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El señor OJEDA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia .
El señor URRUTIA (don Osvaldo).-
Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los ministros, al superintendente de Seguridad Social y a todas las personas que se encuentran en las tribunas y que han venido desde la capital para estar presentes y escuchar esta importante sesión.
En segundo lugar, manifiesto mi total apoyo a la materia que hoy nos convoca, la situación de los adultos mayores de nuestro país, que muchas veces se ven tremendamente desprotegidos ante entidades como las cajas de compensación, las que, según la ley N° 18.833, que fija el estatuto general de las mencionadas cajas de compensación de asignación familiar, son entidades de previsión social cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social.
Sin embargo, sabemos que, en la práctica, las cajas operan como verdaderas instituciones financieras, en las que muchas veces no se respetan los derechos de sus afiliados, en especial los de nuestros adultos mayores, no porque sean herencia de una economía social de mercado, sino porque el Estado no ha cumplido con su rol de fiscalizar su función.
Las cajas de compensación -se lo digo al diputado Jaramillo - están concebidas por ley para otorgar prestaciones de bienestar social, para la administración de prestaciones legales, en que una de sus principales actividades en la actualidad es el llamado crédito social, un beneficio de bienestar social consistente en préstamos en dinero para diversos ítems, como adquisición, construcción, ampliación y reparación de viviendas; para financiar estudios superiores de sus cargas familiares, para diferentes contingencias familiares, para la salud, etcétera. Las tasas de interés de esos créditos debieran ser mucho más bajas que las de toda la banca y del resto de las instituciones financieras, dado el bajo riesgo del crédito, producto de que se encuentra asegurado.
Suele ocurrir que existe una falta de entrega de información a los usuarios o bien la información que se entrega para la adquisición de créditos es deficiente o se prolonga por un tiempo excesivo. Incluso, hay casos en que la celebración de los contratos con las cajas se produce en lugares distintos a las sucursales, de manera que se evade cualquier tipo de formalidad y debido proceso.
En este sentido, creo relevante que en nuestro rol de legisladores podamos analizar y debatir los diferentes proyectos de ley que se encuentran pendientes sobre esta materia en la Cámara de Diputados y así establecer las condiciones que aseguren la adecuada información de los usuarios, y exigirle al Estado que cumpla con su deber de supervisar la tarea que realizan esas entidades.
En el mismo sentido, me gustaría hacer un llamado a las autoridades, en especial a la ministra de Desarrollo Social y a la dirección del Servicio Nacional del Adulto Mayor, para que adopten medidas en conjunto con el Sernac, de manera de evitar abusos a los adultos mayores o bien para dar respuesta a sus reclamos, en consideración a que, de acuerdo a la información entregada por el propio Sernac , que ha puesto a disposición de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de esta Cámara, se ha señalado que el 11 por ciento de los préstamos son otorgados a pensionados, lo que en cifras es equivalente a más de 160 mil préstamos, entregados entre los meses de enero y agosto del año pasado.
Se hace presente que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Constitución Política, todas las modificaciones legales que se efectúen a esta normativa, por tratarse de materias de seguridad social, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Por lo tanto, al tener las cajas de compensación la condición de entidades de previsión social y administrar, respecto de sus afiliados, trabajadores y pensionados, prestaciones de seguridad social, no cabe duda que cualquier proyecto de ley que pretenda modificar la actual regulación es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, como asimismo la supervisión de la acción que realizan.
Por último, según datos del INE, en nuestro país existen 2 millones y medio de personas mayores, que representan cerca del 15 por ciento del total. Nuestra población de adultos mayores está creciendo, por lo que es fundamental adoptar medidas que tiendan a su protección en materias como la que hoy debatimos y es nuestro deber como legisladores velar por que ello ocurra.
He dicho.
-Aplausos.
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