios, que son quienes generan la mayoría de los empleos y sobre quienes descansa en gran parte la responsabilidad de generar innovación y crecimiento. Entonces, es prioritario que el Gobierno ponga su mayor esfuerzo en facilitar los procesos gubernamentales que afectan a estos empresarios y también ejecute acciones que apunten a estimular su actividad productiva y de servicios. En la Región de Antofagasta es crítica la situación que afecta a empresarios pequeños y medianos, ya que se espera la concreción de grandes proyectos de inversión, entre ellos, los parques eólicos y los proyectos estructurales de Codelco. Esto, obviamente, pone en tensión a los pequeños y medianos empresarios regionales, que son proveedores de las grandes empresas. Estos pymes requieren crecer para atender esa futura demanda, sin embargo, se encuentran limitados por su condición de arrendatarios, ya que existe una excesiva tramitación para la adquisición de terrenos del fisco, ubicados en sectores industriales de la región. Además, por el aumento exponencial de precios por metro cuadrado de terreno experimentados durante la administración del anterior gobierno y sobre los cuales se sigue manteniendo igual política. Su condición de arrendatarios los limita para acceder a créditos y limita su confianza para hacer inversiones en un terreno que no es propio. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Bienes Nacionales para que revise la situación que afecta a los empresarios pequeños y medianos de nuestra región y que dice relación con la excesiva tramitación para la adquisición de terrenos ubicados en sectores industriales de la Región de Antofagasta y además por el aumento exponencial de precios por metro cuadrado experimentado en los últimos años. Además, solicito requerir al citado ministro el envío del listado de pequeñas y medianas empresas que han solicitado venta de terrenos para sus proyectos de inversión, señalando el tiempo de arriendo del terreno si existiese; el tiempo de postulación para la compra, el precio fijado por metro cuadrado de terreno y la variación máxima experimentada en el precio en los últimos 4 años. Todo esto correspondiente reitero a la Región de Antofagasta. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE RUTA OSORNO Y ENTRE LAGOS, PUYEHUE (OFICIOS) El señor CORNEJO (Presidente).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado señor Felipe de Mussy. El señor DE MUSSY.- Señor Presidente, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas y al director nacional de Vialidad para que se vuelva a fiscalizar las condiciones de la obra de reposición de la ruta 215, entre Osorno y Entre Lagos, Puyehue. Esta ruta, que lleva el triste apodo de la ruta de la muerte, porque hace unos meses varias personas fallecieron en una serie de accidentes, debido a los trabajos de reposición, nuevamente presenta problemas. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AGUA POTABLE RURAL DEL SECTOR DE ÑADI Y PICHIDAMAS, COMUNA DE PUYEHUE (OFICIOS) El señor DE MUSSY.- Solicito que se oficie al director nacional de Obras Hidráulicas, al alcalde de Puyehue y al concejo de la ilustre Municipalidad de Puyehue para que fiscalicen el término de los trabajos de Agua Potable Rural (APR) de los sectores de Ñadi y de Pichidamas, ya que los trabajos dejaron tapadas las zanjas de desagüe del camino rural, lo que tiene muy preocupados a los pobladores. Ello puede complicar la condición del camino durante los meses de invierno. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROYECTO DE EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RURAL DEL SECTOR LOS NEGROS, COMUNA DE PUYEHUE (OFICIOS) El señor DE MUSSY.- En tercer lugar, pido enviar un oficio al subsecretario de Desarrollo Regional y al alcalde de Puyehue para saber en qué estado se encuentra el proyecto que fue aprobado hace más de 850 días y por más de 38 millones de pesos para el estudio de la mejoras de la extensión de red de agua potable rural del sector Los Negros, comuna de Puyehue, y sus respectivas soluciones sanitarias. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. PRIORIDAD EN RECONSTRUCCIÓN DE SEDE SOCIAL DE POBLACIÓN CARRASCO, COMUNA DE PURRANQUE (OFICIO) El señor DE MUSSY.- También solicito oficiar al alcalde de Purranque pidiendo prioridad para la reconstrucción de la sede que utilizaban el club de adulto mayor Cristo es Amor y el grupo de microemprendedores Fondo Esperanza de la población Carrasco, que fue destruida por un incendio, debido a la irresponsabilidad de una persona que estaba viviendo ahí. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE PROPIETARIO DE SECTOR FERROVIARIO SUR, COMUNA DE RÍO NEGRO (OFICIOS) El señor DE MUSSY.- Asimismo, pido que se oficie al ministro de Bienes Nacionales y al presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado para saber de quién es la propiedad denominada Sector Ferroviario Sur, de la comuna de Rio Negro. Allí viven 17 familias en casas que fueron construidas por EFE, cuyos dividendos se cobraban mensualmente a través de los sueldos o de las pensiones de las personas que allí habitan. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. FISCALIZACIÓN DE CURSOS DE AGUA CONTAMINADOS CON AGUAS SERVIDAS EN NUEVA BRAUNAU, COMUNA DE PUERTO VARAS (OFICIOS) El señor DE MUSSY.- Por otra parte, solicito que se oficie a la ministra de Salud y al ministro de Medio Ambiente para que fiscalicen los cursos de aguas que han sido contaminados con aguas servidas durante las últimas lluvias en la región, en la localidad de Nueva Braunau, de Puerto Varas. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE PROYECTO DE OBRAS DE AGUAS LLUVIA EN NUEVA BRAUNAU, COMUNA DE PUERTO VARAS (OFICIO) El señor DE MUSSY.- Pido que se oficie al alcalde de la municipalidad de Puerto Varas para que informe el estado del proyecto de obras de aguas lluvia en la localidad de Nueva Braunau, de Puerto Varas. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE ESTADO DE RECONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO PEOPLE HELP PEOPLE DE PUYEHUE (OFICIO) El señor DE MUSSY.- Solicito que se oficie al ministro de Educación para que informe acerca del estado de la reconstrucción del colegio People Help People, de la comuna de Puyehue. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO Y CONDICIONES LABORALES DE TRABAJADORES DE ASEO Y ORNATO DE LAS NUEVE COMUNAS DEL DISTRITO 56, REGIÓN DE LOS LAGOS (OFICIOS) El señor DE MUSSY.- Por último, solicito que se oficie a los 9 alcaldes y a los respectivos concejos de las comunas del distrito 56 pidiendo información del contrato y condiciones laborales de los trabajadores de aseo y ornato, en especial si están a honorarios, a contratas, de planta o subcontratación. A su vez, pido que informen si cuentan con los seguros sociales, en especial si están asociados a mutuales de seguridad. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. PREOCUPACIÓN POR CIERRE DE UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE POR FALTA DE PERSONAL (OFICIOS) El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, la semana pasada sostuve audiencias con dirigentes de los profesionales de la salud de la Región de Aysén. A raíz de estas reuniones quiero pedir que se oficie a la ministra de Salud, a la subsecretaria de Redes Asistenciales, al director del Servicio de Salud de la Región de Aysén y a la directora del Hospital Regional de Coyhaique a consecuencia de un hecho que ha llamado mucho la atención: El Servicio de Salud Regional y la dirección del mencionado hospital han resuelto cerrar la unidad de tratamientos intermedios del hospital regional de Coyhaique. La situación es gravísima toda vez que el hospital regional es el único que cuenta con esta unidad de atención de pacientes críticos. Obviamente, esto debe alertar y provocar una reacción rápida de las autoridades sectoriales de la salud, puesto que esta situación se sustenta, básica y fundamentalmente en la falta de personal. Fueron los propios profesionales de la Fentess, Fenpruss y Fenats -presidenta de la Fenpruss, señora Marisol Vidal, que nos reunimos con su directiva quienes nos plantearon que la sugerencia nació como consecuencia de que era mucho más irresponsable mantener una unidad de tratamientos intermedios operativa y con falta de personal, por los riesgos que ello significaba, y que en subsidio se mejorara, suplementara o se acoplaran estas atenciones a través de la Unidad de Cuidados Intensivos. Creo que se trata de una situación gravísima, justamente en un hospital en el que no hay mayores alternativas y en el que la gente pueda recurrir a este tipo de instancias. Por ello, la idea es oficiar con la mayor premura posible, pues estamos hablando de la salud de la gente. La Fenpruss tomó una determinación considerando el daño menor, lo cual nos parece absolutamente responsable de su parte. El sistema de salud público, que ha estado tan en boga en la población, donde se habla de las bondades y de los beneficios, vive una situación dramática. No es lógico que un hospital, más aún en una región donde no existen alternativas, cierre la unidad de tratamientos intermedios tan importante en todo el recinto hospitalario. Como sabemos, el cierre nace como consecuencia de la falta de personal que precisamente denuncian los propios dirigentes de la salud en la Región de Aysén. Por lo tanto, lo que se requiere, para dar garantía y seguridad a la gente de la región, en el único recinto hospitalario al cual pueden acceder a una atención de salud, es restablecer los mecanismos para dotar del personal necesario y los recursos humanos adecuados, a fin de no solo tener una Unidad de Cuidados Intensivos, sino también la Unidad de Tratamientos Intermedios, debidamente dotada, repito, para darle a la gente la garantía de una salud digna y acorde a los requerimientos que tiene una región tan aislada como la nuestra. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES SOBRE PASO DE PERSONAL MUNICIPAL A TERRITORIO ARGENTINO (OFICIO) El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Gahona, hasta por tres minutos. El señor GAHONA.- Señor Presidente, la Policía de Investigaciones de Chile, conforme a su ley orgánica y al decreto ley N° 2.460, de 1979, es la encargada de controlar el ingreso, egreso y reingreso de personas al territorio nacional, además de la fiscalización de permanencia de extranjeros en el país. Por ello, paso a exponer la situación que se vivió en el paso internacional de Agua Negra, en la Región de Coquimbo. Dos funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, en compañía del alcalde respectivo, habrían ingresado a territorio argentino estando legalmente impedidos de hacerlo. Incluso, uno de ellos no portaba el carné de identidad y el otro tenía una orden de arraigo nacional vigente. Sin embargo, por declaraciones de testigos y fotografías, estas personas igualmente ingresaron a territorio argentino burlando la fiscalización de la propia Policía de Investigaciones de Chile. En mi calidad de parlamentario y de fiscalizador, quiero hacer presente la especial gravedad que reviste esta situación. Por ello, solicito que se oficie al director General de la Policía de Investigaciones para que informe a esta Corporación en forma detallada bajo qué circunstancias ocurrieron estos hechos y si se ha iniciado alguna investigación al respecto, a fin de establecer las responsabilidades procedentes de los funcionarios municipales, de la autoridad comunal y de los funcionarios de la Policía de Investigaciones. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, junto al texto de su intervención, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a Secretaría. INFORMACIÓN SOBRE TERRENOS FISCALES DESTINADOS A CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN COMUNA DE CALAMA (OFICIO) El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada Karla Rubilar, en el tiempo cedido por el Comité de la UDI. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al Comité de la UDI por cederme parte de su tiempo. Sé que para ellos también constituye una preocupación el tema que a continuación paso a detallar. Hace pocos días tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Calama, comuna a la cual apadrino por el partido de Amplitud. Sin embargo, durante mi visita, me encontré con una situación bastante preocupante. Efectivamente, hay demasiados comités de viviendas en la comuna, incluso algunos llevan esperando más de 12 años una oportunidad para postular a una vivienda social. Sin embargo, una de las situaciones más graves que ocurre en la ciudad tiene que ver precisamente con la ausencia de terrenos para construir este tipo de viviendas. Por ello, pido que se oficie al ministro de Bienes Nacionales, como también al alcalde de la comuna, a fin de conocer la cantidad de terrenos fiscales que existe en la comuna. Asimismo, oficiar al gobernador a fin de saber si existe una modificación al plano regulador que permita la extensión de los terrenos para construir más viviendas y dar una solución definitiva a estas familias. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. MODIFICACIÓN DE FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN COMUNA DE CALAMA (OFICIO) La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, efectivamente, las personas que viven en la comuna de Calama tienen mejores sueldos, pero no todo es Codelco, ni todo el mundo vive o trabaja en la minería. Debido a sus ingresos, tienen puntajes muy altos para postular a la Ficha de Protección Social, pero lamentablemente nadie habla que el costo de la vida en Calama es enormemente alto. Por lo tanto, tener un puntaje muy elevado les impide postular a cualquier ayuda del Estado cuando realmente lo necesitan, porque la cantidad de dinero que gastan para vivir es enorme. Por ello, pido que se oficie a la ministra de Desarrollo Social a fin de estudiar alguna modificación a la Ficha de Protección Social que se está analizando precisamente para hacer estas diferencias del costo de vida real de las personas. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE TÉRMINO DE OBRAS DE HOSPITAL DE CALAMA Y PRESTACIONES DE CLÍNICA DE CALAMA (OFICIO) La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, hace muy poco me correspondió constatar en terreno -tema bastante delicado la ausencia de trabajos en el Hospital de Calama. Como sabemos, son nueve meses que lleva este Gobierno y ni siquiera se puede apreciar algún tipo de maquinaria en el lugar para terminar de construir un hospital que se prometió que se entregaría el primer semestre de 2015. Aparentemente, no existe ninguna posibilidad de entregarlo en la fecha estipulada ni tampoco se observan avances en las obras. Incluso, se nos ha dicho que para paliar la situación se arrendó una clínica; sin embargo, los propios vecinos denuncian que, además del cobro que les realizan por la atención, aún no está en completo funcionamiento, y que toda la parte quirúrgica se encuentra en reparaciones. Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Salud a fin de que nos informe en qué situación se encuentra el Hospital de Calama, saber la fecha exacta del término de las obras y su entrega, como asimismo si estará ciento por ciento operativo; saber cuánto es el arriendo mensual del contrato de la Clínica de Calama, qué prestaciones tiene, con qué especialistas cuenta y si se les cobra o no a las personas. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, junto al texto de su intervención. FISCALIZACIÓN A LICEO RENÉ DESCARTES, CIUDAD DE VIÑA DEL MAR (OFICIO) El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En el turno del Comité Independiente, tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson, por cuatro minutos. El señor JACKSON.- Señor Presidente, cuando hablamos sobre la necesidad de una reforma educacional, muchas veces, olvidamos la historia que nos condujo a esa discusión. Entre otros casos, nos escandalizamos por colegios que no contaban con los recursos educativos necesarios para entregar la mejor educación a esos niños, a pesar de contar con la subvención estatal y el copago de los padres. Esta realidad es lo que nos hace exigir con fuerza una reforma que elimine los intereses privados en el proceso educativo, así como su mercantilización, a fin de que sea un proceso que pertenezca a todos los niños y niñas. Recientemente, hemos tomado conocimiento de supuestos hechos que nos indicarían que existen conductas irregulares en el Liceo René Descartes de Viña del Mar, pese a que el establecimiento cuenta con financiamiento estatal y con el copago de los padres y apoderados; el establecimiento exigiría a los estudiantes además contribuir con la mantención o la renovación de la infraestructura del establecimiento. Según lo señalado, durante el año pasado debieron pagar un monto de 40.000 pesos por la sala de clases y este año 8.500 pesos por un rociador de agua. Por lo tanto, se hace necesario tener mayor claridad acerca de la utilización y administración de los recursos de la subvención estatal y de las exigencias que están haciendo los establecimientos hacia los padres y apoderados que acceden a esta educación. Adicionalmente, de acuerdo a lo denunciado, el Liceo contaría con un Centro General de Padres y Apoderados cuya directiva habría sido elegida por la Administración del Liceo y no por la Asamblea General del Centro de Padres y Apoderados, como lo exige el decreto N° 565, de 1990, del Ministerio de Educación para asegurar la participación activa de toda la comunidad del Liceo en el proceso educativo. Por los antecedentes expuestos, solicito a esta Honorable Cámara que oficie al superintendente de Educación Escolar, don Alexis Ramírez, para que instruya el inicio de una fiscalización al Liceo René Descartes a fin de que revise nuevamente la utilización de los recursos estatales destinados al funcionamiento de dicho establecimiento, así como el efectivo cumplimiento de la normativa relativa a la composición y funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados y de su directiva. Asimismo, que informe a esta Corporación acerca de la existencia y el resultado de procesos de fiscalización anteriores al mismo establecimiento. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y diputadas que así lo indican a Secretaría. APOYO A MOVILIZACIÓN DE PROFESORES El señor ORTIZ (Presidente accidental).- En los cinco minutos adicionales de la bancada de Renovación Nacional correspondientes a diciembre, tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señor Presidente, en nuestro país existe un problema que, lamentablemente, se ha invisibilizado: la movilización de los profesores. Hay establecimientos educacionales que llevan más de tres semanas sin clases, donde los alumnos no reciben su educación y aun no se sabe qué va a pasar con el año escolar. El problema de los profesores es más que preocupante. No comparto las decisiones del directorio sin consultar a sus representados ni a los directorios regionales y provinciales. Lamentablemente han primado los intereses individuales por sobre los colectivos. Valoro, por supuesto, los esfuerzos que se hacen para buscar una solución. Llamo al gobierno a abrirse a dialogar, escuchar y reconocer la participación de los directorios regionales y provinciales, que mucho tienen que decir. Los puntos solicitados, y que deben ser escuchados y dialogados, son: la titularidad. Que el gobierno patrocine el proyecto de la titularidad y retire la indicación sustitutiva, que mientras no exista carrera profesional debe desaparecer el concepto de profesores a contrata; que el bono de incentivo al retiro sea permanente y reajustable conforme al IPC; que sean escuchados respecto del ingreso mínimo docente; que respecto del famoso “agobio laboral”, proponen un 50 por ciento de horas lectivas y un 50 por ciento de horas no lectivas, que es algo que no está lejano a la realidad de los países que integran la OCDE; que los alumnos en aula no sean más de 30; que se dicte una ley reparatoria respecto de la deuda histórica. Desde esta humilde tribuna solicito que se dé el trato y la importancia que tiene este problema que, como dije, ha sido invisibilizado. Espero que el gobierno pueda dialogar con aquellos directorios regionales y provinciales que hoy solicitan participar, dado que, según se ha indicado, no han sido consultados al momento de tomar la decisión de parte del directorio nacional. Debemos dar dignidad y tranquilidad a los alumnos que son parte de los procesos educativos y que, lamentablemente, se ven afectados por este tipo de situaciones, por lo que, una vez más, llamo al gobierno a dialogar, escuchar y buscar una solución consensuada entre todas las partes. He dicho. El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 14.04 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. VIII. ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES -Se abrió la sesión a las 13.50 horas. El señor POBLETE (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS Y PROGRAMAS PARA PLANES DE EMERGENCIA HÍDRICA DE PROVINCIAS DEL HUASCO Y COPIAPÓ (OFICIO) El señor POBLETE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, en octubre recién pasado, el ministro de Agricultura visitó la Región de Atacama. En esa oportunidad, se comprometió a entregar una cantidad de aproximadamente 320 millones de pesos para la provincia del Huasco, que represento, para planes de emergencia hídrica, y 200 millones para la provincia de Copiapó. Es decir, 520 millones de pesos desde el Ministerio de Agricultura para afrontar los serios problemas hídricos que enfrentamos. Sin embargo, tales recursos debieron ser entregados durante 2014. Estamos pronto a terminar el año y aún no llegan a la región. Por eso, pido que se me informe las razones de ello en términos objetivos. Asimismo, sobre los programas que se han desarrollado en la región a través del Indap, del Inia y del SAG para planes de emergencia hídrica. Es muy relevante que los compromisos que asumen los señores ministros se cumplan. Por cierto, nuestro rol es revisar lo que está ocurriendo. He preguntado en la región, pero la información es muy deficiente. El Indap no da cuenta de los gastos que se están desarrollando. Por lo tanto me parece muy importante que se me informe. El señor POBLETE (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE CONCURSOS DEL INDAP PARA ESTUDIO DE CONSTRUCCIÓN DE CANALES EN PROVINCIAS DEL HUASCO Y DE COPIAPÓ (OFICIO) El señor ROBLES.- Asimismo, pido información sobre los concursos que el Indap está haciendo a fin de año para el estudio de construcción de canales. Quiero que se me informe todo lo pertinente con la construcción de canales en la región, en particular en la provincia del Huasco, como los canales que ya están construidos, los que están en evaluación, los que se implementarán, los recursos disponibles para dichos canales, cuántos kilómetros de canales se van a tuberizar, a encementar, etcétera. Es muy importante tener información al respecto y también la relacionada con la provincia de Copiapó. El señor POBLETE (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA CAMBIO DE NOMBRE DE MEDALLA DEL EJÉRCITO (OFICIO) El señor ROBLES.- Por otro lado, me llamó la atención una noticia que aparece en el diario, cual es que desde el año 2006 se ha estado pidiendo que se cambie el nombre de la medalla que se entrega en el Ejército con el nombre del ex general Augusto Pinochet. Según la información, todos los generales en jefe solicitaron ese cambio. Me llamó la atención, porque tenía entendido que la decisión era de los comandantes en jefe; no del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, si lo pidieron los comandantes, me gustaría saber por qué no se hizo. Se me ha informado que es un problema del ministerio, que el ministerio no habría accedido al cambio del 2006 a la fecha. Por eso, me llama la atención. Luego, pido que se oficie al ministro de Defensa para que me informe acerca del procedimiento que se tomó para el cambio del nombre de la medalla del Ejército y las razones que hay en el ministerio para que, desde 2006 al 2014, no se haya implementado este cambio. El señor POBLETE (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. FELICITACIONES POR LABOR DESEMPEÑADA POR CUERPO DE BOMBEROS DE DOMEYKO, REGIÓN DE ATACAMA (OFICIOS) El señor ROBLES.- Señor Presidente, quiero enviar una felicitación al Cuerpo de Bomberos de Domeyko. Por la misma razón, hago una petición al ministro del Interior, a fin de que a través de la subsecretaría respectiva envíe una felicitación al Cuerpo de Bomberos de Domeyko, el que con voluntad y gran espíritu de sacrificio levantó su propio cuartel, mediante recursos obtenidos por colectas llevadas a efecto en la carretera. Lentamente, han logrado sus frutos. Ellos mismo compraron los materiales y construyeron su cuartel en una localidad rural, pequeña, pero muy importante. Por el mismo motivo, pido a la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos que apoye a esta entidad, a fin de que desarrolle sus actividades en forma normal, dado su gran empuje para levantar su propio cuartel sin mayor apoyo. ¡Así es que vayan mis felicitaciones al Cuerpo de Bomberos de Domeyko! He dicho. El señor POBLETE (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.56 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1. MENSAJE DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR EL CUAL DA INICIO A LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO QUE “CREA QUINCE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATALES”. (BOLETÍN N° 9766‐04) “Honorable Cámara de Diputados: Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por objeto crear quince Centros de Formación Técnica estatales. I. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 1. Creación y fortalecimiento de las instituciones de Educación Superior Técnica del Estado. El dominio técnico, el saber especializado, su aplicación, así como su creación y enseñanza en instituciones de educación superior, son indispensables para que nuestra sociedad pueda alcanzar un pleno desarrollo democrático, científico, cultural¬ y productivo. Por medio de dicha formación, los ciudadanos y ciudadanas adquieren elementos fundamentales para el cultivo de una profesión, el desarrollo de habilidades individuales y colectivas, y la preparación para vivir en una sociedad cada vez más exigente y desafiante. Por su parte, el país se beneficia con los medios necesarios para impulsar la deseada transformación productiva con horizonte de mayor igualdad. Al Estado le corresponde, por lo tanto, velar por el desarrollo de la formación técnica colaborando en la descentralización del conocimiento y siendo promotor de una oferta educativa que se relacione participativamente con su entorno económico, político, social y territorial. Asimismo, le corresponde al Estado asegurar que la educación superior, en tanto derecho social, permita el acceso, en todas sus modalidades, a cada uno de los habitantes del país según sus talentos e intereses. Ello significa que el Estado debe promover el acceso, permanencia y egreso, sin discriminación alguna más que las capacidades de los estudiantes. Esto, por supuesto, debe ir de la mano de una oferta pertinente y de calidad. Por todo lo anterior, la formación técnica de nivel superior necesita de un agente que la promueva y la valore socialmente como una herramienta de desarrollo individual y social en todas y cada una de las regiones del país. En este contexto es que mi gobierno ha impulsado la creación de Centros de Formación Técnica estatales en cada una de las regiones del país, que tendrán por objetivo la formación de técnicosy ciudadanos(as), prioritariamente de jóvenes y trabajadores y trabajadoras. Esta formación estará orientada tanto a aquellos conocimientos con estrecha relación con el trabajo práctico y las nuevas tecnologías en los distintos territorios, como a aspectos de formación personal y ciudadana que aseguren el aporte de estas nuevas instituciones a la tarea compartida con escuelas y universidades del Estado: contribuir decisivamente en la construcción de una ciudadanía inspirada en valores democráticos y pensamiento crítico, permitiendo el desarrollo de competencias que faciliten la inserción laboral en ámbitos de desempeño profesional específicos y que proveen, además, de competencias de base para apoyar la empleabilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. Los Centros de Formación Técnica que se crean constituirán la base de un nuevo sistema de formación que colaborará en red para asegurar la debida articulación entre estas instituciones y el Ministerio de Educación, así como en aspectos académico formativos, vinculación con el sistema productivo y otras materias similares. La propuesta que presentamos ante este Honorable Congreso responde a un desafío y anhelo histórico y, a la vez, es producto de la necesidad de fortalecer una educación técnica de nivel superior por años postergada por el Estado. Hoy retomamos esa responsabilidad por medio de la creación de Centros de Formación Técnica con presencia en cada una de las regiones del país, que deberán coordinar el desarrollo de sus actividades. 2. Necesidad de Centros de Formación Técnica estatales La creación de estos quince Centros de Formación Técnica estatales regionales se origina en la urgente necesidad de mejorar la calidad de la formación técnica y las oportunidades de desarrollo en esta área. Asimismo, pretende ser un aporte en la descentralización, la innovación y la articulación de la oferta pública con el desarrollo y transformación productiva de cada una de las regiones del país. Durante la última década la formación técnica aparece como una alternativa atractiva para jóvenes que quieren acceder a la educación superior. En efecto, así lo demuestra tanto el alto número de alumnos matriculados en carreras técnicas, que hoy alcanzan más de un 30% de la matrícula total de la educación superior, como el crecimiento de la matrícula de primer año de estudiantes de este nivel formativo, que entre el 2005 y el 2014 alcanzó un incremento de un 170%, en contraste con un 27% de las carreras universitarias. Asimismo, es relevante destacar que un 35% de los estudiantes que eligen este nivel formativo proviene de la educación municipal. Esto constituye una responsabilidad y oportunidad para el Estado, toda vez que la formación técnica, en la medida en que se entregue con altos estándares de calidad, es una fuente de desarrollo personal y colectivo. La baja articulación vertical, que se expresa en la falta de mecanismos y canales que faciliten la transferencia de alumnos dentro y entre instituciones de un mismo sector y nivel de Formación Profesional y, entre instituciones de diferentes sectores y niveles, es uno de los aspectos que más preocupa. Actualmente, sólo un 30% de los egresados de este nivel formativo ingresan inmediatamente a la educación superior. Esto hace evidente la necesidad de tener una oferta de educación superior técnico-profesional más articulada con la educación escolar. Es más, una oferta del Estado que tenga la intención de otorgar este tipo de programas, necesita de esta articulación y, en especial, del reconocimiento de los aprendizajes ya adquiridos por los estudiantes. A su vez, estas instituciones deben estar abiertas para aquellos trabajadores y trabajadoras que deseen continuar su formación mientras siguen activos en el mundo laboral. La calidad de la formación técnica constituye un desafío mayúsculo de la educación superior. Los significativos niveles de deserción, donde casi el 50% de los estudiantes deserta de los Centros de Formación Técnica y Universidades, y el 60% desertan de los Institutos Profesionales (IP), hacen imprescindible una oferta que se haga cargo de lograr que sus estudiantes terminen su formación, teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y vocacionales que puedan influir en dicho proceso. Se suma al desafío de la deserción, la búsqueda permanente de la pertinencia en los programas ofrecidos por los Centros de Formación Técnica, los cuales deben tender a mejorar su nivel de vinculación con el entorno laboral y con las necesidades productivas en cada una de las localidades, así como también aumentar su contribución a la transformación productiva de los territorios. La necesidad de avanzar en mejorar la calidad y pertinencia de la oferta de formación profesional se evidencia en los bajos niveles de empleabilidad al primer año de egreso de los Centros de Formación Técnica (que alcanzan el 70%, en contraste con el 83% de los universitarios). Lo anterior, sin embargo, se ve compensado cuando se observan las carreras con mayor empleabilidad que ofrecen los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP). Esto, pues al considerar el 20% de las carreras con mayor empleabilidad promedio de los graduados de CFT e IP, se constata que éstas tienen ingresos promedio superiores o iguales a algunas carreras universitarias. Visto desde la perspectiva nacional, diversos estudios dan cuenta del déficit en la formación de trabajadores de sectores claves de la economía, y de las dificultades para acceder a una educación superior de calidad y pertinente, tanto para los jóvenes en situación de vulnerabilidad como para los egresados de la enseñanza media técnica, así como para los trabajadores y trabajadoras. Respecto de consideraciones territoriales, la actual distribución de la matrícula de formación técnica y profesional reproduce la alta concentración de la oferta de educación superior (casi el 70% de ésta se encuentra en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Bío-Bío). A ello se suma que existen zonas en donde este tipo de oferta es bastante reducida, especialmente en las regiones más extremas. La evidencia internacional es clara en la necesidad de que los Estados sean proactivos en el fomento de la formación técnica, dada su importancia estratégica para el desarrollo social sostenible y la transformación productiva de los distintos países, así como por su relevancia para el desarrollo de las capacidades. Esto lo han sostenido tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como diversos organismos que promueven y asesoran a los Estados para el fomento y desarrollo de la formación técnica. La inexistencia de una oferta estatal a nivel regional hace indispensable que este proyecto cree, en cada una de las regiones, espacios de articulación con la educación escolar; de vinculación con el entorno local y productivo para asegurar la empleabilidad y la pertinencia con el desarrollo local; de aprendizaje coherente con los desafíos tecnológicos y laborales del mundo moderno y, en especial, una fuente de oportunidades para aquellos que han sido menos privilegiados. 3. Una Red de Centros de Formación Técnica nacional basada en la colaboración. La inédita creación de Centros de Formación Técnica estatales en cada una de las regiones, se enmarca en una decidida voluntad de descentralización económica y social del país. Esto quiere decir que a los esfuerzos que se han realizado en los últimos años por mejorar los gobiernos regionales y locales a través de la transferencia de competencias vinculadas a la planificación regional y territorial, se viene ahora a incorporar el fortalecimiento de las capacidades endógenas de las regiones, es decir, el mejoramiento de la formación de técnicos y profesionales en pos del desarrollo productivo. Cada uno de estos Centros de Formación poseerá al menos las siguientes características: a) Se desarrollará al alero de una universidad, generando así vínculos y canales de colaboración entre ambas. b) Generará una oferta formativa especializada, con los más altos estándares de calidad y acorde a las necesidades productivas de la región. Dispondrá de una oferta de calidad y pertinente, diseñada bajo mecanismos que reconocerán en sus postulantes los aprendizajes que ya posean o certificaciones ya adquiridas. c) Avanzará en una mayor articulación con el sector escolar, universitario y la capacitación laboral, en función de establecer trayectorias flexibles para las personas que ingresen a estudiar. El desarrollo de estas instituciones propenderá, por tanto, a contribuir a la región con personas cualificadas para las labores productivas, capaces de desenvolverse en la sociedad actual y de perfeccionarse en el tiempo si así lo desean. Asimismo, cada una de estas instituciones contará con el apoyo regional necesario para mantenerse con los más altos estándares de calidad y de pertinencia con el entorno productivo. II. OBJETIVOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO En una voluntad inédita en los últimos 50 años, el Estado se hace por primera vez presente en el desafío de tener una formación técnica acorde a las necesidades locales y a la altura de los desafíos tecnológicos y técnicos de nuestro siglo. El proyecto que aquí se presenta crea quince Centros de Formación Técnica estatales, uno en cada región del país, queriendo con esto cumplir, al menos, lo siguientes objetivos: 1. Descentralización de la oferta educativa Como ya se ha mostrado, la alta concentración de la oferta educativa técnica en la capital del país, hace necesario que el Estado haga un esfuerzo por llevar a los contextos regionales una oferta capaz de articularse con los intereses locales y los desafíos estratégicos definidos por la región. Se espera también que la oferta de formación técnica estatal regional venga a paliar el alto costo que significa para las familias desplazar a los hijos a otras regiones, especialmente en regiones extremas como Magallanes, Aysén y Arica-Parinacota. 2. Vinculación con sectores productivos y necesidades locales La construcción de estos Centros compromete la participación de los distintos actores sociales en función de detectar las necesidades locales, generar carreras coherentes con esas necesidades y mejorar la pertinencia de éstas con los desafíos estratégicos de la región. Adicionalmente, se espera que con la creación de estos Centros se incremente la posibilidad de que lostécnicos egresados de esta modalidad de educación superior se inserten laboralmente en sus regiones de origen, mejorando la productividad y desempeño de las organizaciones productivas del territorio, tanto públicas como privadas. Del mismo modo, la oferta de formación técnica propuesta deberá responder a los requerimientos de capacitación del sector productivo de la región, vía programas de formación continua. Esto, además de apoyar las mejoras de productividad sectoriales del territorio, disminuirá significativamente tanto los costos directos como indirectos de la capacitación, toda vez que estos últimos están asociados, entre otras variables, a los tiempos de traslado y ausencias del puesto de trabajo. En ese contexto, se orienta el quehacer de estas instituciones su compromiso con el país, con el desarrollo y transformación productiva regional y la vinculación con los actores regionales, bajo el compromiso de otorgar una formación pertinente y de calidad para los jóvenes, las trabajadoras y los trabajadores. 3. Formación de calidad en diversos contextos sociales Este proyecto tiene como objetivo la creación de Centros de Formación Técnica que consideren la relación con el mundo del trabajo, la vinculación con la educación escolar y las orientaciones generales que deben tener para asegurar la calidad de la enseñanza que impartirán. Para ello se establecen orientaciones que permitan que estas instituciones desarrollen efectivamente una visión pública de la formación técnica, estableciendo las características que debiesen definir tal visión. Asimismo, se establece el compromiso de lograr un proceso de aprendizaje conectado a la innovación, la investigación aplicada y la vinculación con el medio, con estrategias formativas innovadoras tanto en la experiencia práctica como teórica, y con un cuerpo docente en permanente actualización. Por último, subyace la firme convicción de que cada uno de estos Centros facilitará la interlocución y articulación con otras instituciones, clave para el logro de un ambiente colaborativo que lleve a la formación técnica superior, a mejoras en el aprendizaje y la calidad de sus egresados. III. CONTENIDO DEL PROYECTO Esta ley está compuesta por tres títulos y un articulado transitorio. El primer título regula las normas básicas de creación de quince nuevos servicios, indicando su naturaleza y características. El segundo título dispone las normas fundamentales que son comunes para el conjunto de las instituciones, tales como las siguientes: objetivos, fines y principios orientadores; la necesidad de coordinación entre los centros de formación técnica y con el Ministerio de Educación; su vinculación con una universidad estatal determinada; las certificaciones susceptibles de otorgar; su autoridad y representante legal; requisitos y régimen de sus académicos; composición de su patrimonio; régimen de su personal. Asimismo, establece que el Centro de Formación estará exento de todo impuesto y la posibilidad de que éste se asocie para el cumplimiento de sus fines. En el tercer título se modifica la ley Nº 18.681, haciéndola aplicable a estos Centros de Formación Técnica que se crean, específicamente, respecto a la posibilidad de prestar servicios y realizar todos los actos para la ejecución de éstos y su forma de financiamiento. En el articulado transitorio, se establece la facultad del Presidente de la República para que en el plazo de un año apruebe, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, los estatutos de estas entidades a proposición de los Rectores que se nombrarán previamente por decreto supremo. En estos estatutos se deberá indicar, asimismo, la fecha de inicio de actividades académicas y la comuna, dentro de la Región respectiva, en que se radicará cada Centro de Formación Técnica. Se les faculta, también, para que realicen los actos necesarios para poner en funcionamiento el Centro de Formación Técnica hasta antes de la publicación del Estatuto. Además, se señalan las materias que deberán tratar los estatutos, facultándose al Presidente de la República para que a través de decreto con fuerza de ley fije normas que obligatoriamente deberán contener los estatutos. Por último, se establece la tutela y acompañamiento de una Universidad del Estado, sobre los Centros de Formación Técnica que se crean, hasta la primera acreditación institucional o la figura que la reemplace. Esta disposición contempla una excepción relativa a los casos en que no hubiere una universidad del Estado en la región. Dicha tutela debiera traducirse en apoyo para la implementación de los mecanismos para asegurar la calidad de la respectiva institución. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente PROYECTO DE LEY Título I De los Centros de Formación Técnica del Estado. Artículo 1°.- Créanse los siguientes Centros de Formación Técnica: a) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Arica y Parinacota, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la XV Región de Arica y Parinacota y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. b) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la I Región de Tarapacá y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. c) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Antofagasta, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la II Región de Antofagasta y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. d) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Atacama, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la III Región de Atacama y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. e) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la IV Región de Coquimbo y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. f) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la V Región de Valparaíso y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. g) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región Metropolitana de Santiago, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la Región Metropolitana de Santiago y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. h) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. i) Créase el Centro de Formación Técnica la Región del Maule, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la VII Región del Maule y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. j) Créase el Centro de Formación Técnica la Región del Bío-Bío, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la VIII Región del Bío-Bío y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. k) Créase el Centro de Formación Técnica la Región de La Araucanía, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la IX Región de La Araucanía y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. l) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Los Ríos, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la XIV Región de Los Ríos y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. m) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Los Lagos, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la X Región de Los Lagos y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. n) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades en la XI Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. o) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Centro de Formación Técnica y desarrollará sus actividades en la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Título II Disposiciones Comunes Artículo 2º.- En la presente ley cada vez que se señale “el Centro de Formación Técnica”, “los Centros de Formación Técnica”, “la institución” y “las instituciones”, en dichas expresiones deberán entenderse referidos los Centros de Formación Técnica creados en el Título anterior de la presente ley, indistintamente. Artículo 3º.- Los Centros de Formación Técnica creados por el artículo primero serán instituciones de educación superior estatales, de carácter regional, que tendrán por finalidad la formación de técnicos de nivel superior, con énfasis en mejorar su empleabilidad para que participen en el mundo del trabajo con trayectorias laborales de alta calificación, mejorando así su formación e inserción en el ámbito social. Asimismo, estos Centros de Formación Técnica tendrán como objetivos la contribución al desarrollo material y social de sus respectivas regiones contribuyendo al fomento de la competitividad y productividad de éstas. Artículo 4º.- Son principios que orientan el desarrollo de los fines de los Centros de Formación Técnica: el compromiso con la vocación productiva de la región; la vinculación de su oferta académica con los requerimientos del sector productivo respecto de los procesos de formación de jóvenes, trabajadores y trabajadoras de la región; la calidad y pertinencia de su proyecto educativo; y la excelencia y actualización permanente de su cuerpo docente y directivo, así como la de sus procesos formativos. Artículo 5º.- Los Centros de Formación Técnica sólo podrán desarrollar sus actividades académicas para el otorgamiento de título técnico de nivel superior en la región en que se encuentran domiciliados. Artículo 6º.- Cada Centro de Formación Técnica se vinculará con una Universidad del Estado acreditada institucionalmente de acuerdo a la Ley N° 20.129 o el instrumento que lo reemplace, domiciliada en la misma región, que definan sus Estatutos. En caso de que no hubiere una Universidad del Estado en la región o no esté acreditada institucionalmente, podrá ser una de aquellas establecidas en el artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1985, del Ministerio de Educación, siempre que cumpla el requisito de estar acreditada institucionalmente. En el órgano colegiado superior de los Centros de Formación Técnica habrá, a lo menos, un representante nombrado por el Rector de la universidad vinculada. La vinculación a que hace referencia el presente artículo tiene como objeto contribuir en conjunto al desarrollo de la región en la que se asientan y facilitar la articulación de trayectorias formativas pertinentes. Artículo 7º.- Un Reglamento del Ministerio de Educación, que deberá ser firmado por el Ministro de Hacienda, establecerá los mecanismos e instrumentos de coordinación y articulación entre los Centros de Formación Técnica, y de éstos con el Ministerio de Educación; la forma de acceso de los y las estudiantes a los mismos y otras materias de carácter transversal para su adecuado funcionamiento. Artículo 8º.- En el cumplimiento de sus funciones, el Centro de Formación Técnica podrá otorgar títulos técnicos de nivel superior y otras certificaciones no conducentes a título profesional o grado académico. Artículo 9º.- El Rector de los Centros de Formación Técnica será su máxima autoridad y su representante legal. Artículo 10.- Serán académicos del Centro de Formación Técnica quienes tengan un nombramiento vigente y una jerarquía académica y cumplan los demás requisitos que establezca el reglamento. Artículo 11.- Un Reglamento General, aprobado de acuerdo a lo que establezca el Estatuto del Centro de Formación Técnica, fijará los derechos y deberes del personal académico, regulará su ordenamiento jerárquico y las formas de ingreso, jerarquización, calificación y permanencia. Artículo 12.- El personal del Centro de Formación Técnica tendrá la calidad de funcionario público y se regirá por el Estatuto del Centro de Formación Técnica; los reglamentos especiales, si los hubieren, y supletoriamente por las normas generales. De la forma establecida en sus Estatutos, el Centro de Formación Técnica podrá fijar y modificar la planta de todo su personal. Las remuneraciones del personal de los Centros de Formación Técnica, serán fijadas de acuerdo a las normas orgánicas de cada uno de ellos. Artículo 13.- El patrimonio del Centro de Formación Técnica estará constituido por: a) Los aportes que anualmente le asigne la ley de Presupuestos del Sector Público y los que otras leyes le otorguen; b) Los montos que perciba por concepto de matrícula, aranceles, derechos de exámenes, certificados, estampillas y solicitudes, y toda clase de cuotas extraordinarias que deban pagar sus estudiantes; c) Los ingresos que perciba por los servicios que preste; d) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título; e) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios; f) La propiedad intelectual e industrial que genere y los derechos que de ella se deriven; g) Las herencias o legados que acepte, lo que deberá hacer siempre con beneficio de inventario. Dichas asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte; y h) Las donaciones que acepte, las que estarán exentas del trámite de insinuación y de toda clase de impuesto o gravamen que las afecte. Artículo 14.- El Centro de Formación Técnica estará exento de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos. Asimismo, tendrá la facultad de crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales; asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos correspondan o se complementen con los del Centro de Formación Técnica. Estas operaciones no podrán comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos, los gobiernos regionales y las municipalidades. Título III Disposiciones Finales Artículo 15.- En el artículo 99 de la Ley Nº 18.681: a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras “Universidades” y “e”, la frase “, Centros de Formación Técnica”. b) Intercálase en el inciso primero entre las palabras “Metropolitana,” e “Instituto” lo siguiente: “Centro de Formación Técnica de la Región de Arica y Parinacota, Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá, Centro de Formación Técnica de la Región de Antofagasta, Centro de Formación Técnica de la Región de Atacama, Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo, Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso, Centro de Formación Técnica de la Región Metropolitana de Santiago, Centro de Formación Técnica de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Centro de Formación Técnica la Región del Maule, Centro de Formación Técnica la Región del Bío-Bío, Centro de Formación Técnica la Región de La Araucanía, Centro de Formación Técnica de la Región de Los Ríos, Centro de Formación Técnica de la Región de Los Lagos, Centro de Formación Técnica de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Centro de Formación Técnica de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”. Artículo 16.- La Ley de Presupuestos de cada año establecerá el monto del aporte fiscal que se destinará a los Centros de Formación Técnica Estatales que crea esta ley. Mediante decreto del Ministerio de Educación, visado por el Ministro de Hacienda, se fijará el monto de este aporte que corresponderá anualmente a cada una de dichas instituciones. Disposiciones Transitorias Artículo Primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, mediante decreto con fuerza de ley, expedido a través del Ministerio de Educación, fije normas de carácter obligatorio que deberán contener los estatutos de los Centros de Formación Técnica, las que deberán tratar las siguientes materias: a) La forma de gobierno de la institución, los procedimientos para la designación y remoción de sus autoridades de gobierno y administración, y la forma de integración de los organismos colegiados, así como las atribuciones fundamentales que correspondan a unos y otros; estas atribuciones podrán especificarse mediante reglamento u otra normativa interna que el Centro de Formación Técnica dicte al efecto. El Rector deberá nombrarse por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Educación, en conformidad con las disposiciones estatutarias. b) La estructura académica y administrativa de la institución, así como los procedimientos para crear, modificar y suprimir en todo o parte dicha estructura, planes, programas y carreras; y para otorgar los títulos técnicos de nivel superior a que éstos conducen, y para otorgar otras certificaciones. Artículo Segundo.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año desde la fecha de publicación de esta ley y mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, dicte las normas estatutarias que regularán la organización, las atribuciones y el funcionamiento del Centro de Formación Técnica de la Región de Arica y Parinacota, del Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá, del Centro de Formación Técnica de la Región de Antofagasta, del Centro de Formación Técnica de la Región de Atacama, del Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo, del Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaíso, del Centro de Formación Técnica de la Región Metropolitana de Santiago, del Centro de Formación Técnica de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, del Centro de Formación Técnica la Región del Maule, del Centro de Formación Técnica la Región del Bío-Bío, del Centro de Formación Técnica la Región de La Araucanía, del Centro de Formación Técnica de la Región de Los Ríos, del Centro de Formación Técnica de la Región de Los Lagos, del Centro de Formación Técnica de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y del Centro de Formación Técnica de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. En el o los decretos con fuerza de ley a que se refiere el inciso anterior, deberá además establecerse la respectiva fecha de iniciación de actividades académicas de estos Centros de Formación Técnica y la comuna en que se domiciliará. Para efectos de lo señalado en el inciso precedente y dentro de los180 días desde la fecha de publicación de esta ley,el Rector de cada uno de los Centros de Formación Técnica presentará al Ministerio de Educación el proyecto de Estatuto del Centro de Formación Técnica. De conformidad al artículo transitorio anterior, este deberá contener además de las normas de carácter obligatorio, a lo menos, disposiciones relativas a: a) El procedimiento para la elaboración de su Proyecto de Desarrollo Institucional. b) Los requisitos para postular, asumir y/o ejercer los cargos de todo el personal directivo definido en la estructura correspondiente. c) Las normas o mecanismos fundamentales de evaluación y promoción académica e institucional. d) Las normas para fijar y modificar la planta de todo el personal de la institución. e) El procedimiento para fijar y modificar las normas con arreglo a las cuales se determinarán las remuneraciones de todo el personal de la institución. f) El procedimiento para fijar y modificar el Reglamento General de Académicos y demás personal de la institución, si correspondiere. g) El procedimiento para la elaboración de sus presupuestos y los órganos encargados de su aprobación y gestión. h) El procedimiento para reformar los Estatutos. i) La forma en que la institución prestará servicios de asesorías y consultorías a terceros resguardando que no afecten los intereses del Estado. j) Las autoridades de la institución que poseerán la calidad de Ministro de Fe. Artículo Tercero.- Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, el Presidente de la República nombrará, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley, al primer Rector de cada uno de los Centros de Formación Técnica, señalando la forma en que será contratado. El Rector durará cuatro años en el cargo, tras los cuales se procederá a la elección del Rector de conformidad a lo que se establezca en los Estatutos del Centro de Formación Técnica. El primer Rector no podrá presentarse a la primera elección. El Presidente de la República también dictará las normas necesarias para el funcionamiento del Centro de Formación Técnica hasta la publicación de sus Estatutos. Artículo Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º de la presente ley, cada Centro de Formación Técnica estatal, desde la fecha en que comience a operar y hasta que obtenga la acreditación institucional que regula la Ley Nº 20.129, o la figura afín que la reemplace, será tutelado y acompañado por una universidad del Estado, preferentemente domiciliada en la misma región y acreditada institucionalmente de acuerdo a la Ley N°20.129. La mencionada universidad será designada por el Ministerio de Educación mediante decreto supremo. Excepcionalmente, en caso de que no hubiere una universidad del Estado en la región o no esté acreditada institucionalmente, podrá ser una de aquellas establecidas en el artículo 3º del Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1985, del Ministerio de Educación, siempre que cumpla el requisito de estar acreditada institucionalmente. Artículo Quinto.- El mayor gasto fiscal que implique la aplicación de esta ley en su primer año de vigencia se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio de Educación y, en lo que faltare, con cargo a los recursos de la Partida 50 Tesoro Público.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; ALBERTO ARENAS DE MESA, Ministro de Hacienda; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro de Educación.” Informe Financiero Proyecto de ley que crea quince centros de formación técnica estatales Mensaje N° 822-362 I. ANTECEDENTES. El presente proyecto de ley que crea quince centros de formación técnica estatales en cada una de las regiones del país, cada uno de ellos con personalidad jurídica y patrimonio propio, desarrollando sus actividades tan sólo en la región correspondiente y se relacionarán con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. II. EFECTOS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL PRESUPUESTO FISCAL. 1. Para apoyar la instalación y la puesta en marcha de los Centros de formación Técnica (CFT) que se crean, será necesario que el Fisco contribuya con recursos, a contar del momento que se apruebe el proyecto de ley y que en conformidad a la norma legal se nombren los Rectores, para que se pueda dar inicio a las actividades de cada una de las instituciones y al apoyo que las universidades que se designen les darán en su proceso de acreditación. 2. En el futuro, la ley de presupuestos correspondientes a los cuatro primeros años de creación de estas instituciones, incluirá los recursos necesarios para la compra, construcción o adecuación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de cada CFT y para el equipamiento de sus dependencias. Se estima que el monto total de dichos recursos en esos cuatro años será del orden de $86.640 millones. 3. En el futuro, una vez que los nuevos CFT creados por esta ley entren en funcionamiento regular y vayan incorporando alumnos a sus actividades académicas, el financiamiento de sus gastos de operación corresponderá a los instrumentos vigentes parar la Educación Superior en ese momento. 4. En resumen, el mayor gasto fiscal estimado por efecto de la entrada en vigencia de este proyecto de ley, para los primeros cuatro años de su aplicación, será el siguiente: (Fdo.): SERGIO GRANADOS AGUILAR, Director de Presupuestos.” 2. OFICIOS DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9094‐12) “Honorable Cámara: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece marco para la gestión de residuos y responsabilidad extendida del productor (boletín N° 9094-12). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO, Vicepresidente de la República; PATRICIA SILVA MELÉNDEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia (S).” 3. OFICIOS DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N°8207‐07) “Honorable Cámara: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (boletín N° 8207-07). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO, Vicepresidente de la República; PATRICIA SILVA MELÉNDEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia (S).” 4. OFICIOS DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9628‐08) “Honorable Cámara: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.365, que establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos; la ley general de servicios eléctricos y la ley que crea la ENAP (boletín N° 9628-08). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO, Vicepresidente de la República; PATRICIA SILVA MELÉNDEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia (S).” 5. OFICIOS DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9629‐19) “Honorable Cámara: Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley N° 20.285, para garantizar el acceso universal a la información contenida en las páginas web de las instituciones públicas (boletín N° 9629-19). Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el H. Senado-, para el proyecto antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO, Vicepresidente de la República; PATRICIA SILVA MELÉNDEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia (S).” 6. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9007‐03) “Honorable Cámara: En respuesta a su oficio N° 11.598, de fecha 25 de noviembre de 2014, tengo a bien manifestar a V.E. que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero el artículo 73 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de Ley que protege la libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía (boletín N° 9007-03). En consecuencia, devuelvo a V.E. el citado oficio de esa H. Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional. Dios guarde a V.E., (Fdo.): MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República; XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, Secretaria General de la Presidencia.” 7. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9766‐04) “Honorable Cámara: En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo el que corresponde cumplir en el H. Senado-, respecto del proyecto de ley que crea quince centros de formación técnica estatales (mensaje N° 822-362). Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma” la referida urgencia. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO, Vicepresidente de la República; PATRICIA SILVA MELÉNDEZ, Ministra Secretaria General de la Presidencia (S).” 8. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9405‐04) “Honorable Cámara de Diputados: En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación: AL ARTÍCULO 1º 1) Elimínase la frase “en la ciudad de Rancagua”. AL ARTÍCULO 2º 2) Elimínase la frase “en la ciudad de Coyhaique”. AL ARTÍCULO 11 3) Agrégase en su inciso segundo, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Estas operaciones no podrán comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos, los gobiernos regionales y las municipalidades.”. Dios guarde a V.E., (Fdo.): RODRIGO PEÑAILILLO BRICEÑO, Vicepresidente de la República; ALBERTO ARENAS DE MESA,Ministro de Hacienda; NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro de Educación.” 9. SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MOCIÓN, CON URGENCIA “SIMPLE”, QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL PARA CREAR EL ESTADO CIVIL DE SOLTERO Y SU MEDIO DE PRUEBA. ((BOLETÍN N° 8239‐07) “Honorable Cámara: La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en una moción de los diputados señores Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Cornejo, don Aldo; Monckeberg, don Cristián y Rincón, don Ricardo y de los ex diputados señores Araya, don Pedro; Cardemil, don Alberto; Eluchans, don Edmundo; Harboe, don Felipe y Latorre, don Juan Carlos. Para el despacho de esta iniciativa, S.E. la Presidenta de la República ha hecho presente la urgencia la que ha calificado de “simple” para todos sus trámites constitucionales, motivo por el cual esta Cámara cuenta con un plazo de treinta días para afinar su tramitación, término que vence el día 26 de diciembre próximo por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala el día 26 de noviembre, recién pasado. La Cámara de Diputados, en su sesión ordinaria celebrada el día 22 de julio de 2014, aprobó en general el proyecto de ley de la referencia. De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento, el proyecto de ley con todas las indicaciones cursadas durante su tramitación, fue remitido a esta Comisión para segundo informe reglamentario, el que fue discutido durante la sesión celebrada el día 12 de noviembre del presente año. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este informe se debe dejar constancia de lo siguiente: I. ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE MODIFICACIONES. No existen artículos en tal sentido. II. ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO. No hay normas en tal sentido. III. ARTÍCULOS SUPRIMIDOS. Se mantiene en esa situación el artículo único del proyecto. IV. ARTÍCULOS MODIFICADOS. No hay normas en tal sentido. V. DEBATE DEL PROYECTO. Discusión Particular Artículo único Los diputados señores Chahin, don Fuad; Jaramillo, don Enrique; Rincón, don Ricardo y Soto, don Leonardo, formularon indicación para incorporar como artículo único del proyecto el siguiente: “Artículo único.- Modificase el inciso primero del artículo 305 del Código Civil de la siguiente forma: 1) Para reemplazar en el inciso primero la expresión “separado judicialmente” por el vocablo “soltero”. 2) Para intercalar, a continuación de la coma que sigue a la palabra “matrimonio”, la expresión “o de inexistencia del mismo”. El diputado señor Rincón explicó que con esta indicación sustitutiva se pretende someter al estado civil de soltero al mismo régimen probatorio que los otros estados. Recordó que la moción original disponía que “El estado civil de soltero, se probará mediante la partida oficial que acredite la inexistencia de matrimonios inscritos por parte del solicitante”. El diputado señor Chahin hizo presente que la “partida de inexistencia de matrimonio” no existe en nuestra legislación. El diputado señor Rincón señaló que se podría establecer que en el caso del estado civil de soltero se emitirá un certificado que acredite la inexistencia de matrimonio. El diputado señor Squella hizo presente que subsisten las observaciones formuladas por la Secretaría y por representantes del Ministerio de Justicia respecto de los matrimonios celebrados en el extranjero. Sometida a votación la indicación fue rechazada por tres votos a favor y siete en contra. Votaron a favor los diputados señores Chahin, don Fuad; Rincón, don Ricardo y Soto, don Leonardo. Votaron en contra los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Coloma, don Juan Antonio; Monckeberg, don Cristián; Saffirio, don René; Squella, don Arturo y Trisotti, don Renzo. VI. ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS. No existen artículos en tal sentido. VII. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento de la Corporación no existen artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. VIII. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES. Se rechazó una indicación de los diputados señores Chahin, don Fuad; Jaramillo, don Enrique; Rincón, don Ricardo y Soto, don Leonardo, para incorporar como artículo único del proyecto el siguiente: “Artículo único.- Modificase el inciso primero del artículo 305 del Código Civil de la siguiente forma: 1) Para reemplazar en el inciso primero la expresión “separado judicialmente” por el vocablo “soltero”. 2) Para intercalar, a continuación de la coma que sigue a la palabra “matrimonio”, la expresión “o de inexistencia del mismo”. IX. TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN. No existe texto aprobado por vuestra Comisión, ya que se rechazó la indicación que incorporaba un artículo único al proyecto de ley en informe. Se mantuvo como Diputado Informante al señor Rincón, don Ricardo. Tratado y acordado según consta en el acta correspondiente a la sesión de fecha 12 de noviembre del presente año, con la asistencia de los diputados señores Andrade, don Osvaldo; Ceroni, don Guillermo; Chahin, don Fuad; Coloma, don Juan Antonio; Insunza, don Jorge; Monckeberg, don Cristián; Rincón, don Ricardo (Presidente); Saffirio, don René; Soto, don Leonardo; Squella, don Arturo, y Trisotti, don Renzo. Sala de la Comisión, a 12 de noviembre de 2014. (Fdo.): JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de la Comisión.” 10. INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SUMA”, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.327, EN LO TOCANTE A SU ÁMBITO DE APLICACIÓN Y AL ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN SANCIONATORIO EFECTIVO, Y LA LEY N° 20.502, EN MATERIA DE FUNCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO”. (BOLETÍN N° 9566‐29) “Honorable Cámara: La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo delartículo 226 del Reglamento de la Corporación. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS 1.- Origen y urgencia La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un mensaje de S.E. la Presidenta de la República, con urgencia suma. 2.- Artículos que la Comisión Técnica dispuso que fueran conocidas por ésta. La Comisión Técnica consideróque son de competencia de la Comisión el artículo 30 que introduce el numeral 20) del artículo 1° del proyecto y el artículo 3° del proyecto. La Comisión de Hacienda agregó los artículos 25 y 27 del mismo numeral 20). 3.- Disposiciones o indicaciones rechazadas Ninguna 4.- Modificaciones introducidas al texto aprobado por la Comisión Técnica y calificación de normas incorporadas Ninguna. 5.- Disposiciones que no fueron aprobadas por unanimidad Ninguna. 6.- Se designó Diputado Informante al señorFelipe De Mussy. Asistieron a la Comisión, durante el estudio del proyecto, las siguientes personas: MINISTERIO DEL INTERIOR -Sr. Antonio Frey Valdés, Subsecretario de Prevención del Delito. -Sr. José Roa, Jefe del Plan Estadio Seguro. -SR. Rodrigo González, Asesor Legislativo del Ministro. DIPRES -Sr. Gustavo Rivera, Subdirector de Presupuestos.En representación del señor Director. La Comisión de Deportes y Recreación consideró que son de competencia de la Comisión el artículo 30 que introduce el numeral 20) del artículo 1° del proyecto y el artículo 3° del proyecto. Los artículos de competencia de la Comisión son los siguientes: Artículo 1°, numeral 20) que intruduce el artículo 30. El artículo 1° incorpora las modificaciones en la ley N° 19.327, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional: Su numeral 20) que agrega, entre otros, el artículo 30, del siguiente tenor: “Artículo 30.- Para la adecuada aplicación de la presente ley, los derechos que consagra y deberes que ella impone, así como las sanciones que consigna, deberá configurarse un registro de la ley N° 19.327 a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que contendrá una base de datos de las organizaciones deportivas de fútbol profesional; los organizadores de espectáculos regidos por la presente ley; las asociaciones y los clubes de fútbol profesional, sus dirigentes y representantes legales; de los seguros o cauciones establecidos en el artículo 6° letra b); de asistentes; de las personas en contra de quienes los organizadores han hecho ejercicio del derecho de admisión; y de las prohibiciones de ingreso a los estadios, y demás sanciones que hayan sido aplicadas. Corresponderá al reglamento de la presente ley fijar las condiciones, contenidos, modalidades y responsables del registro mencionado y el procedimiento y habilitados para acceder a dicha información. Se aplicará en el tratamiento y comunicación de los datos contenidos en el presente registro lo señalado por la ley N° 19.628.”. El artículo 3° “Artículo 3°.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se financiará con los recursos que se contemple en el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”. El propósito de la iniciativa consiste en extender el ámbito de aplicación de la ley N° 19.327, conocida como Ley sobre Violencia en los Estadios, a todos los hechos conexos al fútbol profesional, tales como los entrenamientos, desplazamientos y venta de entradas; crear un registro de la mencionada ley, de cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ha de contener una base de datos de las organizaciones deportivas de fútbol profesional, de los organizadores de espectáculos de este tipo y establecer un régimen sancionatorio efectivo en contra de las entidades arriba mencionadas, en caso de incumplimiento de las obligaciones que señala la ley, encomendándose a los intendentes la aplicación de las sanciones, que son susceptibles de reclamación ante la Corte de Apelaciones respectiva. Por otra parte, se encomienda a los juzgados de policía local el conocimiento de las infracciones a la ley cometidas por los asistentes a espectáculos de fútbol profesional. El Mensaje señala que, se han constatado, y son hechos públicos y notorios, los múltiples eventos de violencia ocurridos al interior o en las cercanías de los recintos deportivos, o que se cometen con ocasión de estos espectáculos, lo que plantea la necesidad de ajustar la ley para que pueda cumplir su objetivo principal, cual es otorgar condiciones básicas de seguridad y bienestar a todos quienes asisten a encuentros de fútbol profesional. Luego, se refiere a las dificultades de la aplicación de la ley N° 19.327, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional, conocida como “Ley de violencia en los estadios”, en relación con el no acatamiento de las obligaciones y sanciones que rigen para los administradores de recintos deportivos y para los clubes organizadores de espectáculos de fútbol profesional; la baja tasa de sanción efectiva para los asistentes o espectadores que incurran en los comportamientos prohibidos señalados en la ley; carencia de un estatuto de derechos del público asistente a tales eventos; la insuficiencia de las atribuciones de las autoridades administrativas, particularmente, el Intendente para imponer obligaciones que tiendan a la realización segura de un evento deportivo y, finalmente, la imposibilidad de aplicar dicha normativa a una serie de conductas y hechos conexos que tienen lugar fuera de los recintos deportivos originados o motivados por un espectáculo de fútbol profesional. Finalmente, el mensaje efectúa un reconocimiento expreso a la labor de parlamentarios de distintas bancadas cuyas propuestas fueron recogidas de alguna manera en el presente proyecto de ley, se cita -a vía de ejemplo el proyecto patrocinado por la diputada señora Turres y por los Diputados señores Browne, Espinoza, Farías, Jiménez, Pilowsky, Urrutia (don Osvaldo), Verdugo y Walker, que busca extender el ámbito de aplicación de la ley N° 19.327 a los entrenamientos de los equipos de fútbol profesional (boletín N° 9325-29). A lo anterior se suma el proyecto de ley ingresado a trámite legislativo en 2013 por el Diputado señor Matías Walker, autor de la moción, y suscrito además por la Diputada señora Sabat, por los Diputados señores Espinoza, Jiménez, Morales, Torres, y por el ex Diputado señor Rojas, que amplía el ámbito de aplicación de la ley N° 19.327, tipificando los delitos de lesiones y amenazas en contra de las personas que indica (boletín N°9058-29). Incidencia en materia presupuestaria y financiera El informe financiero dispone lo siguiente: Antecedentes El presente proyecto de ley tiene como objetivo extender el ámbito de aplicación de la ley de violencia en los estadios a todo tipo de hechos y circunstancias conexas a la actividad del fútbol profesional, tales como entrenamientos, desplazamientos, venta de entradas, entre otras, que tengan como motivo u origen principal los espectáculos deportivos de fútbol profesional. Junto a lo anterior, se dispone que la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, configure un registro de la ley N° 19.327, que contendrá una base de datos sobre las organizaciones deportivas de futbol profesional, los organizadores de espectáculos regidos por la presente ley, las asociaciones y clubes de futbol profesional, sus dirigentes y representantes legales, y las sanciones que les hayan sido aplicables. Lo anterior, tiene como finalidad una adecuada aplicación del presente proyecto de ley, los derechos que consagra y deberes que ella impone, así como las sanciones que consigna y de las que puedan ser acreedores los sujetos de la presente ley. Efecto del Proyecto sobre los Gastos Fiscales El proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal de $329.234 miles en su primer año de aplicación y en régimen de $ 56.294 miles, conforme se detalla en el siguiente cuadro: El mayor gasto fiscal por aplicación del presente proyecto de ley, se financiará con cargo a los recursos que se asignen anualmente en el presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Debate de las normas sometidas a la consideración de la comisión, esto es los artículos 25, 27, 30 que incorpora el numeral 20) del artículo 1° y el artículo 3° del proyecto. Cabe hacer presente que la Comisión de Hacienda, acordó extender su competencia a los artículos 25 y 27 que incorpora el numeral 20) del artículo 1° del proyecto, que consideran multas. Esto queda sujeto a lo dispuesto en el oficio N° 11.347 de 1 de julio de 2014 de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento. El señor José Roa (Jefe del Plan Estadio Seguro) asevera que el proyecto perfecciona la normativa existente estableciendo roles y responsabilidades para los diferentes actores. Se sancionan los incumplimiento de las obligaciones legales, por ejemplo porque el organizador de un espectáculo de fútbol profesional no otorga las condiciones de seguridad necesarias a los concurrentes, como también se sanciona a los espectadores cuando no cumplen con ciertas normas básicas de comportamiento. Agrega que la reincidencia constituye una agravante y puede llegar a la prohibición de ingreso al espectáculo para el espectador sancionado. Precisa que para hacer efectiva la acción de la autoridad y la aplicación de las sanciones, se crea un registro en el cual figuran todos los sancionados por esta ley, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Explica que la habilitación y manejo de este registro implica un financiamiento que, en régimen, llega a los 56 millones de pesos anuales, aproximadamente. El señor Antonio Frey, Subsecretario de Prevención del Delito, destaca el hecho que este proyecto sanciona también los hechos conexos, esto es delitos cometidos fuera del ámbito del estadio, con motivo del traslado de los equipos, de sus prácticas o concentraciones, por ejemplo, como también actos ocurridos con ocasión del espectáculo, antes o después de éste. El Diputado señor Ortiz, valora los perfeccionamientos legales que el proyecto introduce y condidera que amerita una tramitación expedita. El Diputado señor Lorenzini (Presidente de la Comisión) considera que la redacción del artículo 3° del proyecto es deficiente, por cuanto condiciona el financiamiento del proyecto a los “recursos que contemple” el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El Diputado señor Walker, recuerda que durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2015, se abordó el financiamiento del Plan estadio seguro y el registro del caso tiene los fondos necesarios. Solicita que este proyecto se apruebe por unanimidad, al igual que en la Comisión Técnica. El Diputado señor De Mussy, consulta si el registro del caso es público. El Diputado señor Schilling, considera lamentable que el Estado tenga que solventar el costo de seguridad de estos espectáculos deportivos dado que el sector privado no lo hace. El Diputado señor Pilowsky, hace presente que este proyecto fue ampliamente discutido en la Comisión de Deportes y Recreación, haciendo hincapié que el proyecto se basa en mociones parlamentarias a las cuales se refiere el mensaje, las cuales iban encaminadas, precisamente, a la sanción de los denominados hechos conexos. Destaca el hecho de que en la actualidad el 75% de las infracciones de los clubes no tiene sanción legal. Precisa que este proyecto responsabiliza a los clubes y organizadores de los espectáculos y que se contemplan multas de hasta 1000 unidades tributarias. Señala que se cambió el nombre a la ley y se contempla la sanción al hincha que profiere expresiones discriminatorias a los jugadores. El Diputado señor Auth, opina que la mayor parte de los desmanes relativos al fútbol ocurren fuera de los estadios y no tiene una sanción especial, que impida el acceso de los delincuentes a tales espectáculos deportivos, tema que este proyecto de ley soluciona. El señor Gustavo Rivera (Subdirector de Presupuestos) explica que el Ministerio del Interior y seguridad Pública debe asumir con su presupuesto la operación del último período del año en curso. Si los recursos no fueren suficientes, se podrá recurrir al Tesoro Público para suplementar la diferencia. El señor Antonio Frey, Subsecretario de Prevención del Delito, indica que el registro enlistará a los hinchas excluidos y a las organizaciones sancionadas. Esto permitirá el control de las medidas adoptadas y el cumplimiento efectivo de las sanciones por parte de las autoridades respectivas, que tienen acceso a este registro, de modo que podrán controlar el acceso de las personas sancionadas y detectarlas. VOTACIÓN Cabe hacer presente que la Comisión de Hacienda, acordó extender su competencia a los artículos 25 y 27 que incorpora el numeral 20) del artículo 1° del proyecto, que consideran multas. Esto queda sujeto a lo dispuesto en el oficio N° 11.347 de 1 de julio de 2014 de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento. Las normas sujetas a votación son del siguiente tenor “Artículo 1°.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en la ley N° 19.327, que fija normas para prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos de fútbol profesional: 20) Agréganse los siguientes artículos 25, 26, 27, 28, 29 y 30: “Artículo 25.- Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley o su reglamento, cometidas por los organizadores de espectáculos de fútbol profesional, las organizaciones deportivas, los administradores de recintos deportivos o dirigentes de los clubes y asociaciones de fútbol profesional, sufrirán las siguientes sanciones, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder: 1) Multa de 25 a 1000 unidades tributarias mensuales, en los siguientes supuestos: a) Incumplimiento por parte del organizador de un espectáculo de fútbol profesional de lo dispuesto en los artículos 4°, 5° y 6°. b) Incumplimiento por parte de las personas naturales que representen legalmente a las organizaciones deportivas y las demás personas señaladas en el inciso 4° del artículo 10° de las prohibiciones manifestadas en ese precepto. c) Ofrecer, el organizador de un espectáculo de fútbol profesional, un número de entradas superior al que se le hubiere autorizado para el evento respectivo por la autoridad competente. d) Incumplimiento por parte del dueño o administrador de los recintos deportivos de las condiciones de seguridad que motivaron su otorgamiento o las establecidas por la autoridad competente en la resolución que autoriza el recinto deportivo. e) No cumplir con el deber de entregar la información requerida por la autoridad solicitada por cualquier medio idóneo, o retardar su cumplimiento. 2) Multa de 5 a 500 unidades tributarias mensuales, en los siguientes supuestos: a) En el caso del organizador de espectáculos de fútbol profesional, cuyos dispositivos de seguridad no sean aptos ni suficientes. b) En el caso del organizador de espectáculos de fútbol profesional, cuyos dispositivos de seguridad no controlen el cumplimiento de las condiciones de ingreso y permanencia, salvo que se haya ejercido efectivamente el derecho de admisión respecto de quien la haya incumplido. c) En el caso de contravenciones o infracciones a la presente ley o su reglamento si no tuvieren señalada una sanción diferente en la misma ley. El reglamento establecerá la graduación para la aplicación de las multas de este artículo, descendiendo según se trate de partidos categoría A, B o C y la división de fútbol profesional de que se trate. Dichas multas se elevarán al doble en los casos en que, producto de las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, a su reglamento o a lo dispuesto por la autoridad competente en la resolución administrativa que autoriza al respectivo recinto o evento deportivo, se produjeren desórdenes, agolpamientos, tumultos u otras circunstancias que afecten o pongan en peligro a los asistentes o cualquier otra alteración al orden público, o que fuere necesaria la intervención de Carabineros de Chile. En caso de reincidencia, se elevarán las multas antes señaladas al doble. Se considerará reincidente a quienes sean sancionados por infracciones a este título más de dos veces dentro del plazo de un año. Adicionalmente, en los casos de los dos incisos anteriores, se podrá aplicar, para los espectáculos de fútbol profesional futuros que la autoridad administrativa determine, la prohibición de asistencia de los hinchas o espectadores del equipo visita o local. En los casos que las multas impuestas de conformidad a los incisos anteriores no sean pagadas, se sancionará a los dirigentes del club organizador del espectáculo, o los dirigentes de los clubes o asociaciones infractoras, en su caso, con la prohibición de asistir a todo espectáculo de fútbol profesional, por el período de tres años. La sanción cesará por el solo ministerio de la ley cuando se acredite el pago de las multas impuestas. Artículo 27.- Constituirán infracciones a la presente ley las siguientes conductas: a) Revender entradas para espectáculos de fútbol profesional. Para estos efectos, se entenderá por reventa de entradas, todo acto que tenga por objeto enajenar, comercializar, vender o ceder a título oneroso uno o más boletos de ingreso a un espectáculo de fútbol profesional, adquiridos previamente y por medio de las vías oficiales, a un precio superior al establecido por el organizador del espectáculo de fútbol profesional. b) Ingresar indebidamente a un recinto donde se realiza un espectáculo de fútbol profesional, o actividades conexas que no sean de libre acceso al público, ocupando formas o vías no dispuestas por el organizador o el administrador del recinto deportivo o irrumpir sin autorización en el terreno de juego del recinto deportivo o del campo de entrenamiento, o cualquier otra zona del recinto deportivo cuyo acceso no sea de libre acceso público. c) Portar, activar o lanzar bengalas, petardos, bombas de estruendo o, en general, todos aquellos elementos a que se refiere el artículo 3 A de la ley N°17.798, en espectáculos de fútbol profesional o en actividades conexas. d) Ejecutar cualquier conducta que ponga en peligro la seguridad y tranquilidad del desarrollo del espectáculo, tales como lanzar objetos en dirección al campo de juego, trepar o escalar el alambrado o barreras de separación del recinto. e) Realizar conductas que interrumpan el espectáculo de fútbol profesional o retrasaren su inicio. f) Cometer alguna de las conductas descritas en los artículos 494, números 1°, 4° y 16°; 495, números 1°, 2°, 4° y 5°; y 496, números 1°, 10°, 11°, 18° y 26°, del Código Penal, en el ámbito señalado en el inciso 2° del artículo 1°. g) Manifestar expresiones de carácter discriminatorio, motivadas por raza, etnia o color de piel a que pertenezca, sea por la emisión de gritos injuriosos, por el porte de carteles, pancartas o lienzos, o por cualquier otro medio apto para tal fin. Carabineros de Chile podrá denunciar la comisión de la infracción, no siendo aplicable para estos efectos lo dispuesto en el artículo 55 letra a) del Código Procesal Penal. Tales conductas serán conocidas por el juzgado de policía local competente en el territorio jurisdiccional donde se hubiere perpetrado el hecho, a través del procedimiento establecido en la ley N° 18.287. El tribunal, en los casos anteriores, aplicará las siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de la conducta: a) Multa de 1 a 25 unidades tributarias mensuales, a beneficio municipal; b) Prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional, por un periodo entre uno y dos años, aplicándose lo dispuesto en el artículo 16 inciso segundo; c) Suspensión de la calidad de afiliado, abonado, dirigente o socio de los clubes deportivos a los que perteneciere, por uno a tres años; d) Inhabilitación absoluta de las calidades señaladas en la letra anterior, entre uno y hasta tres años. Tratándose del no pago de la multa impuesta se impondrá como sanción la prohibición de asistir a todo espectáculo de fútbol profesional, por el período de tres años. La sanción señalada anteriormente cesará por el solo ministerio de la ley cuando se acredite el pago de las multas impuestas, sin perjuicio de la prohibición de ingreso decretada por el tribunal. En caso de reincidencia en alguna de las conductas señaladas en este artículo, las sanciones se elevarán al doble. Si el reincidente cometiere nuevamente alguna de las infracciones señaladas precedentemente, las sanciones se elevarán al triple, y así sucesivamente. En caso de incumplimiento de la sanción de prohibición de asistencia a un espectáculo de fútbol profesional impuesta por haber cometido alguna de las infracciones previstas en el presente artículo o por su reiteración, será sancionado con la pena señalada en el párrafo segundo de la letra b) del artículo 16. El juzgado de policía local será competente para conocer de las acciones civiles que interpongan los afectados con las conductas señaladas. Artículo 30.- Para la adecuada aplicación de la presente ley, los derechos que consagra y deberes que ella impone, así como las sanciones que consigna, deberá configurarse un registro de la ley N° 19.327 a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que contendrá una base de datos de las organizaciones deportivas de fútbol profesional; los organizadores de espectáculos regidos por la presente ley; las asociaciones y los clubes de fútbol profesional, sus dirigentes y representantes legales; de los seguros o cauciones establecidos en el artículo 6° letra b); de asistentes; de las personas en contra de quienes los organizadores han hecho ejercicio del derecho de admisión; y de las prohibiciones de ingreso a los estadios, y demás sanciones que hayan sido aplicadas. Corresponderá al reglamento de la presente ley fijar las condiciones, contenidos, modalidades y responsables del registro mencionado y el procedimiento y habilitados para acceder a dicha información. Se aplicará en el tratamiento y comunicación de los datos contenidos en el presente registro lo señalado por la ley N° 19.628.”. “Artículo 3°.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se financiará con los recursos que se contemple en el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.”. La Comisión acuerda votar en forma conjunta los artículos de su competencia, estos son los artículos 25, 27 y 30 que incorpora el numeral 20) del artículo 1 ° y el artículo 3 °, del proyecto. Sometidos a votación los artículos señalados, son aprobados por el voto unánime de los Diputados presentes, señores Sergio Aguiló; Pepe Auth; Felipe De Mussy; Cristián Campos (por el señor Jaramillo); Pablo Lorenzini; Patricio Melero; Manuel Monsalve; José Miguel Ortiz; Marcelo Schilling; Ernesto Silva, y Matías Walker. Se designó diputado informante al señor Felipe De Mussy. Tratado y acordado en sesión de fecha 26de noviembre de 2014, con la asistencia de los Diputadosseñores Pablo Lorenzini (Presidente de la Comisión); Sergio Aguiló; Pepe Auth; Felipe De Mussy; Cristián Campos (por el señor Jaramillo) Patricio Melero; Manuel Monsalve; José Miguel Ortiz; Alejandro Santana; Marcelo Schilling; Ernesto Silva; Osvaldo Urrutia y Matías Walker. Asimismo asistió el Diputado señor Jaime Pilowsky. Sala de la Comisión, a 27 de noviembre de 2014. (Fdo.): PATRICIO VELÁSQUEZ WEISSE, Abogado Secretario de la Comisión.” 11. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GODOY Y BROWNE, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA RUBILAR, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y LA LEY N° 17.288, PARA SANCIONAR EL RAYADO EN BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y AUMENTAR LAS SANCIONES POR DAÑO EN INMUEBLES UBICADOS EN SITIOS DECLARADOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD “. (BOLETÍN N° 9750‐07) “Considerando: El graffiti o tag, podría definirse como una serie de inscripciones o signos anónimos dibujados o pintados en bienes públicos o privados. Por regla general, este tiene un carácter delictivo toda vez que quienes lo perpetran lo hacen sin la autorización del propietario del bien afectado. Este fenómeno ha adquirido gravedad atendida su proliferación en los últimos años, lo que no solo tiene un efecto negativo en el entorno, sino también irroga inmensos costos en las finanzas públicas y privadas. Para graficar lo anterior, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso incurre en gastos y perjuicios millonarios año tras año. En efecto, la problemática no solo se limita al costo de reparación, sino también al natural deterioro que experimentará una pieza que es intervenida una y otra vez. Son variadas las iniciativas de los Municipios tendientes a resolver o mitigar este problema. Siguiendo con el ejemplo porteño, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó un plan de “tolerancia cero”, destinando una suma de 4 millones de pesos mensuales solo a las tareas de limpieza. Si calculamos esta suma en términos anuales, arroja una cifra cercana a los 50 millones de pesos, las que en una comuna con necesidades como Valparaíso podría tener un uso mucho más beneficioso socialmente. Nuestro ordenamiento jurídico no tipifica expresamente el graffiti o los rayados, sin embargo estas conductas podrían ser calificada como daño y sancionada atendida la cuantía del perjuicio. Se trata de figuras sancionadas en el Código Penal, que se complementan en el caso de daños cometidos en Monumentos nacionales con las figuras penales de la ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Estas últimas son por cierto, figuras calificadas atendidas la importancia del bien dañado. -La propuesta que sometemos a consideración, pretende calificar el daño tratándose de rayados o la aplicación de carteles a bienes públicos o privados. Se trata de un hecho que de no combatirlo enérgicamente, se tornará en un hábito inconveniente socialmente, y que genera pérdidas millonarias. Más aun, tratándose de inmuebles ubicados en sitios declarados patrimonio de la humanidad, agravamos la sanción atendida su importancia cultural y económica; y subimos el piso de la multa. -Asimismo, bajo la convicción que penas privativas de libertades medidas inhiben su aplicación y redundan en impunidad, respecto de las figuras del Código Penal disponemos la posibilidad de aplicar las pena privativa de libertad o la multa, aumentando estas últimas para mantener la entidad de la sanción. En razón de lo anterior, proponemos el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo 1°.- Modificase el Código Penal en el siguiente sentido: a) En el artículo 485: Sustitúyase en el inciso primero la expresión “once a quince” por “quince a veinte”. Agréguese un numeral 9° del siguiente tenor: “9° Pintando, dibujando, rayando o aplicando carteles u otros adhesivos a bienes públicos o privados, sin la autorización de sus dueños o quienes los tengan bajo su administración.” b) En el artículo 486 En el inciso primero, sustitúyase la expresión “y multa de seis a diez” por “o multa de diez a quince”. En el inciso final, sustitúyase la expresión “y multa de cinco” por “o multa de diez”. Artículo 2°.- Agréguese al artículo 38 de la ley 17.288 de Monumentos Nacionales y normas relacionadas, un inciso final del siguiente tenor: “Serán sancionados con el máximum de la pena privativa de libertad señalada en el inciso anterior y multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales, quienes causen daños a inmuebles ubicados en sitios declarados patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.”.”. 12. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS PASCAL, ALVAREZ, CARVAJAL, CICARDINI Y FERNÁNDEZ, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CAMPOS, FARCAS, MONSALVE, NÚÑEZ, DON DANIEL, Y ROCAFULL, QUE "MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO, CON EL OBJETO DE EQUIPARAR LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS DE CASA PARTICULAR CON LOS DEL RESTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO". (BOLETÍN N° 9751‐13) I. FUNDAMENTOS O CONSIDERANDOS 1. La legislación respecto de las trabajadoras de casa particular ha tenido un importante avance durante los últimos años, donde se han materializado reformas esenciales en materia de derechos laborales que atañen a este grupo de trabajadoras, que se estiman actualmente en unas 325 mil en todo el país [1.] NOTA AL PIE 1 Dato recogido de la Nueva Encuesta Nacional de Empleo, correspondiente al trimestre marzo mayo de 2014, que muestra que en Chile existe un total de 325.970 personas que se dedican al servicio doméstico. 2 Por ejemplo: ley 20.279, publicada en el D.O. con fecha 1 de julio de 2008, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual y equipara de manera progresiva la remuneración de las trabajadoras de casa particular al resto de los trabajadores; ley 20.336, publicada en el D.O. con fecha 3 de abril del 2009, que modifica el artículo 150 del Código del Trabajo relativo al descanso semanal de los trabajadores de casa particular; ley 20.786, publicada en el D.O. con fecha 27 de octubre de 2014, que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular y prohibe la exigencia de uniformes en lugares públicos. 3 Disponible en h ttp://ww w.derechoshumanos.udp.cl/informe-a nual-2014/ 4 Se refiere a la ley 20.786, publicada en el D.O. con fecha 27 de octubre de 2014, que modifica la jornada, descanso y composición de la remuneración de los trabajadores de casa particular y prohíbe la exigencia de uniformes en lugares públicos. NOTA AL PIE 5 El artículo 161 inciso segundo del Código del Trabajo establece: "En el caso de los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades generales de administración, y en el caso de los trabajadores de casa particular, el contrato de trabajo podrá, además, terminar por desahucio escrito del empleador, el que deberá darse con treinta días de anticipación, a lo menos, con copia a la Inspección del Trabajo respectiva. Sin embargo, no se requerirá esta anticipación cuando el empleador pagare al trabajador, al momento de la terminación, una indemnización en dinero efectivo equivalente a la última remuneración mensual devengada. Regirá también esta norma tratándose de cargos o empleos de la exclusiva confianza del empleador, cuyo carácter de tales emane de la naturaleza de los mismos". 6 Regulado en el artículo 163 inciso cuarto letras a) y b) del Código del Trabajo. 7 Columna de opinión disponible enhttp://www.theclinic.c1/2014/11/03/trabajadoras-de-casa-particularreformas-insuficientes/ NOTA AL PIE 2. Estas reformas legales han permitido de alguna manera visibilizar las precarias condiciones laborales en que históricamente se han desempeñado las trabajadoras de casa particular, y dignificar su labor2. Sin embargo, en la práctica alguna de estas modificaciones legales no han resultado del todo eficaces, y en otros tópicos es mucho lo que aún queda por avanzar, aun en el ámbito legislativo. En efecto, por más esenciales que hayan sido todas las reformas efectuadas, parecieran no ser suficientes para alcanzar la anhelada igualdad que merecen todos los trabajadores de nuestro país, sin distinciones arbitrarias. 3. Así lo demuestra un reciente trabajo, el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2014, de la Universidad Diego Portales3, el que luego de analizar detalladamente la realidad actual de las trabajadoras de casa particular a la luz de los estándares internacionales, sostiene que pese a las reformas legales recientemente promulgadas por el Ejecutivo4, éstas no son suficientes y persiste la discriminación. 4. Uno de los aspectos permanentemente cuestionados, y al que por cierto también alude el referido Informe, es el relativo al desahucio como causal de pérdida del empleo de las trabajadoras de casa particular. De acuerdo al marco normativo vigente, el tratamiento jurídico del término de la relación laboral tratándose de las trabajadoras de casa particular es diferente del resto de los trabajadores. Así, mientras a éstos últimos es posible aplicar solamente causales reguladas de término de contrato de trabajo establecidas en los artículos 159, 160 y 161 inciso primero del Código del Trabajo, las primeras están sujetas en ésta materia, además de las causales anteriores, a la aplicación del artículo 161 inciso segundo del referido cuerpo legal, esto es, el desahucio, que no es otra cosa que la facultad legal que se le entrega al empleador para que éste pueda terminar discrecionalmente el contrato de trabajo sin más requisito que expresar su voluntad en la forma que establece la ley. 5. Asimismo, las trabajadoras de casa particular no gozan de una indemnización por años de servicio como el resto de los trabajadores que son desvinculados de sus empleos por necesidades de la empresa, sino que reciben una indemnización a todo evento por término de contrato, cualquiera sea la causal que se invoque, que se financia con un aporte del empleador equivalente al 4,11% de la remuneración mensual imponible del trabajador, por una duración de 11 años contados desde la fecha de inicio de la relación laboral. 6. En una columna de opinión publicada recientemente en un diario de circulación nacional, de las coautoras del capítulo 'Trabajadoras de Casa Particular: Invisibilizadas y discriminadas” del Informe Anual de Derechos Humanos UDP 20147, las académicas Helena Olea y Lidia Casa sostienen: “El desahucio es una de las mayores desprotecciones de las trabajadoras de casa particular que el proyecto deja intacto. La facultad del empleador determinar la relación laboral sin justa causa, con un aviso previo de un mes, es un reflejo de la desigualdad en la que se enmarca este tipo de relación. Mientras que un trabajador despedido por necesidades de la empresa recibe un salario completo por año trabajado, una trabajadora de casa particular recibe el 49.32%. No existe justificación alguna para esta diferencia de trato”. 7. La opinión previamente reseñada representa plenamente nuestro sentir en relación con este tema. Y si bien en una primera instancia se podría comprender la existencia del desahucio como causal de término de la relación laboral atendida la especial naturaleza de la labor que cumplen las trabajadoras de casa particular al interior de un hogar, no parece justo que éstas reciban una indemnización dramáticamente menor al resto de los trabajadores al momento de perder su empleo, cualquiera sea la causal que se invoque. 8. Si bien es cierto que la relación contractual de las trabajadoras de casa particular tiene características especiales que la diferencian del resto de los trabajadores, tales como el sujeto para quien prestan servicios y el lugar y naturaleza de los mismos, y que históricamente esas características especiales se han manifestado en una regulación especial en el Código del Trabajo, dichas especificidades no pueden implicar una abierta discriminación para este grupo de trabajadoras. Es deber del Estado proteger y consagrar en su legislación laboral el principio de igualdad y equidad entre los trabajadores, y las diferencias que se establezcan entre ellos no pueden importar una desigualdad injustificada de sus derechos laborales. 9. No existe justificación alguna para esta diferencia de trato que se establece en nuestra legislación en materia de indemnización a que tienen derechos las trabajadoras de casa particular por término de relación laboral, y en razón de lo anterior, se presenta ésta iniciativa legal que pretende corregir esta injusticia, procurando que éstas trabajadoras, al momento de perder su empleo, reciban una indemnización equivalente a un mes por año de servicio, al igual que el resto de los trabajadores. II. IDEA MATRIZ DEL PROYECTO La presente iniciativa legislativa tiene por objeto modificar el artículo 163 cuarto letra a) del Código del Trabajo, a efectos de declarar que sin perjuicio del aporte con que debe cumplir el empleador para cubrir la indemnización a todo evento a que tiene derecho la trabajadora de casa particular en caso de término de su relación laboral, ésta no podrá ser nunca inferior a un mes por año de servicio, al igual que el resto de los trabajadores de nuestro país. Con esta modificación legal se pretende terminar con una flagrante transgresión al principio de igualdad y no discriminación que debe regir entre los trabajadores, toda vez que no existe justificación válida para esta diferencia de trato en nuestra legislación. Es sobre la base de estos fundamentos y antecedentes que venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY “Artículo Único: Agréguese, en el artículo 163 inciso 4, letra a), entre la frase “de este Código” y la palabra “y”, lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, la indemnización a que se refiere esta letra no podrá ser inferior a la establecida en el inciso segundo de este artículo”. 13. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CARMONA, AGUILÓ, BORIC, CORNEJO, JIMÉNEZ, SAFFIRIO, TEILLIER Y VALLESPÍN, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HERNANDO Y PASCAL, QUE "MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN EL SENTIDO DE ACOTAR LA POSIBILIDAD DE EXCLUIR DE LA LIMITACIÓN DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO A QUIENES SE DESEMPEÑEN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL". (BOLETÍN N° 9752‐13) 1.- Antecedentes y Fundamentos Chile presenta hoy uno de los mercados de medios de comunicación menos regulados del mundo, lo cual posibilita un acelerado proceso de concentración, tanto en la prensa escrita, como en la televisión, la radiodifusión y en el ámbito de las empresas de telecomunicaciones distribuidoras de contenidos. Al duopolio de la prensa escrita se suma en los últimos años, la penetración del grupo extranjero Prisa en la radiodifusión, mientras conglomerados empresariales locales (grupos Luksic, Falabella y Saieh) controlan la televisión abierta (universitaria y pública en sus orígenes) [1.] NOTA AL PIE 1.- Declaraciones realizadas por la Presidenta del Colegio de Periodistas, Comisión de Cultura Cámara de Diputados, Julio 2014. 2.- Resultado de encuesta realizada a 141 recién titulados de periodismo de diferentes regiones de Chile, en Délano, M., Niklander, K. y Susucasa, P. (2007). Los periodistas recién titulados y el mercado laboral. Calidad en la educación 27, 205-234. 3.- Artículo 22, inciso 2°: “Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores; los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata; los contratados de acuerdo con este Código para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos; los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento 4.- Sindicato Nacional de Empresa de Trabajadores de la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sentencia del 2° Juzgado de Letras de Trabajo de Santiago, Causa RIT O-31942010. 5.- Artículo 306 del Código del Trabajo: “Son materias de negociación colectiva todas aquellas que se refieran a remuneraciones, u otros beneficios en especie o en dinero, y en general a las condiciones comunes de trabajo. No serán objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma” 6.- Extracto Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, de aplicación vigente en canal de televisión abierta nacional. 7.- Artículo 22, inciso 4°: “Asimismo, quedan excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores contratados para que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios informáticos o de telecomunicaciones”. 8.- Ley Nº 19.759 Modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades de contratación, al derecho de sindicación, a los derechos fundamentales del trabajador y a otras materias que indica. 9.-En este sentido, La Directora del Trabajo, María Ester Feres, precisando el alcance de la propuesta, señaló que se esta se refiere “fundamentalmente a personas que laboran en el sector financiero y que desarrollan parte importante de su trabajo en su propio hogar con obligación de concurrir sólo determinadas horas al lugar de trabajo para recibir instrucciones o realizar trabajo en equipo, y que en alguna medida por estar ‘on-line’, están sujetas a control y supervisión. También se están refiriendo a un área del sector comercial, mezclado con lo financiero, por ejemplo, cobro a deudores morosos que se hace desde las casas a través de telefonistas que informan periódicamente al banco, etcétera. Es decir, no se trata de situaciones en que no hay supervisión, ya que hay posibilidad que ésta se dé”. Documentos “Historia de la Ley Nº 19.759 Modifica el Código del Trabajo en lo relativo a las nuevas modalidades de contratación, al derecho de sindicación, a los derechos fundamentales del trabajador y a otras materias que indica”. Biblioteca del Congreso Nacional. Pág.393. www.un.org NOTA AL PIE Esta estructura de propiedad, además de generar una industria cultural con agendas temáticas homogéneas, escasas en contenido y de poco valor informativo, ha precarizado las condiciones laborales. Sólo respecto de los periodistas, existen estudios que reportan una alta oferta y baja demanda laboral, lo que se traduce en un elevado desempleo, subempleo y condiciones laborales precarias, sobre todo en provincias. En este contexto son recurrentes las jornadas laborales prolongadas, donde casi la mitad trabaja sobre 48 horas semanales y sólo a un 4% se les paga más por las horas extraordinarias Precisamente, estas extensas jornadas de trabajo constituyen uno de los problemas más comunes en el sector de las comunicaciones, que no solo afecta a periodistas sino también a los trabajadores de los medios en general. Lo anterior se debe a la aplicación abusiva por parte de los empleadores de lo dispuesto en el artículo 22 del Código del Trabajo, que en su inciso segundo determina que trabajadores, cumpliendo ciertos requisitos, pueden quedar excluidos de la limitación de jornada ordinaria de trabajo, esto es, 45 horas semanales Al respecto, cabe recordar la situación vivida por los trabajadores de Canal 13 el año 2010. En esa ocasión, luego de un proceso de fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, se consignó que dicha institución tenía excluidos del límite de jornada de trabajo a un importante número de sus trabajadores, alcanzando a 524, de un total de 861 personas, es decir, a un 61%. Por esta razón, los trabajadores a través de su sindicato decidieron demandar por la aplicación arbitraria del artículo 22 inciso 2° del Código del Trabajo, logrando acreditar en juicio el incumplimiento por parte del empleador de la obligación de registrar la hora de ingreso y salida de los trabajadores, por cuanto se consideró que, de acuerdo a los hechos, no se daban los supuestos para la aplicación de la exclusión al límite de la jornada ordinaria, ordenando pagar como horas extraordinarias el tiempo trabajado en exceso por los trabajadores, decisión que fue confirmada dos años después por Corte Suprema Por su parte, no es menor considerar que la jornada de trabajo está excluida de las materias que son propias de la negociación colectiva, de acuerdo al artículo 306 del Código del Trabajo5, adicionalmente los bajos índices de asociatividad, tanto gremial como sindical, hace que los instrumentos colectivos sean insuficientes para poner límite a esta situación. En estas circunstancias, gran parte de los trabajadores del sector no cuentan con las herramientas necesarias para una equilibrada relación con el empleador, quien impone unilateralmente, a través de contratos individuales y reglamentos internos, la aplicación del artículo 22 del Código del Trabajo, incisos 2° y 4°, en términos tan amplios como se expresa a continuación: “La Jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta y cinco horas semanales o la que se fije en los contratos individuales de trabajo, que en ningún caso podrá ser mayor a la establecida en la ley. Quedan excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores, los directores de área y los gerentes, los subgerentes, directores de televisión, directores asistentes, productores ejecutivos, productores de programas, productores asistentes, jefes técnicos de regiones, jefes de departamento, editores periodísticos, periodistas, ejecutivos de ventas, cobradores, apoderados, ingenieros de proyectos, ingenieros de estudios, supervisores, product manager, administradores y, en general, todos aquellos trabajadores que laboran sin fiscalización superior inmediata y/o que no ejerzan sus funciones en los locales de la empresa y siempre que estos cumplan con los requisitos legales para su exclusión, y sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la Dirección del Trabajo. Asimismo, quedan excluidos de la limitacion de la jornada, los trabajadores contratados para que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilizacion de medios informaticos o de telecomunicaciones” Con todo, la incorporación del inciso 4° del artículo 227, el año 2001 ha generado un marco aún más amplio para la aplicación de la exclusión de jornada ordinaria respecto de los trabajadores de los medios de comunicación social, aumentando el grado de discrecionalidad y arbitrariedad por parte de los empleadores. Llama la atención que dicho inciso, que se incorporó a la legislación en el contexto de lo que se denominó “nuevas modalidades de contratación” mediante la Ley 19.759, buscó, según lo expresó el propio mensaje del proyecto, “constituir un adecuado instrumento de la política social a través de normas proactivas para la contratación que, sin entorpecer el desarrollo productivo de las empresas, resguarden debidamente al trabajador, contribuyan de otra parte a combatir la precarización del trabajo y su consecuente exclusión social” Adicionalmente, el Subsecretario del Trabajo de la época, sostuvo durante su tramitación, que el propósito de esta iniciativa era “abordar el tema del teletrabajo, situación que se da en virtud de la prestación de servicios fuera de la empresa, utilizando medios informáticos o de telecomunicaciones”. Así entonces, se puede inferir que el alcance de este inciso no decía relación con el ámbito de los medios de comunicación social -al menos de acuerdo a lo expresado durante la tramitación de la ley sin embargo; en la práctica vemos hoy como las empresas lo usan como una herramienta efectiva de flexibilización laboral para el sector, acentuando con ello los efectos negativos en relación a las condiciones de trabajo descritas anteriormente. 2. Contenido del proyecto En razón de lo expuesto, el presente proyecto de ley tiene por finalidad limitar el ámbito de aplicación de los incisos 2° y 4° del artículo 22 del Código del Trabajo y con ello evitar la excesiva discrecionalidad en que incurre el empleador al determinar qué trabajadores quedan afectos a la exclusión de la jornada ordinaria trabajo, lo que se traduce en los hechos en extensas jornadas laborales. Por último, señalar que las normas que regulan materias como la jornada de trabajo son esenciales en la vida de los trabajadores, ya que influyen directamente en el legítimo derecho al descanso, al tiempo necesario para la familia y al desarrollo personal, que requiere en todos los casos de protección especial. Por tanto, y en mérito de lo razonado, proponemos al H. Congreso Nacional, el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo Único: Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 22 del Código del Trabajo: 1.- Elimínese en el inciso segundo la frase: “y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata”. 2.- Agregase en el inciso cuarto a continuación del punto (.) seguido la frase: “Lo anterior no será aplicable a aquellos trabajadores que presten servicio o desempeñen sus funciones para medios de comunicación social, tales como televisión, radiodifusión, prensa en formato impreso o digital.”. 14. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR ROCAFULL QUE "MODIFICA LA LEY N° 19.327, CON EL PROPÓSITO DE SANCIONAR LAS CONDUCTAS RACISTAS Y DISCRIMINATORIAS EN QUE SE INCURRA CON MOTIVO U OCASIÓN DE UN ESPECTÁCULO DE FÚTBOL PROFESIONAL". (BOLETÍN N° 9753‐29) “1. Fundamentos No es trivial, la preocupación de los organismos internacionales para afrontar la problemática relacionada con el rascismo en actividades deportivas. En este sentido “con el lema El racismo y el deporte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha querido destacar, por un lado, el preocupante problema del racismo en el deporte y, por otro, el papel que precisamente los deportes pueden desempeñar en la lucha contra la discriminación racial”1, se sostiene además por el organismo que “los deportes y los derechos humanos comparten muchos valores y objetivos fundamentales. Los principios que sustentan la Carta Olímpica, como la no discriminación y la igualdad, son la base de los derechos humanos: el objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de promover una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana” [1] NOTA AL PIE Ídem. Proyecto de Ley que Modifica la Ley N° 19.327, en lo Tocante a su ámbito de Aplicación y al Establecimiento de un Régimen Sancionatorio Efectivo, y la Ley N° 20.502, en Materia de Funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Boletín N° 9566-29. NOTA AL PIE Pese a lo anterior, las últimas semanas hemos sido testigos de conductas racistas al interior de los estadios, en concreto, los insultos realizados por un grupo de hinchas de un determinado equipo de futbol al jugador profesional Emilio Rentería, venezolano, residente en Chile, que en dos oportunidades ha debido soportar insultos motivados por su raza. En efecto, el primero de estos hechos tuvo lugar en la ciudad de Rancagua un 7 de noviembre del presente año, oportunidad en la cual el partido corrió el riesgo de ser suspendido debido a la gran cantidad de burlas, insultos y violencia manifestada por un grupo de la barra del equipo local. El segundo de estos incidentes tuvo lugar en Iquique, el 22 de noviembre, donde la violencia ejercida en contra de este jugador ameritó la suspensión del encuentro, decisión que jamás había ocurrido en la historia del futbol chileno. Lo anterior no constituye un hecho aislado, en el año 2003 el jugador profesional Faustino Asprilla, colombiano, recibió insultos cuando jugaba en el Club Universidad de Chile. Antes de él, su compatriota Edison Mafla también padeció de agresiones verbales racistas cuando jugó para el mismo club entre 1998 y 1999. El propio jugador de nuestra selección, Jean Beausejour, actual volante de Colo-Colo, también declaró haber recibido insultos por su sangre haitiana y mapuche. Pese a que la en determinados contextos las expresiones, pueden tener significación, la Ley N° 19.327 sobre violencia en los Estadios, no incorpora esta manifestaciones como conductas punibles, menos aún sanciona aquellas agresiones verbales de motivación racista, en el contexto de los espectáculos de fútbol. Tales expresiones constituyen un contrasentido, si tenemos presente que los valores del deporte, el respeto al adversario, el juego limpio y el trabajo en equipo, pueden ayudar a integrar a los grupos marginados y enseñar a las personas los valores necesarios para prevenir y resolver tensiones y conflictos sociales. 2. Historia legislativa. La ley Nº 19.327, que data de 1994 ha sido objeto de diversas enmiendas, siendo la más reciente, la propuesta de modificación que el mes de septiembre del presente año, ingresó a trámite a la Cámara de Diputados, modificando la ley de violencia en los estadios3, ampliando su ámbito de aplicación y estableciendo un régimen sancionatorio efectivo (Boletín N°9.566-29), que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional y ha sido aprobada por la Comisión de Deporte y la Comisión de Hacienda. Frente a este proyecto, si bien, incluye dentro de sus disposiciones una sanción a los actos racistas al interior de los estadios al disponer en la letra g) del artículo 27 del proyecto que constituye violación a la ley “manifestar expresiones de carácter discriminatorio, motivadas por raza, etnia o color de piel a que pertenezca, sea por la misión de gritos injuriosos, por el porte de carteles, pancartas o lienzos, o por cualquier medio apto para tal fin”, tal propuesta, no es satisfactoria atendida su referencia al estatus del delito de injurias, lo que podría significar una alta exigencia de probar este delito de expresión, como asimismo, resulta evidente la falta de conexión sistemática con la agravante 21ª del art. 12 del Código Penal introducido por la ley Nº 20.609. En el derecho internacional, el 2001, la Declaración y el Programa de Acción de Durban consagró el firme compromiso de la comunidad internacional para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el plano nacional, regional e internacional e instó a los Estados a que, en cooperación con las organizaciones intergubernamentales, el Comité Olímpico Internacional y las federaciones deportivas internacionales y regionales, intensificar la lucha contra el racismo en los deportes. También el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a los Estados a prevenir, combatir y hacer frente a todas las manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia en el contexto de los acontecimientos deportivos en su resolución de 2010. [1] NOTA AL PIE www.un.org NOTA AL PIE 3. Ideas Matrices. El presente proyecto, tiene por finalidad incorporar una nueva hipotesis en los delitos y faltas previstos en el artículo 6 G de la ley sobre violencia en los estadios referida a expresiones que puedan menoscabar gravemente la integridad moral de los protagonistas del espectáculo deportivo, a objeto que estén sometidos a un régimen de sanciones en los casos que sea procedente. En definitiva se estimara que las expresiones pueden menoscabar la integridad siempre que en ella se aprecie una intensidad lesiva para la dignidad humana suficiente para su encuadre en el precepto; es decir, una conducta cruel o humillante motivada por razones de raza, nacionalidad, etnia o grupo etc. Es sobre la base de estos antecedentes que venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo Único. Agréguese, a continuación del numeral 3) del artículo 6° G de la Ley 19.327 que Fija Normas Para la Prevención y Sanción de Hechos de Violencia en Recintos Deportivos con Ocasión de Espectáculos de Futbol Profesional, un nuevo numeral 4) del siguiente tenor, pasando los actuales a la numeración correlativa: “4) El que emitiere expresiones hacia jugadores, árbitros o seguidores, que pudieren menoscabar gravemente su integridad moral, motivados por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca”. 15. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CHAHIN, ESPEJO, FARCAS, FLORES, GARCÍA, NÚÑEZ, DON DANIEL; PAULSEN, POBLETE Y RINCÓN, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA CARVAJAL, QUE "ESTABLECE EL DÍA NACIONAL DEL CONSUMIDOR”. (BOLETÍN N° 9756‐03). I. FUNDAMENTOS Tal como los define en su artículo primero de la ley 19.496, los consumidores son “las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios.” Ahora, visto desde la perspectiva de lo que significan los consumidores en una economía de mercado como la nuestra, resultan ser el principal pilar y eje a través del cual el desarrollo económico alcanza su auge y sin el cual no tendría sentido nuestra economía y todos los productores de bienes y servicios verían absolutamente mermada su capacidad de masificar y extender su producción. Es por tanto el consumidor, el actor final en las diversas transacciones productivas. La Organización de las Naciones Unidas también juega un rol fundamental en esta materia desde el momento en que es capaz de hacer recomendaciones y sentar directrices en la materia a sus estados parte, siempre y sobre todo en lo que dice relación con el respecto a los derechos de los consumidores, ya que sin duda el concepto de consumidor es un concepto omnicomprensivo que han acuñado las distintas naciones. La idea matriz de que se declare el día nacional del consumidor, es la promoción de los derechos básicos de éstos en el mundo y así mantener una imagen globalizada como ventana a nuestros pares en el sentido de que acuñen no sólo el concepto, sino que cada día más estados promueven y defienden dichos derechos. Entender el rol substancial que los consumidores juegan hoy en la economía no es una tarea compleja, ya que resulta ser del todo evidente, que es gracias a ellos que las economías de todos los países surgen y que su ausencia significaría el desplome de las mismas. Países en vías de desarrollo como el nuestro y aquellas economías de transición ven sumamente beneficiadas sus economías por medio de las mejoras en la protección de los derechos de los consumidores y el reconocimiento a través de un día que conmemore el papel que juegan dentro de la nuestra sociedad resulta de sumo importante. El rol que juega hoy el consumidor es sin duda trascendental, ya en la fiscalización de ciertos procesos productivos por ejemplo, como en lo que refleja la citada ley del consumidor en su artículo 3º señalando los derechos y deberes básicos del consumidor, que entre otros son la libre elección del bien o servicio, el derecho a una información veraz y oportuna, la no discriminación arbitraria, el derecho a reparación e indemnización, entre otros, lo que muestra el evidente empoderamiento que presenta en la sociedad. Dentro de este mismo punto denota la importancia en la educación del consumidor, en cómo se ha hecho fundamental la educación para consumo responsable en todo ámbito del comercio, poniendo especial énfasis en productos y servicios financieros. Resulta conveniente y de toda lógica educar a los consumidores y no sólo en la etapa adulta, sino que partiendo en los colegios, los que deben entregar las herramientas básicas para el desarrollo y formación de cada uno de esos niños que serán mañana los consumidores de productos y servicios que el mercado, hoy tremendamente globalizado, les entregará y así aprender a manejarse en los distintos mercados a fin de obtener en la medida de lo posible los mejores resultados en la toma de decisiones. El nuestro país el día 15 de Marzo de cada año es celebrado el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, según lo instituyó Consumers Internacional, la federación mundial de 240 organizaciones de consumidores presente en 120 países, incluido Chile y en donde cada año se selecciona un tema que requiere urgentes políticas regulatorias y educativas por parte de las autoridades y de los participantes en el ámbito del consumo. Este año el tema fue Educación Financiera, y las actividades en Chile se desarrollaron durante el 14 y 15 de marzo. Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente, PROYECTO DE LEY Artículo único: Declárese el 15 de Marzo como día nacional del consumidor. 16. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR KAST, DON FELIPE, SOBRE "REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE RESTRICCIONES A LA REELECCIÓN DE SENADORES Y DIPUTADOS". (BOLETÍN N° 9757‐07) FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN Los intentos por limitar la reelección de parlamentarios no son nuevos. En efecto, desde el año 1990 a la fecha se han presentado alrededor de 14 mociones que apuntan a establecer esta limitación. Como información de contexto, cabe indicar que la tasa promedio de recambio en la Cámara de Diputados desde 1990 corresponde al 38,5%, es decir, aproximadamente 2 de cada 5 diputados han cambiado después de cada elección. En el Senado, cerca de la mitad de los senadores se reeligen en las regiones impares, mientras que en las regiones pares incluida la Región Metropolitana cerca de un tercio de los senadores son reelegidos. Existe una reconocida necesidad de renovar la clase política y volver a niveles de valoración de la actividad política en la sociedad. Establecer límites a la reelección a los parlamentarios en ejercicio, contribuiría a que ellos no puedan asegurar su reelección aprovechando su nivel de conocimiento, sus redes en los distritos y su disponibilidad de recursos. De esa manera se puede contribuir a mejorar lo que algunos textos han denominado la “crisis de representatividad” y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones políticas. Para algunos, la reelección genera consecuencias positivas al contribuir a la profesionalización de quienes ocupan cargos de elección popular. De esta forma, una prohibición absoluta a la reelección podría disminuir la efectividad y afectar el buen funcionamiento de nuestro Congreso. Reconociendo ese valor, una norma que establezca limitaciones equilibradas cumple con el objetivo de mantener un nivel aceptable de profesionalización a la vez que una adecuada renovación de los miembros de las Cámaras. Por ello, la presente moción propone establecer una limitación temporal a las reelecciones de los parlamentarios en su mismo distrito o circunscripción, sin impedir que un diputado o senador en ejercicio pueda competir en un distrito distinto, aprovechando su experiencia legislativa. TEXTO DE LA MOCIÓN Artículo Único.- Modifícase el Decreto Supremo Nº 100 de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile, de la manera que a continuación se señala: 1) Agrégase en el artículo 47 el siguiente inciso tercero nuevo: “Los diputados solo podrán ser elegidos en el mismo distrito por tres períodos consecutivos.”. 2) Agrégase en el artículo 49, un nuevo inciso tercero del siguiente tenor: “Los senadores solo podrán ser elegidos en la misma circunscripción por dos períodos consecutivos.”. 3) Elimínase la frase final del inciso segundo del artículo 51, que señala “Los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos.”. “ Artículo Transitorio.- Las modificaciones establecidas en los numerales 1) y 2) del artículo anterior, entrarán en vigencia al momento de su publicación, siendo el período en ejercicio a la fecha de ésta, el primero para efectos de la reelección.”. 17. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES GAHONA, HASBÚN, HERNÁNDEZ, KORT, MACAYA, MORALES, SANDOVAL Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y NOGUEIRA, QUE "MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR A QUIENES ATENTEN CONTRA MONUMENTOS NACIONALES O SITIOS DECLARADOS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD". (BOLETÍN N° 9758‐07) “Tradicionalmente nuestra legislación penal funcionó como herramienta estatal para sancionar los más graves atentados a la convivencia humana. En efecto, las personas, el orden de la familia, el orden interior del Estado, la fe pública, entre otros ámbitos, eran objeto de protección, mediante la imposición de una sanción corporal para quienes atentaran contra estos bienes jurídicos. Con todo, con el trascurrir de las décadas, nuestra legislación fue incorporando otras temáticas, que el mundo ha incorporado como dignas de protección jurídica, entendiendo que los autores de ataques contra estos bienes al igual que los tradicionalmente protegidos, ameritaban la imposición de penalidades o responsabilidades de orden penal. Estos bienes poseedores actualmente de protección jurídica al menos en algunas legislaciones comparadas se encuentran constituidos por el medio ambiente, la cultura, urbanismo, entre otros. Efectivamente el desarrollo de las sociedades, las ha catapultado a un estadio en donde surgen en su seno nuevos focos de preocupaciones y en ese sentido el derecho penal se ha ido extendiendo a otros planos normativos inexistentes hasta solo un par de lustros. Particularmente en el plano cultural, nuestro país ha adoptado una política de promoción y establecimiento de un espíritu de protección a nuestros monumentos, ciudades y patrimonios inmateriales, en el marco de una institucionalidad, aunque todavía nueva y precaria en muchos aspectos, constituye un avance trascendente en la materia. Los sistemas legales de todo el mundo han incrementado su interés sobre temas relativos al patrimonio cultural; sin embargo, mucha de la legislación existente, los escritos de especialistas y los convenios internacionales no han sido recolectados, analizados o sistematizados, más aún se han convertido en declaraciones sin ninguna eficacia normativa. En nuestro país podemos encontrar disposiciones protectoras del patrimonio cultural, partiendo desde la propia Constitución Política, apropósito de la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación (art.19 N° 8). El ejercicio del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se encuentra regulado básicamente por la Ley 19.300. El Artículo 2 letra b) de la Ley 19.300 exige el uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del patrimonio cultural que resulten dañados por una determinada actividad. Asimismo, de acuerdo al artículo 19 N° 24de la C.P.R., el derecho de propiedad puede ser limitado en atención a la función social de la propiedad, la que considera, entre otros criterios, la conservación del patrimonio ambiental, que incluye, a su vez, la protección del patrimonio cultural.[1] NOTA AL PIE 10.- Protección Jurídica del Patrimonio Cultural: Logros y encrucijadas del patrimonio Antropoarqueológico chileno ; GONZALEZ CARVAJAL PAOLA ANDREA, a través de www.scielo.cl NOTA AL PIE En nuestro ordenamiento jurídico no existe lo que pudiera denominarse como “delitos contra el patrimonio cultural”, no obstante, tanto en el Código Penal como en leyes especiales es posible encontrar algunas disposiciones que sancionan penalmente algunas conductas lesivas para dicho patrimonio, produciéndose una protección parcial por vía “tangencial, pero no de un modo completo y efectivo, situación que produce evidentemente una sensación de impunidad para todas aquellas personas que atenten contra estos valores inmateriales. La protección de nuestro patrimonio cultural es a todas luces necesaria, no sólo a partir de un innegable valor para la industria del turismo, sector económico que por lo demás cada año reviste mayores éxitos, sino porque el desarrollo de la cultura implica un encuentro con las bases más primigenias de las naciones, un paso adelante que como sociedad debemos dar porque condiciona nuestro presente y futuro desde una perspectiva integral. De manera tal, que cualquier atentado contra estos aspectos de la vida social o comunitaria constituye un ataque a las bases de nuestra sociedad y por tal motivo debe ser sancionado penalmente, con el objeto de reprimir su comisión. Junto con lo anterior, es dable indicar que en materia de protección de nuestro patrimonio cultural, no sólo el derecho penal nos debe dar respuestas, creemos que el desarrollo de políticas públicas coherentes ayudará y establecerán un marco adecuado de promoción y sensibilización social acerca de la importancia de la cultura y cada una de sus manifestaciones. CONTENIDO DEL PROYECTO El presente proyecto de ley persigue sucintamente el establecimiento de penas para aquellas personas que dañen monumentos nacionales o sitios declarados patrimonio de la humanidad. Tales penalidades no solamente consisten en la aplicación de penas de orden corporal o pecuniario, sino también y a partir de la especial entidad de estos bienes jurídicos consideramos también incorporar penas de orden comunitario, con el objeto establecer el máximo de reparación de los daños causados, como asimismo maximizar el objetivo reparador de la pena. En este ámbito la iniciativa se establece como mecanismo de protección de monumentos nacionales y sitios declarados patrimonio de la humanidad, expresión que como se indicó precedentemente va más allá del mero interés turístico de una ciudad, sino que además encierra un concepto y reconocimiento a la cultura de un determinada localidad, ya no desde una perspectiva nacional o chilena, sino que ahora, desde una perspectiva mundial, porque dice relación con los intereses y valores de toda la humanidad. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Incorpórese un nuevo artículo 486 bis en el Código Penal, norma de la siguiente manera: “El que dañe monumentos nacionales o sitios declarados patrimonio de la humanidad o que encuentren sujetos a proteccióna partir de su valor cultural y/o turístico, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. Asimismo el responsable deberá colaborar sustancialmente en la reparación completa de los daños”. 18. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, ALVAREZ‐ SALAMANCA, BELLOLIO, HASBÚN, HERNÁNDEZ, MACAYA, MORALES Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y MOLINA, QUE "MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL OBJETO DE PERMITIR EL ESTABLECIMIENTO DE INSTANCIAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS". (BOLETÍN N° 9759‐06) “Nuestro país a lo largo de las últimas décadas puede exhibir notables índices de crecimiento macroeconómico y desarrollo humano, se ha disminuido la pobreza considerablemente, la inflación se encuentra controlada y al margen de los legítimos reclamos y demandas ciudadanas vivimos en una relativa paz social, en el marco de un sistema democrático consolidado con orientación de respeto a las garantías individuales de todos los habitantes de Chile. Sin embargo, también es necesario reconocer que Chile, vive actualmente diversas encrucijadas, que marcarán directa o indirectamente, nuestra forma de vida en los próximos 100 años. Es así como uno de esos grandes asuntos lo constituye el respeto y promoción de nuestro medio ambiente y patrimonio ambiental. En efecto, fenómenos como el cambio climático, los períodos de sequía que vienen manifestándose en vastas zonas de nuestro país, el desarrollo de fuentes energéticas poco “amigables “con el medio ambiente y por otra parte el desarrollo económico, nos ha llevado a reflexionar qué papel cumple el medio ambiente en toda esta problemática y cuán importante constituye la preservación y promoción de nuestro entorno para el futuro de Chile. Como es bien sabido, el asunto medio ambiental, constituye un asunto de creciente conciencia en cuanto a su importancia, en los últimos tiempos se han incorporado a nuestra legislación nacional una potente institucionalidad ambiental, destinado en términos amplios y generales a regular y proteger el medio ambiente como una política de Estado, encargado éste último de su protección de acuerdo a los preceptos constitucionales y legales que lo gobiernan. En efecto, a partir de disposiciones constitucionales como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, a otras que directamente la regulan como aquella norma que establecen como límite al ejercicio de la propiedad la conservación del patrimonio ambienta, puede concluir que nuestro país posee un texto político observante del medio ambiente, de tal forma que dichas disposiciones orientan de un modo expreso el actuar del Estado en la materia. Por su parte el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades señala que éstas pueden desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del Estado, funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio ambiente. Por su parte el artículo 9 TER, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases del Medio Ambiente, indica que en la formulación de proyectos o actividades que requieran estudios o declaraciones de impacto ambiental, deberán solicitar pronunciamiento, entre otros, a las municipalidades del lugar en que incida. La misma ley, establece entre sus objetivos la consagración de convenios de colaboración con Gobiernos Regionales y Municipalidades destinados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la integridad, conservación y reparación del medio ambiente regional y local, así como la educación ambiental y la participación ciudadana. Es así como en virtud del presente proyecto se propone para el cumplimiento de las funciones relacionadas con el medio ambiente, otorgarle la facultad a las Municipalidades sobre cuarenta mil habitantes, de contar con oficinas de asesoramiento ambiental con la finalidad de recomendar propuestas dentro del marco de sus competencias en materias vinculadas a esta temática. A mayor abundamiento, el desarrollo de instancias técnicas en las instancias institucionales vinculadas a la toma de decisiones medioambientales, debe constituir un elemento central, toda vez que los proyectos o actividades que manifiesten un impacto al medio ambiente, deben contar con antecedentes científicos y jurídicos de peso a la hora de tomar las resoluciones pertinentes, toda vez que nos encontramos ante procedimientos altamente técnicos y especializados, requiriéndose de instancias asesoras capacitadas para que en definitiva la entidad municipal adopte la mejor resolución posible. Esperamos que iniciativas como estas cuenten con el respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados, quienes analizando el mérito de esta presentación, se podrán introducir otros elementos importantes y atingentes destinados a mejorar la presente moción y con ello crear una ley moderna y acorde a los requerimientos que asume nuestro país en materia ambiental. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 5 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional sobre Municipalidades, norma que establece lo que sigue: “Asimismo, para el cumplimiento de las finalidades establecidas en la letra b) del artículo anterior, las municipalidades podráncontar con el asesoramiento de un profesional del área ambiental y requerir de las instancias correspondientes información y otras herramientas, destinadas a fiscalizar, autorizar y corregir en su caso, aquellos trámites y actuaciones vinculadas al ámbito medioambiental y que se encuentren en la esfera de sus atribuciones” 19. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA SEPÚLVEDA Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARRIAGADA, MIROSEVIC Y ROBLES, QUE "ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE OTORGAR SEGUROS A VIVIENDAS DECLARADAS MONUMENTOS NACIONALES O MONUMENTOS HISTÓRICOS". (BOLETÍN N° 9760‐24) “Considerando: 1° El artículo 1 de la ley 17.288, que legisla sobre Monumentos Nacionales, define a los monumentos nacionales como sigue: “Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina la presente ley”. Por su parte, el artículo 9º prescribe: “Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o particular que por su calidad e interés histórico o artístico o por su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo”. A continuación, en los artículos 11 y 12 de la misma ley se establecen una serie de limitaciones o restricciones al dominio de los propietarios de inmuebles declarados monumento histórico. Así, el artículo 11 prescribe: “Los Monumentos Históricos quedan bajo el control y la supervigilancia del Consejo de Monumentos Nacionales y todo trabajo de conservación, reparación o restauración de ellos, estará sujeto a su autorización previa. Los objetos que formen parte o pertenezcan a un Monumento Histórico no podrán ser removidos sin autorización del Consejo, el cual indicará la forma en que se debe proceder en cada caso. Estarán exentos de esta autorización los préstamos de colecciones o piezas museológicas entre museos o entidades del estado dependientes de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos del Ministerio de Educación Pública”. Finalmente el artículo 12 establece: “Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas. Si fuere un lugar o sitio eriazo, éste no podrá excavarse o edificarse, sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, como en los casos anteriores. La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa de cinco a doscientas unidades tributarias mensuales6, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 38 de esta ley y de la paralización de las obras mediante el uso de la fuerza pública”. 2° Que como se puede desprender de los artículos anteriormente citados, el hecho de que un inmueble resulte afecto al régimen de monumento nacional o monumento histórico, implica serias limitaciones al derecho de propiedad respecto de los inmuebles. Así, por ejemplo, se les imponen a los dueños limitaciones a la hora de elegir el color para pintar sus viviendas o de remodelarlas. 3° Que, por citar el ejemplo más cercano que tenemos, el paso para declarar a Valparaíso como ciudad Patrimonio de la Humanidad ha sido un proceso largo y complejo, dando sus primeros pasos allá por la década de 1970. Así fue como dentro de ese proceso, en 1991 se organizó un Cabildo Ciudadano en que se reconoció que se estaba destruyendo la ciudad de Valparaíso poco a poco al construir modernas construcciones ahí donde antes habían edificios antiguos o construcciones con un alto valor patrimonial. En 1995, a raíz de un encuentro de especialistas latinoamericanos, la Quinta Jornada de Preservación Arquitectónica y Urbana, surge la idea de postular a Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Entre los requisitos exigidos para optar a tal reconocimiento estaba el demostrar la excepcionalidad o unicidad del bien y el hecho de asegurar una gestión destinada a preservar el mismo. Así fue como a partir del año 2000, se inició una fuerte etapa de compromiso por parte del Estado para permitir que Valparaíso fuera reconocido por su importancia histórico-cultural. Así, se crearon subsidios de rehabilitación patrimonial, programas de recuperación de espacios públicos y mejoramiento de fachadas, se realizaron grandes avances en diferentes aspectos de conservación y manejo, abordándose tanto la regulación urbana, la puesta en valor del sitio, mecanismos de incentivo y fomento productivo, así como un trabajo de reflexión y difusión de la naturaleza del patrimonio porteño y su rol en el desenvolvimiento de la ciudad. Todo lo anterior, en el marco de una visión global que inserta muy sólidamente el patrimonio dentro del desarrollo urbano de Valparaíso, como uno de sus puntales básicos. Finalmente, el año 2003 se lograron los resultados esperados, logrando así, que Valparaíso fuera proclamado Patrimonio de la Humanidad por parte del Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en su XXVIIª Reunión Ordinaria, realizada entre el 30 junio al 5 de julio de 2003 en París, al ser inscrito bajo el criterio III de valor universal, es decir, como “testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida”, fundándose en que “Valparaíso es un testimonio excepcional de la fase temprana de globalización de avanzado el siglo XIX, cuando se convirtió en el puerto comercial líder de las rutas navieras de la costa del Pacífico de Sudamérica”. 4° Que del ejemplo anterior se puede demostrar el interés público que está comprometido en la conservación de sectores histórico-culturales, pese a que se trate de viviendas de dominio particular. Por lo tanto, el hecho de que una vivienda se vea afectada por un terremoto o un incendio y el dueño no cuente con dinero suficiente para repararla, llega a afectar el interés general, además del particular por la pérdida de la vivienda. 5° Que el seguro es un contrato, y como tal, se sujeta a la voluntad de las partes tanto en su celebración, como en su contenido o configuración interna, salvo algunos casos excepcionales en que se obliga a determinadas personas a contratar seguros, como lo es el caso del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales en los vehículos motorizados. 6° Que actualmente diversas compañías de seguros se han negado a asegurar edificios antiguos arguyendo, entre otros motivos, que dado el alto riesgo por los materiales por los cuales están construidos, los reaseguros se hacen muy costosos. 7° Que a los dueños de los inmuebles declarados monumentos nacionales o históricos se los afecta por un lado imponiendo cargas y restricciones a su propiedad y por otro lado no se les está permitiendo asegurar sus viviendas contra riesgos tan graves como podrían ser incendios o terremotos, los cuales causan graves daños en las viviendas más antiguas dado el material y la forma en como están construidas. 8° Que lo que se persigue con el presente proyecto es introducir la obligatoriedad de que las compañías aseguradoras ofrezcan seguros a aquellas construcciones que se consideren monumentos nacionales o históricos o aquellas que se encuentren insertas en barrios declarados como tales, de modo de proteger no sólo el interés de los dueños de tales inmuebles, sino también el de la sociedad toda, al hacer posible la reconstrucción de los mismos siguiendo los patrones arquitectónicos originales. Por lo anterior, los Diputados que suscribimos, venimos en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo único: Las compañías aseguradoras no podrán negarse a asegurar aquellas viviendas que hayan sido declaradas monumentos nacionales o monumentos históricos en conformidad con la Ley 17.288, ni a aquellas viviendas que se encuentren ubicadas dentro de barrios o sectores declarados de interés histórico-cultural por los riesgos de incendio ni terremoto. 20. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES KORT, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HASBÚN, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MACAYA, MORALES, SANDOVAL, SILVA Y URRUTIA, DON OSVALDO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA HOFFMANN, QUE "MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL OBJETO DE FACULTAR A ESTAS ENTIDADES PARA RETIRAR LA BASURA ACUMULADA EN UNA PROPIEDAD PRIVADA EN EL CASO QUE INDICA ". (BOLETÍN N° 9761‐06) “Que la definición clásica de derecho de dominio establecida en el Código Civil consagra que es un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente no siendo contra ley o derecho ajeno. De esta concepción absoluta de dominio establecida por el legislador se reconoce que en ciertos casos calificados el derecho de propiedad no pude ser ejercido en desmedro de los derechos de terceros. En efecto la misma disposición establece que el derecho de dominio no podrá ser ejercido contra la ley o contra derecho ajeno. Asimismo nuestra propia Constitución establece la idea que dentro de la función de la función de la propiedad se encuentra la protección del patrimonio ambiental, normativa que ha dado pie para aseverar que la propiedad en Chile posee una clara connotación o función medioambiental. De acuerdo a lo indicado precedentemente, es dable indicar que la autoridad pública se encuentra a nuestro entender en todo el poder de hecho y de derecho para hacer cumplir la normativa en el sentido que la propiedad no implique atentar contra otros intereses dignos de protección jurídica. Así las cosas la función de la propiedad vinculada a la sociedad implica que todo derecho posee una obligación correlativa y bajo esta perspectiva nadie puede ejercer desmesuradamente, abusivamente un derecho o prerrogativa que genere por lo anterior de un deterioro, envilecimiento o trasgresión de los derechos de otras personas. Bajo este orden de cosas, los diputados firmantes de esta iniciativa parlamentaria estamos contestes en orden a entregarle a las institucionales estatales herramientas destinadas a prevenir actos que atenten a los intereses de terceros, particularmente cuando estos se produzcan con ocasión del ejercicio de una prerrogativa y prevenir en consecuencia, que exista un ejercicio abusivo de un derecho. Uno de estos casos es aquel constituido por la inorgánica y compulsiva acumulación de basura, conocida comúnmente como el “mal de Diógenes”. Este síndrome constituye una alteración en el comportamiento de una persona, particularmente aquellas que viven solas, en el mayor de los casos por un abandono familiar o social y que genera la necesidad de acumular desechos domésticos o derechamente basura. Que la referida acumulación no resulta inocua si de ella resulta un claro perjuicio para vecinos y transeúntes, presos de la los desagradables olores, provocadores de focos infecciosos del todo perjudiciales para la salud de las personas. Que a partir de lo anterior se puede apuntar que existe una claro vacío en la ley toda vez que los eventuales daños en el entorno, incluso en materia sanitaria, no son debidamente detectados y consecuencialmente resguardados, provocando perniciosos efectos en la calidad de vida de una comunidad, situación que puede generar situación de conflicto entre vecinos. Es así como esta iniciativa apunta en otorgarles a las Municipalidades como miembros de la administración comunal, facultades de intervención temprana que tienda a evitar la propagación de enfermedades infecciosas, como asimismo prevenir conflictos vecinales. CONTENIDO DEL PROYECTO Así las cosas el proyecto de ley que en esta oportunidad sometemos a tradición consiste en establecer a título de facultad de las municipalidades la inspección y en su caso el retiro de basura y desperdicios acumulados a nivel intra domiciliario cuando de ello sobrevenga un peligro para la salud de comunidad vecinal y el propio propietario. Hay que tomar en consideración que nos encontramos ante una facultad y no una obligación de la entidad municipal, de tal suerte que la aplicación de la misma quedará entregado a su discreción de acuerdo a los antecedentes que tenga a su disposición. Se trata de un proyecto práctico que apunta en el más breve plazo solucionar de un modo efectivo, este inconveniente que genera en los involucrados molestias, tensiones y otras anomalías a la convivencia social, razón por la cual creemos la presente moción mitigará estos indeseables problemas comunitarios. Es por lo anterior que planteamos modificar la ley orgánica constitucional de municipalidades instituyendo esta vía de solución institucional que otorgue a las personas las garantías de un actuar conforme a derecho y basado en la paz y estabilidad en los barrios. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Incorpórese un nuevo artículo 25 bis en la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, de la siguiente manera: “La Municipalidad podrá de acuerdo a los antecedentes arribados a la división establecida en el artículo anterior, hacer retiro de los desperdicios y basura acumulada en una propiedad privada, siempre que de dicha conducta se originen efectos nocivos para la salubridad pública”. 21. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, BELLOLIO, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HASBÚN, MACAYA, MORALES, SILVA Y SQUELLA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN Y MOLINA, QUE "MODIFICA LA LEY N° 20.600, QUE CREA LOS TRIBUNALES AMBIENTALES, CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR LOS PLAZOS QUE INDICA EN EL PROCEDIMIENTO POR DAÑO AMBIENTAL". (BOLETÍN N° 9762‐12) “Desde siempre toda actividad humana es susceptible de generar un daño ambiental, en este sentido las implicancias al ecosistema y en general a la vida son diversas, desde el más ínfimo e imperceptible daño al más grave e irreversible atentado al medio ambiente. Acerca del denominado “daño ambiental” podemos indicar que se encuentra definido en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente en el artículo 2 letra e) como “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. A su vez, la letra s del mismo artículo define “reparación” como “la acción de reponer el medio ambiente o uno a más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas”. De acuerdo a lo anteriormente reseñado, el inciso 1° del artículo 51 señala que todo el que por culpa o dolo cause daño ambiental, debe responder del mismo de conformidad a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. De ahí que el artículo 53 establezca que una vez producido daño ambiental, nacen dos acciones de carácter jurisdiccional: una acción para obtener la reparación del medio ambiente dañado y otra de carácter indemnizatoria para resarcir el detrimento al patrimonio del afectado por aquel daño. De acuerdo a esto, nos encontramos con dos acciones surgidas del daño ambiental, las cuales no obstante nacer de un mismo hecho, desde el punto de vista de su objetivo, plazo y legitimización activa son claramente diversas. Desde el punto de vista de su regulación el párrafo 3° del título 3° de la ley 20.600 establece toda la normativa vinculada al procedimiento por daño ambiental el cual, como todo proceso se encuentra revestido de una concatenación de actos procesales destinados a llegar a un resultado final, cual es la sentencia. Es así como existe en el procedimiento una etapa de discusión, de prueba y sentencia, conjuntamente con lo anterior, todo un sistema recursivo y cuyo recurso más importante es el de Casación de forma y fondo. Pues bien, si quisiéramos hacer un análisis acerca del objeto y los bienes jurídicos envueltos en estos procesos judiciales, no debemos preterir que a su respecto nos encontramos con materias de alto contenido técnico, científico y jurídico, razón por la cual su reflexión tanto en las alegaciones y defensas como en la rendición de pruebas por parte de los intervinientes, como de la examen y reflexión de la prueba y la dictación de las resoluciones por parte de los organismos jurisdiccionales requiere de un análisis profundo, acabado, de tal forma que los plazos para generar todas las actuaciones procesales en un litigio de esta entidad requiere de una mayor reflexión de los partícipes. CONTENIDO DEL PROYECTO De acuerdo a lo anteriormente indicado creemos que se requiere modificar el procedimiento por daño ambiental en un ámbito que consideramos central para lograr mayor reflexión y calidad en el proceso que se modifique el régimen de plazos consagrados en la ley 20.600. En efecto, la presente moción plantea tres cambios en este punto, a saber: a) En materia de contestación de la demanda. b) En materia de peritaje. c) En materia de medidas para mejor resolver. Es así como pensamos que al demandado debe otorgársele un aumento en su término para contestar la demanda de 15 días a 20, en orden a establecer los lineamientos de su defensa en el marco de debate amplio y otorgándole la posibilidad que incorpore la mayor cantidad de antecedentes que sirvan de base a su defensa. La importancia de esto radica en que sólo en esta fase de discusión se determina el asunto controvertido y sobre lo formulado en esta parte del proceso se resolverá en el pleito por parte del sentenciador. Asimismo consideramos que el artículo 42 de la ley 20.600 concede un plazo demasiado exiguo al perito. En efecto los 15 días que establece la disposición de acuerdo a la práctica forense y tomando en consideración la complejidad de la materia hacen necesaria una ampliación de este plazo. La importancia de lo anterior se reduce a la especial relevancia que en procedimientos de este tipo asume la prueba pericial, esto es el informe que acompaña un profesional acerca de una materia de alto contenido técnico y científico que sirve de base insoslayable para la decisión del magistrado. Por su parte en el caso de las medidas para mejor resolver, el artículo 43 de la ley 20.600 consagra que tales medidas deberán ejecutarse en un término de 15 días; al respecto creemos que al igual que los casos anteriores, los elementos para tomar una determinación por parte del juez en este caso, deben ser lo suficientemente claros y de esta forma un aumento en este lapso constituiría un paso adelante en este aspecto. Finalmente estamos contestes en torno a mejorar la reflexión en este procedimiento con la finalidad que temáticas de tanta relevancia para el país como es el medio ambiente cuenten con mecanismos jurisdiccionales acordes con esta categoría de derechos maximizando en consecuencia la eficiencia del proceso. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Modifíquese la ley 20.600 que Crea los Tribunales Ambientales de la siguiente forma: a) Reemplácese en el inciso final del artículo 33 la expresión “quince” por “dieciocho” b) Reemplácese en el inciso 1° del artículo 42 la expresión “quince” por “veinticinco” c) Reemplácese en el inciso 2° del artículo 43 la expresión “quince” por “veinte”. 22. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES NORAMBUENA, BARROS, GUTIÉRREZ, DON ROMILIO; HASBÚN, HERNÁNDEZ, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; KORT, MORALES Y URRUTIA, DON OSVALDO, Y DE LA DIPUTADA SEÑORA TURRES, QUE "MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, CON EL OBJETO DE EXIGIR LA INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO EN LOS AUTOMÓVILES PARA PREVENIR CHOQUES ". (BOLETÍN N° 9763‐15) “A comienzos de la década de los 90 del siglo pasado nuestro país experimentó un aumento explosivo del número de accidentes de tránsito, situación que no sólo implica la generación de importantes efectos jurídicos y económicos para el país, sino también efectos personales, en donde la cifra de lesionados y muertos ha generado una estela de incertidumbre y temor en gran parte de la población, siendo de esta forma, el tránsito y los accidentes ocurridos con ocasión de esta actividad una temática recurrente en la crónica policial. La ley del tránsito consagra una normativa reguladora de la conducta de los choferes, como asimismo establece exigencias mínimas en materia mecánica de los automóviles, consagrando asimismo sanciones para quienes no respeten dicha normativa y sus exigencias fundamentales. No obstante a lo anteriormente indicado, el progreso de la tecnología y los avances que ha experimentado nuestro país en materia económica y social, han posibilitado que la generalidad de las personas pueda tener acceso a bienes que antes eran considerados suntuarios, como precisamente ocurre con los automóviles. Esto ha generado un brusco aumento del parque automotriz nacional, hecho que sin duda, ha implicado un desafío a nivel de infraestructura vial, capaz de absorber la demanda de personas que transitan por las vías. Es así como cada día el progreso y el desarrollo van imponiendo al país nuevos desafíos normativos que deben ser foco de análisis y trabajo de los legisladores. Que de esta manera, la temática legislativa vinculada al tránsito siempre estará vinculada de un modo preponderante a incluir y generar en los conductores y peatones mayores niveles de seguridad en el manejo, habida consideración que el referido aumento y tecnología en el parque automotriz, como asimismo del aumento en los niveles de acceso a estos bienes, hacen que la cuestión del tránsito en Chile se torne un asunto de política pública de gran trascendencia en la agenda política y legislativa nacional. Bajo este orden de ideas, la presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto incorporar uno de los aspectos de mayor trascendencia en materia automovilística, y esto consiste en la seguridad en la conducción, en efecto nuestro país, si bien es cierto registra una baja tasa de siniestralidad a nivel latinoamericano en materia de tránsito, dicho índice se encuentra subiendo día a día, a partir de las conductas temerarias de muchos conductores, situación que genera consecuencias económicas importantes, en donde se ven involucrados no sólo los participes en el hecho si no que además terceras personas, por ejemplo las compañía aseguradoras. Asimismo, las maniobras de retroceso de vehículos sin el debido cuidado puede eventualmente ocasionar accidentes donde se vean involucradas víctimas humanas y también animales domésticos, razón por la cual el hecho de contar con mecanismos que otorguen a los automovilistas y la gente en general mayores niveles de seguridad es sin lugar a dudas necesario. Es así como a nivel de tránsito es posible encontrarnos también con daños que no necesariamente pueden implicar lesiones físicas o muerte en las personas, sino que también pueden estar incluidos solamente daños de orden material en los vehículos, situación que sin duda genera desagradables consecuencias para los automovilistas, principalmente con compañías aseguradores. Es así como el presente proyecto de ley tiene por objeto la disminución de colisiones o choques de vehículos incorporando en su fisonomía un dispositivo electrónico que determine con toda precisión la cercanía existente con otra estructura a objeto de evitar choques o colisiones. CONTENIDO DEL PROYECTO De acuerdo a lo anterior el presente proyecto propone la incorporación en los vehículos de un dispositivo en la forma de un sensor anti choque a través del cual determine de un modo fehaciente la distancia existente entre el automóvil y otro vehículo u otra estructura contundente, como asimismo prevenir atropellos a personas y animales domésticos; con la finalidad de otorgarle al conductor la mayor capacidad de percepción acerca de la presencia de un elemento que por su naturaleza pudiera ocasionar una colisión, hecho que sin generar consecuencia físicas en la persona del conductor y los otros ocupantes, es susceptible de producir efectos dañosos en la estructura del vehículo, situación igualmente desventajosa en el patrimonio de la persona. El presente proyecto es simple pero de gran importancia el día de hoy, toda vez que la siniestralidad en la materia ha aumentado considerablemente lo cual ha generado el desembolso de importantes sumas de dinero para las personas, de tal manera que se incorpora por expreso mandato legal esta exigencia, hecho que evitará múltiples accidentes en nuestro país. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Incorpórese un inciso final en el artículo 75 de la Ley 18.290 del Tránsito, norma que a continuación se individualiza: “Además los vehículos deberán mantener un sensor anti choque en su parte posterior.” Artículo Único Transitorio: La exigencia establecida en el artículo precedente comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2016. 23. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES LAVÍN, GAHONA, KAST, DON JOSÉ ANTONIO; MACAYA, ULLOA, VAN RYSSELBERGHE Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS HOFFMANN, MOLINA Y NOGUEIRA, QUE "REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIAS DE VIAJES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN MATERIA DE GIRAS DE ESTUDIO". (BOLETÍN N° 9764‐03) “Las llamadas giras de estudio que año a año disfrutan miles de estudiantes que culminan su educación secundaria, constituye una actividad clásicamente esperada con gran intensidad por ellos y sus padres y apoderados. Marca la culminación de un gran proceso educativo que se extiende por 12 años. A través de estas actividades aquel conjunto de estudiantes, profesores y algunos padres, comparten anécdotas y anhelos en un ambiente de distención y descanso luego de un año de grandes exigencias académicas. Estas actividades por lo general tienen como objetivo conocer la naturaleza y cultura de la región que se visita, comprendiendo factores geográficos naturales de la zona elegida, como también factores económicos, industriales, históricos y culturales, con los cuales el ser humano ha forjado el desarrollo de la región. En consecuencia, las denominadas giras de estudio no sólo constituyen viajes de carácter meramente turístico o de placer, sino constituyen una actividad educativa y cultural en la cual se integran los más diversos intereses de los alumnos, expresándose con ello valores tan preciados en una sociedad como la cooperación, solidaridad, participación, sana convivencia, entre otros de quienes participan en el proceso educativo desde su concepción hasta su evaluación final. En relación a ello, es posible observar que se generan diversas relaciones jurídicas, en efecto quizá la más visible está constituida por aquella que liga a la empresa de agencias de viaje y a los establecimientos educacionales, configurándose un contrato de prestación de servicios de conformidad a lo preceptuado en la ley civil. Sin embargo con el correr de los años y a la especificación del derecho, la referida relación ha asumido implicancias vinculadas a la protección de los intereses como consumidores, sin embargo poco dice la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, en consecuencia nos encontramos envueltos en un claro vacío de orden legislativo en la materia. De tal manera que la necesidad de establecer y determinar los derechos y obligaciones de las instituciones oferentes de estos servicios, constituye un elemento central de este proyecto de ley, con el objeto de otorgarles a los estudiantes la mayor seguridad en el trayecto hacia el punto de destino, como asimismo en el regreso. El sostenido crecimiento que han tomarlo las giras de estudio en el sector turístico en estos años, nos obliga a replantear y adecuar la normativa vigente ante el incumplimiento en la prestación de los servicios por parte de algunas empresas turísticas dedicadas especialmente al turismo estudiantil. Es por ello que la presente moción pretende determinar con toda exactitud las obligaciones que surjan de este vínculo, más allá de las responsabilidades de orden penal o civil que surjan. Es así como año a año, hemos visto en las crónicas policiales lamentables accidentes en donde se ven involucrados estudiantes disfrutando de su gira de estudios y provocados por negligencias en el cumplimiento de protocolos de seguridad por parte de las empresas de agencia de viaje. Es así como a nuestro juicio la necesidad de establecer mayores estándares de seguridad en estas actividades es fundamental, situación que va en directo beneficio de nuestros estudiantes y sus familias. CONTENIDO DEL PROYECTO De acuerdo a lo anterior, el presente proyecto de ley tiene por objeto establecer y regular las obligaciones, particularmente de las agencias de viaje y los establecimientos educacionales en materia de giras de estudio o turismo consagrando la necesidad de tales empresas de presentar previamente, antecedentes suficientes que acrediten su giro y tiempo de funcionamiento. Asimismo se establece la obligación de acreditar antecedentes financieros de la empresa, como asimismo acompañar, contrato de seguro de accidente y asistencia médica que cubra los eventuales daños físicos desde el inicio hasta la finalización completa de la gira. A su turno se establece un régimen de responsabilidad solidaria entre el establecimiento educacional y la empresa encargada de la gira, en caso que la primera no exija debidamente los antecedentes exigidos en el presente proyecto de ley. Participamos de la idea que mientras mayores reglas se establezcan a esta actividad mayores niveles de bienestar y seguridad se incorporarán a los beneficiarios. PROYECTO DE LEY Artículo Único: Para la realización de giras de estudio, los establecimientos educacionales deberán suscribir un contrato de prestación de servicios con las respectivas agencias de viajes, las cuales deberán presentar sus antecedentes comerciales, un seguro de responsabilidad civil en caso de incumplimiento de obligaciones surgidas del convenio, de accidente, de cobertura y asistencia médica En caso que el establecimiento educacional no requiera estos antecedentes a la empresa respectiva, será solidariamente responsable de los perjuicios resultantes con ocasión del viaje”. 24. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA SABAT Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES BECKER, EDWARDS, FUENZALIDA; GARCÍA, MONCKEBERG, DON NICOLÁS; PAULSEN, PÉREZ, DON LEOPOLDO; RATHGEB Y SANTANA, QUE "MODIFICA LA LEY N° 18.056, PARA PERMITIR QUE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS TERRORISTAS SOLICITEN UNA PENSIÓN DE GRACIA". (BOLETÍN N° 9765‐25) Fundamentos: -El artículo primero de nuestra Constitución Política, en su inciso final, señala que “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.” -Por otra parte, los incisos iniciales del artículo 24 de mismo cuerpo legal disponen que: “El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.” -Este deber Estatal y gubernamental de resguardo de la seguridad pública, cuyo responsable es el Presidente de la Republica; tiene como principal coadyuvante al Ministro del Interior y Seguridad Pública según lo dispuesto en el artículo primero de la ley 20.502. Este cuerpo legal diseñó una nueva institucionalidad encargada de la seguridad pública, por la cual se le entregaron al Ministerio del Interior y Seguridad Pública herramientas para enfrentar a esta fundamental tarea. -En los fundamentos del Mensaje Presidencial que concluyó en la publicación de la ley 20.502, se señalaba: “La importancia de la seguridad pública es que protege la existencia de condiciones básicas y garantías mínimas para el desarrollo humano; estamos hablando de un núcleo vital que debe ser resguardado para que sea posible el ejercicio de la libertad y de los derechos, y la sociedad pueda funcionar normalmente. Lo que permite vivir a las personas sin caer en el temor, es la conciencia de que cuentan con garantías suficientes frente al riesgo y la amenaza; saber que los derechos no pueden ser fácilmente atropellados y que en caso de que alguno sea vulnerado, se pueda recurrir a servicios policiales y judiciales para que termine la amenaza o se repare el daño y se sancione al culpable. Para lograrlo es fundamental que el Estado cumpla a cabalidad con su deber de brindar protección y que los habitantes cuenten con la capacidad suficiente para colaborar y participar activamente en las tareas de seguridad.” -La seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado, fortalece el estado de derecho y persigue proteger la integridad y seguridad de las personas. De esta premisa se desprende la responsabilidad estatal por actos terroristas, toda vez que estos suponen una ausencia o falencia en proveer seguridad pública. En efecto, las personas son perjudicadas como consecuencia de la omisión del Estado en la prestación de los servicios de protección y vigilancia, es decir, cuando la imputación se refiere a la actuación falente o irregular de la Administración por su actuar omisivo, al no utilizar todos los medios que a su alcance tenía con conocimiento previo para repeler, evitar o atenuar el hecho dañoso. -En virtud de lo anterior, es necesario asumir la responsabilidad estatal, y generar mecanismos compensatorios, sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que le asistan a quienes han sufrido un perjuicio como consecuencia de un acto terrorista. En ese orden de cosas, incorporar a las víctimas del terrorismo como eventuales beneficiarios de pensión de gracia al tenor de lo dispuesto en la ley 18.056. -En concreto, podrán solicitar el beneficio quienes hayan sido víctimas de delito terrorista, o el cónyuge o hijos de estos; cuando del delito hubiese resultado su muerte o invalidez. Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo único: Modificase la ley N° 18.056, Establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la Republica, en el siguiente sentido: 1) En el artículo 2, incorpórase una letra d) del siguiente tenor: “d) Las personas afectadas por actos terroristas, cuando del delito hubiese resultado su invalidez o un daño patrimonial irrecuperable. En caso de fallecimiento, podrán solicitar el beneficio su cónyuge o hijos.” 2) Agrégase al artículo 4 un inciso segundo del siguiente tenor: “Tratándose de los casos señalados en la letra d) del artículo 2, no se requerirá sentencia firme condenatoria por delito terrorista; pudiendo el Presidente de la Republica determinar discrecionalmente su procedencia. La solicitud de pensión no será en caso alguno considerado una renuncia a las acciones legales indemnizatorias que le asistan a las víctimas.”.” 25. SÉPTIMO INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. “Honorable Cámara. Tengo a honra informar acerca de las actividades desarrolladas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, durante el mes de noviembre de 2014, de conformidad con lo solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en orden a mantener informada a la Corporación, de la labor desarrollada por dicho Consejo. Dejar constancia que la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, será ejercida por Australia, durante el mes de noviembre. 1.- BRIEFING SEGUIDO DE CONSULTAS SOBRE EL TRABAJO DE LA OFICINA DE NACIONES UNIDAS EN BURUNDI (BNUB). Informan el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la BNUB, Sr. Parfait Onanga-Anyanga (Gabón), y el Presidente de la Configuración Específica para Burundi de la Comisión de Consolidación de la Paz (CCP), Embajador Paul Seger (Suiza). Este es uno de los briefing regulares que se realizan cada cuatro meses. (5 de noviembre). Antecedentes: La preocupación por la situación en Burundi se inició en el año 1993 con los conflictos étnicos y la guerra civil, que se prolongó hasta el año 2006. Tras los acuerdos de cese del fuego en 2006 se estableció la primera Misión de Paz en el país. En 2010, el Consejo de Seguridad reconfiguró la misión existente en una nueva Oficina de las Naciones Unidas en Burundi (BNUB), con un mandato enfocado en ayudar al Gobierno a fortalecer la independencia, la capacidad y el marco jurídico de las principales instituciones nacionales, en particular las judiciales y parlamentarias; promover el diálogo entre los agentes nacionales; luchar contra la impunidad; y proteger los derechos humanos. Las próximas elecciones se realizarán en 2015 con apoyo de una misión de observación electoral de NNUU. El Consejo no adopta ninguna acción. 2.- CONSULTAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2118 (2013) RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA. Informa la coordinadora especial de la misión conjunta de la organización para la prohibición de las armas químicas (OPAQ) y las Naciones Unidas, Sra. Sigrid Kaag (Países Bajos). (5 de noviembre). Antecedentes: Estas consultas se celebran en observancia a la obligación establecida en la resolución 2118 (2013), consistente en el deber del Secretario General (SG) de informar mensualmente al Consejo de Seguridad (CS), los avances en la eliminación de armas químicas y sus sistemas vectores en la República Árabe Siria. De conformidad al informe presentado por el Director General de la OPAQ, el 27 de octubre, la OPAQ y Siria elaboraron un “Plan combinado para la destrucción y la verificación de la antigua instalación de producción de armas químicas” cuya ejecución ya fue licitada a dos empresas sirias la que deberían iniciar sus trabajos en el curso de noviembre. El Consejo no adopta ninguna acción. 3.- CONFORME AL ARTÍCULO 4 DEL ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, LOS JUECES SON ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DE SEGURIDAD. Se considerarán electos los candidatos que obtengan una mayoría absoluta de votos en ambos órganos principales. (6 de noviembre). El día jueves 6, tuvo lugar, de manera simultánea en el CS y la AG, las elecciones de cinco jueces de la Corte Internacional de Justicia para el período 2014-2023. En esta oportunidad, Chile, al integrar el CS, votó en ambos órganos principales. El Consejo no adopta ninguna acción. 4.- CONSULTAS SOBRE EL COMITÉ 1718 RELATIVO A SANCIONES CONTRA LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE COREA (RPDC). Participa la Presidenta del Comité 1718, embajadora Sylvie Lucas (Luxemburgo). (10 de noviembre). Antecedentes: La RPDC persiste en el comercio de armas y otras actividades prohibidas por el régimen de sanciones impuesto por el CS, y continúa con actividades relacionadas con su programa nuclear. Durante este año, el CS ha estado inmovilizado frente a esta situación por la falta de consenso político que ha caracterizado el tratamiento de este tema en el Comité. Las posiciones de Estados Unidos y países afines por un lado, y la Federación de Rusia y China principal aliado de la RPDC por el otro han sido determinantes en este escenario. Pyongyang sostiene que los lanzamientos de cohetes son manifestaciones de auto defensa a la presencia militar de Estados Unidos en la península y los ejercicios militares que realiza conjuntamente con la República de Corea. La RPDC solicitó al CS que abordara en sesión formal dichos ejercicios militares conjuntos en la península coreana al representar a su juicio una amenaza a la paz y seguridad internacional. El CS no accedió a la petición. Las consultas se enfocarán en las infracciones de la RPDC al régimen de sanciones. No se descarta la posibilidad que se aborde, además, la cuestión de los derechos humanos en la RPDC. El tema ha cobrado mayor importancia en las discusiones del CS, principalmente por el informe de la Comisión de Investigación del Consejo de DD.HH. Éste da cuenta de violaciones masivas y sistemáticas de los DDHH, que en muchos casos han sido calificados de genocidio y crímenes de lesa humanidad. El informe fue abordado en la reunión bajo formato de Fórmula Arria del pasado 17 de abril. En dicha ocasión, Chile (junto con Australia, EE.UU., entre otras delegaciones) favorecieron la idea de remitir el caso a la Corte Penal Internacional y de profundizar la discusión de los derechos humanos en la RPDC en una sesión formal del CS. El Consejo no adopta ninguna acción. 5.- REUNIÓN DE PAÍSES CONTRIBUYENTES DE TROPAS DE LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUDÁN DEL SUR (UNMISS). Participan la representante especial del Secretario General para Sudán del sur y jefa de UNMISS, Ellen Margrethe Løj (Dinamarca) y el comandante de fuerzas de UNMISS, Teniente General Yohannes Gebremeskel Tesfamariam (Etiopia). (11 de noviembre). Antecedentes: Luego de casi 11 meses de conflicto, la situación humanitaria y de seguridad en Sudán del Sur se ha deteriorado. Los beligerantes, fuerzas del Gobierno lideradas por Salva Kiir vs. los disidentes, encabezados por Riek Machar, reanudaron hostilidades recientemente. La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), fuerza de 10,500 militares y 940 policías, ha reordenado sus prioridades hacia un enfoque de protección de civiles y verificación de los derechos humanos, en conformidad con la resolución 2155 de mayo de 2014. La situación para los efectivos y funcionarios de Naciones Unidas en terreno se ha vuelto más inestable en los últimos meses. El 26 de agosto pasado, un helicóptero de UNMISS fue derribado, causando la muerte de tres cascos azules de nacionalidad rusa. Más recientemente, 3 funcionarios de UNMISS y otros 2 de agencias ONU fueron secuestrados desconociéndose su actual paradero. Se espera adoptar una resolución el próximo 25 de noviembre que extienda el mandato de la Misión por un tiempo a determinar por el Consejo (actual mandato expira el 30 de noviembre). El Consejo no adopta ninguna acción. 6.- BRIEFING SOBRE EL CASO DE LIBIA ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI). Informará la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda (Gambia). (11 de noviembre). Antecedentes: La situación de Libia fue remitida a la Corte Penal Internacional por resolución del Consejo de Seguridad 1970 (2011). En cumplimiento de la resolución, la Fiscal entrega semestralmente un informe del estado de avance de la investigación y de los juicios que se han iniciado. El 8º informe, objeto de este briefing, da cuenta de los avances en materia de cooperación entre el gobierno de Libia y la Corte Penal Internacional. Si bien reconoce que existe un permanente contacto entre la oficina de la Fiscal y el gobierno libio, exhorta a que este país entregue inmediatamente a la custodia de la Corte Saif Al-Islam Gaddafi, para seguir adelante con su juicio ante la CPI. Por otra parte, la Fiscal advierte el desafío que enfrenta el gobierno de Libia para perseguir todos los casos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio que han ocurrido en su territorio. Hace un llamado a la comunidad internacional y a los actores que puedan influir en el terreno a que presten apoyo al gobierno libio, para que pueda cumplir con este objetivo. Sugiere la creación de un grupo de contacto para asumir tareas de apoyo en materia de justicia transicional. El Consejo no adopta ninguna acción. 7.- DEBATE SEMI-ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN EN BOSNIA-HERZEGOVINA Y RENOVACIÓN DEL MANDATO DE LA FUERZA MULTINACIONAL DE ESTABILIZACIÓN LIDERADA POR LA UNIÓN EUROPEA (EUFOR ALTHEA). Presentará el Alto Representante para Bosnia-Herzegovina, Valentin Inzko (Austria). (11 de noviembre). Antecedentes: La situación política de Bosnia y Herzegovina se caracteriza por un inmovilismo que se ha traducido en la falta de consenso entre los principales partidos políticos para realizar las reformas necesarias que permitan al país avanzar en la integración euroatlántica, es decir su ingreso a la OTAN y a la UE. En los últimos meses la situación política ha sido marcada por las graves inundaciones (mayo) y elecciones generales (octubre). El último informe del Alto Representante para Bosnia y Herzegovina da cuenta de los escasos avances en la implementación de los aspectos civiles del Acuerdo de Paz de Dayton. Sigue pendiente el cumplimiento de la agenda “5+2” (cinco objetivos y dos condiciones), requisito del acuerdo de paz para el cierre de la Oficina del Alto Representante. Existe un cierto optimismo del Alto representante y de la comunidad internacional en que las nuevas autoridades electas, formen prontamente un gobierno y den un impulso al cumplimiento de la agenda 5+2. Además, de dejar de lado las antiguas retoricas separatistas y desestabilizadoras. El día 12 de noviembre se espera renovar el mandato de EUFOR ALTHEA por un período de 12 meses. El CS adoptará la resolución que renueva el mandato de la misión europea EUFOR ALTHEA. 8.- BRIEFING SEGUIDO DE CONSULTAS SOBRE LA SITUACIÓN EN LIBERIA, LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA (UNMIL) Y SOBRE LA CRISIS DEL ÉBOLA EN DICHO PAÍS. Informará el Jefe del Departamento de Operaciones de mantenimiento de la paz, sr. Herve Ladsous (Francia) y el jefe de la configuración de la Comisión de Consolidación de la paz para Liberia, embajador Marten Grunditz (Suecia). (12 de noviembre). Antecedentes: Tras el incremento de la crisis del virus del Ébola en África Occidental, especialmente en Guinea, Sierra Leona y Liberia, el Consejo de Seguridad decidió, a través de la Resolución 2176 (2014), renovar temporalmente el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL) hasta el 31 de diciembre de 2014. La intención es revisarlo luego de tres meses y discutir los nuevos cursos de acción a tomar en este país y considerar las recomendaciones hechas por el Secretario General. En esta oportunidad, el CS se reunirá para recibir una actualización sobre la situación en Liberia, particularmente por los efectos de la crisis generada por el virus del Ébola. El Consejo de Seguridad no adoptará acción. 9.- CONSULTAS, SOBRE EL ESTADO DE LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1701 (2006) SOBRE EL LÍBANO. Informa el Coordinador Especial para El Líbano, Sr. Derek Plumbly (Reino Unido) y el Subsecretario General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Sr. Edmond Mulet (Guatemala). (12 de noviembre). Antecedentes:La Resolución 1701 (2006) fue adoptada al fin de la segunda guerra del Líbano, de carácter asimétrica, entre Israel y las milicias de Hezbollah. Ésta autorizó el aumento de efectivos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNFIL), por sus siglas en inglés, hasta 15.000 soldados. Las consultas girarán en torno a las últimas escaramuzas entre Israel y las milicias de Hezbollah durante la operación Margen Protector que emprendió Israel sobre la Franja de Gaza. Además, se analizará la necesidad de consolidar al ejército libanés para que éste ejerza un real control de las fronteras, pudiendo de esta forma controlar las actividades militares que suelen enfrentar a Hezbollah con el Frente Al-Nusra y el Daesh-ISIL, grupos con una posición religiosa contrapuesta. El Consejo de Seguridad no adoptará acción. 10.- BRIEFING Y CONSULTA SOBRE MEDIO ORIENTE. INFORMA EL ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL PARA ASUNTOS POLÍTICOS, SR. JENS ANDERS TOYBERG-FRANDZEN (DINAMARCA (17 de noviembre). Antecedentes: El Asistente del Secretario General informa sobre la situación general en Medio Oriente con particular énfasis en la relación Israel-Palestina, en donde las tensiones han aumentado por la postergación en el inicio de las negociaciones post Operación Margen Protector, la que fue desplegada por Israel en la Franja de Gaza entre julio y agosto de este año. Otra cuestión que será abordada es la expansión de los asentamientos israelíes en territorio palestino y las limitaciones impuestas por Israel al acceso a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. El Consejo de Seguridad no tomará ninguna acción. 11.- BRIEFING Y CONSULTAS SOBRE LA MISIÓN DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL IRAQ (UNAMI); participan el representante especial del Secretario General para Irak y Jefe de UNAMI, señores Nikolay Mladenov (Bulgaria) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ONU Zeid Ra'ad Al Hussein (Jordania). (18 de noviembre). Antecedentes: El Consejo de Seguridad aborda la situación política, humanitaria y de seguridad en Irak, sobre la base del último informe del Secretario General relativo a UNAMI, él que cubre los últimos tres meses. El Estado Islámico (EI) ha consolidado su dominio sobre una vasta extensión del territorio y continúa cometiendo masivos abusos a los derechos humanos. Esta situación motivó al Consejo de Derechos Humanos a adoptar el 1 de septiembre la resolución S22/1, la cual solicita al Alto Comisionado para los DD.HH. enviar de manera urgente una misión a Iraq para investigar estos abusos, con aras de asegurar la rendición de cuentas. La situación humanitaria es igualmente compleja, y podría agudizarse con la aproximación del invierno. Actualmente 1.5 millones de personas requieren asistencia humanitaria. Las acciones aéreas de Estados Unidos, en apoyo a las fuerzas armadas iraquíes y kurdas (peshmerga), han logrado contener el avance del movimiento terrorista y retomar el control de algunas áreas estratégicas. Sin embargo, la situación de seguridad se mantiene altamente inestable. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI) es de cooperación política (no tiene autorización para usar la fuerza) y cuenta con el firme apoyo del Gobierno iraquí. Su mandato fue extendido a través de la resolución 2169 (2014) hasta julio 2015. El Consejo de Seguridad no tomará acción. 12.- BRIEFING SEGUIDO DE CONSULTAS SOBRE GUINEA-BISSAU. informa el representante especial del Secretario General para Guinea-Bissau y jefe de UNIOGBIS, sr. Miguel Trovoada (Santo Tomé y Príncipe) y el jefe de la configuración de la comisión de consolidación de la paz para Guinea-Bissau, embajador Antonio de Aguiar Patriota (Brasil). (18 de noviembre). Antecedentes: A raíz de la inestabilidad política e institucional en Guinea-Bissau, el CS se ha ocupado de este país a partir de 1998. Actualmente, y desde el año 2010, existe la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNIOGBIS), cuyo mandato expira el 30 de noviembre. En esta oportunidad, el CS se reunirá para discutir el informe presentado el 11 de noviembre por el Secretario General de Naciones Unidas (S/2014/805) y ver la posibilidad de acoger su sugerencia relativa a renovar el mandato por un período inicial de 3 meses, a la espera de recibir su Informe completo sobre la situación del país en enero próximo. La adopción de la resolución que renueve el mandato está prevista para el día 25 de noviembre. Chile apoya en este sentido las recomendaciones del SG. El Consejo de Seguridad no tomará acción. 13.- DEBATE ABIERTO SOBRE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA COMBATIR ELTERRORISMO Y EL EXTREMISMO VIOLENTO. Participarán como briefers el Secretario General Ban Ki-moon; el Presidente del Comité 1267 (Al-Qaeda y el talibán), Embajador Gary Quinlan (Australia) y la Presidenta del Comité 1373 (contra el terrorismo) Embajadora Raimonda Murmokaité (Lituania). (19 de noviembre). Antecedentes: La Presidencia australiana del Consejo de Seguridad ha organizado un debate abierto sobre la amenaza a la paz y seguridad internacionales, causada por el terrorismo. Este debate se ha diseñado como un seguimiento a la adopción por parte del Consejo de las resoluciones 2170 (condena a EIIL y Frente Al-Nusra como grupos terroristas) y 2178, (sobre combatientes terroristas extranjeros), ambas de 2014. El Secretario General informará en particular la forma como los terroristas transnacionales están influyendo en los conflictos y las respuestas de Naciones Unidas a este fenómeno. El Presidente del Comité sobre Al-Qaeda entregará los análisis preliminares que este Comité ha hecho respecto de la amenaza de los combatientes terroristas extranjeros y las fuentes de financiamiento y de armamento de EIIL y el frente Al-Nusra. Por su parte, la presidenta del Comité 1373 informará las formas como puede mejorarse la implementación por parte de los Estados de las resoluciones del CS contra el terrorismo. El Consejo de Seguridad no tomará acción. 14.- BRIEFING SOBRE OPERACIONES DE PAZ Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL POST CONFLICTO. Informa el Jefe del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Sr. Herve Ladsous (Francia), el Comisionado de Policía de UNMIL, Sr. Greg Hinds (Australia), el Comisionado de Policía de UNMISS Fred Yiga (Uganda) y el Comisionado de Policía de MINUSTAH Sr. Luis Miguel Carrilho (Portugal). (20 de noviembre). Antecedentes: Por iniciativa de Australia (Presidencia del Consejo) se ha propuesto incluir el tema del rol de la policía en el mantenimiento y consolidación de la paz en el post conflicto, tratándolo por primera vez como un tema diferente al de los componentes militares en las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Se espera aprobar una resolución orientada a la definición de los roles de mando policial, homologación de las capacidades y equipamiento del personal policial en misiones y en la forma en cómo se transfieren capacidades a los Estados receptores de operaciones de paz para dotarse de cuerpos policiales que faciliten la consolidación de la paz. Se espera que el Consejo de Seguridad adopte una resolución 15.- DEBATE SOBRE EL ÉBOLA BAJO EL TEMA DE PAZ Y SEGURIDAD EN ÁFRICA. Participará el representante especial del Secretario General para la Misión de Naciones Unidas para la respuesta de emergencia contra el ébola (UNMEER), Sr. Anthony Banbury (EE.UU) y el coordinador del sistema de Naciones Unidas para el Ebola, Dr. David Nabarro (Reino Unido). (21 de noviembre). Antecedentes: Esta es la cuarta vez que el CS se reúne para discutir cómo los efectos del virus del Ébola constituyen una amenaza a la paz y seguridad internacionales. La primera vez fue a propósito de la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas en Liberia (UNMIL), ya que, al ser este país el más afectado en la actualidad, debió renovarse temporalmente el mandato de la Misión antes de considerar incorporarle reformas sustantivas. La segunda vez fue el 18 de septiembre, oportunidad en la cual el CS adoptó por unanimidad la Resolución 2177, en virtud de la cual, solicitó al SG la aceleración en la respuesta frente a este brote, instó a los gobiernos de los países más afectados (Guinea, Liberia y Sierra Leona) apurar el establecimiento de mecanismos para lidiar con la crisis y llamó a la comunidad internacional a no aislar a estos países. Por último, el 14 de octubre el CS se reunió nuevamente a discutir el tema. En dicha ocasión se adoptó una declaración de prensa, a través de la cual se exhorta a la comunidad internacional a continuar y aumentar los esfuerzos materiales y financieros para seguir combatiendo el Ébola. Asimismo, se insta a cumplir con los protocolos de salud pública. El Consejo de Seguridad no adoptará acción. 16.- BRIEFING SOBRE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. INFORMA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 1540, SOBRE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, Embajador Oh Joon (República de Corea). (24 de noviembre). Antecedentes: Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la Resolución 1540 (2004), en la que se exige a todos los Estados instaurar controles nacionales para prevenir el acceso de agentes no estatales a armas nucleares, químicas, biológicas y/o sus sistemas vectores, así como para adoptar medidas eficaces en la prevención de su proliferación y control de los materiales conexos. El Comité 1540, establecido bajo esa resolución, coopera a este fin con las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, coordinando ofertas y solicitudes de asistencia. También promueve la aplicación íntegra de la resolución por parte de todos los Estados miembros, alentando la presentación de informes y de datos complementarios. En el próximo briefing se abordará el posible control de armas químicas por parte de grupos terroristas en Siria e Irak y los mecanismos de control sobre estos, lo que implica la implementación por parte de los Estados miembros de la resoluciones 1540 (2004) y 1373 (2001). El Consejo de Seguridad no adoptará acción. 17.- BRIEFING Y CONSULTAS SOBRE SANCIONES A SUDÁN. Participa el Presidente del Comité 1591 (2005) sobre Sudán, Embajadora María Cristina Perceval (Argentina). (24 de noviembre). Antecedentes: Este será el último briefing trimestral de la Embajadora Perceval, como Presidenta del Comité 1591, dado que Argentina deja su asiento como miembro no permanente del CS el próximo 31 de diciembre. La aplicación de sanciones en el caso Darfur no ha contribuido a establecer la paz y seguridad en terreno. Muy por el contrario, la seguridad se ha deteriorado considerablemente desde 2013, con serias consecuencias para la población civil. Actualmente existen más de 2 millones de personas desplazadas y 3,5 millones requieren ayuda humanitaria. La violencia sexual contra mujeres y niñas es una herramienta utilizada por todas las partes del conflicto, mientras que la situación de seguridad para los trabajadores humanitarios, sigue siendo precaria. El último informe del Grupo de Expertos del Comité 1591 (julio 2014), señala que el Gobierno de Sudán continúa incumpliendo las sanciones en forma sistemática; además de transferir armas y material bélico a Darfur, desplegando la milicia a “Rapid Support Forces”, reencarnación de los Janjaweed, que ha sido acusada de cometer abusos contra la población civil. La resolución 1591 (2005) del Consejo de Seguridad estableció el Comité 1591 para supervisar el régimen de sanciones y el Grupo de Expertos, que asesora al Comité en esta tarea. El régimen de sanciones implica la congelación de activos, embargo de armas y prohibición de viajes, para todos los actores del conflicto en Darfur, incluyendo el Gobierno sudanés. El Consejo de Seguridad no adoptará acción. 18.- BRIEFING SOBRE CUESTIONES GENERALES RELATIVAS A SANCIONES. Informarán el Secretario General de las Naciones Unidas, sr. Jeffrey Feltman (EE.UU), y el Secretario General de la Interpol, Sr. Jürgen Stock (Alemania). (25 de noviembre). Antecedentes: La presidencia australiana ha convocado a un briefing para analizar el régimen de sanciones adoptadas por el CS. El objetivo de este informe es discutir la necesidad de mejorar la calidad y consistencia del apoyo que el Sistema de Naciones Unidas, provee a los Comités de Sanciones creados por el CS y a sus Grupos de Expertos. Otro tema que será abordado durante el briefing, se refiere a los avances en el apoyo técnico que el CS otorga a los Estados miembros en la implementación de las sanciones. El Consejo de Seguridad no adoptará acción. 19.- BRIEFING SEGUIDO DE CONSULTAS SOBRE SITUACIÓN HUMANITARIA EN SIRIA. Informará la Secretaria General adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia, Sra. Valerie Amos (Reino Unido). (26 de noviembre). Antecedentes: El briefing y las consultas tienen lugar en observancia de la resolución 2139 (2014) y 2165 (2014), que establecen la obligación del Secretario General de informar, cada 30 días, sobre los avances en la entrega de ayuda humanitaria. En el briefing la Secretaria General Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia, Sra. Valerie Amos, informa sobre el lento avance en la aplicación de la resolución 2165 (2014), debido al mantenimiento del Gobierno sirio de los procedimientos administrativos para la entrega de ayuda, como es el caso del procedimiento de sellado de convoys, que se suma a la negativa de las fuerzas rebeldes y de oposición, de colaborar con la asistencia humanitaria a través de las líneas de conflicto. El Consejo de Seguridad no adoptará acción. 20.- SESIÓN DE RECAPITULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO QUE TUVIERON LUGAR EN EL MES DE NOVIEMBRE. ESTA SESIÓN TIENE COMO BASE LA NOTA DE LA PRESIDENCIA S/2010/507, sobre formas de mejorar la eficiencia y la transparencia de los métodos de trabajo del Consejo. (26 de noviembre) Antecedentes: En observancia de la Nota de la Presidencia S/2010/507, para mejorar los métodos de trabajo del Consejo, se realiza una sesión de recapitulación, en la que se hace un resumen de los temas abordados durante el mes, a fin extraer lecciones útiles para mejorar el manejo de los asuntos abordados por el CS. El Consejo de Seguridad no adoptará acción. (Fdo.): JACQUELINE PEILLARD G., Dirección de Asuntos Internacionales Cámara de Diputados.