REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 2ª, en jueves 12 de marzo de 2015 (Ordinaria, de 10.41 a 13.42 horas) Presidencia de los señores Cornejo González, don Aldo; Carmona Soto, don Lautaro, y González Torres, don Rodrigo. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. ÍNDICE I.-ASISTENCIA II.-APERTURA DE LA SESIÓN III.-ACTAS IV.-CUENTA V.-FÁCIL DESPACHO VI.-ORDEN DEL DÍA VII.-PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VIII.-INCIDENTES IX.-ANEXO DE SESIÓN X.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA XI.-OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA XII.-PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA18 II.- APERTURA DE LA SESIÓN21 III.- ACTAS21 IV.- CUENTA21 V.- FÁCIL DESPACHO21 ESTABLECIMIENTO DEL 18 DE MAYO COMO “DÍA DE LOS CHUQUICAMATINOS Y CHUQUICAMATINAS” (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9356-24)21 CONCESIÓN, POR ESPECIAL GRACIA, DE NACIONALIDAD CHILENA A LA RELIGIOSA AUGUSTA PEDRIELLI CLEANTI (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9848-06)25 VI.- ORDEN DEL DÍA28 REGULACIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 9729-03)28 RENUNCIA DE LA MESA DE LA CORPORACIÓN62 VII.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN62 DICTACIÓN DE REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD62 ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA AUMENTAR LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO LEY N° 3.500 PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA64 ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA INCLUSIÓN DE ESCUELAS ESPECIALES DENTRO DEL PAQUETE DE REFORMAS AL SISTEMA EDUCACIONAL66 VIII.- INCIDENTES68 NECESIDADES DEL CUERPO DE DE BOMBEROS DE CHILLÁN (OFICIOS)68 INFORMACIÓN SOBRE RENOVACIÓN DE CONTRATO DE FUNCIONARIOS DE SEREMI DE MINERÍA DE VALPARAÍSO (OFICIO)69 INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE ESTUDIOS PARA CREACIÓN DE REGIÓN DE ACONCAGUA (OFICIO)69 ALCANCES SOBRE ESCASEZ HÍDRICA EN REGIÓN DE VALPARAÍSO (OFICIOS)70 POLÍTICA PÚBLICA PARA MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES (OFICIOS)71 OTORGAMIENTO AL SENAMA DE FACULTAD LEGAL DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE ADULTOS MAYORES POR GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS (OFICIOS)73 Pág. ACLARACIÓN SOBRE FALSEDAD DE INFORMACIÓN RESPECTO DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CENTRAL TERMOELÉCTRICA PARINACOTA74 INSTALACIÓN DE SUCURSAL DE BANCOESTADO EN LOCALIDAD DE RAHUE, COMUNA DE OSORNO (OFICIO)74 IX.- ANEXO DE SESIÓN76 COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES76 INFORMACIÓN SOBRE FECHA DE FIRMA DEL DECRETO QUE DECLARA ZONA DE ESCASEZ HÍDRICA A LA PROVINCIA DE LIMARÍ (OFICIOS)76 X.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA78 1. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9119-18)78 2. OFICIO DE S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9628-08)78 3. OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 9864-21)78 4. INFORME DE LA COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SUMA”, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.365, QUE ESTABLECE FRANQUICIA TRIBUTARIA RESPECTO DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS; LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y LA LEY QUE CREA LA ENAP.”. (BOLETÍN N° 9628-08)80 5. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR RIVAS, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PERMITE A LOS PARLAMENTARIOS RENUNCIAR LIBREMENTE A SUS CARGOS”. (BOLETÍN N° 9923-07)115 6. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; ANDRADE, CERONI, CHAHIN, COLOMA, MONCKEBERG, DON NICOLÁS; PÉREZ, DON LEOPOLDO; RINCÓN, SAFFIRIO Y SQUELLA, QUE “MODIFICA LAS LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DE MUNICIPALIDADES, Y SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL, PARA PERMITIR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS SOLO EN LAS REGIONES DONDE SE ENCUENTREN LEGALMENTE CONSTITUIDOS “. (BOLETÍN N° 9924-07)116 7. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, AUTH, BECKER, BROWNE, CORNEJO, MONCKEBERG, DON NICOLÁS; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; RINCÓN, SOTO Y SQUELLA, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL PROPÓSITO DE ADELANTAR LA FECHA DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL AÑO 2016”. (BOLETÍN N° 9925-07)117 8. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CERONI, ESPINOZA, DON FIDEL; INSUNZA, SAFFIRIO Y SOTO, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL PARA SUPRIMIR EL FUERO PARLAMENTARIO Y DE AUTORIDADES POLÍTICAS REGIONALES Y PROVINCIALES QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 9926-07)119 9. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA SEPÚLVEDA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARRIAGADA, FUENTES, GUTIÉRREZ, DON HUGO; JIMÉNEZ, LETELIER, MIROSEVIC, OJEDA, POBLETE Y SALDÍVAR, SOBRE “RECONOCIMIENTO DE LA PRIVACIÓN INJUSTIFICADA DE BIENES INMUEBLES DURANTE LA DICTADURA”. (BOLETÍN N° 9927-17)121 XI. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1. Comunicaciones: -Del diputado señor Núñez, don Marco Antonio, por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 11 de marzo de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Silva por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 11 de marzo de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Macaya por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 11 de marzo de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Urízar por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día 11 de marzo de 2015 por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Lemus por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 12 de marzo por actividades propias de la labor parlamentaria. -Del diputado señor Tarud por la cual justifica su inasistencia a la sesión de hoy, 12 de marzo por impedimento grave. -Del diputado señor Carmona por la cual presenta su renuncia al cargo de Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados. -Del diputado señor Cornejo por la cual renuncia a su cargo de Presidente de la Cámara de Diputados. -Del diputado señor González por la cual renuncia al cargo de Segundo Vicepresidente de la Cámara de Diputados. 2. Oficios: -De la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana por el cual comunica que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Sabag. -De la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena por el cual informa que procedió a elegir como Presidente al diputado señor Morano. Respuestas a Oficios Ministerio de Interior -Diputado Trisotti, listado con los proyectos aprobados por el Consejo Regional de Tarapacá, desde el 11 de marzo de 2014 a la fecha, en los términos que se indican en la petición adjunta. (156 al 6945). -Diputada Molina doña Andrea, Informe a esta Cámara acerca del plan implementado por el gobierno denominado “Microtráfico cero”, indicando particularmente los recursos que se tienen asignados para su puesta en marcha y la fecha de entrada en vigencia. (4094 al 6547). Ministerio de Economía, Fomento y Turismo -Diputada Molina doña Andrea, Remita a esta Cámara un registro de las pequeñas y medianas empresas existentes en la Región de Valparaíso, que hayan sido creadas por mujeres o que su objeto esté diseñado para desarrollar acciones en apoyo a ese segmento de la población. (036 al 6815). Ministerio de Hacienda -Diputado Ward, Diputada Nogueira doña Claudia, Diputado Coloma, Contrato de publicidad y actas del directorio que aprobó el producto Cuenta RUT. Asimismo, indique los ingresos derivados del cobro por giro en cajeros automáticos, como los costos por su utilización, desagregados por año. (017 al 5857). -Diputado Rincón, Remitirle antecedentes de la causa RUC N° 0910024841-4, RIT N° 19.589 - 2009, querella criminal del 08 de septiembre de 2009, interpuesta ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (019 al 592). -Diputada Carvajal doña Loreto, Informar sobre la eventual instalación de un cajero automático en la localidad de Monte Águila, en la comuna de Cabrero. (027 al 6747). -Diputado Ward, Copia de la declaración de ingreso al país de moneda extranjera por una suma superior a trescientas cincuentas unidades de fomento, por el señor Heraldo Muñoz Valenzuela. Asimismo, señale las medidas que adoptará ese Servicio para indagar la realización de dicha declaración e iniciar eventuales acciones legales, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (049 al 6799). -Diputado Ward, Copia de la declaración de ingreso al país de moneda extranjera por una suma superior a trescientas cincuentas unidades de fomento, por la señora Natalia Cuevas Guerrero. Asimismo, señale las medidas que adoptará ese Servicio para indagar la realización de dicha declaración e iniciar eventuales acciones legales, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (049 al 6800). -Diputado Mirosevic, Convenios marco para la compra o arrendamiento de licencias de software de Microsoft, desde el año 2003, indicando el monto gastado por parte de entidades públicas para la adquisición o arriendo de éstos. (246 al 5249). -Diputado Espinoza don Fidel, Disponer se otorgue urgente visación al oficio que autoriza a la Dirección de Vialidad para aumentar los montos destinados a los proyectos de asfaltos básicos en el país. (413 al 637). -Proyecto de Acuerdo 5, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República diversos antecedentes relacionados a la pesca ilegal.12600085. -Diputado Ward, Remitir a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la elaboración del video de apoyo al proyecto de reforma educacional, enmarcado en la campaña “Fortalecimiento de la educación pública y retención de la matrícula”. (138 al 3634). -Diputado Ward, Reiterar el oficio N° 3634 de esta Corporación, de fecha 12 de agosto de 2014; y, en definitiva, informe a esta Cámara sobre la elaboración del video de apoyo al proyecto de reforma educacional, enmarcado en la campaña “Fortalecimiento de la educación pública y retención de la matrícula”, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (138 al 5463). -Diputado Letelier, Informar sobre la relevancia que le otorga el Gobierno a la educación física en la reforma educacional que se procura realizar. (164 al 3806). -Diputado Jackson, Fiscalizar los procesos de titulación de la Universidad Tecnológica Metropolitana y de las distintas universidades del Estado, y los procesos de titulación que actualmente se encuentran vigentes a fin de en aquellos no se impida su finalización por deudas pendientes. (173 al 458). -Diputada Álvarez doña Jenny, Remita a esta Cámara los antecedentes, presentaciones y/o solicitudes respecto del denominado Fortín Tauco, ubicado en la comuna de Chonchi, en la provincia de Chiloé. (525 al 6466). -Diputado Núñez, Individualización de los Directores y los procesos de acreditación que se han llevado a cabo en la Universidad del Desarrollo. (586 al 6406). Ministerio de Justicia -Diputada Álvarez doña Jenny, Remitir antecedentes e informar sobre el cronograma de la eventual reinstalación de los tribunales de justicia en la comuna de Chaitén. (1597 al 6374). -Diputado Poblete, Informar sobre el destino, aplicación, uso y jurisprudencia de la ley N° 17.439, que establece que en los espectáculos artísticos de números vivos que indica, el 85% de los artistas que se expresen en el idioma castellano, a lo menos, deberán ser chilenos. (1686 al 6763). Ministerio de Defensa Nacional -Diputado Kast, Funcionarios y asesores que conforman el gabinete ministerial y de la Subsecretaría de su ministerio desde el 11 de marzo de 2014 hasta la fecha, con su respectivo detalle de remuneraciones. (2896 al 6086). -Diputada Molina doña Andrea, informen a esta Cámara sobre las maniobras aparentemente de carácter militar desplegadas por dos helicópteros del Ejército de Chile, efectuadas el 23 de octubre del presente año, en la zona denominada “Cueva del Pirata”, en la bahía de Quintero, y si al respecto se contemplan protocolos de seguridad para la protección del personal civil en este tipo de maniobras. (2993 al 6234). -Proyecto de Acuerdo 5, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República diversos antecedentes relacionados a la pesca ilegal.1260085. -Diputado Fuenzalida, Catastro nacional sobre aprovechamientos de agua entregados, sus titulares y su efectiva utilización. Asimismo, indique las zonas que enfrentan incertidumbres respecto a la disponibilidad de agua potable, durante los próximos meses. (475 al 6057). Ministerio de Agricultura -Diputado Rathgeb, informe a esta Cámara respecto de la existencia de un plan coordinado con los municipios de la provincia de Malleco y bomberos, para combatir los incendios forestales con peligro de vivienda y, fundamentalmente, si se han elaborado los cortafuegos aledaños a los centros poblados de la mencionada provincia. (072 al 6139). -Diputado Robles, Posibilidad de incorporara a las comunas de Huasco y Freirina en los programas de apoyo a los crianceros de ganado caprino considerando su cercanía con la Región de Coquimbo, en la que se aplican. (270 al 270). Ministerio de Bienes Nacionales -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra la solicitud de regularización de título de dominio, presentada hace aproximadamente un año atrás por la señora María Silva Carreño, respecto de su propiedad ubicada en el sector de Agua Buena, comuna de San Fernando. (091 al 5863). -Diputado Rathgeb, Existencia de alguna planificación que apunte a darle una utilización distinta al predio Chumay, ubicado en la comuna de Traiguén, en los términos que se indican en la solicitud adjunta (151 al 6283). Ministerio de Trabajo y Previsión Social -Diputada Álvarez doña Jenny, Tasa de accidentes laborales, en el sector agrícola e industrial pesquero, de la Región de Los Lagos, en los últimos dos años. Asimismo, indique las iniciativas, planes y programas contemplados para enfrentar y prevenir accidentes laborales, especialmente en estas dos áreas productivas. (18918 al 6069). Ministerio de Salud -Diputado Pérez don Leopoldo, Estado del procedimiento administrativo que se instruyó por la solicitud efectuada el 22 de agosto del presente año, por el señor Luis Piumarta Cárdenas. Asimismo, indique la posibilidad de ordenar instruir un sumario sanitario, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (1169 al 6282). -Diputada Nogueira doña Claudia, Diputado Coloma, Informe a esta Cámara sobre las fiscalizaciones efectuadas respecto del cumplimiento de la normativa que regula el turno de farmacias los días festivos y fines de semana, durante 2014 y especialmente en el feriado del pasado 25 de diciembre, los establecimientos sancionados y las medidas que se adoptaran al respecto, al tenor de la solicitud adjunta. (206 al 6450). -Diputada Nogueira doña Claudia, Diputado Coloma, Informe a esta Cámara sobre las fiscalizaciones efectuadas respecto del cumplimiento de la normativa que regula el turno de farmacias los días festivos y fines de semana, durante 2014 y especialmente en el feriado del pasado 25 de diciembre, los establecimientos sancionados y las medidas que se adoptaran al respecto, al tenor de la solicitud adjunta. (232 al 6450). -Diputado Paulsen, Remita a esta Cámara el informe del estudio de brecha del Hospital Regional Hernán Henríquez Aravena, como el listado de las medidas para dar cumplimiento a dicha brecha y la carta Grantt de la construcción de dicho hospital, indicando el estado de avance a la fecha. (271 al 5842). -Diputado Rathgeb, Desvinculaciones efectuadas, entre los meses de marzo y septiembre de 2014, en la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Fondo Nacional de Salud, la Central Nacional de Abastecimiento del Estado y el Instituto de Salud Pública, en los términos que expone en la solicitud que se adjunta. (312 al 4525). -Diputado Rathgeb, informar a esta Corporación acerca de las peticiones formuladas por las organizaciones de trabajadores del Servicio de Salud Araucanía Norte, -Fenats Unitaria y Fenpruss base, en relación a despidos de funcionarios de dicho Servicio como al nombramiento de jefaturas paralelas con grado superior a lo que establece la ley (315 al 2213). -Diputado Rathgeb, reiterar el oficio N° 2213 de esta Corporación de fecha 08 de julio de 2014 y, en definitiva, informe a esta Cámara acerca de las peticiones formuladas por las organizaciones de trabajadores del Servicio de Salud Araucanía Norte, Fenats Unitaria y Fenpruss Base, en relación a despidos de funcionarios de dicho servicio como al nombramiento de jefaturas paralelas con grado superior a lo que establece la ley, conforme se describe en la petición adjunta. (315 al 5136). -Diputado Rincón, Planta de agua potable y tratamiento de residuos domiciliarios de la Unidad Urbana Vista al Valle, ubicada en la comuna de Machalí. (316 al 6820). -Diputado Sandoval, Funcionamiento del subsidio a los cuidadores de pacientes postrados, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (532 al 6488). -Diputado Robles, Reitera oficios 3.749 y 4.722. (599 al 6588). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -Diputado Rathgeb, Posibilidad de aumentar las paradas del servicio de tren que se implementará este verano entre las comunas de Santiago y Temuco, considerando establecer una detención en las comunas de Collipulli, Renaico y Ercilla, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (1017 al 6556). Ministerio Secretaría General de la Presidencia -Diputado Coloma, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con el proyecto de reforma laboral presentado por el ejecutivo. (269 al 6458). Ministerio de Desarrollo Social -Diputado Sandoval, programas de apoyo a Centros Diurnos, Subsidios para Centros de Día y Acompañamiento Domiciliario de las comunas de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (196 al 6644). -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Posibilidad de realizar una nueva Ficha de Protección Social a la señora Juana Aliaga Rubio, cédula nacional de identidad N° 12.448.522-k, domiciliada en la comuna de Las Cabras, en los términos que se indican en la petición adjunta. (567 al 6990). -Diputado Bellolio, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el sistema actual utilizado en Chile sobre adiestramiento de perros de asistencia para personas con discapacidad. (765 al 5290). Ministerio Medio Ambiente -Diputado Rathgeb, Fiscalizaciones realizadas al Frigorífico Temuco. Asimismo, remita la calendarización de las futuras fiscalizaciones, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (041 al 6520). -Diputado De Mussy, Disponer que se realice una fiscalización a los cursos de aguas que han sido contaminados con aguas servidas durante las últimas lluvias en la localidad de Nueva Braunau, en la comuna de Puerto Varas. (315 al 626). -Diputado Sandoval, remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con la eventual contaminación de aguas en el sector de Alto Mañihuales. (317 al 6426). Intendencias -Diputado Rocafull, remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el proceso de expropiación de casas para la construcción de un puente sobre el río San José en la avenida Las Acacias, en la comuna de Arica. (202 al 6389). -Diputado Campos, Proyecto de Terminal de GNL Penco Lirquén que incluye un gasoducto y una central térmica de ciclo combinado en la comuna de Bulnes y acerca de la participación de las organizaciones de la comunidad, remitiendo los antecedentes que posea. (456 al 6717). Servicios -Diputada Álvarez doña Jenny, Informe a esta Cámara sobre de la posibilidad de crear una nueva reserva de la biosfera en Chiloé. (030 al 6465). -Diputado Trisotti, Procedencia de la eliminación del 7% de salud de la pensión básica que recibe el señor Luis Herrera Aros, cédula nacional de identidad N° 4.046.228-7, indicando, en el evento que proceda, la fecha estimativa en que se realizaría dicha rebaja. (30194 al 6821). -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, informe a esta Cámara sobre los motivos que fueron considerados para dejar de pagar el aporte previsional de vejez al señor Luis Bastias Riveros (30645 al 6953). -Diputado Chahin, Remitir información relacionada con todos los proyectos de centrales de paso en la comuna de Curacautín, particularmente, respecto de aquellos que están en desarrollo, los que están en el sistema de evaluación de impacto ambiental y los que no lo están, y sobre los derechos de aguas asociados a los mencionados proyectos. (472 al 6755). Varios -Diputado Santana, Tenga a bien subsanar la situación de la lancha de patrullaje de Carabineros de Chile que se encuentra en el reten de la Isla Mechuque debido a una rotura en el casco ocurrida en el mes de Agosto del 2013, en la comuna de Quemchi. (161 al 778). -Diputada Molina doña Andrea, Efectividad de denuncias por manejo bajo influencia de alcohol y en vehículo fiscal que afectarían al Gobernador de Petorca, señor Mario Fuentes, en los términos que se indican en la petición adjunta. (177 al 6649). -Diputado Fuenzalida, Informar, primero, sobre la evaluación cuantitativa del contingente operativo de Carabineros entre los años 2010 y 2014 y, en seguida, numérica y porcentualmente, la cantidad de carabineros destinados a los servicios extraordinarios. (182 al 6352). -Diputada Vallejo doña Camila, Diputado Jackson, Diputado Boric, Informe a esta Cámara sobre la forma en que se llevó a cabo la detención de Paula Briceño Brito junto a otros ocho estudiantes desde las instalaciones de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (189 al 6573). -Diputada Molina doña Andrea, Razones por las cuales las instituciones bancarias de la Región de Valparaíso, rechazan la contratación de productos bancarios por parte de agrupaciones gremiales, en los términos que se indican en la solicitud adjunta. (231 al 6774). -Diputado Núñez, Remita a esta Cámara la información detallada en la solicitud adjunta, relacionada con el funcionamiento y estructura del Banco Penta. (247 al 6386). -Diputado Jackson, Remita a esta Cámara la información necesaria para complementar lo señalado por el señor Alex Villalobos Ribal, Director de Conductas de Mercado, en el ordinario N° 1641 de 2014, en respuesta al oficio N° 4844 de esta Corporación, de fecha 8 de octubre de 2014, en los términos señalados en la solicitud adjunta. (258 al 6775). -Diputado Trisotti, Cortes de suministro de electricidad que se han producido el presente año, en la Región de Tarapacá, afectando a las siete comuna de dicha región. (2888 al 5937). -Diputado Soto, informe a esta Cámara sobre las razones por las cuales se ha rechazado el beneficio de pensión básica solidaria para la señora Margarita Morales Farías. (29871 al 6629). -Diputada Carvajal doña Loreto, Informar sobre la medición de los halógenos orgánicos absorbibles en la planta de celulosa Nueva Aldea, ubicada en la comuna de Ránquil. (307 al 6749). -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Informe a esta Cámara sobre la posibilidad de realizar un nuevo cálculo al monto de la pensión de viudez que recibe la señora Marta Gaete Espinoza, viuda de Manuel Jorquera Acevedo, quien fuera calificado como exonerado político. (4219 al 6951). -Diputado Robles, Informar sobre las acciones deducidas en relación con la fallida construcción del observatorio astronómico turístico de la comuna de Alto del Carmen. (879 al 6861). -Diputada Sepúlveda doña Alejandra, Reiterar el oficio N°5297 de esta Corporación, de fecha 29 de octubre de 2014, y, en definitiva, informe a esta Cámara sobre el estado en que se encuentra la apelación presentada por la señora Ángela del Carmen Osorio Tobar, ante el rechazo y no pago de las licencias medicas señaladas en la petición adjunta. (9715 al 6810). Ministerio de Hacienda -Diputado Ward, Copia de los contratos celebrados entre el Banco del Estado de Chile y la empresa Transbank, indicando las utilidades que dicho contrato le reporta anualmente. Asimismo, precise el costo anual que tiene para el banco la administración de la cuenta Rut, su utilización y el costo promedio por usuario, en los términos que plantea en la solicitud que se acompaña. (018 al 5747). Empresas del Estado -Diputado Soto, Copia de las actas del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de los años 2012, 2013 y 2014. (023al 5124). Municipalidades -Diputado Robles, Remitir información relacionada con las salas cunas y jardines infantiles de la comuna a su cargo. (183 al 6853). -Diputado Sandoval, Informe a esta Cámara sobre la situación, en la comuna a su cargo, del pago del beneficio que se otorga a los cuidadores en el Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Deficiencia Severa, con señalamiento de la cantidad de beneficiarios y el estado de los pagos respectivos. (206 al 6541). XII. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. -Diputado Rathgeb, Informe en primer lugar, si es prioridad de vialidad el inmueble ubicado en calle Balmaceda esquina Bulnes de la cuidad de Traiguén, Región de La Araucanía y, en segundo lugar, si es factible destinar la propiedad para el uso de radio Club Traiguén (7208 de 05/03/2015). A servicios. -Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre la pertenencia de realizar un sumario administrativo por la eventual negligencia médica en la atención de la señora Olivia del Carmen Sánchez Muñoz el día 12 de Enero del presente año en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del centro de salud Dr. Miguel concha, además, tenga bien considerar la posibilidad de entregar un tratamiento post operatorio oportuno y efectivo a la afectada. (7232 de 06/03/2015). A Ministerio de Salud. -Diputada Molina doña Andrea, sobre la pertinencia de realizar un sumario administrativo por la eventual negligencia médica en la atención de la señora Olivia del Carmen Sánchez Muñoz, el día 12 de Enero del presente año, en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del centro de salud Dr. Miguel Concha, además, tenga bien considerar la posibilidad de entregar un tratamiento post operatorio oportuno y efectivo a la afectada. (7233 de 06/03/2015). A Hospital San Martin de Quillota. -Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre la pertinencia de realizar un sumario administrativo por la eventual negligencia médica en la atención de la señora Olivia del Carmen Sánchez Muñoz el día 12 de Enero del presente año en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del centro de salud Dr. Miguel concha, además, tenga bien considerar la posibilidad de entregar un tratamiento post operatorio oportuno y efectivo a la afectada. (7234 de 06/03/2015). A Ministerio de Salud. -Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre la pertinencia de realizar un sumario administrativo por la eventual negligencia médica en la atención de la señora Olivia del Carmen Sánchez Muñoz el día 12 de Enero del presente año en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia del centro de salud Dr. Miguel concha, además, tenga bien considerar la posibilidad de entregar un tratamiento post operatorio oportuno y efectivo a la afectada. (7235 de 06/03/2015). A Ministerio de Salud. -Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre los índices de consumo de droga, alcohol y estupefacientes en la provincia de Petorca, desagregado por comuna y, en seguida, respecto de las medidas que se han adoptado para enfrentar dicho consumo. (7236 de 06/03/2015). A Servicio Nacional de Control de Estupefacientes. -Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en reunión sostenida con la Unión Comunal de Papudo a principios del año 2014, relacionados con la seguridad pública. (7237 de 06/03/2015). A gobernador de Petorca. -Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre los niveles de delincuencia en la comuna de Papudo durante los tres últimos años, con señalamiento del porcentaje de comisión de cada delito. (7238 de 06/03/2015). A varios. -Diputada Cicardini doña Daniella, Remita información relacionada con el denominado precio de sustentabilidad del cobre, presupuesto fijado por el Gobierno para la pequeña minería del país. (7239 de 06/03/2015). A Ministerio de Hacienda. -Diputada Cicardini doña Daniella, Informar sobre la realidad económica del sector de la pequeña minería del país, en relación con los bajos precios que experimenta el cobre a nivel internacional. (7240 de 06/03/2015). A empresas del Estado. -Diputado Boric, remitir información detallada en la petición adjunta, relacionada con el uso de un modelo de jets en Chile, el Cessna Citation XLS. (7241 de 06/03/2015). A servicios. -Diputado Boric, Informar sobre las veinte empresas que más dinero tributaron en el último periodo tributario. (7242 de 06/03/2015). A Ministerio de Hacienda. -Diputada Hoffmann doña María José, Informe, en primer lugar, sobre la cantidad de alumnos capacitados en oficio de soldador industrial, durante el primer semestre del año 2014 y generaciones posteriores que ingresaron a la empresa Maersk, en seguida, la cantidad de alumnos capacitados que se encuentran trabajando y, finalmente, la cantidad de alumnos capacitados que se encuentran realizando su práctica profesional. (7243 de 06/03/2015). A Fundación Universidad de Playa Ancha. -Diputada Fernández doña Maya, Informar sobre las variaciones en los precios de la inscripción y mensualidad de las distintas actividades deportivas que se desarrollan en el polideportivo de Ñuñoa y, asimismo, respecto de las razones del alza que experimentaron dichos ítems. (7244 de 06/03/2015). A municipalidades. -Diputado Rocafull, Informe sobre los subsidios habitacionales a que pueden postular los inmigrantes residentes en Chile, los requisitos que deben reunir para postular a dichos beneficios habitacionales, el número de inmigrantes beneficiados el año 2013 y 2014, con datos desagregados por provincia, especialmente en la Región de Arica y Parinacota y, por último, las medidas de fiscalización del ministerio destinadas a supervigilar el cumplimiento de las condiciones en que otorga el subsidio, la no enajenación de las propiedades y los requisitos de permanencia mínima en el país. (7245 de 06/03/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado Rocafull, Remita información detallas en la petición adjunta, relacionada con el financiamiento con el que contará la Región de Arica y Parinacota destinado a la infraestructura escolar. (7246 de 06/03/2015). A Ministerio de Educación. -Diputado Rocafull, Remitir información relacionada con el proyecto de creación de zona de extensión portuaria en la Región de Arica y Parinacota. (7247 de 06/03/2015). A intendente Región Arica y Parinacota. -Diputado Rocafull, Informar en primer lugar, sobre los montos de inversión involucrados en la construcción de un nuevo centro de reparación especializada de administración directa en la Región de Arica y Parinacota, los plazos de construcción, el número de beneficiarios y su ubicación, en seguida, la necesidad local para disponer del centro, orientaciones técnicas, características particulares, definición de políticas de atención a la infancia y funcionarios que formaran parte del equipo multidisciplinario de trabajo para la reinserción. (7248 de 06/03/2015). A servicios. -Diputado Santana, Informe sobre las medidas implementadas en la concesión Ruta 5 tramo Puerto Montt- Paragua, a consecuencias del accidente ocurrido el día viernes 27 de febrero pasado, en el que hubo un fallecido y veinte siete vehículos involucrados, si se cumplió con el Plan de Medidas de Control de Accidentes y la eventual responsabilidad que tendría la Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A. al no dar cumplimiento al artículo 2.5.4.2 de las Bases de Licitación. Además, por intermedio de US, al señor inspector fiscal de la concesión antes referida, para que informe sobre la vigencia de la póliza de seguro por responsabilidad civil de dicha concesión y, en caso contrario, para que, en virtud de sus atribuciones, proponga al Director General de Obras Públicas aplicar la multa indicada en el artículo 1.8.15 de las bases ya señaladas. (7249 de 09/03/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputado Santana, Informe sobre los proceso de licitación pública, del actual y del anterior, para la contratación de los servicios de transporte de pasajeros de modalidad marítima, en la provincias de Chiloé y Palena y, asimismo, copia del certificado de navegabilidad de la embarcación, de la anterior y de la que actualmente presta los servicios. (7250 de 09/03/2015). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. -Diputada Fernández doña Maya, Informar sobre los fondos concursables dependientes del ministerio a su cargo, quiénes pueden acceder a ellos, los requisitos, plazos de postulación y montos asignados, así como, cualquiera otra información relevante para los eventuales postulantes. (7251 de 09/03/2015). A Ministerio Medio Ambiente. -Diputada Fernández doña Maya, Informar sobre el avance del Plan de Relocalización de Sucursales a Nivel Nacional, específicamente en lo relativo a la construcción de una sucursal en la comuna de Ñuñoa, señalando los plazos contemplados para la finalización de dicha obra. (7252 de 09/03/2015). A Ministerio de Salud. -Diputada Fernández doña Maya, Informe sobre los fondos concursables dependientes del ministerio a su cargo, quiénes pueden acceder a ellos, los requisitos, plazos de postulación y montos asignados, así como, cualquiera otra información relevante para los eventuales postulantes. (7253 de 09/03/2015). A Ministerio de Cultura y de las Artes. -Diputada Fernández doña Maya, Informar sobre los fondos concursables dependientes del ministerio a su cargo, quiénes pueden acceder a ellos, los requisitos, plazos de postulación y montos asignados, así como, cualquiera otra información relevante para los eventuales postulantes. (7254 de 09/03/2015). A Ministerio del Deporte. -Diputada Fernández doña Maya, Informe sobre los fondos concursables dependientes del ministerio a su cargo, quiénes pueden acceder a ellos, los requisitos, plazos de postulación y montos asignados, así como, cualquiera otra información relevante para los eventuales postulantes (7255 de 09/03/2015). A Ministerio de Interior. -Diputada Fernández doña Maya, Informar sobre los fondos concursables dependientes del ministerio a su cargo, quiénes pueden acceder a ellos, los requisitos, plazos de postulación y montos asignados, así como, cualquiera otra información relevante para los eventuales postulantes. (7256 de 09/03/2015). A Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. -Diputada Fernández doña Maya, Informar sobre los fondos concursables dependientes del ministerio a su cargo, quiénes pueden acceder a ellos, los requisitos, plazos de postulación y montos asignados, así como, cualquiera otra información relevante para los eventuales postulantes. (7257 de 09/03/2015). A Ministerio de Educación. -Diputada Fernández doña Maya, Informar sobre los fondos concursables dependientes del ministerio a su cargo, quiénes pueden acceder a ellos, los requisitos, plazos de postulación y montos asignados, así como, cualquiera otra información relevante para los eventuales postulantes (7258 de 09/03/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre el número de estudios realizados durante los últimos diez años para la ejecución de obras viales entre las zonas de Laguna Verde y Quintay, y la cantidad de recursos que se han invertido en cada uno ellos. (7259 de 09/03/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputada Molina doña Andrea, Informar sobre el detalle de personas residentes en las comunas de Puchuncaví y El Tabo cuyas regularizaciones de propiedades fueron gestionadas por el señor Eugenio San Román y, las medidas adoptadas por la secretaría a su cargo respecto de las eventuales irregularidades en dicho proceso. (7260 de 09/03/2015). A secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso. -Diputada Molina doña Andrea, Informe sobre las eventuales deudas que registraría en el Registro Único de Inscritos (Rukan) la señora Matilde del Carmen Cofre Pérez. (7261 de 09/03/2015). A Ministerio de Vivienda y Urbanismo. -Diputado Squella, Informe sobre el estado de tramitación del informe requerido por la Unidad Jurídica de la Contraloría Regional de Valparaíso el 22 de enero del presente año, a través del oficio N°001090, remitido a la dirección a su cargo en la presentación formulada por el señor Raúl Berríos Llanos. (7262de 09/03/2015). A Ministerio de Obras Públicas. -Diputada Girardi doña Cristina, Informe sobre las razones por las cuales el Servicio Nacional de Menores adoptó la decisión de terminar con el funcionamiento de programas preventivos comunales a nivel nacional y, si las Oficinas de Protección de Derechos cuentan con capacidad técnica suficiente para enfrentar los casos que correspondían a los programas preventivo comunales en sus proyectos. (7263 de 10/03/2015). A Ministerio de Justicia. -Diputada Girardi doña Cristina, Informe sobre la eventual responsabilidad administrativa de los organismos colaboradores el Servicio Nacional de Menores receptores de fondos públicos. (7264 de 10/03/2015). A servicios. -Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre el número de fiscalizaciones e infracciones cursadas por carabineros durante el año 2014 en la Región de Los Lagos, a los conductores que infringen la normativa respecto de la utilización de estacionamientos exclusivos para personas discapacitadas. (7265de 10/03/2015). A varios. -Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre el número de fiscalizaciones e infracciones cursadas por carabineros durante el año 2014 en la Región de Los Lagos, a los conductores que infringen la normativa respecto de la utilización de estacionamientos exclusivos para personas discapacitadas. (7266de 10/03/2015). A municipalidades. -Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre el número de personas que fueron detenidas por carabineros durante el año 2014, debido al no pago de pensiones alimenticias en cada una de las comunas de la Región de Los Lagos, precisando el número correspondiente a hombres y mujeres. (7267 de 10/03/2015). A varios. -Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre los proyectos de alcantarillado para viviendas de zonas rurales. (7268 de 10/03/2015). A intendencias. -Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre la flexibilidad en la metodología de evaluación de los proyectos de alcantarillado rural, que no han podido ser financiados. (7269 de 10/03/2015). A Ministerio de Desarrollo Social. -Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre el número de personas que fueron detenidas por la Policía de Investigaciones durante el año 2014, debido al no pago de pensiones alimenticias en cada una de las comunas de la Región de Los Lagos, precisando el número correspondiente a hombres y mujeres. (7270 de 10/03/2015). A servicios. -Diputado Espinoza don Fidel, Informe sobre los proyectos de alcantarillado rural para la provincia de Osorno, contemplados en la cartera de proyectos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional que no han podido ser finalizados y los mecanismos que se elaborarán para no seguir postergándolos. (7271 de 10/03/2015). A Ministerio de Interior. -Diputada Álvarez doña Jenny, Informe sobre los objetivos y despliegue del programa nacional de comercialización que desarrolla el Instituto de Desarrollo Agropecuario. (7272 de 10/03/2015). A director nacional Instituto de Desarrollo Agropecuario. -Diputado Hernández, Informar sobre las medidas adoptadas para regularizar el surgimiento de un micro basural ubicado en la calle Pedro Montt en el sector de Rahue Bajo, y respecto de los plazos establecidos para la ejecución dichas medidas. (7276 de 10/03/2015). A municipalidades. -Diputado Hernández, Informar sobre las medidas adoptadas respecto de aquellas personas que habitan en los alrededores de la calle Pedro Montt en el sector de Rahue Bajo, por el surgimiento de un micro basural y, asimismo, si se han registrado enfermedades infectocontagiosas en dicha localidad (7277 de 10/03/2015). A Ministerio de Salud. -Diputado Hernández, Informar sobre las medidas adoptadas respecto de aquellas personas que habitan en los alrededores de la calle Pedro Montt en el sector de Rahue Bajo, por el surgimiento de un micro basural y, asimismo, si se han registrado enfermedades infectocontagiosas en dicha localidad. (7278 de 10/03/2015). A Ministerio de Salud. -Diputado Paulsen, Informe sobre el estado en que se encuentra el proyecto de pavimentación de las calles León Gallo y Matías Cousiño en el sector de Quino. (7279 de 10/03/2015). A alcalde de la comuna de Victoria. -Diputado Paulsen, Informar sobre el estado en que se encuentra el proyecto de pavimentación de las calles León Gallo y Matías Cousiño en el sector de Quino, en la comuna de Victoria. (7280 de 10/03/2015). A servicios. -Diputado Carmona, Informar sobre las instrucciones que recibe el personal contratado para garantizar la seguridad de los asistentes a los actos y eventos organizados por el Gobierno Regional de Atacama, las medidas previstas para resolver incidentes como el ocurrido en la celebración del Día Internacional de la Mujer, descrito en la solicitud adjunta, y los criterios señalados en las bases de licitación para contratar a dichas empresas. (7282 de 10/03/2015). A Ministerio de Interior. -Diputado Carmona, Informar respecto de los despidos de las personas individualizadas en la petición adjunta, ocurridos en la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Atacama, así como, sobre la eventual reincorporación de los funcionarios en sus cargos. (7283 de 10/03/2015). A intendencias. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: (100) NOMBRE Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo Arriagada Macaya, Claudio Auth Stewart, Pepe Barros Montero, Ramón Becker Alvear, Germán Bellolio Avaria, Jaime Berger Fett, Bernardo Browne Urrejola, Pedro Campos Jara, Cristián Carmona Soto, Lautaro Castro González, Juan Luis Ceroni Fuentes, Guillermo Chahin Valenzuela, Fuad Chávez Velásquez, Marcelo Cicardini Milla, Daniella Coloma Álamos, Juan Antonio Cornejo González, Aldo De Mussy Hiriart, Felipe Edwards Silva, José Manuel Espejo Yaksic, Sergio Espinosa Monardes, Marcos Espinoza Sandoval, Fidel Farcas Guendelman, Daniel Farías Ponce, Ramón Fernández Allende, Maya Flores García, Iván Fuentes Castillo, Iván Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Gahona Salazar, Sergio García García, René Manuel Girardi Lavín, Cristina Godoy Ibáñez, Joaquín González Torres, Rodrigo Gutiérrez Gálvez, Hugo Gutiérrez Pino, Romilio Hasbún Selume, Gustavo Hernández Hernández, Javier Hoffmann Opazo, María José Insunza Gregorio de las Heras, Jorge Jackson Drago, Giorgio Jaramillo Becker, Enrique Jarpa Wevar, Carlos Jiménez Fuentes, Tucapel Kast Rist, José Antonio Kast Sommerhoff, Felipe Lavín León, Joaquín León Ramírez, Roberto Letelier Norambuena, Felipe Lorenzini Basso, Pablo Macaya Danús, Javier Melero Abaroa, Patricio Melo Contreras, Daniel Meza Moncada, Fernando Mirosevic Verdugo, Vlado Molina Oliva, Andrea Monckeberg Bruner, Cristián Monckeberg Díaz, Nicolás Monsalve Benavides, Manuel Morales Muñoz, Celso Morano Cornejo, Juan Enrique Nogueira Fernández, Claudia Norambuena Farías, Iván Núñez Arancibia, Daniel Núñez Lozano, Marco Antonio Núñez Urrutia, Paulina Ojeda Uribe, Sergio Ortiz Novoa, José Miguel Pacheco Rivas, Clemira Pascal Allende, Denise Pérez Arriagada, José Pérez Lahsen, Leopoldo Pilowsky Greene, Jaime Poblete Zapata, Roberto Rathgeb Schifferli, Jorge Rincón González, Ricardo Rivas Sánchez, Gaspar Robles Pantoja, Alberto Rocafull López, Luis Sabag Villalobos, Jorge Saffirio Espinoza, René Saldívar Auger, Raúl Sandoval Plaza, David Santana Tirachini, Alejandro Schilling Rodríguez, Marcelo Sepúlveda Orbenes, Alejandra Silber Romo, Gabriel Silva Méndez, Ernesto Soto Ferrada, Leonardo Squella Ovalle, Arturo Torres Jeldes, Víctor Tuma Zedán, Joaquín Ulloa Aguillón, Jorge Urízar Muñoz, Christian Urrutia Bonilla, Ignacio Urrutia Soto, Osvaldo Vallejo Dowling, Camila Vallespín López, Patricio Van Rysselberghe Herrera, Enrique Verdugo Soto, Germán Ward Edwards, Felipe -No estuvieron presentes por encontrarse: -En misión oficial: Las diputadas señoras Jenny Álvarez Vera, Karol Cariola Oliva, Loreto Carvajal Ambiado, Marcela Hernando Pérez, Karla Rubilar Barahona, Marcela Sabat Fernández, Marisol Turres Figueroa y el diputado señor Issa Kort Garriga. -Con permiso constitucional: El diputado señor Renzo Trisotti Martínez. -Con impedimento grave: El diputado señor Jorge Tarud Daccarett.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.41 horas. El señor CORNEJO (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor CORNEJO (Presidente).- El acta de la sesión 121ª se declara aprobada. El acta de la sesión 122ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA El señor CORNEJO (Presidente).- El señor Secretario dará lectura a la Cuenta. -El señor LANDEROS (Secretario) da lectura a la Cuenta. -o- El señor ULLOA.- Señor Presidente, pido que solicite a las bancadas que aún no nominan a sus integrantes en la Comisión permanente de Bomberos, que lo hagan, con el propósito de que de regreso de la semana distrital podamos constituirnos. El señor CORNEJO (Presidente).- Así se hará, señor diputado. V. FÁCIL DESPACHO ESTABLECIMIENTO DEL 18 DE MAYO COMO “DÍA DE LOS CHUQUICAMATINOS Y CHUQUICAMATINAS” (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9356-24) El señor CORNEJO (Presidente).- Conforme a lo acordado, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que instituye el 18 de mayo de cada año como el “Día de los chuquicamatinos y chuquicamatinas”. Diputado informante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones es el diputado Marcos Espinosa. Aclaro a la Sala que tanto este como el siguiente proyecto que figuran en Fácil Despacho no serán discutidos, sino que solo se rendirán los respectivos informes y se votarán al final del Orden del Día. Antecedentes: -Moción, sesión 25ª de la legislatura 362ª, en 15 de mayo de 2014. Documentos de la Cuenta N° 5. -Informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, sesión 126ª de la legislatura 362ª, en 10 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 6. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor ESPINOSA, don Marcos (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley, iniciado en una moción del diputado que habla, de las diputadas Maya Fernández, Marcela Hernando y María José Hoffmann, y de los diputados Issa Kort, Roberto Poblete, Marcelo Schilling, Guillermo Teillier y Víctor Torres, que establece el 18 de mayo de cada año como el “Día de los chuquicamatinos y chuquicamatinas”. La idea matriz o fundamental del proyecto es relevar el aporte histórico, cultural, económico y social al país y a Chuquicamata de los hombres y mujeres nacidos en esa ciudad, que hicieron del trabajo minero su vida, mediante el establecimiento del 18 de mayo de cada año como su día, que les permitirá rememorar el pasado arraigado a las costumbres del histórico campamento minero y sentirse aún más identificados con la tierra que los vio nacer y que hoy es parte fundamental de nuestra historia y patrimonio. La fecha escogida recuerda la producción de la primera barra de cobre fino de la faena instalada en el lugar, el 18 de mayo de 1915. El presente año tiene gran relevancia, debido a que celebramos el centenario de ese importante hito con una serie de actividades en el mismo campamento. Chuquicamata fue un campamento minero cuya construcción comenzó en 1917, junto a la puesta en marcha de la entonces mina a rajo abierto más grande del mundo. A pesar de haber sido construido como un campamento minero, contaba con las comodidades clásicas de la época, puesto que no solo albergaba a los trabajadores que se desempeñaban en la faena minera, sino también a los altos ejecutivos e ingenieros norteamericanos que formaban parte de la Braden Cooper Company, la misma empresa que lideraba la extracción de mineral en el campamento de Sewell, en la Región de O'Higgins, lo cual generó una conexión cultural única entre costumbres chilenas y norteamericanas que hasta el día de hoy perdura entre quienes vivieron y fueron parte del campamento. En torno al trabajo minero creció y se desarrolló una gran ciudad con teatros, clubes sociales, plazas, escuelas y liceos que hicieron de Chuquicamata un lugar de ensueño y de gran valor histórico patrimonial, que hoy recordamos con la nostalgia intacta quienes fuimos parte y testigos de su evolución, que se mantiene aún a casi siete años del cierre oficial del campamento, el 31 de agosto del 2007. Por motivos ambientales, debieron cerrarse dichas instalaciones, razón por la que no nos parece lejana la idea de postular el casco histórico de Chuquicamata ante el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad, al igual que Sewell, gran cruzada de la cual soy parte que comenzó hace algunos años y cuyo objetivo es poner en valor, como se merece, un sitio inigualable que forma parte de nuestro pasado y de los inicios de la gran minería en Chile. En igual sentido, recientemente, en enero de 2015, el Consejo de Monumentos Nacionales se pronunció favorablemente sobre la solicitud de declaratoria del excampamento minero de Chuquicamata como zona típica y monumento histórico nacional. Esta solicitud fue presentada por la Corporación de Cultura y Turismo de Calama y la Agrupación de Hijos y Amigos de Chuquicamata, con el objetivo de proteger, preservar y resguardar la identidad local. Tras recibir ese importante anuncio, pude ver cómo muchos de los nacidos en esta tierra se emocionaron hasta las lágrimas, porque ser chuquicamatino o chuquicamatina es un sentimiento que llena de orgullo. La zona típica incluye un importante sector de viviendas representativas de la diversidad tipológica, constructiva y de espacios públicos emblemáticos. Al mismo tiempo, el acuerdo de cesión contempló proteger el patrimonio mueble, asociado al campamento, como La Pala Mundial, que operó por 22 años, entre 1949 y 1971, la cual es la más grande de su tipo, así como los archivos documentales, fílmicos, gráficos y la central de planos, cuyo acervo data de 1914. Por último, se indicó que el cementerio de Chuquicamata, en cuyo subsuelo se encuentran enterrados trabajadores víctimas de accidentes en la mina, también forma parte del polígono protegido, por su importante carga simbólica. Atendidas las características de la iniciativa legal, por unanimidad de los integrantes presentes, la comisión decidió efectuar la discusión y votación, tanto general como particular, en un solo acto. Los diputados presentes en el debate coincidieron con sus fundamentos y con la legítima aspiración de sus impulsores, en cuanto a que se debe contar pronto con una ley que permita rendir homenaje a las generaciones pasadas y presentes, unidas por el sentido de pertenencia con el campamento minero, producto de haber compartido una particular forma de vida, que en la actualidad persiste en un sitial dentro de la memoria colectiva de los que habitaron en él, lo cual hoy es parte esencial de su valor y proyección patrimonial. Asimismo, resaltaron que la importancia de Chuquicamata no solo se manifiesta desde el punto de vista patrimonial y cultural, sino también económico. De manera que a los diputados presentes les hizo mucha fuerza para aprobar el proyecto la idea de dejar plasmada en una ley la importancia de visibilizar y reconocer las riquezas minerales y naturales que pertenecen y deben seguir perteneciendo a todos los chilenos, así como relevar el rol que ha cumplido la industria del cobre en los logros obtenidos como país, gracias al trabajo de tantos valientes y esforzados mineros, como los de Chuquicamata. Por lo anterior, respaldaron plenamente la moción y coincidieron en que quieren reconocer a Chuquicamata como un lugar especial y particular, el cual hay que poner en valor. La Comisión compartió los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por la iniciativa, de manera que procedió a aprobarla en general y en particular por la unanimidad de seis de sus integrantes presentes, los diputados señores Arriagada, Espinosa, don Marcos; Rathgeb, Rivas, Teillier (Presidente) y Torres. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de ley, iniciado en moción, que instituye el día 18 de mayo de cada año como el “Día de los chuquicamatinos y chuquicamatinas”. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Lavín León Joaquín; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Poblete Zapata Roberto; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Pérez Lahsen Leopoldo; Verdugo Soto Germán. El señor CORNEJO (Presidente).- Despachado el proyecto. CONCESIÓN, POR ESPECIAL GRACIA, DE NACIONALIDAD CHILENA A LA RELIGIOSA AUGUSTA PEDRIELLI CLEANTI (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9848-06) El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a la religiosa Augusta Pedrielli Cleanti. Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización es el señor David Sandoval. Antecedentes: -Moción, sesión 113ª de la legislatura 362ª, en 13 de enero de 2015. Documentos de la Cuenta N° 34. -Informe de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sesión 125ª de la legislatura 362ª, en 5 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 2. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor SANDOVAL (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, paso a informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a la religiosa Augusta Pedrielli Cleanti, originado en moción de quien habla y de los diputados señores Berger, Chávez, Farías, Trisotti y Osvaldo Urrutia. La iniciativa nació fundamentalmente en el seno de la comunidad aisenina, especialmente de su alcalde, señor Óscar Catalán Sánchez, y de sus concejales, así como de vecinos y vecinas, quienes con especial aprecio y cariño guardan un gran afecto a sor Augusta. Antes de entrar a analizar el contenido del proyecto, su fundamentación y el tratamiento de que fuera objeto por parte de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, debo señalar que su idea matriz o fundamental es la de conceder, por especial gracia, la nacionalidad chilena a la ciudadana italiana sor Augusta Pedrielli Cleanti, que su normativa es de rango común y que fue aprobado, tanto en general como en particular, por la unanimidad de los diputados presentes, señores Ojeda (Presidente accidental), Aguiló, Becker, Berger, Chávez, Gahona, Lorenzini, Morales y quien les habla. En lo que respecta a los fundamentos de la moción, señalan sus autores que el objetivo de consagrar a esta notable mujer como una chilena más entre nosotros constituye, sin temor a equívocos, el fiel reflejo de la voluntad de todo un pueblo en orden a reconocer sus aportes a nuestro país, principalmente en su lucha por asistir a los más desvalidos, otorgándoles pequeñas, pero significativas oportunidades, con el objetivo de darles la dignidad que como seres humanos merecen. Agregan que sor Augusta nació en Soliera, Módena, Italia, en 16 de enero de 1938. Fue la mayor de cuatro hermanos e ingresó a la Congregación Religiosa Siervas de María Dolorosa, perteneciente a la rama femenina de la Orden Siervos de María, en 19 de septiembre de 1959, en Florencia, Italia. A los 21 años, mientras estaba en el convento, ingresa a estudiar enfermería y, al finalizar esos estudios, viaja a nuestro país, en el que comenzó su misión de servicio en la Región de Aysén, la que adoptó como su hogar. Cabe hacer presente que su arribo a Chile se había llevado a cabo en marzo de 1966, realizando su profesión perpetua el 4 de marzo de 1967, en Santiago. Con posterioridad, cuando llegó a la Región de Aysén, ingresó de manera cabal en el corazón de la gente. Destacan los diputados patrocinantes que entre las muchas labores de servicio realizadas por esta religiosa hacia la comunidad destaca su abnegada entrega al prójimo por casi cuarenta años en el Servicio de Salud de Aysén, en particular en el Hospital de Puerto Aysén, donde asumió, entre otras responsabilidades, la jefatura del servicio de pediatría. Sin perjuicio de lo anterior, consciente de la terrible realidad social que afectaba a los niños de dicha región y de esa ciudad, decide fundar el primer hogar de la congregación en Chile, bajo el nombre de Hogar del Niño Madre Eleonora Giorgi, con el propósito de brindar una respuesta efectiva a los grandes problemas de desnutrición que existían en esa época, particularmente en la ciudad de Puerto Aysén, en la Región de Aysén, la que en ese entonces poseía el lamentable récord de contar con la tasa de mortalidad infantil más elevada a nivel nacional. Si bien esa situación fue superada, a Dios gracias, sustancialmente con el transcurso del tiempo y los cambios sociales, fueron surgiendo otras problemáticas igualmente apremiantes y amenazantes, como el abandono, que afectaba la calidad de vida de los niños de la región. Ello motivó a la congregación y a la religiosa a asumir un nuevo desafío el 1 de abril de 1999, fecha en que se hizo cargo de la administración del hogar El Ángel, centro que en enero de 2008 concluyó sus funciones, tras una larga y positiva gestión de beneficio social. No obstante lo ya señalado, los patrocinantes del proyecto hacen notar que el 28 de marzo de 2006, a fin de continuar sirviendo a las familias más necesitadas de Aysén, asume de forma pionera la creación de la sala cuna Bambino Gesú, a través de transferencia de fondos por parte de la Junji, lo que le da un nuevo énfasis a su misión evangelizadora y de aporte social a la comunidad en un área nueva, como es la atención de los niños. Agregan que se trata de una persona con un infinito espíritu de entrega, una humildad que día a día la lleva a luchar con las trivialidades de un mundo cada vez más materialista. Destacan que su entereza la hace ser infatigable, especialmente frente a las dificultades, y que estamos frente a una emprendedora con una generosidad que sobrecoge, firme y segura a la hora de servir, pero frágil frente al dolor de sus seres queridos, sus niños, los hijos que le entregó la vida, los que la hacen ser una madre en el amor, trabajando en silencio, alejada de los elogios y reconocimientos que la asustan e inhiben. Finalizan haciendo presente que hoy sor Augusta vive en Puerto Aysén, donde sigue sirviendo a la gente, y que a ellos les asiste el convencimiento más profundo y objetivo de que reúne los plenos requisitos humanos y morales, por lo que el país tiene una deuda pendiente con ella. Ha entregado toda su vida a la Región de Aysén y a Chile. Es necesario reconocer sus aportes y servicios prestados, por lo que es de toda justicia que se le entregue la ciudadanía chilena. Es un premio a una extranjera que se incorporó plenamente a la vida social de esa comunidad. En cuanto a la normativa relacionada con el proyecto, cabe traer a colación lo preceptuado en el artículo 10, N° 4° de la Constitución Política de la República, que establece que son chilenos los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley. En lo que respecta al tratamiento dado por la Comisión a la iniciativa en informe, ya hice presente en la primera parte de mi intervención que, por tratarse de un artículo único y por haber sido incluida en la Tabla de Fácil Despacho, ella fue discutida tanto en general como en particular y aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes de la comisión. No me cabe duda de que los parlamentarios presentes, en especial el diputado Iván Fuentes, que es del mismo distrito, están plenamente conscientes de que es un beneficio absolutamente meritorio para sor Augusta. He dicho. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar el proyecto de ley, iniciado en moción, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a la religiosa Augusta Pedrielli Cleanti. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 13 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Edwards Silva José Manuel; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Flores García Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Poblete Zapata Roberto; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Soto Osvaldo; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Arriagada Macaya Claudio; Castro González Juan Luis; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; Jackson Drago Giorgio; Melo Contreras Daniel; Núñez Arancibia Daniel; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Soto Ferrada Leonardo; Torres Jeldes Víctor; Vallejo Dowling Camila. El señor CORNEJO (Presidente).- Despachado el proyecto. VI. ORDEN DEL DÍA REGULACIÓN DE COBRO DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS Y ESTACIONAMIENTOS (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN 9729-03) El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica. Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo es el señor Marcelo Chávez. Antecedentes: -Moción, sesión 94ª de la legislatura 362ª, en 18 de noviembre de 2014. Documentos de la Cuenta N° 4. -Informe de la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, sesión 126ª de la legislatura 362ª, en 10 de marzo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 5. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor CHÁVEZ (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía; Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo, paso a informar la moción que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica, de los diputados señores Chahin, don Fuad; Chávez, don Marcelo; Cornejo, don Aldo; Espejo, don Sergio; Flores, don Iván; Lorenzini, don Pablo; Torres, don Víctor, y Walker, don Matías. La moción tiene por objeto regular el cobro por el servicio de estacionamientos en clínicas u hospitales, centros comerciales, supermercados y otros similares, así como en parquímetros. Expusieron en la comisión la señora Paulina Saball, ministra de Vivienda y Urbanismo, y su asesora legislativa, doña Jeannette Tapia; los señores Andrés Gómez-Lobo, ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Ernesto Muñoz, director nacional del Sernac; Manuel Melero, presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, y Cristián Acuña, asesor jurídico de dicha entidad; Stefan Larenas, presidente de Odecu; Hernán Calderón, presidente de Conadecus, y el señor Armín Quilaqueo, abogado de Odecu. En los fundamentos de la moción se hace hincapié en que durante el mes de mayo de 2012, el Servicio Nacional del Consumidor, en uso de sus atribuciones, ordenó que no se realizaran cobros por el uso de estacionamientos y baños en los centros comerciales. En junio del mismo año, el Servicio Nacional del Consumidor anunció que la mesa técnica, conformada además por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la Cámara Chilena de Centros Comerciales llegaron a un acuerdo en torno al cobro por el uso de los baños y estacionamientos. En cuanto a los estacionamientos, el convenio sostenía que existirá media hora de gratuidad, tras lo cual cada recinto establecerá si el cobro posterior se realizará por período vencido o no. De igual forma, se señala que los recintos comerciales deberán responder por los robos o daños que sufran los vehículos, por lo que tendrán que retirar los letreros donde advertían que no se hacían responsables por estas acciones. El director del Sernac de la época también sostuvo que se realizaba un llamado a los otros rubros, especialmente a las clínicas y supermercados, para que se sumaran a este acuerdo. Pese a esto, al día de hoy encontramos que existen centros comerciales que siguen cobrando por el estacionamiento desde el primer minuto en que los automóviles se encuentran en ellos y también existen advertencias de que no se responde por los daños. Por último, los autores de la moción consideran necesario regular el cobro del servicio de parquímetros, en cuanto a que se cobre el tiempo exacto de permanencia en ellos y no en fracciones de tiempo que muchas veces no son utilizados por los consumidores. Respecto de la discusión general, el señor Ernesto Muñoz observó, en relación con el proyecto en estudio, que este reitera el principio de prestación efectiva del servicio como un criterio clave para justificar el cobro, buscando especificar el deber de las empresas. En tal sentido, avanza en la dirección correcta, recogiendo el desarrollo jurisprudencial que el Sernac ha venido impulsando en los últimos años. Destacó que todo proveedor cuenta con medios adecuados para cumplir con la obligación señalada en el proyecto, ya sea que el estacionamiento constituya el giro principal del negocio o un servicio accesorio. Finalmente, planteó que es tal la claridad de los principios que sustentan el proyecto, que incluso podría eventualmente regularse la materia por la vía reglamentaria, en virtud del artículo 62, inciso primero, de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. El señor Hernán Calderón sostuvo que el tema de los estacionamientos saltó a la discusión pública en 2012 debido al cobro que se había iniciado en lugares que son de uso público, pero también en supermercados, clínicas, hospitales, centros médicos, etcétera. Durante muchos años, en dichos lugares no se había cobrado el servicio de estacionamiento, probablemente porque había una interpretación distinta de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y porque las ordenanzas en la materia son claras en señalar que los edificios de acceso público deben contar con cierta cantidad de estacionamientos, de acuerdo con su destino y carga de ocupación. Consideró que la iniciativa parlamentaria en comento apunta en la dirección correcta, al pretender regular la prestación del servicio de estacionamiento en los términos propuestos, sin perjuicio de observar que hay algunos puntos que no están considerados y que, en su opinión, debieran incluirse. El señor Andrés Gómez-Lobo estimó pertinente, considerando lo dispuesto en la ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, establecer un período sin cobro en los estacionamientos de centros comerciales -en cuanto estos tienen la obligación de contar con una dotación mínima de ellos-, así como de clínicas y hospitales. La señora Paulina Saball afirmó que hay varias dimensiones asociadas al proyecto que vale la pena considerar. Una de ellas es la congestión en las ciudades, que amerita tomar medidas como las sugeridas por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Otra dimensión es la complejidad que generan desde el punto de vista del desarrollo urbano, pero, al mismo tiempo, la utilidad que prestan los centros hospitalarios, comerciales, etcétera. En lo que se refiere específicamente al contenido del proyecto, consideró necesario remitirse a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a su ordenanza. La primera regula el tema de los estacionamientos en dos aspectos. En primer lugar, alude a ellos como parte de las disposiciones que deben estar incorporadas en los planos reguladores comunales y, en segundo lugar, como parte de las normas urbanísticas que deben ser consideradas por los directores de obras municipales cuando aprueban un determinado proyecto. Por su parte, la ordenanza se refiere a los estacionamientos como parte de los servicios asociados a un determinado uso, es decir, como parte de las normas que debe cumplir un proyecto de construcción, según el uso a que esté destinado. En efecto, la ordenanza señala que todo edificio debe contar con la cantidad mínima de estacionamientos que señale el instrumento de planificación territorial correspondiente, teniendo en cuenta el uso permitido y la carga de ocupación. A su vez, la Ley de Copropiedad Inmobiliaria dispone que los edificios adscritos a ella deben tener una cantidad mínima de estacionamientos destinados a los copropietarios y solo aquellos que excedan el mínimo exigido pueden tener otro destino. Atendido lo expuesto, para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los estacionamientos son parte de las exigencias normativas que deben cumplir y de los servicios complementarios que deben ofrecer los centros comerciales y hospitalarios y, desde esa perspectiva, comparte la idea de regular su uso y las condiciones para acceder a ellos, sea en forma gratuita u onerosa. El diputado que habla, Marcelo Chávez, recordó que la obligación de que los centros comerciales cuenten con estacionamientos, según lo dispuesto en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la ordenanza respectiva, fue precisamente el argumento utilizado para establecer en su momento la gratuidad de los mismos, como se acordó en 2012 entre el Sernac y los representantes del sector. Confirmó que el proyecto se refiere concretamente a los estacionamientos que la ley exige a las edificaciones destinadas a un uso comercial o de salud, pero el problema es que no hay ninguna norma que especifique que dichos espacios deban ser provistos gratuitamente. Hay un vacío legal en esta materia, que ha dado origen a la iniciativa en debate. El señor Manuel Melero afirmó que, en lo que respecta a los estacionamientos, los centros comerciales han hecho bien su trabajo, pues cumplen satisfactoriamente su rol de proveer este servicio a los consumidores, el cual forma parte de su actividad normal; cobran las tarifas promedio más bajas del mercado, según estudio realizado sobre la base de una investigación efectuada por la Odecu; han incorporado progresivamente nuevos y mejores estándares de seguridad (cámaras de seguridad, lectores de patentes, guardias, cajas de seguridad para objetos valiosos, luces de disponibilidad, etcétera), en más estacionamientos que los que la ley les exige; cumplen la recomendación del Sernac de 2012 acerca de la gratuidad, pues en el 70 por ciento de los casos no hay cobro alguno y, cuando se cobra, consideran externalidades como la ubicación, el nivel de congestión y el uso alternativo en zonas saturadas. En conclusión, señaló que al regular solo a este sector, el legislador genera una distorsión que afecta patrimonialmente a los centros comerciales, los cuales pierden competitividad con respecto a otros proveedores de estacionamientos que no tienen las mismas restricciones. Sugirió que el proyecto debería considerar el principio de generalidad e incluir a todos los prestadores de servicios de estacionamientos, pues no hay razón alguna para gravar con la gratuidad solamente a los centros comerciales, donde la gente concurre, por último, voluntariamente, habiendo otros lugares a los que debe asistir para recibir prestaciones de primera necesidad, que no están considerados en esta iniciativa. Discusión particular. Diversas modificaciones introducidas al proyecto derivaron en el siguiente texto que se propone a la Sala para su consideración: “Artículo único.- Modifícase la ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, agregando los siguientes artículos 15 bis, 15 ter, 15 quáter y 15 quinquies: Artículo 15 bis.- En los estacionamientos de clínicas u hospitales, centros comerciales, malls, strip centers, supermercados y otros similares, se procederá a seguir los siguientes parámetros para el cobro por el uso de los estacionamientos que formen parte del proyecto que haya sido aprobado por la respectiva dirección de obras municipales en la recepción que habilita su funcionamiento. 1. Las primeras dos horas de uso en dichos estacionamientos será gratuita, y no podrá condicionarse de forma alguna el ejercicio de este derecho establecido en la presente ley. 2. El cobro, una vez pasadas las dos horas de estadía del automóvil en el estacionamiento, solo podrá ser por minuto, quedando prohibido el cargo por rangos o tramos de tiempo, sin poder el prestador del servicio redondear la tarifa al alza. 3. En caso de pérdida del comprobante de ingreso, estará prohibido cobrar una tarifa prefijada. Será obligación del proveedor del servicio consultar sus registros, a fin de determinar de manera fehaciente el tiempo transcurrido desde el comienzo del uso del servicio, no pudiendo obligar al usuario a abonar una suma mayor. Artículo 15 ter.- Los prestadores institucionales con servicio de urgencia, de acuerdo a lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, no podrán realizar cobro alguno por el servicio de estacionamiento durante el tiempo que dure la atención de urgencia hasta por un cupo por paciente. Artículo 15 quáter.- Los hospitales públicos concesionados que entreguen a sus funcionarios el servicio de estacionamiento, deberán realizarlo de forma gratuita por el tiempo efectivo en que el funcionario esté prestando sus servicios. Artículo 15 quinquies.- Para el cobro del servicio de estacionamiento en parquímetros establecidos en la vía pública, el proveedor o concesionario del servicio deberá cobrar por minuto efectivo de permanencia, no estándoles permitido exigir al usuario el pago por rangos o tramos de tiempo.”. Tratado y acordado en sesiones de fechas 9 y 16 de diciembre de 2014, 6 de enero y 3 de marzo de 2015, con la asistencia de los diputados señores Chahin, don Fuad (Presidente); Bellolio, don Jaime; Edwards, don José Manuel; Espejo, don Sergio; Farcas, don Daniel; la diputada señora Fernández, doña Maya; los diputados señores Jarpa, don Carlos Abel; Kast, don Felipe; Lavín, don Joaquín; Núñez, don Daniel; Poblete, don Roberto; Saldívar, don Raúl; Tuma, don Joaquín, y Van Rysselberghe, don Enrique. Concurren, además, el diputado señor Chávez, don Marcelo, y la diputada señorita Sabat, doña Marcela. Es cuanto corresponde informar a esta Sala. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Diputados de distintas bancadas se han acercado a la Mesa para señalar su intención de presentar indicaciones para perfeccionar el presente proyecto. En consecuencia, solicito la unanimidad de la Sala para votar hoy en general el proyecto, abrir un plazo de indicaciones hasta el martes próximo, a las 15.30 horas, y despacharlo en particular en el primer lugar de la Tabla de la sesión del próximo miércoles. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor ROBLES.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra, diputado Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, concurro al acuerdo, pero solicito que la comisión reciba al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, porque este tema afecta particularmente a los municipios del país. Los alcaldes no fueron escuchados durante la tramitación del proyecto, por lo que solicito que ahora sean escuchados. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Señor diputado, le transmitiremos su solicitud al presidente de la comisión. En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Jaime Bellolio. El señor BELLOLIO.- Señor Presidente, como es de público conocimiento, el Congreso Nacional está sometido a una crítica importante de parte de la ciudadanía, así como a una muy baja evaluación. En mi opinión, eso se debe en parte a nuestra incapacidad de tener un estándar alto en nuestros debates, en nuestra argumentación, en nuestro comportamiento y en nuestra coherencia. Para reparar esta situación -que es urgente- no sirve cualquier camino. Es decir, no por la urgencia y la necesidad de fortalecer a la Cámara de Diputados y a nuestra democracia se justifica hacer cualquier cosa, con la suposición de que ello significará el agrado popular. Eso es una ilusión. Podrá servir en el corto plazo, pero sin duda será un daño en el mediano y largo plazo. Este proyecto es precisamente uno de esos que alimenta esa ilusión de corto plazo, pero es un tremendo error en el mediano y largo plazo. ¿Por qué un proyecto que podría ser totalmente razonable y proporcionado termina siendo completamente injusto y desproporcionado? Quiero hacer un llamado a reflexionar acerca de lo que aquí estamos legislando. ¿Qué se quiere lograr con este proyecto y qué se está logrando en realidad? El espíritu del proyecto es evitar cualquier abuso hacia los consumidores y cautelar su bienestar, lo que es completamente compartido, porque es razonable y proporcionado. Pero, como sabemos, ni el fin justifica los medios ni cualquier medio sirve para llegar al fin. ¿Qué estamos haciendo en concreto? Estamos obligando, por ley, a los particulares a prestar un servicio legítimo de manera gratuita, lo cual es completamente inconstitucional. Hoy son los estacionamientos; mañana ¿qué otro servicio querrán algunos que los privados presten en forma gratuita? Quién sabe. ¿Por qué pasar desde lo razonable, que es establecer un cobro por minuto vencido, por el servicio efectivamente prestado, y la exención de pago mientras dure la atención de urgencia médica en clínicas y hospitales, a obligar a dar gratuidad por un servicio legítimo? Transformamos algo razonable en una propuesta que vulnera la Constitución Política de la República. Además, se establecen diferencias arbitrarias, hay una carga pública arbitraria, se transgrede la libertad económica, el derecho de propiedad y se afectan los derechos en su esencia. Es un catálogo completo de contrariedades a nuestra Constitución. Antes de detenerme en puntos más jurídicos, quiero hacer notar otras inconsistencias del proyecto. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones y la ministra de Vivienda y Urbanismo expusieron en la comisión e hicieron hincapié en lo importante que es regular el lugar donde se construyen estos establecimientos, si están en el cono urbano o fuera de él y cuáles son las características que deben tener. Ambos ministros fueron muy claros en destacar la importancia de incentivar el transporte público; sin embargo, este proyecto hace exactamente lo contrario: transporte público versus gratuidad para los automóviles particulares. Me parece increíble que el mismo ministro que dijo que iba a apoyar cualquier proyecto que incentivara el uso del transporte público hoy señale, a través de los medios de comunicación, que este proyecto le parece muy popular. Por supuesto que es popular, pero no estamos para legislar sobre lo que es popular, sino sobre lo que es bueno y justo. Además de hacer exactamente lo contrario -es decir, no incentivar el uso del transporte público-, el proyecto se torna regresivo. La construcción de estacionamientos es una obligación, ya que se establece un número mínimo de ellos, medida que se justifica en la necesidad de desatochar las calles aledañas a esas construcciones, es decir, para que el bien nacional de uso público pueda ser fácilmente transitable. Se establece el mínimo, pero no la obligación de gratuidad. Y no se trata de que haya quedado un vacío; simplemente, lo contrario es inconstitucional. No se puede desprender que cualquier regla que establezca la ley como obligación, como es el caso de la ley general de Urbanismo y Construcciones -en este caso, de construir estacionamientos-, implique que deba ser gratuito. Eso sería absurdo y desproporcionado. Ahora bien, ¿cuál es la situación real de cobro y dónde se realiza? En el 30 por ciento de los malls y strip centers se cobra por estacionar; es decir, el 70 por ciento restante no lo hace. ¿Dónde se concentran aquellos que cobran? En los conos urbanos, en los centros de las ciudades y en las comunas con mayores ingresos del país. En aquellos que están fuera de la ciudad no se cobra; en regiones, tampoco, salvo algunas excepciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos estableciendo una medida completamente regresiva. Dejemos la ilusión a un lado. Si creemos que al obligar a los privados a que los estacionamientos sean gratuitos, nos estamos engañando. ¡No será gratuito, porque finalmente alguien pagará por eso! ¿Quién? El mall puede traspasar ese costo a los arriendos de los locales comerciales, y estos, a su vez, lo traspasarán a los consumidores. ¿Y quiénes serán los consumidores que van a terminar pagando por igual? ¡Los que van en bicicleta, a pie, en transporte público y en automóvil! Es decir, estamos ante una medida injusta y regresiva, porque logrará exactamente lo contrario de lo que supuestamente buscaba. ¿Cuál es la razón por la cual se cobra por los estacionamientos? La cercanía de oficinas y servicios distintos a los del mall. ¿Cómo discrimino entre la persona que va a consumir al centro comercial y entre aquel que se estaciona en el lugar para hacer trámites que no tienen relación con el mall o el strip center? Además, probablemente, va a ocurrir otro fenómeno más. Las cadenas de malls que hoy no cobran estacionamiento en algunos sectores, pero que sí lo hacen en el centro de las ciudades, dado que ahora los obligarán a dar un servicio gratuito, harán subsidio cruzado. Es decir, aquellos malls que se encuentran ubicados en la periferia de la ciudad y que no cobran, van a comenzar a hacerlo gracias a este proyecto de ley. O sea, la suposición de que iba a beneficiar a un grupo de consumidores era equivocada, porque, finalmente ocurrirá exactamente lo contrario: va a terminar perjudicando a la inmensa mayoría de esos consumidores. Por último, hay otro aspecto a considerar, que dice relación con el servicio al cliente, que también lo manifiestan los ciudadanos. Es de toda lógica que un usuario espera encontrar un estacionamiento en buenas condiciones, tanto de visibilidad, como de limpieza y seguridad; sin embargo, al ser gratuito, es evidente que se va a reducir la rotación, el uso se hará más ineficiente y puede presentar inconvenientes en seguridad, porque puede haber menos de la necesaria. Nuevamente encontramos factores que jugarán en contra de quienes supuestamente se pretende ayudar. O sea, el objeto de este proyecto, que busca proteger a los consumidores, va a terminar perjudicando a muchos más que los que se pretendía beneficiar. Ahora, por si esto no fuese suficiente, también se dará otra gran contradicción: se cobrará por minutos en los bienes nacionales de uso público, en las calles, y será gratuito en los bienes privados. Me imagino que quienes sostienen la gratuidad de los bienes públicos al menos se deberían sentir molestos con esta iniciativa. Además de ser una incongruencia, es inconstitucional. Al no regular los estacionamientos públicos ni otros servicios privados que constituyen la mayoría de la oferta, el proyecto da un trato diverso a quienes se encuentran en una situación fáctica y jurídica similar, atentando en contra del principio de igualdad ante la ley, en general, y contra la garantía de no discriminación arbitraria en materia económica, en particular (artículo 19, números 2° y 22°, de nuestra Constitución Política). También se produce una asimetría regulatoria entre los actores del mercado, porque se interfiere el derecho a desarrollar una actividad económica lícita (artículo 19, número 21°), afectando la igualdad ante las cargas públicas (artículo 19, número 20°). En Chile no existe un sistema de fijación de precios, salvo en mercados regulados, como la electricidad o el agua potable, en donde la regulación se justifica por la necesidad de corregir las distorsiones de los monopolios naturales. Nadie podría decir que en este caso existe un monopolio natural. Obviamente, también se ve afectado el derecho de propiedad (artículo 19, número 24°) y, por si fuera poco, el artículo 19, número 26°, por afectar los derechos en su esencia. El proyecto implica restringir una de las facultades esenciales del derecho de dominio, lo que se puede hacer legítimamente cuando se invoca la función social de la propiedad. Ello puede ocurrir cuando haya un interés general de la nación, la seguridad nacional y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. A todas luces es evidente que ninguna de estas condiciones se cumple en este proyecto. Hagamos una reflexión en serio. La iniciativa no se refiere solo a los estacionamientos, sino a la obligación que quiere imponer la ley a un particular de prestar un servicio gratuito. Esta es una; después vendrán otras más. Es un proyecto que marcará un grave y peligroso precedente, por su desproporción, incoherencia, contradicción y afectación grave a nuestra propia Constitución Política de la República. Por lo tanto, hago reserva de constitucionalidad respecto de los puntos que acabo de mencionar. Hago un llamado a los señores diputados: no por la urgencia de acercarnos a la ciudadanía, de ganar coherencia y obtener su confianza vamos a aprobar cualquier cosa. Por lo expuesto, anuncio que votaré en contra del proyecto. Además, he repuesto una nueva indicación que establece el cobro por minuto, que es lo razonable y proporcionado. No podemos aprobar un proyecto como este, que no es razonable y es totalmente desproporcionado. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, en esta ocasión hablaré despacio. Siempre que tratamos un proyecto que toca a los empresarios, de inmediato viene la reacción. Por eso digo que hablaré despacio, para no asustar a nadie, con mayor razón en estos tiempos, en donde se hacen muchas consideraciones -que respeto- desde el punto de vista legal y constitucional. Cuando legislamos a favor de los empresarios, ¿por qué no se tocan estos temas? Ahí sí que las platas van y vienen, presentamos dilaciones y no entregamos la información. La Democracia Cristiana ha presentado proyectos liderados por los diputados Chávez, Torres, Chahin, el propio Presidente de la Corporación -que, según entiendo, es abogado-, don Aldo Cornejo, al igual que los diputados Espejo y Walker, pero siempre que presentamos algún proyecto ciudadano, no hay espacio para su discusión y se posterga para la semana siguiente. Pero cuando debemos tratar temas que tienen que ver, por ejemplo, con el decreto ley N° 600, que está poniendo nervioso a todos los inversionistas que han asistido a la Comisión de Hacienda, se nos impele a sacarlo adelante lo antes posible; para ese tipo de iniciativas no puede haber dilaciones. Puedo estar de acuerdo en que sea uno, cinco o diez minutos, pero son temas que debemos debatir. Como está funcionando hoy el sistema, no concuerda con la realidad internacional y no tiene ninguna lógica. Los malls fueron diseñados para estar fuera de las ciudades. Y obviamente fuera de las ciudades estos no afectan, por lo que en tal caso no se justifica cobrar porque existe espacio. El problema es con los que se construyeron en los centros de las ciudades, a un costado de los edificios donde se desarrollan otro tipo de negocios y con los cuales están conectados. Por otra parte, les recuerdo que este es un tema que discutimos en 2012, si mal no recuerdo diputado Chávez. Incluso, se llegó a un acuerdo con el Sernac y se estableció una pauta de trabajo al respecto. Le voy a hacer una sugerencia, señor Presidente. Se lo digo con mucho respeto. Creo que a nuestros invitados, que diariamente visitan la Corporación, deberíamos cobrarles por el uso de los baños. Como sabemos necesitamos más recursos porque llegan más diputados. Así es que creo que sería válido cobrar por su uso. Es una iniciativa que presentaré en mi bancada. Los baños y los estacionamientos son parte del negocio. Si usted va a comprar le deben brindar todas las facilidades al respecto. Así fue la idea desde un principio. Incluso, entiendo que la Contraloría General emitió un dictamen en el sentido de que, por lo menos, a los clientes no se les cobrara y a los no clientes se les aplicará, como en todas partes, un sistema distinto. Más aún, todos hemos visto y escuchado como se producen robos al interior de los supermercados y malls. ¿Y estos responden? Es cosa de ver los reclamos en los diarios y medios de comunicación. Hace poco el diputado Morano me contaba acerca de una situación que ocurrió en su zona. ¿A quién se acude cuando suceden estos hechos? La empresa dice: “no soy responsable”. O sea, venga, compre, le cobro y pague estacionamiento, pero si le roban, no sé. ¡Esto no puede ser! Además existe una obligación de lo que se conoce como consumo seguro, es decir, el cliente llega, se estaciona, compra y circula tranquilo por el mall porque los guardias le garantizan la seguridad en el estacionamiento y en su traslado. Eso es lo que uno entiende de un negocio razonable. Finalmente, sigue siendo igual un negocio. Ahora, ¿qué sucede con las clínicas, supermercados y atenciones de urgencia? Creo que el tema es absolutamente debatible, diputado Chávez. A lo mejor, aún faltan algunas cosas en el proyecto, pero esa es la idea: ponerlo sobre la mesa y debatirlo. Pero así tal cual, no está funcionando. Ahora, al que no es cliente, como alguien dijo por ahí, que muestre la boleta que comprueba la compra que realizó. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción desde el otro lado? Es cosa de leer los diarios de ayer y de hoy. Inmediatamente surge la amenaza empresarial y con los mejores abogados, esos que cobran mucho. Y se escuchan opiniones del tipo “¡qué inconstitucionalidad!”, “¡qué locura!”, “¡qué populismo!”. Lo que más me preocupa es que han amenazado que si no cobran por estacionamiento, traspasarán ese costo al incrementar en 1 o 2 por ciento el precio de los productos; o sea, a los usuarios les van a cobrar en la tienda lo que no pagan abajo. Esa parte no está, diputado Chávez; se ha dicho que lo van a conversar. Este es un buen negocio: un 5 por ciento o un 10 por ciento de los ingresos de estos establecimientos lo obtienen por concepto de estacionamiento. Y los empresarios sostienen que si se les quita ese porcentaje, subirán el precio de los productos. Entonces, el cuchuflí, el maní, el traje de baño y el abrigo pagarán el costo del estacionamiento. Y pagarán todos, porque no solo subirán el costo al que se estaciona, sino que a todos, dado que no pueden discriminar los precios. Esto no tiene ningún sentido. Se dice que ese proceder es inconstitucional, que van a apelar, que no sé qué. Me parece que ese no es el problema. Los estacionamientos deben ser gratuitos, aunque controlados en algunos casos. La otra amenaza -es por escrito- está en el Senado. Dicen que los diputados no “cachan una”, que la reforma tributaria se fue al Senado y que quedó una reformita. Si es así, qué bien que en este caso la iniciativa pase al Senado. Como ellos entienden de estas cosas no dejarán que pase este proyecto. ¿Seremos demasiado acelerados en la Cámara de Diputados? ¿Seremos demasiados ciudadanos? ¿Le ponemos pasión a las cosas? A lo mejor eso no es bien visto. Pero este es un proyecto real y debemos avanzar. A modo de anécdota, el otro día pasé por Reñaca. Quise comprar el diario, estacioné mi auto, me bajé, me demoré cinco minutos, me subí a mi vehículo y antes de partir un señor me golpea el vidrio y me dice: “Son cuatro “lucas” ¡Cuatro “lucas” por cinco minutos! Tengo la boleta. Está bien, quizá a uno lo conocen o me encontraron cara de diputado que gana más. Por último cóbrenme una “luca”, no cuatro. Y el señor, además, me dice: “Ahí están los precios”, y me apunta un letrerito chiquitito, el mismo que está instalado cada 300 metros. Y agrega: “No es culpa mía, diputado; soy un trabajador. Usted debió quedarse en el auto, bajar la ventanilla, pedirme que le compre el diario, me da una propinita de 500 pesos y, mientras no se baje del auto, no le cobro las cuatro “lucas”; pero yo vi que se bajó y no tengo nada más que hacer. Pague las cuatro “lucas”. Las pagué y guardé la boleta para el recuerdo. O sea, algo no está funcionando. Estamos provocando el debate al citar algunos ejemplos extremos, pero esto se debe corregir. Ahora, reconozco que tenemos un par de temas pendientes. Lo conversé con la diputada Camila Vallejo. Por ejemplo, si se dice que a partir de dos horas u hora y media van a cobrar por minuto, las dos primeras horas deben ser gratis y a partir de ese tiempo el minuto puede tener un valor de 500 pesos. Esa es otra manera de desquitarse sin subir el precio de los productos en las tiendas. Estamos dejando ese punto libre y deberíamos controlarlo, pues -repito- si no se cobra durante las dos primeras horas, el valor por minuto a cobrar a partir de entonces es libre, por lo que se puede cobrar, por ejemplo, una “luca” por los primeros cinco minutos, por los siguientes cinco minutos 500 pesos y con eso compensarían lo que no cobraron por las dos horas iniciales. Como dije, conversé con la diputada Vallejo y deberíamos presentar una indicación al respecto. El segundo punto, el Sernac, ¡Viva el Sernac! En la Comisión de Economía, con el diputado Chahin, pretenden fortalecerlo. Pero en este caso, si un usuario no está de acuerdo con un cobro, ¿a quién le reclama? Debe ir y hacer una cola. Pero, ¿cuáles son las multas? ¿A quién se le reclama? ¿Cuál es el sistema? ¿Quién cursa la multa cuando no se hace lo reglamentado? Es más, si un funcionario del Sernac acude a un mall para investigar un cobro, ¡también le van a cobrar estacionamiento! ¡Cuatro lucas por investigar! ¡No! Creo que el gobierno ha actuado bien. La ministra Rincón, el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, han aceptado abordar un tema que hay que poner sobre la mesa; el diputado Leopoldo Pérez tiene algunas indicaciones sobre los supermercados y los prestadores de salud. Está bien que hagamos el debate, pero, ojalá, que no triunfe el mundo empresarial y empecemos con las dilaciones. Ya sé cuándo vamos a aprobar el proyecto -diputado Chávez, puede organizar la recepción-: el 28 de diciembre, por la mañana. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, escuchar a los diputados Bellolio y Lorenzini nos lleva a reflexionar. Creo que si bien ambos pueden tener razón, no cabe duda de que este proyecto tiene validez ciudadana, aunque al señor Bellolio no le guste. Lo que dijo el diputado Lorenzini es verídico, pues, por ejemplo, una madre al ir a buscar a su hijo al colegio y dejar el auto en uno de estos estacionamientos por 20 minutos le cobran por el valor de toda una mañana, lo que tiene un valor de 4.500 pesos; por estacionar en un supermercado y bajar a dejar una bolsa -media hora- se debe pagar 2.200 pesos. Así, vamos sumando. Ahora, ¿cuál es la situación de los estacionamientos en los diferentes centros comerciales o centros de atención hospitalaria? Hace cuatro años los supermercados y los centros comerciales no cobraban; eran gratuitos y un servicio al cliente. Al darse cuenta de que era un negocio decidieron cobrar. Es un negocio que, a mi parecer, es ilegal. Me explico. En los centros comerciales o mall -como esa torre horrible del señor Paulmann que se instaló en el cruce de la Costanera- es obligatorio dar servicio de estacionamiento para no producir en la zona un caos vehicular. Es una regulación existente en el sistema urbano para que todos estos lugares cumplan con la normativa y se autorice la construcción de esos centros. No soy abogada, pero basarse en proposiciones de diferentes abogados en beneficio de los empresarios para que sigan cobrando creo que es no pensar en cuáles son los servicios que deben dar las empresas al instalar este tipo de centros. Por ejemplo, hace dos años la Clínica Las Condes no cobraba por estacionamiento. Hoy cobra hasta por ir a tomarse una muestra para un examen, en circunstancias de que ya se debe pagar por esa muestra. ¿Por qué cobran si se trata de una urgencia? Cobran y es carísimo. Entonces, en todos lados cobran por estacionamiento y uno se da cuenta de que se trata de un negocio más de los empresarios. Ahora bien, ya que no hemos podido lograrlo, ¿por qué no encargamos al diputado Bellolio que busque la fórmula para regular las tarifas del transporte interurbano? Se producen muchos abusos durante los fines de semana largo. Los ciudadanos que viven en zonas aledañas a Santiago, como Talagante, Melipilla, San Bernardo, etcétera, cuando deben cumplir servicios en beneficio propio o de sus comunidades deben pagar altos costos por concepto de transporte interurbano, porque no hemos podido regular esa situación. Me parece bien que el proyecto vuelva a comisión, a fin de lograr un objetivo concreto y justo. Creo que las modificaciones que propone son las adecuadas para regular este servicio. Sin embargo, me preocupa que después de las dos horas gratis que se establecen se cobre el triple por el minuto, con lo cual de igual modo se ganará el equivalente a las dos horas gratis. Ese es el punto que deberíamos estudiar; es decir, cómo hacer para que no se cobre. A mi juicio, hay fórmulas para regular los sistemas. No es excusa el que no se puede tocar lo que es privado, porque en ese caso no podríamos legislar sobre nada, ya que acá casi todo es privado. Este es un método inventado por los municipios, que ha ido en aumento. Recordemos lo que pasó en las playas durante el verano, oportunidad en que esas entidades decidieron cobrar por bajar a la playa o por estacionar en sus calles, lo que queda como un ingreso para ellas. De esa manera, no se puede estacionar en ningún lado cuando la persona va a realizar un trámite o a visitar a alguien. Si el Congreso Nacional no es capaz de hacer leyes que vayan en beneficio de los ciudadanos, no sé quién puede hacerlo. La búsqueda de regular de manera adecuada el estacionamiento de un vehículo no significa aumentar la posibilidad de que la gente ande en auto. Hay que hacer trámites. En ese sentido, concuerdo con esta iniciativa y sería positivo si se presenta alguna indicación para mejorarla. No obstante, no creo que sea inconstitucional o que pase a llevar los valores, porque aquí sin duda lo que estamos haciendo es afectar los bolsillos de algunos empresarios, que habían hecho un negocio paralelo al que estaban autorizados, como es la instalación de los malls o de los centros comerciales. Lo peor es el cobro por el estacionamiento que se realiza en los centros de atención de salud. Deberíamos legislar para establecer que no tengan derecho a cobrar cuando se va a los sistemas de urgencia, porque la gente llega a ese lugar por la necesidad obligatoria de ser atendida, sea en el sector público o privado. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Campos. El señor CAMPOS.- Señor Presidente, en primer lugar, saludo a los autores de este proyecto. La génesis del mismo radica en las prácticas del principal centro comercial de la provincia de Concepción, denominado Mall Plaza Trébol, en el que de un momento a otro se instalaron estacionamientos para cobrar a quienes concurren a él. Por lo tanto, al diputado Jaime Bellolio, quien afirmó que en las regiones no se cobra por estacionar, le respondo que eso no es así. El abuso por estos cobros indebidos no se da solo en la Región Metropolitana. En este caso sí ha operado el concepto de “descentralización”, pues los abusos han llegado a nuestras comunas. El Mall Plaza Trébol está apartado de la ciudad, no en el centro. Se lo digo al diputado Bellolio. Por tanto, es mentira que en los malls no se cobra por estar fuera de la ciudad. Por eso, lo invito a Talcahuano para que vea la reacción no solo de los consumidores que concurren de manera importante a ese centro comercial, sino también para que consulte a los trabajadores. Varios diputados de la provincia de Concepción concurrimos al centro comercial, entre ellos el diputado Marcelo Chávez. Nos dieron un período para postular a la entrega de tarjetas que permitan utilizar los estacionamientos del centro comercial, pero no de manera gratuita. Cobran diez mil pesos mensuales por ocupar los estacionamientos. Nadie ha dicho que la instalación del mall no haya jugado un rol importante para las familias, para quienes deben realizar compras o concurrir a los bancos. Sin embargo, en sus inicios ese servicio era gratuito. Esa fue la oferta que se entregó a los consumidores de la provincia de Concepción. Se les invitó a ir, porque tendrían los estacionamientos de manera gratuita. Me extraña que diputados, como Felipe Kast, digan algo que también han expresado quienes representan a los dueños de los malls: que todo se traspasará a los consumidores. Me parece que eso constituye una amenaza para quienes consideramos que debe mantenerse la oferta que se formuló a los habitantes de una región. Porque al menos hay un principio y es que se debe regular la situación. Comparto lo que dijo el diputado Lorenzini en cuanto a que por lo menos tendremos que regular ciertas tarifas, porque se puede dañar a la gente con precios arbitrarios después de la aprobación de la indicación del diputado Marcelo Chávez, en el sentido de proponer la gratuidad de las dos primeras horas de uso de los estacionamientos. Por otro lado, habría que preguntarse acerca de algo que señaló el ministro de Transportes, lo que se puede resolver con una indicación que, con seguridad, tendrá que presentarse en el Senado. ¿Qué pasará con el transporte público? En la actualidad, este no puede ingresar de manera gratuita, por lo menos, al mall que conozco, así como tampoco lo pueden hacer los colectivos en la ciudad de Coronel debido a una especie de licitación privada que efectuó un operador, quien no tiene ni un taxi, pero sí controla el negocio. Este permite que ingrese un número equis de esos vehículos, a los cuales les cobra una tarifa. Si ingresa otro, le aplica una multa. Lo denunciamos el lunes en una audiencia que tuvimos con el ministro de Transportes, a fin de que realice las gestiones y coordinaciones necesarias que impidan la vulneración de la ley, pues eso es grave. En consecuencia, las expresiones del diputado Bellolio, en la línea de defender el derecho de propiedad, contrasta completamente con la esencia de este proyecto, que busca proteger a los ciudadanos. Con el senador Alejandro Navarro interpusimos un recurso, pero se me ocurre que a lo mejor quedó obsoleto, porque este proyecto apunta a generar reglas del juego mucho más claras. En el mismo mall a que he hecho referencia hay una clínica. Claramente, cuando alguien tiene una urgencia, no puede estar pensando cuánto le va a costar el estacionamiento. Lo prioritario es resolver la situación de urgencia que está ocurriendo con un vecino o vecina que va a ese centro asistencial, a los cuales hoy, por cierto, les realizan un cobro. ¿Y qué pasa cuando debe ingresar a uno de estos malls una ambulancia pública o privada? También le cobran; no tienen un ticket, un pase libre; no tienen un acuerdo o convenio. Reitero, no me parece que se haya incorporado un nuevo descuento a las remuneraciones a los trabajadores de las distintas tiendas que asisten a trabajar en su vehículo. Muchos van a dejar a sus hijos al colegio y después van a sus trabajos. Por ello, al menos en Concepción, se les descuenta de sus remuneraciones la suma de 10 mil pesos. Se ingresan otras materias, como la pérdida del ticket de estacionamiento, que será equiparable a haber permanecido el día completo en el estacionamiento. Por cierto que el centro comercial tiene que tener las herramientas adecuadas para cobrar lo que corresponda, como el control de la placa patente. Y eso no lo puede asumir quien por algún tema accidental ha perdido su ticket. La responsabilidad debe ser del centro comercial para generar el correcto pago. Aquí estamos en una discusión de fondo sobre los abusos cometidos por parte de los centros comerciales, los que de un momento a otro -no le preguntan a nadie, por cierto- pueden llamar a una licitación de estacionamientos y cambiar las reglas del juego. Hasta septiembre de 2014 las utilidades del grupo Plaza alcanzaban a 96 millones de dólares. Me imagino que a diciembre de ese año superaron los 100 millones de dólares. Incluso, uno de sus principales ejecutivos señaló, en una entrevista al cierre de 2014, que concluyeron un año de consolidación. ¿Cuál es el objetivo de querer ganar más? ¿Por qué tratar de sacar utilidades y mejorar los ingresos a través del cobro por el uso de estacionamientos, que son tan necesarios para realizar la actividad comercial? Nos dicen -es uno de los argumentos- que se va a generar mayor seguridad; que van a disminuir los robos permanentes en los estacionamientos del mal. Pero resulta que en menos de un mes, en el mall a que he hecho referencia, se denunció el robo de un vehículo. Y al parecer nadie se ha hecho cargo. Por lo tanto, le digo al diputado Jaime Bellolio que estoy contento porque este proyecto se va a aprobar en general y en particular. Si hay otros abusos que vamos a regular, proyectos como este serán bienvenidos en la Cámara de Diputados. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Kast. El señor KAST (don Felipe).- Señor Presidente, sin duda, cuando uno legisla tiene el objetivo de mejorar el bienestar de los ciudadanos. El problema es cuando se legisla sin ningún tipo de rigurosidad, sin ningún tipo de análisis sobre el impacto que se generará con las medidas a implementar. Esa forma de hacer las cosas, para mí que cumplí un año en el Congreso Nacional, me sorprende, porque creo que la historia de nuestras políticas públicas en general no caía en formatos tan populistas como los que hemos escuchado. Y son populistas por una razón muy simple: porque no van a lograr lo que se dice. Esta es una propuesta que desgraciadamente es completamente regresiva. Aquí los que van a pagar el estacionamiento gratuito de quienes van en autos son todos aquellos chilenos que no tienen autos y que optan por dirigirse en transporte público a los malls. Y eso puede explicarlo cualquier estudiante de primer año de ingeniería comercial a cualquiera de los que están acá. ¿Cómo son tan poco serios que ni siquiera pueden hacer un análisis de impacto? Le pregunto a la Biblioteca del Congreso Nacional cómo no ha sido capaz de efectuar un análisis serio sobre qué va a pasar y quién va a pagar. Porque convengamos en que como no podemos fijar los precios y los estacionamientos serán gratuitos, el centro comercial va a subir los arriendos y traspasará ese mayor cobro a precios. O sea, el que le paga el estacionamiento gratuito a los que van en auto cómodamente será la familia que irá en transporte público. Esta es una política completamente populista y regresiva. Suena muy bien en los titulares. Es fácil de entender, pero no es gratis. Paremos de vender humos y de mentirle a la gente diciéndole que las cosas que creemos que son gratis verdaderamente lo son. Por algo existen las ciencias económicas. Segundo, ¿dónde están los urbanistas que, se supone, no tienen que fomentar el flujo de autos en los lugares saturados? Porque, paradójicamente, sabemos que todos los centros comerciales ubicados en lugares no saturados no cobran. Lo que quieren es que la gente vaya en auto. Pero resulta que ahora vamos a tener gratuidad, y, por lo tanto, vamos a fomentar aún más el uso de los automóviles en zonas que están saturadas. ¿A dónde están los urbanistas? En verdad, esta situación me sorprende y me da tristeza. Por ello valoro que el diputado Joaquín Tuma, al interior de la Nueva Mayoría, haya entendido la gravedad de este asunto. Y espero que el Senado, una vez más, haga la pega en serio y que no simplemente tratemos de sacar titulares fáciles, haciendo políticas populistas y vistiéndonos de superhéroes en la Cámara como si al final del día todo lo que hiciéramos no va a tener efectos secundarios. Les pregunto a los diputados -y me llama la atención que sea la Democracia Cristiana la autora de este proyecto- si son capaces de firmar un documento donde digan que efectivamente esto no lo van a pagar aquellos ciudadanos que van a ir en transporte público; si son capaces de justificar el hecho de que no va a afectar los precios de los arriendos para los emprendedores, ni tampoco el de los bienes finales. El diputado Campos quiere a fijar otros precios. En verdad no comparto el nivel de ingenuidad social y el sesgo de planificación central que algunos tienen en la cabeza. Pido que seamos un poco más serios; que no caigamos en el populismo, y que, ojalá, podamos rechazar el proyecto. Sin duda tiene cosas valorables, como por ejemplo que los estacionamientos sean gratuitos en los centros de urgencia. Es obvio que en las urgencias ello no afecta a ningún precio y que el costo de declarar los estacionamientos de uso gratuito no se va a traspasar a nadie. Podemos exigirles a todas las clínicas, a los hospitales públicos, que tengan estacionamientos gratuitos, pero cómo vamos a pensar que los dueños de los malls no van a reaccionar ante medidas como declarar gratuitos sus estacionamientos. ¡Los dueños de los malls no van a perder nunca! Seamos serios y rechacemos el proyecto de ley. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Camila Vallejo. La señora VALLEJO (doña Camila).- Señor Presidente, después de la intervención del diputado Jaime Bellolio una se da cuenta de que da lo mismo quien lidere la UDI. Da lo mismo el recambio; da lo mismo que renuncie un presidente de ese partido y entre otro. Está en la esencia de la UDI proteger los intereses de los grandes grupos económicos; está en la esencia de la UDI proteger la propiedad privada de los grandes grupos económicos, sus utilidades y el libre mercado. Cualquier proyecto de ley que vaya a tocar esos intereses para ellos es inconstitucional, populista o una aberración. Ahora, con los mismos argumentos, se suma también el diputado Felipe Kast: cualquier cosa que vaya en beneficio de la ciudadanía, del consumidor, es populismo, es una irresponsabilidad, es poco riguroso. En fin, parece que cada vez que queremos ponernos del lado de la gente estamos cayendo en populismos. Y quiero señalar esto con mucha fuerza porque encierra una contradicción. El diputado Jaime Bellolio dijo que nada es gratis, que si obligamos a los centros comerciales a no cobrar por el uso de los estacionamientos ese gasto no lo asumirá el consumidor, sino que el centro comercial, el que lo traspasará al precio de los arriendos de los locales comerciales que se ubican dentro de los malls, por lo que recaerá nuevamente en el consumidor. Felipe Kast dijo recientemente que nada es gratis; por lo tanto, siempre va a perder el consumidor, dado que la gran empresa nunca pierde. Sin embargo, jamás alguien de Derecha ha dicho que es necesario regular los precios o el nivel de las utilidades de las empresas; nunca han cuestionado las ganancias de los centros comerciales. Podrían decir que los centros comerciales perderán dinero con esta medida, pero estos cobros se están realizando desde hace muy poco tiempo, ya que los centros comerciales no cobraban por ese servicio y muchos no lo hacen en la actualidad. También podrían afirmar que los centros comerciales están perdiendo plata, por lo que necesitan cobrar por el uso de los estacionamientos; pero la Superintendencia de Valores y Seguros señalaba en 2013 que las empresas del retail exhibieron incrementos en sus ganancias de 21,7 por ciento respecto de 2012 y que totalizaba 1.136 millones de dólares; es decir, las empresas no están perdiendo nada. Lo único que están haciendo con el cobro de los estacionamientos es incrementar sus utilidades. Por lo tanto, regulemos las utilidades y fijemos precios; pero cada vez que adoptamos medidas para defender los derechos de los consumidores no digan que generarán pérdidas en un área a los grandes grupos económicos, por lo que tendrán que aumentar los cobros a los consumidores por otros rubros. En consecuencia, ¿de qué sirve proteger los derechos de los consumidores si siempre se ven perjudicados? Si es que realmente a la Derecha le interesan los consumidores, la llamo a cambiar aspectos importantes de la Constitución, en lugar de defenderla, porque impide meternos en esta total desregulación del mercado y en los abusos que cometen los grandes grupos económicos. Si queremos proteger a la ciudadanía, pongámosle límite a esas utilidades, y así evitaremos que, cuando se le impida cobrar por un rubro, no aumenten los precios de otros; pero parece que la voluntad no va por ahí. Se habla de proteger la propiedad privada, pero solo la de los grupos económicos. ¿Quién protege la propiedad privada de los ciudadanos que pagan permisos de circulación, estacionamientos, atención de salud, educación? O sea, ¿quién se está preocupando de los gastos que deben realizar diariamente para acceder a servicios y a derechos fundamentales? ¿Quién resguarda la propiedad privada de esos ciudadanos, que mayoritariamente son trabajadores? ¡Nadie! De lo único que están preocupados es de defender la propiedad privada de los grandes grupos económicos que anualmente generan utilidades multimillonarias gracias al abuso que cometen en contra de esos ciudadanos que trabajan todos los días. Señor Presidente, me parece que aquí hay un tema de fondo que trabajar. A propósito de Penta, Caval y todos los casos que han provocado el descrédito de la política, quiero hacer mención de un conflicto de intereses que me parece importante. Lamento que no esté el diputado Melero, porque su hermano, Manuel Melero Abaroa, presidente de la Cámara de Centros Comerciales, ha dicho públicamente que está en completo desacuerdo con este proyecto de ley, porque establece una medida injusta y discriminatoria, argumento similar al que usó el diputado Jaime Bellolio. Por lo tanto, dado el descrédito de la política que han producido los hechos conocidos por todos y como este tema tiene directa incidencia en los intereses del presidente de la Cámara de Centros Comerciales, ya que afecta las ganancias de los centros comerciales, considero que el diputado Melero debiera inhabilitarse, cuestión que, obviamente, queda a su criterio. Felicito a los autores de la moción, que leí con atención, pero me parece que tiene dos deficiencias. El diputado Pablo Lorenzini mencionó una que se la comenté apenas terminé de revisar el proyecto de ley. ¿Qué pasa después de que una persona se estaciona durante las dos horas gratuitas en los centros comerciales? El cobro por minuto podría ser de 500 pesos, de mil pesos o de 2 mil pesos, porque no se fija un máximo. Es decir, esto también podría prestarse a abuso, por lo que considero que tendríamos que revisarlo. Además, se podría alegar inadmisibilidad, porque tiene que ver con regulación de precios; pero, reitero, considero que es un tema importante de revisar, con el objeto de resguardar el espíritu del proyecto de ley. En segundo lugar, no figuran en el proyecto las sanciones o las multas. En 2012 se estableció que no se podía cobrar por estacionarse en los centros comerciales durante la primera media hora; sin embargo, siguieron cobrando por el uso de los estacionamientos y pusieron carteles que decían que esas empresas no eran responsables por los robos, pérdidas o daños en los automóviles, cuestión que es totalmente ilegal. No obstante, no hubo ninguna sanción ni multa. Por lo tanto, para cumplir con el objeto del proyecto de ley y para evitar lo que ya sucedió, la iniciativa debe considerar multas importantes, de acuerdo con las utilidades que generan los cobros por estacionar en los centros comerciales. De más está decir que no corresponde el cobro por ocupar los estacionamientos de los hospitales y de las clínicas cuando las personas recurren a esos establecimientos para obtener atención de salud, ya que la Ley General de Urbanismo y Construcciones obliga a toda la infraestructura de servicios, incluso a las viviendas y edificios, a contar con un número mínimo de estacionamientos para evitar externalidades negativas a los usuarios. Señor Presidente, también se argumentó que el proyecto produce un desincentivo para el uso del transporte público, con el objeto de trabar la tramitación del proyecto o rechazarlo. Me parece que es un argumento cuestionable, porque si establecemos que no se debe cobrar por estacionar en los centros comerciales, no implicará que una mayor cantidad de gente usará sus vehículos, porque eso tiene un límite, además de que los estacionamientos ya están llenos. Por otro lado, la tarea de incentivar el uso del transporte público tiene que ver con otras medidas y otras políticas, como mejorar el Metro y las conexiones, revisar el sistema del Transantiago, incentivar el uso de la bicicleta, mejorar la infraestructura pública para facilitar el uso del transporte público; o sea, se trata de adoptar medidas complementarias. Además, como dije, el desincentivo para el uso del automóvil se produce con el pago del permiso de circulación, de las patentes, de los impuestos por compra de autos, del uso de las autopistas urbanas mediante el TAG. Para terminar, creo que el proyecto es un gran paso, necesario para detener un abuso que ha soportado la ciudadanía durante los últimos años, pero debemos revisarlo y mejorarlo; en ningún caso votarlo al tacho de la basura, porque aquí debemos poner, de una vez por todas, los derechos de los consumidores en el centro de la atención, por sobre la propiedad privada de los grandes grupos empresariales. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, el proyecto de ley busca dos o tres objetivos que, a mi juicio, es importante discutir. Asimismo, desde el punto de vista de la técnica legislativa y de las disposiciones del proyecto de ley, hay algunos elementos que tenemos que comentar y mejorar. Incluso, algunas cosas se abordan muy mal en la iniciativa. Me voy a explicar. No quiero pronunciarme respecto de los establecimientos en los malls, porque es un tema de mercado, el cual se regula por sus propias leyes. En consecuencia, los malls tendrán que ajustar sus precios como lo estimen conveniente para cumplir con la ley. Evidentemente, me parecen desmedidas algunas situaciones adoptadas en relación con la permanencia de automóviles en los estacionamientos de los centros comerciales. Hay temas que me hacen sentido, por el ejemplo el hecho de que siempre el mercado apunta a que alguien pague y a que nada es gratuito en ningún aspecto. Ni la educación es gratuita. Estamos esperando que el Estado financie la educación pública gratuita, pero alguien, en definitiva, la financia y no es gratis. Respecto del mercado de los malls tengo la impresión de que se regulará. El diputado Bellolio dijo que terminará pagando el consumidor. Como dije antes, siempre hay alguien que paga. Me preocupan los otros tres artículos del proyecto, dos de los cuales han sido poco debatidos. Uno, obliga a los prestadores institucionales con servicios de urgencia, por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud, a no realizar cobro alguno por el servicio de estacionamiento durante el tiempo que dure la atención de urgencia hasta por un cupo por paciente. Entiendo que el objetivo es que donde hay un servicio de urgencia, hospital público o clínica privada, si alguien llega de urgencia en auto no le cobren por estacionarse, lo que es racional en términos éticos. Una persona que llega a una clínica en vehículo a dejar a un paciente en urgencia debe estacionarse y no es lógico que se le cobre. El problema que se presenta, señor Presidente, es que hay que buscar una redacción adecuada al artículo porque esto de que se permita un cupo por paciente es absurdo. Respecto de lo anterior, el 13 de marzo de 2014, se atendió en el Hospital San Juan de Dios y en la Posta 3 a 162 pacientes en urgencia, es decir, ¿vamos a necesitar 162 estacionamientos? En Copiapó, a 229 pacientes, pero el estacionamiento de dicho recinto es bastante pequeño. ¿Se tendrían que construir 229 estacionamientos? En el Hospital Guillermo Grant Benavente se atendió a 420 pacientes en urgencia ese mismo día. Por eso, no tiene sentido cómo está redactado el artículo. Lo que busca es razonable, pero la forma en que lo persigue es poco racional. Los hospitales públicos no tienen ni podrán tener esa capacidad de estacionamiento para las urgencias, más cuando en urgencia a veces una persona debe esperar más de 12 horas para que la atiendan y hay hospitales públicos en Santiago, en el recinto central, en que van a tener que esperar todo el día. Por lo mismo, ¿va a tener ese hospital que tener estacionamientos durante todo el día para esa persona? Eso es poco razonable. Otro artículo, el 15 quáter, plantea que los hospitales públicos concesionados que entreguen estacionamiento, deberán realizarlo de forma gratuita por el tiempo efectivo en que el funcionario esté prestando sus servicios. Los hospitales públicos tienen estacionamiento para sus funcionarios, pero si se obliga a los hospitales públicos a tener estacionamientos para los funcionarios entramos en un conflicto porque solo en el Hospital Guillermo Grant Benavente hay 600 médicos. Entonces, si un enfermero o un auxiliar van en su auto, ¿por qué no van a tener estacionamiento también? ¿Sabe cuál es el número de funcionarios que tiene el Hospital Guillermo Grant Benavente? Cerca de 2 mil. ¿Hay necesidad de 2 mil estacionamientos para los funcionarios? Por ende, la norma que persigue ser racional no se justifica con la redacción que tiene. Está mal hecha. Por lo mismo, estoy de acuerdo con algunos diputados que dijeron que al respecto se está legislando en forma apresurada, sin una racionalidad completa. Redactemos bien la norma. El artículo 15 quinquies se refiere al cobro del servicio de estacionamiento en parquímetros establecidos en la vía pública. Ello es justo porque si una persona se estaciona por 5 minutos, como lo hizo el diputado Lorenzini, tendrán que cobrarle los 5 minutos y si se estaciona durante 20, le cobrarán los 20 o lo que sea necesario. Cada cual sabrá cuánto tiempo está estacionado y cuánto va a pagar. Eso es claro, racional y todos estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, los municipios son los grandes proveedores de servicio de estacionamiento en casi todas las regiones y en todo el país y ellos y, por lo tanto, van a tener que regular esto. Este servicio lo hace a través de distintos proveedores. Entonces tiene contratos. Por lo mismo, debemos dejar claramente establecido en la ley cuándo comienza a regir esto porque el contrato que tiene el municipio deberá cumplirlo, pero resulta que el contrato, por ejemplo, en Vallenar es por tres o cuatro años y restan como dos años para que se le dé término. ¿Qué hacemos? ¿Esto regirá a partir del término de los contratos? Eso me parece razonable porque si lo hacemos de inmediato empezaremos a tener una cantidad importante de renegociaciones o de demandas a nuestros municipios, los que son parte del Estado. Ello es poco razonable y por eso hay que precisar bien qué haremos. Por otro lado, este asunto afectará desde el punto de vista económico. El costo por minuto va a subir. Si antes el diputado Lorenzini por la primera media hora en ese estacionamiento al que fue le cobraban 4 mil pesos, por minuto le cobrarán bastante menos, pero el promedio de horas en ese estacionamiento va a subir. Hay que buscar, por lo mismo, una fórmula económica que permita una base para que los municipios tengan sus costos fijos regulados; contemplar cuál es el criterio económico y pensar que este proyecto de ley es de mercado y no de otro tipo ya que afecta a los que tienen auto y estos son los que tienen más ingresos. Este proyecto no se relaciona con la locomoción pública, sino con los usuarios de automóvil. En nuestro país tenemos muchos automóviles porque la sociedad ha crecido, pero hay que regularlo bien. Señor Presidente, en los artículos que dicen relación con los prestadores de salud presentaré indicaciones. No podemos obligar a los hospitales públicos a entregar estacionamiento a todos sus funcionarios. Creo en la igualdad y en que se debe buscar una alternativa razonable. No sé qué hospitales públicos cobran estacionamiento a sus funcionarios. No conozco a ninguno. Se habla de los hospitales concesionados y no sé si estos piensan cobrar estacionamiento a sus funcionarios. Lo preguntaré en estos días porque me llama la atención. Por último, señor Presidente, hay gente a la que debemos escuchar. Planteé y se acordó invitar al presidente de la Asociación de Municipios para que exponga acerca del tema que compete a la gran mayoría de los establecimientos. En la Región de Atacama, el mall llegó hace muy poco tiempo. Cobra por estacionamiento desde el primer día. Me parece razonable que se haga solo por minuto o por el tiempo en que la persona estará estacionada. Debiera contemplarse que se cobre en el mall solo por minuto y debiera ser parte de la política de ellos disponer de un tiempo gratuito para sus clientes. Hay que legislar bien y, en ese sentido, espero que las indicaciones sean discutidas en forma adecuada. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Joaquín Lavín. El señor LAVÍN.- Señor Presidente, tuvimos la oportunidad de hacer un buen proyecto que regule el cobro de estacionamientos. Es más, voté en general a favor en la Comisión de Economía, ya que el espíritu de este proyecto era resguardar que se cobrara lo justo, por el tiempo efectivo de uso de estacionamiento; que se cobrara por minuto y no por tramos o franjas. Lamentablemente, el populismo fue más fuerte y lo que pudo ser un buen proyecto se transformó en uno discriminatorio y claramente inconstitucional. Por eso me extraña el apoyo que ha dado el Ejecutivo a este proyecto y, en especial, la postura del señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones, que en enero, cuando visitó la Comisión de Economía, señaló que no estaba de acuerdo con la gratuidad de dos horas a todo evento y señaló que el ministerio buscaba impulsar proyectos que desincentiven el uso del automóvil, lo que resulta totalmente contrario a lo propone este proyecto. Lo que sí es positivo, y fue una indicación que redactamos junto a otros parlamentarios de la comisión, es que no se pueda cobrar estacionamiento a los usuarios de los servicios de urgencia, pues es de toda lógica y humanidad. En el distrito que represento, junto al diputado Pepe Auth, tenemos el caso del Hospital El Carmen, que atiende a los vecinos de Cerrillos y Maipú. Es un hospital concesionado y cobra 550 pesos por cada media hora de estacionamiento. Los vecinos que allí concurren y que se atienden en los servicios de urgencia tienen que esperar 4, 6, y hasta 10 horas para que los atiendan y, más encima, a la salida deben pagar por haber usado el estacionamiento durante todo ese tiempo. De manera que valoro la indicación, pues se orienta a impedir que los servicios de urgencia cobren por el uso de sus estacionamientos. Por su intermedio, señor Presidente, quiero aclarar al diputado Robles, dado que puede haber un problema de interpretación, que en el proyecto no se exige a los hospitales que tengan un estacionamiento por cada paciente; lo que dispone es que no podrán cobrar por el uso de sus estacionamientos a quienes deban atenderse en los servicios de urgencia. Por otro lado, cabe hacer presente que la gratuidad es una ilusión. En el caso de los hospitales concesionados, el costo lo tendrá que pagar el Estado. Pero en el caso de los malls, ¿quién tendrá que pagar por las dos horas de gratuidad en el estacionamiento? La lógica económica indica que las terminaremos pagando todos, pues el mall trasladará esta pérdida al valor de arriendo de locales, y los locatarios, a su vez, traspasarán este aumento de sus costos al precio de los productos. En consecuencia, finalmente, terminaremos pagando los consumidores; no solo quienes van en auto a los centros comerciales, sino también quienes concurren a ellos a pie. Por último, me alegro de que el proyecto vuelva a la comisión, porque todavía contiene muchas disposiciones que debemos arreglar. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fuad Chahin. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, en 2012, el director del Servicio Nacional del Consumidor, que no tenía una mentalidad comunista o un pensamiento planificado, como se acusaba acá, y que no pertenecía a un gobierno que la derecha podría calificar como populista, sino que era el director del Sernac del gobierno de Sebastián Piñera, anunció a los cuatro vientos que había llegado a la conclusión de que los estacionamientos de los malls, de los centros comerciales cerrados, de los strip centers y similares debían ser totalmente gratuitos y no solo por dos horas. ¿Qué ocurrió entonces? Lo mismo que con la tramitación de este proyecto, que en un principio fue aprobado, en general, casi por la unanimidad de los parlamentarios de la Comisión. Producto del lobby de los centros comerciales y de las empresas, en 2012 se llamó a una mesa de diálogo, sin participación de los consumidores, en la que se olvidaron de la gratuidad total y dijeron: “Se establecerá media hora gratis como autorregulación.” Fue una decisión que tampoco cumplieron. Por eso, hoy no me extraña que, a pesar de que hayamos estado tramitando este proyecto desde el año pasado y de que haya sido aprobado, en general, casi por la unanimidad de los diputados en la comisión, tengamos que suspender nuevamente su votación, porque se presentan más indicaciones y porque se nos acusa de ser populistas y de elaborar un proyecto inconstitucional, como si la propiedad privada fuera absoluta y no resistiera ningún tipo de regulación. La Asociación de Malls y los centros comerciales han tenido a notables abogados en algunos parlamentarios de este Hemiciclo. ¡Nuevamente el lobby! Existen argumentos jurídicos. Tengo en mis manos el mismo informe que pidió el exdirector del Sernac, señor Juan Antonio Peribonio, hecho por el arquitecto señor Guillermo Condemarín, quien con sus estudios de arquitectura y basado en un informe jurídico, llegó a un conjunto de conclusiones. La primera es que para la obtención del permiso de edificación se requiere cumplir con las normas urbanísticas, dentro de las cuales está la exigencia de habilitar estacionamientos. Así lo define el inciso quinto del artículo Nº 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La actividad económica destinada a estacionamientos se entiende como aquella que no se vincula con la dotación de estacionamientos con que deben cumplir los edificios de acuerdo a lo que fije el instrumento de planificación territorial. Así lo aclaró el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, expresada en la circular Nº 0494, de fecha 21 de julio de 2010, DDU-Especifica Nº 24/2010, basada en el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. De la misma manera, la actividad económica destinada a estacionamientos ha sido definida por la Contraloría General de la República con anterioridad a la aclaración hecha por el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En sus dictámenes Nº 49.806, de 6 de noviembre de 2003, y Nº 15.594, de 26 de marzo de 2009, el órgano contralor expresa: “... no existe inconveniente jurídico para cobrar una tarifa a las personas que usen los estacionamientos sin acreditar compras en el local comercial donde se emplazan los mismos...”. Sin embargo, estos dictámenes no consideran la excepcionalidad de los centros comerciales abiertos o cerrados, cual es que en ellos no se desarrollan solo actividades comerciales de compraventa de mercancías, sino también actividades de servicios como bancos, notarías, correos, cajas de pago de sueldos, bibliotecas, centros de salud, establecimientos educacionales, etcétera. En consecuencia, uno no va a un centro comercial cerrado o a un mall solo a comprar. Si fuera así, sería muy fácil exigir, como lo habíamos propuesto en un principio, un comprobante por un monto mínimo de compra. Las personas también van al banco, al establecimiento educacional, al centro de salud o a la notaría que se ubica en el mall. Por lo demás, fueron los propios dueños de los centros comerciales quienes nos dijeron que el exigir un comprobante de compra o de contratación de un servicio sería extremadamente engorroso. Por tanto, ¿qué se hizo en el proyecto? No establecer la gratuidad total, porque entendíamos que en esa situación efectivamente podrían producirse problemas de abuso, ya que cualquiera podría utilizar el estacionamiento para ir a trabajar, volver en la tarde y sacar su vehículo sin que tuviera que hacer algún tipo de compra de un bien o contratar servicios en el centro comercial. En cambio, se estableció la gratuidad de dos horas, pues de esa forma se presume que la persona que se estaciona en el mall va a consumir, a comprar o a realizar algún trámite en ese lugar. De esa forma se evita el argumento que plantearon hace dos semanas los representantes de los centros comerciales respecto de lo engorroso que sería la exigencia del comprobante. Sin embargo, hoy, porque presumimos que durante dos horas la persona va al mall porque necesita concurrir a ese centro comercial, por lo cual el estacionamiento es una carga u obligación -de lo contrario, no se podría realizar la actividad principal- y, por ende, es un servicio anexo, entonces, nos dicen que este proyecto es expropiatorio. Pero cuando lo propuso el gobierno anterior no lo era. Y lo propuso con argumentos jurídicos, no solo basados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En efecto, los propios dueños de los centros comerciales reconocen que el estacionamiento es un servicio anexo. Tengo en mi poder la circular Nº 10, de 10 de febrero de 2006, sobre norma de aplicación de ajuste al avalúo de terreno a casos particulares de bienes raíces no agrícolas. Las contribuciones de los estacionamientos tienen un 75 por ciento de descuento, porque los dueños de los centros comerciales entienden que es una carga que les exige la ley para poder tener el centro comercial principal. En otras palabras, pagan menos contribuciones argumentando que habilitar estacionamientos es una exigencia que no es parte de su actividad económica y que deben hacerlo para poder cumplir con las normativas de urbanismo para realizar su actividad principal. Por lo tanto, constituyen una carga para los efectos de obtener la autorización de la construcción del edificio y para pagar menos contribuciones, pero son una actividad principal cuando la queremos regular para que no se transforme en un negocio lucrativo, que provoca que los consumidores se vean enfrentados a cobros realmente abusivos. Por ello, me parece incomprensible el argumento. Solo se explica por la misma razón por la que le torcieron la mano al señor Peribonio hace tres años y por la que hoy pretenden torcer la voluntad del Congreso Nacional: la defensa de los intereses de quienes quieren influir para defender ese negocio. Si realmente lo entendiéramos como un servicio anexo como corresponde en virtud de la ley, y no como la definición que quieren hacer algunos parlamentarios, entonces, ¿por qué están tan preocupados? ¿Por qué esta norma podría ser expropiatoria si se trata simplemente de un servicio complementario de su actividad principal? Me parece que llegó el momento de definirse: o estamos del lado de los que abusan o del de los consumidores. Esa definición no se puede seguir postergando. La próxima semana, con nuestro voto, tendremos que dar cuenta al país respecto de con quiénes estamos. Sobran los argumentos jurídicos para sostener que este proyecto de ley no es inconstitucional, y que estamos ante servicios anexos. Lo hemos sostenido basándonos en los mismos estudios que tenía el gobierno anterior. Le sorprende al diputado Felipe Kast que la Democracia Cristiana promueva este proyecto, pero no le sorprende que el gobierno del que fue ministro propusiera no dos horas de gratuidad de los estacionamientos, sino la gratuidad total, hasta que se enfrentó nuevamente al lobby de la Cámara Chilena de Centros Comerciales. ¡Cómo no va a ser justo -a eso nadie se ha referido- que las personas que van a atenderse a un servicio de urgencia tengan gratuidad en el servicio de estacionamiento mientras dure la atención! ¿Nos van a decir que eso es expropiatorio? ¿Nos van a decir que una persona que tiene que ir en auto a atenderse de urgencia porque está enfermo o padece una enfermedad grave que requiere dicha atención y esta demora tres, cuatro, cinco, seis, diez horas, debe preocuparse además de cuánto deberá pagar por el estacionamiento? ¿Me van a decir que el derecho de propiedad también está por sobre el derecho a la vida y a la integridad física de la persona? Esa es la visión ideológica de una parte de nuestra sociedad, expresada también en una parte de este Parlamento. Por ello es bueno que se expresen con el voto, a fin de que los ciudadanos puedan definir quién está de un lado y quién está del otro. ¿O nos van a decir que no corresponde el pago por fraccionamiento? ¿Por qué no han alzado la voz para decir que no corresponde y que también, de alguna se manera, vulnera el derecho de propiedad el que se cobre por tramos? Con ese sistema se cobra por un servicio que no se presta. Se le genera un empobrecimiento injusto al consumidor cuando debe pagar minutos de estacionamiento que no utilizó y, a contrario sensu, se le genera un enriquecimiento sin causa al proveedor del servicio, porque cobra por un servicio que no prestó, y porque probablemente le cobrará a otro automovilista esos mismos minutos que ya fueron pagados. Por lo tanto, definamos de una buena vez quiénes están por los que abusan y quiénes estamos por los consumidores. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. El señor SOTO.- Señor Presidente, como en tantos otros casos, la falta de regulación en el mercado de los estacionamientos en centros privados y públicos ha decantado en numerosas situaciones de abusos hacia los usuarios y en espacios para que el empresario obtenga un provecho económico ilegítimo. Tales abusos se cometen particularmente en los centros comerciales, los grandes supermercados o los terminales, a cuyos propietarios la Ley General de Urbanismo y Construcciones obliga a proporcionar estacionamientos para todos sus clientes. Sin embargo, ellos los reservan solo para los que pagan una tarifa. También se cometen abusos en los estacionamientos de los servicios públicos y en los ubicados en la vía pública, entregados por los municipios para la administración de privados. Recordado es el caso del Hospital El Carmen, de Maipú, donde en 2014 los usuarios que acompañaban a sus hijos al servicio de urgencia médica se manifestaron en protesta por los cobros excesivos de que fueron objeto al estacionar sus vehículos en dicho recinto, los que podían alcanzar hasta los 8.000 pesos diarios. En San Bernardo y en muchas otras comunas se permite al concesionario municipal del servicio de estacionamiento en la vía pública cobrarle la tarifa de 20 o 30 minutos al conductor que estaciona su vehículo solo por dos minutos. Es decir, se le permite redondear la tarifa al alza. El cobro reiterado de esa tarifa a diferentes usuarios que se estacionan por breve tiempo les permite obtener un enriquecimiento indebido. Igualmente, es abusivo que los centros comerciales cobren dos veces el uso de los estacionamientos, ya que se cobra el arrendamiento mensual a cada locatario, y, posteriormente, los administradores vuelven a cobrar por los mismos estacionamientos a los clientes del centro comercial. El proyecto que hoy discutimos es una respuesta clara y contundente a este mercado que presenta gran cantidad de abusos que afectan a miles de ciudadanos y que pide a gritos ser regulado. En términos concretos, la iniciativa define tres grandes medidas: En primer lugar, entrega claridad en los criterios que deberán seguir las empresas como clínicas u hospitales, centros comerciales, supermercados y otros similares que han decidido cobrar por los estacionamientos, lo que podrán hacer solo bajo ciertas condiciones: una, la gratuidad, sin condiciones, para las primeras dos horas de uso de dichos estacionamientos; y dos, una vez pasadas esas dos horas, el cobro solo podrá ser hecho por minuto de uso; no podrá ser hecho por rangos o tramos de tiempo, y no se podrá redondear la tarifa al alza, como lo hacen todo el tiempo. En segundo término, establece que en los servicios de urgencia no se podrán realizar cobros por estacionamiento durante el tiempo que dure la atención de urgencia, lo cual impedirá a las empresas obtener un provecho económico del estado de necesidad de esa clase de pacientes, que pueden no tener ni el tiempo ni los recursos para buscar un estacionamiento alternativo. Por último, dispone que el cobro de parquímetros se hará por minuto, por el tiempo efectivamente usado por el automovilista, y no se utilizará el famoso “redondeo”, que no es más que una práctica arbitraria, injusta y abusiva. Se acabarán por fin los veinte minutos de cobro mínimo. Como se puede apreciar, este proyecto es parte de una agenda potente antiabusos, y se hace cargo de la necesidad de regular y de precisar el marco de derechos y obligaciones en los cobros del servicio de estacionamiento para los usuarios y también para las empresas. Aquí todos ganamos. Pero la discusión nos muestra algo más de fondo. Como dijo un expresidente, el mercado puede ser cruel y salvaje. Por tanto, para que funcione correctamente, debe estar fuertemente regulado. La experiencia en este caso nos demuestra día a día que si dejamos el mercado a la suerte de la “mano invisible”, esa mano permitirá que ganen solo unos pocos y no buscará jamás el interés general. He dicho. El señor CARMONA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, en esta Sala uno puede conversar con todos y cada uno de los colegas presentes y tratar este asunto que tanto nos interesa: los estacionamientos en los malls. He conversado con todos los colegas que han hablado en contra del proyecto, y todos, sin ninguna excepción, están con el consumidor. Pero están en contra de los abusadores. Lo que sucede -pongámonos de acuerdo- es que hay personas que trabajan o que viven al lado de los malls y que estacionan en esos centros comerciales sus vehículos durante todo el día. Me voy a referir al mall que conozco, el de Temuco. A veces está vacío, pero en su interior no hay dónde estacionarse, porque toda la gente que trabaja en las oficinas de los alrededores se estaciona en él. Entonces, busquemos un sistema que compense las dos cosas y no digamos que es algo abusivo. Cuando les pregunto a las personas que trabajan en ese mall por qué tienen tantos estacionamientos, la respuesta es clara. Dicen: “Porque sin estacionamiento no hay mall. No se puede trabajar, porque la gente no tendría dónde estacionarse.”. Entonces, si todos coincidimos en esto, lo más lógico es que busquemos una solución que realmente vaya contra los abusadores, que no permiten que los verdaderos consumidores entren al mall, hagan sus compras y reciban un servicio expedito. Tenemos que ponernos de acuerdo en el punto. ¿Cómo lo hacemos? Un señor que estaciona su vehículo en el mall de Temuco -no sé a qué hora abre ese centro comercial- a las ocho o nueve de la mañana y lo retira a las seis o siete de la tarde, claramente no es un consumidor, sino una persona que está abusando de ese estacionamiento, que es absolutamente gratuito. Traslademos esa situación a Santiago. Indudablemente, allí se cobra el estacionamiento. Quiero pedirles a los colegas que tanto se han indignado con este tema -en mi bancada hay varios médicos- que vayan a las clínicas más importantes de Santiago y vean cuánto les cobrarán por estacionarse. Pero, ¡ojo! Cuando uno muestra una boleta que acredita que se atendió como paciente o que se estaba haciendo algún examen, le levantan la barrera del estacionamiento para que salga. Eso lo hacen las clínicas. En consecuencia, por qué no buscar un sistema parecido para solucionar el problema que actualmente tenemos en los mall. Eso es estar a favor del consumidor y no de los abusadores. Para mí los abusadores son los que ocupan los estacionamientos de los mall sin ser clientes de esos centros comerciales. Es la misma pregunta que nos hacemos respecto de las calles residenciales de Santiago o de cualquier otra ciudad. En el 99 por ciento de ellas no es posible estacionarse. ¿Por qué? Porque en las casas hay letreros que dicen: “Garaje”. Y eso compromete el sitio del garaje más el de la vereda. En consecuencia, uno podría reclamar que la vereda y la calle son espacios públicos y que no tiene por qué haber un letrero que resguarde el vehículo que está dentro del garaje. Por lo tanto, no estamos discutiendo el fondo del problema. Todos estamos a favor de terminar con los abusadores. Definamos quiénes son los abusadores: los que se aprovechan de la gratuidad del estacionamiento de un centro comercial. Si los consumidores concurren al mall, démosles garantías. Cuando se construye un restaurante u otro local que ofrece productos o servicios, se establece la obligatoriedad de que estos cuenten con un número determinado de estacionamientos para clientes. En este caso, se puede hacer lo mismo. No se trata de irse a favor de uno y en contra de otros, sino de buscar la justa medida, para que los estacionamientos cumplan la función para la que fueron concebidos. Según el diputado Lorenzini, hay -como se diría en el lenguaje de la gente que ha trabajado en televisión, como algunos actores que hoy son diputados- “publicidad engañosa”. El diputado mostró un boleto que indica que le cobraron 4.000 pesos por haberse estacionado cinco minutos; pero lo que él no dice es que ese boleto dura dos o tres horas, o el tiempo que sea. Claro, quienes cobran parten de una base. Por eso, me inclino por lo que han dicho todos los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra: debe establecerse un cobro por minuto, de modo que se pague el precio exacto. De esa forma nos ahorraríamos todos los problemas de los que estamos hablando. Si utilizo un estacionamiento por dos horas, tal vez tendré que pagar 500 pesos -por dar una cifra cualquiera-; si permanezco diez horas, tendré que pagar 5.000 pesos; pero si me estaciono un minuto, a lo mejor deberé pagar 100 pesos, para partir de un cobro mínimo. También, se puede producir otra situación. Si se establece la gratuidad hasta por dos horas, diez o quince personas que trabajan en alguna oficina le pueden pagar a un señor para que cada dos horas les saque los autos del estacionamiento y luego vuelva a estacionarlos en el mismo lugar. El negocio del chileno es fantástico. Algunos pagan para que otros hagan la cola por ellos en los servicios públicos. Un viejo está parado en la fila desde las tres de la madrugada, y llega otro a la hora en que comienza a atender el servicio y le dice: “Gracias, compadre, aquí tiene sus diez lucas.”, luego de lo cual se ubica en la fila. En Chile tenemos una solución para todo. Por eso, mi modesta opinión es que debe pagarse por el tiempo de estacionamiento realmente ocupado, tal como se estableció en el caso del cobro de las tarifas de los teléfonos celulares, proyecto de ley sobre el que tuvimos una larga discusión, porque, por ejemplo, había planes de 500 minutos, en el que si una persona ocupaba 300 minutos, perdía los restantes 200. Hoy, esos minutos se pueden reutilizar. Creo que es prudente y positivo que esta iniciativa vuelva a la comisión técnica con el objeto de que se busque la medida justa, no a favor de unos ni de otros. La Cámara de Diputados no se puede abanderizar con nadie; debe buscar la justicia para todos, para los consumidores de los mall, para los dueños de los centros comerciales y para todos los que han hecho inversiones. En consecuencia, modestamente, sugiero que se establezca la proposición señalada por casi todos los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, es decir, que a las personas que utilizan los estacionamientos de los mall se les cobre por minuto efectivo. Si la iniciativa vuelve a la Sala en esos términos, indudablemente la votaré a favor. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pedro Browne. El señor BROWNE.- Señor Presidente, si bien el proyecto apunta en la dirección correcta, debemos regular la forma en que se cobrará por el uso de estacionamientos en los lugares que indica. Me parece que no corresponde la práctica de cobrar por medias horas, por horas o por fracciones grandes de minutos. El objetivo del proyecto es que se cobre lo justo, por el tiempo exacto de estacionamiento, aspecto sobre el cual no hay discusión en esta Sala. Probablemente, esta disposición será apoyada por todos. Respecto de la situación de los centros comerciales que hoy cobran por sus estacionamientos, la discusión que debemos tener dice relación con la forma en que estos se generan, porque hay una parte importante de ellos cuya construcción es obligatoria por ley para el desarrollo del proyecto respectivo. Me parece que en el caso de los estacionamientos cuya construcción está mandatada por ley no debe existir cobro, pero como es sumamente difícil diferenciar cuáles son los estacionamientos por los que no se debe cobrar y aquellos que son adicionales, con los cuales el centro comercial o el establecimiento está haciendo un negocio anexo, lo más sano es establecer la fórmula que disponga un tiempo de estacionamiento libre, gratuito, pero que de allí en adelante exista un cobro. La duración del tiempo de gratuidad la podemos discutir, en cuanto a si dos horas es demasiado, o si debiera ser de una hora u otro período de tiempo. Reitero que es un aspecto debatible; pero lo que es claro, desde mi punto de vista, es que en el caso de los estacionamientos cuya construcción se llevó a cabo debido a la obligatoriedad legal dispuesta para un establecimiento comercial para ejercer su actividad, estos no debieran ser objeto de un negocio anexo. De lo contrario, podríamos llegar al absurdo de que en un edificio de departamentos los estacionamientos de visitas fueran pagados, con lo cual no se cumpliría con el propósito por el que fueron concebidos, cual es que la gente no se estacione en la vía pública, sino en el propio recinto del edificio, para evitar congestiones en las calles colindantes. Si en ese caso se estableciera un cobro, las visitas evidentemente optarían por estacionar sus vehículos en la vía pública, situación que provocaría un problema anexo a la ciudad. Es importante regular esa situación. De esa forma se resolverá el problema de quienes abusan y dejan sus vehículos estacionados todo el día en un centro comercial mientras realizan otras actividades o se encuentran en sus oficinas cercanas. Si a partir de un minuto se cobra por estacionar, se generará un desincentivo para cometer ese tipo de abuso. Por otra parte, no debiéramos preocuparnos, como algunos aquí lo han manifestado, de que los centros comerciales obtengan grandes utilidades por ese cobro. Para mí eso no representa un problema, porque si una empresa tiene grandes utilidades el Estado recaudará grandes impuestos, con lo cual se produce un círculo virtuoso. Si hay utilidades, hay impuestos; si queremos restringirlas, el Estado recaudará menos. En consecuencia, si bien este proyecto está bien intencionado, debe volver a la Comisión de Economía, a fin de determinar cuál es el tiempo en el que corresponde que el estacionamiento sea gratuito. La idea es compensar los estacionamientos que la ley exige a los establecimientos comerciales para funcionar, y que el desarrollador, el empresario o el centro comercial no lleven a cabo un negocio anexo. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, con tantas proposiciones que se han señalado se ha desordenado un tanto mi idea sobre este proyecto. Considero que la iniciativa en discusión es muy loable, a pesar de las opiniones distintas que se han planteado, las que tolero, porque así es la democracia. Pero lo que no acepto es que se trate de poco serios a quienes discrepan de la opinión de otros; eso no es propio de la estatura de un legislador. Lo digo para bien de todos, de manera que espero que no se tome a mal lo que digo. Pero insisto en que aquí se ha producido un trato desproporcionado entre algunos colegas. El proyecto apunta a favorecer a los consumidores -de eso no hay duda-, a aquellos que acuden a realizar sus compras y trámites a centros comerciales, supermercados y clínicas, todo en concordancia con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece la obligatoriedad de construcción de estacionamientos para ese tipo de establecimientos, a fin de evitar que las personas que concurren a ellos colapsen los espacios públicos colindantes con sus vehículos. Pido que no se me interprete mal, pero debo señalar que me parecía mejor la redacción original del proyecto, que establecía la gratuidad por la primera media hora y hasta por las dos horas continuas en aquellos casos en que el consumidor demostrara efectivo consumo en el establecimiento respectivo, y que luego de ese tiempo se debía realizar el cobro por cada minuto de permanencia en el estacionamiento. La redacción actual, que permite la gratuidad durante las primeras dos horas sin comprobante de consumo, se puede prestar para abusos por parte de personas que no se dirigen a comprar a esos establecimientos, sino que dejan estacionados sus vehículos en el lugar y se dirigen a efectuar alguna actividad a otro lugar, como una manera de evitar pagar en la vía pública, en donde por lo general existen parquímetros concesionados. Ello podría provocar que los consumidores efectivos se encuentren con que no cuentan con estacionamiento en el establecimiento al que se dirigen a realizar compras o trámites, tal como sucede hoy en aquellos estacionamientos de centros comerciales en los que no se efectúa cobro de estacionamiento. Por tanto, considero que si se quiere favorecer al consumidor es mejor la redacción original del proyecto. No obstante esa observación, creo que el proyecto contiene disposiciones muy apropiadas, especialmente aquella en que se establece el cobro efectivo por minuto y no por lapsos de horas o de medias horas, lo cual es abusivo. Además, es apropiado que disponga que no deberá cobrarse por el estacionamiento en los lugares a los que se concurre por atenciones de urgencia, como las clínicas, especialmente en las de Temuco, que mencionó el diputado René Manuel García. En las clínicas de Temuco, los pacientes que se demoran dos o tres horas en los exámenes deben pagar por el estacionamiento casi lo mismo que les cuesta la consulta médica. Eso no puede seguir ocurriendo, porque a dichos centros las personas no llegan por propia voluntad, sino por verse apremiadas por una situación crítica de salud, muchas veces con riesgo vital, lo que implica largas permanencias a la espera de saber el resultado de los exámenes y de los análisis del paciente afectado. Anuncio que voy a aprobar el proyecto. Hoy debió haber sido despachado; pero la defensa de lo insostenible lo ha demorado y lo llevará a otro trámite legislativo. Un proyecto que pareció ser tan sencillo, para beneficiar a las ciudadanas y a los ciudadanos de este país, nos compromete, porque uno ve que están primero aquellos que abusan y nos llevan al consumismo. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, primero, quiero felicitar a los autores de esta moción, porque, sin duda, hoy nos estamos conectando realmente con los problemas de la ciudadanía. En más de alguna oportunidad hemos recibido quejas por los cobros abusivos que se hacen por el uso de estacionamientos, lo cual, además, nadie entiende. Conversaba con el diputado Mirosevic sobre aquellos estacionamientos en los que cobran media hora completa aunque hayan sido ocupados durante 15 minutos. En algunos casos, las máquinas automáticas para el pago de los mismos no tienen vuelto y entregan unos papelitos que dicen: “Vale otro” o “Venga de nuevo y le entregaremos un canje por 50 pesos” o por la cantidad que corresponda. Al final, las personas que van a consumir o a comprar a esos centros comerciales se ven obligadas a volver a ellos para hacer efectivo el canje. Tengo uno en mi cartera debido a que fui a comprar al supermercado Jumbo de Valparaíso. Como la máquina para pagar el estacionamiento no tenía vuelto, me entregó un boletito que dice: “Vale otro. Cuando vuelva otra vez podrá pagar con este recibo.”, el cual, por lo demás, tiene fecha de vencimiento. En consecuencia, los consumidores se ven obligados a volver al supermercado en un tiempo determinado. La Cámara de Diputados hoy está tratando de solucionar las complicaciones que tiene la ciudadanía en relación con uno de los tipos de abusos que más se cometen. No estoy de acuerdo con algunos diputados que señalan que el proyecto provocará que suban los precios de los productos y servicios que se ofrecen los centros comerciales, o que habrá dificultades para registrar de otra forma el cobro del estacionamiento. Cuando comenzaron a funcionar los malls y los supermercados -lo digo pensando en lo que planteó el diputado René Manuel García respecto de los abusos que cometen los que solo quieren estacionar en esos lugares-, uno mostraba la boleta del consumo o de la compra que se había hecho en ese mall o supermercado. Por lo tanto, ese abuso no se produce si el cliente demuestra que utilizó el estacionamiento del supermercado o del mall para consumir un producto de esos establecimientos. ¡Qué lucrativo es hoy el negocio de los estacionamientos! Por tanto, pongámonos primero de parte del consumidor y busquemos la solución a este problema. Podemos hacer un tremendo esfuerzo para mejorar este proyecto de ley, conservando absolutamente su espíritu. El diputado Fuad Chahin señaló que los centros comerciales pagan un 75 por ciento menos de contribuciones por tener estacionamientos. ¿De qué estamos hablando? ¿A quién hoy tenemos que proteger? La ciudadanía nos pide a gritos que la defendamos y la ayudemos con los proyectos de ley. Y este proyecto tiene por objeto precisamente disminuir y eliminar esos abusos. El sentimiento permanente de la ciudadanía es que debemos protegerla. ¡Esa es nuestra obligación! Tenemos que pensar en cómo nos conectamos con la ciudadanía. Una forma de hacerlo es a través de esta iniciativa, que aborda una situación de la vida cotidiana de muchas personas que hoy tienen vehículos, que son de clase media y que, al mismo tiempo, necesitan tener un respiro. Ocupar el estacionamiento de un supermercado durante una o dos horas perfectamente puede costar 1.000 o 1.500 pesos. Tenemos que dejar a un lado detalles como el de preocuparse qué cosas podrían molestarle a un determinado empresario o si subirán o no los precios. ¡Eso no es real! Si suben los precios, la gente irá a otro supermercado que no le cobre el estacionamiento. Felicito a los autores de esta moción y a quienes están tratando de que salga adelante. Concuerdo con el diputado Lorenzini en que debemos regular lo relativo a la tarifa que se cobre después de las dos horas de gratuidad del estacionamiento. De lo contrario, los centros comerciales van a hacer lo que quieran. También debemos buscar una alternativa para aquellos que quieren usar el estacionamiento en forma permanente, porque queda cerca de su lugar de trabajo. Por lo expuesto, anuncio que con el diputado Mirosevic vamos a votar favorablemente esta moción. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Claudia Nogueira. La señora NOGUEIRA (doña Claudia).- Señor Presidente, no me voy a hacer eco de las intenciones mañosas que adjudica la diputada Vallejo a los parlamentarios de mi bancada que no están de acuerdo con este proyecto. Sinceramente, no vale la pena. Son comentarios odiosos que no llevan a ninguna parte y no contribuyen a nada. En concreto, en términos generales, estoy de acuerdo con el proyecto. La legislación actual se presta para algunos abusos que es necesario corregir. Por ejemplo, si uno va a una consulta médica en una clínica y el doctor se atrasa más de lo debido, además del tiempo perdido, uno termina pagando más por el estacionamiento. También, si por diversas razones uno pierde el ticket del estacionamiento, termina pagando el día completo, aunque hubiese utilizado el estacionamiento media hora, lo que, a todas luces, es tremendamente injusto. Lo mismo ocurre con los excesos de tiempo no utilizados. Si ocupo una hora y media el estacionamiento, ¿por qué me cobran como si lo hubiese utilizado dos horas? Por otro lado, si la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone que los locales comerciales tienen la obligación de contar con estacionamientos en número suficiente para ejercer su actividad, y tenemos en cuenta que estos son parte del servicio principal de la empresa y que actúan como un factor de atracción para los clientes, ¿por qué no se puede regular de un modo más justo el cobro de estacionamientos, de manera de armonizar su utilización por parte de los consumidores y, a su vez, evitar posibles abusos? A mi juicio, este proyecto logra una medida correcta, pues permite que exista un espacio de tiempo totalmente liberado del pago de estacionamiento, luego del cual se puede cobrar por minutos efectivamente utilizados. Me parece muy prudente que en el caso de los servicios de urgencia, los estacionamientos sean totalmente liberados por el tiempo que dure la misma. Con todo, tengo algunas prevenciones relacionadas con el espacio de minutos liberados. No entiendo bien por qué son dos horas y no una o tres. ¿Cuál es el criterio en virtud del cual se establece ese espacio de tiempo? Asimismo, pareciera que el proyecto, al enumerar en primer término a los sujetos directos de las referidas regulaciones, como son las clínicas, los malls, los supermercados, y luego establecer una cláusula general al final que señala “otros similares”, abre un espacio a la conflictividad y a la incertidumbre. Habría deseado que ello se determinara de mejor forma. Por otro lado, ¿no existen otros proveedores de estacionamientos no contemplados en la norma que puedan abusar, a los cuales les sea también aplicable esta disposición? Por todo lo anterior, si bien me parece una buena iniciativa, que mejorará, sin lugar a dudas, los derechos de los consumidores y establecerá una relación más justa en el cobro del estacionamiento, se hace indispensable una mayor reflexión para perfeccionarla de mejor forma, en beneficio de todos. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente).- Cerrado el debate. El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, los diputados que estábamos inscritos para intervenir en el debate en general de este proyecto ¿podemos hacer uso de la palabra en la sesión del próximo miércoles durante la discusión en particular? El señor CORNEJO (Presidente).- Las señoras diputadas y los señores diputados que estaban inscritos para intervenir y no pudieron hacerlo, pueden insertar sus discursos en el Boletín de Sesiones, de conformidad con el artículo 85 del Reglamento, sin perjuicio de que el próximo miércoles puedan hacer uso de la palabra en la discusión en particular del proyecto. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor CORNEJO (Presidente).- Corresponde votar, en general, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de regular el cobro del servicio de parquímetros y estacionamientos en los lugares que indica. Hago presente a la Sala que el proyecto contiene normas propias de ley común. El señor MELERO.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor CORNEJO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. El señor MELERO.- Señor Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de nuestra Corporación, me inhabilito en la votación de este proyecto. El señor CORNEJO (Presidente).- Se dejará constancia de su solicitud, señor diputado. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 12 votos; hubo 4 abstenciones y 1 inhabilitación. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Fuenzalida Figueroa Gonzalo; García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Letelier Norambuena Felipe; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Ulloa Aguillón Jorge; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Verdugo Soto Germán. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Coloma Alamos Juan Antonio; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Kast Sommerhoff Felipe; Lavín León Joaquín; Macaya Danús Javier; Molina Oliva Andrea; Squella Ovalle Arturo; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Berger Fett Bernardo; Edwards Silva José Manuel; Sandoval Plaza David; Urrutia Soto Osvaldo. -Se inhabilitó el diputado señor Melero Abaroa Patricio. El señor CORNEJO (Presidente).- Por haber sido objeto de indicaciones, vuelve a la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo. Se ha fijado como plazo para presentar indicaciones el martes 17 de marzo a las 15.30 horas en la secretaría de dicha comisión. La discusión y votación del proyecto en particular se realizará el miércoles 18 de marzo, en el primer lugar de la Tabla, tal como lo acordó por unanimidad la Sala. -El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: “1) De la diputada señora Camila Vallejo y del diputado señor Pablo Lorenzini, para agregar al numeral 2) del artículo 15 bis incorporado por el artículo único del proyecto, después del punto seguido la frase: “Este cobro por minuto no podrá ser abusivo, ajustándose a las tarifas promedio de la comuna en la cual se emplacen.”. 2) De los diputados señores Ramón Barros, Jaime Bellolio y Juan Antonio Coloma, para sustituir el artículo 15 bis por el siguiente: “Artículo 15 bis.- Para el cobro del servicio de estacionamiento en clínicas u hospitales; centros comerciales; malls; strip centers; supermercados; otros similares, que formen parte del proyecto aprobado por la respectiva Dirección de Obras Municipales y parquímetros establecidos en vía pública, colindantes a bienes nacionales de uso público o concesiones de todo tipo o naturaleza, el proveedor o concesionario del servicio deberá cobrar por minuto vencido, no estándoles permitido exigir al usuario el pago por rangos o tramos de tiempo que no reflejen el uso del servicio contratado.”. 3) De los diputados señores Osvaldo Andrade, Pablo Lorenzini, Leopoldo Pérez y Jorge Rathgeb, para eliminar en el artículo 15 bis las palabras “supermercados” y “otros”. 4) De los diputados señores Osvaldo Andrade, Fuad Chahin, Pablo Lorenzini, Leopoldo Pérez, Jorge Rathgeb y Alejandro Santana, para agregar el siguiente inciso segundo al artículo 15 quater: “Los estacionamientos de los hospitales públicos, sean estos concesionados o no, y en cuyas dependencias funcionan los Centros de Diagnóstico y Tratamiento o Centros de Referencia de Salud, no podrán cobrar a los pacientes.”. 5) Del diputado señor Alberto Robles: -Para incorporar un inciso segundo, nuevo, al artículo 15 quinquies, del siguiente tenor: “Respecto de los bienes de uso público concesionados por los municipios como estacionamientos, la disposición indicada en el inciso anterior comenzará a regir solo al término de los contratos vigentes a la promulgación de esta ley.”. -Para incorporar un artículo 15 sexies, nuevo: “Artículo 15 sexies.- No podrán haber playas de estacionamientos o sitios eriazos para ser utilizados como estacionamientos en un perímetro de 10 cuadras del centro urbano de las ciudades con más de 40.000 habitantes, medido desde la plaza de armas de la respectiva ciudad.”. -o- RENUNCIA DE LA MESA DE LA CORPORACIÓN El señor CORNEJO (Presidente).- En virtud de los acuerdos de los Comités parlamentarios adoptados el martes 3 de marzo, hoy se ha presentado la renuncia de los integrantes de la Mesa de esta Corporación, la que se da por aprobada. VII. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN DICTACIÓN DE REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD El señor CORNEJO (Presidente accidental).- El señor Secretario dará lectura a su parte dispositiva del primer proyecto de resolución. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 217, de la diputada señora Cristina Girardi, del diputado señor Marco Antonio Núñez, de las diputadas señora Alejandra Sepúlveda, señorita Karol Cariola y señora Marcela Hernando; de los diputados señores Claudio Arriagada, Gabriel Boric y Vlado Mirosevic, y de las diputadas señoras Maya Fernández y Denise Pascal, en cuya parte dispositiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputados acuerda: 1.- Oficiar a su excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y a la señora ministra de Salud, con la finalidad de expresarles la necesidad de contar de la manera más expedita con un reglamento de ejecución de la ley N° 20.606, de 2012, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, que cumpla estrictamente con los estándares determinados por la norma legal de base, de manera tal que entregue información nutricional clara y fácil de percibir por la ciudadanía, requisito indispensable para asegurar un combate más efectivo en contra de distintas enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las patologías coronarias y el cáncer, que son las patologías que causan más muertes e invalidez en nuestro país. 2.- Rechazar el intento de la industria alimentaria nacional y extranjera de buscar una regulación reglamentaria laxa, que, en los hechos, suponga limitar los efectos de la Ley N° 20.606, aprobada por el Congreso Nacional. El señor CORNEJO (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la diputada Cristina Girardi por su preocupación permanente por agilizar la dictación del reglamento de la ley N° 20.606. Al respecto, es urgente que el Ejecutivo nos informe si se está elaborando dicho reglamento. Como se sabe, la ley no se puede ejecutar si no se cuenta con el reglamento. Por eso, en el primer punto del proyecto de resolución solicitamos su dictación en forma urgente. El segundo punto dice relación con una moción que presentamos hoy con el diputado Lorenzini y con un trabajo sobre los reglamentos, realizado por el Departamento de Evaluación de la Ley. La idea es no permitir que por la vía reglamentaria se altere el espíritu del proyecto aprobado por el legislador. Lo planteamos a propósito del lobby que a veces se lleva a cabo -en este caso, por parte de la industria alimentaria- para tratar de influir en la redacción del reglamento. Ojalá que se apruebe por unanimidad este proyecto de resolución para solicitar que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, dicte lo antes posible ese reglamento, el cual, esperamos, reflejará el espíritu del legislador. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres. El señor TORRES.- Señor Presidente, respaldo el planteamiento de la diputada Sepúlveda en cuanto a solicitar que el Ejecutivo agilice la dictación del reglamento de esta ley, toda vez que es fundamental para que esta tenga algún efecto práctico. En segundo lugar, tanto los retrasos como las modificaciones que, a veces, presentan los reglamentos de distintas leyes, a mi juicio ponen en entredicho las atribuciones que entrega, por la vía reglamentaria, el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. En el caso de este reglamento, hemos visto aspectos que, en mi opinión, no se condicen necesariamente con el espíritu de la ley, y que, eventualmente, podrían ir en una dirección distinta o apuntar a un objetivo diferente. Por lo tanto, aprovecho la ocasión para hacer un llamado al Congreso Nacional a fin de revisar, insisto, las atribuciones que le entrega al Ejecutivo, porque por la vía reglamentaria muchas veces se produce un segundo debate, distinto del que se ha realizado en el Congreso Nacional. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente accidental).- Para hablar en contra del proyecto de resolución, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 3 abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Chávez Velásquez Marcelo; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Espejo Yaksic Sergio; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Fuentes Castillo Iván; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lorenzini Basso Pablo; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Morano Cornejo Juan Enrique; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Santana Tirachini Alejandro; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Torres Jeldes Víctor; Vallejo Dowling Camila; Verdugo Soto Germán. -Se abstuvieron los diputados señores: Hoffmann Opazo María José; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Soto Osvaldo. ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA AUMENTAR LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL DECRETO LEY N° 3.500 PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA El señor CORNEJO (Presidente accidental).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 220. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 220, de la diputada señora Denise Pascal; de los diputados señores Daniel Melo, Leonardo Soto, Roberto Poblete, Juan Morano; de la diputada señora Maya Fernández; de los diputados señores Luis Rocafull, Christian Urízar; de la diputada señora Clemira Pacheco y del diputado señor René Manuel García, en cuya parte dispositiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República el envío de una iniciativa legislativa al Congreso Nacional, que tenga por objeto aumentar los porcentajes establecidos en el decreto ley N° 3.500 para la pensión de sobrevivencia que reciben los beneficiarios del afiliado fallecido, de manera tal que, siendo uno o más los beneficiarios, esta siempre alcance el ciento por ciento de la pensión de referencia del causante. El señor CORNEJO (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del decreto ley N° 3.500, los porcentajes de la pensión del afiliado fallecido a los que tiene derecho cada beneficiario de pensión de sobrevivencia, son considerablemente inferiores en comparación con lo que recibía ese grupo familiar antes del fallecimiento del causante de dicha pensión. Así, por ejemplo, es de 60 por ciento para el o la cónyuge; de 50 por ciento para el o la cónyuge con hijos comunes que tengan derecho a pensión; de 36 por ciento para la madre o el padre de hijos de filiación no matrimonial, reconocidos por el o la causante, y de 30 por ciento para la madre o el padre de hijos de filiación no matrimonial, reconocidos por el o la causante, con hijos comunes que tengan derecho a pensión. Cuando uno de los cónyuges muere, su familia percibe una pensión de sobrevivencia que realmente no da para vivir. Al respecto, como sabemos, a menudo las pensiones son muy bajas. Por lo tanto, solicito que el monto que reciba la beneficiaria de pensión de sobrevivencia sea del ciento por ciento de la pensión de referencia del causante. La idea es que, por ejemplo, la viuda reciba el ciento por ciento de pensión de referencia del causante, no el 60 por ciento, como ocurre hoy. En el caso de los hijos menores de 18 años, o mayores de 18 y menores de 24 años de edad, si son estudiantes solteros, actualmente cada uno recibe el 15 por ciento de esa pensión. Creo que es de total justicia que se revise esta situación. Por eso, pedimos que aumenten los porcentajes establecidos en el decreto ley N° 3.500 para la pensión de sobrevivencia que reciben los beneficiarios del afiliado fallecido, de manera que, independientemente de que se trate de uno o más beneficiarios, siempre alcance el ciento por ciento de la pensión de referencia del causante. Por ello, solicito el apoyo de la Sala al proyecto de resolución, a fin de beneficiar a muchas personas que hoy se encuentran en situación de extrema pobreza. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para hablar a favor del proyecto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para hablar en contra. Ofrezco la palabra. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor CORNEJO (Presidente accidental).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Arriagada Macaya Claudio; Auth Stewart Pepe; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores Gar- cía Iván; Fuentes Castillo Iván; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hasbún Selume Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Poblete Zapata Roberto; Rathgeb Schifferli Jorge; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sandoval Plaza David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto Ferrada Leonardo; Torres Jeldes Víctor; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Verdugo Soto Germán. ENVÍO DE PROYECTO DE LEY PARA INCLUSIÓN DE ESCUELAS ESPECIALES DENTRO DEL PAQUETE DE REFORMAS AL SISTEMA EDUCACIONAL El señor CORNEJO (Presidente accidental).- El señor Secretario dará lectura a la parte dispositiva del siguiente proyecto de resolución. El señor LANDEROS (Secretario).- Proyecto de resolución N° 221, de las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda y Maya Fernández, y de los diputados señores Iván Flores, Gaspar Rivas, Sergio Espejo, Cristián Campos y Sergio Gahona, en cuya parte resolutiva señala lo siguiente: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República que, a través del Ministerio de Educación, se incluya a las escuelas especiales dentro del paquete de reformas al sistema educacional que se ha presentado, haciéndose cargo de las particularidades y necesidades que deben enfrentar las personas con necesidades educativas especiales, para una educación de calidad. El señor CORNEJO (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, este proyecto de resolución, consensuado con varios profesores de escuelas diferenciales, tiene que ver con una visión que se relaciona más bien con el aspecto curricular y de adaptación de las metodologías del aprendizaje, y con la diferenciación con que debiéramos contar en favor de niños y niñas que tienen capacidades educativas especiales y que no cuentan con integración ni con condiciones para lograrla. Se trata de una propuesta que fuimos desarrollando durante varios meses. Aprovecho la oportunidad para agradecer de manera especial a Adriana Escobar, una de las líderes de educación especial en la Sexta Región, cuya labor ha permitido llevar esta propuesta a nivel no solo regional, sino también nacional. Hago un llamado a votar favorablemente el proyecto, a fin de que forme parte de las propuestas relacionadas con la educación pública, pero también con la educación especial en forma integrada, de manera que sea posible atender la especificidad de la atención de los niños y niñas con capacidades especiales. Por las razones expuestas, solicito a la Sala su apoyo en forma unánime al proyecto de resolución en estudio, de manera de enviar su texto al Ministerio de Educación como un aporte de nuestra Corporación al debate que pronto vamos a sostener en esta materia. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente accidental).- Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente, concuerdo con la diputada en términos de la necesidad de que exista una legislación en favor de escuelas especiales, algunas de las cuales, como las existentes en hospitales, no son muy conocidas. Como se sabe, al interior de hospitales públicos y de establecimientos de salud privados existe personal dedicado a educar a niños que, por diversas razones, deben permanecer internados por mucho tiempo, quienes tienen el mismo derecho que todos los demás menores a mantener su educación. Al respecto, es necesario destacar que las escuelas especiales que funcionan en establecimientos de salud no cuentan con el aporte necesario ni suficiente para desempeñar su función como corresponde. Por esa razón, en forma permanente deben buscar aportes de instituciones privadas, dado el elevado costo que significa mantener ese tipo de establecimientos educacionales, los que deben contar con buena calidad de educación para que los niños, una vez dados de alta, puedan reintegrarse a sus colegios en forma adecuada. Por ello, hago un llamado a votar a favor el proyecto para favorecer a las escuelas especiales que funcionan en los hospitales públicos de nuestro país. He dicho. El señor CORNEJO (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto. Ofrezco la palabra. ¿Habría acuerdo para aprobarlo por unanimidad? Aprobado. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VIII. INCIDENTES NECESIDADES DEL CUERPO DE DE BOMBEROS DE CHILLÁN (OFICIOS) El señor CORNEJO (Presidente accidental).- En Incidentes, en el primer turno, correspondiente al Comité del Partido Radical, tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente, después de lo expresado por el diputado Ulloa, me parece importante que comience a funcionar nuevamente la Comisión de Bomberos de la Cámara de Diputados. La situación que enfrenta hoy nuestro país en materia de incendios forestales, en especial en la Región del Biobío y en la provincia de Ñuble, es sumamente grave. Al respecto, el pasado 15 de enero intervine en esta Sala para dar a conocer las necesidades de los cuerpos de Bomberos de la ciudad de Chillán y de la provincia de Ñuble para enfrentarlos. Lamentablemente, el tiempo me ha dado la razón, pues la situación que se está viviendo en esa zona es realmente caótica. En efecto, por varios días se extiende un incendio en la reserva forestal de Ñuble, que ha consumido más de 1.500 hectáreas. En este momento, para su combate, en la zona se encuentran trabajando dos helicópteros y más de cien brigadistas. A ello debemos agregar que ayer en la comuna de Ránquil y en Colliguay se desató un incendio que consumió cuatro viviendas y más de cuarenta plantaciones de viñedos. Por este motivo, pido que se oficie al presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señor Miguel Reyes Núñez, con el fin de que nos informe sobre el cronograma de construcción o reposición de cuarteles para los cuerpos de Bomberos de la provincia de Ñuble, y los carros bomba que se entregarán a cuerpos de Bomberos de la provincia de Ñuble. En la cuenta que entregó el señor intendente de la Región del Biobío el pasado 27 de febrero, señaló que la Junta Nacional de Bomberos será la unidad ejecutora. Por eso, reitero mi petición de oficiar a dicha autoridad. Además, solicito que se oficie al intendente de la Región del Biobío y al presidente del consejo regional, con el fin de que nos informen qué sucede con los dos carros bomba adjudicados al cuerpo de Bomberos de Chillán, cuya entrega estaba programada para el 20 y 22 de octubre de 2014. Se trata de una inversión de 450 millones de pesos, de los cuales la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos aportará 110 millones de pesos. Pido que nos informen en qué trámite está dicho proceso y por qué, pese a que han transcurrido más de cuatro meses, aún no se entregan esos dos carros bomba, fundamentales para el buen trabajo de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Chillán. Además, creo que es muy importante que nos informen sobre los recursos para los diferentes cuerpos de Bomberos de la provincia de Ñuble. Finalmente, solicito que se envíe copia de mi intervención a todos los superintendentes de los cuerpos de Bomberos de la citada provincia. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. INFORMACIÓN SOBRE RENOVACIÓN DE CONTRATO DE FUNCIONARIOS DE SEREMI DE MINERÍA DE VALPARAÍSO (OFICIO) El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra la diputada Andrea Molina. La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, quiero solicitar varios oficios por situaciones que afectan a personas de las comunas que represento. En primer lugar, recibí información de que existirían 13 funcionarios de la Seremi de Minería de la Región de Valparaíso a los cuales no se les ha renovado contrato desde el 31 de diciembre de 2014 y, por tanto, se les adeudan los sueldos de enero y febrero. La situación se habría generado porque la Seremi funciona con dineros del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, recursos que aún no se habrían rendido. Por tanto, no se han podido generar los nuevos convenios que permitirían acceder a los recursos para pagar los honorarios. Por lo tanto, solicito que se oficie al seremi de Minería de la Región de Valparaíso, señor Alonso Retamales Campos, con el fin de que nos indique si es efectiva la situación antes descrita y señale las razones por las cuales se ha producido la demora de la rendición de esos fondos. En caso de ser efectiva la situación descrita, pido que nos indique el plazo en el que se solucionará el problema que afecta a esos trabajadores. El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. INFORMACIÓN SOBRE INICIO DE ESTUDIOS PARA CREACIÓN DE REGIÓN DE ACONCAGUA (OFICIO) La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, en noviembre de 2014, durante la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el 2015, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo se comprometió a iniciar los estudios para la creación de la Región de Aconcagua. Por tanto, solicito que se envíe un oficio al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, para que nos indique cuándo se iniciarán los estudios sobre la creación de la Región de Aconcagua. El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. ALCANCES SOBRE ESCASEZ HÍDRICA EN REGIÓN DE VALPARAÍSO (OFICIOS) La señora MOLINA (doña Andrea).- Por último, quiero referirme a una situación que afecta no solo a quienes represento, sino a toda la Región de Valparaíso. Me refiero a la sequía y a la situación del embalse Los Aromos. Desde hace seis años vengo refiriéndome a la sequía, que cada día nos golpea más fuerte. Hoy es portada de El Mercurio de Santiago, pero debió serlo hace muchos años. En la actualidad, el embalse Los Aromos se encuentra al 14 por ciento de su capacidad, es decir, al mínimo, a consecuencia de la grave sequía que azota a nuestra zona hace más de seis años. La situación es más crítica en la provincia de Petorca. El agua de ese embalse artificial es utilizada para complementar durante el verano las captaciones de Esval en el río Aconcagua. Además, es destinada al consumo humano en el Gran Valparaíso, es decir, Valparaíso, Viña del Mar y Concón, ciudades cuyos habitantes no tienen conciencia de lo que sucede al interior de la región. En efecto, cada vez que abren la llave tienen agua y no se dan cuenta del horror que viven muchas comunidades de la Quinta Región, en las que se están rematando sus predios, se está destruyendo la agricultura y sus habitantes están quedando cesantes debido a la sequía y -debo decirlo- a una muy mala gestión. Esta situación es muy preocupante. De no haber precipitaciones este año, sumado al hecho de que no se tomen medidas adicionales, probablemente habrá restricciones en el abastecimiento de agua. En la zona interior de la región se debe abastecer de agua potable durante todo el año con camiones aljibe; hay zonas que tienen agua durante algunas horas al día, lo que no sucede en las zonas turísticas de la costa. La semana pasada, el ministro de Obras Públicas firmó un nuevo decreto de escasez hídrica para cinco comunas de la región: Panquehue, San Felipe, Llay Llay, Limache y Concón. Se trata de una medida que se ha tomado durante todos los años desde que soy diputada, por lo que puedo decir con conocimiento de causa que, ante los hechos descritos, no es suficiente. Por tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga, y al director regional de Obras Hidráulicas para que nos informen respecto de los recursos y las medidas adicionales que se destinarán para enfrentar la crítica condición del embalse Los Aromos. Además, pido que nos señalen qué medidas complementarias adoptará Esval. Finalmente, solicito que nos informen sobre las proyecciones de precipitaciones que maneja el Ministerio de Obras Públicas para este año en la Región de Valparaíso y si dicha secretaría de Estado tiene contemplado activar el programa de estimulación de nubes, el cual tuvo buenos resultados cuando se aplicó, ya que por lo menos tuvimos aguas lluvia a consecuencia de los deshielos, lo que fue tremendamente relevante. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican. POLÍTICA PÚBLICA PARA MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS MAYORES (OFICIOS) El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado David Sandoval. El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, en los últimos días se ha generado un amplio debate respecto de la situación de cientos o miles de trabajadores que, una vez finalizada su vida laboral, quieren celebrar el júbilo del descanso tras una larga vida de trabajo. En efecto, muchas veces ocurre que al producirse el término de la vida laboral, ese esperado júbilo se transforma en dolor, en frustración y en desesperanza. El 90 por ciento de los jubilados y pensionados de nuestro país recibe ingresos mensuales inferiores a 150 mil pesos. En ese porcentaje está incluido todo tipo de extrabajadores: profesionales, obreros, en fin. Hace pocos días me reuní con profesores jubilados de la Región de Aysén, quienes me plantearon el drama que viven por ser pensionados, pues, a pesar de tener un monto de pensión tan bajo -como dije, el 90 por ciento de los jubilados percibe menos de 150 mil pesos mensuales-, se les impide acceder a la red de apoyo en materia de bonos y otros beneficios sociales. Ante la situación descrita, debemos dejar de lado los discursos y diseñar políticas que realmente se hagan cargo de este tema. Por tanto, solicito que, sobre el particular, se oficie a las ministras del Trabajo y de Desarrollo Social, y al ministro de Hacienda, con copia a la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Hace poco se llevó a cabo una sesión especial para analizar el endeudamiento de los adultos mayores en las cajas de compensación. Aquí estamos enfrentados a una situación mucho más grande, cual es cómo dar dignidad a trabajadores que se sacaron la mugre a lo largo de toda su vida laboral y que hoy, cuando quieren descansar, quedan en condición de pobreza. Profesores de la Región de Aysén me decían: “Don David, nosotros formamos a muchos profesionales y niños a lo largo de nuestra historia, y cuando jubilamos, pasamos de ser de clase media a vivir en condiciones de pobreza y precariedad.”. Creo que eso no es justo. Como país, tenemos la urgente necesidad de impulsar cambios sustantivos a este mecanismo. “Chile quiere a sus mayores”. Así reza este mensaje que tengo en mi mano, sobre la política de envejecimiento positivo que se impulsa. A mi juicio, la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, más conocida como “Comisión Bravo”, debe procurar acelerar su trabajo, ya que, en principio, sus resultados se entregarán recién en agosto. A través de los oficios antes señalados, deberíamos requerir el establecimiento de una política efectiva y consensuada en materia de los lineamientos mediante los cuales nos haremos cargo de los problemas de los adultos mayores y sus demandas. Asimismo, es necesario estudiar el aumento del monto de las pensiones básicas solidarias, que hoy es de 85 mil pesos; estudiar, por medio del Pilar Solidario, el mejoramiento de las jubilaciones y las pensiones que estén bajo un rango. Al respecto, debería establecerse un ingreso mínimo ético para los pensionados y jubilados del país. Por otro lado, se debe dar respuesta a determinados requerimientos, por ejemplo, al planteado por la Unión Nacional de Pensionados, que preside don Francisco Iturriaga, en relación con la famosa retención del 11 por ciento que se realizó en la década de los 80, lo que ha significado una verdadera expropiación a los ingresos y recursos de los adultos mayores y jubilados de ese entonces. Hoy se suspendió la tramitación de un proyecto que crea la subsecretaría del adulto mayor. En octubre de 2011 se aprobó el mismo proyecto sobre creación de la subsecretaría del adulto mayor. A mi juicio, es necesario empezar a dar respuesta a los adultos mayores. En este contexto, es fundamental que el nuevo Senama experimente una reingeniería para que se haga cargo de manera cabal de las necesidades de los adultos mayores. Si Chile quiere a sus adultos mayores, hoy deberíamos empezar a dar respuesta a sus demandas. Ellos realizaron sus actividades laborales en condiciones más complejas, de mayor cesantía y de menor crecimiento del país. Por lo tanto, hoy tenemos la obligación ética y moral de construir respuestas efectivas para mejorar la condición de dignidad de los adultos mayores, muchos de los cuales viven en condiciones de precariedad, de abandono y de extrema pobreza. Su actual situación no es lógica, porque lo que somos y lo que tenemos se construyó gracias a su trabajo. Por eso, hoy, cuando el país vive en mejores condiciones, nos asiste la obligación ética y moral de retribuirles, eficiente y efectivamente, para paliar sus necesidades. Dejemos de lado los discursos y procuremos soluciones de los respectivos servicios. Acabo de hablar en los pasillos con la ministra de Desarrollo Social. Tratemos de construir propuestas que se hagan cargo de las legítimas demandas que nos reclaman los adultos mayores de todos los rincones del país. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano, incluido quien preside. OTORGAMIENTO AL SENAMA DE FACULTAD LEGAL DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE ADULTOS MAYORES POR GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS (OFICIOS) El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 294 del Reglamento de la Cámara de Diputados, vengo en solicitar que se oficie al ministro de Justicia, señor José Antonio Gómez Urrutia; a la ministra de Desarrollo Social, señora Fernanda Villegas, y a la señora Rayen Inglés Hueche, directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), para que informen a esta Corporación acerca de lo que a continuación señalaré. El Servicio Nacional del Adulto Mayor impulsó las iniciativas que dieron lugar a la ley Nº 20.427, del Ministerio de Justicia, que modifica la ley Nº 20.066, de violencia intrafamiliar, y otros cuerpos legales, para incluir el maltrato del adulto mayor en la legislación nacional. Es así como la ley Nº 20.066 señala en su artículo 3º que el Estado adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños. Sin perjuicio de lo anterior, pese a la inclusión de los adultos mayores como sujetos de atención, la ley resulta todavía insuficiente para lograr su plena protección. En este sentido, se extraña en ella una mención expresa, como sí ocurre en el caso de las mujeres, para que el Senama reciba facultad legal expresa de representación judicial de personas mayores cuyas garantías constitucionales han sido vulneradas. Por otra parte, las modificaciones a la Ley de Violencia Intrafamiliar apuntan hacia la protección de los adultos mayores víctimas de violencia al interior de sus hogares, en el seno de sus propias familias. Con ello quedan fuera una serie de situaciones de abuso y maltrato ocurridas fuera del ambiente familiar, como en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores y, en general, en aquellos recintos que prestan servicios de cuidados de adultos mayores. Por lo anteriormente expuesto, agradeceré solicitar al ministro de Justicia la realización de un catastro sobre las denuncias de situaciones de maltrato contra adultos mayores formuladas en tribunales, así como también un registro de las causas en que el agresor ha sido condenado. Por último, solicito a la ministra de Desarrollo Social y a la directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor la adopción de medidas que permitan incorporar a la ley N° 20.066 aquellas facultades necesarias para que el Servicio Nacional del Adulto Mayor sea parte en causas de maltrato al adulto mayor, ventiladas en tribunales, de manera de abordar en específico los casos de maltrato, violencia y negligencia contra las personas mayores que viven fuera de sus hogares, sin compañía de su familia. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de las señoras diputadas y los señores diputados que así lo indican. ACLARACIÓN SOBRE FALSEDAD DE INFORMACIÓN RESPECTO DE INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO CENTRAL TERMOELÉCTRICA PARINACOTA El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Independiente, tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Vlado Mirosevic. El señor MIROSEVIC.- Señor Presidente, en varias oportunidades hemos denunciado en este Hemiciclo algunas irregularidades de parte de la empresa a cargo del proyecto Central Termoeléctrica Parinacota, la que últimamente anunció en forma pública el inicio de la construcción del citado proyecto en la ciudad de Arica. Al respecto, quiero decir a toda la opinión pública de Arica que eso es absolutamente falso. Recordemos que esa empresa obtuvo un permiso ambiental mediante una resolución de calificación ambiental de 2009. Tal permiso tiene fecha de caducidad en cinco años, tiempo que se cumplió en enero de 2015. Dado que la empresa no ha iniciado las obras materiales de la termoeléctrica, ellos entregaron un informe al Servicio de Evaluación Ambiental. Me atrevería a afirmar que ese informe falta a la verdad, porque, en el fondo, dice que ellos acreditan una serie de contratos con terceros, y con eso estarían acreditando la construcción de la termoeléctrica. Deseo expresar a la opinión pública de Arica que para iniciar la construcción de una obra de esa envergadura, se requiere de una serie de permisos sectoriales. Por lo tanto, no es cierto que la termoeléctrica haya iniciado la construcción. Por nuestra parte, concurrimos a la Corte de Apelaciones de Arica para presentar un recurso de protección. Esperamos que la justicia -también, en el ámbito administrativo, la autoridad ambiental- termine frenando este proyecto -el más contaminante de Chile, con el combustible más contaminante-, que pretende instalarse en una ciudad que no merece producir energía de esa manera, pues tiene uno de los mejores coeficientes de radiación solar del planeta. Me parece que se debe aprovechar ese potencial y no seguir insistiendo, después de cinco años, en un proyecto que contaminará a la ciudad. He dicho. INSTALACIÓN DE SUCURSAL DE BANCOESTADO EN LOCALIDAD DE RAHUE, COMUNA DE OSORNO (OFICIO) El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- En el tiempo concedido por el Comité Independiente, tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente, agradezco al Comité Independiente el tiempo que me cedió. Quiero solicitar el envío de un oficio al ministro de Hacienda para que envíe una nota al presidente del Banco del Estado, a fin de que efectúe los estudios tendientes a instalar una sucursal de ese banco en el sector de Rahue, de la comuna de Osorno. En dicha ciudad ya existen cuatro sucursales, pero en Rahue todavía no, pese a ser una zona comercial que cuenta con más de setenta mil habitantes emplazados en un territorio completamente aparte, pues está separado por el río Rahue. La Cámara de Diputados ha solicitado instalar varias sucursales del BancoEstado a lo largo del país, y esta, en especial, la he reiterado en varias oportunidades. Me parece que el Ministerio de Hacienda y el directorio de dicho banco deberían realizar un estudio general referente a la instalación de sucursales en comunas alejadas del país, ya que las respectivas peticiones surgen del clamor de la ciudadanía. He dicho. El señor GONZÁLEZ (Presidente accidental).- Señor diputado, me informa el señor Secretario que su solicitud ya se envió en un oficio anterior, solicitado en una sesión pasada. Sin embargo, los aspectos no incluidos en él serán transmitidos a la autoridad correspondiente. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.42 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. IX. ANEXO DE SESIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE ANTECEDENTES -Se abrió la sesión a las 13.20 horas. El señor CARMONA (Presidente accidental).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. INFORMACIÓN SOBRE FECHA DE FIRMA DEL DECRETO QUE DECLARA ZONA DE ESCASEZ HÍDRICA A LA PROVINCIA DE LIMARÍ (OFICIOS) El señor CARMONA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Daniel Núñez. El señor NÚÑEZ (don Daniel).- Señor Presidente, deseo referirme a la grave situación que está aquejando a pequeños productores agrícolas de la provincia de Limarí, particularmente de la comuna de Monte Patria. Me ha llegado la denuncia de que la señora Yesenia Rojas Zarricueta, RUT 12.597.818-5, domiciliada en el sector de El Palqui, comuna de Monte Patria, tiene una orden de remate de su parcela para el 10 de abril, ejecutado por la Tesorería General de la República. Asimismo, me ha llegado la denuncia de que el señor Reinaldo Órdenes, RUT 5.233.973-1, domiciliado en la parcela N° 14, del mismo sector de El Palqui, comuna de Monte Patria, también está amenazado de remate por un crédito contraído con el Banco de Chile, que también se ejecutará en abril. Esto se debe a que la sequía que afectó la comuna de Monte Patria, provincia de Limarí, impidió que los pequeños productores obtuvieran los retornos que esperaban, porque se perdió toda la cosecha por la escasez de agua, por lo que no cuentan con ningún ingreso ni capital para pagar las deudas que contrajeron para financiar esas cosechas. A la información que he entregado de estos propietarios agrícolas, se suma un listado que me han hecho llegar y que contiene el nombre de doce pequeños campesinos, cuyas propiedades agrícolas corren el riesgo de remate por carecer de recursos para pagar las contribuciones, caso ejecutado por la Tesorería General de la República. Este tema se ha producido muchas veces en la región, por lo que ya tenemos antecedentes. Lo más grave es que esto ya fue discutido y evaluado en un consejo ampliado del gobierno regional, realizado en dos ocasiones durante enero, con la presencia de parlamentarios, consejeros regionales y representantes de distintas reparticiones públicas, incluida la Tesorería; pero aun no ha se ha dictado el decreto que declara zona de escasez hídrica a la provincia de Limarí, lo que permitirá paralizar todos los remates. Esto produce una situación muy complicada, porque no se puede cumplir con un compromiso de las autoridades que está pendiente. Por lo tanto, solicito oficiar a la intendenta de la Región de Coquimbo y al subsecretario del Interior, con el objeto de que me informen cuándo se firmará el decreto que declara zona de escasez hídrica a la provincia del Limarí, lo que permitirá paralizar todos los remates de propiedades, situación que afecta especialmente a pequeños productores agrícolas de la comuna de Monte Patria y, según nuestra información, de la comuna de Ovalle; pero la verdad es que esto repercute en toda la provincia de Limarí, tema que nos preocupa por el gran impacto social que tiene. He dicho. El señor CARMONA (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.23 horas. TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, Jefe de la Redacción de Sesiones. X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 5. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DEL DIPUTADO SEÑOR RIVAS, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PERMITE A LOS PARLAMENTARIOS RENUNCIAR LIBREMENTE A SUS CARGOS”. (BOLETÍN N° 9923-07) En los últimos días todo Chile ha sido testigo del vergonzoso espectáculo que, en el marco del bullado caso Penta, han dado ciertos parlamentarios que han sido sindicados como beneficiarios de capitales obtenidos mediante la realización de operaciones comerciales ilegales. En reiteradas oportunidades la ciudadanía ha exigido legítimamente que dichos personeros, por un tema de ética mínima, renuncien a sus cargos. Sin embargo, nuestra Constitución dispone que, en los hechos concretos, el cargo de parlamentario sea prácticamente irrenunciable. En efecto, el inciso final del artículo 60 de la Carta Fundamental establece que sólo se puede renunciar a tal cargo en caso de sufrir el titular una enfermedad grave que le impida desempeñarlo. Para todo otro caso, el cargo parlamentario es constitucionalmente irrenunciable. En una época en la que los ciudadanos exigen cada día más transparencia y consecuencia de sus autoridades, resulta imprescindible que la Constitución sea reformada, permitiendo que el cargo de parlamentario pueda ser libremente renunciado por su titular sin necesidad de expresión de causa, por regla general y no sólo por excepción. Por tanto, en virtud de los fundamentos expuestos, vengo en presentar a este Honorable Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley: PROYECTO DE LEY Artículo único: Reemplácese el actual inciso final del artículo 60 de la Constitución Política de la República por el siguiente: “Los diputados y senadores podrán renunciar libremente a sus cargos desde el momento de haber sido proclamados electos en ellos por el Tribunal Calificador de Elecciones”. 6. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; ANDRADE, CERONI, CHAHIN, COLOMA; MONCKEBERG, DON NICOLÁS; PÉREZ, DON LEOPOLDO; RINCÓN, SAFFIRIO Y SQUELLA, QUE “MODIFICA LAS LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES DE MUNICIPALIDADES, Y SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN REGIONAL, PARA PERMITIR A LOS PARTIDOS POLÍTICOS LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS SOLO EN LAS REGIONES DONDE SE ENCUENTREN LEGALMENTE CONSTITUIDOS “. (BOLETÍN N° 9924-07) Fundamentos: Los Partidos Políticos son inherentes a todo régimen democrático, y constituyen sin lugar a dudas una pieza fundamental para el funcionamiento del sistema republicano. A partir de estos se construyen los programas que darán las directrices para la gestión gubernamental; proveen de candidatos para el ejercicio de la función pública y ejercen el control y la fiscalización del actuar Estatal. Tal como se señaló, los partidos –y en mucho menor medida los independientes- proveen de candidatos que periódicamente se someten al escrutinio popular, con ocasión de la realización de comicios electorales que proveen los cargos de representación popular. Teniendo en consideración esta relación entre partidos políticos y procesos electorales, las leyes que regulan este fenómeno disponen una serie de directrices en relación a la presentación de las candidaturas. Particularmente, en relación a la constitución territorial de los partidos y a la posibilidad de presentar candidaturas en regiones respecto de las cuales no se encuentren constituidos, los incisos segundo y tercero del artículo 3° bis de la ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, dispone: “El pacto electoral regirá en todas las regiones del país en que uno o más de los partidos políticos integrantes del mismo se encuentren legalmente constituidos. Las declaraciones de candidaturas que presente el pacto electoral, sólo podrán incluir candidatos de los políticos que se encuentren legalmente constituidos en la respectiva región.” De esta manera, a las elecciones parlamentarias solo se podrán presentar candidatos a diputados y senadores en distritos o circunscripciones que se encuentren o coincidan con una región donde el respectivo partido político se encuentre legalmente constituido. Un criterio distinto tiene la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en cuanto permite –con ocasión de un pacto electoral-, la presentación de candidaturas a alcaldes y concejales en comunas de regiones donde no se encuentre legalmente constituido el partido del respectivo candidato. En efecto, en su inciso cuarto, el artículo 107 dispone: “Las declaraciones de candidaturas a alcalde y a concejales que presente un pacto electoral y los subpactos comprendidos en él podrán incluir candidatos de cualquiera de los partidos que los constituyan, independientemente de si éste se encuentra legalmente constituido en la respectiva región, siempre que lo esté en la mayoría de las regiones del país y al menos uno de los partidos suscriptores del pacto se encuentre constituido a nivel nacional.” Algo similar ocurre en la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, la que reproduce prácticamente en idénticos términos la norma anterior a propósito de las candidaturas de consejeros regionales. Esta dicotomía es injustificada, y amerita una estandarización del estatuto a todas las candidaturas, cualquiera sea la naturaleza del cargo al cual se postula. Es evidente que extender la posibilidad de partidos con incidencia regional, de presentar candidaturas en otras regiones país, es algo que no guarda coherencia y justicia, menos con normas referidas a la presentación de candidaturas independientes. De esta manera, pactar con partidos con presencia nacional, puede resultar de gran utilidad si se pretende eludir los patrocinios requeridos para la constitución de partidos políticos. Esto se hace aún más necesario, si consideramos las modificaciones a la ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos con ocasión de la reforma electoral, que facilita la constitución de partidos políticos regionales. En efecto, con la nueva normativa, un partido político se entenderá legalmente constituido solo si reúne los patrocinios requeridos en una sola región del país; los que además fueron rebajados de un 0.5% a un 0,25% de quienes participaron en la última elección de diputados. Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo 1°.- Reemplázase el inciso 4° del artículo 107 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por el siguiente: “El pacto electoral regirá en todas las regiones del país en que uno o más de los partidos políticos integrantes del mismo se encuentren legalmente constituidos. Las declaraciones de candidaturas a alcalde y a concejales que presente un pacto electoral y los subpactos comprendidos en él sólo podrán incluir candidatos de los partidos políticos que se encuentren legalmente constituidos en la respectiva región.”. Artículo 2°.- Reemplázase el inciso 2° del artículo 85 de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional, por el siguiente: “El pacto electoral regirá en todas las regiones del país en que uno o más de los partidos políticos integrantes del mismo se encuentren legalmente constituidos. Las declaraciones de candidaturas a consejero regional que presente un pacto electoral y los subpactos comprendidos en él sólo podrán incluir candidatos de los partidos políticos que se encuentren legalmente constituidos en la respectiva región.”. 7. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ANDRADE, AUTH, BECKER, BROWNE, CORNEJO; MONCKEBERG, DON NICOLÁS; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; RINCÓN, SOTO Y SQUELLA, QUE “MODIFICA LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL PROPÓSITO DE ADELANTAR LA FECHA DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL AÑO 2016”. (BOLETÍN N° 9925-07) Fundamentos: Si bien la democracia no es solo cuestión de elecciones y participación política, resulta imposible concebirla sin prácticas electorales que periódicamente, designen a nuestras autoridades a partir del voto libre de los ciudadanos. En efecto, tan estrecha es la vinculación entre procesos electorales y democracia, que la celebración de elecciones libres es sin duda el elemento esencial de los regímenes democráticos modernos. Esto ha traído consigo una expansión del fenómeno electoral, que redunda en que hoy la mayor cercanía entre la ciudadanía y el sistema político, tenga lugar con ocasión de la elección popular de nuestros representantes. Los procesos electorales, son sin lugar a dudas, los que dotan de legitimidad a los gobiernos que son electos a través de estos. Este es un principio que se ha ido afianzando con el tiempo, tanto en la esfera nacional como internacional, donde gobiernos que no sean fruto de la deliberación popular en las urnas, cuentan a priori con la calificación de ilegítimos o antidemocráticos. Por otra parte, todo sistema democrático que se precie de tal, debe contar con altos niveles de participación ciudadana cada vez que se celebren comicios electorales. Sin lugar a dudas, el hecho que la ciudadanía se involucre en los procesos electorales, es lo que permite a una democracia fortalecerse y a los gobernantes legitimarse en el poder. Este es precisamente el punto que ha preocupado intensamente a la academia y a los gobiernos de muchas partes del mundo, atendido el bajo nivel de participación en los sistemas voluntarios, o los grandes niveles de abstención –ya sea por marginación del padrón electoral o por la emisión de votos blancos y nulos- en aquellos donde el voto es obligatorio; tal como ocurría en Chile hasta hace pocos años atrás. En efecto, en muchos países, con el objeto de estimular la participación ciudadana en los procesos electorales, lo que se han hecho es diseñar fórmulas que hagan más accesible el acto electoral al ciudadano, ya sea mediante información o mecanismos administrativos. En este sentido, recientemente la ley sobre Voto Voluntario e Inscripción Automática, intentó hacerse cargo del problema en nuestro país, atendido el hecho que casi una tercera parte de los chilenos en edad de votar no estaban inscritos en los registros electorales. A ello, hay que agregarle la creciente cantidad de votos blancos y nulos, lo que nos permite concluir que casi la mitad de los chilenos no emitían preferencia a través de su sufragio. La preocupación del legislador nacional por aportar a la solución de este problema, queda de manifiesto con la sola lectura de los fundamentos del Mensaje: “El diagnóstico es claro. Que nuestra democracia está perdiendo fuerza, es una realidad. Que nuestra democracia está envejeciendo, es una realidad. Y que nuestra democracia se está alejando de la ciudadanía, también, y desgraciadamente, es una realidad. Y es objetivo de mi Gobierno que la participación de los chilenos en las decisiones públicas sea cada día más activa. Se trata de una meta que debe estar presente en cada una de nuestras instituciones, puesto que un rol activo de la ciudadanía en aquellas decisiones, contribuye a que, tanto a nivel de Gobierno Central como a nivel de gobiernos regionales y con especial énfasis en los gobiernos comunales, se posibilite que cada ciudadano tome las riendas de su propio destino.” En la línea de estimular la participación, y evitar que las autoridades a quienes se les encomiende el ejercicio del poder político, sean producto de comicios en los que solo una representación minoritaria de la ciudadanía exprese su preferencia; es nuestra intención cambiar la fecha de la elección municipal del año 2016, una semana antes de lo dispuesto por la ley. En efecto, el artículo 106 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que las elecciones municipales tengan lugar el último domingo de Octubre, en este caso, el 30 de octubre del año 2016. Lo anterior, supone que muchos chilenos emigren de sus respectivas comunas, aprovechando que el día lunes siguiente es festivo, lo que mermaría considerablemente la pretensión manifiesta de todos los sectores políticos del país, de incentivar la participación masiva en los procesos electorales. Por lo anterior, venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo único: Incorpórase a la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la siguiente disposición transitoria: “Artículo 6°.- No obstante lo dispuesto en el artículo 106, la próxima elección municipal se realizará el día domingo 23 de octubre de 2016.”. 8. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES CERONI; ESPINOZA, DON FIDEL; INSUNZA, SAFFIRIO Y SOTO, SOBRE “REFORMA CONSTITUCIONAL PARA SUPRIMIR EL FUERO PARLAMENTARIO Y DE AUTORIDADES POLÍTICAS REGIONALES Y PROVINCIALES QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 9926-07) “FUNDAMENTOS. El objeto del fuero parlamentario o inmunidad penal es que los miembros del Parlamento estén a cubierta de cualquier proceso, de cualquier detención por parte de la autoridad judicial o gubernativa, con motivo de algún acto que hayan realizado o se suponga que hayan realizado fuera de las Cámaras, salvo en el caso de delito flagrante. El fundamento de esta institución radica en evitar que el gobierno o los particulares, utilizando cualquier medio de presión, alejen según su conveniencia, a algún miembro de las cámaras, promoviendo un proceso penal o decretando su detención. Esta garantía data de hace varios siglos, y surge como una forma de proteger a los legisladores frente a persecuciones de regímenes despóticos, como las antiguas Monarquías. En este orden de ideas, podemos señalar que en la Inglaterra del siglo XVII, durante el reinado de Jacobo I y Carlos I, se realizaron arrestos y destierros a los integrantes de la Cámara de los Comunes. Años más tarde, en 1679, la Cámara de los Comunes, declaró que “ningún miembro del Parlamento durante sus sesiones podía ser preso ni constreñido de otra suerte sin previa sentencia u orden de la Cámara, a menos que sea por traición, felonía o por negarse a prestar garantía de paz”. A mayor abundamiento, en “Las Siete Partidas”, de Alfonso X El sabio, también se pueden encontrar normas que buscaban garantizar el adecuado funcionamiento legislativo. (Leyes 2° y 4° del Título XVI de la Partida II). En Francia la Asamblea Nacional, expresó en 1789 que “La persona de cada uno de los Diputados es inviolable”. En Chile el fuero parlamentario se instauró a partir de la Constitución de 1818. El título III, Capítulo III, del artículo 5° de ese texto constitucional, preceptuaba: “El Senado tendrá tratamiento de excelencia; los Senadores serán inviolables, sus causas serán juzgadas por una comisión que con este objeto nombrará dicho Senado”. La actual Carta Fundamental, consagra el fuero parlamentario en su artículo 61. Dicha norma dispone que “Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema. En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Si bien es cierto, el fuero parlamentario se fundamentó en sus orígenes, en una protección para los legisladores frente a imputaciones infundadas de delito, o a persecuciones de los gobernantes, en la actualidad ya no tiene una justificación plausible. En un Estado de Derecho del siglo XXI, en que existe una plena separación de Poderes, la persecución penal se desarrolla con respeto a las garantías constitucionales y procesales. Tal como lo ha señalado hace unos días el Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, los parlamentarios imputados por un delito, deben asumir la realidad del proceso penal, sin mayores cargas, pero tampoco sin mayores privilegios. Compartimos plenamente las declaraciones de la máxima autoridad del Poder Judicial; en ese sentido es que proponemos suprimir el fuero parlamentario. El mismo fuero procesal gozan los Intendentes, Gobernadores y Presidentes de Consejos Regionales. Este se encuentra establecido en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 124 de la Carta Fundamental. La referida norma es prácticamente idéntica que la del artículo 61 del texto constitucional, con la diferencia o precisión respecto a que tratándose de las autoridades designadas (Intendentes y Gobernadores), el fuero comienza a regir, desde su nombramiento en el cargo. Por los mismos argumentos señalados, en relación a que en nuestro Estado de Derecho impera la tutela o garantía de los derechos de todos los ciudadanos, es que consideramos injustificada la existencia de este privilegio procesal que tiene las autoridades en comento, por lo que también proponemos su eliminación. Es aún más llamativo que este resabio monárquico se haya mantenido respecto de autoridades del poder ejecutivo, ya que el fuero nació precisamente para proteger a los representantes de la soberanía popular frente al excesivo y arbitrario poder de los gobernantes. En virtud de los argumentos expuestos anteriormente, como legisladores consideramos que carece de sentido mantener el fuero del que gozan las autoridades señaladas en la Constitución; puesto que aspiramos a construir una democracia con mayor igualdad, y si se presenta la situación en que Diputados o Senadores deban enfrentar a la justicia, que sea en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin ningún resabio de lo que se pueda considerar un privilegio. La eliminación de estos fueros, constituye un paso que puede contribuir a recuperar la tan deteriorada imagen pública, que la ciudadanía tiene de los parlamentarios y en general de la actividad política; ya que de esa forma realzamos los principios de igualdad ante la ley, probidad, y transparencia, principios fundamentales, que junto a una sólida ética republicana, deben inspirar permanentemente el actuar de todos quienes ejercemos funciones públicas. Es por eso que sobre la base de estos antecedentes y fundamentos venimos en proponer el siguiente: PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL: ARTÍCULO ÚNICO.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República: 1) Suprímanse los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61. Suprímanse los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 124”. 9. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LA DIPUTADA SEÑORA SEPÚLVEDA, Y DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ARRIAGADA, FUENTES; GUTIÉRREZ, DON HUGO; JIMÉNEZ, LETELIER, MIROSEVIC, OJEDA, POBLETE Y SALDÍVAR, SOBRE “RECONOCIMIENTO DE LA PRIVACIÓN INJUSTIFICADA DE BIENES INMUEBLES DURANTE LA DICTADURA”. (BOLETÍN N° 9927-17) I. Fundamentos de la iniciativa 1. Antecedentes históricos El presente proyecto tiene por objeto continuar con la obligación de reparación que tiene el Estado con las personas que fueron y son víctimas de la dictadura militar sufrida en nuestro país entre los años 1973 y 1990. En efecto, ya son varios los actos del Estado que han tenido por objetivo, por un lado, reconocer las atrocidades cometidas en este oscuro período, y por otro lado, intentar compensar el perjuicio sufrido, en el entendido que quizás dichos daños no logren jamás desaparecer. De esta forma se pueden nombrar iniciativas como las de la creación de las diversas comisiones encargadas de esclarecer hechos ocurridos en ese periodo, y de indemnizar a quienes fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos. Entre ellas, la Comisión Nacional de Verdad y Conciliación (D.S. N° 355 de 1990 del Ministerio del Interior), Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (D.S. N° 1040 de 2003 del Ministerio del Interior) y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Torturas (D.S. N° 43 de 2010 del Ministerio del Interior), todas instancias tendientes a reparar a quienes han sufrido las consecuencias del actuar ilegítimo del Estado, el que ha causado serias vulneraciones a los Derechos Humanos. Asimismo, los tribunales de justicia han estado contestes en reconocer en diversas instancias la responsabilidad del Estado por su actuar ilegal y arbitrario durante el periodo de dictadura. De esta forma se han otorgado indemnizaciones para reparar el mal causado. Por citar sólo uno de los últimos casos judiciales, la Corte Suprema recientemente, en el fallo por el Episodio Tejas Verdes (Rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014), señaló “11° Que, por otra parte, tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N° 19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. (...) Por otra parte, la referencia que se efectúa a la normativa internacional se relaciona con la consagración de la reparación integral del daño, aspecto que no se discute en el ámbito internacional, el que no se limita a la reparación a Estados o grupos poblacionales, sino que a personas individualmente consideradas; reparación que se impone a los autores de los crímenes, pero también a instituciones y al mismo Estado. También esta normativa internacional no ha creado un sistema de responsabilidad, lo ha reconocido, pues, sin duda, siempre ha existido, evolucionando las herramientas destinadas a hacer más expedita, simple y eficaz su declaración, en atención a la naturaleza de la violación y del derecho quebrantado.” Por último, cabe mencionar también las medidas de reparación incluidas en la Ley N° 19.568, publicada el 23 de julio de 1998, que estableció la posibilidad de que las personas naturales y las personas jurídicas, incluidos los partidos políticos, que fueron sido privados del dominio de sus bienes por aplicación de los decretos leyes Nº. 12, 77 y 133, de 1973; 1.697, de 1977, y 2.346, de 1978, tendrían derecho a solicitar su restitución o requerir el pago de una indemnización, en conformidad con las normas establecidas en dicha ley. Todas las medidas señaladas, y otras que puedan existir, si bien han contribuido a la reparación de las víctimas de la dictadura, no ha considerado todas las hipótesis de daño que produjo la misma, particularmente por la imposibilidad material de accionar contra el Estado durante su vigencia. En particular el proyecto se refiere a determinadas organizaciones comunitarias, asentamientos campesinos, cooperativas, u otras formas de organización similares que durante el periodo previo al Golpe de Estado de 1973, luego de una larga lucha, adquirieron, o comenzaron a adquirir, sus viviendas definitivas; pero que fueron privados del dominio de las mismas por actos del Estado o de terceros amparados por el poder sin control que ejerció el Estado durante dicho período. Así, por ejemplo, se puede citar el caso del Comité de Pobladores sin casa Salvador Allende, el cual en sus orígenes estaba formado por 207 familias. El objetivo de dicho comité era el de obtener terrenos para poder al fin optar al deseado sueño de la casa propia. Debido a ello, dicho comité suscribió una promesa de compraventa con un particular para la adquisición de un terreno en Pichidegua, que tenía la dimensión necesaria para la construcción de las viviendas necesarias para las familias. Una vez celebrado el contrato respectivo, y entregado un vale vista a la orden de la promitente vendedora, los pobladores procedieron a cercar el terreno y, en algunos casos, comenzaron a erigir sus hogares. No obstante lo anterior, una vez llegado el golpe de Estado el sueño de la vivienda propia se frustró y quebró definitivamente. La promitente vendedora, aprovechándose de la situación de poder que se erigió, alegó una ocupación ilegal del terreno, solicitando a la Intendencia de Rancagua que expulsara a los pobladores. La propiedad tampoco nunca se inscribió a nombre del Comité, enajenándose definitivamente a un tercero extraño. Con posterioridad, los miembros del Comité fueron perseguidos y en algunos casos apresados y torturados, tal como ha quedado reconocido por el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de 28 de noviembre de 2004. El caso recién expuesto es un ejemplo de esta necesidad de reparar, por cuanto las leyes actualmente vigentes no consideran esta hipótesis, que merece toda la atención del Estado para su pronta solución, siendo una inspiración para la elaboración de este proyecto de ley. 2. Diligencias realizadas hasta la presentación del proyecto En los últimos años representantes del ex Comité, han recurrido en diversas oportunidades a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de Diputados (hoy, de Derechos Humanos y Pueblos Originarios), a exponer los atropellos sufridos. Asimismo, han relatado su historia ante relevantes figuras del ámbito nacional como el ex Presidente Ricardo Lagos, y la Senadora Isabel Allende, quienes también han manifestado la necesidad de reparar los daños causados. Luego, las gestiones se han dirigido hacia el Ministerio del Interior, que han trabajado en la elaboración de este proyecto, prestando su apoyo para que el proyecto llegue a buen puerto. II. Contenido del proyecto de ley El proyecto de ley tiene como propósito fundamental el reconocer el daño producido a las personas naturales que formaron parte de las organizaciones comunitarias que fueron privadas de sus inmuebles, debido a las injusticias cometidas con ocasión del Régimen Militar, en la forma establecida por esta ley. De este modo, el Estado de Chile busca compensar las injusticias cometidas a su alero, de manera tal de permitir de alguna forma a estas personas, superar los difíciles momentos vividos como consecuencia de un actuar arbitrario por parte de particulares y del Estado, privando en muchos casos de la posibilidad de desarrollar los proyectos familiares esperados. El proyecto considera como beneficiarios tanto a las personas naturales miembros de las organizaciones afectadas, como a los sucesores de dichas personas, por cuanto el tiempo transcurrido ha hecho que algunos de ellos ya no estén vivos, no obstante que siga pendiente la obligación de reparar. Para la determinación del procedimiento y la forma de hacer efectiva la declaración de la privación respectiva, se deben acompañar los documentos que acrediten los hechos y el daño sufrido, en el plazo señalado. Luego, si procede, se declara la condición de privado del inmueble, o de la posibilidad de adquirir el inmueble, procediendo las medidas que correspondan. Por tanto: Los diputados que suscribimos venimos en presentar el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo 1.- Objeto. Las organizaciones comunitarias, asentamientos campesinos, cooperativas, u otras formas de organización similares que, en el período previo al 11 de septiembre de 1973 hayan adquirido o formalizado el proceso de adquisición de inmuebles, sea que hayan efectuado o no inscripción de los instrumentos respectivos y que, con posterioridad a esa fecha y hasta el 11 de marzo 1990, por acto u omisiones de autoridad o por actividad de terceros, han sido privados del dominio o se hayan visto impedidos de culminar el proceso de inscripción de tales bienes, por hechos no imputables, tendrán derecho a que se les reconozca esta calidad, en la forma señalada en los artículos siguientes. Artículo 2.- Tendrán derecho a solicitar la declaración establecida en la presente ley las siguientes personas: 1° Quienes sean o hayan sido personas naturales miembros de las organizaciones señaladas en el artículo 1; 2° Los sucesores de las personas señaladas en el número 1. Artículo 3.- Calificación de la calidad de beneficiario. Desde la publicación de la presente ley, y hasta los 180 días siguientes, se deberán aportar los documentos que acrediten o indiquen: a) Individualización de la persona natural u organización solicitante, sea que se encuentre existente jurídicamente o no, junto a los documentos que acrediten su representación; b) Determinación de los bienes de los que hubiese sufrido privación o imposibilidad de inscripción de los instrumentos respectivos, precisándose el derecho que se invoca; c) Señalar y acompañar los elementos de prueba, específicamente, los instrumentos que acreditan la privación señalada; Artículo 4.- La declaración que se realice por la cual se reconozca la privación injustificada de bienes inmuebles o privación injustificada de formalizar la propiedad, habilitará para solicitar las medidas que correspondan”.