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    • rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA INSTITUCIONALIDAD ANTE DESASTRES NATURALES. (Continuación). El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión especial investigadora del estado de la institucionalidad en relación con su capacidad de respuesta frente a desastres naturales. Antecedentes: -La discusión de este proyecto, se inició en la 114ª, en 15 de diciembre de 2010, de la legislatura 358ª. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Recuerdo a la Sala que en la sesión del pasado miércoles 15 de diciembre, el diputado señor Jorge Ulloa rindió el informe de la Comisión investigadora, e intervinieron cuatro diputados. Hago presente que los Comités Parlamentarios acordaron suspender el tiempo de Proyectos de Acuerdo y de Incidentes y agregarlo al Orden del Día. Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. El señor DÍAZ.- Señor Presidente , quiero partir expresando mi distancia y difiriendo de la afirmación formulada en varias ocasiones por el Presidente de la Comisión investigadora, diputado Jorge Ulloa , en relación con lo que él identifica como la única diferencia existente entre los informes de mayoría y de minoría consignados en el documento en discusión. El diputado Ulloa minimiza las diferencias que hubo, las que, de hecho, se materializaron en dos conclusiones distintas del informe. También difiero de él en otro aspecto. Se afirma, como si fuera un juicio compartido por todos los miembros de la Corporación, que el trabajo de la Comisión fue muy serio y que lo único que nos diferenció fue el rol y la responsabilidad que le cupo a la Presidenta Michelle Bachelet . Al respecto, considero que el trabajo de la Comisión pintó para serlo, pero finalmente no lo fue. Escuchamos a quienes estuvieron vinculados a las respuestas frente a las emergencias derivadas del terremoto y del tsunami que afectó a Chile el pasado 27 de febrero, y también la opinión de expertos que nos ayudaran a cumplir uno de los mandatos que nos entregó la Sala, cual era identificar las modificaciones legales, reglamentarias e institucionales que se deben realizar a fin de preparar al país para enfrentar de mejor manera una contingencia de esta naturaleza. Sin embargo, si bien eso está en el informe de la Comisión, particularmente en la sección en que se da cuenta de las audiencias y de los testimonios de las personas que concurrieron a dicha instancia, ello no se refleja de manera sustantiva en el cuerpo de las conclusiones, porque se tomó la opción de establecer afirmaciones que buscaban un propósito de carácter político. Lamento que la Comisión haya derivado en eso, porque perdimos la oportunidad de decir a la ciudadanía, desde la Cámara de Diputados -que forma parte del Congreso Nacional, “premiado” con el aprecio de tan sólo el 25 por ciento de los chilenos en la última encuesta que se publicó ayer- que realizamos un trabajo serio y con el propósito de entregar herramientas -las hubo en cantidad suficiente en la Comisión- para que Chile iniciara un proceso de reforma de su institucionalidad, a fin de hacer frente desde todos los niveles -central, local, civil y militar- a las catástrofes, que probablemente nos seguirán acompañando. Este año nos recibió con un sismo de una magnitud de casi 7 grados en la zona sur, que ha tenido en alerta a la población. El Presidente asiente porque es diputado por la zona. Eso da cuenta de que si bien estamos realizando ajustes y preparaciones -sobre todo los simulacros efectuados en 2010 para hacer frente a tsunamis, como el que se llevó a efecto en La Serena, comuna del distrito que represento, que reveló nuestras fortalezas, pero también nuestras precariedades-, hay cosas, como las mencionadas, que uno busca en el informe, pero no están. Tampoco figuran en la sección de las conclusiones, que es la médula de lo que queremos decir a la sociedad chilena respecto del trabajo que llevó a cabo la Comisión investigadora encargada de analizar una de las catástrofes más grandes que ha debido enfrentar nuestro país en los últimos años. Cabe preguntarse por qué esto es así. A mi juicio, porque finalmente primó la tentación de tratar de sacar pequeñas ventajas; en especial, ver si era posible -digamos las cosas como son-, a través de este informe, inferir algún daño político a la identidad, al prestigio, al reconocimiento y al cariño que los ciudadanos tienen por la ex Presidenta Bachelet . Tras la lectura del informe y, en especial, después de observar lo que ocurrió, debemos preguntarnos por qué Chile no estuvo en condiciones de hacer frente a una catástrofe de ese tipo, de la forma en que debe hacerlo un país con el desarrollo institucional que tiene Chile. Por otra parte, se nos olvida que los chilenos tuvieron la posibilidad de fiscalizar una parte importante de la respuesta que tuvieron las instituciones frente a la catástrofe, a través del famoso video que todos pudimos y que aún hoy podemos ver, en donde aparece de manera nítida, auténtica y sin filtro la forma en que desde la entonces Presidenta de la República hasta los representantes de las instituciones civiles y militares vinculadas a la respuesta frente a esta emergencia, encararon la situación en los minutos y las horas inmediatamente posteriores al terremoto y el tsunami. Ese video es un testimonio que grafica de manera clara y nítida el principal problema que debimos haber consignado en el capítulo de las conclusiones, más que hacer el listado de los culpables o inocentes, lo que, a mi juicio, tiene un sesgo político completamente responsable. Por lo tanto, la primera conclusión que quiero dejar planteada dice relación con lo que revelan el trabajo de la Comisión investigadora y el video al que tuvieron acceso todos los chilenos, cual es la precariedad institucional con la que Chile hace frente a las catástrofes. Al respecto, quiero dar a conocer algunos datos que son importantes de reseñar. La Onemi fue creada en 1974, es decir, hace 36 años. Hasta 2006 contaba con sesenta funcionarios, todos los cuales trabajaban en Santiago; sólo a partir de 2007 se contrató personal técnico para cubrir el resto de las regiones. En mayo de 2010, el 53 por ciento de las oficinas regionales no contaba con equipos de telecomunicaciones. Señor Presidente , muchas de las cosas que figuran en el informe puedo acreditarlas en mi condición de ex gobernador provincial y, en virtud de dicho cargo, responsable de la oficina provincial de emergencia de la provincia de Elqui. Quienes tuvieron oportunidad de desempeñar funciones similares, podrán ratificarlo. También cabe hacer presente que en cerca del 50 por ciento de las oficinas de la Onemi no se cuenta con turnos 24/7, y que su presupuesto se mantuvo inalterable prácticamente durante 32 años. En cambio, entre 2006 y 2009 -es decir, bajo el gobierno de la ex Presidenta Bachelet -, su presupuesto aumentó en 600 por ciento, lo que permitió que Onemi tuviera oficinas en regiones por primera vez en sus 36 años de historia. Como dato ilustrativo, quiero dar a conocer que el edificio que alberga a las oficinas de la Onemi data de 1920. El 50 por ciento de sus instalaciones resultó destruido como consecuencia del terremoto de 1985, y el edificio nunca fue reparado. Al momento del terremoto existían sólo tres camionetas con capacidad para comunicarse con la Onemi vía satélite, todas ellas en Santiago. Respecto del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, es necesario mencionar que funciona sólo en días hábiles, es decir, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Por consiguiente, se encuentra cerrado los fines de semana y en días festivos. En cuanto a la edificación en zonas de peligro -materia a la que se refirió ayer el diputado Montes y que aparece en el informe, aunque no en las conclusiones-, existen áreas definidas como de inundación. Me gustaría invitar a los colegas a dar un paseo por mi distrito, específicamente por la avenida del Mar, en donde todas las edificaciones se encuentran en zona de inundación. Se trata de una zona habitada por muchas personas. Por lo tanto, nadie se explica por qué se permite la existencia de construcciones en zonas de alto riesgo. La investigación que hicimos y el video por todos conocido -que, por lo demás, es un testimonio del que no debemos olvidarnos jamás- revelan los difíciles problemas de comunicación y de coordinación que quedaron al descubierto entre las Fuerzas Armadas y la Onemi. ¡Por favor, no insistamos más en que un decreto firmado semanas antes del terremoto es la causa de los problemas de coordinación entre la Onemi y las Fuerzas Armadas y, por qué no decirlo, al interior de las Fuerzas Armadas! Deseo reafirmar lo que dijo ayer el diputado señor Juan Carlos Latorre : existe una mal entendida lealtad con las Fuerzas Armadas. Hay que decirlo: las Fuerzas Armadas no estuvieron a la altura de las circunstancias, salvo el Ejército, que estuvo bien tanto en lo que dice relación con sus redes de comunicación interna como en las labores que le correspondió emprender inmediatamente después de producida la catástrofe y con posterioridad. Pero la Fuerza Aérea y la Armada no estuvieron a la altura de las circunstancias. Esto se desprende no sólo del resultado de nuestra investigación; es cosa de apreciar el famoso video. La entonces Presidenta de la República -en general, cualquier Jefe de Estado- ante el surgimiento de una emergencia, no podía sino actuar auxiliada por quienes tenían la responsabilidad de entregarle los antecedentes y la información para tomar las decisiones correspondientes. ¿Qué se aprecia en dicho video? Que se pidió un helicóptero que nunca apareció ¿Qué explicación se entregó? Que no había pilotos en el aeropuerto de Pudahuel en el sector donde estaban albergados los helicópteros. ¿Acaso una de las primeras responsabilidades de la Fuerza Aérea no debiera ser tener disponibilidad de despegue inmediato de un vehículo de transporte aéreo en caso de emergencia o de un requerimiento, en este caso, ni más ni menos que de la Presidenta de la República ? Ahora, cuando se pidió información acerca de lo que estaba sucediendo en las zonas afectadas fue la entonces Presidenta de la República quien asumió inmediata y personalmente la jefatura de todos los organismos públicos vinculados a la emergencia. ¡Eso es lo que los chilenos vieron! Una Presidenta de la República que, sin tener la obligación de estar en ese lugar, estuvo coordinando la ayuda. Otro ejemplo vinculado a las Fuerzas Armadas. El almirante Macchiavello , responsable de la zona naval de Talcahuano, según el reglamento y las disposiciones legales, debió haberse apersonado en el comité de emergencia regional para colaborar, desde ahí, con el intendente de la Región del Biobío en la solución de la catástrofe. No obstante, en la Comisión dijo que había preferido quedarse en su puesto de trabajo, porque estaba preocupado de las consecuencias en la base de Talcahuano. Eso no lo celebro ni lo felicito; incluso, creo que el almirante Macchiavello actuó mal, porque él no está al servicio de la base naval de Talcahuano, sino de Chile. Por lo demás, la reglamentación vigente dice que debió ponerse a disposición del intendente regional en el comité de emergencia y no enviar a un delegado en su representación, porque, insisto, su preocupación principal en ese caso no era la base naval de Talcahuano, sino, toda la Región del Biobío. Por lo tanto, actuó mal y no lo decimos. Por otra parte, en el informe se consiga que, ese mismo día, la Fuerza Aérea tenía programado un traslado en avión de hijos de efectivos que trabajan en isla de Pascua. Es decir, con planificación se puede tener preparado un alistamiento en febrero. Incluso, una de las informaciones que se nos entregó, a propósito del traslado de efectivos de las Fuerzas Armadas para controlar los saqueos, fue que no había efectivos suficientes, porque el personal estaba licenciado. Es más, recuerdo que una de las bromas o ironías que se dijeron en la Comisión fue que ojalá nunca tengamos que enfrentar un evento bélico en febrero, porque no tendremos cómo responder si el personal se encuentra licenciado, considerando que no tenemos capacidad de alistarlos en forma rápida. Recuerdo otros ejercicios de alistamiento, pero en realidad no vienen al caso. Entonces, no es posible que el informe no diga la verdad o que no recoja de manera auténtica que el verdadero problema no es si el ministro del Interior llegó o no a tiempo del sur -se encontraba presente la entonces Presidenta de la República ; si hubiese estado presente el ministro , igualmente hubiese conducido la catástrofe la Presidenta , como queda graficado en el video- sino que el conjunto del dispositivo institucional del Estado chileno adolece del mismo defecto que permite que ocurran incendios en las cárceles, que mueran niños en centros del Sename a causa de incendios, que operen minas, como San José , que generan crisis; es la precariedad institucional del Estado chileno, la incapacidad de dotarlo de las herramientas tecnológicas, técnicas, económicas y humanas para estar a la altura de los requerimientos y exigencias de la sociedad. Vivimos en un país de ingresos medios y medios altos, y tenemos un Estado de país pobre, porque nunca entregamos a nuestras instituciones públicas los recursos suficientes. ¿Cuántos recursos hemos gastado en submarinos, en buques, en aviones F-16? No lo cuestiono; pero, ¿cómo es posible que no hayamos tenido ninguna posibilidad de contar -salvo en el Ejército- en la Armada y en la Fuerza Aérea con sistemas de comunicación redundantes, infalibles y dotados de todas aquellas cosas que, de acuerdo con lo que nos dijeron los comandantes en jefe en la Comisión investigadora, ahora sí se considerarán? A lo mejor, un F-16 no cuesta, más que todos esos sistemas ultramodernos que hoy se instalarán, pero que no estuvieron instalados cuando se requirieron. ¿O pensamos que Chile dejó de ser un país sísmico porque, desde 1985, nunca más había ocurrido algo así? Entonces, con ocasión de esta catástrofe se reflejan todas las debilidades más dramáticas de nuestro país: nuestra incapacidad de entregar a las instituciones públicas los recursos necesarios para estar a la altura de lo que Chile necesita, y nuestra incapacidad de mirar, a largo plazo, cómo enfrentar este tipo de situaciones. Suele ocurrir que, después de las catástrofes, nos alertamos, presentamos proyectos de ley y anunciamos grandes reformas, pero no pasa nada. Una vez que baja la atención mediática, no pasa nada. Un cientista político chileno recordaba que en este tipo de materias pasa lo mismo que en la vida, en particular, desde que los tiempos mediáticos se nos vinieron encima: decrece la atención mediática; y como estas reformas no rinden frutos -uno no sabe cuándo ocurrirá un terremoto o un tsunami- pierden relevancia o prioridad en la agenda política y, en consecuencia, los problemas no se resuelven. Ayer, el diputado señor Carlos Montes nos señalaba todas las inercias burocráticas asociadas a la instalación de la red de sismología de la Universidad de Chile, lo que permite concluir que una inversión importante -por aquí tengo las cifras; creo que son 26 millones de dólares- finalmente no se concreta, porque ha existido tal nivel de trabas burocráticas, que, en vez de ser una mejoría, está convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para la Universidad de Chile. Me habría gustado que quedaran reflejadas estas reflexiones en las conclusiones de la Comisión investigadora, y no este propósito político, que lamento mucho, que busca generar el debate que nos planteaba el diputado Ulloa , en el sentido de que la única diferencia es que, unos piensan que la Presidenta Bachelet estuvo a la altura de las circunstancias, y otros, no. Los socialistas vamos a rechazar el informe, porque nos parece poco serio, no refleja lo que realmente ocurrió en la Comisión y no está a la altura de lo que los chilenos esperaban. Nosotros debimos haber sido capaces de responder como Cámara de Diputados. El debate no es sobre el rol de la Presidenta Bachelet . Al respecto, si hay algo que quedó claro para todos los chilenos -todos tendrán su juicio- es cómo actuó la Presidenta de la República y cómo condujo la crisis, así como las precariedades y debilidades con que se encontró para enfrentar la situación. Ese video de la Onemi es el mejor testimonio de lo que hemos afirmado. No había posibilidad alguna de reaccionar de un modo distinto en el contexto de la profunda precariedad de las instituciones civiles y militares con que cuenta el Estado chileno para hacer frente a crisis y catástrofes de esta envergadura. Surgen juicios y reproches, unos más fuertes, otros más suaves. Si duda, la Onemi no estuvo a la altura de las circunstancias; no lo estuvo su directora. Al respecto, discrepo de la afirmación del diputado señor Juan Carlos Latorre . Creo que la Onemi y su directora, no cumplieron con los chilenos; tampoco el Shoa. Quienes presentamos el voto de minoría, valoramos la actuación del comandante en jefe de la Armada , pero sobre la base del reconocimiento del error de su institución, de las debilidades de su institución. Sin embargo, una de las diferencias entre las conclusiones de mayoría y de minoría, es que unos celebran la actuación de la Armada, y otros, valoramos la hidalguía de reconocer que no estuvo a la altura de lo que los chilenos querían. Reconocemos, en cambio, el buen desempeño del Ejército -nos parece que hay que decirlo-, de Bomberos, de Carabineros. Asimismo, constatamos la debilidad y precariedad existente en todo Chile y las modificaciones que hay que hacer desde el punto de vista tecnológico, en materia de recursos humanos; la centralidad de la inversión que hay que hacer en personal capacitado; disponer, como corresponde, del funcionamiento 24/7 de una institucionalidad que haga frente a catástrofes en un país que sufre habitualmente terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, en fin. Chile es un país marcado a sangre y fuego por las catástrofes. En consecuencia, debe contar con una institucionalidad de primer mundo, y no como ocurre hoy, que no es de tercer mundo, sino de quinto mundo. A mi juicio, esa debe ser la principal reflexión de esta Comisión investigadora. He dicho. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique van Rysselberghe. El señor VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión por la forma en que trabajó, en el sentido de que desarrolló su labor de manera seria, sistemática y permanente en el tiempo. En segundo lugar, quiero agradecer a las ex autoridades y a las autoridades en ejercicio, y, en general, a todos quienes asistieron y aportaron con sus experiencias y conocimientos en relación a con el terremoto del 27 de febrero. Más allá de las conclusiones de la Comisión, informadas en su minuto por su presidente , creo pertinente rescatar ciertos puntos que me parecen centrales, y en los que, creo, todos coincidimos. Uno, que el Estado de Chile no puede volver a mostrar las deficiencias frente a una catástrofe como la del 27 de febrero, y dos, que, por ende, debemos modificar sustantivamente los planes para enfrentar las emergencias y transformar profundamente las instituciones encargadas de afrontar los desastres naturales, que de manera tan frecuente nuestro país vive y seguirá viviendo. Dicho esto, creo pertinente, sin embargo, aclarar que si bien hemos coincidido en este diagnóstico general, claramente tenemos una gran discrepancia en torno de las responsabilidades políticas derivadas del terremoto. Este dato no es menor, porque a quienes vivimos el terremoto, el tsunami y los saqueos, no se nos puede decir que la conclusión final es que el gobierno de la época y específicamente quien lo encabezaba, no poseen ninguna responsabilidad. Tampoco se nos puede decir que la magnitud de la catástrofe hizo imposible controlar la emergencia y evitar muertes, y que, por tanto, la culpa final de las omisiones y acciones erradas es del terremoto. Quienes vivimos la cara más dura del trágico 27 de febrero, sabemos que nada funcionó; que por unos días, el Estado de Chile simplemente dejó de existir en varios lugares de la Región del Biobío; que los saqueos pudieron ser evitados o por lo menos atenuados con la suficiente y oportuna decisión política; que los lugares donde se entregaban suministros de alimentos y combustibles fueron inutilizados por las turbas, haciendo más lenta y dolorosa la recuperación; que por más de un mes fue necesaria la militarización de amplias zonas geográficas con tanquetas, armamentos, puestos de control, toque de queda y salvoconductos: No olvidaremos las fogatas nocturnas, las guardias entre vecinos, las ollas comunes, el temor, la angustia y el dolor de muchas personas que perdieron a seres queridos. Tampoco podemos olvidar que a los habitantes de la costa se les dijo que podían regresar a sus casas. Los que le creyeron a la entonces Presidenta de la República , hoy están muertos. Por eso y por muchas historias más, llenas de dolor y sufrimiento, desde el año pasado le hemos pedido al ex gobierno, a la ex Presidenta y al ex ministro del Interior que ofrezcan disculpas; que pidan perdón, en nombre del país, por todo lo que no se hizo, lo que se hizo mal y lo que se dejó de hacer. No me parece justo ni valiente que quien presidía la Nación en ese momento, eluda claramente su responsabilidad. La responsabilidad, señor Presidente , no se delega. Repito: la gente de mi región, después de sufrir todo lo que sufrió, de padecer condiciones tremendamente adversas, de vivir el desamparo y el abandono de parte del poder público, merece mucho más que el reconocimiento de la responsabilidad política; merece que la ex Presidenta reconozca que su gobierno lo hizo mal, muy mal, frente a la tragedia que nos golpeó el 27 de febrero y, definitivamente, pida perdón por todos los fatales errores y omisiones, cuestión que, a casi once meses de aquel fatídico día, aún no ocurre. He dicho. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Teillier. El señor TEILLIER.- Señor Presidente , la idea de buscar un responsable de las consecuencias del terremoto, marró el trabajo de la Comisión. La Comisión hizo un buen trabajo. Sin embargo, al final, una discusión política sobre si había un responsable o no, llevó a que no tuviéramos conclusiones ni propuestas claras, integradas, para que la Cámara de Diputados o el Ejecutivo pudiera iniciar inmediatamente una discusión legislativa al respecto. A veces, algunos olvidan la historia -incluso, algunos están proponiendo eliminar algunas horas de enseñanza de historia en nuestras escuelas,- y quiero recordar algo de la historia. El 1 de diciembre de 1928, un sismo de magnitud 8,3 grados en la escala de Richter azotó el valle del Maule. Los daños mayores se produjeron en Talca, Curicó y Constitución, arrojando un balance de trescientos muertos, casi un millar de heridos y un total de 127 mil damnificados. A raíz de este terremoto se aprobó la ley N° 4.563, de 1929, que históricamente es el primer cuerpo legal que regula la ordenación urbanística del país al establecer que toda ciudad con más de veinte mil habitantes debía elaborar un plan general de transformación destinado a fijar las líneas de edificación. Esta ley se complementó con normativas de 1931. Además, en dicha ley se dispuso la obligación de crear en las respectivas municipalidades el cargo de director de obras, función para la cual quedaron habilitados arquitectos o ingenieros civiles. El 24 de enero de 1939 tuvo lugar un sismo en Chillán, que alcanzó una magnitud de 8,3 grados en la escala de Richter, con un balance de entre veinte mil y treinta mil personas muertas, según la prensa de la época. Este sismo ratificó las debilidades antisísmicas en relación con materiales de construcción como el adobe y las albañilerías. Lo único que se salvó de la destrucción fueron seis viviendas de albañilería de ladrillo reforzado, levantadas en Chillán, conforme a las disposiciones de la Ordenanza General de 1931. Con esto, quiero decir que ante estas catástrofes, el país reaccionaba produciendo normativas que previnieran la ocurrencia, sobre todo, de desgracias personales. El 21 de mayo de 1960, un terremoto de magnitud 7,25 grados en la escala de Richter afectó a la Región del Biobío, causando graves daños en Concepción, Tomé, Penco, Coronel y Lota, y daños algo menores en Los Ángeles, Angol y Mulchén . Al día siguiente, el 22 de mayo, un nuevo sismo con características de cataclismo afectó el vasto territorio comprendido entre las ciudades de Victoria y las islas de Chiloé, con epicentro próximo a la ciudad de Valdivia. El sismo fue seguido por un maremoto de magnitud colosal. Sucesivas olas de hasta diez metros de altura azotaron las costas de la región, destruyeron pueblos costeros, caletas de pescadores e instalaciones portuarias, y provocaron el naufragio de numerosas embarcaciones. Este sismo alcanzó la magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter y la prensa de la época informaba de más de mil quinientos muertos, aunque se estima que el número fue muy superior. Una ola devastadora recorrió todo el océano Pacífico y destruyó viviendas e instalaciones portuarias hasta en Japón. En Hawai, perecieron treinta y cuatro personas, y hubo damnificados en esa isla, en las islas Kuriles , en Australia y en Nueva Zelanda. Todos sabemos que este cataclismo produjo hundimiento del terreno hasta en cuatro metros y cambio de la situación geográfica de la región. La experiencia extraída de esta tragedia determinó, en 1960, la incorporación del artículo 30 en la Ordenanza General de Construcciones, que disponía que las direcciones de obras municipales estaban facultadas para ordenar el reconocimiento del subsuelo. Desgraciadamente, esta disposición cayó en desuso a partir de las modificaciones incorporadas en 1977 y 1981, destinadas a liberar la iniciativa constructora privada de limitaciones supuestamente consideradas burocráticas. En esa oportunidad, el gobierno de Jorge Alessandri tomó la medida de que urbanistas calificados del MOP fueran asignados de inmediato a la tarea de reestudiar los planos reguladores, a fin de enfrentar la reconstrucción. A pesar de que ese año se produjo un gran tsunami, se prestó poca atención al impacto producido por éste. No se incorporó mención alguna de este fenómeno en la Ordenanza General ni se ordenó introducir modificación alguna en los planos reguladores vigentes o fijar áreas de riesgo en la elaboración de los futuros estudios urbanísticos del borde costero. Después se sucedieron terremotos en La Ligua, en 1971, y en Valparaíso, en 1985. Ese año, desgraciadamente, se suprimieron las disposiciones que obligaban a realizar estudios de mecánica de suelos; no se ejecutaron fundaciones apropiadas para terrenos cuya resistencia y composición se ignoraba -fue lo que produjo el derrumbe de varios edificios-; se eliminaron los mecanismos de fiscalización, dejando esta responsabilidad en manos del mismo promotor inmobiliario; se acabó la legendaria inspección técnica de obras (ITO); es decir, representantes del fisco que fiscalizaban en terreno el correcto cumplimiento de lo establecido en planos y especificaciones técnicas; se puso fin a los revisores de cálculos en las direcciones de obras, transfiriendo esta responsabilidad a revisores independientes contratados por las mismas empresas inmobiliarias. Como se sabe, el 27 de febrero se produjo el que podemos llamar el “terremoto de Cobquecura”, de una magnitud de 8,8 grados en la escala de Richter. A diferencia de los mega terremotos anteriores, por primera vez presenciamos el desplome de una construcción reciente de hormigón armado y de quince pisos de altura: el edificio de departamentos “Alto Río”, de Concepción, donde perdieron la vida ocho personas. Sólo en la Región Metropolitana hay cuatro inmuebles que ya cuentan con decreto de demolición y otros quince han sido declarados inhabitables. En total, son más de dos mil seiscientos los propietarios de la capital que han debido abandonar sus departamentos. Un cuadro semejante se presenta en Talca, Linares , Parral , Chillán , Concepción e, incluso, Viña del Mar. He dicho todo esto por una razón: porque la historia nos demuestra que no es posible conocer la fecha exacta de un evento catastrófico de esta magnitud, pero lo que sí es posible saber y con seguridad -cuestión que quedó fehacientemente demostrada en las conclusiones de la Comisión- es que estas catástrofes en algún momento se producirán porque en Chile, a raíz de la permanente colisión entre las placas de Nazca y Sudamericana, se produce una permanente acumulación de energía, que en algún momento tiene que liberarse por algún lado. Por eso, la Comisión debió haber planteado más propuestas de mejora en las conclusiones para estar preparados para futuras catástrofes. A nadie culpo, toda vez que formé parte de la Comisión, pero sí es necesaria una mirada autocrítica, porque si no se adoptan medidas, los riesgos que podemos enfrentar en el futuro son enormes. En la Comisión fui de los que pensaban que debíamos concluir en un informe único, que entregara al país un cuerpo de propuestas legislativas ordenadas, claras e integradas. Pienso que a última hora perdimos el tiempo en una discusión bizantina, en procura de determinar si tal persona tenía más responsabilidades que otras. Como dije, las medidas y las normativas sobre tratamiento del borde costero son insuficientes. Las zonas de impacto están determinadas. Por lo tanto, debiéramos tener normativas especiales para esas zonas de impacto ante posibles tsunamis que, en algún momento, se producirán. Así lo anticiparon los científicos que concurrieron a la Comisión investigadora. Por eso, se deben adoptar una serie de medidas preventivas y dictar normas, especialmente en materia de construcción de viviendas e infraestructura, para evitar la ocurrencia de desgracias. Se requieren normativas especiales en materia de comunicaciones, las cuales fallaron estrepitosamente tras el terremoto. Ningún servicio de emergencia, civil o militar, fue capaz de informar -en momentos que señalaban al país que no existía riesgo de maremoto y que el SHOA había levantado la alerta- que ya había ocurrido un tsunami en varias zonas costeras del país. Es decir, hubo incapacidad total de la institucionalidad del Estado para advertir a la población que corría peligro de muerte. Fue necesario que el tsunami afectara al Archipiélago de Juan Fernández y que se recibieran un par de llamadas telefónicas, para que las más altas autoridades, civiles y militares, se dieran cuenta de que Chile estaba siendo azotado por ese fenómeno. También quedó establecido que en Chile existen zonas de sacrificio. Recordemos que con ocasión del temblor del 2 de enero recién pasado, en Temuco, el SHOA demoró más de 15 minutos en determinar que no había alerta de tsunami. Lo cierto es que 14, 15 o 20 minutos para advertir de un tsunami es mucho tiempo. Por eso, en la Comisión algunos especialistas hablaron de zonas de sacrificio, donde no es posible llegar con aviso de carácter alguno. Para estas zonas, la única señal para evacuar es la intensidad del sismo. Por lo tanto, deben existir normativas para apoyar la institucionalidad preventiva en esas zonas. Para la reconstrucción del país es necesario tener en cuenta el estudio histórico de los terremotos, lo vivido por la gente durante la catástrofe y la experiencia ganada durante el período posterremoto y de reconstrucción. Además, el Gobierno debiera preocuparse de promover mayor participación ciudadana, a fin de adoptar medidas preventivas y de reconstrucción adecuadas. Al respecto, surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿seguiremos reconstruyendo en el borde costero, como si nada hubiera pasado? ¿Qué medidas se adoptarán? ¿Qué pasará con las personas que tenían propiedades en las zonas de impacto? ¿Serán sacadas de esos lugares; serán expropiados sus terrenos? A la gente que vivía en el borde costero, ¿se le construirá de todas maneras en lugar cercanos a la costa para que no pierda sus fuentes de trabajo y su forma de vida? El Gobierno está en la obligación de plasmar una serie de normas en un proyecto de ley, de manera de avanzar en el plano legislativo. Las cosas no pueden quedar como están. El Congreso Nacional sería muy irresponsable si no insistiera en legislar con mayor premura, mayor cuidado y mayor profundidad en esta materia. La normativa debe alcanzar todos los niveles, incluso el militar, toda vez que muchos se preguntan, por ejemplo, por qué no zarpó la Escuadra, en circunstancias de que la norma así lo aconseja ante el peligro de tsunami. Se nos dijo que no zarpó a alta mar porque no hubo comunicación con las naves fondeadas en Talcahuano. ¡Bien, no hubo comunicación! Pero en Valparaíso, los buques detectaron un alza de marea, detectaron que algo inusitado ocurría, que había peligro de tsunami; sin embargo, la Escuadra fondeada en Valparaíso no zarpó. Hay preguntas como esas. No estoy culpando a nadie, porque pienso que no es la intención de la discusión. Si existen pruebas fehacientes que demuestren culpabilidad de alguien en las muertes por el tsunami, eso tendrá que dilucidarlo la justicia. A nosotros nos competen sólo las responsabilidades políticas. También será necesario reponer entes fiscalizadores que existieron en el pasado y crear otros, mucho más estrictos que los que hasta hoy hemos tenido, porque con la vida de las personas no se juega. Lo digo, porque esta Cámara, amén de sus obligaciones como ente fiscalizador, también debe velar por que la vida de los ciudadanos sea mucho más segura. Por último, quiero dejar constancia de la ayuda que tuve, sobre todo en relación con la historia de los terremotos, del arquitecto Miguel Lawner, profesional que ha participado, por lo menos, en un par de reconstrucciones del país. He dicho. El señor BECKER ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Frank Sauerbaum. El señor SAUERBAUM.- Señor Presidente , antes de entregar mi opinión sobre el informe, voy a hacer algunas precisiones. Ayer, con ocasión del fuerte del temblor del pasado fin de semana, se dijo que el Presidente de la República había informado sólo tres horas después. Eso no es correcto. La Onemi, 19 minutos después del sismo, informó que no había alerta de tsunami. Digamos las cosas como son. El Presidente de la República , tres horas después del sismo hizo un balance de lo ocurrido y afirmó que había tranquilidad en nuestras costas. En seguida, la Concertación, con una tremenda caradura, ha dicho que el informe es insuficiente, que no está bien hecho. Les recuerdo que ellos participaron en la Comisión investigadora y que prepararon su informe. Además, pidieron plazo extra, porque no lo tenían listo. Por lo tanto, me queda claro que no habían trabajado lo suficiente en ese informe, y tuvimos que esperar para poder votarlo. Finalmente, ese informe se perdió. Es verdad lo que dijo el Presidente de la Comisión , diputado señor Ulloa , en el sentido de que en la gran mayoría de los temas había acuerdo, y que había diferencias respecto de algunos temas puntuales. Pero quiero hablar sobre este informe, no como miembro de la Comisión, sino como diputado de la zona del epicentro del terremoto -Cobquecura- nacido en Quirihue y, por consiguiente, conocedor de la realidad que ha sufrido la gente después del 27 de febrero. Esta Comisión estuvo casi cuatro meses investigando y escuchando testimonios, y concluyó su labor con la elaboración de un informe que entrega medidas alternativas para mejorar nuestro sistema de emergencia y alerta temprana, pero, además, establece responsabilidades individuales, lo que nos ayuda a comprender qué sucedió la madrugada del 27 de febrero y durante los días posteriores. Muchos chilenos fallecieron; otros desaparecieron, sin que sus familias tuvieran la tranquilidad de sepultarlos dignamente; el pánico y la desesperanza se apoderaron de otros. El 27 de febrero y en los días siguientes, el país fue testigo del saqueo más increíble, brutal e inédito de nuestra historia. El temor se apoderó de los ciudadanos y la violencia reinó en las calles. Los vecinos se organizaron para defender a sus familias de grupos que, utilizando la excusa de la falta de abastecimiento, invadieron, robaron, saquearon y quemaron el comercio en comunas afectadas por el terremoto. El caos reinaba y nadie hizo nada. Ésa es la verdad. Ante tal situación, cabe preguntarse qué rol jugó el Estado con su aparato administrativo. El Estado está al servicio de la persona humana, debe resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia. Quiero entregar algunos ejemplos de cómo el Estado les falló a los ciudadanos y se transformó en el coautor de la desgracia vivida el 27 de febrero y en los días posteriores. El error más obvio fue la anulación de la alerta de tsunami por parte del SHOA, mostrando imprudencia y poco criterio, cosa que quedó reflejada en este informe y que, por lo demás, le costó el puesto al capitán de navío señor Mariano Rojas . Por otro lado, cuando analizamos la capacidad técnica de quienes fueron protagonistas, nos encontramos con profesionales no capacitados para las labores propias de su cargo, como el señor Malfanti , de profesión ingeniero forestal. ¿Qué hacía un ingeniero forestal en la Onemi? Ese señor se dio el lujo de sostener en la Comisión que nunca recibió alerta de tsunami, pues él no la entendió. En forma textual, dijo: “Me quedó poco claro”, en circunstancias de que todo el país vio el fax enviado por el SHOA a las 4.07, en el cual advertía sobre alerta de tsunami en curso. ¿Qué más claro que eso? ¿Por qué el Estado, con fecha 25 de febrero, propuso un protocolo que delimitaba las funciones de las Fuerzas Armadas en caso de catástrofe? ¿Por qué el Estado negó a los radioaficionados los recursos para establecer una red nacional de comunicación, y la señora Carmen Fernández ni siquiera los recibió por considerarlos poco organizados? En realidad, fueron los únicos que pudieron mantener comunicación posterremoto. ¿Por qué el Estado invirtió grandes recursos en vehículos autónomos y en teléfonos satelitales de prepago que nunca funcionaron? ¿Por qué el ministro del Interior actuó con desidia y sin liderazgo, y estuvo al margen de la catástrofe, pese a que la Onemi estaba bajo su tutela? Podría seguir enumerando los errores del Estado en su tarea de entregar protección a la ciudadanía. En resumen, luego de estudiar los antecedentes, claramente el Estado, por su actuación negligente y tardía, se transformó en un malhechor para los ciudadanos. Ése es el mea culpa que refleja este informe, al establecer responsabilidades individuales e institucionales, con el objeto tácito de ofrecer disculpas a las familias afectadas por la actuación errada del que, se supone, era su benefactor. Por otro lado, tenemos la figura del Presidente de la República , que tiene a su cargo el Gobierno y la administración del Estado, y quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. La Administración del Estado está al servicio de la persona humana y debe observar los principios de eficiencia, eficacia y coordinación. El Estado es responsable por los daños que causen los órganos de la Administración, sean por acción u omisión. Los órganos de la Administración son responsables del daño que causen por falta de servicio, y es una atribución especial del Presidente de la República declarar los estados de excepción constitucional en los casos respectivos. Uno de ellos es el estado de catástrofe, en caso de calamidad pública. Una vez declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedan bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República . Precisamente, esa gravísima omisión ocurrió el 27 de febrero. Ni la señora Presidenta ni el señor intendente regional del Biobío tuvieron el coraje y la decisión de ejercer el mandato que la Constitución y las leyes les confieren. Pecaron de impasibilidad, dejaron de hacer y actuaron tardíamente, cuando el daño colosal al comercio y supermercados, los incendios y el pánico eran hechos públicos y notorios. O sea, fueron pusilánimes. Por esa negligencia, hoy el Estado se encuentra demandado por millones de dólares que pagarán todos los chilenos, y los habitantes de las regiones afectadas quedaron con la marca del temor y de la incertidumbre que produjo el estallido social sin control. Por lo anterior, la Comisión -de la cual formé parte-, a mi parecer, cometió el error de no acusarlos constitucionalmente desde el primer momento, por su responsabilidad histórica ante tanto daño causado. Ahora todos los responsables por omisión han quedado sin sanción. Entendemos que la Concertación quiera nuevamente evadir responsabilidades; por lo demás, a eso nos tiene acostumbrados. También entendemos que quieran proteger a la única persona que cuenta con potencial para ser candidata presidencial; pero es inaceptable darle la espalda a la verdad y al país por cálculos políticos pequeños, sin pensar en quienes perdieron la vida, un familiar o un amigo, y en los millones de chilenos que esperan un mea culpa de la clase política. Anuncio el voto favorable a este informe de la bancada de Renovación Nacional, y en nombre de los fallecidos y desaparecidos en esta tragedia, pido a los partidos de la Concertación que tengan el coraje de asumir que la clase dirigente no puede desentenderse ni hacer defensas corporativas de sus miembros. Eso nos ha alejado de la ciudadanía y nos tiene como los peor evaluados. No esperamos que la Concertación haga un mea culpa. Eso los tiene tan alejados de la ciudadanía y tan bajos en las encuestas. Por lo demás, el día en que la Concertación haga un mea culpa será el del próximo terremoto. He dicho. La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señora Presidenta , uno no puede sino lamentar las palabras del colega que me antecedió en el uso de la palabra, el cual llegó a tratarnos de flojos a quienes integramos esa Comisión. Creo que sería bueno que él leyera nuestro Código de Ética, sobre todo algunas letras de su artículo 7°, que seguramente desconoce. ¡Qué decir del diputado de la UDI que me antecedió en el uso de la palabra -me refiero al colega Van Rysselberghe -, también de la Octava Región! Todos esperamos en esta Sala que, con la misma vara con que se juzga de manera tan vehemente a la Presidenta Bachelet , se juzgue a todas las autoridades de Gobierno de la Octava Región. Uno no puede sino lamentar ese tipo de expresiones parlamentarias. Por eso, me remití al artículo 7° del Código de Ética, porque las diferencias políticas son totalmente legítimas, pero pretender decir que algunos trabajan y otros no, simplemente es caer en un despropósito o descriterio que no podemos aceptar en esta Sala, ¡de nadie! Quise intervenir porque tuve una posición sui géneris y distinta de todos mis colegas de la Comisión. Pedí expresa consignación de mis opiniones en el trabajo de la Comisión, que, por cierto, fue largo, arduo y contó con bastante aporte de todos los diputados que la integraron. Si uno lee el informe, puede tener, más o menos, claridad de lo que ocurrió el 27 de febrero. Su lectura contribuye bastante para saber qué pasó en Chile el 27 de febrero de 2010 y qué pasó ese día con la institucionalidad chilena y con los distintos organismos que debieron actuar. Lo digo porque tuve una posición distinta, básicamente refrendada por el mandato que la Sala otorgó a la Comisión. Dado el tiempo de que dispongo, me voy a permitir leer el mandato, que dicho sea de paso, ni siquiera fue redactado, aprobado y sancionado en esta legislatura, sino en la anterior. Señala expresamente que la Cámara acordó, por unanimidad, “la creación de una Comisión Especial Investigadora que, en el plazo de noventa días, se aboque a investigar el estado actual de nuestra institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta, a partir del megaterremoto y tsunami que azotaron a varias regiones del país el pasado 27 de febrero, considerando los nuevos instrumentos tecnológicos disponibles en la actualidad. Señora Presidenta , el léxico que manejo es bastante rico. Al leer estas frases, no logro ver nada que diga relación con responsabilidades políticas. Es más, invito a los colegas a revisar el mandato, entregado en la legislatura anterior, porque fue aprobado en la sesión 124ª, celebrada el 9 de marzo de 2010. En él no hay ninguna palabra relacionada con responsabilidades políticas. ¡Ninguna! Más aún, se puede comparar dicho mandato con el que se otorgó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, constituida en investigadora del incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel, que sí habla de establecer responsabilidades políticas. Hago el alcance porque las competencias de las comisiones especiales investigadoras están determinadas por su objetivo constitucional. No debemos olvidar que antes, las comisiones investigadoras existían de hecho y no estaban contempladas en nuestro ordenamiento constitucional. Los diputados de Gobierno no pretenderán desconocer eso. El referido objetivo constitucional es reunir informaciones relativas a determinados actos del Gobierno para ejercer la fiscalización de dichos actos. Pero, para complementar la regulación genérica de las competencias de las comisiones investigadoras, la Constitución establece claramente que “La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las personas citadas o mencionadas en ellas”. Obviamente, la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional baja esa norma constitucional, al establecer que “Estas comisiones, ni aun por la unanimidad de sus integrantes, podrán extender su cometido al conocimiento de materias no incluidas en el objeto o finalidad considerado en el acuerdo que dio lugar a su formación”. Así fue. Lo siento mucho si ahora nadie se atreve a decir lo que ocurrió. En la legislatura anterior, la Cámara entregó un mandato a la Comisión para estudiar el estado de la institucionalidad chilena frente a los desastres, consciente seguramente -deduzco- de que falló la institucionalidad del Estado. Ese fue el mandato. En ninguna parte -figura en la primera página del informe- se habla de responsabilidades políticas. Por cierto, todos nosotros hemos jurado respetar y cumplir, y hacer respetar y cumplir la Constitución y las leyes. Por lo tanto, la Comisión Especial Investigadora del estado de la institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta frente a desastres naturales, tiene delimitada su competencia, la que se adoptó por acuerdo unánime de esta Corporación, no por votación dividida, durante la legislatura precedente, que nos obligó a todos. Como he dicho, eso fue adoptado en la sesión de 9 de marzo de 2010. En consecuencia, las proposiciones de imputación o establecimiento de responsabilidades personales no se encuentran comprendidas dentro de la competencia o atribuciones de la Comisión, y su incorporación al respectivo informe constituiría una violación de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 53 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. Sin embargo, si está contenido -así lo acordó esta Sala- en el mandato para estudiar lo ocurrido en la cárcel de San Miguel y, en general, en los recintos carcelarios del país. Cito ese ejemplo por ser el último mandato de esta legislatura, como contrapunto del anterior, que he analizado. Parece de Perogrullo, pero conviene recordar que la determinación de las responsabilidades personales puede abarcar tres ámbitos: político, administrativo y civil y/o penal. De manera que ahora podríamos perseguir la responsabilidad política, de acuerdo con el mandato constitucional que tenemos, porque la Constitución permite las comisiones investigadoras y, además, éstas son reguladas por la ley orgánica del Congreso Nacional; o sea, ya no son de facto. Sin embargo, el mandato respecto de esta Comisión Investigadora no tenía ese propósito. Además, no debemos olvidar que las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados y, obviamente, la propia Corporación son órganos del Estado de Chile y, como tales, deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Por cierto, eso también me corresponde como diputado integrante de esta Corporación. De acuerdo con el artículo 7° de la Constitución Política, “los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.”. En el siguiente inciso, agrega: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.”. Y en el tercer inciso señala: “Todo acto en contravención a este artículo es nulo…”. ¿Por qué? Porque la Constitución, al reconocer las comisiones investigadoras y plasma en ellas la facultad exclusiva, privativa y tradicional histórica de la Cámara de Diputados, no puede dejar en la indefensión a las personas y sus derechos constitucionales. Por eso se garantiza que se asegure a las personas citadas a esas comisiones o mencionadas en ellas el debido respeto de sus derechos y garantías constitucionales, como la defensa jurídica y el debido proceso. Por lo tanto, no es pertinente el establecimiento de responsabilidades políticas por la Comisión, en el voto de mayoría, y a lo mejor en el de minoría. Se debe objetivar el tema, y así lo hice ver cuando voté en la Comisión, y por eso pedí especial incorporación de mi intervención en las actas. Estoy repitiendo gran parte de mi intervención en la Comisión, que sorprendió a muchos y no gustó a casi nadie, pero uno no está para no sorprender o para gustar a todos. La estoy leyendo porque estaba considerada en el informe. Incluso, en el informe que los señores diputados tienen en sus pupitres hay partes que no se consignan. Basta pedirlo a la Secretaría de la Comisión investigadora para darse cuenta de todo lo que he señalado. Como decía, el establecimiento de responsabilidades personales de carácter político por la comisión de marras, más que sin competencia, no tiene jurisdicción para ello y viola normas constitucionales y de ley orgánica constitucional expresas que he citado y que no admiten otra interpretación que la que he planteado, porque las interpretaciones por la jurisprudencia constitucional están claramente establecidas desde hace muchos años, toda vez que no puede ser juez y parte de imputaciones, sin contradictorio permanente, formal y habilitado, con medios de impugnación preestablecidos y sin probatorios y diligencias de pruebas que garanticen la adecuada defensa de las personas citadas o mencionadas en dicha Comisión. Por lo tanto, las anteriores son violaciones flagrantes al debido proceso de derecho, que la Constitución no permite, ni menos nuestra ley orgánica constitucional, cuyo respeto es exigible por la vía de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como límite del ejercicio de la soberanía, reconocida también en la Constitución. Es más, la propia Constitución establece ciertas facultades del Presidente para bajar todos esos derechos. Por lo tanto, la conclusión sobre el particular es que las responsabilidades personales de carácter político perseguidas por la Comisión Investigadora en el informe de mayoría -aunque también eventualmente en el de minoría- como consecuencia del terremoto del 27 de febrero es una materia fuera de su competencia, por lo que debiera declararse la nulidad de todo lo que diga relación con responsabilidades políticas. Basta ver el informe para darse cuenta de lo extenso de las mismas. Quiero centrar mi intervención en ese punto. Como señalé en la Comisión, nuestro mandato debió ser revisado por la Sala -incluso, planteé la posibilidad de que así fuera-, porque lo lógico era que la Comisión tuviese facultades para hacer reproches de carácter político, lo que es de la esencia de una comisión investigadora. Habría bastado hacer esa solicitud a la Sala, porque creo que todos, como ocurrió con el tema de la cárcel de San Miguel, le hubieran otorgado esas facultades, en el entendido de que había una redacción incompleta o, a lo menos, deficitaria. Incluso, tal vez la redacción estuvo muy cercana a la fecha del terremoto y a la conciencia colectiva de que habría existido una falla sistémica integral de toda la institucionalidad chilena y del Estado de Chile frente a la catástrofe. Pretender que la entonces Presidenta de la República es responsable de las muertes que produjo ese desastre porque no fue capaz de revertir una alerta o una bajada de alerta de tsunami o porque no dio la orden en un minuto exacto para la redacción y firma de los decretos de los estados de excepción -que, por lo demás, firmó, porque se dieron-, simplemente, no corresponde a la verdad. Uno de los temas que faltan y están pendientes en nuestro informe -debo reconocer que el diputado José Miguel Ortiz ha estado muy preocupado de ello- es el referente a los seguros. Derechamente, no analizamos el tema de los seguros. En Chile, tenemos un sistema de seguros que permite a los bancos tomarlos por el saldo de deuda y no por el valor de la propiedad. O sea, en definitiva, los seguros sirven para cubrir el crédito de los bancos y no el patrimonio de las personas, quienes garantizan los créditos bancarios con ese mismo patrimonio. Además, se hacen contramandatos mercantiles amplios, irrevocables y sin obligación de rendición de cuentas, lo que provoca verdaderas tragedias en las familias afectadas por un terremoto, ya que muchas pólizas terminan en manos de los bancos y no de las personas. Existen cuestiones aun más graves, como que nuestra legislación no contempla ni siquiera seguros contra sismos para los bienes comunes en la ley de propiedad horizontal. Por eso agradezco a todos los diputados que han colaborado para la presentación del proyecto de ley que permite modificar eso, partiendo por el presidente de la Comisión de Vivienda de esta Cámara. Ya el seguro contra incendio es relativo, porque puede ser modificado en la medida en que se reforma el reglamento de la respectiva comunidad sujeta a la ley de propiedad horizontal; pero esa ley no contempla ni siquiera el seguro de sismo para los espacios comunes. Por eso se produce el problema que afecta al edificio Amanecer, en Concepción. De acuerdo con los informes de ingeniería -lo puede ratificar el diputado José Miguel Ortiz , quien también ha estado preocupado de este tema-, los veintidós pisos son viables, pero no existen seguros para reparar los espacios comunes y, por lo tanto, la reparación de esos espacios de un edificio de veintidós pisos genera un problema para toda la comunidad. Creo que nos faltó profundizar en esto. Creo que es bueno que lo incorporemos y que, como Corporación, solicitemos a la Superintendencia y a los ministerios respectivos que estudien y aborden integralmente este tema, porque se seguirán produciendo terremotos y desastres de esta magnitud. No obstante ser diputado por Rengo , Graneros , Machalí y otras comunas de la Sexta región, mi familia es de la Octava Región, lo que me permite interpretar a diputados como José Miguel Ortiz u otros que padecieron todas las consecuencias de ese terremoto en la Octava Región. En consecuencia, no puedo terminar mi intervención sin señalar mi personal preocupación por el sufrimiento de las familias del edifico Alto Río, tal vez el más emblemático de este terrible terremoto del 27 de febrero, como el de la familia de Guillermo Ruz y de tantas otras que siguen contemplando esa construcción desplomada en el suelo. O como el sufrimiento de las familias de Dichato, quienes ocupan las denominadas “aldeas”, pero que son sólo campamentos. Me reuní con algunas de ellas el 26 de diciembre pasado y me informé de que están preocupadas por saber lo que pasará con sus propiedades del borde costero, ya que se les anunció que serían expropiadas, en circunstancias de que ellas han vivido mirando el mar de Dichato, han vivido cultivando el turismo, han vivido en sus pequeños restaurantes o en sus casas pegadas a las que arriendan en el verano, todo lo cual se puede terminar si se concreta el anuncio de expropiación, lo que, por cierto, puede ser la realidad de muchas otras familias del borde costero chileno. Ese modo de vida y esa cultura deben ser respetados y cautelados. He dicho. La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg. El señor MONCKEBER ( don Cristián) .- Señora Presidenta , en primer lugar, me referiré a los sorprendentes comentarios de los diputados y de las diputadas de la Concertación, quienes han afirmado que el informe de esta Comisión Investigadora es malo, que no se abordó el tema de las comunicaciones -lo dijo ayer el diputado Latorre - o que es poco serio. Considero que el trabajo de la comisión no fue malo ni poco serio ni dejó de abordar todas las situaciones que generó esta catástrofe. Si fuera así, me pregunto dónde estaban los diputados y las diputadas de la Concertación cuando trabajó la Comisión. Vi que asistieron y trabajaron en sus sesiones, trajeron antecedentes, citaron a personas, invitaron a otras; pero no escuchamos los comentarios que han formulado ahora en la Sala. Por el contrario, aportaron ideas, propuestas e inquietudes, como todos los demás. Entonces, da la impresión de que en la Comisión hubo una actitud y que hoy existe una distinta, porque no les gustan algunos aspectos del informe, porque las verdades duelen. Cuando alguien lo hace mal, cuando la institucionalidad funciona mal y eso se refleja en un informe, lo que, además, afecta a personas que estiman o apoyan políticamente, eso duele y no lo quieren reconocer. Eso es lo que está pasando hoy; ésa es la verdad. No les gusta el informe por ese motivo. Por ejemplo, hace un momento, el diputado Díaz dijo que el rol de la Armada había sido malo, deficiente y nefasto. Pues bien, si se lee el informe de minoría, de la Concertación, que él apoyó, se podrá constatar que felicita a la Armada. Por ejemplo, expresa: “A su vez, felicitar el rol que jugó la Armada en el proceso de enfrentamiento de la emergencia,…”. Entonces, es muy distinto lo que se dijo y lo que se trabajó en la Comisión versus los discursos que hoy estamos escuchando. Claramente, las cosas se hicieron mal y no se quiere reconocer o no se atreven a hacerlo. Eso es importante de señalar, pues se avizora el voto negativo de muchos diputados que han intervenido. Respecto del tema de las responsabilidades políticas y las instituciones que planteaba el diputado Rincón , recojo su importante argumento basado en aspectos legales muy respetables, pero que también debe ser mirado desde otro punto de vista. Las instituciones no funcionan solas ni son una abstracción, sino que hay personas que están a cargo de ellas. Cuando la Cámara nos entrega un mandato, en esta legislatura o en la anterior, para revisar las responsabilidades y la capacidad de respuesta de la institucionalidad del Estado frente a catástrofes naturales, obviamente tenemos que hablar de las personas que estaban a cargo. Insisto en que las instituciones no son un ente abstracto y no funcionan solas; están a cargo de personas. Esos son aspectos importantes de destacar en la discusión, porque la tónica de las intervenciones de los parlamentarios de la Concertación no me parece la más adecuada. Expuesto lo anterior, ahondaré en algunos aspectos del informe y el trabajo de la Comisión. Todos sabemos -se ha señalado hasta la saciedad- que estamos en presencia de uno de los sismos más fuertes de nuestra historia. Al mismo tiempo, todos sabemos que Chile es el país más sísmico del planeta, características que muchas veces se olvidan. Cuando investigamos y nos informamos de la capacidad de respuesta que tenemos nos damos cuenta de que parece que esa realidad nunca estuvo presente. El 46 por ciento de la energía sísmica liberada en la historia de la humanidad ha sido en nuestro territorio. El costo de un terremoto siempre afecta en forma importante el producto interno bruto de nuestro país. Todos conocemos la escala y magnitud del terremoto de febrero del año pasado y lo que significó en cuanto a la cantidad de damnificados, por la cantidad de viviendas que se destruyeron, y al atraso en la construcción de sus viviendas. El gobierno de la Presidenta Bachelet construyó aproximadamente 500 mil viviendas, que es un gran número. Sin embargo, el terremoto borró de un plumazo esa misma cantidad de viviendas. Por lo tanto, la magnitud del desastre fue tremenda. El mandato que se nos entregó con motivo del horror, la muerte, el desastre, la solidaridad y la ayuda que la gente proporcionó fue investigar el estado de la institucionalidad en relación a su capacidad de respuesta frente a desastres naturales. Y la respuesta es que la institucionalidad es nula respecto de este tipo de situaciones. Es mala y deficiente, como lo dijo el nuevo director de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). Ésta es una institución ochentera y su institucionalidad no ha evolucionado. Lamentablemente, al revisar y estudiar los antecedentes, nos damos cuenta de que efectivamente es así. Si se analiza el actuar de las autoridades, de las instituciones y la normativa en la materia, se llega a dos conclusiones: primero, que nunca en la historia se habían sufrido estos desastres, lo que, por lo demás, no es cierto, y segundo, que estábamos tan bien preparados que podíamos responder y actuar de manera eficiente. Finalmente, ninguna de las dos situaciones se produjo. Claramente, el nivel de respuesta fue malo, nulo y nuestra institucionalidad, así como también nuestras autoridades, nos guste o no, no actuaron de la mejor manera. Sí hubo muchas personas destacadas -el informe así lo consigna- que tuvieron importantes actuaciones y responsabilidades bien cumplidas, pero hubo otras en que no fue así. En la Comisión, cuando empezamos a redactar el informe final, señalamos tres etapas. La primera, referida a cómo funcionaba la institucionalidad antes de los hechos ocurridos, qué teníamos para enfrentar la emergencia; la segunda, lo que ocurrió la noche del 27 de febrero y el día posterior, y la tercera, el estallido social. En el primer caso, tanto la Onemi como el SHOA son responsables importantes de las consecuencias de la catástrofe. Habría sido muy distinto si se hubiera tenido una actitud diferente y una institucionalidad preparada, desde el punto de vista del SHOA y de la Onemi. Si se revisa lo que fue la actuación de la Onemi, se debe decir que existían limitaciones funcionarias. No había un papel apropiado en materia de comunicaciones y no existía una institucionalidad vigente, no obstante que la anterior directora, señora Carmen Fernández , había propuesto cambiarla al gobierno de la Presidenta Bachelet . No obstante haber golpeado puertas -lo dijo en la Comisión-, no se escucharon las propuestas de la directora de la Onemi y el gobierno anterior no llevó adelante el cambio necesario en la institucionalidad. Hay datos escalofriantes. Por ejemplo, sólo el 40 por ciento de las oficinas regionales de la Onemi trabajan en turnos de 24 horas; sólo el 53 por ciento de los equipamientos de telecomunicaciones de que dispone la Onemi son propios. Entonces, uno se empieza a dar cuenta y a encontrar razones y justificaciones para entender por qué la institucionalidad no estaba funcionando. Se advirtió que la institucionalidad era mala, pero se hizo poco por mejorarla. El tema de las comunicaciones es otro punto que sí está reflejado en forma destacada en el informe. Ayer, el diputado Latorre decía que el tema más importante eran las comunicaciones y que no estaba reflejado en el informe. Sin embargo, sí está incluido, y hay un capítulo especial en las conclusiones, tanto en el informe de mayoría como en el de minoría, que mencionan el grave problema de las comunicaciones y que fue uno de los motivos importantes y relevantes para tener un actuar distinto. La constante política pública de privilegiar la fibra óptica y la telefonía celular en desmedro de otras tecnologías es uno de los temas que explican por qué las comunicaciones no funcionaron bien. Es más, Naciones Unidas ha recomendado permanentemente un sistema de emergencia en materia de comunicaciones, pero nosotros no lo teníamos, salvo, como bien lo han dicho algunos parlamentarios, el Ejército, con su Plan Torrente. Es sorprendente que cuando el país avanza en materia de comunicaciones, las antiguas formas de comunicarse -como, por ejemplo, el sistema de radioaficionados- no estuvieran operativas para este tipo de situaciones. Lo peor de todo es que sí se ofreció. La entonces directora de la Onemi, señora Carmen Fernández , cometió muchos errores, pero sí advirtió al Gobierno que había que cambiar la institucionalidad en el tema, y no fue escuchada; tampoco se escuchó a los radioaficionados, que se juntaron con ella en 2006 para ofrecerle toda su capacidad de comunicación para incorporarla en caso de alguna emergencia. Pues bien, hasta el día de hoy, nunca ha habido respuesta; sin embargo, cuando se revisa la situación de las comunicaciones, se advierte que fallaron todas, menos la de los radioaficionados, que sí funcionó. Ahora, si hubiera habido coordinación por parte de la Onemi, la capacidad de respuesta hubiera sido mucho mejor. ¡Para qué mencionar el SHOA! El SHOA también tiene una responsabilidad sumamente relevante. ¿Por qué? Ellos dan la alerta de tsunami, pero a poco andar la dan de baja, como todos sabemos. Eso también está reflejado en nuestro informe en forma destacada, tanto en el de minoría como en el de mayoría. ¿Qué pasó ahí? Una institucionalidad que no funcionó. Pero no podíamos referirnos solamente a que no funcionaron la institucionalidad y el SHOA. Existen personas que estaban a cargo de este servicio y son responsables de por qué no funcionó. Por eso, recojo el argumento del diputado Rincón , en cuanto a que las instituciones no funcionan solas. Obviamente, hay personas que toman las decisiones y el informe debe recoger esa realidad. Por ejemplo, cuando el SHOA elabora su informe, señala que sólo ocho de las sesenta y nueve unidades navales destinatarias del mensaje del SHOA lo recibieron; es decir, la gran mayoría no lo recibió. El SHOA da de baja la alerta de tsunami a las 04.56 de la mañana, pero diez o doce minutos antes había recibido una advertencia de organismos que también tienen competencia en la materia, como el PTWC, en Estados Unidos, que decía claramente que no debió haberse dado de baja la alerta de tsunami. ¿Se actuó mal o no? Claramente, se actuó mal. Y me atrevo a decir que si el SHOA y la Onemi hubieran actuado de forma distinta, los resultados habrían sido también muy diferentes. Creo que son en gran parte responsables de las posteriores consecuencias nefastas del terremoto. Pero no solamente las instituciones actuaron mal. También hubo personas que así lo hicieron. Se ha creado un mito en cuanto a que se haría responsable de todo a la ex Presidenta Michelle Bachelet . No es eso lo que dicen los informes, y es importante señalarlo. Nosotros fuimos muy responsables al momento de determinar las responsabilidades de las instituciones, la capacidad de respuesta y la actitud que tuvo cada una de las autoridades. En el caso de la ex Presidenta de la República , sí tuvo una responsabilidad. Todo el mundo vio un video -que está disponible- y se dio cuenta de que ella funcionó, trabajó y le puso el máximo de empeño posible en una situación de caos. Pero también tenía facultades y responsabilidades que son exclusivas y excluyentes de ella, como declarar los estados de excepción. Y cuando se produce el estallido social, al Presidente de la República le corresponde decretar el estado de excepción, con la asesoría de sus ministros y de los encargados de las Fuerzas Armadas. Pero es ella quien lo tiene que decretar. Al mismo tiempo, cuenta con toda la carga histórica que significa que, cuando hay que enfrentar estas situaciones de catástrofe, lo primero que se hace es pedir a las Fuerzas Armadas que tomen el control, porque las horas posteriores son muy complicadas. Pues bien, toda esa carga e información existía. El sábado en la mañana, la Presidenta de la República llega a Constitución e, incluso, presencia un saqueo. Por lo tanto, sabía de la situación que se estaba empezando a generar. Había información, había material, había experiencia, pero no se actuó. Y ésa es la responsabilidad que nosotros señalamos en el informe. Decimos que hubo vacilaciones, demoras y que eso produjo nefastas consecuencias en las zonas afectadas. Y todo ello por no haber decretado el estado de catástrofe, el estado de excepción, que es una atribución exclusiva y excluyente, según lo establece la Constitución, del Presidente de la República . En consecuencia, ahí hay una responsabilidad, que tenemos que reflejar en el informe. Reitero que las cosas no ocurren solas; se podrían haber prevenido y advertido. Es más, cuando el subsecretario Rosende va a la zona afectada, sobre todo en la Octava Región, telefonea, el sábado en la tarde, para señalar que era necesario declarar el estado de excepción, porque la situación estaba tomando otro color. Por lo tanto, había que tomar actitudes distintas. Ese llamado fue en la tarde, y lo dijo el entonces subsecretario del Interior. ¿Qué ocurrió? ¡Nada! Al día siguiente, recién el domingo, cuando ya el desastre era total, cuando la televisión mostraba los saqueos por todos lados, se toma la decisión. Entonces, hubo demora y vacilación, que estamos reflejando en el informe. No estamos diciendo que la Presidenta de la República es una malvada y que lo hizo mal, sino que hubo demora y una mala decisión en ese momento porque no se utilizó una atribución exclusiva y excluyente. Repito: nadie más que la Presidenta de la República podía declarar el estado de excepción. Y eso es, simplemente, lo que refleja nuestro informe. Entonces, no estamos afirmando que la Presidenta es la responsable de todo: de la mala respuesta y de la institucionalidad deficiente. Hemos sido muy serios en la elaboración de nuestro informe y, por lo mismo, estamos acotando las responsabilidades que corresponden a cada una de las personas, tal como lo mencionamos en el caso del ministro del Interior de la época. Lamentablemente, el entonces ministro del Interior estuvo ausente. Y en este tipo de situaciones es la figura del ministro del Interior , por ley, por mandato legal, quien tiene que estar presente. Es más, el jefe del gabinete era quien se entendía con las autoridades de las Fuerzas Armadas para dar las instrucciones, porque el ministro no estaba, se encontraba ausente. Y eso también lo refleja nuestro informe. No se manifestó la actitud que correspondía a un ministro del Interior . No se trata de que hubiera llegado tarde, como se dijo -era lógico que si estaba fuera de Santiago, tenía que llegar tarde-, sino que una vez que hubiera tomado el control de la situación hubiese estado presente. Y no estuvo presente ni en el momento de la catástrofe, ni después, ni en los días que le quedaban a ese gobierno hasta el 10 de marzo. No estuvo presente, lo cual es bastante serio, y eso lo refleja nuestro informe. Concuerdo con que las verdades duelen. A nadie le gusta reconocer que las cosas se hicieron mal o no caminaron y que la institucionalidad no funcionó; pero eso es lo que ocurrió aquí. Y todo eso lo refleja la realidad de la investigación. También se formularon propuestas. Es muy injusto afirmar que no se hizo ninguna proposición. ¡Claro que se hicieron! Es el Ejecutivo quien tiene que llevar adelante propuestas y el que está implementando una serie de modificaciones, que funcionaron en la alerta de terremoto o sismo -depende de cómo se le denomine- ocurrido hace algunos días en el sur del país. Funcionaron, y bastante mejor que la vez anterior, porque la experiencia ayudó muchísimo. Y la gente bien educada en este tipo de materias también colabora enormemente. Se hicieron propuestas. Asimismo, hubo puntos altos. Porque nos dimos tiempo para destacar en nuestro informe a las personas e instituciones que sí actuaron bien. Hubo muchas personas y jóvenes anónimos que colaboraron de manera destacada. Como hemos escuchado en muchas oportunidades, en determinadas situaciones de catástrofe aparece lo peor, pero también lo mejor de la naturaleza humana, lo cual se destaca con nombre y apellido en el informe. También representa un homenaje a las miles de personas que, solidariamente y en forma anónima, ayudaron a que la catástrofe fuera mejor llevada por quienes se hallaban más afectados. Sabemos que queda mucho por hacer y por reconstruir, pero, al menos, me quedo tranquilo y con la sensación de que esta Comisión investigó a fondo, buscando las causas y proponiendo alternativas respecto de lo que creemos que debe mejorar nuestra institucionalidad, con un objetivo: para que, de repetirse este episodio -que de todas maneras volverá a ocurrir; a lo mejor, no a nosotros, pero sí a las generaciones venideras-, no traiga las nefastas consecuencias que conocimos el 27 de febrero y los días posteriores. He dicho. La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señora Presidenta , durante veinticinco sesiones, trece parlamentarios intentamos ejecutar el mandato que nos dio la Sala para investigar cuál era el estado de la institucionalidad en relación con su capacidad de respuesta frente a desastres naturales. Después de escuchar tanto a mi colega de distrito como a un diputado de otro de los distritos de mi Región del Biobío , me queda la impresión de que ellos están tratando de usar esto solamente para intentar bajar la popularidad de la gran ex Presidenta , Michelle Bachelet , que para sorpresa de este país sigue bordeando el 85 u 86 por ciento de reconocimiento y respeto en Chile. Por otra parte, aquí se repiten las situaciones más increíbles del mundo. Cuando tocamos alguna situación del actual Gobierno, que comenzó el pasado 11 de marzo del año pasado, se nos dice que queremos aprovecharla políticamente para que el actual Presidente , Sebastián Piñera , pague costos políticos. Es cuestión de analizar la última encuesta que se conoció hace algunas horas para ver que, lamentablemente, el sistema político en Chile se halla en descrédito. Ha bajado el apoyo al Presidente y aumentó el rechazo. Pero en la Concertación también pagamos un costo, que asumimos, como corresponde. Pero para mí lo más terrible es que el 35 por ciento de la población del país no se siente identificado con ningún movimiento político. Basta analizar las intervenciones de algunos de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, que estuvieron focalizados en un solo objetivo: Michelle Bachelet . Me siento orgulloso de haber tenido una Presidenta como ella y que las Naciones Unidas la hayan reconocido y la hayan designado como primera mujer secretaria general adjunta. Eso nos indica, desgraciadamente, que, como reza el dicho, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar ni peor ciego que el que no quiere ver. En letra B), página 104 del informe, la Comisión expresa lo siguiente: “La mala calidad de la información que tuvieron los distintos estamentos que participaron en la emergencia fue también determinante al momento de informar a la Presidenta Michelle Bachelet , ya que en más de una oportunidad se le hizo afirmar que no existía amenaza de maremoto y que sólo había alzas de mareas. De hecho, a la Jefa de Estado jamás se le puso en conocimiento de la existencia de una comunicación formal del SHOA consignando una Alerta de Tsunami. Más aún, a pesar de que la Onemi, siguiendo ahora las indicaciones del organismo técnico facultado para establecer la probabilidad de ocurrencia de Tsunami -el SHOA-, descartaba absolutamente que hubiera riesgo alguno, la Presidenta mantuvo por propia iniciativa en sus alocuciones públicas la recomendación de mantenerse lejos de la costa. De hecho, mientras el SHOA descartaba la presencia de maremotos, por vía telefónica se recibía la noticia que grandes olas habían llegado hasta la mitad del principal poblado de la Isla de Juan Fernández . Esta Comisión -en la cual estuvieron dos de esos colegas que me precedieron en el uso de la palabra- “destaca la voluntad y disposición de la Presidenta Bachelet que la llevaron a estar en la Onemi desde muy temprano, a desplazarse en cuanto le fue posible a la zona del epicentro para mostrarle a la población afectada que todo el país acudiría en su ayuda.”. Aquí se ha criticado a algunos parlamentarios que somos parte de la Concertación, pero lo cierto es que, fuera del párrafo referido a la entonces Presidenta Michelle Bachelet , en el resto del informe dimos la unanimidad. También es efectivo que la Presidenta de la República -tal como lo expresó ayer el colega Juan Carlos Latorre - venía llegando de un viaje que le correspondía hacer en tal investidura e inmediatamente se trasladó a las oficinas de la Onemi, lo que demuestra su disposición y voluntad, y no la carajada que mencionó un colega, quien dio a entender que la Presidenta era poco menos que culpable de asesinato. Es muy grave lo que dijo este colega, que está aprovechando su fuero parlamentario, ya que por sus opiniones en la Sala no se le puede acusar constitucionalmente. Lo desafío a que repita lo mismo afuera de la Sala, para que lo podamos acusar constitucionalmente. Las cosas se deben decir como corresponde y hay que tener la valentía, los pantalones y los cojones para decir las cosas cuando corresponde, porque no le escuchamos decir eso en la Comisión. Ahora vienen a decir cosas en función de situaciones, como las que aparecen en una encuesta, en la cual dicen: “estos son los políticos por los cuales hay que votar”. Los colegas de mi región saben a qué me estoy refiriendo. ¡No, colegas! Es cierto que este Gobierno fue elegido a través del voto popular, pero a algunos medios de comunicación se les pasa la mano. El comité editor, a dedo, dice: éste, éste y éste. Pero eso terminó. Cada uno de nosotros debe asumir sus responsabilidades como corresponde. En la Comisión se planteó que resulta reprochable el hecho de que la FACh no pudiera operar el helicóptero presidencial en los primeros momentos de la emergencia, por no haber pilotos disponibles, ya que en el lugar donde se hallan los helicópteros no se mantienen pilotos en forma permanente. ¿Saben qué conversaron en la Comisión quienes asistimos a las veinticinco sesiones? ¿Qué hubiera pasado si en ese instante hubiera habido una declaración de guerra de algún país? Es decir, nos hubieran pillado sin pilotos disponibles y habrían tomado el control del país, en circunstancias de que me consta que, en todos los años que llevo como parlamentario, nunca, jamás, se ha negado presupuesto a las Fuerzas Armadas, especialmente a la FACH. Con la ley reservada del cobre -es bueno que esto lo sepa la opinión pública-, en este instante debe tener empozados más de 5 mil millones de dólares, porque reciben el 10 por ciento de las ventas de cobre, y tienen compromisos de aquí a tres años por no más de 2 mil millones de dólares. Y en los próximos años van a recibir cantidades cuantiosas, en lo que estamos de acuerdo. Pero definitivamente hay que legislar sobre ese tema. Tienen la última tecnología, en lo que siempre hemos estado de acuerdo. Cuando en la Comisión Mixta de Presupuestos hemos visto temas de esta naturaleza, hemos pedido sesión secreta y siempre hemos aprobado el mejor presupuesto para las Fuerzas Armadas. Es decir, no hay justificación posible; no se puede entregar una excusa tan banal, tan increíble y tan ridícula, porque eso significa que en cualquier instante pueden amenazar a nuestro país y al día siguiente nos podemos encontrar ocupados por otro país porque no teníamos pilotos disponibles. Es bueno que eso se sepa. Algunos vivimos en regiones y conocimos de cerca lo que significó ese maremoto, ese cataclismo. Por mi edad, además, me tocó vivir un desastre similar en 1960. El domingo pasado, volvimos a sentir una réplica de 5,1 grados. Algunos lo calificaban de 7,1 ó 6,9, ya que nunca se pusieron de acuerdo sobre la intensidad. Eso ocurre porque se considera terremoto desde el grado 7 hacia arriba. ¿Y qué sucede en ese caso? Empiezan a operar los seguros. Esto lo debemos hablar con seriedad, con claridad, con firmeza, como corresponde, a esas miles de personas que han sido víctimas de las compañías de seguros, que son extraordinariamente buenas para cobrar, pero muy malas para pagar. Al final, se pusieron de acuerdo en que la intensidad del movimiento telúrico fue de 6,9 grados, porque si hubiera sido de 7,1 grados, como lo estaba planteando Hawai , también tenían que pagar seguros por un terremoto. Es decir, no es poca cosa lo que se jugó este domingo en relación con el movimiento telúrico ocurrido en la Región de La Araucanía y cuyo epicentro estuvo en Tirúa. Es decir, estamos cuidando a las compañías de seguros. ¡Qué impresionante! ¡Ésa es la verdad! Todos sabemos que Chile es el país más sísmico del mundo y que en el terremoto pasado falló cierta institucionalidad, pero también fuimos muy claros en lo que respecta a la responsabilidad de las instituciones en relación con el manejo de la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010. Por otro lado, tengo que reconocer que el colega Jorge Ulloa fue un Presidente de la Comisión que siempre nos dio garantías a todos. En la vida debemos reconocer las cosas que son buenas. Nosotros planteamos la necesidad de invitar a una serie de personas de distintas instituciones y se accedió a ello. Eso es actuar en función de entender lo que es ser diputado de la República . Lógicamente, cada cual tiene una posición política y una visión de Estado, pero cuando se asumen responsabilidades, como la Presidenta de la Cámara de Diputados, se debe actuar por sobre sus legítimas posiciones políticas y dar garantías a todos. Quienes no actúan de esa forma no entienden lo que es la democracia en plenitud. Hubo un tema que nos preocupó mucho, que el colega Montes planteó con mucha fuerza. Por ejemplo, hace cuatro años, la Onemi tenía un presupuesto ínfimo -lo cual, por lo demás, está en el informe- y, a través de la Presidenta de la Cámara , hicimos mucha fuerza para subir los presupuestos de la Onemi. Si vemos los presupuestos de los últimos tres años, nos daremos cuenta de que subieron unas veinte veces, pero todavía es insuficiente. ¡Cómo no va a ser así cuando en la Región del Biobío hay prácticamente una persona de planta, otra a honorarios y no están disponibles las 24 horas del día, porque eso es imposible! Pero debemos destacar un dato. Se dijo, con justicia, que los mejores sismólogos y científicos preparados por nuestras universidades, en particular por nuestra Universidad de Chile, que es estatal, por razones ideológicas y políticas, tuvieron que irse del país. Los que se quedaron se encontraron con una sorpresa: que el presupuesto del Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, que tiene grandes responsabilidades, era ínfimo. Por eso, en el momento preciso, hicimos presente que era necesario aumentarlo. Pero, ¿qué pasó? Nos encontramos con una burocracia enorme. Fue así que, no obstante haberse aumentado el presupuesto en forma significativa, debido al papeleo y a otras razones, nos encontramos con la sorpresa de que, cuando se produjo el terremoto, prácticamente no se habían ocupado los recursos que se habían asignado a dicho instituto en el Presupuesto de la Nación. ¡Ave María que esto es preocupante! En la Comisión, el actual director nacional de la Onemi nos aseguró, en presencia de los ministros, que se iba a simplificar toda la burocracia administrativa que existía. Han transcurrido diez meses -vamos para los once- desde que ocurrió el terremoto, pero nos hemos encontrado con otra sorpresa: que, al parecer, al Instituto de Sismología de la Universidad de Chile le aumentaron las exigencias para que pueda hacer uso del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, Poder del Estado autónomo e independiente. Tal como se expresó aquí, los funcionarios de ese instituto tienen grandes inquietudes, porque se verán forzados a entregar esa responsabilidad, porque están con las manos atadas. Por ejemplo, todos los parlamentarios quedamos impactados cuando dos sismólogos, Jaime Campos , científico brillante de la nueva ola, y Sergio Barrientos , lo mejor que tenemos en el país, reconocido internacionalmente, nos dieron a conocer, en forma virtual, el terremoto que ocurrirá en Antofagasta. No es una presunción; va a ocurrir, aunque puede suceder mañana, pasado mañana o en cinco años. Y cuando ello ocurra -como creyente, espero que Dios no lo permita-, seguramente le van a echar la culpa al Instituto de Sismología de la Universidad de Chile. Es decir, empezarán a buscar culpables, como lo hicieron dos colegas: uno de mi distrito y otro del distrito N° 42, que poco menos que querían “matar” a Michelle Bachelet , nuestra gran líder, conductora y ex Presidenta de la República , que realizó grandes cambios, como la reforma previsional, porque les preocupa la posibilidad de que, en tres años más, sea candidata a la Presidencia de la República . ¿Qué me preocupa? Por ejemplo, hay que elaborar una nueva institucionalidad; pero para ello todos debemos unirnos. Debemos ser capaces de entender algo que supimos en la Comisión. El país más avanzado en la prevención de sismos es Francia. Pues bien, los franceses, mediante un grupo de científicos de Taiwán, que suscribieron un convenio con nuestra Universidad de Concepción, instalaron los aparatos más modernos en el fondo marino, y están esperando los resultados. Entonces, si no tenemos recursos para implementar esta tecnología en forma permanente, vamos a tener serias dificultades. ¿Qué le interesa a la opinión pública? Que tengamos la capacidad económica -en realidad, hay mucha plata, debido a que últimamente el precio de la libra de cobre ha oscilado entre 4,24 y 4,42 dólares- para financiar un proyecto extraordinario sobre la materia, que se implemente lo antes posible. Se trata de habilitar una red de emergencia, para el caso de que se produzca otro sismo, que cuente con el financiamiento necesario y que permita que nuestros científicos investiguen y puedan importar aparatos con la última tecnología disponible en el mundo. Se acabó el mito de que Japón es el país más sísmico del mundo; en realidad, es Chile. Por lo tanto, no entiendo el tenor de las críticas. Hay propuestas de mejoras, como la modernización de la Onemi. Transcurridos cuatro días de producido el terremoto, tuve la posibilidad de acompañar al ex ministro de Hacienda , Andrés Velasco , que todavía estaba en el Gobierno, a presenciar los estragos producidos por el maremoto en la comuna de Talcahuano que fue, lejos, la zona cero, especialmente Asmar . Las autoridades de la Armada reconocieron que el Departamento de Telecomunicaciones, que tiene que ver con todo nuestro litoral, prácticamente quedó inutilizado pocos minutos después de las 3.34 horas de aquel 27 de febrero. Es decir, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada debe tener autonomía tecnológica y debe existir una red de telecomunicaciones que funcione de verdad. Los trece diputados integrantes de la Comisión, durante todo el transcurso de la investigación, concordamos en que quedó en evidencia que uno de los principales puntos críticos durante el terremoto fue el sistema de comunicaciones. El domingo pasado hubo un sismo de 6,9 grados que afectó a la Octava y Novena regiones, pero en mi provincia de Concepción, donde tuvo una intensidad de 5,1 grados, colapsaron todos los teléfonos celulares. Es decir, no se han efectuado las inversiones necesarias, porque lo único que interesa a las empresas de telefonía es el lucro. He dicho. La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Ofrezco la palabra al diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta , estimados colegas, quiero empezar mi intervención con una felicitación al Presidente de la Comisión Especial Investigadora , diputado Jorge Ulloa , y a todos sus miembros, por la labor realizada, porque fue absolutamente transparente. El país pudo ver, en directo, el trabajo realizado por los parlamentarios y por quienes visitaron la Comisión, que hicieron presentes sus inquietudes, propuestas y entregaron sus experiencias. Además, la Comisión estuvo abierta a todos los medios de comunicación del país que estuvieron instalados en forma permanente al interior de ella. Y en ningún momento -pueden revisar las actas o los videos- escuché críticas al trabajo realizado; por el contrario, observé un esfuerzo mancomunado para investigar a fondo lo que ocurrió y formular propuestas concretas, a fin de que en nuestro país jamás vuelva a ocurrir lo mismo. De manera que no quiero entrar en polémica o en conflicto con personas que, muchas veces, sólo estuvieron un instante en la Comisión. Pude ver a todos los parlamentarios de la Concertación, a los independientes, al diputado Teillier , del Partido Comunista, y a los de la Alianza, que estuvieron permanentemente preocupados por desarrollar una labor seria. Por lo tanto, no acepto que en esta Sala se hable tan ligeramente de un trabajo serio, respetuoso, orientado a investigar todo lo que fuera posible y a hacer propuestas, de lo cual fue testigo todo el país. Respecto del informe, nadie dijo nada; el problema se centra en las conclusiones. El verdadero punto de diferencias -creo que ni siquiera hay que magnificarlo- fue la tardanza de la Presidenta Michelle Bachelet en decidir sacar las tropas a la calle, con el fin de evitar los asaltos y garantizar la seguridad pública, temas que fueron resaltados no sólo por nosotros, sino por los canales de televisión de todo el mundo, que exhibían imágenes que resultaban vergonzosas. Días o meses después, conocimos la situación de los 33 mineros que, gracias a Dios, dejó una imagen muy distinta sobre cómo se hacen bien las cosas en nuestro país. Quiero ser muy claro; la diferencia es simplemente ésa: la tardanza en la toma de decisiones. Ése es el punto, y si no podemos hacer una crítica -creo que la misma Concertación está de acuerdo en que hubo tardanza en la toma de decisiones-, ¡por favor!, les recuerdo que ésta es una Cámara fiscalizadora y la Comisión Investigadora simplemente cumplió su papel. Lo importante es transparentar toda la verdad. En segundo lugar, me parece importante que la Sala conozca la propuesta de mejoras de la Onemi, en la que obviamente estamos de acuerdo, en mayor o menor medida. Espero que el Presidente de la República acelere una decisión que se anunció públicamente, en el sentido de que necesitamos una nueva institucionalidad para la Oficina Nacional de Emergencia. Está claro que no contamos con comunicaciones reales en caso de emergencia en el país. No las tuvimos el 27 de febrero pasado ni las tenemos ahora. Estamos en una situación compleja, como han señalado diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, porque ha quedado de manifiesto a raíz del último sismo del fin de semana ocurrido en la Novena Región. Quiero plantear tres puntos importantes para el objetivo de la Comisión. Primero, creo que fue un tremendo error no incluir a las Fuerzas Armadas en los protocolos de emergencia. Incluso, es importante que la Sala conozca las expresiones del entonces ministro Vidal . Dijo, textualmente: “Yo firmé un documento que constituyó un error firmarlo, el 25 de febrero en la tarde, y si me apuran un poco, una estupidez. Así de simple, porque ese documento cercenaba aún más las funciones de las Fuerzas Armadas, dejándolas para una especie de transporte del personal.”. Fue un error, y así lo reconoció un ex ministro de la Concertación. Valoro la transparencia de sus palabras, porque es mejor reconocer que tratar de justificar lo injustificable. Por otro lado, es muy importante que trabajemos en común sobre el tema de la red de comunicaciones, que colapsaron el 27 de febrero. Es más, hasta para el año nuevo las comunicaciones colapsan. Por lo tanto, no contamos con la red de comunicaciones que el país necesita; para ser franco, tampoco las han tenido en su momento los países más importantes y desarrollados del mundo. Sin ir más lejos, Estados Unidos, sólo después del atentado a las Torres Gemelas y del huracán Katrina empezó a tomar en serio el tema de que todos los organismos públicos deben tener interoperabilidad y que se puedan comunicar en momentos de emergencia. Por eso, valoro el trabajo de la Comisión y la propuesta que está haciendo, en el sentido de que necesitamos un estándar que permita que Carabineros, el Gobierno, las instituciones de emergencia, como las de salud y como bomberos, las Fuerzas Armadas, etcétera, tengan un idioma común en el momento en que se necesite, lo que se debe acelerar al máximo. Me pregunto: cuando el fax del SHOA llegó, como todo el país sabe, pasadas las 4 de la mañana, con su mensaje que decía “alerta de tsunami”, nuestra institucionalidad, la Onemi, casi no sabía lo que eso significaba, porque al final no se dio la alerta de tsunami. Sin duda que el SHOA cometió un error, porque una hora después levantó la alerta de tsunami. Cuando al ex ministro Vidal se le consulta respecto del fax del SHOA, él responde que es clarísimo, porque hubo alerta de tsunami. ¿Qué ocurrió? La Onemi no la declaró, porque comenzaron las interpretaciones. Tan es así que a la propia Presidenta de la República la Onemi le informa del fax horas después de recibido. Quiero que trabajemos en conjunto y no politicemos este tema. Es necesario decir la verdad tal como ocurrió, y creo que la Comisión realizó un trabajo serio y responsable, tal como se lo encomendó la Sala. Por eso, espero que las conclusiones del informe de la Comisión se aprueben, por el bien del país, porque sería impresentable que un informe como éste se rechazara sólo por el hecho de decir que hubo demora -porque ésa es la diferencia de fondo- en la decisión de la Presidenta de la República de sacar las tropas a la calle para defender a nuestra población y terminar con los saqueos. ¡Ésa es la diferencia! Les pido a mis colegas que miremos esto con altura de miras, porque el terremoto y posterior tsunami dejaron más de 500 muertos, y las vidas humanas son lo más importante de un país. Hoy, debemos ser responsables de presentarle una propuesta concreta al Gobierno, tal como lo hace la Comisión y como lo debiera hacer la Sala, de aprobarse las conclusiones y propuestas, de manera de entregarle instrumentos y decisiones con el fin de que lo que ocurrió luego del terremoto no suceda nunca más. Necesitamos una red de comunicaciones oportuna, basada, por ejemplo, en lo que tiene Estados Unidos, donde hoy todos están intercomunicados. Nosotros todavía no lo estamos, y cada día que pase será responsabilidad fundamental de todos los que tenemos obligaciones públicas. Valoro el trabajo desarrollado por la Comisión y por todos los diputados, en quienes observé un espíritu de trabajo que debiera mantenerse en la Sala. He dicho. La señora SEPÚLVEDA , doña Alejandra ( Presidenta ).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Velásquez. El señor VELÁSQUEZ .- Señora Presidenta , ayer quedó sonando en la Sala una afirmación del diputado Jorge Ulloa , con la que quiero iniciar mi intervención: “la institucionalidad no era suficiente”. Esas expresiones me llevan a decir que cuando el país se ve enfrentado a una situación tan dramática como el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero pasado, en que casi el 50 por ciento de nuestro territorio quedó en la más absoluta orfandad, en que las comunicaciones no funcionaron a la altura de un país en vías de desarrollo, como Chile, en que las comunicaciones de nuestras Fuerzas Armadas no funcionaron, queda al descubierto la incapacidad del Estado de Chile de prever lo que se venía. Digo el Estado de Chile, porque me refiero a todos sus órganos. Al Ejecutivo que estaba gobernando, pero también a los anteriores gobiernos, que tienen su cuota de responsabilidad. De igual forma, el Congreso Nacional -esto es, el Senado y la Cámara de Diputados- tampoco se adelantó ni tuvo una visión de futuro para legislar, junto con el Ejecutivo , y adoptar las medidas necesarias para fortalecer la Onemi o mediante la generación de una nueva institucionalidad. No contar con tecnología de alto nivel, no invertir en un sistema satelital, que entregue oportunamente la información, es responsabilidad del Estado de Chile. ¡Cómo puede ser posible que ante una catástrofe como la que enfrentamos, en primer lugar tengan conocimiento de ella los servicios especializados de Estados Unidos y de ellos debamos recibir dicha información, para posteriormente cancelarles a ellos! ¡Cómo es posible que el Estado de Chile siga manteniendo esa situación! El problema de fondo no es de una autoridad determinada o de una institución, como la Onemi, las Fuerzas Armadas o el SHOA; el tema es más profundo: es la falta de una política de Estado permanente. A mi juicio, debiera crearse una Subsecretaría de Prevención y Desastres Naturales, dotándola de patrimonio propio, que coordine a las distintas instituciones, pero, por sobre todo, para que desarrolle una política permanente de prevención y educación a la población. En definitiva, deberíamos seguir el ejemplo de países como Japón. Creo que bastaría con una institución como la que he señalado o con el fortalecimiento de las actuales para que puedan responder, en parte, a situaciones impredecibles. Buscar responsabilidad en una o más personas, en una o más autoridades, en una o más instituciones, realmente no tiene sentido, porque la verdad es única. La verdad y la responsabilidad es de todas las instituciones del Estado de Chile, que han mirado al costado y no han enfrentado una realidad más grande que el terremoto y maremoto del pasado 27 de febrero. ¿Cuál es esa realidad? Que somos un país sísmico, con cientos de volcanes activos, cuya historia está llena en los permanentes azotes de la naturaleza. El informe de la Comisión Especial Investigadora en discusión debe ser el pilar de una nueva institucionalidad. Por lo anterior, lo voy a votar en contra, a fin de que no se desvíe la atención del tema central, que no es otra cosa que mirar el futuro con responsabilidad y mantener el país unido para prevenir y enfrentar la mano invisible de la naturaleza, con la que hemos convivido en el pasado, lo hacemos en el presente y, con seguridad, lo seguiremos haciendo en el futuro. Propongo que esta Comisión investigadora siga funcionando en forma permanente, a fin de que se concreten sus propuestas, para no seguir improvisando con la seguridad física y psicológica de todos los chilenos. He dicho. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Los diputados Rosauro Martínez y Manuel Rojas, que estaban inscritos para intervenir, pueden insertar sus discursos, si así lo desean. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos: La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Especial Investigadora del estado de la institucionalidad en relación con su capacidad de respuesta frente a desastres naturales. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 3 abstenciones. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Rechazado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes CisternasCarlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Matías. -Se abstuvieron los diputados señores: Burgos Varela Jorge; Hales Dib Patricio; Saffirio Espinoza René. La señora SEPÚLVEDA, doña Alejandra ( Presidenta ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. "
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